El Congreso peruano habilitó el juicio político contra Martín Vizcarra 

Tras la difusión de audios que incriminarían al Presidente en un caso de corrupción

Desde Lima. Un cantante de poca monta, convertido en funcionario de tercer nivel, ha puesto al presidente Martín Vizcarra al borde del abismo.  Vizcarra debe enfrentar un juicio político que puede acabar en su destitución por supuesta “incapacidad moral permanente”, una figura que forzándola deja un amplio margen de acción. La acusación se origina en la revelación de audios de conversaciones privadas del presidente, grabadas en secreto, en las que coordina con asesores y dos funcionarias de su círculo cercano cómo deben responder en las investigaciones en el caso del cantante devenido en funcionario Richard Cisneros, contratado irregularmente por el Ministerio de Cultura, cuestión que salpica al propio presidente. Vizcarra ha negado un posible contenido delictivo en lo que se dice en esos audios y ha denunciado un complot desde el Legislativo para desestabilizar su gobierno y la democracia.

Sin una investigación previa de los hechos, solo horas después de divulgados extractos de los audios, se presentó en el Congreso la moción para abrirle juicio político al presidente. Es inocultable el apuro y entusiasmo por tumbarse a Vizcarra de diversos sectores de un Parlamento enfrentado al Ejecutivo. Con 65 votos de los 130 miembros del Parlamento unicameral, superando la cifra de 52 que se necesitaban, se dio luz verde al juicio político. Pero sus promotores esperaban un mayor apoyo. Para destituir al presidente se necesitan 87 votos, cifra que luego de la votación de ayer parece difícil de alcanzar. Las abstenciones fueron 24, grupo del cual los impulsores de la vacancia presidencial esperan sacar los 22 votos que les faltan. Hubo 36 votos contra el impeachment.

Vizcarra, o sus abogados, irían la próxima semana al Congreso para responder los cargos en su contra. El juicio político es un proceso rápido, que puede resolverse en alrededor de una semana. El oficialismo no tiene una bancada parlamentaria propia.

En un breve mensaje al país dado la noche del jueves, horas después de difundidos los audios en el Congreso, Vizcarra denunció “un vil intento” para desestabilizar su gobierno y la democracia, y acusó a sectores del Parlamento de buscar “tomar el control del gobierno”. Denunció la ilegalidad de las grabaciones de sus conversaciones.

“Si quieren sacarme aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado (los audios), de manera ilegal, constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo el presidente.

En mayo pasado se denunció que el cantante Richard Cisneros, que se hace llamar Richard Swing, había sido contratado por el Ministerio de Cultura para dar charlas motivacionales a sus trabajadores y que por ello recibiría un pago equivalente a unos 50 mil dólares. Escuchar esas charlas es sumergirse en lo más profundo de lo absurdo: abundan los autoelogios y se repiten consejos como decirles a las trabajadoras que deben ir a laborar “bien bonitas, arregladitas, maquilladitas, como debe ser el liderazgo”.

Luego se sabría que anteriormente Cisneros había firmado otros contratos con el mismo ministerio para dar otras charlas de este tipo. Y se reveló que en 2016 “Swing” había apoyado la campaña del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski cantando en algunos mítines, campaña de la que Vizcarra fue jefe, adeás de compañro de fórmula de Kuczynski. A partir de ese hecho, y de visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno, se vinculó a Vizcarra con las irregulares contrataciones del cantante. El presidente no ha negado conocerlo, pero ha asegurado que no ha intervenido en su inexplicable contratación.

“En esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia debe ser para salir todos en conjunto”, se le escucha decir al presidente en uno de los tres audios revelados. Es el diálogo de una conversación en Palacio de Gobierno, en la que coordina con la secretaria de Palacio, Mirian Morales, y con su secretaria administrativa, Karem Roca, sobre qué declarar acerca de las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno, que se señala son cinco, pero el gobierno solo admite dos. Acuerdan decir que no se concretó una reunión con el presidente. En ese mismo diálogo, Vizcarra dice haberlo recibido dos veces, reuniones que ha negado en público. Es el audio más comprometedor.

En otro audio, Vizcarra discute agriamente con su secretaria administrativa, que se queja de que le quieren cargar toda la responsabilidad. El tercer audio es una conversación entre Cisneros y la secretaria de Vizcarra, Roca, en la que ambos hablan con amargura del mandatario. “Si algo me pasa a mí, yo le echo la culpa al presidente”, amenaza “Swing”, y asegura tener grabaciones y pruebas que comprometen a Vizcarra. Ayer Cisneros salió a decir que todo lo que afirmaba en esa conversación era falso. Este diálogo, marcado por la incontenible fanfarronería y delirios de grandeza del cantante, que dice haber sido un poderoso asesor al que Vizcarra obedecía en los temas más trascendentes, cae en lo absurdo y no aporta evidencias creíbles al caso, pero igual ha sido tomado en cuenta por los promotores de la vacancia presidencial.

Todo apunta a que la secretaria administrativa del presidente, Karem Roca, que era del círculo de mayor confianza de Vizcarra, la única persona presente en las tres conversaciones, fue quien grabó en secreto las conversaciones que han jaqueado al gobierno. Los audios fueron revelados por el congresista Edgar Alarcón, quien está acusado de corrupción por su anterior labor como Contralor.

El protagonismo de este cuestionado congresista, y los oscuros antecedentes de los más entusiastas con la vacancia presidencial, abona a favor de quienes dicen que detrás de las apresuradas acciones para destituir al presidente hay una agenda que nada tiene que ver con la lucha contra la corrupción y sí con otros intereses y afanes de venganza de sectores políticos afectados en su poder e impunidad por este gobierno.

Pero esos intereses subalternos no liberan a Vizcarra de sus posibles responsabilidades. Los audios lo ponen en la complicada posición de una probable obstrucción a la justicia, y el caso “Swing” podría involucrarlo en un tráfico de influencias si se demostrara que influyó para contratarlo. 

Vizcarra, que asumió en marzo de 2018 cuando Pedro Pablo Kuczynski, de quien era el vice, renunció por cargos de corrupción, mantiene una alta aprobación, que supera el 50 por ciento. Ayer en la noche hubo cacerolazos desde los balcones de algunos barrios de Lima en rechazo a este intento de destituir al presidente.

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De izquierda a derecha: Erika Salamanca, moderadora. Alberto Castilla, Wilson Arias, Jorge Enrique Robledo y Alexander López, congresistas del Polo Democrático

En rueda de prensa virtual, el pasado 28 de julio, la bancada del partido político Polo Democrático Alternativo informó sobre la radicación de 12 proyectos de ley para derogar o modificar algunos de los decretos legislativos emitidos por el gobierno nacional desde el 14 de marzo del año en curso, una vez declarada la emergencia sanitaria, económica y social acelerada, en unos casos, producida en otros, por la pandemia del covid-19.

