Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. CAMILO ROZO

El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva cincuenta años en Colombia y ha visto las mutaciones y las distintas formas en que la población ha padecido a varios grupos armados. Christoph Harnisch (Suiza, 1958), su actual delegado, lleva cinco en el país y alerta sobre un nuevo escenario de mayor complejidad.

El diplomático, que fue intermediario neutral en las negociaciones en La Habana a solicitud del Gobierno de Colombia y las Farc, habla con EL PAÍS sobre las actuales dimensiones del conflicto; del aumento de un 300 por ciento de las víctimas de artefactos explosivos improvisados, que pasó de 57 en el 2017 a 221 en 2018, sobre su preocupación por cómo los migrantes venezolanos son aún más vulnerables en medio del conflicto y de los desafíos de la búsqueda de desaparecidos.

 

Pregunta. ¿Cuál es la situación del conflicto armado después del acuerdo de paz? ¿Se mantiene o ha empeorado?

Respuesta. El CICR nunca ha utilizado la palabra posconflicto. La realidad de muchos países en conflictos no se puede resumir en estas categorías intelectuales, es mucho más compleja. Y nunca hay que olvidar que la idea fundamental de este acuerdo de paz fue que la paz no es la firma, es construir algo durante años y años y años. Por eso nosotros siempre preferimos utilizar el término pos acuerdo. Ya sabíamos que solamente un acuerdo con una parte, con las FARC, pero no con la otra, iba a ser una paz parcial. Entendemos y entendíamos que había un interés político de proyectar una imagen de un país en paz, lo cual sería muy bueno. Ahora, lo que hemos visto con presencia en el terreno nos muestra otra realidad. Había esperanza en muchas de esas zonas muy dejadas por años y no hubo estabilización. Y en esas zonas hubo una situación peligrosa que es el desarrollo de lo que es ilegal. Esto afectó la población civil.


P. ¿Cuáles son las violaciones que más les preocupan?

R. No es que el CICR quiera ser ave de mal agüero, son simplemente observaciones que hacemos. Hay intimidación, amenazas, restricción de movilidad, artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos. Eso no quiere decir, como me critican algunos: ¡ah entonces para usted la paz no fue útil! La paz fue muy útil, pero hay que reconocer una realidad para muchas personas que están en estas zonas. Vemos con preocupación también el desplazamiento individual por razones de amenazas. Son las mismas violaciones al DIH del pasado.

 

P. ¿Por qué habla de cinco conflictos armados actualmente?

R. Hemos visto que están presentes las mismas prácticas de control social del pasado, en las que se les dice a los campesinos si pueden trabajar o no. Y en las zonas donde hubo voluntad de cambiar cultivos ilícitos por lícitos se presentó un choque entre los campesinos y los grupos que tienen la posibilidad de influenciar de manera negativa a la población. Para nosotros, el enfoque no es jurídico sino humanitario. Por eso hablamos de cinco conflictos.

 

P. ¿Cuáles son y cómo operan?

R. Primero, está el actor con el que hubo negociaciones de paz, (la guerrilla) del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ahí vimos fortalecimiento en regiones como Chocó, Nariño, Cauca y Catatumbo. El segundo conflicto armado es con la estructura del Clan del golfo. Muchas veces dicen, bueno ellos no tienen una motivación ideológica, para nosotros eso no es un criterio, lo importante es que esos grupos están en terreno y afectan a la población civil. El tercero, es el EPL (Ejército Popular de Liberación), que es una estructura que en el 2016 estaba bastante débil y se fortaleció desde 2017. En cuarto lugar está la situación que ocurrió en la última fase de La Habana. Algunos de las FARC, concretamente del Frente 1, 7 y 40. En este, hemos tenido largos meses de análisis. ¿Qué es esto, en términos jurídicos? Porque las Farc ya fue un grupo insurgente que no se puede llamar un grupo armado. Ahí la prensa inventó el término disidencias o grupos residuales. Para complicar todo, hubo enfrentamientos entre el ELN y el EPL, y así hicieron el quinto conflicto armado.

 

P. ¿Todos atravesados por la coca?

R. Lo que pasó después del inicio de 2017 es que estos grupos se habían preparado para lo que venía después de la eliminación en la geografía militar de las Farc y ahí vimos un reagrupamiento y la pelea por el dinero rápido o las economías ilegales, no solo coca sino también la minería ilegal. Un campesino que quiere cambiar de la coca al café, a la yuca, no puede hacerlo en muchas zonas porque si lo intenta tiene problemas con estos grupos, o bandas, que en algunos casos son pequeños.

 

P. Es decir, lo mismo del pasado pero con grupos dispersos

R. Lo nuevo en Colombia es que no hay una dimensión nacional en el conflicto armado, hay micro regiones con dinámicas que no tienen mucho que ver unas con otras. Es una situación más compleja en donde la pregunta fundamental es cómo proteger a las poblaciones y neutralizar las economías ilegales. Ese es el gran dilema del Estado colombiano, y no depende de un gobierno. Además, el pasado era más sencillo en términos de análisis: todo mundo conocía los frentes, bloques, comandantes de las Farc; hoy pasa eso con el ELN, pero el tema se complica en las fronteras. Hay una fragmentación, un análisis mucho más difícil de lo que son esos grupos, los civiles muchas veces nos dicen que no saben quiénes son. Y eso es muy diferente del pasado. Entonces estamos entrando en una nueva cara del conflicto, la cara de estos grupos es más difícil.

 

P. La atención está en las disidencias, ¿pero cuáles son los que afectan más a la población?

R. Todos utilizan artefactos explosivos improvisados y sus peleas para la reorganización de rutas ponen en riesgo la población. El efecto es el confinamiento, accidentes, heridos, y este es el aspecto más triste porque afecta a los niños, a los campesinos. En Colombia siempre se habló de reclutamiento forzado de menores; hoy estos grupos no utilizan la fuerza sino el dinero. Es una nueva dimensión. Esas dinámicas ponen en contradicciones muy duras a las familias por la pobreza en la que se encuentran.

