Alexandria Ocasio-Cortez y la política del baile

Se cuenta que Emma Goldman, gran pensadora anarquista, escritora y activista por la justicia social de principios del siglo XX, manifestó alguna vez: “Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución”. Si bien es posible que no haya pronunciado exactamente estas mismas palabras, el sentido de la frase tuvo su actualización en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada cuando empezó a circular en las redes sociales un video de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez bailando con amigos cuando era estudiante de la Universidad de Boston, hace 10 años. El video salió a la luz en un intento fallido de desacreditar a la nueva integrante del Congreso mientras asumía como la mujer más joven electa para integrar la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos.

La respuesta de Ocasio-Cortez a las críticas en internet fue concisa y brillante: un tuit con un video de ella bailando mientras se dirigía a su nueva oficina del Congreso. El video captó una atención tremenda. Lo que se pasó por alto fue el son al que bailaba: el clásico himno contra la guerra de 1970, “War”, cantado por Edwin Starr. Este tema se convirtió rápidamente en el número uno en el verano de 1970 y ha sido un importante himno contra la guerra desde entonces. “Guerra / Para qué sirve / Para absolutamente nada”, dice el estribillo. Ocasio-Cortez va pronunciando las palabras mientras baila hacia la puerta de su oficina en el Congreso.

El sitio web de la campaña de Ocasio-Cortez detalla una serie de políticas progresistas, entre las que se incluye la propuesta de una “economía de paz”. “Desde 2018 participamos en acciones militares en Libia, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y Somalia. Cientos de miles de civiles en estos países han muerto como daño colateral de los ataques estadounidenses o por la inestabilidad causada por las intervenciones de Estados Unidos. Millones más han huido de sus fracturados países, lo que contribuye a la crisis mundial de refugiados (…) Debemos poner fin a la “guerra eterna” implementando la retirada de nuestras tropas y poniendo fin a los ataques aéreos que perpetúan el ciclo del terrorismo en todo el mundo”.

Ocasio-Cortez corrigió recientemente a Sean Hannity, presentador de Fox News y asesor no oficial del presidente Donald Trump, quien la acusó de la herejía de exigir el “fin de los ataques aéreos militares”. La representante respondió con un tuit en el que afirma estar a favor de “acabar con las guerras injustas” por completo.

Desde su victoria en las elecciones primarias demócratas para representar al 14° Distrito de Nueva York, en las que derrotó al poderoso demócrata Joe Crowley, en aquel momento congresista en funciones, Ocasio-Cortez ha sido atacada regularmente por la derecha. En julio del año pasado declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Los temas en los que basé mi campaña eran muy claros y creo que fueron una parte importante de nuestra victoria: mejorar Medicare y ampliarlo a toda la población, educación superior pública gratuita, un New Deal ecológico, justicia para Puerto Rico, una plataforma sin concesiones en torno a la reforma de la justicia penal y el fin de la guerra contra las drogas, y también afrontar al poder con la verdad y hablar sobre el dinero en la política”.

El New Deal ecológico —en referencia a las políticas implementadas en Estados Unidos por el presidente Franklin D. Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929— exige una descarbonización rápida y radical de toda la economía, con una transición de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovable, con la esperanza de evitar los peores efectos del cambio climático mientras aún quede tiempo. El New Deal ecológico también exige una “transición justa”, que asegure que los trabajadores desplazados de las industrias a cerrar, como la minería del carbón, obtengan el apoyo que necesitan para pasar a otro trabajo productivo.

Ocasio-Cortez se unió a una protesta del movimiento Sunrise, liderado por jóvenes, que tuvo lugar en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ocasio-Cortez estaba reclamando que la nueva mayoría demócrata de esta cámara promoviera un “Comité Selecto para un New Deal ecológico”, que tendría amplia autoridad, incluido un poder de citación, para impulsar el proyecto. Claramente, la campaña de presión tuvo efecto, pero no alcanzó las demandas de los activistas. Pelosi reactivó el Comité Selecto de la Cámara de Representantes para la Crisis Climática pero con carácter exclusivamente asesor. La nueva presidenta de ese comité será la demócrata Kathy Castor, de Florida, quien, según críticos, ha recibido decenas de miles de dólares de intereses de los combustibles fósiles (aunque un portavoz de la congresista manifestó que iba a renunciar a tales contribuciones en el futuro). Ocasio-Cortez tuiteó en respuesta: “No tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro planeta arde. Para las personas jóvenes, el cambio climático es más importante que la elección o la reelección. Es un asunto de vida o muerte”.

En la ceremonia de jura en el Congreso el 3 de enero, la representante Alexandria Ocasio-Cortez vistió de blanco, según indicó, “para homenajear a las mujeres que pavimentaron el camino antes que yo, y para todas las mujeres que están por venir. Desde las sufragistas hasta Shirley Chisholm, no estaría aquí si no fuera por las madres del movimiento”.

Alexandria Ocasio-Cortez respeta a sus mayores. La vieja guardia del Congreso, tanto republicana como demócrata, no debería temer que esta mujer, la más joven en ser electa para el Congreso, se ponga a bailar en círculos a su alrededor. En su lugar, deberían imitar sus pasos.

Columna 11 de enero 2019

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta

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Domingo, 04 Noviembre 2018 05:29

Trump a referéndum

Trump a referéndum

Las elecciones legislativas y de gobernadores en Estados Unidos, que habitualmente giran en torno a asuntos estatales y locales, se han transformado este año en un referéndum nacional sobre el presidente Donald J Trump, a dos años de su elección sin mayoría en el voto popular.

El martes 6 de noviembre los votantes estadounidenses podrán elegir a los gobernadores de 36 estados y tres territorios. Los republicanos controlan ahora los gobiernos de 33 estados, de los cuales 26 están en juego en esta elección. Nueve de los 16 estados con gobernadores demócratas están en disputa, además del gobierno de Alaska, ahora en manos de un independiente.


En el Senado actualmente los republicanos ocupan 51 curules, los demócratas 47, y políticos independientes tienen los dos restantes. Estarán sujetos a elección 33 curules, de los cuales 23 los tienen actualmente los demócratas, ocho los republicanos, y dos los independientes.


Asimismo están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría de 235. Los demócratas necesitan ganar al menos 25 escaños más de los que tienen para alcanzar la mayoría.


Tradicionalmente la participación ciudadana en las elecciones en Estados Unidos es baja, y no todos los ciudadanos habilitados para votar siquiera se registran para hacerlo. En las elecciones presidenciales de 2004 concurrió a votar el 58 por ciento de la población en edad de votar; en las de 2008 el mismo porcentaje; en las de 2012 el 55 por ciento y en las de 2016 el 55,5 por ciento.


Las elecciones legislativas normalmente atraen a menos del 40 por ciento de los votantes del país. Pero este año hay indicios de que la concurrencia podría superar el 50 por ciento. En los estados donde el voto anticipado empezó hace varias semanas, más de 20 millones de votantes han emitido su sufragio, lo cual supera en mucho la participación en las elecciones legislativas y de gobernadores de 2014.


El factor principal de esta concurrencia es Donald J Trump. Una encuesta del diario USA Today y la Universidad de Suffolk encontró que el 35 por ciento de los votantes se proponía sufragar contra candidatos que apoyan a Trump, y el 23 por ciento daría su voto a los políticos que se alinean con el presidente. Sólo el 24 por ciento de los encuestados señaló que Trump no es un factor relevante en su decisión de por quién votar.


El martes próximo se sabrá si Trump tiene ahora el respaldo popular mayoritario que no alcanzó a tener hace dos años, a pesar de ganar las elecciones presidenciales (el sistema electoral no es proporcional).


VOTO CON EL BOLSILLO.


