Domingo, 16 Febrero 2020 05:56

En la silla equivocada

Miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas entran a la Asamblea Legislativa en compañía del presidente Bukele / Foto: Afp, Str

La encrucijada de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Como el parlamento, a su criterio, estaba demorando más de la cuenta la aprobación del presupuesto para seguridad, el presidente salvadoreño declaró el asunto “emergencia nacional”. Luego convocó una asamblea extraordinaria, entró a la sede legislativa flanqueado por soldados y policías, y pretendió dirigir la sesión. Como no lo logró, rezó. Aunque el hecho, evidentemente, no pasó desapercibido, tampoco resultó extraño si se tienen en cuenta las características tradicionales del sistema político salvadoreño.

Durante el siglo XX, muchos países latinoamericanos han sufrido serias dificultades para mantener un equilibrio entre los órganos del Estado, se han hecho grandes esfuerzos para que el presidente no acumule demasiado poder, y es ahí donde vienen a la mente nombres como el de Fulgencio Batista, Perón, Stroessner, Porfirio Díaz, Pinochet o, en el caso de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Son personajes que, de una u otra forma, manejaron o manipularon a los otros poderes del Estado para mantenerse en la presidencia. De ninguna forma se está asegurando que Nayib Bukele sea un dictador, más bien se trata de no dejar pasar un evento significativo de nuestras tradiciones políticas.

DONDE NO LO LLAMAN.

El Salvador es un país con serios problemas de seguridad pública, aunque también padece de falta de fortalecimiento institucional, extrema pobreza y sistemas de salud y educación deficientes. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XXI dan señales de mejoras sustanciales. La guerra civil (1972-1992) dejó un sistema democrático bipartidista, en el que la derecha neoliberal quedó representada por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la ex guerrilla formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). El primero gobernó por 20 años con cuatro presidentes distintos, y el Fmln logró la alternabilidad en 2009 y gobernó por ocho años.

En 2019 un joven empresario de ascendencia palestina apareció –luego de militar en el Fmln– como una opción fresca y nueva que ofrecía soluciones a los problemas del país. Este personaje aseguraba ser distinto a “los mismos de siempre”, como llamaba a los partidos tradicionales. El 1 de junio de 2019 Nayib Bukele llegó a la presidencia, aprovechando su política fresca y su simpatía construida en redes sociales, sin mayor oposición. No tuvo problema en ganarle al Fmln y Arena gracias a su campaña, pero también en gran medida gracias al desgaste de los partidos antes mencionados.

Aun con una victoria muy celebrada nacional e internacionalmente, la expectativa continúa a ocho meses de gobierno. La evaluación a 100 días de gobierno expuso las promesas incumplidas. Los medios de comunicación más críticos acusaron a Bukele de no lograr la extradición del expresidente Mauricio Funes de la vecina Nicaragua, quien es buscado por la justicia salvadoreña por enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014). Funes se nacionalizó nicaragüense para evitar ser extraditado.

Por otra parte, prometió perseguir la corrupción a través de una comisión, pero no la ha llevado a cabo. En ese sentido, sus antecesores dispusieron de una cantidad no especificada de dinero, para usarla a su criterio. Esa “partida secreta”, como se la denominó, fue muy criticada, y Bukele prometió desmantelar la estructura que promovía el clientelismo político. Pero hasta el momento no hay novedades. Su gestión, sin embargo, ha tenido una buena evaluación a nivel regional e internacional, porque se ha enfocado en la seguridad pública a través del combate a los homicidios en el país más peligroso y violento de América Latina, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Bukele lo ha logrado, al menos eso sostienen su gobierno y simpatizantes. En su primer mes lanzó un plan de seguridad de tres fases y logró bajar los asesinatos de 231 en junio a 87 en julio de 2019, según los estimados más altos. La primera fase del plan consistió en enfocar los esfuerzos de la policía en 12 localidades con altos niveles de violencia, así como atacar, en cierta medida, las redes de financiamiento de las pandillas. Además, se trasladó reos que dirigían operaciones ilícitas desde las cárceles y se interrumpió los servicios telefónicos en los centros penales. Con esto logró disminuirse la incidencia de los miembros de las pandillas, presos por sus crímenes. La segunda fase consistió en expandir el área de despliegue de la policía y el ejército a espacios concretos, como urbanizaciones y colonias que se veían afectadas por el accionar de las pandillas. Esta fase tuvo, al parecer, resultados favorables, aunque su alcance es aún materia de debate.

La tercera fase se ha complicado. Presentada en agosto de 2019, buscó modernizar y tecnificar a la policía y el ejército con equipo de última generación para que sus acciones fueran más eficientes. Pero Bukele no ha dado detalles, y los diputados exigen información; hasta ahora se sabe que se busca adquirir helicópteros, un barco, armas, chalecos antibalas, cascos de visión nocturna y cámaras de videovigilancia. Todo lo anterior con un presupuesto de 109 millones de dólares, por lo que el presidente urge la aprobación de la autorización para gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los parlamentarios le han dado largas a las discusiones, aprobando y retractándose de su decisión, y Bukele se desesperó. El domingo 9 de febrero utilizó el poder del Ejecutivo para que su Consejo de Ministros convocara una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con la justificación de una emergencia nacional ante el prolongado período de discusión del presupuesto para seguridad. Las acciones del domingo por la tarde no favorecieron al presidente: los diputados de Arena y del Fmln –los políticos peor calificados por la población salvadoreña– se rehusaron a asistir a la Asamblea y sólo se presentaron 29 de los 84 legisladores.