 

P. ¿Cómo ha sido la respuesta del actual gobierno?

R. Es un poco temprano para evaluar los éxitos y las dificultades. Con todas las críticas que se pueden hacer, es mucho más complejo que en el pasado. El del ELN y las Farc fue un conflicto muy tradicional. Diría que la respuesta debe ser con esfuerzos muy contextualizados. No se puede hacer un plan nacional que implemente de la misma manera en todo el país, porque el Catatumbo, Nariño o Chocó son totalmente diferentes. Cabe destacar muy claramente que no es responsabilidad de un solo gobierno. La situación fue compleja ya en 2017, no es una acusación al gobierno que no hace suficiente. Lo que sí es que se necesitan respuestas. La gente nos dice, es importante que ustedes vengan, para ver lo que pasa, pero no es suficiente.

 

P. Ha insistido en poner el foco en los desaparecidos

R. En el marco del acuerdo de paz se habló de la necesidad de dar recursos para los más de 80 mil desaparecidos, o tal vez más, y hoy lo que nosotros sabemos es que siguen desapareciendo personas por el conflicto armado. Desaparece una persona cada cuatro días.

 

P. Se esperaba que el pos acuerdo permitiera a acceder a información para encontrar desaparecidos.

R. Estamos trabajando fuerte en eso. Para este tema es importante que tengamos la información más actualizada sobre sitios de entierro, no solo de combatientes, sino de civiles. Hubo resultados buenos en 2017 y 2018. Ahora hay ciertos miedos de hablar de estos temas.

 

P. ¿Por qué?

R. Primero, muchos de los exguerrilleros se dispersaron; también hay temor a palabras como inseguridad jurídica, y claramente lo que pasó a nivel nacional (se refiere a la fuga del excomandante de las Farc, Jesús Santrich) impactó a estas personas. Tercero, los primeros casos de asesinatos de ex Farc.

 

P. Usted había alertado por falta de presupuesto en la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas

R. Apoyar la Unidad de Búsqueda debe ser un objetivo estratégico, porque tendrá el papel de encontrar, con una organización extrajudicial y humanitaria, los desaparecidos durante al menos 30 años. El primer punto positivo es que existe y tiene recursos pero no son suficientes. La Comunidad Internacional ayuda de manera eficaz, lo que hace falta es la voluntad del Estado de priorizar esto y no simplemente decir nosotros tenemos dudas sobre ese sistema integral. No, en este tema de los desaparecidos no debe existir polarización. Todo el mundo está de acuerdo en que esta es la tarea de la sociedad colombiana de los próximos años y entonces hay que darle apoyo a la Unidad. Entendemos las dificultades del presupuesto, pero presupuestos traducen voluntad.

 

P. Pero con un gobierno que no creía en la existencia del conflicto armado, ¿sí habrá interés de encontrar los desaparecidos? Eso mostraría las dimensiones de lo que pasó.

R. Ese debate sobre conflicto armado nunca ha sido útil. Estas situaciones necesitan un fondo político, pero claramente si detrás de este debate hay una voluntad de no implementar, eso sería lamentable. No sé si estamos en esa situación, pienso que no, pero hay unos elementos de duda que tendrían que ser esclarecidos. Se sabe muy bien que los gobiernos siempre quieren disimular con el tema de los desaparecidos porque es doloroso para toda la sociedad y entendemos que ahí hay opiniones divergentes. Lo que hay que aprender es que tenemos una Unidad de Búsqueda que forma parte del sistema integral y eso es un logro inmenso.

 

*Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, habla de su preocupación por el escenario de violencia que vive el país.

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 El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov, en mayo de 2018 en Moscú. Mikhail Pochuyev Mikhail Pochuyev/TASS

El viceministro de Exteriores ruso asegura que el Kremlin asesora e interactúa continuamente con el Gobierno de Maduro

 

 

Tras años de alianza, y con Venezuela sumida en una profunda crisis económica, social y política, Rusia no ve a Caracas, y a Nicolás Maduro, como un socio necesitado. “Creo que somos iguales en esta alianza”, asegura Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores de Rusia.

 “Venezuela se ha convertido en uno de nuestros socios más importantes, no solo estratégicos sino también aliados”, insiste. Riabkov (Moscú, 59 años), un peso pesado de la política exterior rusa, visitará Caracas la semana que viene para asistir a la reunión de países no alineados. Un viaje de agenda, afirma Riabkov, pero que se ha percibido desde fuera, también, como una muestra de apoyo al Gobierno de Maduro.

“Apreciamos sinceramente cómo nuestros amigos venezolanos nos apoyan en un amplio abanico de temas, desde cómo votan con nosotros en varias resoluciones en la Asamblea general de la ONU; hasta en cómo debemos dirigir lo que espero sea una resistencia internacional más unificada a las sanciones extraterritoriales de EE UU”, apunta en una entrevista, en una de las grises salas del histórico edificio de Exteriores en Moscú.

Rusia, segundo acreedor del país latinoamericano —tras China— se ha convertido en uno de los principales apoyos de Maduro, ahora que más de 50 países —entre ellos EE UU y la mayoría de los europeos— han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado el pasado enero. Rusia lleva meses acusando a Washington de maniobrar para desestabilizar el país latinoamericano.

“Interactuamos continuamente con Venezuela no solo brindando ayuda económica por la situación difícil que vive; también asesorando y compartiendo consejos”, asegura Riabkov. Moscú y Caracas tienen importantes acuerdos en el sector de los hidrocarburos y la energía; también en el de la minería. Además, Rusia, con una potente industria de defensa, ha vendido desde 2001 armas a Venezuela y mantiene con el país latinoamericano “acuerdos de cooperación técnica militar”. Pactos “transparentes, configurados en términos muy precisos” tanto dentro de la legislación rusa como de la internacional, defiende Riabkov, responsable ministerial de las relaciones con América.

Moscú envió a un centenar de militares a Venezuela para “asesorar” al Ejército venezolano, un envío que alimentó las suspicacias de la comunidad internacional. Además, varias informaciones apuntan que también empresas privadas rusas han enviado paramilitares a Venezuela, algo que el Kremlin siempre ha negado de manera rotunda. “Damos servicio al equipo que fue adquirido por Venezuela a lo largo de los años”, señala el viceministro ruso. “Ningún suministro de equipo militar ruso a Venezuela constituyó en ningún momento un cambio en el equilibrio de fuerzas en la región”, recalca.