Tal como ocurre en todas partes, los votantes en su mayoría están demasiado ocupados con sus vidas cotidianas como para seguir paso a paso las tramas políticas y, en el caso actual, las piruetas de Trump, las investigaciones sobre la injerencia rusa o los adulterios del presidente.


La mayoría vota de acuerdo a cómo percibe su propia situación económica y sus perspectivas de prosperidad.


Si se toma el producto bruto interno (Pbi) como medida de la situación económica general, Trump sale ganando. El Pbi creció a una tasa anual de 3,5 por ciento en el tercer trimestre de este año, seguido de un incremento de 4,2 por ciento en el trimestre anterior, que fue el más alto desde 2014.


El índice de desempleo está en 3,7 por ciento, el más bajo en casi medio siglo, y el índice Dow Jones casi ha rozado los 27 mil puntos. La inflación se mantiene por debajo del 2 por ciento anual, algo que la Reserva Federal considera saludable.


La otra cara de esta moneda es que, si bien hay más gente empleada, los sueldos reales siguen estancados y cada vez los estadounidenses deben trabajar más horas para ganar lo mismo. Los millones de nuevos empleos creados desde la Gran Recesión –que elevó el desempleo al 10 por ciento en octubre de 2009– son trabajos temporarios, changas, subcontrataciones sin seguro médico ni licencia paga ni días por enfermedad.


El recorte de impuestos que el Congreso le obsequió a Trump a comienzos de 2017 incluyó beneficios temporarios para la clase media y trabajadora, pero beneficios permanentes para las corporaciones y los acaudalados. Ahora que el efecto de esos impuestos sobre los ingresos de los laburantes se ha ido diluyendo, también se evapora la ilusión que representaron. Y todavía los consumidores no han empezado a percibir el impacto sobre los precios que tendrán los aranceles decretados por Trump a las importaciones desde China.


Detrás de la cortina de humo que Trump levanta casi día tras día con alguna declaración ofensiva, está la realidad de largo plazo: el salario real promedio en Estados Unidos ha estado estancado por décadas y la brecha de ingresos continúa ensanchándose.


Según el Economic Policy Institute, con sede en Washington, el 1 por ciento de las familias más ricas del país tiene ingresos 25 veces superiores al 99 por ciento de la población.
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el país cuenta con la mayor desigualdad de ingresos y el porcentaje más alto de trabajadores con ingresos bajos que cualquier otra economía avanzada, porque los desempleados y los que viven de changas reciben poco apoyo del gobierno y quedan más aplastados por la ausencia de un sistema firme de negociación colectiva.


LA VIOLENCIA.


Dos semanas antes de la elección, el Servicio Postal distribuyó 15 paquetes que contenían bombas rudimentarias y que estaban destinados al ex presidente Barack Obama, el ex vicepresidente Joe Biden, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex ministro de Justicia Eric Holder, el ex director de la Agencia Central de Inteligencia John Brennan y el ex director nacional de Inteligencia James Clapper. La lista de destinatarios incluyó también a los senadores demócratas Cory Booker y Kamala Harris, la representante Maxine Waters, el actor Robert de Niro, los multimillonarios George Soros y Tom Steyer, y la cadena televisiva Cnn.


Todos ellos tienen en común que han sido críticos muy locuaces del presidente Trump. Soros y Steyer, además, comparten el hecho de tener raíces familiares judías. En el caso de Cnn, la cadena figura al tope de los medios que Trump ha denunciado como “enemigos del pueblo”.


Las autoridades detuvieron en Florida a César Sayoc, un simpatizante de Trump, quien ha sido acusado por varios crímenes, incluidas las amenazas a ex gobernantes.


Cuando todavía no había concluido la distribución postal de las bombas, un hombre intentó ingresar a una iglesia de la comunidad negra en Kentucky; luego fue a un almacén cercano, donde mató a un hombre, salió al estacionamiento y mató a otro. La policía detuvo a Gregory Bush, sospechoso en los asesinatos de Maurice Stallard y Vickie Jones, ambos negros.
El sábado 27 un individuo armado con un rifle AR-15 y varias pistolas irrumpió en la sinagoga Tree of Life, en Pittsburgh, y al grito de “¡Que mueran los judíos!” mató a 11 personas e hirió a seis, incluidos dos agentes policiales que lo enfrentaron.


Robert Bowers, el sospechoso detenido por la mayor matanza de judíos en la historia de Estados Unidos, no es un admirador de Trump. En realidad actuó porque, según sus declaraciones en la plataforma Gab, de Internet –una especie de Twitter pero frecuentada por nazis y supremacistas blancos–, cree que Trump no hace lo necesario para impedir la invasión de los inmigrantes.


La conexión entre la violencia en Pittsburgh y la inmigración, sin embargo, está presente en la retórica incendiaria y xenófoba de un presidente que inició su campaña en 2016 diciendo que los mexicanos son violadores y traficantes de drogas, que ha descrito a los países africanos como “agujeros de mierda”, y que ha mencionado a los musulmanes como indeseables. La lenta marcha desde América Central hacia el norte de algunos miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños ha servido para que Trump alarme a sus votantes con el peligro de una “invasión”. Trump ha dicho, sin pruebas, que entre los peregrinos hay “gente del Oriente Medio”. La cadena Fox, que funciona como máquina de propaganda a favor de Trump, ha señalado, entre otros “peligros” que representarían esos morenitos, que pueden traer enfermedades infecciosas al país.


Una semana antes del ataque en Pittsburgh, unas 270 sinagogas en Estados Unidos participaron de una ceremonia ecuménica anual, el Sábado Nacional del Refugiado, una campaña patrocinada por la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (Hias, por sus siglas en inglés), una organización mundial fundada en 1881.


Bowers, otro marginado solitario como Sayoc, nombró específicamente a Hias y repitió algunas de las declaraciones de Trump y Fox acerca de los inmigrantes. Al parecer, Bowers cree que los inmigrantes indocumentados están financiados por los judíos y que vienen a Estados Unidos “a masacrar a mi gente”.


CARAS NUEVAS, ELLAS.


La “trumpización” de las elecciones de medio término puede resultar en un fortalecimiento del nacionalismo y la xenofobia del presidente o en una vinculación tóxica entre el presidente y muchos candidatos republicanos que le siguen la corriente.


Tras la semana violenta y los exabruptos de Trump, una encuesta Gallup mostró que el índice de apoyo al presidente bajó cuatro puntos, al 40 por ciento, y el de repudio subió cuatro puntos, al 54 por ciento. Según el promedio de encuestas de Real Clear Politics, los numeritos dan 52,6 por ciento de repudio y 44 por ciento de aprobación.


Lo que sí es seguro es que el resultado tendrá un claro matiz de género.


Por un lado, este año el número de mujeres postuladas para cargos electivos es mayor que nunca, y la tendencia es claramente más notoria en el Partido Demócrata. Quince de las 22 mujeres que buscan un sitio en el Senado son demócratas, al igual que 183 de las 235 candidatas para la Cámara de Representantes, 12 de las 16 que buscan gobernar un estado, y 2.380 de las 3.365 postuladas para las legislaturas estatales.


Un caso notable es el de Stacey Abrams, quien aspira a convertirse en la primera gobernadora negra de Georgia y que aparece en las encuestas casi empatada con el republicano Brian Kemp, quien alardea de sus simpatías por Trump.


Junto con ello, desde la elección de Trump hace dos años ha crecido la brecha de género en la alineación partidaria. Según una encuesta del diario The Washington Post y la cadena Abc News, el porcentaje de mujeres que se inclinan a favor del Partido Republicano ha bajado a 32, comparado con el 37 que hubo en promedio entre 2010 y 2017.
Según la misma encuesta, las simpatías hacia Trump también varían de acuerdo al género. El 45 por ciento de los hombres encuestados aprueba la gestión de Trump, comparado con el 32 por ciento de las mujeres.