 

Oposición vs Decretos oficiales emitidos durante la pandemia


Los 12 proyectos de ley tienen como objeto, por ejemplo, modificar los alivios a endeudados del Icetex, lo que derogaría al Decreto 467 de 2020. Apoyar efectivamente a las micro, medianas y pequeñas empresas derogaría el Decreto 468 de 2020. Detener la conformación del Holding Financiero Grupo Bicentenario, la cual profundiza el paquetazo neoliberal contra el que se movilizó Colombia en el Paro Nacional de 2019, derogaría al Decreto 492 de 2020. Reducir los aranceles al maíz, soya y sorgo derogaría al Decreto 523 de 2020. Detener la prórroga del servicio militar por 3 meses porque no existe relación directa y específica con la emergencia de la pandemia derogaría al Decreto 541 de 2020.


Se suma el proyecto de ley que derogaría al Decreto 546 de 2020, que sustituiría la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria. Otro proyecto de ley derogaría al Decreto 558 de 2020, porque no es posible predicar que exista relación directa entre la declaratoria de Emergencia y la pérdida de valor en el mercado de los activos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Otro de los proyectos de ley derogaría al Decreto 563 de 2020, dado que excomulga de culpabilidad y responsabilidad aquellos funcionarios de los programas que entreguen los beneficios en el marco del Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica. También, la bancada del partido Polo Democrático Alternativo, derogaría el decreto 811 de 2020 que abre la puerta a la privatización de empresas públicas del país como Ecopetrol y CENIT.

Por último, el proyecto de ley relacionado al Decreto 444 de 2020 por el cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME–, derogaría los artículos 12, 13 y 14 del Decreto mencionado porque representan una contradicción específica con los mandatos establecidos en el artículo 48 de la Constitución Política, puesto que en su inciso 5 dispone la imposibilidad de destinar ni utilizar los recursos de las Instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

 

Vivimos una pantomima de democracia

 

En medio de la rueda de prensa virtual, citada para explicar estos proyectos de ley, el equipo de desde abajo le preguntó a los senadores: Wilson Arias, Alexander López, Alberto Castilla y Jorge Enrique Robledo, sobre algunos de estos tópicos:

da: Son conocidos los beneficios que gobernar por decreto le genera al Gobierno. Una pregunta para todos los congresistas. Las propuestas que ustedes presentan son importantes, es conocida la oposición del Gobierno a las mismas, ¿Cómo harán ustedes para que la discusión y trámite de estas iniciativas no queden limitadas al Congreso?


Jorge Enrique Robledo: “Es supremamente difícil. Sabemos que ellos siempre han tenido las mayorías en el Congreso. El Frente Nacional es una realidad, Duque logró resucitarlo. Y el acceso a los medios es supremamente limitado y ahora con el Congreso virtual mucho menos. Eso es una pantomima de democracia lo que se está viviendo allí. Pero esa manera de sesionar no es una manera democrática entonces nuestra posibilidad de convertir esto en un debate nacional está absolutamente restringida.

En Colombia solo se discute lo que los grandes poderes permiten discutir, en todos los demás temas ponen la inyección y se acabó el asunto, en especial en asuntos económicos. Nos imponen las recetas que ni si quiera son cocina criolla sino cocina transnacional y extranjera. Y ahora con la pandemia inclusive la movilización social se hace más recortada. Es bien difícil, pero hacemos lo que nos corresponde y no somos ineficaces del todo en esas luchas. Por ejemplo, no se han atrevido a meter ni reforma laboral ni reforma pensional como leyes”.

Alexander López: “Unos 7 senadores/as de la Comisión Primera estamos exigiendo la presencialidad en las sesiones del Congreso. Inclusive bajo la orientación que exige la Corte Constitucional en el comunicado donde tumba el artículo 12 de uno de los Decretos del presidente Iván Duque, que obliga a que el Congreso de manera autónoma tenga su propio reglamento. Es más, el señor Char, presidente del Senado, pidió la resolución de virtualidad del Congreso.

Es decir, el Congreso sigue de manera virtual, lo cual es un mecanismo y herramienta que está utilizando el presidente Iván Duque y las mayorías del Congreso para que éste tipo de propuestas que estamos haciendo no pasen. Pero sí pasen las propuestas y los proyectos o del Centro Democrático o de los amigos del Gobierno. De hecho, la lectura que nosotros hemos hecho, estas sesiones virtuales son absolutamente ilegales e inconstitucionales. Estamos entrando en un limbo muy peligroso en el país, al no existir la certeza constitucional ni legal de que estas sesiones virtuales carecen de esas formalidades establecidas en la Ley Quinta.

Podríamos estar entrando en un escenario muy agudo, de una profunda discusión. Es por eso que los/as senadores/as de la Comisión Primera del Senado estamos radicando una proposición exigiendo la presencialidad y las condiciones para sesionar, porque el día de ayer no pudimos tenerlas. Justamente nos tocó adelantar un foro de manera virtual, y lo cierto es que nuestro Congreso esté cerrado en medio de semejante pandemia y emergencia, es muy grave no solo para la democracia sino para los ciudadanos que no tienen a sus voceros actuando de manera personal y directa”.

 

Falta la calle

 

La respuesta de los senadores Robledo y López dejó la sensación en el equipo desdeabajo que hay temor en la izquierda con asiento en el Congreso para llamar a la movilización social. Un temor soportado en la presencia de un virus real, que puede infectar cada vez a más gente, pero el que nos puede llevarnos a inmovilizarnos. Así como se toman precauciones para cualquier diligencia, así mismo hay que tomarlas para copar la calle. La necesidad de ello es evidente: sin presión callejera la pandemia se constituye en la mejor excusa para ahondar el presidencialismo en nuestro país. El virus va para muchos más meses y tenemos que aprender a convivir con él.

Como continuación de la rueda de prensa, preguntamos sobre la Renta Básica. El pasado 20 de julio 54 senadores y 70 representantes a la Cámara (muchos de ellos de la bancada del Polo Democrático Alternativo) firmaron un proyecto de Renta Básica para que 9 millones de familias reciban un salario mínimo durante tres meses y con prorroga a otros 3 más. Esto convierte la Renta Násica en una alternativa de subsistencia y dignidad para millones de personas que viven en inaceptables condiciones.

da: ¿Cómo sustentan ustedes la financiación de la Renta Básica para que la sociedad vea que si es realizable?

Wilson Arias: “Una respuesta breve para una pregunta tan importante. Lo que está ocurriendo es que el gobierno sí ha dado liquidez pero a los bancos. A tomado varias medidas de expansión monetaria o de búsqueda de recursos, la reducción del encaje bancario dio 9.8 billones de pesos a los bancos y para asegurar su rentabilidad se los entregan en títulos al Estado. Y el Estado, se los vuelve a prestar, supuestamente a través del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) al empresariado pero a través de los bancos.

Los recursos no llegaron al sector empresarial y esto está absolutamente documentado. Dejar de hacer eso y darle liquidez a la Matrícula Cero que exigen los estudiantes o a la Renta Básica y, en general a formas de activación de la demanda, es el mejor negocio. Eso está dicho en boca de John Maynard Keynes hace mucho tiempo. Es un camino expedito y fácil. Y esto mencionando sola una forma de financiación.