Riabkov defiende esos acuerdos y asegura que el enfoque de Rusia es “tremendamente responsable”, y que hay disposiciones que “evitan radicalmente” que el material que suministra a Caracas “acabe en manos de personas que no están suficientemente controladas por los Gobiernos de la región”.

El viceministro de exteriores acusa a EE UU de difundir la idea de una posible intervención militar para desequilibrar el país. “Nos preocupa una melodía continua de Washington, donde se tiende a hablar de que todas las opciones están sobre la mesa y nada puede excluirse. Eso crea deliberadamente una sensación de incertidumbre, de qué es posible y qué no en términos de la participación de Estados Unidos”, dice.

Para Riabkov, la única posibilidad ahora sobre la mesa es el diálogo. “El Gobierno del presidente Maduro mostró muy buena voluntad”, asegura. “Algunas personas de la oposición mostraron menos inclinación a participar”, añade. Rusia, que participa en el proceso de diálogo noruego, lleva tiempo ofreciéndose como mediador, y a la pregunta de si han conversado con la oposición, incluido Juan Guaidó, elude contestar directamente. “No nos cerramos a mantener ningún contacto. Sin embargo, decir que mantenemos un diálogo o contactos directos sería presentar nuestra postura de manera equivocada”, dice. “Tuvimos contactos, una comunicación de ida y vuelta; con nuestros amigos del Gobierno venezolano y otros, también”, asegura. Pero define el asunto como “muy sensible y delicado”. Y eso, “requiere que no lo hagamos público y trabajemos con discreción”, afirma.

La semana pasada, la ONU, tras una visita a Venezuela de su Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hizo público un demoledor informe en el que hablaba de graves violaciones; también de violencia y abusos policiales. Un punto que otras organizaciones de derechos civiles y humanitarias ya han denunciado. Riabkov asegura que Rusia sigue de cerca la situación en el país latinoamericano y que ya ha emitido su análisis “en los formatos apropiados, fundamentalmente en Ginebra”. Y acusa a organizaciones, como Naciones Unidas, de falta de neutralidad. “En muchos casos estas estructuras trabajan en el terreno político”, asegura.

“La mejor manera de abordar las posibles inquietudes [sobre los derechos humanos en Venezuela] es el diálogo directo con las autoridades, con el Gobierno. Ellos deben tener derecho a responder, a hablar. Y no debe ser únicamente una calle de un solo sentido con solo críticas y sin consideración a las respuestas y acciones que emprende el Gobierno en esta área”, recalca.

En mayo, Estados Unidos aseguró que había mantenido conversaciones con piezas clave del régimen de Maduro para dejarle caer; y que este tenía planes de abandonar Venezuela pero que Moscú le frenó. Riabkov niega tajantemente “cualquier discusión de ese tipo entre Moscú y Caracas". Y acusa a Washington de “inyectar” en el discurso público “piezas de información que nada tienen que ver con la realidad”. “Vemos un constante flujo desde EE UU que malinterpreta nuestra postura, o incluso que ofrece al público internacional información errónea. Y no solo es una cuestión de evaluación errónea de donde está Rusia, qué hace, o qué quiere. Es un intento de construir una imagen de nuestro país como la del chico malo de la clase”, dice.

Con la llegada de Donald Trump, Moscú manifestó su esperanza de que las relaciones con Washington mejorarían. “Recibimos bien y siempre lo hemos hecho la declaración de Donald Trump de ir junto a Rusia. El problema es que a esta buena intención le sigue muy poca acción”. Riabkov considera que Rusia ha hecho un esfuerzo de acercamiento y lamenta que Washington no haya recogido el guante. “Pero también reconocemos que, dada la atmósfera actual en EE UU y los intentos de jugar el llamado ‘problema ruso’ o ‘injerencia rusa’, como un elemento de su agenda interna, quizá este enfoque sea demasiado ambicioso”. La alternativa, dice, sería encontrar pese a las sanciones algunos puntos en los que avanzar, como en la estabilidad y la seguridad. “También algunos problemas como Siria, Corea del Norte o Afganistán”.

 

Por María R. Sahuquillo

Moscú 9 JUL 2019 - 15:18 COT

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Viernes, 14 Junio 2019 06:09

Estallan dos buques cisterna

Estallan dos buques cisterna

Tensión y acusaciones cruzadas en el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de EE.UU. acusó a Irán del ataque y el ministro de Exteriores iraní calificó el hecho de sospechoso.

 

El ataque a dos buques cisterna en el estrecho de Ormuz –entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán– aumentó las tensiones en la región. El incendio, ayer, de las dos naves (una noruega y una japonesa) llega un mes después de un supuesto sabotaje de cuatro barcos en la misma zona. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, enseguida acusó a Irán de perpetrar el ataque, mientras que el ministro de exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, calificó el hecho como sospechoso. A raíz de estos acontecimientos, el precio del petróleo se disparó. 

El primer incidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana (hora local) a bordo del “Front Altair”, un buque que pertenece al armador noruego Frontline y que navega con bandera de Islas Marshall, en un punto situado a 25 millas náuticas de Bandar-e Jask, una localidad portuaria del sur de Irán. El barco llevaba un cargamento de etanol de Qatar a Taiwan, según informó la agencia oficial iraní IRNA. “Cuando el barco se incendió, 23 tripulantes saltaron al agua y fueron rescatados por un barco cercano y entregados a una unidad de rescate iraní”, indicó el medio. “Una hora después del primer accidente otro barco se incendió a las 9.50 a 28 millas náuticas del puerto”, agregó IRNA. El “Kokuka Courageous”, un buque cisterna que navegaba con rumbo a Tailandia y posteriormente a Singapur bajo bandera panameña, y que pertenece a la empresa japonesa Kokuka Sangyo, sufrió el incidente a unas 30 millas de Jask. Directivos de la firma nipona dijeron en Japón que la embarcación, que transportaba 25.000 toneladas de metanol, recibió un primer impacto a babor. Los tripulantes intentaron apagar un fuego que se había declarado en la sala de máquinas, pero tras un segundo impacto, también a babor, el capitán dio orden de abandonar el buque y sus 21 tripulantes, de nacionalidad filipina, fueron rescatados por la embarcación iraní.

El secretario de Estado estadounidense acusó a Irán de estar detrás de los presuntos ataques. “La valoración del gobierno de Estados Unidos es que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques ocurridos hoy (por ayer) en el golfo de Omán”, sentenció Pompeo en una breve comparecencia ante los medios de comunicación en el Departamento de Estado. 