Un año después de la eclosión del movimiento #MeToo –que visibilizó la incidencia de casos de violación, abuso y acoso sexual en la sociedad– el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh –acusado de agresión sexual por cuatro mujeres, incluyendo la psicóloga Christine Blasey Ford, quien dio su testimonio ante el Senado– como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia reabrió la polémica nacional sobre el tratamiento que reciben las mujeres cuando denuncian la violencia sexual. Un asunto que, en el caso de Trump, quien se ha jactado de “agarrarlas (a las mujeres) por la concha”, sería mejor no mencionarlo.


ASUSTALOS QUE FUNCIONA.


Al aproximarse las elecciones, Trump se las ha arreglado para hacerle sombra a todas las campañas políticas a nivel municipal, de condado o de estado, y ha entrado en un frenesí de declaraciones escandalosas y twits tecleados a las tres de la mañana.


Su táctica es simple: por un lado, identifica “enemigos del pueblo” (su favorito es “the media”, la prensa), entre los que incluye a los inmigrantes, y, por otro lado, les dice a sus votantes que la nación corre un peligro existencial por las amenazas de esos malvados.


La Caravana de la Esperanza le ha servido en bandeja una excusa. Según distintas fuentes, son entre 3.500 y 7 mil los centroamericanos que marchan hacia la frontera de Estados Unidos, donde piensan solicitar el asilo que la ley les ofrece. Trump ha convertido esto en un cuco.


Al término de la Guerra de Vietnam, Estados Unidos aceptó a casi 120 mil refugiados vietnamitas, y cinco años más tarde el país acogió a unos 135 mil cubanos que salieron por el puerto de Mariel. Ahora una caravana de menos de 10 mil hombres, mujeres y niños empobrecidos se ha convertido, en la retórica de Trump, en una invasión; y para detenerla el Pentágono ya ha movilizado 5 mil soldados, casi la misma cifra de tropas que Estados Unidos tiene en Irak.


En las últimas dos semanas Trump se ha declarado “nacionalista”, un término de uso muy poco común en Estados Unidos, porque trae la connotación de “nacionalismo blanco”. Y al menos en una ocasión dejó de lado su afiliación con el tradicional Partido Republicano y se describió como estando al frente de un “movimiento”. Movimiento y nacionalista, juntos, tienen un cierto tufo…


Trump ha definido su política exterior como “America First” (“Estados Unidos primero”), y quienes recuerdan la historia relacionan fácilmente esa consigna con Charles Lindbergh, el primer piloto que, en 1927, realizó un vuelo transatlántico en solitario. Hacia 1941, Lindbergh se convirtió en el portavoz principal del America First Committee, una organización con 800 mil miembros que sostenía que Inglaterra procuraba arrastrar a Estados Unidos a la guerra mundial.


El aislacionismo, expresado en la era de Trump por la denuncia de acuerdos internacionales y desplantes hacia viejos aliados, engrana con el miedo que el presidente instila hacia los extranjeros.


Una semana antes de la elección anunció que firmará un decreto que acabará con la práctica de otorgar la ciudadanía estadounidense a aquellos niños que nacen en el país de padres que no son ciudadanos, sean o no sean inmigrantes documentados.


La enmienda 14 de la Constitución estipula que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el cual residen”.


Trump, quien lanzó su carrera política hace casi una década poniendo en duda que Barack Obama fuera ciudadano estadounidense, sabe que tal decreto causará demandas legales y constitucionales, pero lo que importa ahora, en estos días, es fustigar a sus simpatizantes para que concurran a las urnas.


TRUCOS VIEJOS.


Estados Unidos no tiene un sistema electoral ni sus ciudadanos portan una credencial cívica para votar. Cada uno de los 50 estados tiene sus propias leyes electorales y sus requisitos de documentación para sufragar.


Desde 2010, en los estados donde los republicanos controlan la legislatura se han multiplicado las “leyes de voto”, que, usando diferentes vías, restringen el acceso ciudadano al sufragio, con el argumento de evitar fraudes.


Así, por ejemplo, en Dakota del Norte la ley exige ahora que los ciudadanos se registren indicando un domicilio específico: número, calle, ciudad. En ese estado viven miles de indígenas que residen en reservas y cuya única dirección es una casilla postal.


En otros estados se exige ahora la presentación de un documento, que puede ser la licencia para conducir, con una foto. Cientos de miles de personas, especialmente los pobres, los inmigrantes, o ancianos, no tienen esos documentos ni el dinero para adquirirlos.


Otra maniobra legal ha sido la “purga” de los padrones electorales, un trámite que responde a las realidades de diferentes sistemas electorales. Alguien que votó en 2014 o 2016 puede haberse mudado a otro estado, donde deberá registrarse. La “purga” busca, asimismo, quitar del padrón los nombres de personas fallecidas. El problema está en que el uso de las “purgas” ha mostrado ciertas tendencias: en Georgia, por ejemplo, donde los negros son el 32 por ciento de la población, 72 por ciento de los “purgados” son negros.
Varios de los estados donde estos trucos han funcionado estaban sujetos, en virtud de la ley de derechos de voto de 1965, a vigilancia especial del gobierno federal, por su tradición de establecer requisitos e impedimentos destinados a restringir el voto de los negros. En 2013, gracias al voto de una mayoría conservadora de magistrados, el Tribunal Supremo de Justicia anuló los artículos de esa ley que mantenían a esos estados bajo la lupa.


Trump, quien ni siquiera se molestó en llamar por teléfono a su predecesor y ni a las otras personas que recibieron paquetes explosivos, sí lamentó el ataque a la sinagoga en Pittsburgh. Después de todo, su hija Ivanka es judía conversa, su yerno Jared es judío, sus nietos son judíos, y está allí presente la estrecha simpatía por Biniamin Netaniahu, quien como es lógico recordó que no se debe tolerar el antisemitismo.


Pero en medio de todo esto, Trump es Trump y continuará hasta el día mismo de la elección su táctica única y favorita: atacar, atacar, atacar. En lugar de aceptar que su propia retórica ha removido la escoria en los márgenes de la decencia política de Estados Unidos, Trump culpa a “the media” y los otros “enemigos del pueblo”.


El martes se sabrá si el entusiasmo notable de los votantes por concurrir a la elección respondía a un respaldo mayoritario a Trump, o a un clamor por que cese el reality show.

 

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Martes, 23 Octubre 2018 06:06

Un freno a la “Ley Fuji”

Un freno a la “Ley Fuji”

El presidente de Perú, Martín Vizcara, anunció ayer que el Ejecutivo observó, y por lo tanto no promulgó, la ley aprobada por el Congreso el pasado 11 de octubre que habilitaba la liberación del ex mandatario Alberto Fujimori, conocida por los medios como “Ley Fuji”. El presidente fundamentó su decisión en el hecho de que el Parlamento no había dedicado tiempo suficiente para analizar una medida de esas características. “Hoy estamos presentando la observación a la ley. Los argumentos están plenamente justificados. Sin embargo, necesitamos una norma debatida a profundidad para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad. Amerita debatirse y buscar el consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas”, indicó el presidente. Vizcarra se mostró, sin embargo, a favor de crear una ley que posibilite que personas de avanzada edad, con males de salud, sigan cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario.

El Parlamento peruano, dominado por los fujimoristas de Fuerza Popular, aprobó de manera exprés una ley para liberar, por razones humanitarias, con grilletes electrónicos a presos ancianos, lo que impediría el reingreso en prisión de Fujimori, de 80 años, cuyo indulto fue anulado a principios de este mes. El ex mandatario se encuentra actualmente internado en un hospital de Lima a la espera de que los médicos le den el alta médica para poder reingresar en prisión.


