Congreso aprueba Jurisdicción Especial para la Paz

Es difícil imaginar el proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc sin recurrir, paradójicamente, a la metáfora de la guerra para ilustrarlo. Tal vez porque es el recurso más antiguo en la historia de los narradores para explicar eventos cruciales de la vida o porque estamos contaminados con más de cincuenta años de conflicto armado. De cualquier manera, siempre es mejor la guerra como metáfora que como realidad. En ese sentido es admisible decir, entonces, que en la segunda semana de marzo, tras varios días de debate en la Sala Plena del Senado, la paz ganó otra batalla con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, sin embargo, dejó una sensación agridulce, por no decir amarga.


Tras refrendar el Congreso los acuerdos el treinta de noviembre del año pasado  yaprobar, días después, la Corte Constitucional el Fasttrack, se daba inicio a un nuevo capítulo del proceso de paz: blindarlos jurídicamente, una condición fundamental para su implementación efectiva.


El primer paso en este sentido se dio el mismo lunes dos de diciembre con la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi), conformada por tres delgados de las Farc: Iván Márquez, Jesús Santrich, Victoria Sandino y tres del Gobierno Nacional: Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo. Esta instanciatiene por objetivo vigilar que los acuerdos se cumplan, dada la tendencia del presidente Juan Manuel Santos a grabar sobre piedra promesas que luego incumple, y a su vez dirimir los conflictos que surjan en la implementación.


A su vez, para cubrir todos los frentes, se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo conformado por: la ministra del trabajo, Clara López Obregón, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, en representación del gobierno nacional; y Arturo Alape y Jairo Quintero, en nombre de las Farc. Este Consejo tiene el objetivo de establecer el cronograma y adelantar el seguimiento de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Del mismo modo otras instancias se encargan de vigilar la seguridad de los reinsertados, con observadores del Gobierno, las Farc y delegaos internacionales.


Así, en estas condiciones el Gobierno pudo presentar, con la bendición de las Farc, las normas y leyes al Congreso de la República. Pero de inmediato surgieron varios problemas. El primero: la priorización. Desde un principio el Gobierno dijo que tenía cincuenta iniciativas por presentar, pero muchas de ellas aún en borrador. La más urgente, dado que las Farc sólo durarían 180 días concentrados en los campamentos, era la ley de Amnistía e Indulto, entendida como «la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada», y el indulto como“un acto oficial que exime a un delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en parte, sin borrar la condena en que se basa” .


Fuentes oficiales habían marcado el cinco de diciembre como fecha límite para radicarla en el Congreso, pero sólo hasta el 19 del mismo mes lo hicieron realidad. Con la ley en el Congreso surgía el segundo obstáculo: la oposición. Si bien el Ejecutivo tiene en su bolsillo a la mayoría en el Congreso, existía cierta incertidumbre frente al alcance de la oposición para frenar el proceso de paz; específicamente del Centro Democrático. Como era de esperarse se hicieron escuchar afirmando que la amnistía y el indulto, tal y como la radicaron, abría las puertas a la impunidad. Sin embargo, varios expertos han afirmado que este proceso de paz es el único en la historia de acuerdos en el mundo donde las guerrillas se someten a ser juzgadas.


Aún así, pese a la oposición, la ley se aprobó en primer debate de Cámara y Congreso y el 31 de diciembre el Presidente la sancionóbajo la ley 1280 de 2016. La agilidad del trámite pudo provenir de los micos introducidos a esta norma, como los beneficiosa militares condenados y presos.


El segundo proyecto, considerado por el Gobierno como la columna vertebral de la paz,no corrió con la misma fortuna. En febrero del presente año el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de JEP. Pero luego de varios días de debates, el ocho de marzo se aplazó la votación cuando varios congresistas entraron en confrontación. Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, le respondió a Jairo Estrada: «Claro, como les gusta es el plomo»; luego de que aquel dijera que no le gustaba la posición del Centro Democrático frente a la JEP Ante lo cual, unmiembro de Voces de Paz arremetió insinuando que el CD eran paramilitares. Claudia López, a su vez, también lanzó sus mordaces comentarios contra este partido cuando se salieron en plena votación: «aquí no los invitamos al salón social sino para que vengan a legislar. Con todo y que se ganaron la curul en una rifa, no son capaces ni de eso», afirmó.


Pero, más que por lo anterior, los retrasos fueron provocados por ciertas bancadas para ganar tiempo y así poder implementar las modificaciones necesarias para beneficiar a militares y ciertos miembros de la sociedad civil, es decir, dejarde par en par la puerta de la impunidad y, sobre todo, cerrar con doble llaveel cuarto de la verdad.


Con la Jurisdicción Especial para la Pazse conformarán ocho órganos cuyos objetivos son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto. Estos son:la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; el Tribunal Especial para la Paz; la sala de recomendación de verdad, de responsabilidad, y determinación de hechos y conductas; además, habrá una sala de definición de situaciones jurídicas, la sala administrativade indulto, la unidad de investigación y Acusación y la secretaría ejecutiva. Todo un cuerpo robustecido al que dejaron sin herramientas para lograr la la justicia y la verdad.


Así, el lunes 13 marzo, tras de días de debate, la plenaria del Senado aprobó la JEP con 61 votos a favor y dos en contra (de Claudia López y Antonio Navarro en representación de Alianza Verde) y con sus respectivas modificaciones. «No va haber una casería de brujas», dijo Roy Barreras en relación a que la sociedad civil, entendida como aquellos sectores de la sociedad que fueron determinantes en el conflicto,puede estar tranquila ya que se le «quitó a la normala referencia a los financiadores de los paramilitares y quedó que sólo los que hayan cometido infracciones al DIH de manera “sistemática” podrán ser llamados a comparecer» .A su vez, los políticos procesados por hechos relacionados con el conflicto podrán someterse a la JEP para recibir beneficios. Así, muchos empresarios y políticos despertaron al día siguiente sonrientes, sus abadís, como el congresistaGermán Varón y su partido Cambio Radical (además del Centro Democrático), les quitaron un peso de encima. Del mismo modo se deben sentir las Fuerzas Militares que, «estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma» .


Aún así, tanto el colombiano en general como la víctimaen específico se acostaron aliviados sabiendo que cada vez es más remota la posibilidad del retornodel conflicto, aunque con ello se vea afectada la verdad y la justicia, en cierto grado.
Aún faltan por debatir otros proyectos prioritarios, entre ellos dos fundamentales: el estatuto de oposición y las garantías para creación del partido político de las Farc. Los demás, si bien no prioritarios, no dejan de ser importantes: entre estas la ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos de uso ilícito, «cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales»; «la suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc-Ep o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización»; «el acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y de la comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la No Repetición», entre otros más.


Volviendo a la idea principal, el proceso de paz ha sido una guerra en la que, como todas, aun ganando siempre se pierde algo. Pero, afortunadamente, en esta no son vidas.