El responsable de la diplomacia de Estados Unidos justificó, a continuación su acusación: “Por los informes de inteligencia, las armas empleadas, el nivel de conocimiento necesario para ejecutar la operación, los ataques similares contra buques perpetrados por Irán recientemente y el hecho de que ningún grupo rebelde de la zona tiene los recursos para actuar con tal nivel de sofisticación”, aseguró.

El funcionario apuntó, asimismo, que estos son apenas los últimos ejemplos de ataques ejecutados por el gobierno iraní y sus seguidores contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados, y a continuación enumeró todas las agresiones sufridas por su país en la región en los últimos meses de las que hace directamente responsable a Irán. Asimismo, Pompeo recordó cómo Teherán amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz después de que Washington endureciera el embargo contra el petróleo procedente de Irán. El estrecho es una vía marítima clave por donde transitan a diario cerca de 15 millones de barriles de petróleo y cientos de millones de dólares en otras mercancías. Entonces, el funcionario afirmó que con estos ataques Irán pretende cumplir esa promesa. “Si se los considera como un todo, estos ataques sin provocación previa representan una clara amenaza para la paz y la seguridad, una violación patente de la libertad de navegación y una inaceptable campaña para escalar las tensiones por parte de Irán”, afirmó. Pompeo calificó además de insulto el hecho de que unos de los buques atacados sea japonés, un país que se ha ofrecido a mediar entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, el canciller iraní hizo hincapié en que el supuesto ataque sucedió mientras el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, estaba reunido con el primer ministro japonés, por lo que calificó al suceso como sospechoso.”Los ataques denunciados contra los petroleros relacionados con Japón ocurrieron mientras el primer ministro Shinzo Abe se reunía con el ayatolá Ali Jameneí para mantener conversaciones extensas y amistosas”, escribió Zarif en su cuenta oficial de Twitter. Por ello, y teniendo en cuenta que algunos países acusaron a Irán de un incidente similar ocurrido el mes pasado, Zarif agregó que el término sospechoso se queda corto para describir lo que ocurrió ayer por la mañana. Abe comenzó el miércoles una visita histórica de dos días a Irán con el objetivo de rebajar la tensión en Oriente Medio, principalmente entre Teherán y Washington.

El incidente de ayer se produjo en un momento de creciente tensión entre ambos países que ha llevado a la Casa Blanca a esgrimir estos ataques como una de las causas que justifican el aumento de la presencia militar estadounidense en la región y la venta de armamento a Arabia Saudita, una transacción que no cuenta con el respaldo del Congreso de Estados Unidos.

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La ex soldado estadunidense Chelsea Manning, ayer al llegar a una corte de Alexandria, en Virginia, donde un juez ordenó su regreso a la cárcel debido a su negativa a declarar, "por cuestión de principios", ante el gran jurado en el caso contra Julian Assange por la filtración de documentos clasificados a Wikileaks.Foto Afp

Ingresa la policía a la embajada de Venezuela en Washington y expulsa a activistas partidarios de Maduro

Nueva York. El gobierno de Donald Trump desata guerras fuera y dentro de Estados Unidos al nutrir las tinieblas de acciones bélicas para promover cambio el de regímenes en Irán y Venezuela (y con ello en Cuba), así como intensificar el conflicto comercial con China, mientras dentro del país promovió guerras contra inmigrantes, mujeres, el Congreso y la prensa.

Aquí se intensifican los temores de que el gobierno de Trump provoque una guerra contra Irán, tras la orden del miércoles de desalojar al personal "no esencial" de su embajada en Irak, argumentando supuestas amenazas y acciones iraníes poco precisas y citando imágenes de inteligencia de presuntos misiles colocados en pequeñas embarcaciones en el golfo Pérsico.

Durante las últimas dos semanas Estados Unidos ha incrementado la tensión, alertando sobre potenciales ataques de Irán, enviando equipo militar y naves a la región, filtrando que el Pentágono está contemplando enviar una fuerza hasta de 120 mil soldados a esa zona y amenazando con una respuesta feroz ante cualquier "provocación" de Teherán.

Por ahora Washington no está convenciendo a sus aliados. Esta semana un general británico que es subcomandante de la coalición que combate a ISIS en Irak y Siria enfureció a los estadunidenses al comentar que no existe evidencia de una "creciente amenaza" de Irán. Diplomáticos europeos rehusan, por ahora, sumarse al coro bélico dirigido por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton.

De hecho, ayer se divulgó que ni el propio Trump está convencido de lo que impulsan sus subordinados; el New York Times reportó que el comandante en jefe comentó a su secretario de Defensa, Patrick Shanahan, que no desea un conflicto armado con Irán como resultado de su llamada estrategia de "presión máxima".

Mientras, el gobierno de Trump continuó sus esfuerzos para cambiar el régimen venezolano. El miércoles pasado el Departamento de Seguridad Interna determinó que las "condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulación viajando hacia o desde ese país" y con ello el Departamento de Transporte emitió una orden para suspender de inmediato todos los vuelos directos de pasajeros y de carga entre Estados Unidos y Venezuela.

En Washington, la batalla por la embajada de Venezuela culminó ayer con el ingreso de la policía a esa sede para expulsar a activistas antiguerra que habían residido ahí durante más de un mes con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro para evitar que los simpatizantes del líder opositor Juan Guaidó tomaran control del edificio. Los antichavistas que han sitiado el inmueble sede corearon "USA, USA", al aplaudir la acción.

Por otro lado, Trump continuó intensificando su guerra comercial contra China, a pesar del repudio y las críticas de inversionistas y granjeros estadunidenses, y el pasado miércoles emitió una orden ejecutiva para prohibir que empresas de telecomunicaciones estadunidenses instalen equipo fabricado en el extranjero (China, sin decirlo) que podrían representar "un riesgo para la seguridad nacional".

En tanto, Trump presentó su nuevo plan para una reforma migratoria –elaborado en parte por el yerno del presidente Jared Kushner– disfrazada para que el presidente pueda proclamase "pro inmigrante", pero que busca sustituir la preferencia para la reunificación de familias, que ha imperado durante décadas, con una para migrantes "capacitados" y "brillantes", y busca limitar aún más el proceso de asilo e incluye más medidas de seguridad (y por supuesto el muro), o sea, de persecución y castigo de los más vulnerables.