La norma fue tramitada con un carácter extraordinario, sin pasar por las comisiones correspondientes y tras un intenso debate en el que los partidos Peruanos Por el Kambio, el centrista Acción Popular y los grupos de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio cuestionaron al fujimorismo por promover esta polémica ley y advirtieron que fomenta la impunidad.

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El Congreso de Perú garantiza que Alberto Fujimori no vaya a la cárcel

El autócrata, que vio anulado su indulto hace una semana, se ve beneficiado por una norma aprobada por los suyos en tiempo récord y que también podría favorecer a Vladimiro Montesinos



 

La mayoría fujimorista de Fuerza Popular en el Congreso peruano, de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra, ha aprobado este jueves una ley de "ejecución humanitaria de la pena" para que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla "a través de vigilancia electrónica" desde su domicilio. La norma ha sido preparada explícitamente para favorecer al autócrata Alberto Fujimori, que vio anulado su indulto la semana pasada. Y podría favorecer también a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori de 73 años y jefe de facto de las fuerzas armadas en el régimen, que en un lustro podría beneficiarse de esa misma libertad vigilada.


Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, fue sentenciado hace nueve años a un cuarto de siglo de prisión como autor mediato de varios delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado -considerados crímenes de lesa humanidad- cometidos principios de la década de los noventa. Los hechos fueron perpetrados por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado durante su régimen y al que el propio Fujimori felicitó y amnistió.


En la nochebuena del año pasado, el entonces jefe de Estado y de Gobierno peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que evitaba su reingreso en prisión para cumplir la parte restante de la condena a cambio de un último y desesperado balón de oxígeno político. Pero la semana pasada, el caso volvió a dar un giro de 180 grados con la anulación judicial de la medida de gracia atendiendo a una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Desde entonces, los suyos han tratado de buscar el ángulo legal para evitar el cumplimiento de la orden del magistrado supremo Hugo Núñez Sulca. El martes, la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma -expulsada de Fuerza Popular en 2016, pero que vota en el mismo sentido que el resto de la bancada opositora-, presentó un proyecto de ley de "ejecución humanitaria de la pena" para presos de la tercera edad. Y este jueves la junta de portavoces decidió someter el proyecto de ley a la votación del pleno, exonerándolo de la discusión en las comisiones parlamentarias.


Al inicio del debate parlamentario de la ley, el diputado de Acción Popular Yohny Lescano (centroderecha) advirtió de que, de aprobarse, el texto llevaría al Estado peruano a incumplir sus obligaciones internacionales y pidió que la iniciativa legislativa fuera remitida a la comisión correspondiente para su debate preliminar. Pero el fujimorismo, arrasando como suele hacer con su holgada mayoría, rechazó la moción y aprobó en menos de media hora la norma con 55 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.


La norma indica que el ámbito en que el condenado puede desplazarse queda circunscrito “a la provincia donde se encuentra el domicilio del penado”. Si quisiera salir de ella, deberá comunicarlo 48 horas antes al Instituto Nacional Penitenciario y acreditar a una persona que garantice su retorno, asumiendo responsabilidad penal en caso de no cumplir este precepto.
Horas después de que el juez Núñez Sulca ordenase el regreso de Fujimori a la cárcel, el autócrata fue ingresado en una clínica de la comunidad peruano-japonesa en la que permanece desde entonces. Con esta maniobra política, la enésima del fujimorismo, evitará -al menos de momento, siempre al albur de cualquier cambio futuro en la composición del Legislativo- regresar a prisión.

Lima 12 OCT 2018 - 00:10 COT

 

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“Voy a combatir desde el campo de las ideas”

En los setenta, en la soledad de un calabozo sin libros, se preguntó qué es el hombre, contó José “Pepe” Mujica. Cuando salió en libertad en 1985 al final de la dictadura uruguaya leyó textos de antropología y filosofía y esa pregunta le siguió rondando, dijo en una reunión con políticos y académicos este fin de semana en Buenos Aires. Hoy el ex presidente uruguayo, con sus 83 años y larga militancia, señala categórico que el hombre es un animal político, destacando la afirmación aristotélica. “El hombre no puede renunciar a la política porque no puede renunciar a su carácter social”, afirmó quien fuera jefe de gobierno, ministro de Ganadería y legislador por la coalición de centro-izquierda Frente Amplio. 

Pero hasta los animales políticos necesitan descansar. Mujica renunció e ayer al cargo de senador que ocupa desde 2015, con mandato hasta el 2020. Una decisión que ya había trascendido. “Hago un alto. Voy a seguir combatiendo en el campo de las ideas y desde la solidaridad”, dijo en la entrevista con PáginaI12 durante su visita al país.


En una carta que le envió a la vicepresidenta de Uruguay y presidenta del Senado, Lucía Topolansky, dijo textualmente sobre su dimisión: “los motivos son personales, diría cansancio de largo viaje”. Un viaje que comparte con Topolansky desde que eran jóvenes guerrilleros tupamaros. Aprovechó la misiva para pedir “disculpas sinceras” si en alguna ocasión “hirió en lo personal” a algún compañero. El ex ministro Andrés Berterreche quedó como su reemplazo en el Congreso. A partir de ahora Mujica tendrá más tiempo para leer, una de sus actividades preferidas. Actualmente está leyendo Homo Deus, del autor israelí Yuval Noah Harari.


–El año próximo habrá elecciones en Uruguay, ¿piensa ser candidato a la presidencia?


–No. Lo descarté.


–¿Y podría postularse para una banca en Diputados?


–No sé, falta mucho...


–En Argentina el Senado rechazó días atrás el proyecto de legalización del aborto. Nos hubiéramos visto en el espejo de Uruguay, que en 2012 aprobó esa legislación, cuando usted era presidente.


–De todas maneras se logró una votación alta, pudieron aprobarlo en Diputados; lo que habla de que el pueblo argentino va incidiendo, y van habiendo cambios lentos. No creo que sea una derrota. Es cuestión de tiempo, pero se va a lograr el objetivo.


–El diario El País de Madrid señaló en un artículo que aumentó la violencia vinculada al narcotráfico en Uruguay desde la legalización de la marihuana. ¿Es así?


–La violencia viene aumentando, pero no se puede vincular a la legalización. El problema son las disputas que existen en las bocas de venta entre las distintas urbanizaciones que se dedican al tráfico de drogas. Desde luego, es posible que se estén disputando el mercado más férreamente que antes, pero creo es parte del problema que debemos solucionar. Yo ya dije lo que pienso: hay barreras culturales, pero la única manera de vencer el narcotráfico es rompiéndole el mercado.


–¿Le preocupa la situación económica en Argentina?


–Sí, nos preocupa enormemente. Si Argentina se resfría, nosotros nos engripamos.


–Argentina está engripada. Se dispara el dólar, sube la inflación, y se le debe al FMI…


–Nos asusta porque ese problema lo vimos más de una vez en Argentina y ya tenemos una idea cómo termina, en nada bueno. Ojalá que nos equivoquemos y que el pueblo argentino tenga una salida. Ojalá que esa historia no se repita.


– En Brasil no sólo se aplican reformas neoliberales, también está vulnerada la democracia tras el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff.


–La democracia está muy limitada, está enjaulada con un montón de barrotes que son líos constitucionales y del derecho. Está presa la democracia. Y está presa porque el derecho por más que se quiera no está ausente de las clases sociales y de los grandes dilemas de la sociedad donde se inscribe. Cuando escribimos una ley no nos damos cuenta o no medimos que los que aplican la ley son seres humanos. Entonces pasa como con el cuchillo: si se maneja del mango es una cosa, y si se maneja de la hoja, es otra. Las leyes manejadas con una óptica de clase social, con una visión extremadamente conservadora, van a seguir un camino contra las reformas populares, contra la distribución del ingreso; siempre a favor de la gran propiedad.


