Viernes, 02 Marzo 2018 06:04

Votar en Colombia

Votar en Colombia

El voto en blanco y las luchas contra las injusticias

En este año 2018 se celebran elecciones legislativas y presidenciales en el país andino con un panorama un tanto desalentador. El cuadro político que tiene Colombia actualmente no invita al optimismo. A ello contribuyen hechos tan graves como la falta de implementación de los acuerdos de paz de La Habana, la no puesta en marcha en toda su extensión de la Justicia Especial para la Paz y los asesinatos de líderes y lideresas sociales.


Los movimientos por el voto en blanco, sobre todo para el Senado, van tomando fuerza. Pero lo más importante son las campañas contra la violencia y el fraude, contra las injusticias y por una política transparente. En un país en el que la Misión de Observación Electoral señala los riesgos electorales presentes en el territorio.

Cuando se cumplía un año de la firma oficial del Acuerdo entre guerrilla y Gobierno en Cartagena de Indias, septiembre 26 de 2017, la Fundación Paz y Reconciliación publicaba el informe “Cómo va la paz” en donde destacaban, además de la negativa a dar luz verde a la Ley de Amnistía, los incumplimientos generalizados, el aumento de los asesinatos sistemáticos, la falta de compromiso político o la debilidad institucional. Ahí llama mucho la atención la poca presencia del presidente y su equipo de gobierno para respaldar los acuerdos y denunciar lo no cumplido.

Sobre la Justicia Especial para la Paz, que alguien revise a ver cuáles de los objetivos que se propuso se está cumpliendo. No se está satisfaciendo el derecho de las víctimas (todas y cada una) a la justicia; a la sociedad colombiana no se le ha ofrecido la verdad; no se ha dado la reparación a las víctimas; no se está luchando con ganas, medios y resultados contra la impunidad; no hay plena seguridad jurídica para quienes participaron en el conflicto armado y no está verdaderamente contribuyendo al logro de una paz estable y duradera.


Los cifras sobre asesinatos de personas relacionadas con la defensa de los derechos civiles y la paz no coinciden, según la fuente que las facilite. Mientras la Fiscalía reconoce el asesinato de 101 personas entre enero 2017 y enero 2018, para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en el año recién terminado mataron a ciento setenta líderes y lideresas sociales. Eso supone un aumento en 2017 del 45,2 % en relación al año anterior. A eso hay que sumar las veintiuna personas asesinadas en el primer mes de 2018. Al margen de la lucha de datos, son hechos muy graves, que no deberían suceder y que demandan una mayor y mejor acción por parte del Estado, y del Gobierno, para parar este derramamiento de sangre. No es suficiente con que la ONU se muestre preocupada por los asesinatos, en cualquier otro país, o en otras circunstancias, serían considerados delitos de lesa humanidad. Porque estas muertes no son, como dicen algunos miembros de la Administración, “líos de faldas” o “ajustes de cuentas”, son crímenes de Estado. Y así no se alcanza la paz.


Según un informe de la Unión Europea, elaborado por la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, tan sólo se ha cumplido el 18,5 % de lo establecido en los acuerdos de paz. Además, señala la actitud negadora del paramilitarismo por parte del Gobierno.

A ello se suma un escenario político en el que, pese a contar con un presidente flamante premio Nobel de la Paz, los “presidenciables” no encantan, por diferentes motivos, entre la población. También está en entredicho la clase política por su calidad, su capacidad, los vínculos, algunos demostrados pero “desoídos” y otros ignorados, con la corrupción y el crimen, y sus propuestas programáticas, que no convencen ni a sus propios correligionarios.


Según la Registraduría Nacional de la República, un total de 36.024.467 ciudadanas y ciudadanos colombianos están llamados a votar en las legislativas del 11 de marzo, para las que se instalarán 103.345 mesas ubicadas en 11.231 puestos de votación atendidos por 688.537 personas elegidas como jurados en todo el país.

En esas elecciones, en las que serán elegidos ciento dos senadores y ciento sesenta y seis congresistas para la Cámara de Representantes, el horizonte no está muy definido. El asunto es complicado empezando porque la papeleta de voto es un tarjetón de tamaño poco manejable en el que hay que marcar con un aspa, una X, el partido y el nombre del candidato (a) que se elige, en el caso de optar por una lista preferente (la mayoría de los partidos), o solamente marcar el partido o coalición si se hace por una lista no preferente (la dirección decide su representante).

Para la Cámara de Representantes se eligen por circunscripción en los treinta y dos departamentos más Bogotá D.C. En ésta se presentan catorce partidos generalistas, dos con listas no preferentes (GSC Colombia Justa Libres y FARC), seis movimientos para la circunscripción especial de comunidades indígenas y cuarenta y dos asociaciones para la circunscripción especial de comunidades afro-descendientes.


Para el Senado de la República, de circunscripción única, son veintitrés los partidos que se postulan, cinco de ellos con listas no preferenciales (GSC Sí se puede, GSC Unión con fortaleza, Partido Somos, GSC Colombia Justa Libres y FARC), más siete listas de candidatos de la circunscripción especial de comunidades indígenas. El Senado es una instancia que está muy desacreditada, lo que no significa que la Cámara lo esté menos y que sea una particularidad colombiana, ya que el descrédito político está extendido en todo el mundo.


Las peculiaridades del sistema político colombiano hacen que esta votación no tenga una incidencia clara en la posterior presidencial, aunque puede arrojar alguna luz sobre las y los candidatos mejor posicionados.


Con los datos de los cuatro estudios de otras tantas entidades de sondeo realizados en el mes de febrero, el voto en blanco ganaría en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 27 de mayo en su primera vuelta. ¿Es bueno para las y los candidatos que las encuestas les sitúen en un buen lugar? Visto lo que sucedió en el plebiscito del pasado 2 de octubre, probablemente no. Había tal convencimiento del triunfo del sí, que el pasotismo de la mayoría urbana hizo que el “no” le ganará la partida. Si algún medio o encuesta da por ganador a alguien en particular, sus seguidores o posibles votantes pueden no ejercer su derecho al voto y los rivales movilizarse en masa para que no se cumpla el vaticinio.


En esos cuatro estudios mencionados, los resultados son dispares. Haciendo política ficción, que más o menos es lo que son esas encuestas, me atrevo a hacer una sumatoria de sus resultados y lo que nos presentan es que Sergio Fajardo lidera las opciones con una media del 17,3 %, seguido de Gustavo Petro y su “Colombia Humana” con el 16,23 %, a continuación el exministro Vargas Lleras con el 10,3 % y, a cierta distancia, el representante del Gobierno en las negociaciones de La Habana, Humberto de la Calle, con el 6,53 % y la también exministra y cabeza del Partido Conservador Marta Ramírez con el 5,9 %.


El voto en blanco lidera la intención en dos de los escrutinios pero no aparece en las otras. Lo mismo que el joven delfín candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que solamente es mencionado en dos de ellos.


El estudio de “Cifras y conceptos” también incluye preguntas sobre la imagen favorable o desfavorable de los aspirantes presidenciales, dando Fajardo la mejor con 41 % y Londoño la peor con el 81 %, aunque éste, junto a Gustavo Petro y Piedad Córdoba son tres de los menos desconocidos. La encuesta pregunta, además, si tienen decidido ya su voto para la primera vuelta y, curiosamente, el 46 % ya lo tienen.


Que en Colombia se diga que parece que la intención de voto lleva hacia el centro-izquierda al país, el único del continente que nunca ha tenido un gobierno de izquierdas, será motivo más que suficiente para que la derecha movilice todo su arsenal, por desgracia no solamente el electoral, para minar esa opción.