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Miércoles, 15 Marzo 2017 07:39

“La lista de Janot” hace bailar a Brasil

“La lista de Janot” hace bailar a Brasil

Entre los implicados en el escándalo de corrupción hay hombres fuertes del Partido Movimiento Democrático Brasileño, de Temer, y de la Socialdemocracia Brasileña. La lista se mantuvo en secreto desde diciembre pasado, para no “desestabilizar”.

 

Es la noticia del año, por ahora. La Procuraduría General de la República envió a la Corte una lista de 83 políticos, entre los que estaría el hombre fuerte del gobierno de Michel Temer, Eliseu Padilha, y otros funcionarios envueltos en el escándalo de corrupción investigado en la causa Lava Jato.

Se trata principalmente, según versiones extraoficiales, de referentes del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, y del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex candidato presidencial Aécio Neves y su abuelo político, Fernando Henrique Cardoso.


PMDB y PSDB son las fuerzas que sustentan al gobierno surgido de la asonada que hace nueve meses desalojó a Dilma Rousseff del Palacio del Planalto con el pretexto de moralizar y estabilizar (así como “despetizar”) al país.


La democracia fue “atacada (...) y violentada por la corrupción y el abuso de poder económico y político” sostuvo el procurador Rodrigo Janot al anunciar la conclusión del informe que era aguardado desde la semana pasada.


Janot solicitó ayer por la noche al ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, que abra investigaciones a 83 ministros, senadores y diputados, beneficiados por el foro calificado, alcanzados por las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht.


Aunque “La lista de Janot” fue guardada bajo siete llaves en la “Sala del Cofre” del tercer piso del palacio del Supremo Tribunal Federal, ya se filtró que en ella figuran el jefe de la Casa Civil Eliseu Padilha y otros cuatro ministros, además de los presidentes del Senado, Eunicio Oliveira y de Diputados, Rodrigo Maia.


Traducido: no sobrevivió ninguna pieza importante del engranaje político-mafioso montado por Temer para gobernar hasta el 31 de diciembre de 2018.


Un vocero del mandatario dijo que de aquí en adelante se inicia el período “post delación del fin del mundo” en la que se intentará continuar con las (contra)reformas previsional y laboral.


La Bolsa de Valores de San Pablo, que se disparó cuando fue derrocada Rousseff, ayer cayó el 1,5 por ciento y el 5 por ciento las acciones de Petrobras: señal de que el mercado financiero duda sobre cuánta gobernabilidad le queda al mandatario cuyo capital político depende, no de su aprobación popular, sino de la profundidad y velocidad del ajuste. “Prefiero ser impopular a populista” dijo Temer a la revista británica The Economist, cuyo enviado se sorprendió por las convicciones neoliberales del entrevistado.


Siempre de acuerdo con las filtraciones publicadas por las ediciones on line de los diarios Estado y Folha, la Procuraduría solicitó que el Supremo Tribunal investigue al actual canciller Aloysio Nunes Ferreira y al anterior, José Serra, así como al senador Aécio Neves, los tres del PSDB.


El propio Temer también habría sido nombrado más de 40 veces por los arrepentidos de Odebrecht, luego de acordar hacer delaciones premiadas a cambio de la mitigación de sus penas.


Según esas confesiones Temer, secundado por Eliseu Padilha, negoció en una cena celebrada en 2014 el aporte de unos 3 millones de dólares ilegales con Marcelo Odebrecht, ex titular de la constructora, que purga una pena de 19 años de prisión.


El contenido de los archivos posiblemente será publicado en los próximos días, con el fin del secreto de sumario, luego de que sean revisados por el ministro Fachin, que asumió como relator de Lava Jato en enero reemplazando a Teoríi Zavascki, fallecido en un accidente aéreo el 19 de enero. Zavascki era tenido como el juez más imparcial del Supremo, y posiblemente el más temido por Temer.


El informe elevado al Supremo Tribunal tiene un anexo sobre 211 personas sin foro privilegiado, donde estarían Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, cuyos expedientes serán girados a jueces ordinarios.


Es un hecho que el anuncio del procurador puso nocaut, o al menos dejó groggy, a la actual administración. Y es igualmente cierto que la Justicia demoró en iniciar esta fase del proceso Lava Jato: las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht habían concluido y fueron homologadas en diciembre del año pasado.


No son convincentes los argumentos esgrimidos para justificar tanta demora, que más bien parece haber sido un respiro para asegurar la estabilidad del régimen.


En paralelo a la parsimonia del jefe de la Procuraduría, algunos jueces del Tribunal Superior Electoral dejaron trascender que están dispuestos a ser indulgentes en otra causa contra Temer, porque si lo condenaran alimentaría el clima de inestabilidad e ingobernabilidad.


Fantasmas


Desde Europa, donde visitó Suiza y Portugal, Dilma Rousseff denunció un plan, apoyado por jueces, para posponer las elecciones de octubre del año próximo en las que, según los sondeos, Lula podría ser electo para un tercer mandato.


Uno de los responsables de esa trama, que confirma la complicidad judicial en el golpe, sería el ministro Gilmar Mendes, miembro del Supremo y titular de Tribunal Electoral.


“Pueden cambiar las reglas de las elecciones presidenciales con la introducción del Parlamentarismo o postergar las elecciones del año que viene”, avisó Dilma desde Ginebra.


Luego siguió viaje a Lisboa, donde ayer pronunció una conferencia en la Fundación José Saramago donde el público coreó “Fuera Temer”.
La ex presidenta, que al parecer aspira a candidatearse al Congreso en 2018, comentó una declaración del mandatario, quien contó que dejó el Palacio de Alvorada luego de percibir, junto con su joven esposa Marcela, que la residencia estaría ocupada por “fantasmas”.


“Viví allá y nunca ví nada de eso, nunca vi ningún fantasma”, declaró Dilma con algo de ironía sobre su sucesor, al que volvió a acusar de “golpista” y suele calificar como un “intruso” en Alvorada.

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Sábado, 24 Diciembre 2016 07:22

Jaque (¿mate?) al presidente

Jaque (¿mate?) al presidente

Desde que asumió la presidencia, el pasado 28 de julio –luego de haber derrotado por un flaco 0.24 por ciento a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador preso por crímenes contra la humanidad–, Pedro Pablo Kuczynski, el financista amigo de Wall Street, no ha tenido una vida fácil.

Patológicamente angurrienta de poder, favorecida por los árbitros electorales y todas las encuestas –viciadas o imparciales que fueran–, dedicada en la última década a comprar votos y organizar un partido, la heredera del ex dictador no ha sabido aguantar emocionalmente la derrota y ha pasado más de tres meses en absoluto silencio. Además de nunca felicitar al neoelecto presidente, como dictan las más elementales reglas de cortesía, Keiko Fujimori ha evocado el espectro del fraude insinuando que su derrota había sido orquestada por los grandes medios y los poderes fácticos.

Eso sí, antes de desaparecer de la escena pública, había lanzado un mensaje amenazador, acompañada por los 73 congresistas que su partido, Fuerza Popular, había ganado con 26 por ciento de votos del padrón en la primera vuelta electoral, copando así la mayoría absoluta del poder legislativo unicamaral, que cuenta con un universo de 130 diputados.