–Usted visitó a Lula en al cárcel. Es el candidato favorito, pero podría no poder postularse para octubre. ¿Confía en que cambie su situación?


–No. No confío en nada después de todas las barbaridades que hicieron.


–Raúl Sendic, que renunció a la vicepresidencia de Uruguay el año pasado acusado de usar la tarjeta de Ancap para gastos personales, cree que hay un plan de desacreditación de los líderes progresistas de la región. ¿Coincide?


–Parece una metodología pensada. Lo que hicieron con Sendic fue una especie de linchamiento. En realidad, la justicia nunca le encontró nada relevante, en todo caso, una compra de una ropa insignificante. Lo que quiero separar y poner en claro que nosotros no tenemos que esperar que el imperialismo nos de confites o que la derecha nos aplauda. Los errores que podemos cometer son llagas que nos van a cobrar intensamente, exageradamente.


–¿Cómo analiza el atentado contra Nicolás Maduro?


–La verdad es que no puedo hablar porque lo único que sé es lo que me entero por los diarios ...y usted sabe que no es muy confiable.


–Usted le envió una carta a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué expectativa le genera el futuro gobierno mexicano en un contexto donde prevalecen los gobiernos de derecha?


–Es un desafío tremendo, para México y para toda América. El triunfo de López Obrador es la reacción de una sociedad harta. A la integración hay que construirla. Hay que pelear la integración con lo que hay: es un debe que tenemos como izquierda.


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Las hazañas de los informantes Snowden, Assange de Wikileaks y Manning (en la imagen) expusieron los engaños del complejo industrial secreto de espionaje de EU

Los “teóricos de la conspiración” se han quedado cortos y han sido superados en EU por la inimaginable realidad indigesta para los leguleyos.

Las hazañas de los informantes samaritanos Snowden, Assange de Wikileaks y Manning expusieron los engaños del “complejo industrial secreto de espionaje” de EU y su quinta esencia totalitaria que opera un “gobierno en la sombra” sin elegir que busca derrocar mediante un golpe de Estado a Trump, según las perturbadoras develaciones de Kevin Shipp, ex agente de primer nivel de la CIA (https://bit.ly/2nBXkLd).
Según el denunciante Kevin Shipp, el célebre Deep State y el gobierno en la sombra representan dos entidades separadas entre sí: “el gobierno en la sombra controla al Deep State y manipula tras bambalinas a nuestro gobierno elegido” para perpetrar su terribles crímenes contra los desvalidos ciudadanos (https://bit.ly/2MLqK4B).


Shipp, ex funcionario de contraespionaje del antiterrorismo, ya había expuesto la maligna operatividad de la CIA en su libro Desde las sombras de la compañía (https://amzn.to/2OBbqYV). Hasta el NYT había revelado hace siete años la extraña persecución que Shipp había sufrido con su familia en la casa que le asignaron perversamente en Camp Stanley: un depósito clandestino de armas experimentales en San Antonio donde el agua potable está contaminada por la toxicidad de los acuíferos (https://archive.fo/zkttH). What is going on en Camp Stanley?

Arguye que el Deep State está conformado por el complejo militar industrial, los contratistas (sic) del espionaje y el Pentágono, Wall Street, la Reserva Federal, FMI, Banco Mundial, Secretaría del Tesoro –lo cual concurre con la definición del ex legislador texano Ron Paul (https://bit.ly/2w6nXf6)–, mientras “la cúpula del gobierno en la sombra son la NSA (National Security Agency) y la CIA”, al unísono de la Agencia Nacional de Espionaje-Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimeinto (NRO).


Kevin shipp aduce que la CIA fue entronizada, sin aprobación del Congreso, por el muy influyente Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) con fuertes vínculos con los multimedia.

La CIA es el “nodo central” del gobierno en la sombra y controla a las otras 16 agencias de espionaje, pese a que teóricamente la DNI (http://www.dia.mil) las controla a todas.

La CIA –creada por una orden ejecutiva de Truman, The National Security Act (https://bit.ly/UrWsYI), quien ordenó el lanzamiento de dos bombas nucleares hace 73 años en Hiroshima y Nagasaki–puede manipular al presidente y sus decisiones políticas, controla a los contratistas del Pentágono y el espionaje, puede detonar las guerras, torturar (nota: hoy su directora Gene Cheri (sic) Haspel es el summum de la tortura), perpetrar ataques de falsa bandera, catalizar golpes de Estado, etcétera.


A su vez, el presidente maneja su “ejército secreto”, la agencia JSOC (Joint Special Ops Command), que puede usar para asesinatos secretos y derrocamiento de los gobiernos.
En torno del “complejo industrial secreto de espionaje” orbitan cinco megaconglomerados de contratistas que operan “sin reportar” bajo el manto de top secret: Leidos Holdings, CSRA, CACI, SAIC y Booz Allen Hamilton.


Después del 11/9 fueron creados “más de 10 mil sitios secretos en EU” (https://bit.ly/2nKsrVb). ¿Cuántos existirán esparcidos en el mundo, incluyendo México?


El Congreso está totalmente controlado por el “complejo militar industrial” mediante el Comité de Servicios del Ejército de 48 miembros que reciben lubricaciones pecuniarias a cambio de su voto en favor de la enmienda de gastos para los militares y el presupuesto de espionaje.


Según Snowden, sólo el presupuesto de la CIA rebasa 50 mil millones de dólares al año sin auditoría alguna.Tambien recuerdo el extravío de varios billones (sic) de dólares por el Pentágono gracias a la contable magia kosher de su “contralor” el rabino (literal) Dov Zakheim (https://bit.ly/2B8Dukw).


En EU, ser inimputable contratista del gobierno en la sombra es más importante que un vulgar congresista controlado por la CIA.


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Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: Millones de argentinas y latinoamericanas ansían con esperanza ¡Que sea Ley!

Es un momento histórico importante. Los ojos y el corazón de millones de mujeres argentinas y latinoamericanas estarán puestos este 8A en el recinto del Senado de la Nación Argentina, en el que se debatirá la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya con media sanción en la Cámara de Diputados.

Una marea de mujeres de todas las edades se apresta a velar en las calles por su derecho a decidir, ataviadas con el mítico pañuelo verde que ya ondea como bandera en toda América Latina.


Una gran cantidad de argumentos fueron expuestos en el debate desarrollado durante las sesiones previas y las previstas para el tratamiento parlamentario de la Ley. La controversia – y como no había sucedido en ningún momento de la gestión macrista en el ejecutivo – transformó el parlamento en un verdadero foro y se constituyó en una extensa muestra de real discusión democrática, con participación de organizaciones y referentes sociales, de académicxs, de activistas, desde diversos ángulos y posturas de la sociedad.


Debate que logró unir adversarios políticos, aspecto imprevisto para un gobierno que hizo lugar a la instalación del tema para distraer y que apuntó a dividir a potenciales aliados para evitar una contundente oposición a su programa antisocial.


La estrategia gubernamental se dirigió a clavar una cuña entre las agrupaciones opositoras de raigambre católica, en particular en el peronismo. El tiro por elevación se dirigió también contra los movimientos sociales de base que la iglesia romana está apoyando para reinstalarse en los sectores populares y recobrar así, al menos en parte, una influencia otrora absoluta, hoy parciamente desplazada por las legiones pentecostales en muchas periferias de la región.