Parece que Sergio Fajardo, exalcade de Medellín, y Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, son los que tienen más opciones. Pero que las tengan les puede perjudicar y hacer que sus posibles votantes se inhiban y que los rivales se activen. Y para la casi segura segunda vuelta, es más difícil la unión de los sectores más progresistas que la de las derechas, más obedientes y pactistas con tal de evitar al enemigo.


En cualquier caso, la sugerencia es que la ciudadanía vote y no bote el voto. Que se decante por opciones confiables y comprometidas con la población y la justicia social. Es una oportunidad para dar continuidad a un proceso de paz necesario y que el país camine por la senda de la convivencia pacífica, desde el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Votar es un ejercicio de ciudadanía democrática; exigir después responsabilidades, también.

 

Publicado enColombia
Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, PPK estuvo a punto de ser destituido por el Congreso.

 

El presidente peruano queda comprometido con la trama de corrupción de Odebrecht

Cuando era un poderoso ministro de Toledo, PPK favoreció a la constructora brasileña. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. Se acusa al actual mandatario de haber beneficiado al consorcio Camisea.

 

Desde Lima

Nuevas complicaciones para el agobiado presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Recientes revelaciones comprometen más su situación en la trama de corrupción de Odebrecht. La prensa local ha denunciado que cuando era un poderoso ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) –hoy prófugo acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña– y el gobierno de entonces tomó una serie de decisiones que favorecieron a Odebrecht, Kuczynski se reunió varias veces con un alto ejecutivo de la compañía encargado de negociar y repartir los sobornos en el Perú. A esto se suma nueva información comprometedora sobre las consultorías de empresas ligadas a Kuczynski dadas a la cuestionada constructora brasileña cuando el actual mandatario era ministro. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. También se le acusa de haber beneficiado como ministro al consorcio Camisea, que explota y comercializa los principales yacimientos de gas del país. Estas nuevas acusaciones salen a la luz cuando el presidente camina tambaleante por la cornisa.

Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, que PPK, como todos llaman a Kuczynski, había mantenido ocultos, el presidente estuvo a punto de ser destituido del cargo por el Congreso, cuando se le acusó de haber hecho negocios con la constructora brasileña cuando era ministro de Toledo a través de una empresa de consultoría financiera de su propiedad -Westfiled Capital- y de una segunda compañía -First Capital- de un socio suyo. Por esos negocios, ambas empresas ligadas al presidente peruano recibieron cerca de cinco millones de dólares. Kuczynski no pudo dar explicaciones convincentes sobre esas relaciones de negocios y el claro conflicto de intereses que representan, pero se salvó de la destitución luego de negociar el apoyo de un sector disidente de la mayoritaria bancada fujimorista, a cambio de lo cual otorgó el indulto al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Este canje de impunidad ha gatillado una grave crisis política y social.

La situación del presidente queda más comprometida al revelarse las reuniones que siendo ministro tuvo con Jorge Barata, quien fue director de Odebrecht en el Perú y estuvo encargado de negociar y repartir sobornos en el país. Fueron cinco encuentros de Kuczynski con Barata, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros. La primera reunión fue el 19 de noviembre de ese año. Meses antes, Westfield Capital había firmado su primer contrato de consultoría con Odebrecht. En mayo de 2005, días después de otra reunión de Kuczynski con Barata, el gobierno aprobó avalar un préstamo de la Corporación Andina de Fomento por 77 millones de dólares para el proyecto de irrigación Olmos ejecutado por Odebrecht y para el cual Westfield Capital hacía una consultoría financiera.

En el período que se dieron estas reuniones se armó el proceso para la licitación para la carretera interoceánica que obtuvo Odebrecht, previo pago de un soborno según ha confesado la propia empresa. El Consejo de Ministros que presidía PPK dio una serie de normas para allanarle el camino a la constructora brasileña para hacerse con esa obra, la que finalmente obtuvo en agosto de 2005.

Pero los problemas para Kuczynski, quien en el pasado ha sido denunciado reiteradas veces como lobista y de utilizar sus cargos públicos para favorecer intereses privados, van más allá de Odebrecht. Siendo PPK presidente del Consejo de Ministros, el gobierno le entregó al consorcio Camisea, que explota los principales yacimientos de gas del país, sin licitación y sin costo alguno la explotación de un lote de gas que ya había sido explorado y tenía reservas probadas. Antes de ser nombrado ministro, Kuczynski había sido consultor de la petrolera Hunt Oil, integrante del consorcio Camisea.

Westfield Capital dio asesoría a Transportadora de Gas del Perú (TGP), encargada de transportar y comercializar el gas de Camisea.Y desde el gobierno, PPK tuvo un rol clave para cambiar los contratos entre el Estado y Camisea para favorecer la exportación sin necesidad de asegurar primera el abastecimiento interno, un gran negocio para la empresa comercializadora de gas. Hunt Oil también formaba parte de TGP, al igual que el grupo argentino Techint. PPK fue director de Tenaris, parte del grupo Techint y encargada de proporcionar los tubos para construir el gasoducto de Camisea.

El de Kuczynski es un típico caso de puerta giratoria entre la función pública y los negocios privados, de estar en ambos lados de la mesa para negociar, con resultados siempre favorables a los intereses privados y contrarios al Estado. Ahora, el presidente peruano está en graves problemas por esa práctica. En los próximos días será interrogado por una comisión investigadora del Congreso. Y en los pasillos del Parlamento se vuelve a escuchar la palabra destitución.

 

Publicado enInternacional
Sábado, 27 Enero 2018 07:29

A penas, un año

A penas, un año

 

Trump en la Casa Blanca.

 

Donald Trump empezó el segundo año de su presidencia con el gobierno federal clausurado, el Congreso incapacitado, una investigación que sigue sobre la injerencia rusa en la política de Estados Unidos, y el retorno de una historieta de adulterio.

El viernes 19, después de que el presidente Donald Trump y dirigentes de ambos partidos en el Congreso dijeron y se desdijeron en la búsqueda fingida de un acuerdo presupuestario, el primer año de la gestión del magnate que todo lo resolvería con sus artes de Supremo Negociador concluyó en caos.

Pero no es del todo justo achacarle a Trump la disfunción del sistema político de Estados Unidos. Su elección misma fue resultado de esa disfunción, y Trump sólo ha contribuido a incrementarla. Tanto el Partido Republicano, que ahora no sólo controla la Casa Blanca sino que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y ha logrado la designación de una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Justicia, como el Partido Demócrata, que supuestamente debería estar unificado en la oposición, han demostrado en los últimos 12 meses que son incapaces de formular políticas.

Entre tantos asuntos que podrían conducir a un choque entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, le tocó el turno al de los alrededor de 800 mil jóvenes que, nacidos en otros países, fueron traídos a Estados Unidos siendo menores de edad y que ahora encaran la deportación a países que prácticamente no conocen.

Estos jóvenes se han educado en Estados Unidos, muchos de ellos sólo hablan inglés, y muchos más han tenido carreras brillantes en sus estudios, han iniciado su tarea en alguna profesión, se han incorporado a las fuerzas armadas. Y muchos de ellos recién se enteraron de su situación como inmigrantes indocumentados cuando, a los 16 años de edad, fueron a tramitar la licencia de conductor, o a los 18 debieron preparar sus solicitudes de ingreso a la universidad.

TOMA Y DACA. En junio de 2012, y dado que el Congreso no hacía nada para resolver la situación de esta gente, el presidente Barack Obama firmó un decreto titulado “Acción diferida para los llegados en la infancia”, más conocido por su sigla en inglés Daca. Los jóvenes se han llamado a sí mismos dreamers, los soñadores que tienen la esperanza de una vida próspera en Estados Unidos. El 78 por ciento de ellos proviene de México o América Central, el 11 por ciento de América del Sur y el Caribe, el 9 por ciento de Asia y el resto de otras partes del mundo.