El plan –que no aborda qué hacer con los indocumentados en el país, incluidos los dreamers– se interpreta más como un documento diseñado para efectos electorales, ya que tiene casi nula posibilidad de ser aprobado por el Congreso.

Por otro lado, desde la llegada de Trump, la derecha ha librado una renovada ofensiva contra los derechos de la mujer con varios estados promoviendo leyes contra el aborto. El objetivo real de los impulsores de esta ofensiva legislativa a escala estatal –con decenas de iniciativas– es provocar una disputa judicial que llegue a la Suprema Corte, donde esperan, con la mayoría conservadora instalada por Trump, lograr el sueño ultraconservador de revertir un fallo de hace cuatro décadas conocido como Roe v Wade que reconoce el derecho al aborto.

La extraordinaria guerra de Trump contra sus opositores en el Poder Llegislativo continuó escalando a niveles posiblemente sin precedente. El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, informó el miércoles al Comité Judicial de la cámara baja que no sólo no cumplirán con las solicitudes de documentos y testimonio, sino que cuestionó la autoridad del Congreso para investigar a Trump, sobre todo en torno a una posible obstrucción de la justicia.

Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial, declaró que “la Casa Blanca está recurriendo al argumento desmesurado de que el presidente no puede ser obligado a rendir cuentas… al pueblo estadunidense. Eso es rídiculo”. Otros legisladores indicaron ayer que el presidente, con estas afirmaciones, está cometiendo aún más actos de obstrucción de justicia.

Por último, en un caso relacionado con la guerra contra los medios en este país, ayer un juez ordenó el retorno de Chelsea Manning a prisión después de que, una vez más, ésta declaró que no cooperará con ningún gran jurado y que no claudicará sus principios. En marzo, la ex analista de inteligencia militar, quien fue la fuente de documentos clasificados que revelaron crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas de Estados Unidos a Wikileaks en 2010, y quien cumplió siete años de prisión por eso, fue encarcelada dos meses por negarse a testificar sobre sus interacciones con Julian Assange, ahora perseguido por la "justicia" estadunidense.

"¿Habra algún tipo de guerra que Trump no esté por impulsar?", preguntó el cómico y conductor de The Late Show, Stephen Colbert.

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Miércoles, 15 Mayo 2019 06:00

Tucídides, Trump y la guerra con China

Tucídides, Trump y la guerra con China

Entre flotas con portaviones y aranceles de castigo, la administración Trump amenaza a China. Quiere doblegar su poderío económico y frenar su influencia creciente en asuntos internacionales. La República Popular China ya es considerada "adversario" por el complejo militar-industrial de Estados Unidos y los principales medios de información de ese país repiten a coro el mensaje.

Los tambores de guerra se escuchan, y la evolución de los acontecimientos podría anunciar un conflicto bélico entre China y Estados Unidos en el futuro. El análisis de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso es más relevante que nunca para el análisis de la coyuntura actual. La lección más importante en su obra es que la principal causa de la guerra es el factor emocional: el temor y la desconfianza.

China es percibida como adversario, porque Washington sabe que su supremacía no puede durar para siempre. La economía estadunidense puede todavía ser la más grande del mundo (dependiendo de la métrica), pero no necesariamente es la más fuerte. Su poderío depende, en buena medida, del papel que juega su divisa en el sistema monetario internacional. Sin embargo, el déficit comercial crónico es un claro indicador de algunas debilidades de la economía de Estados Unidos.

Del total de las exportaciones estadunidenses de bienes y servicios, las de manufacturas de alta tecnología (computadoras, aviones, máquinas herramienta y robots industriales, equipo científico, etcétera) representan 20 por ciento del total. A pesar del alto grado de complejidad de estos productos, Estados Unidos ya enfrenta una fuerte competencia internacional en estos rubros. En contraste, las exportaciones de servicios, entre los que se encuentran los servicios financieros, representan 33 por ciento de las exportaciones totales. Es claro que buena parte de esas ventas al exterior de servicios no se llevarían a cabo si el dólar estadunidense no fuera todavía la moneda hegemónica.

La guerra comercial de Trump contra China se inició en febrero de 2017, con aranceles de 30 y 20 por ciento sobre dos categorías de productos. A lo largo de ese año se fueron imponiendo aranceles a muchos otros productos, y China comenzó a responder con medidas compensatorias. Hoy se han interrumpido las conversaciones que se suponía llevarían a un nuevo acuerdo y el conflicto se ha intensificado. Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles de 25 por ciento sobre 200 mil millones de dólares de importaciones chinas, y Pekín ha anunciado que aplicará medidas compensatorias equivalentes.

¿Cuáles son los objetivos de Washington en esta guerra comercial? En el primer año de la guerra comercial el déficit comercial de Estados Unidos con China se incrementó 11 por ciento (pasó de 375 a 419 mil millones de dólares entre 2017 y 2018). Puede que el déficit se reduzca en los años siguientes, pero eso dependerá de muchos factores y también podría acarrear costos para los consumidores y empresas estadunidenses.

Los negociadores de Estados Unidos saben muy bien que el déficit bilateral no se va a reducir de manera significativa y que tampoco van a regresar las empresas que se fueron a China por sus bajos costos de mano de obra. Para ellas todavía quedan por explotar los paisajes demográficos de Vietnam, Cambodia e Indonesia. Entonces, ¿qué busca Washington con su belicosidad comercial?

Un indicio revelador está en las razones por las que la semana pasada se rompieron las negociaciones entre ambos países. Washington ha acusado a Pekín de renegar sobre los acuerdos a los que había llegado hacía meses. Esos convenios tienen más que ver con la política industrial y tecnológica de China, así como su legislación sobre propiedad intelectual. En este terreno, a Estados Unidos le gustaría doblegar al gigante asiático para mantener un predominio tecnológico que cada vez es más precario.