En aquella ocasión el mensaje televisado había sido claro: Fuerza Popular actuará su plan de gobierno desde el Congreso, sustituyéndose así declaradamente al poder ejecutivo. El hecho de que Keiko haya desaparecido físicamente después de este anuncio no significa que haya renunciado a manejar su bancada, disciplinándola casi militarmente. Y, sobre todo, a poner en acto su plan principal: emplear todo el poder de su mayoría absoluta en el legislativo –"el Congreso es nuestro", ha declarado en un lapsus revelador un portavoz fujimorista– para serrucharle el piso al gobierno de PPK, como se conoce al nuevo presidente.

En los casi cinco meses de la presidencia Kuczynski, los fujimoristas, quienes en la campaña electoral se habían esforzado en enseñar una cara más abierta y democrática, revivieron los actos y los métodos de la dictadura que asoló el país en la década de los 90: prepotencia, intimidaciones, preeminencia del interés privado sobre el beneficio público, corrupción e impunidad, que siempre van de la mano, y, sobre todo, una legislación de corte abiertamente mafioso.

Como botones de muestra: una ley contra el transfuguismo, que impide a los congresistas cambiarse de partido so pena de convertirse en parias políticos, hecha para encerrar a los fujimoristas en su corral; una norma que limita las facultades de la Unidad de Investigación Financiera, impidiéndole comunicar sus hallazgos a las autoridades electorales; una ley ad personam que beneficia a un congresista de Fuerza Popular legalizando el robo de agua que su latifundio ha practicado por años a expensas de su comunidad.

Seguramente los fujimoristas ignoraban, al votar por esta norma, que los orígenes de la mafia siciliana, verdadero contrapoder en función antiborbónica, se fundó inicialmente en el control de las fuentes de agua, vital en las zonas áridas de la isla para cultivar los famosos tarocchi, las naranjas más rojas y sabrosas del continente.

Sin embargo, la perla de los atropellos fujimoristas ha sido la decapitación –afortunadamente simbólica– del secretario de Educación, Jaime Saavedra, funcionario impecable y competente heredado del anterior gobierno. La verdadera aversión de los keikistas no era tanto hacia el secretario, sino en contra de la reforma escolar, en particular la universitaria, que se está llevando a cabo y contrasta con sus intereses particulares. No es ningún misterio que muchos congresistas de Fuerza Popular –ya rebautizada por la vox populi como Farsa Popular o Fuerza Bruta– tienen sólidos nexos, que sean de propiedad o de financiamiento electoral, con un vasto archipiélago de universidades privadas casi todas patitos, crecidas como hongos a partir de la dictadura de Alberto Fujimori. Estas universidades quieren zafarse de cualquier control de calidad por parte de la Secretaría de Educación y entregan inútiles títulos a cambio de jugosas ganancias.

El espectáculo ofrecido por los fujimoristas en ocasión de la interpelación y posterior censura del secretario Jaime Saavedra, ya decidida y declarada de antemano con falsos pretextos y modales groseros e insultantes, ha sido tan disgustoso y ha exhibido un tal nivel de agresividad cavernaria que ha motivado un artículo de la revista The Economist titulado ¡Viva la ignorancia!, fuertemente crítico con la censura a un óptimo secretario que estaba trabajando eficazmente en mejorar la enseñanza nacional.

La fotografía clandestina –¡bendita superdefinición!– del celular de una congresista que revelaba las congratulaciones de la propia Keiko por la "exitosa" operación de bullying parlamentario y el alarde de la aplanadora por parte de sus incondicionales –"¡ahora saben con quien se meten!"– le han costado más de 10 puntos en la popularidad y un aumento vertical del rechazo.

Frente a esta muestra de prepotencia irracional, los otros partidos han tenido un comportamiento inconsistente: cuatro de los cinco diputados del Apra, reducido a furgón de cola de los fujimoristas, han votado por la censura y sustitución del secretario. En cuanto a la bancada oficialista y a los 20 congresistas del Frente Amplio, la formación de izquierda que constituye el segundo partido y atraviesa actualmente una crisis por disputas internas, su salida del Congreso al momento de la votación no ha sido más que un testimonio simbólico cuanto inútil.

No contenta con boicotear el gobierno Kuczynski en cada uno de sus actos, Keiko Fujimori está infiltrando a sus incondicionales en los ganglios sensibles del Estado. Con el silencioso beneplácito de PPK, quien cree que gracias a continuas concesiones podrá llevar la fiesta en paz, los fujimoristas, en una ni tan secreta escalada a las instituciones, se han hecho de la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Contraloría General de la República, unos puestos directivos en el Banco Central de Reserva y quieren hacerse de la Procuraduría Anticorrupción, entre otros reductos.

Moviéndose en un entorno de emboscadas y puñaladas traperas, el gobierno de PPK, que cuenta con el apoyo de sólo 18 congresistas, ni todos decididos a dar batalla, ha sido declarado en un "lento desinfle" y el propio Kuczynski afecto por una "patética debilidad". El reciente primer encuentro del presidente con su enemiga jurada, por el solo hecho de darse en la casa del cardenal Juan Luis Cipriani, un prelado ultraconservador abiertamente fujimorista, ha sido percibido como la sumisión anticipada de la presidencia a los planes de la hija del ex dictador.

Por increíble que pueda parecer, las pataletas de una candidata derrotada, quien ha negado enfáticamente que su largo silencio se debiera a una forma de depresión postelectoral –"¡la depresión es para los perdedores!", ha exclamado, ofendiendo a las miles de personas que la padecen– están bloqueando la dinámica política de toda una nación, si se considera que las pocas contribuciones legislativas de Fuerza Popular, impulsadas manu militari por Keiko Fujimori, no tienen ni una sombra de progreso o de búsqueda del bien común.

En Enrico IV, comedia de Luigi Pirandello, el protagonista, luego de golpearse la cabeza cayendo del caballo, cree ser un antiguo rey germano y todos sus amigos y familiares lo secundan en su locura por más de un década con tal de no darle un disgusto que podría ser fatal. Parece, mutatis mutandis, el caso de Keiko Fujimori, que sus íntimos se obstinan en llamar "presidenta". Lo peor es que el mismo PPK, con sus infinitas concesiones, se lo deja creer.

Por Gianni Proiettis, profesor y periodista italiano

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El paquete legislativo de la paz con Fast Track (Vía rápida).

Llegó la hora de la verdad en la implementacion legal y constitucional de los acuerdos de paz. Manos a la obra, señores congresistas.


Sociedad civil estara vigilante y presta a exigir se cumplan los acuerdos de paz.


Las Farc está dando cumplimiento a los cronogramas acordados en materia de fin del conflicto y sus integrantes se desplazan, no obstante ciertas irregularidades en lo que compete al gobierno, a las zonas de concentración.

 

Con altibajos, el Estado y sus tres ramas de poder, se han ido acomodando a lo establecido en el Nuevo Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colon a finales del mes de noviembre del año en curso.