El Daca dejaba en suspenso la deportación a condición de que estas personas se registraran con las autoridades, dieran un domicilio fijo, no tuvieran antecedentes penales, y estuvieran estudiando o trabajando. Por supuesto, al registrarse de paso también entregaron a las autoridades información sobre sus familias, los padres y madres que los trajeron.

El Daca y los dreamers se han convertido en pelotas para el juego político: los sectores más conservadores proponen su deportación inmediata. El ex jefe de policía del condado Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, famoso por sus abusos contra los inmigrantes, sostiene que, una vez deportados, los dreamers serían excelentes embajadores culturales de Estados Unidos, y que desde ese allá, donde quiera que sea, podrán solicitar su visa para retornar al país.
Los demócratas, por su lado, han hecho de los dreamers una bandera para contrariar todo lo que propongan los republicanos en materia de inmigración.

Trump entró en este duelo con la propuesta de construir una Gran Muralla a lo largo de la frontera con México, que, según el magnate de la fantasía edilicia, impedirá el cruce de las huestes morenas.

Tal como suele suceder cuando un asunto es complicado, la simplificación en dos opciones sólo ha servido para adelantar ninguna. Trump no acepta negociar algo si no consigue miles de millones de dólares para su absurda muralla, y los demócratas dicen que no negociarán nada que no abra para los dreamers una senda a la legalización y, eventualmente, la ciudadanía.

En setiembre pasado Trump dio un paso correcto: abrogó el decreto de Obama, fijando su fecha de expiración para marzo, y le encargó al Congreso que produjera una ley sobre los dreamers. Fue un paso en una buena dirección, porque sin una legislación apropiada el destino de esta gente seguirá sujeto a decretos que firma un presidente, anula el siguiente, y supuestamente firmará su sucesor. La legislación daría una solución definitiva.

Pasaron los meses y los republicanos y demócratas en el Congreso no fueron capaces de producir una legislación razonable, con la complicación de que también pasaron los meses para resolver otros asuntos, entre ellos la aprobación del presupuesto del gobierno federal. Vencidos algunos plazos, el Congreso –recuérdese, con mayoría republicana en ambas cámaras– aprobó extensiones cortas de los gastos del gobierno.

A la luz de encuestas que muestran que Trump tiene el nivel de aprobación popular más bajo que cualquier otro presidente, los demócratas se sintieron corajudos y al aproximarse otro plazo de terminación de gastos plantearon que no permitirían que se alcanzara la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar el presupuesto, a menos que la ley para ello incluyera una solución para los dreamers.


TODOS CONFUNDIDOS. Y así en la semana pasada se llegó a una de esas situaciones dramáticas –o de reality show– que son las favoritas de Trump.

En una reunión con legisladores, que Trump autorizó fuera mostrada en vivo y en directo por televisión, el presidente les dijo a demócratas y republicanos que él promulgaría cualquier ley que le presentaran, aun una que no le gustara. También les dijo que él estaba dispuesto a recibir todas las críticas, a pagar el precio político por lo que los legisladores aprobaran.

Al día siguiente, cuando dirigentes del Congreso le trajeron una propuesta negociada entre demócratas y republicanos, a puertas cerradas Trump se enfureció porque no había tanto dinero para su muralla como el que él pedía. Y, según algunos participantes, utilizó epítetos que hicieron más ríspida la polémica nacional. Dicen los que dicen, que el presidente calificó a Haití y los países africanos como “naciones de mierda”, y preguntó por qué es que a Estados Unidos no viene más gente como los noruegos. Si alguien sospecha que el comentario es racista, es pura coincidencia.

Durante el resto de la semana hubo tantas versiones de la discusión como participantes. Trump se plantó en que no firmaría una ley de presupuesto que no garantice fondos para la muralla, y los demócratas se plantaron en que no aprobarían una ley sin solución para los dreamers.

Simultáneamente siguieron saliendo a luz detalles de la investigación –que conduce el ex director del Buró Federal de Investigaciones (Fbi) Robert Mueller– sobre los contactos que haya tenido, o quizá no, la campaña presidencial de Trump en 2016 con agentes de gobierno ruso y/o con oligarcas rusos de mala reputación.


DES-CONFIANZA. Y, también simultáneamente pero con menos notoriedad, saltó a la luz una encuesta realizada por el Instituto Marista de Opinión Pública para la cadena Npr de radio pública, que encaró varios aspectos del primer año de la presidencia trumpiana. Uno de los aspectos enfocados por los encuestadores fue el grado de confianza que los estadounidenses tienen en sus instituciones.

El 54 por ciento de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en la presidencia de la república. El 71 por ciento manifestó poca o ninguna confianza en el Congreso.

El 51 por ciento de los encuestados expresó mucha confianza o algo de confianza en el sistema judicial, mientras que el 45 por ciento mostró poca o ninguna confianza en los tribunales.

El 68 por ciento expresó poca o ninguna confianza en “los medios” –a quienes Trump ha calificado de enemigos del pueblo estadounidense– y sólo el 30 por ciento de los encuestados mostró confianza en la prensa.

El 68 por ciento expresó poca o ninguna confianza en el Partido Republicano y el 62 por ciento poca o ninguna confianza en el Partido Demócrata.

Sólo 49 por ciento de los encuestados tiene confianza, un poco o mucha, en los sindicatos, y apenas el 39 por ciento tiene confianza en las grandes empresas. El 44 por ciento no tiene confianza en el sistema de educación pública, y el 48 por ciento tampoco confía en los bancos.

En medio de este deterioro de la confianza de los estadounidenses en su propio sistema político, la encuesta del Instituto Marista encontró que el 87 por ciento de los ciudadanos confía en las fuerzas armadas, y apenas el 12 por ciento expresa algo de desconfianza hacia los militares.


CHUSMERÍOS. Como corresponde en la saga del astro rubio del reality show, la semana pasada salió al público una historia picante que varios medios han conocido por años, pero que no habían corroborado a satisfacción de sus normas éticas.

Según el chisme, el año pasado un abogado del entonces candidato presidencial republicano le pagó 130 mil dólares a Stormy Daniels, una estrella de películas pornográficas, para que no hablara sobre sus encuentros sexuales con Trump, algunos supuestamente ocurridos cuatro meses antes de que Melania Trump diera a luz al hijo de la pareja.

El 20 de enero, cuando se cumplió el primer aniversario de esta presidencia, Melania envió por su cuenta de Twitter un saludo de conmemoración que agradece a la nación por la gran experiencia... pero no nombra a Trump.

El lunes 22, cuando la pareja cumplió su decimotercer aniversario de casamiento, no hubo celebración.

Y el martes se anunció que, por razones de calendario, Melania Trump no iría con Donald Trump al encuentro de los súper ricos y mandamases en Davos, Suiza.

Mal empieza la semana para quien recibe un sartenazo el lunes.

 

Publicado enPolítica
Martes, 26 Diciembre 2017 07:53

Estrategias y estratagemas

Estrategias y estratagemas

En el desordenado escenario actual de Perú, con su decisión indultar a Fujimori, PPK ha perdido su credibilidad y ha conseguido el desprecio de la mayoría antifujimorista


Fue una semana navideña que tardará en olvidarse, de vertiginosa sucesión de sorpresas; de estratagemas que derriban estrategias. Ni Sun Tzu ni Maquiavelo sino Juego de Tronos: sin dragones, sin sangre, sin sexo, pero con todo lo demás, que no es poco.