En el año 433 antes de nuestra era, Atenas impuso a la ciudad de Mégara una serie de severas sanciones económicas que amenazaban con asfixiarla. Ese decreto fue determinante y Esparta sintió que confirmaba sus peores temores sobre los designios de los atenienses para incrementar su poderío e influencia. El conflicto se presentó como inevitable y se desató la segunda guerra del Peloponeso, que terminó con la derrota de Atenas en 404 antes de nuestra era. El costo de la guerra fue terrible y Grecia nunca volvió a gozar de la autonomía que tuvo durante la era clásica. Para Tucídides, en su Guerra del Peloponeso, el factor emocional del miedo y la desconfianza fue la "causa más verdadera" de esa terrible guerra.

Hoy, la política de Washington frente a Pekín sigue el mismo derrotero. Miedo y desconfianza. ¿Preferirá Estados Unidos hundir al mundo en un conflicto nuclear antes que perder su hegemonía? Difícil responder, pero una cosa es cierta: la profecía de una guerra se cumplirá si Estados Unidos no abre el espacio que Pekín siente necesitar como potencia emergente. De adversario a enemigo no hay más que un solo paso.

Twitter: @anadaloficial

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Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enColombia
La guerra de Libia en la geopolítica actual

La historiadora Claudia Gazzini alerta sobre el riesgo de una crisis humanitaria y el aumento de la migración hacia Italia.

Más de 140 muertos (al menos 35 niños entre ellos) y de 600 heridos además de unas 18.000 personas desplazadas, según la OMS (Organizacion Mundial de Salud), es el resultado de 14 días de batalla entre los dos gobiernos existentes en Libia, el de Trípoli reconocido por la ONU y dirigido por Fayez Al Sarraj, y el de Tobruk (este del país) dirigido por el general Khalifa Haftar. Si no se llega a un acuerdo, la situación promete ser mucho más grave en poco tiempo. La agencia ONU para los Refugiados (Acnurr) pidió ayer que se libere urgentemente a los 1500 refugiados y migrantes encerrados en campos de detención. Pero el ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini insiste en que los puertos italianos estarán cerrados para todos ellos.


¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto?¿Qué sucederá con los miles de migrantes encerrados en cárceles de Libia? A éstas y otras preguntas respondió la experta en el país nordafricano, la italiana Claudia Gazzini, hablando con periodistas extranjeros en Roma y luego en una entrevista con PáginaI12. Gazzini es historiadora y trabaja desde 2012 para el International Crisis Group, una organización independiente que investiga y aconseja a los países sobre cómo evitar las guerras. En 2017-2018 fue consejera de Ghassan Salamé, el representante de la ONU en Libia.


–¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia?


–Las razones que explican esta crisis son fundamentalmente tres. La primera es que el cuadro geopolítico ha cambiado en los últimos meses. Aparte de los aliados tradicionales de Haftar (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto) se ha visto en los últimos meses también un cierto apoyo de algunas naciones europeas. Francia, por ejemplo, en el último año se ha acercado a Haftar y de alguna manera también Italia, que ha tratado de establecer una relación con ambas partes a partir de la conferencia que se hizo con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y los dos líderes libios en Sicilia hace unos meses. Los tradicionales opositores de Haftar (Turquía, Argelia, Katar), por su parte, se hacen notar menos ahora.


–¿Las otras razones?


–La segunda razón es el fracaso de las negociaciones de la ONU entre los dos gobiernos para intentar llegar a un acuerdo. En Abu Dhabi –capital de los Emiratos Árabes Unidos– Haftar y Serraj se encontraron el 27 de febrero durante tres horas. Pero no se llegó a nada y por eso el 4 de abril Haftar comenzó a avanzar con sus fuerzas hacia Trípoli. La tercera y última razón se refiere a la situación económica del gobierno de Haftar que en los últimos 4 años ha logrado financiarse sin petróleo (industria fundamental de Libia). Para poder sobrevivir emitió una moneda digital, es decir, una suerte de bonos del tesoro, pero ahora tiene problemas financieros.


–Algunos piensan que Haftar podría ser una suerte de nuevo Khadafi, ¿cuál es su relación con las tribus que son numerosas en Libia y con las cuales Khadafi tenía buena relación?


–Haftar cree que antes de hacer elecciones hay que crear estabilidad en el país y para eso es necesario reforzar las fuerzas militares y poner al frente un fuerte jefe militar como él. No hay dudas de que su proyecto prevé un régimen autoritario, tal vez más autoritario que el de Khadafi. A diferencia de Khadafi, que tenía ideas progresistas o socialistas, Haftar es un capitalista, un liberal. Pero ambos cultivaron sus relaciones con las tribus, un factor importante en Libia para una cierta estabilidad ya que son numerosas sobre todo en el sur del país y al este, pero no en los centros urbanos como Trípoli o Misratah. No creo que la relación con las tribus pueda cambiar la guerra, para la cual lo más importante es el escenario geopolítico, la relación con otros países.


–Si la guerra sigue ¿qué se puede esperar para los migrantes africanos que están en los campos de detención –de concentración como los llaman algunos– donde son esclavizados por los traficantes de seres humanos en espera de poder llegar a Europa?


–En el caso de una guerra, se corre el riego de una crisis humanitaria, porque escasearán los alimentos, no se podrán distribuir, los precios aumentarán. Y esto se aplica a libios y a inmigrantes. En momentos de guerra, además, aumenta la economía de guerra y parte de esta economía de guerra es comerciar con la vida de los seres humanos. En mi opinión toda esta situación aumentará los embarques de migrantes hacia Italia y si la guerra sigue, no serán sólo migrantes sino también libios.


–Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, ¿de qué lado están?


–Washington ha intentado detener la avanzada de Haftar. Pero no ha quedado claro qué habrían hecho si Haftar continuaba. Ellos condenan la ofensiva pero no han implementado ninguna política de oposición a Haftar. En cuanto a Francia se dice que hay consejeros militares franceses con Haftar. También rusos. Pero eso no significa una intervención directa francesa en la guerra. Francia es muy ambigua y trata de mantener la propia ambigüedad. En cuanto a Rusia, mantiene buenas relaciones con los dos gobiernos. Desde el punto de vista militar, se dice que hay un flujo de material militar de Rusia y de estados limítrofes a Tobruk, basados en contratos establecidos en época de Khadafi y nunca antes respetados. Se habla también de importantes futuros acuerdos petrolíferos entre Rusia y Libia si la situación se soluciona. Rusia ha tenido además un rol a nivel financiero porque reconoció a la banca central de Tobruk, no reconocida internacionalmente, lo que permitió a ésta emitir dinero y financiar a Haftar.