El presidente, que realizó un evento político afuera del parlamento, terminó entrando al salón de la Asamblea, flanqueado por medio centenar de soldados y policías armados que se tomaron la sede legislativa, y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea. Desde allí llamó a sesión parlamentaria y, al darse cuenta de que no había suficientes diputados, se dispuso a orar: aseguró que Dios le había dicho que tuviera paciencia. En El Salvador, donde la enorme mayoría de la población es católica y evangélica, las acciones de Bukele fueron una burla a la religión. Al abandonar la sede parlamentaria, Bukele siguió señalando a los diputados como corruptos e irresponsables por no aprobar el presupuesto para seguridad pública.

Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de febrero, los formadores de opinión –desde los diarios y noticieros– acusaron a Bukele de irrespetar la Constitución, la institucionalidad democrática y de dar muestras de autoritarismo. Pero vale recordar que estos males son, lamentablemente, características tradicionales del sistema político salvadoreño. Si bien después de la guerra civil se realizaron reformas importantes para evitarlos, nuestra sociedad tiende a su tradicional caudillismo, que fácilmente degenera en autoritarismo o incluso en dictaduras.

LÍMITES.

Las consecuencias no paran ahí. La sala de lo constitucional del órgano judicial emitió cuatro medidas cautelares contra el presidente y sus ministros: le prohibieron hacer convocatorias a la Asamblea emitidas por el Consejo de Ministros, suspender cualquier acuerdo tomado en la sesión del 9 de febrero de 2020, que el presidente se abstenga de hacer uso del ejército y la policía, y al ejército y la policía no acatar órdenes fuera de sus labores constitucionales. Así los equilibrios de poder republicanos parecen restablecerse, pero el sistema aún falla y necesita fortalecerse. La democracia no es un destino, sino una construcción constante que debe ser vigilada.

Las lecciones para aprender de este episodio de la vida republicana salvadoreña son importantes. Siguiendo la tradición caudillista, Bukele aprovechó su carisma y capital político para llegar a la presidencia. Tanto la Asamblea Legislativa, que tiene una mala aceptación a nivel nacional, como el Ejecutivo, que goza de una relativa aceptación por parte de la población, se vieron muy mal al insultarse públicamente y dañar la frágil institucionalidad del país. Por último, conviene decir que la sociedad civil es la llamada a mediar y exigir una discusión real y consensuada de los planes de gobierno y de la aprobación de préstamos a organismos internacionales, y a evitar la injerencia de un órgano de Estado en otro. Además, quedó demostrado que la Asamblea y los partidos de oposición ahí representados tienen fuerza y apoyo de sus bases para asumir, junto con la sociedad civil, el debido control de los gobiernos democráticamente elegidos.

Por Alfredo Ramirez

14 febrero, 2020

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Evo Morales se presenta a senador en Bolivia para las elecciones de mayo

Morales encabeza la candidatura de su partido por la región de Cochabamba, donde comenzó su carrera política, en una lista que debe confirmar el órgano electoral

 

Evo Morales figura en la candidatura al Senado por el Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de mayo en Bolivia, en una lista presentada este lunes después de denunciar una "persecución política" para impedir que se inscribiera.

Morales encabeza la candidatura de su partido a la Cámara de Senadores por la región boliviana de Cochabamba, donde comenzó su carrera política como diputado en 1997, en un listado que debe ser aún habilitado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.

El expresidente y su partido habían denunciado una persecución política para impedir la candidatura, con acciones como un intento esta misma jornada de detener a uno de los abogados que está apoderado por Evo Morales desde Argentina para presentar la documentación ante el órgano electoral.

El propio Morales publicó que el abogado, Wilfredo Chávez, estaba "a buen recaudo" después de que "la dictadura" intentara detenerlo para "eliminar al MAS" del proceso para las elecciones del 3 de mayo. Wilfredo Chávez escribió en esta red social que fue objeto de un "intento" para detenerlo con el fin de impedir que inscribiera las candidaturas del MAS.

Se encuentra en Argentina desde diciembre

Evo Morales se encuentra desde el pasado diciembre en Argentina, donde ha solicitado refugio y desde donde ejerce como jefe de campaña del MAS. La posibilidad de que fuera candidato a senador o diputado se barajaba desde hace días, tras plantearla su partido desde la región de Cochabamba, donde Morales se dio a conocer como sindicalista cocalero antes de dar el salto a la política.

Este lunes concluía el plazo para inscribir listas electorales, que ahora tiene que revisar el órgano electoral para determinar si cumplen o no los requisitos.