Durante la semana, el conflicto se desarrolló así: En el Congreso, la mayoría neofujimorista que obedece a Keiko Fujimori planeó derrocar al débil presidente Pedro Pablo Kuczynski a través de un sumarísimo proceso de destitución acusándolo de “incapacidad moral permanente”. Era una blitz que debía resolverse el jueves 21 gracias al sorprendente apoyo del izquierdista Frente Amplio y el menos sorprendente del partido aprista del ex presidente Alan García.


Parecía un resultado inevitable. El presidente fue abandonado por la mayoría de sus ministros, que lo instó a renunciar. Apenas un par de ministros permanecieron a su lado en la desbandada. Desesperado, Kunczynski buscó la ayuda de las personas que le dieron asesoramiento de emergencia en la segunda vuelta presidencial de 2016 (todas opositoras a la autocracia fujimorista), cuando parecía encaminado a una segura derrota. La periodista Rosa María Palacios, el expremier Pedro Cateriano y el exsenador Alberto Borea estuvieron, sin ser los únicos, entre los principales. En esas horas, cuando Kuczynski quiso contactar a la OEA para poner en juego la Carta Democrática, el canciller Ricardo Luna (uno de quienes abogó por la renuncia), se negó a hacerlo. PPK tuvo que remitir personalmente una carta redactada por Cateriano al secretario general de la OEA Luis Almagro. La experiencia, dijo entonces el presidente, le dejaba enseñanzas imborrables sobre lealtades, traiciones y errores propios.


Gracias a esa asesoría de emergencia, el confuso y errático PPK de días anteriores sonó convincente y digno en su mensaje a la nación el miércoles 20 y en su defensa en el Congreso el jueves 21. Durante el largo debate parlamentario, detrás de los esperpentos retóricos vociferados en el hemiciclo, la batalla real se dio en la pugna por los votos. Cuando el Frente Amplio persistió en su alianza con el fujimorismo, pareció que la suerte estaba echada.


Pero en la votación reventó la sorpresa: 10 congresistas fujimoristas, entre los cuales Kenji Fujimori, se abstuvieron y anularon el efecto del cambio de bando del Frente Amplio. Dos de cinco apristas se abstuvieron también y la presumida victoria y cambio de régimen que coronaría la blitz fujimorista se trocó en derrota.


El viernes 22, el triunfante Kuczynski agradeció, entre otros, a Cateriano, Borea, Palacios. Les aseguró un cambio de estrategia orientada a un vigoroso esfuerzo democrático. Sobre los rumores de un posible indulto a Alberto Fujimori (este había presentado una petición), PPK sostuvo enfáticamente que eso no ocurriría, y que ni se discutiría durante las fiestas. Que las lecciones aprendidas eran claras. Yo hablé con él también y me dijo lo mismo.


El sábado 23 y domingo 24, PPK recibió a varias personas, entre los cuales algunos de los ministros que le habían pedido renunciar. Hacia el mediodía del 24 se disparó el rumor de que iba a indultar a Fujimori, lo que ocurrió horas después.


La reacción de la gente que lo defendió en días previos, fue instantánea: Cateriano condenó “el acto de traición a la democracia y los derechos humanos, cometido por [PPK].[...] ha sido un pacto político infame”. “El presidente me mintió” escribió Palacios “[...] perdió todo el respeto que le tenía”. Borea, su abogado defensor, expresó, “de manera categórica mi total desacuerdo. He sido sorprendido con el indulto a Alberto Fujimori”. Poco después empezaban las protestas en la calle contra el “indulto express” y la “traición de Kuczynski”.


¿La estratagema de Kenji Fujimori llevó a la que perpetró PPK y predice, luego de la sorpresa y las rupturas internas, una nueva alianza? Puede que en parte sí.


¿A qué precio? En el desordenado escenario actual, PPK perdió su credibilidad, demostró que su palabra vale menos que un billete de 13 soles, consiguió el desprecio de la mayoría antifujimorista que se supo traicionada y perdió a integrantes de su bancada que renunciaron; sin conseguir el apoyo de Keiko Fujimori, cuya fuerza es aún considerable.


Un cambio así, de un día al otro, ¿obedece a la estrategia o a la neurología, a la astucia o la disonancia cognitiva? Quizá no importe tanto. Uno se dispara a los pies por muchas razones, pero lo que queda al final, junto a los casquillos, es la pata agujereada.

25 DIC 2017 - 21:15 COT

Publicado enPolítica
Lunes, 25 Diciembre 2017 16:48

Fujimori indultado

Fujimori indultado

El espejo peruano ha terminado por reflejar que la corrupción política y desintegración nacional ha llegado a su máxima expresión. Después de hacer un esfuerzo por no vacar a un presidente que ganó “por un pelo”, y haberlo rescatado por “otro pelo” con el retiro de 10 votos de la izquierda, se ha sabido que en realidad había una maquina en marcha al menos desde octubre del 2017 para liberar a Fujimori. Es posible que el pedido de vacancia fuera parte de la escenografía de esa maquinaria. Pedro Francke ha circulado un texto dando precisiones procesales y el Ministerio de Justicia, donde el Ministro es el Fujimorista Enrique Mendoza, negó el 22 de diciembre la existencia del informe de la junta médica que estaba circulando en las redes. Mientras Mercedes Araoz salió a la prensa a decir, el mismo 21 de diciembre, que en el gobierno de PPK “los indultos no se negocian”. Lo cierto es que bajo el premierato de Araoz se organizó la trama que involucró al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y que ambos comenzaron el 11 de octubre a mover personas a cargos vitales para este indulto tramposo. Kuczynzski, desde setiembre del 2017, venía anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera de obtener el apoyo del fujimorismo en el congreso, y el cambio de gabinete se entendió que iba en esa dirección.

El ministro de Justicia Enrique Mendoza, asumió el cargo el 11 de setiembre y entonces se dijo que eso era para liberar a Fujimori. Se escribió entonces que “Una de las razones por las que la designación de Enrique Mendoza ha sido cuestionada es porque algunos especulan que el reemplazo de Marisol Pérez Tello se debe a la oposición de la ex ministra de Justicia a un eventual indulto a Alberto Fujimori.

Según Pérez Tello, al expresidente peruano no le correspondería un indulto común ya que fue condenado por crímenes considerados de lesa humanidad. La única posibilidad para que Fujimori salga de prisión, de acuerdo a la exministra, sería otorgarle un indulto humanitario si es que se comprueba que tiene una enfermedad que lo amerite.” http://altavoz.pe/2017/09/18/27551/perfil-quien-es-enrique-mendoza-el-nu...

Con el Ministro de Justicia adecuado para la liberación de Fujimori, éste cambió la Comisión de Gracias Presidenciales un mes después de llegado al cargo. La Comisión de Gracias Presidenciales fue cambiada el 12 de octubre del 2017 cuando se nombraron nuevos presidente y miembros liderado por Orlando Franchini Orsi de 92 años. Franchini renunció seis días después y fue sustituido por el vice ministro de Justicia Juan Falconi Gálvez el 7 de noviembre. El Ministerio de Justicia estaba listo para firmar el indulto.

En paralelo, el 11 de setiembre asumió el ministerio de Salud el Vice Almirante (r) Fernando D’Alessio. Igualmente el 11 de octubre, en simultáneo con el Ministerio de Justicia, cambiaron al Director de redes integrales de salud Lima Este. Lima Este es la zona donde se encuentra el penal donde estaba Fujimori. Puso en el cargo a Luis Champin Loli, un ex – marino que no sabe nada de salud pública ni de gerencia de servicios de salud. El objetivo de Champin era nombrar una junta médica conformada por el médico de Fujimori, Juan Postigo Díaz, y por otros dos: Víctor Amado Sánchez y Guido Hernández Montenegro para tener un informe favorable al indulto por razones humanitarias sin consultar al Colegio Médico o a alguna de las sociedades de especialistas médicos en los temas que afligen a Fujimori.