–¿Cual es la política italiana hacia Libia?


–No se puede hablar de una verdadera política italiana hacia Libia en este momento. Italia no tenía una propuesta suya cuando se hizo la reunión en Sicilia y debió pedir asesoramiento a la ONU. Cuando estaba Khadafi y Silvio Berlusconi estaba en el poder en Italia, los intereses italianos estaban más tutelados que ahora. Pero también los intereses de otros países. En Libia –que fue una colonia italiana entre 1911 y 1947– Italia tiene además intereses económicos a través del ENI (Ente Nacional de Hisdrocarburos) que controla la explotación de varios pozos petrolíferos y de gas. Y los pozos petroleros pueden ser bombardeados en caso de guerra.


–¿Según usted qué se debería hacer para resolver la crisis?


– La cuestión prioritaria es detener los enfrentamientos y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una posición más firme y reinicie las negociaciones entre las dos partes. Las potencias regionales no deberían intervenir. Si se llega a obtener el cese del fuego, la ONU debería iniciar las negociaciones políticas con un cuadro de actores más grande que antes para llegar a un acuerdo, así como el diálogo con los jefes militares de las dos partes y el diálogo económico con las instituciones financieras de los dos sectores.


–Un conflicto como éste en Libia ¿no facilitaría el avance de los terroristas islámicos?


–Ciertamente una guerra en Libia da la posibilidad a grupos islámicos de sumarse a esa guerra. Ellos ven como principal enemigo a Haftar que es el que más los ha combatido. Estos grupos se podrían aliar con Trípoli y así hacer avanzar su ideología. Además, en momentos de guerra quedan espacios vacíos porque los ejércitos no pueden cubrir todo, y estos podrían ser ocupados por los terroristas.

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El factor Venezuela en el enfrentamiento Estados Unidos-Rusia

Aparte de las múltiples hipótesis que se han analizado para evaluar el alcance del conflicto venezolano, valdría la pena considerar también el posible impacto estratégico-militar de esa situación, que sorprendentemente se puede enmarcar en el enfrentamiento político y militar entre Estados Unidos y Rusia, que se ha agudizado después de la reciente denuncia de ambos al Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) firmado en 1987.

Al respecto, podemos comentar que Washington ha intensificado su presencia militar en nuestro continente, con la finalidad de evitar, entre otros objetivos, que países latinoamericanos o caribeños que le sean hostiles y hayan desarrollado alianzas con Rusia o China, pudieran llegar a convertirse en plataformas para un eventual ataque directo contra territorio estadunidense, es decir, la repetición de una situación como la crisis de los proyectiles emplazados en Cuba que en ese caso frenaron una invasión estadunidense a la isla.


Recordemos sobre el particular, que el vínculo militar entre Venezuela y Rusia se inició en 2005 bajo la presidencia de Hugo Chávez, que fue el año en que Estados Unidos comenzó a bloquear, cuando empezaron las discrepancias políticas entre ambos, la provisión de repuestos y refacciones para la flota de aviones caza bombarderos F-16 que la fuerza aérea venezolana había adquirido en 1983.


Asimismo, Venezuela, que veía clara la amenaza de una invasión, empezó a adquirir armamento de última generación de Rusia iniciando con 24 aviones caza rusos de última generación Sukoi 30-MK2 e importantes partidas de rifles de asalto AK 103 para remplazar los antiguos fusiles belgas FNFAL que usaba su ejército.


Ya en el poder el presidente Maduro, sucesor de Chávez, negoció con Rusia la compra de helicópteros de combate MI-17V5 y consolidó su defensa con un sistema antiaéreo móvil ruso S300VM, capaz de interceptar toda clase de objetivos, entre ellos misiles subsónicos, drones o aeronaves en un rango de 200 kilómetros.


Por su parte, la presencia militar estadunidense en América Latina se ha incrementado dramáticamente, ya que de las 177 bases militares que la potencia continental tiene en el mundo, 76 están en América Latina y entre las más conocidas resaltan 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, nueve en Colombia, ocho en Perú y otro significativo número en Centroamérica y el Caribe, además de importantes acuerdos de cooperación militar con Argentina, Brasil, Perú y Ecuador, entre otros.


Sin excluir el uso de la fuerza armada, en forma muy abierta, Estados Unidos ha señalado que sus fuerzas de tarea conjunta para América Latina tienen como objetivos la defensa del Canal de Panamá y el área del Canal de Panamá (lo cual, por cierto, no está previsto en el Acuerdo con Torrijos para devolver el canal a sus dueños); operaciones de control de migración (sin que aclaren a qué se refieren en ese delicadísimo tema aún sin resolver); asistencia humanitaria y respuesta ante desastres naturales. Además de operaciones militares unilaterales, bilaterales o multilaterales, con lo que nuevamente surge el fantasma de la creación de una Fuerza Interamericana de Paz que México ha rechazado una y otra vez, por su preocupación de que se convierta en una fuerza intervencionista sin base legal clara, sin que afortunadamente en ningún momento hablen de protección a los derechos humanos que ahora alegan para intervenir en Venezuela, quizá porque prácticamente Washington no ha ratificado ningún acuerdo regional sobre esa importante materia.


La situación descrita, es decir, la combinación de factores militares en el desarrollo de la región, aconsejaría, sin duda, que México, con su tradición en la lucha contra el armamentismo, tanto nuclear como convencional, reiniciara los esfuerzos que llevó a cabo con cierto éxito en 1977 para lograr un convenio regional que identificamos en la negociación como (Tlatelolco II) que prohibiera la presencia de tropas extranjeras en nuestros territorios y limitara la posesión de armas convencionales ofensivas –las nucleares ya están prohibidas mediante el Tratado de Tlatelolco– cuidando siempre el equilibrio estratégico-militar que requieren los países de la región, con la finalidad de lograr que América Latina y el Caribe llegue a ser en breve una zona de paz bajo claros parámetros de vigencia.

Sergio González Gálvez. Embajador emérito de México, escribe a título personal

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¿Son comunistas los militares del ejército estadounidense?

En la barra, una joven con acento mexicano se quejó de un nuevo recorte a la educación pública, propuesta por el presidente Donald Trump. Seguir sacándole dinero a los servicios sociales para dárselos al ejército, dijo, se parecía mucho a los recortes de impuestos que beneficiaban a los super ricos y dejaban limosnas a los trabajadores, aparte de una deuda impagable. 