La candidatura de Morales es cuestionada desde que transcendió la posibilidad de que la presentara, pues uno de los requisitos es residir de forma permanente al menos desde dos años antes en la circunscripción electoral por la que se presente el candidato.

Evo Morales cuando era presidente acudía a votar a un centro de votación en que estaba inscrito en el Chapare, una zona cocalera de Cochabamba, pero lleva fuera de Bolivia desde que el 11 de noviembre salió hacia México, donde estuvo asilado antes de viajar después a Argentina.

Morales anunció su renuncia tras un golpe de Estado para derrocarlo el pasado noviembre. Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que hubo "operaciones dolosas" en las elecciones del 20 de octubre, que alteraron "la voluntad expresada en las urnas". 

Por EFE / eldiario.es

04/02/2020 - 08:16h

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Daniel Urresti, exgeneral y exministro fue el congresista más votado.  Imagen: AFP

Daniel Urresti ganó repitiendo sus mensajes de mano dura contra la delincuencia

Las elecciones legislativas dejaron preocupaciones: un exgeneral procesado por asesinato fue el candidato con más votos; un partido xenófobo y promotor de la pena de muerte quedó como tercera fuerza y una secta evangélica en segundo lugar. 

 

Las elecciones parlamentarias del domingo dejaron varias sorpresas y preocupaciones: un represor procesado por asesinato como el candidato más votado, la aparición como tercera fuerza en el Congreso de un partido radical xenófobo y promotor de la pena de muerte ligado al encarcelado ex militar Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, y la irrupción como segundos en la votación nacional de una secta evangélica ultraconservadora. Un escenario complicado para un nuevo Congreso atomizado, en el cual habría diez bancadas para 130 escaños. La primera fuerza parlamentaria, la centro derechista Acción Popular, tendrá solamente 24 legisladores.

El represor convertido en el congresista con mayor respaldo de votos es el exgeneral y exministro del Interior Daniel Urresti. Su oscura historia está ligada a los años del conflicto armado entre el Estado y el grupo maoísta Sendero Luminoso, que dejó 70 mil muertos. Urresti fue enviado en los años 80 como capitán del ejército a Ayacucho, zona andina donde nació Sendero y fue el epicentro del conflicto. Asumió la dirección de inteligencia, puesto clave en las operaciones militares. Eran tiempos en los cuales los secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y matanzas de comunidades campesinas, cometidas por militares y senderistas, eran cosa cotidiana en esa región.

En noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos fue asesinado por los militares. Fue acribillado y luego volado con una granada en un paraje rural de Ayacucho cuando iba en una moto a cubrir el asesinato de dos personas. Los militares, que sabían de su viaje, lo habían estado esperando. Varios testimonios involucran en el crimen a Urresti, que como jefe de inteligencia tenía un importante puesto de mando. Una campesina, que vivía cerca al lugar, lo ha acusado de haberla violado el mismo día del asesinato del periodista y amenazado con matarla si hablaba. El hoy congresista electo niega los cargos y califica a sus acusadores de “delincuentes” y “terroristas”.

Después de largos años de impunidad, Urresti fue procesado, pero en 2018 fue absuelto. Sin embargo, la Corte Suprema anuló el juicio por una serie de irregularidades y el militar deberá ser juzgado nuevamente, pero ahora eso no podrá ocurrir porque estará protegido por la inmunidad parlamentaria.

 Urresti fue ministro del Interior del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), cargo desde el cual empezó a construirse una imagen de luchador contra la inseguridad ciudadana, aspecto clave para su triunfo electoral del domingo. Se formó esa imagen con operativos policiales con más espectacularidad y difusión mediática, que efectividad. En octubre de 2018 postuló a la alcaldía de Lima, con un mensaje de mano dura contra la delincuencia, quedando segundo. Fue derrotado, pero había comenzado a construir una base electoral.

Ahora Urresti ha ganado la elección parlamentaria repitiendo sus mensajes de mano dura contra la delincuencia. Postuló como cabeza de lista por el partido Podemos Perú, agrupación nueva formada por el cuestionado empresario José Luna, que se ha hecho millonario con el negocio de la educación universitaria de baja calidad y que tiene varias acusaciones de corrupción. En sus primeras declaraciones como congresista electo, Urresti ha buscado acercarse al gobierno de Martín Vizcarra, ofreciéndole apoyo. Después de esta victoria electoral, el represor se posiciona como un posible candidato presidencial para las elecciones de abril de 2021.

Otro que aspira a ser candidato en 2021 es Antauro Humala. El partido Unión por el Perú (UPP), que respalda a Antauro, se ha convertido en la tercera fuerza del Congreso con 17 legisladores. Pero Antauro la tiene más complicada porque está en prisión cumpliendo una condena por el asalto a una comisaría que dejó cuatro policías muertos en enero de 2005, en un farsesco intento de derrocar al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Cumple su condena en 2024, por lo que no podrá ser candidato. Pero UPP ha anunciado que utilizará su fuerza en el Parlamento para pedir la excarcelación de Antauro y que se habilite su candidatura.