El poder ejecutivo ha sido más ágil, el legislativo ha procedido adecuadamente refrendando los consensos de paz y la Corte Constitucional no se ha quedado al margen de las exigencias históricas, aunque por la modorra de sus magistrados y el jolgorio de algunos de ellos, se necesitó de la movilización ciudadana para precipitar una decisión sobre el tramite expedito de las leyes y actos legislativos correspondientes.

Hoy lunes 18 de diciembre se inicia el trámite Fast Track del primer paquete de proyectos de ley y de Actos Legislativos que concretan en el ámbito legal los asuntos más neurálgicos del proceso de paz y terminación de la guerra.

Los proyectos ya han sido radicados y en el seno del Congreso hace presencia un núcleo de ciudadanos, 6 delegados, con la misión de intervenir en los trámites correspondientes y en los términos de los consensos de paz para garantizar la coherencia de los textos en el espíritu de los pactos incluidos en los documentos de terminación del conflicto social y armado.

La paz necesita veeduría ciudadana. La paz necesita de la movilización ciudadana hacia el Congreso para impedir las trampas y artimañas de la politiquería corrupta y retardataria.

Para cumplir esa tarea de control ciudadano es necesario conocer en detalle los proyectos radicados.

Veamos ese paquete legislativo de la paz.

 

Proyectos de Ley

 

Ley de Amnistía, indulto y tratamiento de penas especiales. Con 59 artículos y tres títulos en los que se señalan el objeto, los principios, la Amnistía, el indulto, otros tratamientos especiales y tratamientos especiales diferenciados para agentes del Estado.

Proyecto de Ley Por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política.

Proyectos de Actos Legislativos.

Proyecto de Acto Legislativo X de 2016 Cámara, X de 2016 Senado Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado para la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Acto Legislativo Senado y de Cámara por medio del cual se adiciona un artículo transitorio Constitución que establece que en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 12 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Acto Legislativo Por medio del cual se regula el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

 

El Congreso de Colombia. Decreta.

 

ARTÍCULO PRIMERO. - El Artículo Transitorio 1 de las disposiciones transitorias de la Constitución, quedará así:

ARTÍCULO TRANSITORIO 1.-Finalizado el proceso de dejación de las armas de conformidad con el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, debidamente certificado por Naciones Unidas, el Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, previa solicitud suscrita por quienes actuaron como plenipotenciarios de dicha organización en la Mesa de Conversaciones.

 

Conclusión

 

Para la consolidación de la paz es clave que estos proyectos legislativos queden listos antes de terminar el año, para que en los siguientes 150 días se le dé curso a las otras iniciativas acordadas en el texto final de los consensos de paz.

De prioridad la veeduría y el control ciudadano de estos trámites en las Cámaras legislativas.

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Sábado, 17 Diciembre 2016 07:16

“El gobierno de Michel Temer se acabó”

“El gobierno de Michel Temer se acabó”

“La derecha está fragmentada y busca un líder, porque Temer perdió la poca autoridad que tenía y ahora cada uno juega su propio juego. Las protestas van a seguir ya que la población está percibiendo que esta gente vino a robar.”

 


–Si se acabó Temer, ¿quién gobierna?


–Temer asumió después del golpe contra Dilma sin popularidad y teniendo el respaldo condicionado de sus socios, y ahora ese apoyo se desintegró porque la derecha está fragmentada. Está buscando un líder porque Temer perdió la poca autoridad que tenía y ahora cada uno juega su propio juego. El PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña) figura como partido de la coalición pero está con un pie afuera del gobierno, y lo mismo pasa con otros partidos que apoyaron a Temer sólo para sacar al PT del gobierno. ¿Quién va a apoyar a un presidente sin votos que tiene el 63 por ciento de la opinión pública pidiendo que renuncie y llame a elecciones como dice una encuesta del domingo pasado? ¿Quién va a acompañar a un presidente que en siete meses de gobierno, con todo el apoyo mediático, ya tiene peor imagen que Dilma antes de caer y cuando ella era masacrada por los medios?. Y esa impopularidad de Temer seguramente es más alta porque la encuesta de Datafolha se hizo antes de que se sepa que recibió 10 millones de reales (2,9 millones de dólares) de dinero sucio en 2014.


–¿Si Temer no termina el mandato, quién lo sucederá?


– Comenzaría por decir que estamos frente a un cuadro de descalabro general, que este gobierno se hundió mucho antes de lo que nosotros, en la CUT, esperábamos, y lo que esperaban las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales. Creo que las protestas va a seguir creciendo porque la población está percibiendo que esta gente vino para robar y para obedecer a los banqueros. Y como estamos viendo a más protestas más represión, y están aplicando la ley de seguridad nacional contra los manifestantes. Nosotros como CUT exigimos elecciones directas y la convocatoria a una asamblea constituyente que tenga como punto principal la reforma política, pero la verdad es que no creo que logremos las directas porque para que eso pase la ley establece que Temer tendría que renunciar hasta el 31 de diciembre, y eso no sucederá. Lo probable es que haya elecciones indirectas a lo largo de 2017 y en ese escenario el candidato favorito es Fernando Henrique Cardoso (del PSDB), un político muy bien visto en las elites locales y por Washington, él es el nombre más confiable para el capital transnacional.


–Ningún golpe es nacional.


–Por su puesto, este golpe tiene una motivación estratégica desde el punto de vista global porque Brasil es un actor de peso en la región y Estados Unidos estuvo involucrado en la caída de Dilma.


Acá hubo temas que pesaron mucho como el petróleo, las reservas gigantes que quedaron en manos de Petrobras durante los gobiernos de Lula y Dilma, contrariando a las multinacionales. Y por supuesto hubo un apoyo decisivo de las elites brasileñas que quieren conservar sus intereses, y sus privilegios. Mientras hubo crecimiento las cosas estaban relativamente tranquilas. En 2010, el último año del gobierno de Lula se creció más del 7 %, luego y luego se siguió creciendo pero a tasas mucho más bajas hasta 2012. Pero en la medida en que la crisis se agravó se acabó la tolerancia de las elites con la distribución y las políticas sociales. Este año la economía va a caer cerca del 3,5 % y el año pasado cayó el 3,8%. Cuando hay recesión el capital no acepta perder su tasa de ganancia y lo primero que hace es echar al trabajador, y si ahora tentemos 12 millones de desocupados ese número va a seguir creciendo con la complicidad de este gobierno que ya avisó que sus prioridades son las reformas previsional y laboral. Este es el golpe de la concentración de riqueza y para garantizar que este país siga siendo injusto como siempre lo fue. La reforma laboral viene para retirar los mínimos derechos que tiene la clase trabajadora brasileña.

Golpe dentro del golpe

El bloque de diputados del PT deploró ayer por la noche a la “dictadura judicial” encarnada en los fiscales que, horas antes, presentaron una nueva denuncia contra Luiz Inácio Lula da Silva en la causa sobre el Petrolao.


“Estos fiscales y juez Sergio Moro (a cargo del proceso) perdieron el sentido de lo razonable con acusaciones inverosímiles, ellos utilizan las denuncias y las sentencias selectivamente para hacer política contra Lula y el PT” denunciaron los legisladores.