Es necesario que el Banco de la República produzca hechos, como lo hizo a favor de los bancos, para la Renta Básica y Matrícula Cero. Hemos presentado un portafolio de posibilidades: utilización de las reversas internacionales que además tiene un efecto muy positivo, traer esos recursos al mercado interno abarata el precio del dólar, entre otras posibilidades. Además, está una reforma tributaria y un impuesto al patrimonio que tienen que ver con la Renta Básica y con la reactivación inmediata de la economía en este momento. Soy algo optimista porque creo que la gente ha empezado a entender, en medio de esta crisis, este alegato”.

Alexander López: “Hay una reforma tributaria del año pasado que le entrega 12 billones en beneficios al sector financiero y a los bancos. En Colombia, los ricos de los ricos, no están pagando impuestos. Un nuevo impuesto al patrimonio es algo que nosotros estamos proponiendo, para patrimonios superiores a los 7 mil millones de pesos. Se está planteando unificar todos estos subsidios que están por ahí regados: Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, estaríamos hablando que los recursos sí los tiene Colombia y el país.

Por ejemplo, Ingreso Solidario no ha llegado ni a 2 millones de personas, y sin decir de la corrupción que hay ahí: este ingreso le está llegando a pensionados o personas con contratos laborales, mientras hay personas aguantando física hambre. Recursos para la Renta Básica sí hay, y esos recursos son los que debe disponer el gobierno de Iván Duque.

El Presidente le ha mentido al país de una forma muy grave, al decir que ha invertido 117 billones de pesos en medio de esta pandemia, y lo que ha demostrado la Universidad Javeriana en su Centro de Estudios Económicos es que solo han invertido 2.9 % del PIB que no superan los 30 billones de pesos. También lo dijo Fedesarrollo, que no es de izquierda, que en Colombia no ha pasado de los 2.7% del PIB, lo cual significa que hay recursos en el país, desafortunadamente esos recursos reposan en el sector financiero.

De ahí que la Renta Básica sí tiene fuentes de financiación definidas y ciertas que podrían beneficiar a 9 millones de familias, es decir casi a 30 millones de colombianos. Naciones Unidas está recomendando Renta Básica a los países que tienen estos problemas, como Colombia. La Renta Básica la ha implementado Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, España e Italia, pero desafortunadamente en Colombia tenemos un gobierno de espaldas a la gente y a su tragedia”.

 

Hay camino por recorrer

 

En medio de la emergencia social, sanitaria y económica agudizada por la pandemia del covid-19, se abren caminos de esperanza y reivindicaciones que todavía se ven atascadas en el camino, como la Renta Básica, iniciativa que se justifica plenamente en el artículo 1 de la Constitución Política, en donde se establece que la gestión pública debe garantizar condiciones de vida digna a la población, de manera prioritaria a la más desfavorecida. Una reivindicación que no puede permitirse se confunda con un subsidio. Una reivindicación ventilar en debate público, en todo su transfondo: redistribución de lo generado por el trabajo de todos y todas, por qué y para qué trabajar, el goce del tiempo libre, el derecho a vida digna, etcétera, de manera que la pandemia abra de verdad las puertas para una sociedad poscapitalista.

Debate abierto también a derechos fundamentales como la educación, que los universitarios ahora van arañando con su reivindicación, y conquista parcial, de Matricula Cero, reivindicación que también debe abrirse en debate ante todo el país sobre la Universidad que requiere el país, sobre la ciencia que demanda un país en procura de justicia de un sitial activo en su región y en el mundo, sobre la necesidad de avanzar hacia una Universidad orientada por el sentido original de la misma: abierta al mundo y relacionada como parte de una Universidad global, de la cual pueda ser parte todo aquel que busca el conocimiento.

Son luchas y demandas, lo están mostrando quienes levantan tales banderas en los centros de estudio, con presión callejera, la cual está cargada de simbología, otra manera de comunicar y de impactar a la opinión pública.

Es tiempo de pandemia, pero también de actuar. Aprendamos a vivir con quien vino para quedarse.

 

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El presidente colombiano Iván Duque, durante una conferencia de prensa.Raúl Arboleda / AF

El Congreso pospone sus sesiones y las protestas contra el Gobierno quedan en suspenso

Bogotá - 19 mar 2020 - 19:04COT

l presidente de Colombia, Iván Duque, acabó el año pasado asediado por las protestas en las calles, su baja aceptación en las encuestas y una oposición al alza. La segunda quincena de marzo se anticipaba como un momento decisivo para un Gobierno sediento de gobernabilidad, que ha remodelado su Gabinete en busca de aplacar el descontento popular y alcanzar las mayorías que le han sido esquivas en el Congreso. Pero la crisis del coronavirus ha puesto en cuarentena a los manifestantes, trastocado la agenda política y eclipsado el más reciente escándalo de supuesta corrupción electoral.

Todas las fechas juiciosamente marcadas por los analistas políticos en el calendario se han ido cayendo. O más bien, las ha ido tumbando el avance de la pandemia, con 108 casos confirmados de Covid-19 en Colombia hasta este jueves. Esta semana, por ejemplo, estaba programado el regreso del Congreso. Las expectativas sobre el reinicio de la legislatura, con una agenda que debería incluir reformas de calado, eran considerables. Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, anunció el aplazamiento de las sesiones legislativas hasta el próximo 13 de abril, “con posibles prórrogas supeditadas a las medidas que se sigan tomando frente a la emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro país”.

La decisión no dejó a todos satisfechos. “Trabajar de forma virtual si es posible”, reclamaba sin negar la crisis sanitaria el senador Juan Luis Castro, un médico cirujano de la opositora Alianza Verde. Le pedía a los presidentes de ambas cámaras “que se implementen de la forma más rápida posible los debates online o las sesiones virtuales. Más que nunca Colombia necesita un Congreso trabajando”. El Legislativo, con su ejercicio de control político, quedó en suspenso.

Las implicaciones son notorias en ambas orillas. La respuesta de Duque a la inédita oleada de protestas desatadas desde las marchas del 21 de noviembre fue lanzar lo que llamó una gran “conversación nacional”, que concluyó el domingo. Para el Gobierno se trataba de construir políticas de largo plazo, aunque diversos sectores lo veían como una estrategia para diluir el malestar social que no atendía la amalgama de reclamos de los manifestantes –que incluían implementar el acuerdo de paz o mayores recursos para la educación pública, entre muchos otros–. En cualquier caso, la crisis del coronavirus opacó el interés en las conclusiones de ese diálogo que el Gobierno se proponía traducir en proyectos legislativos sobre empleo, medio ambiente o lucha contra la corrupción. Sin sesiones legislativas, cualquiera de esas iniciativas se vería ahora mismo represada.

La estrategia de la Presidencia, con una aprobación que según la última medición de Gallup apenas alcanza el 23%, no aplacó el descontento. El llamado Comité Nacional del Paro había convocado una gran jornada de manifestaciones para hacerse sentir el 25 de marzo en todo el país. Sin embargo, los esfuerzos por evitar la propagación, que incluyen medidas como prohibir congregaciones de más de 50 personas, obligaron a replantear esa convocatoria. Ya no habrá marchas ni movilizaciones sino un cacerolazo desde los hogares acompañado de múltiples mensajes en redes sociales, según anunció el comité que agrupa a centrales obreras y organizaciones estudiantiles.