A su vez, el activismo feminista – que desde hace tiempo venía reclamando que ni los espacios conservadores, ni los progresistas, ni siquiera aquellos revolucionarios, colocaron el tema en la agenda política – aprovechó el espacio y el clamor se extendió. Ganó los colegios, los hogares, la plaza pública.


Sacar la cuestión del aborto de su ocultamiento forzado, socializar su realidad cotidiana, develarlo como una problemática social, destacar la desigualdad que expone, todo ello significó en sí mismo una primera gran victoria.


Y ante el debilitamiento de un patriarcado de siglos, una decidida marea feminista encarnó en una porción mayoritaria de la generación joven y generó la presión suficiente. Esto abrió las puertas a la inminente posibilidad de aprobación de una ley que garantice, a todas las mujeres que decidan interrumpir un embarazo no deseado, una adecuada protección médica, el acompañamiento del Estado y la correspondiente equidad que proveen la gratuidad y la legalidad.


La sanción definitiva de la Ley en Argentina – cuya aprobación pionera en la región corresponde a Uruguay – desataría un efecto dominó de proporciones indetenibles en América Latina, masificando el reclamo, colocando el tema entre las prioridades y poniendo en jaque a los gobiernos de todos los signos políticos.


Es probable que todo ya haya sido dicho en las incalculables discusiones sostenidas. Pero en circunstancias tan relevantes como ésta, la historia exige no guardar silencio y sentar posición, dejando de lado toda pretensión de originalidad o exégesis.


Desigualdad social- embarazo adolescente- desigualdad social: un ciclo nefasto


El embarazo no deseado es un motor primario entre las causas de pobreza, de desigualdad de género y de privación de futuro elegido para millones de adolescentes y niñas.


Según cifras actualizadas, en el mundo tan sólo el 52% de las mujeres casadas o en otro tipo de unión es libre de tomar sus propias decisiones respecto a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención sanitaria.


Por otra parte, los embarazos no deseados ocurren con mucha mayor frecuencia en contextos de pauperización y segregación. Los datos son contundentes: En Argentina, por ejemplo, según se informa en una nota del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), nueve de cada diez madres de 15 a 19 años pertenecen al 30% de los hogares de menores ingresos.


La misma nota señala que “15% de los bebés que nacen al año tiene una madre adolescente menor de 20 años” y que “el 67% de esos embarazos no es intencional o planificado”. En gran parte de los casos, la maternidad a temprana edad va de la mano con el abandono de la escuela: el artículo citado puntualiza que “un 30% de las mujeres de entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad”. Con ello, se recortan las posibilidades de formación profesional y se cierra el círculo de pobreza, dependencia económica y desigualdad.


Este es el cuadro real de una de las principales fuentes de reproducción de miseria y de vulneración de igualdad de oportunidades en toda América Latina y el mundo. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado es un aporte importante a la lucha por superar la exclusión y la postergación de la mujer.


La prohibición mata, la culpa asfixia


Nada nuevo diremos confirmando que muchas muertes podrían ser evitadas brindando un marco legal a procedimientos de aborto que, al desarrollarse de manera clandestina, lo único que garantizan es un alto grado de riesgo para la mujer. Esto se verifica, nuevamente, en los estratos más pobres, en las periferias urbanas y en entornos rurales.


La criminalización de un número significativo de mujeres en una situación comprometida es de por sí un hecho inaceptable. Mucho más si el mismo hecho, en la mayor parte del mundo, está legalmente garantizado.
Por otro lado, la prohibición no detiene ni minimiza el número de abortos. Simplemente los oculta, los exilia, los complica.


Pero hay acaso un arma tan o más letal que se introduce en la argumentación antiabortista, una sustancia invisible que envenena por dentro. Que es infinitamente más dolorosa, que también mata, pero más lentamente. Es la culpa inducida. Es la acusación de asesinato inoculada por una moral acusadora y ciertamente hipócrita, a juzgar por los actos de muchos de los que la defienden y promulgan.


La culpa debilita, atemoriza y justifica el castigo. En definitiva, la culpa es un mecanismo de control. Un instrumento para mantener la sumisión. Por eso es que la culpa la promueven quienes detentan un poder conquistado a base de imposiciones y no desean perderlo. Es tiempo de acabar con el tormento de la culpa. Ella es la verdadera asesina y sus cómplices, quienes la multiplican.


La ley que permita el aborto, en tanto norma democráticamente sancionada, en tanto canon de moralidad social aceptado, en tanto posibilidad de elegir con mayor libertad las propias acciones, es un aporte a la liberación de la culpa y por tanto, de ganar en fortaleza y felicidad interior, lo cual, indudablemente es el objetivo de toda construcción social evolutiva.


La lucha perenne entre lo humano y lo natural


De trasfondo, la pugna que suscita el tema de la interrupción voluntaria de un “hecho natural”, es entre los defensores de un derecho natural, dado, divino e inconmovible y quienes apuestan por el desarrollo humano a partir de la intencionalidad presente en su conciencia y expresada en sus actos. Entre un destino impuesto y un futuro construido desde un impulso interior. Entre un espíritu esclavo y una redención creativa.


Es justo reconocer que el ser humano es – paradójicamente “por su propia naturaleza”- un transgresor, un transformador, un inconforme y un rebelde a las condiciones impuestas por la misma naturaleza. En su respuesta no mecánica ante cualquier acontecimiento, reside su posibilidad de elegir y de cambiar lo dado.

Es la eterna lucha entre la inmovilidad y la intención transformadora, ésta última tarde o temprano, invencible.


Progresión histórica de derechos


Ver en perspectiva histórica aclara el panorama. Si uno observa la progresión histórica en la conquista de derechos, es evidente que el avance de los derechos de las mujeres es indetenible.


Hubo un larguísimo tiempo en que la mujer era apenas un instrumento de procreación, un mero apéndice de la voluntad masculina, que decidía de forma omnímoda sobre la vida de toda mujer a su alrededor. Un tiempo en que no existía divorcio, o que éste requería de la voluntad masculina para realizarse. Un tiempo en que la mujer no podía amar a quien quisiera.


Hubo que luchar con determinación para que la mujer tuviera derecho a votar, a constar como propietaria de tierras, pudiera estudiar o ejercer determinadas profesiones. Para poder ser recibida en todos los ámbitos con deferencia, respeto e igualdad de condiciones. Muchas trabas fueron removidas – aunque aún de forma parcial – para que cada vez más mujeres asuman posiciones decisivas en ámbitos políticos, sindicales o empresariales.


Aunque buena parte de esta flagrante discriminación va siendo dejada atrás, importa recordar lo que sucedió. No solamente para disponerse decididamente a reparar tamaña injusticia, sino también para no interponerse inútilmente ante transformaciones que sin duda ocurrirán. Es más, mirar en perspectiva alienta a convertirse en protagonista de dichos cambios. Las mujeres que hoy empujan el avance de derechos, son heroínas históricas, como lo fueron, sin duda alguna, sus miles de antecesoras.


¡Que sea Ley! Porque así lo requiere el avance de derechos y en definitiva, la historia.

 

06.08.2018 - Córdoba, Argentina - Javier Tolcachier
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Epidémica mega-corrupción del Partido Popular español defenestra al presidente Rajoy

Antecedentes: Llevo 11 años analizando la legendaria mega-corrupción del Partido Popular (PP) y sus premiados blanqueadores literarios tanto en España como en sus añejas colonias de Latinoamérica (LA).

El neoliberalismo del PP español, en la fase aciaga del fiscalista José María Aznar López, estuvo íntimamente vinculado a Israel, con el Partido Likud, y al binomio Texas/Florida, con el Partido Republicano de los Bush (http://bit.ly/2HdFQwc).