El Ministro D’Alessio tuvo un recorrido como director de Centrum de la Católica donde dejó un reguero de juicios y de problemas con numerosos profesores por arbitrariedad. Así, con la misma arbitrariedad la junta médica penitenciaria estuvo conformada por el médico de Alberto Fujimori. La Junta Médica Penitenciara dijo en el 2013 que Fujimori no tenía cáncer terminal. Ahora el informe dice básicamente que Fujimori está anciano y que tiene que ser controlado médicamente por más o menos todo lo que se le controla a la gente mayor. Ese es el argumento humanitario. Liberado por viejo.

Esta trama que involucra dos ministros y dos cargos de tercer nivel cambiados en la misma fecha y que colocó al médico de Fujimori dentro de la Junta Médica Penitenciaria, invalidándola, fue algo coordinado. Ocurrió bajo dos ministros del gabinete Araoz, así es que cuando ella dijo que este gobierno no negocia indultos, es posible que ya supiera como iba este indulto desde antes. En todo caso ella es la responsable política directa y ya renunció debido a eso. Los operadores de Salud y Justicia deberían irse de una vez y el fallo debe ser rectificado y Fujimori regresado a la cárcel. ¿Quién coordinó la trama?

PPK, si tuviera sangre en la cara, renunciaría, pero ya se sabe que su única motivación es el dinero y el poder. Los que votamos por él en la segunda vuelta fuimos engañados. De qué importa un buen profesional que nunca dice la verdad. De qué importa un Presidente (otro más) que solo miente para tener más poder. Dijo que siempre fue honesto. Esta acción lo ha confirmado como mentiroso y tramposo, arrogante y vano. Es una basura.

25/12/2017

- Oscar Ugarteche, economista peruano, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM (México), SNI/CONACYT, Coordinador del proyecto Obela www.obela.org.

https://www.alainet.org/es/articulo/190063

Publicado enInternacional
Domingo, 17 Diciembre 2017 07:47

Cuenta regresiva para el gobierno de PPK

Kenyi Fujimori (centro), líder opositor en el Congreso, durante la sesión del viernes.

 

Para aprobar la destitución del jefe de Estado se necesitan 87 votos de los 130 del Congreso unicameral. Fueron 93 congresistas los que aprobaron, la noche del viernes, darle paso al pedido de vacancia por “por incapacidad moral permanente”.

 

Desde Lima

La permanencia del presidente Pedro Pablo Kuzcynski en Palacio de Gobierno ha ingresado en inevitable cuenta regresiva. “No voy a abdicar”, anunció el presidente, ante las exigencias de la oposición que controla el Congreso para que renuncie por las revelaciones de que recibió pagos de Odebrecht cuando hace una década fue ministro. Se ha negado a dimitir, pero la suerte de PPK, como se le conoce al veterano economista neoliberal de 79 años y gestor de grandes negocios privados que gobierna el Perú desde julio de 2016, parece estar echada. El presidente podría ser destituido la próxima semana. Todo apunta a que PPK pasará la Navidad como ex presidente. Si se confirma su destitución le espera un proceso judicial por sus nexos con Odebrecht cuando era ministro.

La oposición reaccionó a la negativa del presidente a renunciar presentando en el Congreso una moción para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Para aprobar la destitución del jefe de Estado se necesitan 87 votos de los 130 del Congreso unicameral. Fueron 93 congresistas los que aprobaron, la noche del viernes, darle paso al pedido de vacancia para que sea debatido y votado el próximo jueves 21. Con la única excepción del oficialismo, que es minoría, y de algunos pocos disidentes de distintos grupos, todas las bancadas parlamentarias respaldaron iniciar el proceso de vacancia. Todo parece estar dicho.

Desde el oficialismo se han quejado de que se haya dado trámite al pedido de vacancia presidencial sin antes haber escuchado los descargos de Kuczynski. PPK pidió declarar ante una comisión parlamentaria que investiga las implicancias del caso Lava Jato en Perú –comisión que la mayoría fujimorista utiliza para investigar a sus rivales y encubrir a su partido y a sus aliados–, pero esa comisión, que antes que estalle esta crisis lo había citado y el presidente se había negado a ir, no lo ha querido recibir. En lugar de ello se presentó el pedido de vacancia presidencial.

El presidente recién podrá ensayar una defensa ante el Congreso el mismo día que se vote el pedido de vacancia. Lo podrá hacer personalmente o a través de un abogado. Para salvar su cargo, Kuczynski tendría que convencer al menos a siete congresistas para que cambien de opinión. Tarea altamente improbable, especialmente después de escuchar los débiles argumentos de defensa del presidente durante un mensaje al país.

En un mensaje televisado, PPK trató de justificar los 4,8 millones de dólares de Odebrecht recibidos, entre 2004 y 2014, por dos empresas a las que está vinculado –782 mil dólares por Westfield Capital, de la cual él es propietario único, el caso que más lo compromete, y poco más de 4 millones de dólares por First Capital, propiedad de su socio Gerardo Sepúlveda y con la cual ha tenido una larga y estrecha relación– diciendo que él no tenía nada que ver con los contratos para las consultorías dadas por esas empresas a la constructora brasileña. Era el dueño único de una empresa, pero no sabía nada de lo que esta empresa hacía, no conocía de sus lucrativos contratos con una constructora mientras él era ministro y tomaba decisiones de gobierno para favorecer a esa constructora, puede resumirse su débil argumento de defensa.

Ayer Odebrecht intentó lanzarle un salvavidas a un PPK con el agua al cuello, con una carta en la que decía que los contratos que la constructora firmó con las empresas ligadas al presidente “son legales” y que no fueron gestionados directamente por Kuczynski. Pero la carta no aclara nada y ese salvavidas de último momento difícilmente ayude a un agonizante presidente.

El fujimorismo, dominante en el Congreso con 72 votos de 130, promueve con entusiasmo la vacancia presidencial y maniobra para sacar provecho de esta crisis que golpea al gobierno. Con encendidos discursos contra la corrupción para criticar a PPK, con más pose que sustancia, intentan reciclarse y lavarse la cara de la corrupción histórica y actual que los mancha. Los fujimoristas ven en la crisis del gobierno y una destitución del presidente la oportunidad para avanzar en el objetivo de acumular más poder y bloquear las investigaciones fiscales que comprometen seriamente a su partido y a su jefa Keiko Fujimori con millonarios aportes ocultos de Odebrecht para su campaña electoral y con lavado de dinero.

Otros sectores políticos, como la izquierda, también respaldan la vacancia presidencial ante la falta de respuestas de PPK a los cargos de corrupción en su contra, pero toman distancias del fujimorismo y advierten de sus intenciones de copar el poder y las instituciones públicas para asegurar su propia impunidad.

Mientras la atención está en la vacancia presidencial, el fujimorismo amenaza a sus investigadores, ante quienes exhibe la destitución del presidente como una muestra de su poder, y mueve sus fichas en el Congreso para destituir al fiscal de la nación y capturar la fiscalía que ahora los investiga, y para copar el Tribunal Constitucional.

Si se confirma la destitución de Kuczynski, como todo indica ocurrirá en unos días, debe sucederlo el vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá, que ya hace maletas. Vizcarra debería completar el mandato presidencial, que culmina en julio de 2021, pero no tiene una base política propia y es minoría en un Congreso dominado por una agresiva mayoría fujimorista. Su estabilidad en el cargo es puesta en duda por diversos analistas. En ese escenario se especula con un posible adelanto de elecciones.