Duque ha aprovechado que las movilizaciones amainaron este año para concretar, a cuentagotas, la largamente esperada remodelación de su Gabinete. Mantuvo los principales ministerios en la órbita del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político, pero remató los cambios con un gesto de apertura a otros partidos. Al Gabinete llegaron los conservadores, el Partido de la U y especialmente Cambio Radical, que se quedó con la cartera de Salud, en cabeza del médico Fernando Ruiz Gómez, quien ha debido afrontar la crisis.

En esa naciente coalición, Cambio Radical –el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, otrora férreo crítico de Duque– se antojaba como el fiel de la balanza para garantizarle al Gobierno las mayorías necesarias en el Congreso para echar andar las reformas política, a la salud y la justicia que ha prometido. Además de las sensibles reformas sobre asuntos laborales y pensionales, que en alguna medida fueron detonantes de las manifestaciones. A Duque, que ya cumplió año y medio en el poder, se le agota el tiempo para dejar la impronta de su Gobierno. El pulso legislativo con la oposición, en cualquier caso, quedó postergado.

Como en otros países de la región, el Ejecutivo ha ordenado en estas semanas de vértigo el cierre de sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas; restringido el ingreso de extranjeros al país; cancelado los eventos y reuniones de más de 50 personas; suspendido clases en colegios y universidades; ordenado el aislamiento de los mayores de 70 años. Por momentos, la oposición pareció conceder a Duque una tregua para lidiar con la emergencia sanitaria. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, llegó a mostrarse solidaria con el mandatario en tiempos de crisis.

Pero la presión para cerrar también la frontera aérea, y el aeropuerto El Dorado de Bogotá en particular, volvió a elevar la tensión. A los llamados de la alcaldesa por redoblar controles en la terminal se sumó una carta de 71 congresistas que pedían restringir los vuelos. “¿Si tenemos unos colombianos que están tirados en un aeropuerto los dejamos allá?”, se preguntó Duque el martes en una entrevista con la emisora Blu Radio al reiterar que no pensaba cerrar el espacio aéreo. Sin embargo, este jueves anunció que suspendía durante 30 días la llegada de vuelos internacionales de pasajeros.

El presidente terminó además agriamente enfrentado con los alcaldes por un confuso decreto que cuestionaba los toques de queda que habían decretado algunos y el simulacro de aislamiento previsto para el fin de semana en Bogotá, que al final sigue en pie. “Permitan que las autoridades en cada región tomen sus propias medidas”, opinó el exvicepresidente Vargas Lleras, en teoría nuevo aliado del Gobierno. El tono del debate ilustra el cambio de prioridades de la agenda política.

Otro efecto inesperado del coronavirus ha sido eclipsar escándalos que en otras condiciones concentrarían la atención pública, como ocurre con la investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. El caso implica al narcotraficante José Guillermo Ñene Hernández, asesinado en un atraco en Brasil y vínculado al uribismo. La Corte Suprema incluso abrió una investigación formal contra el expresidente Uribe. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Al final de la entrevista de este martes con Blu Radio, el mandatario declinó amablemente referirse de nuevo al escándalo: “Yo no dejo de contestar preguntas, [pero] dejemos por hoy en el coronavirus que es el tema inmediato”.

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Domingo, 08 Marzo 2020 05:17

Jeanine Añez en su laberinto  

Jeanine Añez en su laberinto  

La presidenta de facto no puede dormir tranquila. La semana pasado fue de espanto para ella. Fue expulsada de El Alto por una multitud, ciudad donde se perpetró una de las dos masacres que acontecieron poco después de que asumiera el poder. El jueves 5 de marzo tuvo que salir con chaleco antibalas y a la carrera mientras la muchedumbre incluso destrozó los vidrios del vehículo del ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas con la explosión de un cachorro de dinamita.

La periodista boliviano argentina Verónica Zapata escribió: “Como todo delincuente que vuelve a la escena del crimen, se presentó custodiada de cientos de policías y militares para participar de una sesión de honor en el Consejo Municipal por el 35° aniversario de la fundación de El Alto que se cumple el día 6 de marzo.” Y doña Jeanine acaba de descubrir que el crimen no paga, que la gente recuerda, que los alteños piensan que sus muertos no se negocian. En resumen: que Senkata no se olvida.

Por supuesto, el viernes ya no asistió a nuevos desfiles. Hubiera sido una provocación. Los alteños no la quieren y se lo hicieron saber. Lo propio al excandidato por su partido Óscar Ortiz que en Senkata durante la sesión de la cámara de senadores también salió a las corridas y resguardado por la policía. “Asesina, asesina, asesina” gritaban miles de alteños a la presidenta y “motines, motines, motines” a los policías.

Pero además el viernes tenía que asistir a un tercer llamado del congreso a dar su informe el ministro de Defensa Fernando López, quien fuera el operador de Luis Fernando Camacho con los militares para que estos dieran el golpe de estado, según las propias declaraciones del ex líder cívico. López nuevamente no asistió y a los senadores y diputados se les acabó la paciencia. Lo censuraron por más de dos tercios y según la Constitución Política del Estado eso significa su destitución inmediata.

Y el próximo en la lista es el nada menos que Arturo Murillo, el hombre de la represión y muy íntimo allegado a Añez que debe elegir entre presentarse y que le hagan preguntas incómodas o dejar de ir y que lo censuren. Si se presenta también puede recibir la sanción del congreso y si son dos tercios deberá dejar el puesto.

Añez debe escoger entre hacer caso a la Constitución y deshacerse de uno (quizá dos) de sus hombres fuertes en el manejo del miedo o ella misma poder ir a juicio de responsabilidades. Mientras, en el Movimiento al Socialismo se han soldado las fisuras. Y aún los más concertadores de los diputados y senadores que algún momento pactaron con el poder golpista, saben que su futuro político depende de con que fuerza condenen al régimen. Y cada vez que leen las encuestas la idea se afirma.

No, no son buenos momentos para la presidenta golpista más si sumamos que los campesinos le han dado 72 horas para que deposite el dinero para que continúen funcionando 400 proyectos que han quedado detenidos en su gestión y los maestros preparan sendos paros (el viernes hubo uno masivo en Sacaba, donde se cometió otra masacre) exigiendo mayores ítems para compensar el crecimiento vegetativo de los alumnos, algo que el ministro de hacienda, José Luis Parada, ha rechazado.

El nieto de Mahadma Gandhi, Aroun, decía que: “Hemos encontrado que la forma más fácil de controlar a la gente es a través del miedo y entre más miedo puedas infundir en la gente, más control puedes tener.” Pero eso ya no funciona en la Bolivia preelectoral que le ha perdido el miedo a la represión y con la llegada de 100 observadores de la Unión Europea y la arremetida de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en contra de las matanzas ordenadas por Añez, esta no puede darse el lujo de un muerto más por la represión.