Antonio Lisboa comparte el cuestionamiento formulado por el PT a lo que añade “este golpe tuvo una componente judicial muy evidente, hay un grupo de fiscales y jueces que participaron de manera militante contra el gobierno democrático, y especialmente contra Lula, que es el mayor líder popular que tuvo este país. En una encuesta que hicimos hace unos meses Lula fue considerado el mejor presidente de la historia por el 50 % y Fernando Henrique Cardoso fue elegido por el 9 %”.


“El golpe no terminó con la caída de Dilma, tenemos ese grupo de fiscales y el juez Moro que se dedican a perseguir a Lula a partir de cargos irrisorios como el de acusarlo de el dueño de un departamento donde los mismos fiscales reconocen que él nunca estuvo”.


“Esa persecución no es inocente, ellos tienen una demostrada intención de impedirle a Lula que sea candidato en las elecciones de 2018, y este empecinamiento contribuye a aumentar el descalabro político porque ya hay sectores de la propia derecha que se distanciaron de Moro, que algunos piensan que quiere ser candidato presidencial”, sostiene Lisboa.
El dirigente de la mayor entidad sindical latinoamericana vuelve a la idea del “descalabro” para referir a las peleas públicas entre políticos oficialistas y jueces, a los que les reprochan una fiebre justiciera que alimenta la desestabilización. Son disputas que alimentan “intentos de golpe dentro del golpe”, plantea.


–¿Hasta donde pueden llegar esos golpes intestinos, tienen algún peso aquellos grupos extremistas que insinúan una salida militar?


–Para el capital transnacional, que es sobre todo el capital financiero, no es muy conveniente tener a los militares gobernando. Hoy los militares son vistos como factor de inseguridad para los inversores extranjeros. El problema es que en Brasil todo está volviéndose muy imprevisible y este fin de semana el comandante del Ejército, general


Villas Boas, declaró al diario Estado de San Pablo que las posibilidades de intervención militar son cero. Ahora es preciso entender por que un diario entrevistó al general justo cuando la crisis está en su peor momento. Una posible respuesta es que el diario Estado representa a los sectores de las elites que desde hace algún tiempo está señalando que la salida militar no está totalmente descartada. Pero en definitiva me parece que estamos hablando de una posibilidad remota porque los propios militares saben que ellos quedaron muy desprestigiados después del golpe y los 21 años de dictadura (1964-1985).

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Miércoles, 07 Diciembre 2016 06:27

Choque de poderes entre la Corte y el Congreso

Choque de poderes entre la Corte y el Congreso

Como presidente del Senado, Calheiros, que está procesado por presunta corrupción en un juicio abierto en el mismo Supremo Tribunal Federal, es el segundo en la línea sucesoria, y no quiere renunciar a ese privilegio.


En una iniciativa sin precedentes, y cuyas consecuencias se harán ver en los próximos días o quizá hoy mismo, la mesa directora del Senado se rehusó ayer, de manera unánime, a cumplir la determinación del ministro Marco Aurelio Mello, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal. En la víspera Mello había expedido una liminar (decisión provisional, a ser sometida al pleno del Supremo) determinando el inmediato alejamiento de RenanCalheiros de la presidencia del Senado. La mesa directiva dijo que solo aceptaría cumplir una determinación del pleno de la corte suprema.


Mello basó su contundente medida en una decisión que todavía tramita en la corte suprema, determinando que ningún procesado podrá ocupar puesto alguno en la sucesión presidencial. Como presidente del Senado, Calheiros, que está procesado por presunta corrupción en un juicio abierto en el mismo Supremo Tribunal Federal, es el segundo en esa línea, luego de su colega Rodrigo Maia, que preside la Cámara de Diputados.


En la primera ronda de votación, seis de los once integrantes del Supremo Tribunal Federal aprobaron la iniciativa, que provocaría el alejamiento de Calheiros de la presidencia del Senado. Un séptimo ministro, DiasToffoli, pidió vista, o sea, un tiempo para examinar mejor la medida. Se trató de una clarísima maniobra para ganar tiempo, ya que en diez días más empieza el receso del Congreso, y Calheiros - principal blanco de la prohibición - lograría terminar su mandato, que va hasta el primero de febrero del año que viene.


Si la decisión de Marco Aurelio Mello abrió una polémica, la decisión de enfrentarla no hizo más que agrandarla. La primera resistencia ha sido del mismo Calheiros, que se rehusó, en dos ocasiones (la primera en la noche del lunes, la segunda en la mañana de ayer) a recibir al oficial de Justicia encargado de entregarle la correspondiente intimación.


Como resultado de los movimientos de Calheiros, quedó claro que la resistencia no sería solamente individual, sino también colectiva. Con eso, se abrió una crisis institucional entre el Congreso y la instancia máxima de la justicia en el país, sacudiendo aún más un ambiente ya excesivamente cargado.


Tan pronto se supo del acto de rebeldía de los senadores que controlan la mesa directiva, corrieron suposiciones de que Calheiros podría ser detenido por desobedecer una determinación de un ministro del Supremo Tribunal Federal. Pero los integrantes de la corte máxima de justicia optaron por no hablar del tema, prefiriendo convocar para hoy una sesión plenaria para discutir y decidir sobre la medida provisional de Marco Aurelio Mello. Hasta los aliados más cercanos a Calheiros dicen que las posibilidades de que él escape de la guillotina y se mantenga al frente del Senado son casi inferiores a cero, si eso fuese posible.


Lo ocurrido ayer coincidió con la presentación del proyecto del gobierno de Temer para introducir drásticos cambios en el sistema de jubilaciones del país, afectando de manera durísima los trabajadores.


El proyecto recibió ráfagas de durísimas críticas. El diputado y principal figura de la Fuerza Sindical, Paulo Pereira, aliado incondicional del golpe e interlocutor preferencial de Michel Temer con los afiliados de su gremio, fue contundente: “Tal como está, ese proyecto jamás será aprobado en la Cámara de Diputados.”


También ayer sería presentada al Senado la enmienda constitucional que establece un tope para los gastos públicos a lo largo de los próximos veinte años, lo que implicará recortes significativos en los presupuestos de los servicios públicos, inclusive educación y salud. Objeto de deseo de diez entre diez dueños del capital, ejemplo redondo de un neoliberalismo fundamentalista, corre el grave riesgo de ya no ser votada este año.


Al frente de un gobierno frágil, inerte y combatido hasta por los mentores del golpe que lo llevó al sillón presidencial, Michel Temer, incapaz de cualquier reacción o iniciativa, parece aguardar lo que el destino les reserve, a él y al país.


El destino, sin embargo, no parece muy favorable para él y menos para el país. Ayer, el gobernador de Minas Gerais, provincia que tiene la tercera economía de Brasil, pidió que la asamblea legislativa provincial declare “estado de calamidad financiera”, tal como ya hicieron Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul.