UPP sorprendió con su votación en las zonas andinas más empobrecidas. Antauro y los de UPP disparan contra el modelo neoliberal y se dicen de izquierda, pero asumen posturas que los ubican en la ultra derecha: tienen un discurso xenófobo -proponen prohibir que se les dé trabajo a los extranjeros-, exigen la pena de muerte y que los militares salgan a las calles para controlar la seguridad. Homofóbico, alguna vez Antauro habló de fusilar a los homosexuales. Este extraño personaje, entre pintoresco y peligroso, es el otro gran ganador, junto al represor Urresti, de las elecciones parlamentarias del domingo.

También está la sorpresa de la secta evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, que a través del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), dejó a todos mudos con su segundo lugar, con 8,9 por ciento. Hasta el domingo nadie los tomaba en serio. Se hace llamar “israelitas” y su mayor presencia está en las zonas rurales, especialmente amazónicas y andinas.

“Los homosexuales tienen el mal enquistado en su corazón y en su sangre, pero van a tener oportunidad de conocer el decálogo universal y mediante eso van a entrar en la moral. Nuestro señor Dios de Israel creó hombre y mujer. Promoveremos en los colegios una educación con moral”, han sido las declaraciones con las que el vocero de los israelitas, Wilmer Cayllahua, probable congresista, debutó luego de su inesperado segundo lugar en las elecciones. 

El fujimorismo, duramente derrotado, ya ha comenzado a moverse para buscar acuerdos con esta secta mesiánica y ultraconservadora.   

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Martes, 26 Noviembre 2019 05:49

Batacazo en Hong Kong

Batacazo en Hong Kong

 Los candidatos antirégimen chino consiguieron una aplastante victoria en las elecciones municipales celebradas el domingo en Hong Kong. Con una participación récord del 71,2 por ciento, casi tres millones de personas acudieron a las urnas en un momento clave para Hong Kong, una antigua colonia británica que se encuentra envuelta en una de las mayores revueltas de su historia desde que fue devuelta a China en 1997. La oposición al gobierno obtuvo 396 de los 452 escaños (cerca del 90 por ciento de las bancas de los consejos de distritos) lo que supone un claro rechazo a los candidatos proChina y, por ende, a la administración de la líder de Hong Kong, Carrie Lam. La debilitada gobernadora admitió el aplastante triunfo de la oposición y aseguró en rueda de prensa que escuchará a la población "con la mente abierta". Reconoció que "pese la difícil situación social, las elecciones se desarrollaron de manera pacífica y segura".

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La Cámara de Diputados de Bolivia convoca elecciones generales

La ley para la convocatoria y realización de nuevos comicios, que consta de de 24 artículos y cinco disposiciones finales, ha sido aprobada por el Senado de Bolivia de forma unánime.

24/11/2019 10:31 Actualizado: 24/11/2019 17:33

efe

La presidenta interina de Bolivia tras el Golpe de Estado, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la ley de urgencia para convocar lo antes posible nuevos comicios en el país, con el compromiso de que serán unas elecciones "limpias, justas y transparentes".

Jeanine Áñez subrayó el compromiso de su Gobierno provisional con unas elecciones limpias frente al "fraude" del que acusa a Evo Morales en los comicios del pasado 20 de octubre, cuyos resultados con esta ley quedan anulados.

"Bendito sea Dios por este día", fueron las primeras palabras de Áñez tras firmar la ley en el palacio de Gobierno en La Paz. "No ha sido fácil construir el consenso", reconoció, necesario en el Parlamento para aprobar por unanimidad esta ley para que los bolivianos "elijan sin fraude, sin engaños y sin chantaje".

Frente a las "maquinaciones oscuras, como hizo el Gobierno del expresidente Evo Morales", según la mandataria provisional. "Dios los bendiga siempre, llega el tiempo de la reconciliación, que Dios bendiga a toda Bolivia", fueron sus palabras para cerrar el discurso.

Los principales artículos 

Uno de los primeros puntos de esta norma, excepcional y transitoria, es la anulación de la votación tras la que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

Otro es el que establece que la próxima cita con las urnas tiene que celebrarse en un plazo máximo de 120 días, a partir de que sean convocadas por un nuevo órgano electoral que tiene que elegir el Parlamento boliviano.

Los próximos comicios se celebrarán con un nuevo padrón de electores, después de que el anterior generara denuncias de irregularidades, y con todos los partidos que deseen concurrir.

Uno de los artículos clave es el que recalca que los candidatos no pueden eludir el límite constitucional de dos mandatos seguidos en sus cargos. La oposición concurrió a las anteriores elecciones pese a considerar que Morales era un candidato ilegal por no respetar ese límite, aunque su candidatura estaba avalada por el entonces órgano electoral.

El tribunal electoral terminó procesado y con muchos de sus miembros en detención preventiva, mientras se investiga un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre a favor de Morales, quien ante las protestas y la presión del Ejército dimitió y está asilado en México.