En resumen, lo que la llevó al poder ahora no sirve de receta. Sin ser médicos ya sabemos que pronto Jeanine deberá tomar pastillas para dormir si no lo está haciendo ya.


Áñez ratifica al ministro de Defensa pese a destitución aprobada por la Asamblea Legislativa

 

7 marzo 2020

Cubadebate

 

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha ratificado este sábado su confianza en el ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, pese a la censura y destitución aprobada por dos tercios Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

"El MAS intenta frenar mi gestión utilizando el parlamento. Mi respuesta firme es: seguiré trabajando por la reconciliación y la prosperidad de Bolivia. El Ministro de Defensa tiene mi confianza. Ha hecho un gran trabajo ante desastres naturales y por la pacificación de la patria", ha afirmado Áñez a través de su cuenta en Twitter.

Previamente el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, había denunciado que la censura a López en la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba orquestada desde Argentina, país de refugio del expresidente Evo Morales.

Por ello están estudiando presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran que la censura al Ministro de Defensa es ilegal, por ser en ausencia del propio ministro.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia censuró este viernes al ministro López Julio, lo que supone su destitución inmediata como cargo del Gobierno.

López Julio no se presentó al acto de interpelación pese a estar convocado para dar explicaciones por dos cuestiones: la petición de renuncia de las Fuerzas Armadas al presidente Evo Morales en noviembre de 2019 y la represión de las protestas contra la salida de Morales del poder en enero de 2020.

El ministro presentó excusa para su ausencia, pero el pleno de la Asamblea decidió declarar injustificada la misma. Es la tercera vez que López no se presenta a una convocatoria. La Asamblea aprobó por dos tercios la censura de López y los legisladores del MAS aplaudieron la decisión.

La presidenta del Legislativo, Eva Copa, ha subrayado que la censura implica la destitución del Ministro, según manda la Constitución Política del Estado. Concretamente así se recoge en el Artículo 158 Párrafo 18. "Esta resolución será enviada a la presidenta de transición (Jeanine Añez), para que dé cumplimiento inmediatamente", ha explicado Copa.

"Este justificativo es un chiste a la Asamblea, pues las interpelaciones son por temas importantes, por lo que ocurrieron en octubre y noviembre y (se trata de) esclarecer lo que ocurrió en Sacaba y Senkata", ha argumentado Copa.

Copa ha adelantado además que para los próximos días están previstas interpelaciones de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo;  de Comunicación, Isabel Fernández, y de Obras Públicas, Iván Arias.

Además, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado una resolución para la constitución de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019.

La Comisión Mixta está conformada por las senadoras Sonia Chiri y Lineth Guzmán del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rosario Rodríguez, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), además de los y las diputadas Mireya Montaño, Patricia Gutiérrez, Víctor Borda y Juan Cala (MAS) y Amilcar Barral y Eida Middag de Unidad Demócrata.

Copa ha indicado que la tarea de la comisión es investigar los sucesos acontecidos entre octubre y noviembre de 2019: en medio de las protestas por el supuesto fraude electora l en las elecciones presidenciales del 20 de octubre que depararon la reelección de Evo Morales, el presidente tuvo que huir del país después de que Policía y Ejército le retiraran su apoyo. En las protestas posteriores hubo simpatizantes de Morales muertos en Senkata y Sacaba.

(Con informaciòn de Europa Press)

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Domingo, 16 Febrero 2020 05:56

En la silla equivocada

Miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas entran a la Asamblea Legislativa en compañía del presidente Bukele / Foto: Afp, Str

La encrucijada de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Como el parlamento, a su criterio, estaba demorando más de la cuenta la aprobación del presupuesto para seguridad, el presidente salvadoreño declaró el asunto “emergencia nacional”. Luego convocó una asamblea extraordinaria, entró a la sede legislativa flanqueado por soldados y policías, y pretendió dirigir la sesión. Como no lo logró, rezó. Aunque el hecho, evidentemente, no pasó desapercibido, tampoco resultó extraño si se tienen en cuenta las características tradicionales del sistema político salvadoreño.

Durante el siglo XX, muchos países latinoamericanos han sufrido serias dificultades para mantener un equilibrio entre los órganos del Estado, se han hecho grandes esfuerzos para que el presidente no acumule demasiado poder, y es ahí donde vienen a la mente nombres como el de Fulgencio Batista, Perón, Stroessner, Porfirio Díaz, Pinochet o, en el caso de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Son personajes que, de una u otra forma, manejaron o manipularon a los otros poderes del Estado para mantenerse en la presidencia. De ninguna forma se está asegurando que Nayib Bukele sea un dictador, más bien se trata de no dejar pasar un evento significativo de nuestras tradiciones políticas.

DONDE NO LO LLAMAN.

El Salvador es un país con serios problemas de seguridad pública, aunque también padece de falta de fortalecimiento institucional, extrema pobreza y sistemas de salud y educación deficientes. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XXI dan señales de mejoras sustanciales. La guerra civil (1972-1992) dejó un sistema democrático bipartidista, en el que la derecha neoliberal quedó representada por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la ex guerrilla formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). El primero gobernó por 20 años con cuatro presidentes distintos, y el Fmln logró la alternabilidad en 2009 y gobernó por ocho años.

En 2019 un joven empresario de ascendencia palestina apareció –luego de militar en el Fmln– como una opción fresca y nueva que ofrecía soluciones a los problemas del país. Este personaje aseguraba ser distinto a “los mismos de siempre”, como llamaba a los partidos tradicionales. El 1 de junio de 2019 Nayib Bukele llegó a la presidencia, aprovechando su política fresca y su simpatía construida en redes sociales, sin mayor oposición. No tuvo problema en ganarle al Fmln y Arena gracias a su campaña, pero también en gran medida gracias al desgaste de los partidos antes mencionados.

Aun con una victoria muy celebrada nacional e internacionalmente, la expectativa continúa a ocho meses de gobierno. La evaluación a 100 días de gobierno expuso las promesas incumplidas. Los medios de comunicación más críticos acusaron a Bukele de no lograr la extradición del expresidente Mauricio Funes de la vecina Nicaragua, quien es buscado por la justicia salvadoreña por enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014). Funes se nacionalizó nicaragüense para evitar ser extraditado.

Por otra parte, prometió perseguir la corrupción a través de una comisión, pero no la ha llevado a cabo. En ese sentido, sus antecesores dispusieron de una cantidad no especificada de dinero, para usarla a su criterio. Esa “partida secreta”, como se la denominó, fue muy criticada, y Bukele prometió desmantelar la estructura que promovía el clientelismo político. Pero hasta el momento no hay novedades. Su gestión, sin embargo, ha tenido una buena evaluación a nivel regional e internacional, porque se ha enfocado en la seguridad pública a través del combate a los homicidios en el país más peligroso y violento de América Latina, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Bukele lo ha logrado, al menos eso sostienen su gobierno y simpatizantes. En su primer mes lanzó un plan de seguridad de tres fases y logró bajar los asesinatos de 231 en junio a 87 en julio de 2019, según los estimados más altos. La primera fase del plan consistió en enfocar los esfuerzos de la policía en 12 localidades con altos niveles de violencia, así como atacar, en cierta medida, las redes de financiamiento de las pandillas. Además, se trasladó reos que dirigían operaciones ilícitas desde las cárceles y se interrumpió los servicios telefónicos en los centros penales. Con esto logró disminuirse la incidencia de los miembros de las pandillas, presos por sus crímenes. La segunda fase consistió en expandir el área de despliegue de la policía y el ejército a espacios concretos, como urbanizaciones y colonias que se veían afectadas por el accionar de las pandillas. Esta fase tuvo, al parecer, resultados favorables, aunque su alcance es aún materia de debate.