En Rio de Janeiro, el cuadro es más que dramático: el gobierno local no tiene con qué pagar siquiera los sueldos de noviembre, nio hablar del de diciembre y el aguinaldo. Ayer mismo hubo intensas batallas callejeras entre funcionarios públicos, que protestaban contra la quiebra de la provincia, y la policía. En Brasilia se teme que ese cuadro, que se muestra al borde de un brote de convulsión social, se expanda por otras provincias del país.


Por si todo eso fuera poco, ahora ocurre un conflicto abierto entre Judiciario y Congreso. ¿Hasta cuándo, y hasta qué punto, aguantarán las instituciones de un país en plena turbulencia?

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Martes, 06 Diciembre 2016 06:50

Un hombre de Temer alejado del poder

Un hombre de Temer alejado del poder

La decisión adoptada por el juez del Supremo Tribunal Federal genera un fuerte impacto en el convulsionado escenario político de Brasil: tras ser apartado Calheiros de la presidencia del Senado, asume Jorge Viana, del mismo PT de la destituida presidenta Dilma Rousseff.

 

Poco antes de las siete de la noche de ayer una bomba estalló en Brasilia: Marco Aurelio Mello, polémico integrante del Supremo Tribunal Federal, determinó el inmediato alejamiento de Renan Calheiros de la presidencia del Senado. Su mandato ha sido preservado, pero su permanencia al frente de sus pares -así como la presidencia del Congreso - terminó antes del plazo establecido, que sería el primer día de febrero de 2017.


La determinación de Marco Aurelio Mello es provisional: tendrá que ser analizada, debatida y votada por el pleno del Supremo Tribunal Federal. No hay fecha para que eso ocurra. Mello atendió a un pedido de urgencia impetrado ayer mismo por la Red Sustentabilidad, el partido encabezado por Marina Silva, la evangélica que disputó y perdió frente a Dilma Rousseff dos elecciones presidenciales.


Ya en septiembre, la Red había recurrido al Supremo para que se prohíba que alguien que sea reo pueda integrar la línea sucesoria de la Presidencia de la República. Como presidente del Senado, Calheiros era el segundo en esa línea, después de Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados.


La votación en el pleno de la corte suprema era favorable a la petición (seis votos a cero, asegurando mayoría absoluta entre sus once integrantes) cuando el ministro Días Toffolli recurrió a una artimaña legal, el “pedido de vista”, postergando por tiempo indeterminado la decisión final.


La semana pasada Renan Calheiros finalmente se transformó en reo en el Supremo Tribunal Federal, a raíz de un escándalo ocurrido hace casi diez años. En 2007, cuando ocupaba la misma presidencia del Senado, Calheiros fue denunciado por corrupción: entre 2004 y 2006, la pensión mensual que él pagaba, por determinación judicial, a una hija tenida fuera de su matrimonio con una presentadora de la Red Globo, en verdad era pagada por una constructora. En total, la cifra alcanzó los 750 mil dólares al cambio medio de la época.


Calheiros no logró probar tener la renta suficiente para hacer frente a ese gasto. Claro que tenía, pero para demostrarlo se vería obligado a reconocer una evasión fiscal en sus declaraciones al Fisco.


Para no perder su mandato por quiebra de decoro, llegó a un acuerdo con sus pares. Renunció a la presidencia y, a ejemplo de lo que ahora determinó el juez Marco Aurelio Mello, mantuvo su mandato.


Monica Veloso, la periodista con quien el poderoso senador mantenía un romance público, siguió una trayectoria común en casos semejantes ocurridos en la política brasileña: exhibió sus anatómicos atributos en una edición especial de la revista Playboy, se mudó a otra ciudad y nunca más se supo de ella.


Calheiros, a su vez, también siguió una trayectoria común en casos semejantes ocurridos en la política brasileña: exhibió un poder construido a través de costumbres nada republicanas y mantuvo un rol de gran relieve dentro de su partido, el mismo PMDB de Temer, y del Congreso. Pero ahora pasó de poderoso aliado a poderoso alejado.


La decisión adoptada ayer trae un fuerte impacto al ya muy convulsionado escenario político brasileño. Para empezar, asume la presidencia del Senado Jorge Viana, del mismo PT de la destituida presidenta Dilma Rousseff.


Viana fue un ardoroso defensor del mandato obtenido por la defenestrada presidente durante el golpe institucional que instaló Michel Temer en el sillón presidencial.


El alejamiento de Calheiros ocurre cuando faltan 15 días para el receso en el Congreso. En este período están previstas votaciones de medidas cruciales para el gobierno de Temer. Tan pronto se supo que le tocará al PT comandar el Senado hasta el día uno de febrero del año que viene, los partidos de oposición empezaron a presionar para que esas pautas sean postergadas, lo que causaría aún más corrosión al ya muy corroído gobierno.


Además, la noticia coincide con la víspera de la homologación, por el mismo Supremo Tribunal Federal, de los acuerdos de ‘delación premiada’ firmados por la plana máxima del grupo Odebrecht, a comenzar con Emilio y su hijo Marcelo Odebrecht, accionistas controladores de la empresa. Ya se sabe que son por lo menos 200 políticos denunciados, muchos de ellos ocupando ministerios en el gobierno de Temer.


El domingo miles de personas ocuparon las calles de varias ciudades brasileñas exigiendo la inmediata destitución de Renan Calheiros de la presidencia del Senado. Lo acusaban de intentar impedir medidas de combate a la corrupción.


Los manifestantes eran, todos, fervorosos críticos al PT. Ayer, un juez de la corte suprema atendió a sus palabras de guerra. Y, con eso, entregó la presidencia del Senado al PT.


La vida anda llena de ironías en Brasil.

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Presidente interino del Senado brasileño afirma que el país vive “crisis institucional gravísima”

El senador Jorge Viana, quien pasó a ser provisionalmente el presidente de la Cámara Alta de Brasil tras ser apartado hoy del cargo el actual presidente, Renan Calheiros, aseguró que el país vive “una crisis institucional gravísima”.
“Ni puedo y no tengo ni idea (sobre lo que hará como presidente del Senado). Es una situación muy grave, una crisis institucional gravísima lo que el país está viviendo”, dijo Viana, hasta ahora el vicepresidente del Senado y que tras ser apartado Calheiros, pasará a comandar la Cámara Alta de Brasil.


Viana, del exgobernante Partido de los Trabajadores (PT), aseguró que no haría más declaraciones. “Es una decisión muy seria del (Tribunal) Supremo, tenemos que ver cómo se hace”, dijo el senador.


El juez Marco Aurélio Mello aceptó hoy un pedido de urgencia del partido Red Sustentabilidad para apartar a Calheiros de la presidencia del Senado por malversación de fondos públicos.El jueves pasado, Calheiros pasó a ser reo en la Corte Suprema acusado de haber cobrado sobornos de la constructora Mendes Júnior para pagar la pensión de una hija que tuvo fuera del casamiento con la periodista Mónica Veloso, a cambio de favorecer la empresa en varias decisiones políticas
.La máxima corte brasileña decidió en noviembre que cualquier parlamentario que sea reo no puede estar en la línea de sucesión a la Presidencia, argumento al que se acogió Mello para apartar del cargo a Calheiros, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mismo del presidente Michel Temer, del que es un aliado.