La ley suspende de forma transitoria otras normas con tal de acortar plazos, como la que establece las primarias para que los partidos elijan a sus candidatos, que no serán necesarias.

Consejo parlamentario 

La presidenta interina promulgó la ley acompañada por la dirigente del Senado boliviano, Eva Copa, del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en el Parlamento.

Esta norma fue aprobada por unanimidad este pasado sábado entre el MAS y la oposición en las Cámaras de Senadores y de Diputados, incluida la formación de Áñez, Unidad Demócrata.

Los comicios, aún sin fecha, pero que se esperan para el comienzo de 2020, son para elegir al presidente, al vicepresidente, a los diputados y senadores.

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Un militar le coloca la banda presidencial a Añez,  autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano. Imagen: EFE

En el Congreso boliviano, sin respaldo constitucional

Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

 

“Sí se pudo”, dijo Jeanine Añez al finalizar su discurso luego de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Mientras hablaba se escuchó cómo le susurraban qué decir. Luego se dirigió al balcón presidencial y saludó con la banda tricolor. Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

Añez se autoproclamó fuera de la Constitución y sin quorum. Se sabía que esa era la única manera de hacerlo, ya que la mayoría en ambas cámaras pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que la decisión fue de no sesionar.

Yañez, por lo tanto, primero se autoproclamó presidenta del Senado -figura que debe asumir el cargo de la presidencia interina luego de la renuncia del presidente y del vicepresidente- y luego se autoproclamó presidenta. Siguieron los aplausos de las pocas personas presentes en el recinto.

Este paso era imprescindible en la estrategia de un golpe de Estado que siempre tuvo como objetivo presentarse como democrático. Esa presentación tuvo desde un principio la cobertura de Estados Unidos, del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que este martes acusó a Evo Morales de haber cometido un golpe de Estado, y de una maquinaria mediática de protección.

Sin embargo, aún con esos respaldos, la ausencia de una formalidad de presidencia daba lugar a un vacío de gobierno -los poderes reales siempre siguieron actuando- que debía ser resuelto. El bloque que encabeza el golpe decidió entonces acelerar los pasos saltando toda legalidad para colocar la banda sobre los hombros de la persona elegida.

Nada de esto hubiera sido posible sin la participación de quienes detentan los poderes reales. Morales, quien llegó en horas de la mañana a México junto a Álvaro García Linera, denunció que Añez se autoproclamó “rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la Policía que reprimen el pueblo”.

No se trató de una imagen política: la policía y los militares reprimieron mientras Añez y toda la derecha celebraba en Bolivia. Sucedió en el centro de La Paz, en los alrededores de la Plaza Murillo, donde toda la tarde se mantuvo una movilización encabezada por quienes bajaron de la ciudad de El Alto, uno de los lugares donde se dieron las mayores protestas del país.

La movilización de El Alto fue uno de los puntos de mayor conflictividad. El lunes tuvo lugar el primer momento del levantamiento -su génesis había sido el sábado por la noche- con miles de hombres y mujeres en su gran mayoría pertenecientes a la nación aimara. Ese día terminó con tres muertos, según denunciaron. Las imágenes eran de manchas de sangre sobre metros de calle.

La jornada del martes fue entonces la anunciada llegada a La Paz, para lo cual los vecinos del centro se encerraron en sus casas, mientras que otros salieron a aplaudir a la masiva movilización con la bandera whipala en la mano.

La acción de calle nuevamente mostró la potencia de El Alto, a la vez que evidenció una dificultad de dirección, similar a la que ocurrió en los últimos días antes de consumarse el golpe de Estado y en la que ahora se encuentran las diferentes partes del proceso de cambio.

Las acciones de El Alto, donde se realizan cabildos a diario, no son las únicas en marcha. La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico llamó a movilizarse desde el jueves, y la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia decretó un plan de lucha para bloquear las carreteras del país y generar un cerco sobre la ciudad de La Paz que, luego de 48 horas de logrado el golpe, comienza a presentar dificultades de abastecimiento en gasolina y alimentos debido a que muchas tiendas están cerradas.

En ese contexto también se supo del anuncio de la Central Obrera Boliviana (COB) que daba “48 horas para restablecer el orden constitucional”. ¿Tomará la COB lo sucedido con Añez como restablecimiento del orden constitucional o irá a una huelga general?

La situación en Bolivia continúa con muchas preguntas, avances de quienes encabezan el bloque golpista, así como el crecimiento de resistencias en un contexto donde los canales de información son pocos. Resulta difícil saber qué sucede, tanto en el epicentro político de los debates, como en diferentes zonas de La Paz, de El Alto, y del país, en particular de las zonas más alejadas, rurales.

Son muchas las denuncias de muertos, represiones, humillaciones, persecusiones, en un contexto de ofensiva golpista que antes de lograr derrocar a Morales desplegó una oleada de violencia con grupos de choque armados, y que, una vez en el poder, con o sin gobierno, mantiene su ofensiva con el objetivo de descabezar al proceso de cambio. 