La tercera fase se ha complicado. Presentada en agosto de 2019, buscó modernizar y tecnificar a la policía y el ejército con equipo de última generación para que sus acciones fueran más eficientes. Pero Bukele no ha dado detalles, y los diputados exigen información; hasta ahora se sabe que se busca adquirir helicópteros, un barco, armas, chalecos antibalas, cascos de visión nocturna y cámaras de videovigilancia. Todo lo anterior con un presupuesto de 109 millones de dólares, por lo que el presidente urge la aprobación de la autorización para gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los parlamentarios le han dado largas a las discusiones, aprobando y retractándose de su decisión, y Bukele se desesperó. El domingo 9 de febrero utilizó el poder del Ejecutivo para que su Consejo de Ministros convocara una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con la justificación de una emergencia nacional ante el prolongado período de discusión del presupuesto para seguridad. Las acciones del domingo por la tarde no favorecieron al presidente: los diputados de Arena y del Fmln –los políticos peor calificados por la población salvadoreña– se rehusaron a asistir a la Asamblea y sólo se presentaron 29 de los 84 legisladores.

El presidente, que realizó un evento político afuera del parlamento, terminó entrando al salón de la Asamblea, flanqueado por medio centenar de soldados y policías armados que se tomaron la sede legislativa, y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea. Desde allí llamó a sesión parlamentaria y, al darse cuenta de que no había suficientes diputados, se dispuso a orar: aseguró que Dios le había dicho que tuviera paciencia. En El Salvador, donde la enorme mayoría de la población es católica y evangélica, las acciones de Bukele fueron una burla a la religión. Al abandonar la sede parlamentaria, Bukele siguió señalando a los diputados como corruptos e irresponsables por no aprobar el presupuesto para seguridad pública.

Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de febrero, los formadores de opinión –desde los diarios y noticieros– acusaron a Bukele de irrespetar la Constitución, la institucionalidad democrática y de dar muestras de autoritarismo. Pero vale recordar que estos males son, lamentablemente, características tradicionales del sistema político salvadoreño. Si bien después de la guerra civil se realizaron reformas importantes para evitarlos, nuestra sociedad tiende a su tradicional caudillismo, que fácilmente degenera en autoritarismo o incluso en dictaduras.

LÍMITES.

Las consecuencias no paran ahí. La sala de lo constitucional del órgano judicial emitió cuatro medidas cautelares contra el presidente y sus ministros: le prohibieron hacer convocatorias a la Asamblea emitidas por el Consejo de Ministros, suspender cualquier acuerdo tomado en la sesión del 9 de febrero de 2020, que el presidente se abstenga de hacer uso del ejército y la policía, y al ejército y la policía no acatar órdenes fuera de sus labores constitucionales. Así los equilibrios de poder republicanos parecen restablecerse, pero el sistema aún falla y necesita fortalecerse. La democracia no es un destino, sino una construcción constante que debe ser vigilada.

Las lecciones para aprender de este episodio de la vida republicana salvadoreña son importantes. Siguiendo la tradición caudillista, Bukele aprovechó su carisma y capital político para llegar a la presidencia. Tanto la Asamblea Legislativa, que tiene una mala aceptación a nivel nacional, como el Ejecutivo, que goza de una relativa aceptación por parte de la población, se vieron muy mal al insultarse públicamente y dañar la frágil institucionalidad del país. Por último, conviene decir que la sociedad civil es la llamada a mediar y exigir una discusión real y consensuada de los planes de gobierno y de la aprobación de préstamos a organismos internacionales, y a evitar la injerencia de un órgano de Estado en otro. Además, quedó demostrado que la Asamblea y los partidos de oposición ahí representados tienen fuerza y apoyo de sus bases para asumir, junto con la sociedad civil, el debido control de los gobiernos democráticamente elegidos.

Por Alfredo Ramirez

14 febrero, 2020

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Evo Morales se presenta a senador en Bolivia para las elecciones de mayo

Morales encabeza la candidatura de su partido por la región de Cochabamba, donde comenzó su carrera política, en una lista que debe confirmar el órgano electoral

 

Evo Morales figura en la candidatura al Senado por el Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de mayo en Bolivia, en una lista presentada este lunes después de denunciar una "persecución política" para impedir que se inscribiera.

Morales encabeza la candidatura de su partido a la Cámara de Senadores por la región boliviana de Cochabamba, donde comenzó su carrera política como diputado en 1997, en un listado que debe ser aún habilitado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.

El expresidente y su partido habían denunciado una persecución política para impedir la candidatura, con acciones como un intento esta misma jornada de detener a uno de los abogados que está apoderado por Evo Morales desde Argentina para presentar la documentación ante el órgano electoral.

El propio Morales publicó que el abogado, Wilfredo Chávez, estaba "a buen recaudo" después de que "la dictadura" intentara detenerlo para "eliminar al MAS" del proceso para las elecciones del 3 de mayo. Wilfredo Chávez escribió en esta red social que fue objeto de un "intento" para detenerlo con el fin de impedir que inscribiera las candidaturas del MAS.

Se encuentra en Argentina desde diciembre

Evo Morales se encuentra desde el pasado diciembre en Argentina, donde ha solicitado refugio y desde donde ejerce como jefe de campaña del MAS. La posibilidad de que fuera candidato a senador o diputado se barajaba desde hace días, tras plantearla su partido desde la región de Cochabamba, donde Morales se dio a conocer como sindicalista cocalero antes de dar el salto a la política.

Este lunes concluía el plazo para inscribir listas electorales, que ahora tiene que revisar el órgano electoral para determinar si cumplen o no los requisitos.

La candidatura de Morales es cuestionada desde que transcendió la posibilidad de que la presentara, pues uno de los requisitos es residir de forma permanente al menos desde dos años antes en la circunscripción electoral por la que se presente el candidato.

Evo Morales cuando era presidente acudía a votar a un centro de votación en que estaba inscrito en el Chapare, una zona cocalera de Cochabamba, pero lleva fuera de Bolivia desde que el 11 de noviembre salió hacia México, donde estuvo asilado antes de viajar después a Argentina.

Morales anunció su renuncia tras un golpe de Estado para derrocarlo el pasado noviembre. Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que hubo "operaciones dolosas" en las elecciones del 20 de octubre, que alteraron "la voluntad expresada en las urnas". 