El caso por el que fue denunciado fue revelado en 2007, y en ese momento las denuncias llevaron a la renuncia de Calheiros a la presidencia del Senado, pero tres años después fue reelecto por sus pares.Más tarde, a partir de 2013, el foco de las investigaciones cambió, a instancias de la Procuradoría General.Según los fiscales, Calheiros destinaba cerca de mitad de los fondos extra para financiar a actividades ligadas a su cargo legislativo para pagar la pensión de su hija, lo que está reñido con la ley.


El senador, que comandó el Senado durante el proceso que llevó a la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff en agosto pasado, fue uno de los principales blancos de las manifestaciones anticorrupción realizadas este domingo en unas 200 ciudades brasileñas.


(Información Xinhua)

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Domingo, 04 Diciembre 2016 05:48

Nuevos resultados del golpe

Nuevos resultados del golpe

Hace unos días, en un raro momento de síntesis fulminante, la destituida presidenta Dilma Rousseff se refirió a su sucesor, Michel Temer, diciendo que se trata de alguien que es mucho menor que el país.


Eso queda claro a cada día: Temer carece de estatura política, ética y moral para ocupar la presidencia. No tiene otra iniciativa política que la de tratar de contemporizar con sus aliados, no tiene liderazgo alguno, no tiene otra propuesta para sacar el país de la más profunda crisis en décadas que una palabrería monótona y vacía. Frente al gigantesco tamaño de los problemas que sacuden los cimientos de sus instituciones, Brasil tiene a un pigmeo en el sillón presidencial.


Al borde de cumplir siete meses, el gobierno que Temer encabeza no logró la tan soñada y sonada legitimidad. Las manifestaciones callejeras lo comprueban, así como el ínfimo respeto de la comunidad internacional.


El equipo económico, recibido por los apoyadores del golpe institucional como la panacea para todos los males del mundo, no presentó otra propuesta que disminuir el Estado a un piso mínimo, imponer un drástico recorte en los gastos públicos y privatizar todo lo que sea privatizable. El tan anunciado retorno de las inversiones y la tan proclamada remontada de la confianza quedaron colgadas entre dos nubes: la de la mentira y la de la farsa. Lo que se registró fue una caída brutal en las inversiones y también en el consumo.


Temer, a ejemplo de su par argentino Mauricio Macri, prometía la remontada de la economía para el segundo semestre. Bueno: el segundo semestre llega a su fin dejando como legado un escenario de desolación. ¿Y qué hace ahora Temer? Anuncia que la recuperación se dará en el segundo semestre, pero del año que viene.


Una vez más, o miente o sus relaciones con la realidad están deterioradas de manera irremediable.


Por esos días fueron divulgados algunos índices oficiales de la calamitosa situación económica. En el tercer trimestre del año el PIB retrocedió 0.8 por ciento. Ni un único segmento de la economía dejó de generar resultados negativos: el agropecuario, -1.4 por ciento; la industria, -1.3 por ciento; los servicios, -0.6 por ciento. Este año la venta de vehículos bajó 21 por ciento. La de máquinas y equipos industriales, 26 por ciento.


Ya se prevé que el PIB retrocederá por lo menos 3.5 por ciento. Y las proyecciones para el año que viene bajaron a quizá –quizá– 0.5 por ciento.


Entre enero y fines de septiembre, el sector de la construcción cerró 441 mil plazas laborales. Esos datos, oficiales y asustadores, son los nuevos resultados del golpe institucional.


La inestabilidad política, el creciente rumor de que Michel Temer no se quedará por mucho tiempo en el palacio presidencial, los conflictos ahora abiertos entre Congreso y Judiciario, el avance de las investigaciones que generan denuncias que cercan al gobierno cada vez más, tienen sus reflejos inmediatos en el mercado financiero.


Uno de esos reflejos se notó este jueves, cuando el real se desvalorizó 2.5 por ciento frente al dólar, mientras la Bolsa de Valores experimentaba una caída de casi 4 por ciento. Definitivamente sobran razones para que empresariado y banca, que apoyaron el golpe financiando manifestaciones espontáneas contra la presidenta destituida, estén cada vez más decepcionados.


En el campo de la política, Temer comprueba que es muy efectivo conspirador, pero se muestra incapaz de asumir el liderazgo siquiera de su grupo más íntimo. El pintoresco zoológico humano que ocupa el Congreso Nacional no hace más que motivar justificadas y furiosas críticas contra sus hábitos y costumbres.


Definitivamente en manos del Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB), del derrotado candidato Aécio Neves y del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, queda cada vez más claro que Temer no conduce el gobierno. Se mantendrá atornillado al sillón presidencial mientras cumpla los designios de Cardoso y compañía.


También llama la atención el nítido abandono que dedican los medios hegemónicos de comunicación, pilar fundamental para el éxito del golpe institucional que lo condujo a la presidencia.


Cada día crece la impresión de que a Temer le reservan el mismo destino que al ex presidente de la Cámara de Diputados y ahora presidiario Eduardo Cunha. Como presidente de la cámara, él fue el instrumento esencial para que se instalara el juicio a Dilma Rousseff. Cumplida su misión, descartado por sus pares, volvió a ser nada más que un ejemplo concreto de la desenfrenada corrupción que contamina al sistema político brasileño.


Temer, como vicepresidente de Dilma Rousseff, fue figura esencial para sucederla luego del golpe. Muy rápidamente pierde utilidad. Más que nunca el todavía presidente está en manos de los artífices del golpe. ¿Hasta cuándo será útil?


Mientras esa pregunta sigue rondando los aires buscando una respuesta, Temer sigue vivo. Pero gracias a una respiración artificial.


A la vuelta de la esquina, esperando su hora, sonríe, soberbio, Fernando Henrique Cardoso. Hace días lanzó una frase fulminante. Refiriéndose al debilitado gobierno, aclaró que es frágil, pero es lo que tenemos, es lo que hay. Faltó agregar: Por ahora.


En algunas semanas, 2017 hará su estreno formal. Pero 2016 ya llegó a su fin. Ha sido un año insano, frustrante y que termina sin haber empezado.

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Renuevan acuerdo de paz el gobierno colombiano y las FARC

Tras avances en las negociaciones en Cuba, representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las FARC anunciaron en La Habana esta tarde el nuevo acuerdo de paz, que incluye “ajustes y precisiones” al aprobado previamente.


“El nuevo acuerdo de paz es la victoria de Colombia”, dijo Iván Márquez, el jefe negociador por la guerrilla en su cuenta en Twitter.


Los delegados del gobierno y las FARC, después del rechazo del plebiscito del 2 de octubre, extendieron las negociaciones en La Habana para discutir ajustes al texto del acuerdo original, sobre la base de propuestas y sugerencias de dirigentes anotados en la campaña por el NO. Durante 15 días han trabajado en largas jornadas, que muchas veces se extendieron hasta la madrugada.


“No hay más tiempo que perder”, enfatizó Humberto De la Calle, jefe negociador de Colombia al intervenir, tras la firma del nuevo acuerdo en el acto al que asistió el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.