Rodrigo Rato, segundo de a bordo del PP con Aznar, huyó del Titanic financiero del FMI (http://bit.ly/2LR0fdQ) que expuso sus ligas delincuenciales con el Banco Santander (http://bit.ly/2kH9nW9). Más tarde, Rodrigo Rato, ex director del FMI, fue enjuiciado por lavado (http://bit.ly/2ss93yF).

La aznarización de la petrolera/gasera Repsol desembocó en un desastre en Sudamérica y en una ganga en México (http://bit.ly/2xIbulI), seguido del colapso inmobiliario aznarista (http://bit.ly/2xBK6pw).

El neoliberalismo trasnacional español incubó el derrumbe delictivo de Antonio Solá, estratega (sic) del PP (http://bit.ly/2LhnrRu).

Como cereza del putrefacto pastel, “los papeles Panamá de Vargas Llosa, gran aliado literario del PP”, expusieron el blanqueo neoliberal imperfecto en los paraísos fiscales (http://bit.ly/2LUweKg), sin contar los escandalosos y dolosos Paradise Papers (http://bit.ly/2Jl0Whj).

Hechos: Por primera vez en la historia de España, Mariano Rajoy fue defenestrado por una moción de censura en el Parlamento por su rival, Pedro Sánchez, quien con solamente 84 escaños del total de 350 consiguió atraer los votos de los nacionalistas vascos y los separatistas catalanes.

Pedro Sánchez –madrileño y economista proeuropeo de 46 años que promete mejorar las relaciones con Cataluña y quitar las trabas sociales de Rajoy– fue entronizado como nuevo presidente en forma apretada con 188 votos en favor, 169 en contra y una abstención, lo cual presagia un frágil gobierno de corta-duración y elecciones adelantadas.

La noticia no es que cayera Rajoy –abogado registrador catastral de 63 años y uno de los políticos de mayor duración en Europa– ni que saliera mancillado su PP, que opera más bien como un cártel financierista, sino que tardó demasiado en sucumbir.

La basura no cabía debajo del tapete de lujo y había desbordado el edificio entero que lo contenía. Ya no cabían los putrefactos cadáveres en el clóset del fétido edificio del PP convertido en un cementerio nacional.

Quizá la mejor frase que profirió en su vida el presidente Rajoy haya sido que entregar el petróleo a extranjeros es de un país de quinta (http://bit.ly/2LSkyrr), lo cual no aplicó al colonizado “México neoliberal itamita”.

La gota que derramó su alberca de mega-corrupción fue el caso Gürtel que, según la BBC, es la mayor trama de corrupción de la España democrática con su red de empresas (¡súper-sic!) que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el PP en diversas partes de España, a cambio de sobornos de los cargos públicos responsables de decidir sobre esos contratos que incluso servían para financiar actos de campaña y otras gestiones, de acuerdo a la justicia española” (https://bbc.in/2spyRMa).

El portal Plural expone la serie de muertes (Nota: ya van 6 hasta ayer), suicidios y accidentes (sic) derivados del caso Gürtel (http://bit.ly/2HgzPyD), traducción en alemán del apellido Correa, del empresario Francisco, y cuya investigación fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción.

The New York Times (NYT) comenta que Rajoy fue decapitado, no por su incapacidad en resolver el conflicto catalán, sino por un añejo y penetrante problema que ha plagado la política española: la corrupción.
Así las cosas, el PP “se convirtió en el primer grupo político español en ser sentenciado por operar fondos de soborno ( slush funds)”, lo cual obliga a Luis Bárcenas, anterior tesorero de Rajoy, a pagar una multa y a su encarcelamiento por 33 años.

El caso Bárcenas, derivación del caso Gürtel, que contaba con una contabilidad subterránea (sin declarar) del PP con recepción de donativos ilegales de constructoras (sic) y entrega de dinero negro a los dirigentes.

Según NYT, la Corte Nacional de España sentenció a otros 28 (¡súper-sic!) empresarios y políticos quienes recibieron más de 300 años (¡súper-sic!) en sentencias combinadas de cárcel por haberse beneficiado de un esquema de sobornos a cambio de contratos (https://nyti.ms/2Lcjlda).

NYT, de proclividad eurófoba debido a sus nexos con el euro-nihilista George Soros (http://bit.ly/2J2gM0K), da vuelo al caos en el corazón europeo cuando la asunción de Pedro Sánchez se gestaba “el mismo día del retorno del nuevo gobierno antiestablishment en Italia, cuando Gran Bretaña abandona la UE, Polonia y Hungría reculan en sus democracias, y EU libra una guerra comercial contra sus aliados europeos”.

A diferencia de Italia (http://bit.ly/2LKwjjy), hasta ahora nadie en España –de sus cuatro partidos principales (PP/Ciudadanos/PSOE/Podemos) que liquidaron su bipartidismo tradicional– pone en tela de juicio su membresía en la eurozona, de la cual es su cuarta principal economía, ni tampoco existe patente xenofobia contra la migración.

Conclusión: Solía decir Suetonio que la corrupción de los mejores (sic) es lo peor. ¿A que equivaldrá, entonces, la corrupción de los peores y su kakistocracia?

Existe un portentoso proverbio árabe sobre quienes vociferan contra la corrupción desde su obscena inmoralidad: quien tenga la casa de vidrio no debe arrojar piedras, como es el caso del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), hoy sucesor del mefítico PP.

El portal libremercado expone la hipocresía del flamante presidente PS cuando el PSOE acumula cientos de casos (¡súper-sic!) de corrupción (http://bit.ly/2J8OxcR).

La corrupción del PSOE, partido travesti neoliberal, implica también a Felipe González Márquez (¡durante 14 años!; http://bit.ly/2kN5NKl) y a Rodríguez Zapatero.

Es tan desvergonzado Felipe González Márquez que llega hasta pretender que la corrupción en España es un descuido generalizado (http://bit.ly/2HfCadf). ¡Pues se pasan de descuidados! ¿Y quién será el capacitado a cuidar la hacienda pública y a no pervertir a las instituciones?

Debido a los vasos comunicantes de los libres flujos de capitales del modelo neoliberal financierista y a la desregulación en sus paraísos fiscales piratas, la metastásica mega-corrupción española impacta a sus viejas colonias en LA, como es el caso específico del “México neoliberal itamita”: desde sus trasnacionales bancarias, como Santander con su literato fascista de Televisa (http://bit.ly/2Hfqh6X) en su seno (http://hyperurl.co/xt6zsm), constructoras como la pestilente OHL (http://bit.ly/2xzynru), Repsol (donde presuntamente se despachó con la cuchara grande Felipe Calderón), Telefónica (donde operó el filosionista Chicago Boy Francisco Gil Díaz) etcétera.

Lo peor de todo, en medio de la contagiosa epidemia trasnacional de mega-corrupción en España, es que sus políticos y sus aliados literarios en LA todavía se atreven a pontificar a sus ex colonias.

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El presidente paraguayo renunció para asumir una banca en el Senado

La Constitución paraguaya establece que el presidente saliente “será senador vitalicio” con voz pero sin voto. Pero Cartes obtuvo un polémico fallo de la Corte que lo habilita a asumir su banca como senador activo.

 

El presidente de Paraguay,Horacio Cartes, presentó su renuncia ayer para poder asumir una banca en el Senado y, de aprobar el Congreso su dimisión, será sustituido por la vicepresidenta Alicia Pucheta, que se convertiría en la primera mujer en asumir la primera magistratura del país.


“Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para presentar mi renuncia al cargo de presidente. He adoptado esta determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática del pueblo expresada en las urnas que me eligió para el cargo de senador”, escribió el mandatario en una carta al presidente del Congreso, Fernando Lugo.