Por EFE / eldiario.es

04/02/2020 - 08:16h

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Daniel Urresti, exgeneral y exministro fue el congresista más votado.  Imagen: AFP

Daniel Urresti ganó repitiendo sus mensajes de mano dura contra la delincuencia

Las elecciones legislativas dejaron preocupaciones: un exgeneral procesado por asesinato fue el candidato con más votos; un partido xenófobo y promotor de la pena de muerte quedó como tercera fuerza y una secta evangélica en segundo lugar. 

 

Las elecciones parlamentarias del domingo dejaron varias sorpresas y preocupaciones: un represor procesado por asesinato como el candidato más votado, la aparición como tercera fuerza en el Congreso de un partido radical xenófobo y promotor de la pena de muerte ligado al encarcelado ex militar Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, y la irrupción como segundos en la votación nacional de una secta evangélica ultraconservadora. Un escenario complicado para un nuevo Congreso atomizado, en el cual habría diez bancadas para 130 escaños. La primera fuerza parlamentaria, la centro derechista Acción Popular, tendrá solamente 24 legisladores.

El represor convertido en el congresista con mayor respaldo de votos es el exgeneral y exministro del Interior Daniel Urresti. Su oscura historia está ligada a los años del conflicto armado entre el Estado y el grupo maoísta Sendero Luminoso, que dejó 70 mil muertos. Urresti fue enviado en los años 80 como capitán del ejército a Ayacucho, zona andina donde nació Sendero y fue el epicentro del conflicto. Asumió la dirección de inteligencia, puesto clave en las operaciones militares. Eran tiempos en los cuales los secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y matanzas de comunidades campesinas, cometidas por militares y senderistas, eran cosa cotidiana en esa región.

En noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos fue asesinado por los militares. Fue acribillado y luego volado con una granada en un paraje rural de Ayacucho cuando iba en una moto a cubrir el asesinato de dos personas. Los militares, que sabían de su viaje, lo habían estado esperando. Varios testimonios involucran en el crimen a Urresti, que como jefe de inteligencia tenía un importante puesto de mando. Una campesina, que vivía cerca al lugar, lo ha acusado de haberla violado el mismo día del asesinato del periodista y amenazado con matarla si hablaba. El hoy congresista electo niega los cargos y califica a sus acusadores de “delincuentes” y “terroristas”.

Después de largos años de impunidad, Urresti fue procesado, pero en 2018 fue absuelto. Sin embargo, la Corte Suprema anuló el juicio por una serie de irregularidades y el militar deberá ser juzgado nuevamente, pero ahora eso no podrá ocurrir porque estará protegido por la inmunidad parlamentaria.

 Urresti fue ministro del Interior del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), cargo desde el cual empezó a construirse una imagen de luchador contra la inseguridad ciudadana, aspecto clave para su triunfo electoral del domingo. Se formó esa imagen con operativos policiales con más espectacularidad y difusión mediática, que efectividad. En octubre de 2018 postuló a la alcaldía de Lima, con un mensaje de mano dura contra la delincuencia, quedando segundo. Fue derrotado, pero había comenzado a construir una base electoral.

Ahora Urresti ha ganado la elección parlamentaria repitiendo sus mensajes de mano dura contra la delincuencia. Postuló como cabeza de lista por el partido Podemos Perú, agrupación nueva formada por el cuestionado empresario José Luna, que se ha hecho millonario con el negocio de la educación universitaria de baja calidad y que tiene varias acusaciones de corrupción. En sus primeras declaraciones como congresista electo, Urresti ha buscado acercarse al gobierno de Martín Vizcarra, ofreciéndole apoyo. Después de esta victoria electoral, el represor se posiciona como un posible candidato presidencial para las elecciones de abril de 2021.

Otro que aspira a ser candidato en 2021 es Antauro Humala. El partido Unión por el Perú (UPP), que respalda a Antauro, se ha convertido en la tercera fuerza del Congreso con 17 legisladores. Pero Antauro la tiene más complicada porque está en prisión cumpliendo una condena por el asalto a una comisaría que dejó cuatro policías muertos en enero de 2005, en un farsesco intento de derrocar al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Cumple su condena en 2024, por lo que no podrá ser candidato. Pero UPP ha anunciado que utilizará su fuerza en el Parlamento para pedir la excarcelación de Antauro y que se habilite su candidatura.

UPP sorprendió con su votación en las zonas andinas más empobrecidas. Antauro y los de UPP disparan contra el modelo neoliberal y se dicen de izquierda, pero asumen posturas que los ubican en la ultra derecha: tienen un discurso xenófobo -proponen prohibir que se les dé trabajo a los extranjeros-, exigen la pena de muerte y que los militares salgan a las calles para controlar la seguridad. Homofóbico, alguna vez Antauro habló de fusilar a los homosexuales. Este extraño personaje, entre pintoresco y peligroso, es el otro gran ganador, junto al represor Urresti, de las elecciones parlamentarias del domingo.

También está la sorpresa de la secta evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, que a través del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), dejó a todos mudos con su segundo lugar, con 8,9 por ciento. Hasta el domingo nadie los tomaba en serio. Se hace llamar “israelitas” y su mayor presencia está en las zonas rurales, especialmente amazónicas y andinas.

“Los homosexuales tienen el mal enquistado en su corazón y en su sangre, pero van a tener oportunidad de conocer el decálogo universal y mediante eso van a entrar en la moral. Nuestro señor Dios de Israel creó hombre y mujer. Promoveremos en los colegios una educación con moral”, han sido las declaraciones con las que el vocero de los israelitas, Wilmer Cayllahua, probable congresista, debutó luego de su inesperado segundo lugar en las elecciones. 

El fujimorismo, duramente derrotado, ya ha comenzado a moverse para buscar acuerdos con esta secta mesiánica y ultraconservadora.   

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Martes, 26 Noviembre 2019 05:49

Batacazo en Hong Kong

Batacazo en Hong Kong

 Los candidatos antirégimen chino consiguieron una aplastante victoria en las elecciones municipales celebradas el domingo en Hong Kong. Con una participación récord del 71,2 por ciento, casi tres millones de personas acudieron a las urnas en un momento clave para Hong Kong, una antigua colonia británica que se encuentra envuelta en una de las mayores revueltas de su historia desde que fue devuelta a China en 1997. La oposición al gobierno obtuvo 396 de los 452 escaños (cerca del 90 por ciento de las bancas de los consejos de distritos) lo que supone un claro rechazo a los candidatos proChina y, por ende, a la administración de la líder de Hong Kong, Carrie Lam. La debilitada gobernadora admitió el aplastante triunfo de la oposición y aseguró en rueda de prensa que escuchará a la población "con la mente abierta". Reconoció que "pese la difícil situación social, las elecciones se desarrollaron de manera pacífica y segura".

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La Cámara de Diputados de Bolivia convoca elecciones generales

La ley para la convocatoria y realización de nuevos comicios, que consta de de 24 artículos y cinco disposiciones finales, ha sido aprobada por el Senado de Bolivia de forma unánime.