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Ministro de Defensa de Colombia presenta su dimisión tras escándalo por la masacre de ocho menores de edad

Las muertes ocurrieron en el marco de un operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares de Colombia.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles luego de haberse difundido información sobre la muerte de ocho menores de edad tras un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país. 

"El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional", reza un comunicado oficial de su despacho.

Tras aceptar la renuncia de Botero, el presidente Iván Duque informó a través de su cuenta de Twitter que el general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, será el nuevo ministro de Defensa. 

En medio del escándalo político, Duque destacó los supuestos logros durante la gestión de Botero, entre los que enumeró el "freno" al crecimiento de los cultivos de coca y la reducción del delito de homicidio en 2%. 

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación detalló que de los 15 cuerpos identificados por equipos forenses tras el bombardeo en Caquetá, 8 eran menores de edad y 7 adultos. Otros dos cadáveres permanecen sin identificar.

La dependencia informó que el fiscal del caso ha autorizado la entrega a familiares de 10 cuerpos identificados. 

La operación 

El 30 de agosto, Botero informó a través de su cuenta de Twitter que habían muerto nueve integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales' (GAO), como también son llamados los grupos disidentes de las FARC-EP. "Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos", agregó en su trino.

Días después, el ministro de Defensa actualizó la cifra a 14 personas fallecidas, entre los que se encontraba 'Gildardo El Cucho', quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales. Esta operación, que fue la primera acción de los cuerpos de seguridad del Estado, tras el anuncio del prófugo de la Justicia colombiana Iván Márquez y un grupo de guerrilleros de regresar a las armas, fue resaltada como una victoria del Gobierno de Duque.

Sin embargo, el pasado martes, durante una moción de censura contra el ministro, el senador del Partido Social de Unidad Nacional, Roy Barreras, presentó un informe de Medicina Legal que puso en entredicho la versión oficial. 

"Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños", afirmó Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Además, el legislador advirtió que esa cifra podría incrementarse debido a que cuatro cuerpos "llegaron tan despedazados" y las pruebas forenses solo pudieron establecer que tres tenían menos de 20 años.

Después del informe presentado por el senador, Botero alegó que las operaciones militares "siempre se realizan de acuerdo de estándares internacionales de derecho humanitario" y aseguró que cuando se llevó a cabo la operación, "no se sabía la presencia de menores".

Botero, quien llevaba 14 meses de funciones, adujo que ese tipo de operaciones "tienen control judicial y estaban soportadas en investigaciones de dos fiscalías".

Publicado: 6 nov 2019 23:48 GMT | Última actualización: 7 nov 2019 04:29 GMT

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El Constitucional colombiano hunde la reforma tributaria de Duque

La Corte Constitucional de Colombia decidió este miércoles hundir la ley de financiamiento del Gobierno de Iván Duque, con la que contaba para atraer inversión extranjera por la vía de reformas tributarias y fiscales. La decisión, tal como admitió el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, es un golpe a la credibilidad de su política económica.

Después de diez horas de análisis y, en una decisión de seis votos contra tres, la Sala Plena del Constitucional resolvió enterrarla como respuesta a dos demandas que pedían tumbarla por completo y señalaban que era inconstitucional porque se aprobó con vicios de trámite, un término para referirse a los errores de procedimiento. Estas eran apenas dos de las 26 demandas que llegaron a la corte contra esta ley, pero fueron definitivas para la decisión.

Según la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, la ley fue presentada de manera incompleta y no tuvo la publicidad necesaria en el Legislativo. Es decir, que los miembros de la Cámara votaron la reforma tributaria sin conocer todas las modificaciones hechas en el Senado. La magistrada enumeró cuatro razones: “primero, se evidenció que el texto aprobado por el Senado fue publicado en la Gaceta con posterioridad a su aprobación en la Cámara de Representantes; segundo, no hay constancia de que se hubiera distribuido una copia impresa del texto; tercero, la explicación oral ofrecida por un senador de la república no fue específica, precisa ni suficiente bajo los parámetros jurisprudenciales para admitir este tipo de publicidad; y cuarto, tampoco se anunció que la información estaba publicada en la página web del Senado”. La decisión entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2020 con el propósito de "modular sus efectos" sobre la economía colombiana.

La expectativa por la noticia tuvo en vilo a políticos y gremios durante todo el día por las posibles consecuencias que pueda tener para la economía. El Gobierno, a través de varios de sus funcionarios, encabezados por el ministro Carrasquilla, había advertido que de hundirse esto podría detener el crecimiento del Producto Interno Bruto.

“Es un golpe descomunal”, apunta Ricardo Ávila, analista del periódico El Tiempo, aunque matiza que hay tiempo para presentar una nueva ley en el Congreso. Aunque Colombia crecerá este año en cifras cercanas al 3%, de cara al 2020 se oscurecen un poco las perspectivas, señala. Si bien el esquema viejo daba más recaudos, “de alguna manera la estrategia económica de Duque, que consistía en mejorar la competitividad tributaria del país en el caso de las empresas y adicionalmente crear una serie de estímulos en una serie de sectores, incluidos los de la economía naranja, se le cae”, señala.