Partidarios de Cartes en el Senado solicitaron una sesión plenaria extraordinaria de las dos cámaras del Congreso mañana para tratar la renuncia. El líder colorado necesita una mayoría simple (23 votos sobre un total de 45 senadores) y 41 (sobre un total de 80 diputados) para que el Parlamento acepte su dimisión. La Constitución paraguaya establece que el presidente saliente “será senador vitalicio”, con voz pero sin voto. Sin embargo, Cartes obtuvo un polémico fallo de la Corte que lo habilita a asumir su banca como senador activo.


Efrain Alegre, presidente del opositor Partido Liberal (primera minoría en el Congreso) anunció en conferencia de prensa una movilizaci¢n popular para evitar que Cartes asuma como senador activo. La juramentación de los senadores electos está prevista para el 30 de junio. “Estamos ante una situación que pone en peligro la democracia en el Paraguay”, advirtió Alegre.


Candidato a presidente y derrotado por apenas 3,7 puntos de diferencia por el oficialista Mario Abdo Benítez, Alegre hizo un llamado a su exrival en los comicios y a los que responden a su liderazgo a rechazar la renuncia del jefe de Estado.


“Yo creo que primero él tiene que explicar lo que está sucediendo con este tema”, dijo la senadora Blanca Ovelar, del gobernante Partido Colorado, en referencia a la situación que involucra al ciudadano brasileño Dario Messer, prófugo de la Justicia paraguaya y brasileña en el marco de una causa por lavado de dinero. Cartes lo llamó alguna vez “hermano del alma”.


La resistencia de la oposición política y algunos dirigentes oficialistas ponen un manto de incertidumbre sobre la aceptación de la renuncia y el eventual acceso de Cartes al Congreso. Quienes se oponen a este proceso político creen que la llegada de Pucheta a la vicepresidencia fue un intercambio de favores entre Cartes y la ex magistrada.


La senadora Desiree Massi, declaró la semana pasada al diario paraguayo Última Hora que “Horacio Cartes no está interesado en ser senador, sino en los fueros que conseguirá en el cargo para evitar ser investigado por la Justicia”. Existen dudas sobre otros hechos relacionados con posibles actividades ilegales de Cartes como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de dinero.


En caso de que el líder colorado consiga los votos en el Congreso, Pucheta ocuparía la presidencia durante menos de tres meses, hasta que Mario Abdo Benítez, elegido el 22 de abril, asuma el cargo el 15 de agosto para un mandato de cinco años.

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Viernes, 09 Marzo 2018 06:19

Arranca un nuevo juicio a PPK

Arranca un nuevo juicio a PPK

El Parlamento peruano vuelve a decidir la suerte del mandatario a menos de tres meses de que PPK zafara de ser destituido por un puñado de votos en el mismo órgano. El motivo es el mismo: la corrupción, pero las evidencias se han acumulado.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski está otra vez cerca de la destitución. Menos de tres meses después que PPK, como se le conoce al presidente, se salvara porapenas ocho votos de ser destituido por el Congreso, en el Parlamento se vuelve a presentar un pedido para sacarlo del cargo. La razón es la misma: los oscuros negocios de PPK con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht cuando fue ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), hoy prófugo tras ser sindicado de recibir sobornos de Odebrecht. Kuczynski está acusado de contratar consultorías financieras y obtener millonarias ganancias, a través de una empresa de su propiedad, con Odebrecht mientras era ministro y la empresa paralelamente contrataba con el Estado y se beneficiaba de decisiones del gobierno en las que PPK tuvo rol protagónico. También se le acusa de haber mentido al negar esas relaciones. Y hace unos días un funcionario de Odebrecht reveló que la empresa le había dado 300 mil dólares a la campaña de PPK en las elecciones de 2011. En esta ocasión, se han agregado nuevas evidencias comprometedoras para PPK sobre sus vínculos comerciales con Odebrecht, respecto a lo que se presentara en diciembre pasado, cuando se vio y rechazó el primer pedido de destitución.


Ayer, 29 congresistas, tres más del mínimo exigido, que pertenecen a cinco bancadas diferentes, presentaron una moción para destituir al presidente por “incapacidad moral permanente” por esos vínculos con Odebrecht y por haber mentido reiteradas veces, negando sus relaciones comerciales con la constructora brasileña, las que hoy han quedado en evidencia. Este es el primer paso en el proceso de destitución del jefe de Estado. El segundo paso es que el pleno del Congreso decida si acepta o no poner a debate y votación esta solicitud para separar de su cargo al presidente, lo que se daría la próxima semana. Para eso se requieren 52 votos de los 130 miembros del Congreso unicameral. Para que la destitución se haga efectiva, el tercer y definitivo paso en este proceso, se necesita el respaldo de dos tercios de la cámara, es decir 87 votos.


Las apuestas no favorecen a PPK. Pero en diciembre pasado su salida de PPK parecía casi segura y finalmente el pedido de destitución no pasó: alcanzó 79 votos y el presidente pudo mantenerse en el cargo. En esa ocasión, Kuczynski pudo zafar a último momento gracias a que diez parlamentarios de la bancada fujimorista, encabezados por el legislador Kenji Fujimori, desertaron de su agrupación y no respaldaron la salida del presidente. A cambio de ese apoyo, PPK indultó al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), que en 2009 había sido condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Un alto precio. Luego de este indulto, producto de un pacto político, la debilidad y el descrédito del presidente se agravaron. De acuerdo con una reciente encuesta de GFK, un 55 por ciento quiere la salida de Kuczynski de la presidencia. Su aprobación ha caído a 15 por ciento.


La moción de destitución es multipartidaria. Ha sido firmada por representantes de la izquierda y del fujimorismo, entre otros, que juntas suman 96 votos, suficientes no solamente para aprobar la aceptación a debate de esta moción de destitución, sino la destitución misma del presidente. Pero no hay un respaldo en bloque de todas estas bancadas al pedido de destitución. En más de una de ellas el voto se dividiría, como ya ocurrió en diciembre. Los únicos grupos que hasta ahora aseguran un apoyo sin fisuras a la moción de destitución son los izquierdistas Nuevo Perú y Frente Amplio, que juntos suman veinte votos. El resultado es incierto. Si Kuczynski fuera destituido, sería reemplazado por el vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá.


Luego de la salida de doce de sus legisladores, que han formado rancho aparte bajo el mando de Kenji, ahora aliado del gobierno, la bancada la fujimorista Fuerza Popular, que responde a Keiko, la hermana mayor de Kenji, se ha quedado con 59 miembros. Su apoyo es clave para aprobar la destitución del presidente. La dirigencia de Fuerza Popular ha anunciado su respaldo a ese pedido, como también lo hizo en diciembre, pero no está en condiciones de asegurar que no habrá nuevas disidencias. En el gobierno esperan que se repita la historia de diciembre y que el fujimorismo se vuelva a partir y nuevos disidentes decidan no respaldar la destitución de Kuczynski. En el Ejecutivo estiman que por ahí pasa la salvación del presidente. En eso confían. Como ya ocurrió en diciembre, el destino de PPK vuelve a estar en manos de Kenji y sus disidentes, lo que significa volver a estar en manos de Alberto Fujimori.


Luego que se presentó el nuevo pedido para destituirlo, PPK reconoció que la situación de su gobierno es compleja. “Hay que pelear, hay que defenderse”, ha dicho. “Me voy a defender como gato panza arriba”, ha anunciado. Con cada vez menos respaldo y sin argumentos sólidos de defensa frente a los cargos de corrupción, Kuczynski ha intentado, sin éxito, desacreditar el pedido para destituirlo apelando al viejo fantasma del comunismo, amparándose en que su salida es respaldada por la izquierda. Ha dicho, en un intento de defensa disparatado, que su destitución es parte de un plan del comunismo para apoderarse del país

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