24/11/2019 10:31 Actualizado: 24/11/2019 17:33

efe

La presidenta interina de Bolivia tras el Golpe de Estado, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la ley de urgencia para convocar lo antes posible nuevos comicios en el país, con el compromiso de que serán unas elecciones "limpias, justas y transparentes".

Jeanine Áñez subrayó el compromiso de su Gobierno provisional con unas elecciones limpias frente al "fraude" del que acusa a Evo Morales en los comicios del pasado 20 de octubre, cuyos resultados con esta ley quedan anulados.

"Bendito sea Dios por este día", fueron las primeras palabras de Áñez tras firmar la ley en el palacio de Gobierno en La Paz. "No ha sido fácil construir el consenso", reconoció, necesario en el Parlamento para aprobar por unanimidad esta ley para que los bolivianos "elijan sin fraude, sin engaños y sin chantaje".

Frente a las "maquinaciones oscuras, como hizo el Gobierno del expresidente Evo Morales", según la mandataria provisional. "Dios los bendiga siempre, llega el tiempo de la reconciliación, que Dios bendiga a toda Bolivia", fueron sus palabras para cerrar el discurso.

Los principales artículos 

Uno de los primeros puntos de esta norma, excepcional y transitoria, es la anulación de la votación tras la que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

Otro es el que establece que la próxima cita con las urnas tiene que celebrarse en un plazo máximo de 120 días, a partir de que sean convocadas por un nuevo órgano electoral que tiene que elegir el Parlamento boliviano.

Los próximos comicios se celebrarán con un nuevo padrón de electores, después de que el anterior generara denuncias de irregularidades, y con todos los partidos que deseen concurrir.

Uno de los artículos clave es el que recalca que los candidatos no pueden eludir el límite constitucional de dos mandatos seguidos en sus cargos. La oposición concurrió a las anteriores elecciones pese a considerar que Morales era un candidato ilegal por no respetar ese límite, aunque su candidatura estaba avalada por el entonces órgano electoral.

El tribunal electoral terminó procesado y con muchos de sus miembros en detención preventiva, mientras se investiga un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre a favor de Morales, quien ante las protestas y la presión del Ejército dimitió y está asilado en México.

La ley suspende de forma transitoria otras normas con tal de acortar plazos, como la que establece las primarias para que los partidos elijan a sus candidatos, que no serán necesarias.

Consejo parlamentario 

La presidenta interina promulgó la ley acompañada por la dirigente del Senado boliviano, Eva Copa, del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en el Parlamento.

Esta norma fue aprobada por unanimidad este pasado sábado entre el MAS y la oposición en las Cámaras de Senadores y de Diputados, incluida la formación de Áñez, Unidad Demócrata.

Los comicios, aún sin fecha, pero que se esperan para el comienzo de 2020, son para elegir al presidente, al vicepresidente, a los diputados y senadores.

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Un militar le coloca la banda presidencial a Añez,  autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano. Imagen: EFE

En el Congreso boliviano, sin respaldo constitucional

Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

 

“Sí se pudo”, dijo Jeanine Añez al finalizar su discurso luego de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Mientras hablaba se escuchó cómo le susurraban qué decir. Luego se dirigió al balcón presidencial y saludó con la banda tricolor. Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

Añez se autoproclamó fuera de la Constitución y sin quorum. Se sabía que esa era la única manera de hacerlo, ya que la mayoría en ambas cámaras pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que la decisión fue de no sesionar.

Yañez, por lo tanto, primero se autoproclamó presidenta del Senado -figura que debe asumir el cargo de la presidencia interina luego de la renuncia del presidente y del vicepresidente- y luego se autoproclamó presidenta. Siguieron los aplausos de las pocas personas presentes en el recinto.

Este paso era imprescindible en la estrategia de un golpe de Estado que siempre tuvo como objetivo presentarse como democrático. Esa presentación tuvo desde un principio la cobertura de Estados Unidos, del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que este martes acusó a Evo Morales de haber cometido un golpe de Estado, y de una maquinaria mediática de protección.

Sin embargo, aún con esos respaldos, la ausencia de una formalidad de presidencia daba lugar a un vacío de gobierno -los poderes reales siempre siguieron actuando- que debía ser resuelto. El bloque que encabeza el golpe decidió entonces acelerar los pasos saltando toda legalidad para colocar la banda sobre los hombros de la persona elegida.

Nada de esto hubiera sido posible sin la participación de quienes detentan los poderes reales. Morales, quien llegó en horas de la mañana a México junto a Álvaro García Linera, denunció que Añez se autoproclamó “rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la Policía que reprimen el pueblo”.

No se trató de una imagen política: la policía y los militares reprimieron mientras Añez y toda la derecha celebraba en Bolivia. Sucedió en el centro de La Paz, en los alrededores de la Plaza Murillo, donde toda la tarde se mantuvo una movilización encabezada por quienes bajaron de la ciudad de El Alto, uno de los lugares donde se dieron las mayores protestas del país.

La movilización de El Alto fue uno de los puntos de mayor conflictividad. El lunes tuvo lugar el primer momento del levantamiento -su génesis había sido el sábado por la noche- con miles de hombres y mujeres en su gran mayoría pertenecientes a la nación aimara. Ese día terminó con tres muertos, según denunciaron. Las imágenes eran de manchas de sangre sobre metros de calle.

La jornada del martes fue entonces la anunciada llegada a La Paz, para lo cual los vecinos del centro se encerraron en sus casas, mientras que otros salieron a aplaudir a la masiva movilización con la bandera whipala en la mano.

La acción de calle nuevamente mostró la potencia de El Alto, a la vez que evidenció una dificultad de dirección, similar a la que ocurrió en los últimos días antes de consumarse el golpe de Estado y en la que ahora se encuentran las diferentes partes del proceso de cambio.

Las acciones de El Alto, donde se realizan cabildos a diario, no son las únicas en marcha. La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico llamó a movilizarse desde el jueves, y la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia decretó un plan de lucha para bloquear las carreteras del país y generar un cerco sobre la ciudad de La Paz que, luego de 48 horas de logrado el golpe, comienza a presentar dificultades de abastecimiento en gasolina y alimentos debido a que muchas tiendas están cerradas.

En ese contexto también se supo del anuncio de la Central Obrera Boliviana (COB) que daba “48 horas para restablecer el orden constitucional”. ¿Tomará la COB lo sucedido con Añez como restablecimiento del orden constitucional o irá a una huelga general?

La situación en Bolivia continúa con muchas preguntas, avances de quienes encabezan el bloque golpista, así como el crecimiento de resistencias en un contexto donde los canales de información son pocos. Resulta difícil saber qué sucede, tanto en el epicentro político de los debates, como en diferentes zonas de La Paz, de El Alto, y del país, en particular de las zonas más alejadas, rurales.

Son muchas las denuncias de muertos, represiones, humillaciones, persecusiones, en un contexto de ofensiva golpista que antes de lograr derrocar a Morales desplegó una oleada de violencia con grupos de choque armados, y que, una vez en el poder, con o sin gobierno, mantiene su ofensiva con el objetivo de descabezar al proceso de cambio. 

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