 

 

Publicado enInternacional
Viernes, 15 Diciembre 2017 06:57

Kuczynski recibió dinero de Odebrecht

Kuczynski recibió dinero de Odebrecht

El presidente peruano deberá responder ante la fiscalía y una comisión del Congreso

La comisión legislativa que lo juzgará es manejada por el fujimorismo. Pero sin esperar el resultado de dicha pesquisa, la mayoritaria oposición parlamentaria le ha exigido a PPK su renuncia a la presidencia de la nación.


El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se tambalea peligrosamente, golpeado por el escándalo Odebrecht. La sombra de una renuncia o de una vacancia presidencial ha comenzado a planear sobre Palacio de Gobierno. PPK negó una y otra vez haber tenido algún vínculo con la constructora brasileña, cuyas prácticas corruptas han gatillado un cataclismo político y empresarial en el Perú, pero las evidencias lo desmienten y lo complican seriamente. Documentos revelan que Kuczynski recibió pagos de Odebrecht cuando fue ministro, entre 2004 y 2006, y que esas entregas continuaron luego. El presidente deberá responder por esto ante la fiscalía el próximo jueves 21, y al día siguiente deberá hacerlo ante una comisión del Congreso que maneja el fujimorismo. La mayoritaria oposición parlamentaria le ha exigido su renuncia a la presidencia.

De acuerdo con información entregada por Odebrecht a una comisión investigadora del Congreso que controla el opositor partido fujimorista -y que el fujimorismo hizo rápidamente pública-, la constructora brasileña le pagó a Westfield Capital, una empresa de asesoría financiera de la que Kuczynski es el único propietario, 782 mil dólares por consultorías realizadas entre los años 2004 y 2007. Los pagos comenzaron cuando PPK era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), hoy prófugo en Estados Unidos acusado de recibir sobornos de Odebrecht.


Una segunda empresa ligada a PPK también le cobró a Odebrecht. Entre los años 2006 y 2014, la consultora First Capital recibió de la constructora brasileña 4 millones 43 mil dólares por el rubro de asesorías. PPK ha negado tener vínculos con esta consultora financiera internacional, pero en este caso las evidencias también lo desmienten. Esta consultora es propiedad del chileno Gerardo Sepúlveda, un vejo socio de Kuczynski en varios negocios, y sus oficinas y las de Westfield Capital están en la misma dirección de Miami. En documentos de First Capital, PPK figura como importante funcionario de la consultora. Kuczynski ha reconocido que a través de First Capital realizó una consultoría financiera para un proyecto de irrigación de Odebrecht en el norte del país, algo que antes había negado.


Entre febrero de 2004 y julio de 2006, periodo en el que se realizaron parte de estos pagos, los que luego continuaron, el actual presidente peruano fue ministro de Economía y primer ministro, cargos desde los cuales tuvo un importante papel en el proceso de licitación para la construcción de una carretera que ganó Odebrecht, previo pago, según propia confesión de la empresa, de un soborno de 20 millones de dólares. Funcionarios de la constructora brasileña han confesado que el pago por supuestas consultorías era un mecanismo recurrente para ocultar la entrega de sobornos y que las coimas se pagaban en varios tramos, pagos que se prolongaban incluso cuando el funcionario público había dejado el cargo.


Poco después de conocidos los documentos que lo comprometen, el presidente dio un breve mensaje al país. Fue una débil defensa, que dejó más dudas que certezas. Con voz monocorde aseguró que nunca ha favorecido a alguna empresa desde los cargos públicos que ha ocupado, habló de su supuesta honestidad profesional y señaló que en sus ingresos “no hay nada indebido”. “Estoy dispuesto a aclarar lo que tenga que aclarar”, dijo, pero en su brevísimo mensaje no aclaró nada de los cargos que se le hacen. Después, en un discurso en una ceremonia castrense, se quejó de que en el país “hay muchos obstáculos, muchos rumores, una lucha fratricida” y pidió “unidad”, pero, otra vez, no se refirió a los graves cargos en su contra. Desde que estalló la crisis, no ha respondido preguntas de la prensa. Esa falta de respuestas complica más la difícil situación de Kuczynski.


Buscando sacar provecho propio a esta crisis, el fujimorismo le pide explicaciones a PPK en nombre de la lucha contra la corrupción, lo que en su caso suena groseramente contradictorio con su pasado y su presente, y le exige su renuncia. Ayer, el vocero parlamentario del fujimorismo, Daniel Salaverry, le ha dado al presidente un plazo de 24 horas para que dimita. Desde el oficialismo se quejan de que se pidan la renuncia del presidente sin haber escuchado sus descargos.


El fujimorismo anunció que si PPK no renuncia activarán los mecanismos para un juicio político que declare la vacancia presidencial por incapacidad moral. Para destituir al presidente se necesitan dos tercios de los votos del Congreso unicameral, es decir 87 votos. Los fujimoristas tienen 72 curules, pero otras fuerzas políticas ya han anunciado que apoyarían la vacancia si la defensa del mandatario no resulta convincente.


El fujimorismo, que en los últimos días ha acusado el golpe por el avance de una investigación fiscal a su jefa Keiko Fujimori por el supuesto financiamiento de Odebrecht a su campaña electoral, busca utilizar la crisis que afecta al gobierno para tapar los graves cargos en su contra y promover un adelanto de elecciones que esperan les permita llegar al poder y bloquear las investigaciones judiciales que los comprometen.


El presidente Kuczynski le ha dado al partido de los Fujimori las armas que necesitaba para avanzar en sus objetivos de poder e impunidad. Y PPK, que todavía no cumple un año y medio en el gobierno, parece avanzar hacia un final prematuro. Hacia una salida imprevista y vergonzosa.

Publicado enInternacional
Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:21

Honduras, potencial foco de tensión

Honduras, potencial foco de tensión

Honduras es un país muy pequeño en América central, usualmente desconocido para la mayoría de personas en el mundo. En los años 80, era conocido como el portaaviones de Estados Unidos para agredir la naciente revolución en Nicaragua. Al finalizar esa década, pasó al olvido hasta que, en 2009, se perpetraba con éxito un violento golpe de Estado militar que terminó con la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales.


Es complicadísimo responder a la pregunta ¿Qué tiene Honduras que los yanquis son capaces de retenerla a costa de lo que sea?. Sin embargo, está claro que la ultraderecha de América Latina, dirigida desde la NSA (Agencia de Seguridad Nacional)y el Comando Sur siempre usan “lo mejor de su arsenal” en defensa de sus intereses económicos y estratégicos en este frente único de batalla.


Este domingo 26 de noviembre se llevarán a cabo elecciones presidenciales, legislativas y municipales, simultáneamente. En ella participa el actual presidente de extrema derecha Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional, contra una coalición coordinada por el ex presidente Zelaya, y que postula como candidato a la presidencia a Salvador Nasralla, hombre surgido en los medios de comunicación deportivos del país.


La semana pasada, el oficialismo inició una campaña de miedo, en la que involucró directamente a la bolivariana Venezuela, la que fue acusada ante Luis Almagro de “haber introducido 145 expertos en desestabilización y acciones terroristas para sabotear el proceso electoral”. La acusación la presentó la Fundación Arcadia, dirigida por Otto Reich, halcón de origen cubano y enemigo declarado de la integración latinoamericana, y un oscuro venezolano en el exilio, de nombre Robert Carmona.


El mismo día que Reich apareció con su denuncia, el gobierno hondureño secuestró durante varias horas al emblemático grupo musical venezolano “Los Guaraguo”, en las instalaciones de migración del aeropuerto de San Pedro Sula. Luego del inaudito cautiverio, los músicos fueron deportados hacia Venezuela y escoltados por la interpol hondureña. En las últimas horas el gobierno hondureño subió nuevamente el tono belicoso y estableció que los ciudadanos de origen venezolano deberán usar “visas consultadas” para entrar a territorio nacional.