A su lado, con gorra de béisbol, un joven delgado con acento caribeño le preguntó, como si viese al mismo diablo: “¿Eres comunista?” Esa debió ser la única palabra que entendió un señor, tipo Homero Simpson pero con pelos y bigotes, que reflexionaba sobre un enorme vaso de cerveza, porque se giró para mirar a los jóvenes que, a partir de ahí, comenzaron una acalorada discusión.


“Te están lavando la cabeza”, confirmó el muchacho, “es por eso que nuestro presidente les va a recortar fondos”.


Cuando pasaron al tema Venezuela, como si se tratase de un algoritmo inevitable, me di cuenta de que aquella incipiente amistad no iba a cicatrizar fácilmente. Las sofisticaciones argumentales de la Guerra fría dejaron una marca indeleble en muchos patriotas, sobre todo en América Latina.
La mañana siguiente, mientras esperaba que se disipara un atasco en la autopista debido a un conductor apurado que le arrancó el farol trasero a otro, escuché en la radio pública una entrevista al almirante retirado James Stavridis sobre el mismo presupuesto que la joven mexicana había comentado la noche anterior.


El presupuesto que el presidente Donald Trump envió al Congreso para el 2019/2020 incluyó recortes multi millonarios para todo tipo de servicios sociales, desde la salud hasta el cuidado de preescolares (diversos estudios cuantitativos ya han probado que los millonarios no sienten lo mismo que el resto cuando ven a un ser humano caminando por la calle).


Los recortes han sido masivos, con una sola excepción: el nuevo presupuesto incluye un notable aumento en el gasto militar de treinta mil millones de dólares, el cual irá a aumentar un déficit récord alimentado por los recortes de impuestos del año pasado, como forma tradicional de burlarse de las promesas electorales que llevaron al presidente de turno al poder. Who cares, right? 

Según el almirante retirado James Stavridis y otros catorce comandantes de operaciones alrededor del mundo, el nuevo presupuesto de Trump no tiene sentido, y lo han puesto claro en una reciente carta abierta y en entrevistas: no necesitamos todo ese dinero. “Sabemos que nadie puede mantener la seguridad de un país sólo con la fuerza militar”. Pero el presidente Trump ha recortado fondos para el desarrollo y los ha transferido al ejército.


En la entrevista a la radio pública, NPR, Stavridis insistió que en lugar de seguir inyectando millones de dólares en las fuerzas armadas se debería invertir más en el cuerpo diplomático. Invertir en fuerza militar, dijo, es como realizar una cirugía: es doloroso y altamente riesgoso. Siempre es mejor llevar las cosas por el camino diplomático y, mejor aún, invertir en cooperación y desarrollo como forma de prevenir problemas mayores. Como ejemplo concreto, mencionó el hecho que todos saben: Estados Unidos tiene más gente en uno solo de los 12 portaviones que navegan por el mundo que en todo su cuerpo diplomático. Hasta el ministro de Defensa, Robert Gates, lo ha reconocido. Incluso el anterior ministro, Jim Mattis, reconoció lo obvio: “Podemos gastar fortunas en operaciones militares, pero si no invertimos en desarrollo y diplomacia vamos a tener que comprar cada vez más municiones”. Hasta los halcones tienen un momento de racionalidad o de simples lapsus.


Más allá de las naturales suspicacias basadas en hechos históricos sobre la labor de los diplomáticos de las grandes potencias, no deja de ser un progreso que los mismos altos militares de la superpotencia se atrevan a reconocer los trágicos errores de las decisiones políticas en el abuso de la fuerza bruta.


Stavridis concluyó: “Sin duda alguna, los navíos más importantes que dirigí fueron aquellos que llevaron ayuda hospitalaria al Caribe y a otras partes de América Latina. Estos barcos participaron en miles de tratamientos y puedo decirle que el impacto sobre la seguridad de Estados Unidos, a largo plazo, ha sido muy superior al resto de operaciones militares. […] Apostando a la fuerza, lo único que logras es perjudicarte a ti mismo”, reconoció.


Desde hace décadas, diversos ex agentes de la CIA, como el marine y paramilitar John Stockwell, luego de una experiencia de treinta años en América Central, África y Asia, reconoció que la arrogancia de querer imponer “nuestros intereses” en otros pueblos no produjo ningún progreso sino que les llevó muerte y miseria y “no nos creó ningún amigo, se los puedo asegurar”. Más o menos el mismo caso de otros marines, ex agentes de la CIA que participaron en engañar al pueblo centroamericano con historia fabricadas sobre el comunismo para mantener la antigua presencia económica y militar estadounidense, como Philip Roettinger, quien terminó retirándose en México para dedicarse a su familia y a la pintura.


No por casualidad, diversos generales latinoamericanos planearon asesinatos al estilo Orlando Letelier en Estados Unidos cuando la administración Carter comenzó a recortar la tradicional “ayuda militar” a las dictaduras amigas del sur. No solo el gigantesco, peligroso y criminal lobby de la industria armamentística mundial (en el cual las empresas estadounidenses han sido accionistas mayores) tenía intereses en “la seguridad” de esos países sino también sus servidores, que nunca lo reconocieron y, de hecho, hasta hoy se golpean el pecho llenos de orgullo por sus crímenes, sus excusas infantiles y un honor que no vale el cobre de las medallas que se cuelgan ellos mismos.


Después de diversos conflictos nacionales, Costa Rica abolió su ejército en 1948. Desde entonces nunca tuvo una dictadura militar como sus vecinos. Tal vez por eso las grandes potencias mundiales no aterrizaron en ese pequeño país como lo hicieron en casi todos los otros países de la región donde contaban con un aparato represivo local. Tal vez por eso hoy no existe una crisis de migrantes costarricenses a Estados Unidos, como es el caso de los demás países de la región que sufrieron continuas intervenciones militares y “dictaduras amigas”.


Tal vez por eso ni los militares estadounidenses se creen el discurso que en el pasado exportaron sus políticos y estrategas. Tal vez por eso ni ellos mismos confían en la fuerza bruta de sus propios super ejércitos como forma de asegurar la paz en su propio país.

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