Para Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana y analista de la cadena  RCN, “no es un escenario catastrófico, pero debe obligar a la reflexión política del presidente Duque”. La Corte apela a lo que se conoce como efectos diferidos, lo que permite que los artículos de la ley operen hasta el final del año fiscal, que en Colombia termina en diciembre, de manera que no habría ningún efecto inmediato en términos de recaudo tributario, ni de gasto, explica. “Lo que es preocupante es que en el mediano plazo sí puede tener un efecto sobre las condiciones de inversión”, advierte. “La reducción del conflicto y esa caída en los impuestos era algo que estaba explicando la extraordinariamente alta tasa de crecimiento de Colombia para el contexto de América Latina”.

Uno de los efectos más probables es que la necesidad de volver a presentar, antes del 31 de diciembre de este año, una nueva ley de financiamiento en el Congreso, donde Duque carece de mayorías, aplace otras iniciativas, como la reforma de pensiones que ya había anunciado el Gobierno. Carrasquilla, quien sobrevivió un intento de moción de censura a finales del año pasado, se asoma como el principal responsable político del nuevo escenario. Sin embargo, “si hay alguien que ha demostrado que tiene resiliencia política es Alberto Carrasquilla, es el único peso pesado del Gobierno”, valora Restrepo.

Por Catalina Oquendo  / Santiago Torrado

Bogotá 17 OCT 2019 - 03:16 COT

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:29

Pitazos

Los pitazos de denunciantes o filtradores contra el abuso de poder han marcado la historia reciente de Estados Unidos. Un caso emblemático fue el escándalo de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon el 9 de agosto de 1974 (en la imagen, al abandonar la Casa Blanca luego de dimitir).Foto Ap

Los pitazos contra el abuso y empleo ilegal del poder han marcado la historia de Estados Unidos, sobre todo durante el último medio siglo. Trump ahora está bajo investigación para un juicio político gracias a un whistleblower (literal, alguien que sopla, o que da el pitazo), y vale recordar que los pitazos han ayudado a poner fin a una guerra, frenar algunos programas de espionaje masivo de ciudadanos y programas de tortura, revelar corrupción a varios niveles y hasta derrumbar a un presidente.

Hay una diferencia entre un denunciante y un filtrador, el primero emplea los canales internos oficiales establecidos por ley para alertar al Congreso sobre algo indebido en el ejercicio del gobierno, el segundo intenta entregar información sobre abusos y delitos oficiales al público generalmente vía los medios. Ambos dan el pitazo para revelar abusos de poder o actos ilegales.

Para algunos son héroes que rescatan la democracia; para otros son espías y traidores. Depende de los intereses de las cúpulas en dadas coyunturas y obviamente sobre qué se está divulgando y sobre quién.

Fue hace justo 50 años que el analista militar Daniel Ellsberg empezó a hacer copias de los llamados Papeles del Pentá gono que revelaban las mentiras oficiales sobre la guerra en Vietnam. Fue acusado por la Casa Blanca de Nixon de violar la Ley de Espionaje y el gobierno intentó prohibir la publicación de los documentos en el Washington Post y el New York Times en 1971, disputa que llegó hasta la Suprema Corte, la cual falló a favor de los medios.

Poco después, estalló el escándalo conocido como Watergate y fue otro tipo de denunciante, apodado Garganta Profunda ( Deep Throat), quien guió a los reporteros del Washington Post hasta llegar al fondo de las operaciones ilegales de Nixon, lo que detonó un proceso de impeachment y culminó con la renuncia del mandatario antes de que fuera destituido. La fuente fue revelada en 2005: Mark Felt había sido durante ese tiempo nada menos que el subdirector de la FBI.

El denunciante (y ahora son dos o tal vez más), un oficial de inteligencia, quien de-tonó el proceso de impeachment actual contra Trump es festejado como un patriota valiente que cumple con su deber por la cúpula política demócrata que exige que le sean brindadas todas las protecciones que otorga la ley.

Pero, a diferencia de los denunciantes en el caso Trump, la cúpula política estadu-nidense, de manera bipartidista, acusa de "criminales" a los filtradores/denunciantes y a los que los publican, incluidos tres de los más importantes de los últimos años, a quienes han acusado de violar la ley de espionaje, entre otras: Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra encarcelado en Londres con la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos por publicar documentos oficiales secretos que incluyen crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas. Chelsea Manning, de nuevo encarcelada por negarse a cooperar en el caso contra Assange después de que cumplió siete años de prisión por filtrar documentos militares a Wikileaks. Y Edward Snowden, asilado en Moscú después de tal vez la mayor filtración de documentos de seguridad nacional en la historia de Estados Unidos que revelaron, entre otras cosas, programas de espionaje masivo a ciudadanos en Estados Unidos y otras partes del mundo.

En su libro recién publicado, Permanent Record, Snowden se identifica así: "Antes yo trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el público".