Mientras tanto, la policía militarizada allanó una vivienda en Tegucigalpa, en la que encontró la siguiente lista de pertrechos: banderas de la alianza, manuales para fabricar cócteles molotov, una libra de marihuana. El burdo montaje fue divulgado por los medios de información locales, totalmente cooptados por el régimen de Hernández.


Todo indica que han iniciado una fase que busca atemorizar a las personas para evitar la asistencia masiva a las urnas. Según estudios confiables, el oficialismo estaría al borde de una derrota electoral catastrófica, y muchos escenarios son posibles. Todo esto impulsado por los halcones de Washington y los cubanos de Miami. Vale la pena seguir de cerca este proceso que luce como un potencial foco de tensión para el continente.

 

Por Ricardo Salgado, analista político hondureño.

Publicado enInternacional
Martes, 21 Noviembre 2017 07:37

El desafio a la justicia transicional

El desafio a la justicia transicional

 

A girones, dentelladas y rasgaduras, hace trizas el legislativo y el poder constitucional colombiano, el modelo Acordado de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición (SIVJENR), para dejar atrás el conflicto interno armado y el panorama sistemático de represión estatal y violación de los derechos humanos y fundamentales.

Demostrado estuvo, durante sesenta años de conflicto armado, que el sistema judicial colombiano no pudo dar respuesta adecuada y conforme a los estándares internacionales, a aspectos como el de rendición de cuentas, reparación de víctimas, protección por abuso de las autoridades, tanto civiles como militares, si en alguna medida en el imaginario colombiano lo de autoridad se concibe el privilegio otorgado a un individuo por su estatutos en el núcleo social en que se mueve, asociado al Estado como depositaria del poder público.

 
Del efecto juridico y politico de la creación de una Jurisdiccion Especial de Paz (JEP)

 

Por los Acuerdos de La Habana y adición del Acuerdo del Teatro Colón, se creó un instrumento ágil, responsable, de apoyo internacional, de confianza para que los más vulnerables de la sociedad tuvieran acceso a la Justicia. Por eso el objetivo fundamental de esa concepción de justicia es el privilegio al derecho de las víctimas, juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de gravedad específica de por sí. Ahondar, en juzgamientos por la violación de los derechos humanos en todas las categorías estudiadas y reconocidas, causadas por desaparecimientos, ejecuciones extrajudiciales; tanto por ocasión de desplazamientos; como por la no garantía de retorno, recuperación de bienes y propiedades. La concepción de una justicia de aplicación, no en un enfoque de principios preconcebidos por rutinarios criterios normativos; sino en la evaluación de un contexto particularizado de la situación colombiana, que ajustada a la existencia y prelación de un Estado de Derecho (cuerpo normativo imperante), actué en forma paralela y de función pública, en un país como Colombia asolado por múltiples conflictos, entre ellos el conflicto armado interno, por el enfrentamiento de fuerzas insurgentes y beligerantes que compiten por derrocar el poder del Estado constituido.

De tal manera que no se trata de una justicia reparadora, como tampoco distributiva o retributiva. No se trata tampoco de una justicia blanda. Es la justicia que ofrece la comunidad internacional para facilitar procesos de paz, tras la terminación de un conflicto armado interno, que como en el caso de Colombia, no hubo triunfo militar sobre la contraparte insurgente y ésta a su vez , mediante un pacto suscrito por plenipotenciarios tanto del gobierno, en nombre del Estado, como plenipotenciarios, en representación de la contraparte insurgente, aceptan la dejación de armas, acuden a la efectiva aplicación de amplia amnistía contemplada internacionalmente y en cuanto a delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, asientan acogerse a una Justicia diferente a la cual combatieron. Precisamente, esa justicia transicional también tiene como objetivo, afrontar las causas subyacentes, del conflicto superado civilizadamente y paso seguido fomentar la reconciliación nacional. En modo alguno- como falsean- se trata de una creación castro-chavista, dando grima el que desconozcan, esos faltos de argumentos, que el termino de “justicia transicional” fue acuñado por académicos estadounidenses, en desarrollo de los efectos de la globalización y el derrumbe de la Unión Soviética.

Pero lograr la aplicación de una Justicia Integral obedece al análisis y manejo del contexto y el entorno político jurídico y político está inundado de aprehensiones.

En esta misma década se declaró constitucional la llamada Justicia y Paz, que juzgó a los paramilitares desmovilizados. Pero esa declaratoria de exequible al Acto legislativo 01 de 2012, nada aporta al universo de concepción de un modelo de justicia transicional aplicada para la terminación del conflicto con la entonces fuerza insurgente farc-ep.

Lograr la aplicación de una Justicia Integral, implica el esclarecimiento de la Verdad. Soportarse en afianzamientos de gobernabilidad y legitimidad en el manejo y control de la mayoría de los resortes del poder, incluido el poder de la tele comunicaciones. Afianzar en la comprensión política que el fin del conflicto armado no es el silenciamiento de los fusiles, como la aceptación de un rendimiento de cuentas de todos a la sociedad. Por ello el efecto de la pedagogía colectivo resalta como fundamento esencial.

El modelo integral colombiano de justicia transicional abarca todos esos aspectos.

El reto está en cómo llegar a la eficacia de ese modelo de justicia integral. Impera la aplicación de transiciones democráticas. No se trata de un sistema o mecanismos para posponer, sin fecha ni plazo cierto (sin die) la acción de la Justicia; como de implementar reformas estructurales. Reformas institucionales que afecten a la policía, el ejército, la justicia, el ejercicio de la inteligencia y contrainteligencia estatal. Aceptar la implementación y cambios de o en el marco legal y constitucionales, mediante reformas o enmiendas.

Inaceptable que sea el ejecutivo la única rama del poder responsable de la negociación con la antigua insurgencia de las Farc-ep. El Acuerdo de La Habana y del Teatro Colón, está concebido bajo un pacto soberano del Estado como expresión del poder público, en cabeza del presidente de la República. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público”. Eso lo establece expresamente el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, conforme a esos términos y sin mayor escitación.

 
El fuero como cuestión militar

 

Cuando el comandante insurgente Alfonso Cano invito a conversar al gobierno de Juan Manuel Santos y recibió como respuesta la orden de asesinarle, presentó aspectos puntuales a tratar y entre ellos mencionó hablar de la Doctrina Militar. Con esta mención demostró el profundo conocimiento que tenia del país colombiano, como quiera que el problema de la tierra y el papel del ejército, constituirán lo álgido a abordar en la solución del conflicto armado interno colombiano.

 
De la separacion de poderes y la doctrina de la cuestion politica

 

Este, que es un tema del derecho de las constituciones políticas, ha tomado carrera en Latinoamérica. Resume la cuestión para excluir de la revisión judicial, los actos de las ramas del poder público en particular, con inusitada tendencia a denunciar una peligrosa concentración de poder en el ejecutivo; en tratándose digamos de la suerte de un Estado de Derecho. Pero, además, en la acepción de creación de ciertas normas constitucionales, no justiciables (por el poder judicial); sino de resorte del poder político. De allí lo sintomático, que en arremetida feroz de la extrema derecha contra el poder judicial o rama autónoma de la justicia, en búsqueda de su debilitamiento institucional, irrumpa tan groseramente la propuesta de la Cuestión Militar, con lo de la extensión de su fuero. La doctrina de la cuestión ha querido demostrar que las cortes no tienen capacidad de conocer de todas las materias bélicas y la simbiosis comparativa con la argumentación de la inconformidad del generalato- mediante voceros en retiro- enmarcada dentro de la problemática de la hipocresía política, frente a la consolidación de fuerzas, hacia una reconfiguración global del poder; tanto en la atormentada Colombia, como en el énfasis de la cuestión política en el escenario latinoamericano.

Actualmente, en los Estados Unidos de América, la Doctrina de la Cuestión Política, sirve como método para que la Suprema Corte esquive o “saque el bulto” con relación a la autonomía de la separación de poderes; llegándose a la supresión de frenos o contrapesos, en el que el poder judicial no debe asumir o tomar posición respecto a las decisiones de las ramas públicas del poder político. Es decir, en el rol que cada rama juega, en relación con las otras, calificando esos actos de no justiciables. Así, que actuaciones del poder político como la invasión o intervención militar a otros países; los bloqueos económicos, aplicación de la tortura (caso Bush), etc. con la Doctrina de la Cuestión Política ante la separación de poderes, no son justiciables.

De manera, que el ejemplo reluciente en el sistema estadounidense de la independencia política y judicial en torno a los actos propios del poder electoral- de por si saludable- quedó sin mecanismos de autocontención en torno a esta cuestión de la doctrina política no justiciable, respecto a los álgidos efectos de los actos políticos. Aunque el tema es prolijo, extenso, en referencia a la cuestión de la doctrina en los Estados Unidos, valga destacar que la suprema corte se apartó o asumió un conocimiento “diferente” al que el gobierno Bush mantenía de los combatientes enemigos extranjeros apresados en Guantánamo o cárceles universales, a no someterlos a conocimiento de tribunal; mas calló ante las torturas.

Técnicamente, conviene aclarar, que cuando se plantea si la cuestión política es justiciable, como judicialización de la política, se alude a las razones judiciales para que los actos del poder político puedan ser ventilados ante lo judicial, ante las cortes.

Somos del parecer que el poder judicial debe tomar decisión de los recursos planteados por las actuaciones del poder político. ¿Quiénes, sino las Cortes, como árbitros neutrales, son los capaces para intervenir en los efectos de los juegos políticos?

Por ello es alarmante, el nexo o relación de causalidad, existente entre el bastardo proyecto del Fuero Militar en Colombia y la doctrina de la Cuestión Política.

Los perros de la guerra y artífices del militarismo aúpan porque los actos de los miembros del ejército, fuerza pública, policía, etc., no sean justiciables. Arguyen que los jueces naturales nos son capacitados, legitimados, para conocer los términos de contenido y argot de la guerra y por consiguiente esa minusvalía, desplaza lo justiciable, al no poder abordar el conocimiento veraz de las conductas de los uniformados y su desempeñó en el ejercicio y actos de la guerra y/o del servicio. Ese es precisamente el planteamiento de la doctrina política de la cuestión, para que no sean justiciables, los actos del poder político. Tamaño copión.

Aún más: quienes deben decidir los límites de los actos de ejercicio de las fuerzas militares. ¿Esos límites, bajo que parámetros, se rigen? ¿Existe un poder autónomo político en la Fuerzas Militares, con relación a las ramas del poder político, para erigirse como jueces y como parte?

Los anteriores cuestionamientos plantean que no estamos ante una incursa violación a la constitución política, en el ejercicio deliberativo que ha hecho, curso o carrera, en Colombia, por parte de los autoproclamados voceros del militarismo; por no mencionar a los militares a secas. Asistimos es al posicionamiento de un poder de facto militarista al estar hablando duro, golpeando la mesa en vocinglera insubordinación. Esto va de la mano, con el endurecimiento del método de la guerra sucia en asocio con el fortalecimiento del paramilitarismo contrainsurgente y antipopular. También va de la mano el que las elites o castas privilegiadas al interior de las fuerzas armadas en Colombia, se desgasten y apunten a lo táctico, ante el fallido soporte estratégico de la salida militarista o guerrerista, para la solución del conflicto armado, de guerra civil en Colombia.

Indudablemente, por eso se habla o menciona desde otras ópticas diferentes a la nuestra, de desgaste interno de valores o desmoralización al interior de las fuerzas armadas. Lamentable error seria subestimar esa situación. Por el contrario, admite el análisis del reposicionamiento de los sectores terratenientes, de latifundismo rural y casa teniente urbano ante la inminencia de las reformas de fondo.

Conviene recordarles que se puede perseguir a violadores de los Derechos Humanos que gozan de impunidad en países que les acogen. Ello establece que nadie puede quedar impune por crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El Derecho Internacional Humanitario enriqueció, luego del Juicio de Nuremberg, en el que “En ellos se declara, que nadie puede alegar su condición de jefe de estado o haber actuado bajo órdenes jerárquicas, si tuvo la opción de no cometer el delito, para no ser juzgado”.

Al sancionarse la oprobiosa ley de justicia y paz bubo auto amnistías para no juzgar. Pero todo ello esta cuestionado por varios organismos internacionales y del sistema interamericano. Esto no tiene asomo que pueda suceder en el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición, acordado en Colombia y del que huelga insistir, la Jurisdicción Especial de Paz(JEP) es uno de sus aspectos.

El principio de justicia universal se fundamenta en las normas del ius cogens y el derecho de gentes y a esas normas no se puede oponer la ley nacional o local (lex fori).

Independientemente de los factores de procedimiento, lo sustantivo y esencial de la Justicia Transicional radica en el criterio jurídico y de concepción de fin del conflicto de los Magistrados(as) posesionados, bajo la egida del principio de lo inescindible y de autonomía soberana del que están investidos.

Por respeto a los lectores no asumo temas como:

· Los nuevos requisitos para los Magistrados de la JEP y el control “estricto” a imponerles.

· El marco final para la participación en política de los ex guerrilleros.

· El juzgamiento de delitos sexuales durante el conflicto por parte de combatientes.

· La comparecencia voluntaria a la Justicia por parte de civiles.

· El requisito de impedimentos o inhabilidades de los legisladores.

 

Publicado enColombia
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, acuden a la Cámara de Representantes para votar la reforma fiscal.

 

El plan, aprobado en la Cámara de Representantes y que necesita ser ratificado por el Senado, incluye una bajada del impuesto de sociedades que pagan las empresas de 35 % a 20 %, y reduce de los 7 actuales a 4 los tramos impositivos.

 

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este jueves la propuesta de reforma fiscal impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que promete profundos recortes de impuestos para las empresas.

La votación reflejó la mayoría republicana en la Cámara Baja con 227 votos a favor, todos republicanos, y 205 en contra del proyecto, que tendrá que ser ratificado por el Senado en las próximas semanas.

"Lo que estamos haciendo hoy no es determinar el sistema fiscal que vamos a tener, lo que estamos haciendo es determinar qué tipo de país vamos a tener", aseguró el congresista republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara y uno de los principales diseñadores de la propuesta, minutos antes de la votación.

El plan incluye una bajada del impuesto de sociedades que pagan las empresas de 35 % a 20 %, y reduce de los siete actuales a cuatro los tramos impositivos.

Ryan, que defiende que la reforma afecta también a a los trabajadores, ha insistido en que el plan supone un "alivio real" para la clase media y ha recalcado que el ahorro para la típica familia estadounidense sería de 1.182 dólares al año.

El presidente Trump, que ha alabado la reforma como "el mayor evento fiscal de la historia del país", visitó este jueves el Congreso para reunirse con los legisladores antes del voto.

A la par que la Cámara, el Senado trabaja en una propuesta paralela, con algunas modificaciones, que se prevé sea sometida a votación en diciembre y para la cual los republicanos cuentan con una mayoría más pequeña, por lo que se esperan más obstáculos para que salga adelante.

 

Publicado enInternacional