Y hay varios más que están o fueron encarcelados, perdieron sus empleos y más por atreverse a alertar sobre programas que son ocultados a la opinión pública y que van desde tortura hasta métodos de espionaje e incluso programas secretos de asesinato con drones y múltiples mentiras oficiales.

Las cúpulas políticas, y sobre todo el sector de seguridad nacional, en general detestan en principio toda revelación no autorizada por ellos sobre lo que desean ocultar del pueblo al que supuestamente sirven. Por ello, el debate sobre los pitazos es esencialmente una disputa sobre la democracia (y dentro de ello, la libertad de la prensa).

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Los evangelistas sionistas al rescate de Trump amenazan con una guerra civil en EU

Dos años después no variaron tanto los cuatro escenarios que postulé sobre el epílogo de Trump (https://bit.ly/2mD2MR4). Lo que sí varió es la fractura entre demócratas y republicanos que pasó de la “guerra civil soft” (https://bit.ly/2XBNWYZ) al borde de una “guerra civil casi hard”.

El día del anuncio de la "investigación" con fines de defenestración ( impeachment) en la Cámara de mayoría demócrata, Trump había fustigado a los globalistas en la ONU.

Trump retwitteó las amenazas del pastor bautista Robert Jeffress (https://bit.ly/2mMa9pC), quien advirtió que su impeachment “causaría una guerra civil (sic) como fractura (…) de la que nuestro país nunca sanará” (https://bit.ly/2p4Y5R4). Robert Jeffress es pastor del bautismo sureño de la Primera Iglesia Bautista en Dallas, que aglutina a 13 mil feligreses y es ferviente partidario de Trump a quien "aconseja" en materia religiosa.

La apertura de la embajada de EU en la parte palestina de Jerusalén ocupada por Israel fue avalada por los evangelistas sionistas texanos Robert Jeffress y John Hagee (https://bit.ly/2ocZbtF).

A juicio de Robert Jeffress, los demócratas saben que no podrán ganarle al presidente en 2020 por lo que el “ impeachment es el único instrumento que tienen para deshacerse de Trump”, ya que a los "demócratas no les importa si incendian y destruyen al país".

Comentó que "nunca había visto a los evangelistas más furiosos en un tema como este intento de defenestrar en forma ilegítima al presidente de su puesto, como anular la elección de 2016 y negar los votos de millones de evangelistas".

En búsqueda del influyente voto de los judíos, el mismo pastor imprecó que "serían maldecidos con sus hijos por Dios si votasen por los demócratas", en eco a la jeremiada de Trump quien espetó que los judíos que votasen por los candidatos demócratas eran "desleales" –no especificó si a EU y/o a Israel–.

Han resonado más las incriminaciones criminales del Partido Demócrata contra Trump que las brutales inculpaciones en contra de Hunter, el hijo pródigo del ex vicepresidente Joe Biden, sobre sus tratativas mafiosas en Ucrania, con la gasera Burisma, y en China donde descolgó mil 200 millones de dólares en forma clandestina.

El Partido Demócrata se ha ido con todo y ha citado al procurador William Barr y al secretario de Estado, Mike Pompeo.

Los Republicanos no están mancos y Rudolph Giuliani, implacable abogado privado de Trump, se ha ido a la yugular de Joe Biden quien solicitó a las televisoras que le impidan discutir sus escándalos en Ucrania (https://bit.ly/2mGhg2D).

El mismo Trump ha despotricado de "traición" contra el jefe de la Cámara de Espionaje, Adam Schiff, vinculado a George Soros (https://bit.ly/2nziLjH) y financiado por el contrabandista de armas ucraniano Igor Pasternak (https://bit.ly/2mTizeP).

Destaca que el israelí-estadunidense Stephen Miller, consejero político de Trump y connotado mexicanófobo, arremetió contra el anónimo delator ( whistleblower), aunque indicó que es un operador del Deep State (Estado Profundo) –¿la CIA?–y a quien Trump retó a salir de su clandestinidad.

El whistleblower anónimo explotó el ucraniagate contra Trump, quien presuntamente chantajeó al presidente de Kiev para ventilar los expedientes criminales de Hunter Biden a cambio de la ayuda militar de EU.

Se trata de una batalla épica de feroces ataques y contrataques donde la percepción de los ciudadanos y el flagrante favoritismo de los multimedia tendrán un enorme impacto, no se diga las traiciones en ambos partidos, al unísono de la métrica cuantitativa de los donativos.

Si los Demócratas no consiguen defenestrar a Trump después de haber abierto la Caja de Pandora de Ucrania, cuando ya les falló el russiagate, es probable que sufran un "efecto bumerán" (https://bit.ly/2nyDt3b).

Quien salga menos mancillado y menos herido de muerte del lodazal jurídico y de espionaje que se ha desatado será el vencedor de la batalla pírrica, donde Trump, gran aficionado al box y consejero financiero del campeón de peso pesado, Mike Tyson, combatirá hasta el último round (https://bit.ly/2nxvsLK).

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