Las dos delegaciones comparecieron ante la prensa de manera conjunta en el Salón de Protocolo de El Laguito, en La Habana, ante los países garantes Cuba y Noruega.


El acuerdo “integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos uno a uno”, precisó el texto elaborado tras las negociaciones que volvieron a abrirse tras el plebiscito del 2 de octubre que impidió implementar un pacto previo para acabar con 52 años de enfrentamiento armado.


De la Calle: Este acuerdo es mejor que el anterior


El jefe negociador del Gobierno, Humberto De la Calle habló del proceso de las rueniones con partidarios del ‘No’ y la construcción de un nuevo acuerdo. “Esas reuniones se llevaron a cabo con el propósito de sostener diálogos abiertos, recoger inquietudes, preocupaciones y sugerencias para el fin del conflicto”.


“Las reuniones con la delegación de las Farc fueron igualmente intensas, más de 15 días de trabajo, muchas veces más allá de la media noche. Reuniones con discusiones arduas, pero quiero destacar el ambiente constructivo y de buena voluntad”.


Afirmó que este acuerdo “fue una oportunidad para aclarar dudas, resolver inquietudes, pero sobretodo para unirnos a los colombianos”.


“Trabajamos con la certeza que no hay más tiempo que perder. Estamos convencidos que este documento señala caminos viables y posibles para acabar con el conflicto en Colombia. Dije que el acuerdo del 26 de septiembre era el mejor acuerdo posible, aunque era también susceptible a críticas, era el mejor por cuanto daba por terminado el conflicto. Pero hoy con humildad digo que este acuerdo es mejor porque resuelve muchas de las críticas, pero su aceptación no será unánime. Eso sí, esperamos que la base de apoyo lo haga más solido”.


Añadió que este acuerdo “en lo que gana con creces es que mediante un estudio democrático se ha logrado construir una paz más amplia”.


“Los ajustes y precisiones que hemos realizado no sacrifica las convicciones que dieron forma al primero”. Además, anunció que “se eliminó la idea de vincular el acuerdo a la Constitución Política”


Sobre el enfoque de género explicó que “significa el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que en consecuencia se necesitan acciones específicas para restablecer sus derechos”.


Iván Márquez: Aprobamos el acuerdo de la esperanza


Iván Márquez, agradeció a los garantes presentes, que “impulsaron contra viento y marea los avances de la mesa”. Calificó como “ángeles de la guarda” a los acompañantes de Venezuela y Chile, y a nombre de Colombia dio las gracias por “durante tanto tiempo ayudar a encontrar las sendas de la paz”.


Hemos trabajado día y noche para entretejer el nuevo acuerdo que garantice la paz estable y duradera de Colombia, dijo Márquez, quien anunció que prefieren llamar a este “el acuerdo de la esperanza, poderoso instrumento para la democratización del país y para la materialización de los derechos de la gente”.


La paz sigue su marcha irrefrenable, y subrayó: “Irrefrenable”


Comunicado conjunto #4


La Habana, Cuba, 12 de noviembre de 2016


El Gobierno Nacional y las FARC-EP atendiendo el clamor de los colombianos y colombianas por concretar su anhelo de paz y reconciliación, hemos alcanzado un nuevo Acuerdo Final para la terminación del Conflicto armado, que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos uno a uno.


La construcción de una paz estable y duradera, objetivo al que responde este nuevo Acuerdo, debe ser el compromiso común de todos los colombianos que contribuya a superar la polarización y que recoja todas las expresiones políticas y sociales.


Invitamos a toda Colombia y a la comunidad internacional, siempre solidaria en la búsqueda de la reconciliación, a acompañar y respaldar este nuevo Acuerdo, y su pronta implementación para dejar en el pasado la tragedia de la guerra. La Paz no da más espera.


Al finalizar el día, los colombianos podrán consultar en la página www.mesadeconversaciones.com.co un documento en el que se señalan las modificaciones y los nuevos elementos. La integración total de los textos del nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera quedará disponible en próximos días.


Principales ajustes al acuerdo


• Durante el término de la dejación de armas, las FARC presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas.
• En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz se atendió la mayoría de las propuestas formuladas.
• Se precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad.
• Se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo a las zonas veredales, los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas, requisito necesario en todos los casos.
• Mientras entra en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las acciones reparadoras debidamente verificadas pueden ser descontadas de la sanción que se imponga.
• Sobre la conexidad del narcotráfico con el delito político, el acuerdo es que los Magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas.
• Se eliminan los Magistrados extranjeros, pero se acepta la presencia de amicus curiae -expertos extranjeros- para rendir conceptos sobre los casos que se tramiten.
• Queda claro que entre la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal.
• Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto en que hayan incurrido los terceros no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves. Se eliminó la participación habitual. Y se reafirmó que los demás, si contribuyen a las medidas de verdad y reparación, pueden beneficiarse de la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso.
• Se estableció el término concreto de duración de la Jurisdicción.
• Se eliminó la idea de incorporar el Acuerdo a la Constitución Política y al llamado bloque de constitucionalidad. El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica.
• Se estableció también que la revisión de la tutela contra decisiones de la Jurisdicción Especial en cabeza de la Corte Constitucional.
• Se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos.
• Incluye también un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas.
• Se estipula que en la implementación de lo acordado se deberá respetar la libertad de cultos, lo que significa el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad.
• Mantenemos vivo el compromiso con el campo a través de una política de recuperación de la familia campesina, que impulse el acceso equitativo a la tierra y que cree condiciones de vida digna.
• En la Reforma Rural Integral hemos afirmado que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”.
• También quedó explícito que los programas cuyo destinatario es el campesino no impiden la puesta en práctica de diversas formas de producción, tales como la agroindustria o el turismo.
• Para lograr darle la mayor solidez a la reforma rural, se ajustaron los tiempos de implementación a las nuevas realidades fiscales. El acuerdo además por sí mismo no crea Zonas de Reserva Campesina.
• Desde el Acuerdo de Cartagena se había dado un paso inmenso en la lucha contra el problema mundial de la droga. Las FARC se comprometieron a romper todo vínculo con él y a cooperar en la superación de ese fenómeno. Ahora, en el nuevo Acuerdo se ha logrado precisar de manera concreta las características de esa cooperación y además quienes acudan a la JEP –todos, no solo las FARC- deberán informar de manera exhaustiva y detallada sobre las informaciones de las que dispongan para atribuir responsabilidades.
• Se aclara que los programas de sustitución buscan tener territorios libres de cultivos de uso ilícitos de modo que no se establezca un marco de coexistencia entre el programa de sustitución y la continuación de tales cultivos.
• En cuanto a la aplicación de las políticas sobre el consumo, se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos.
• Se estableció el compromiso de respetar el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas. En tal sentido, el Plan Marco acordado para las inversiones, deberá contener las fuentes de financiación.


Reunión previa


Antes de la firma del acuerdo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó a una reunión “urgente” al expresidente Álvaro Uribe, líder del opositor Centro Democrático, que encabezó la campaña del “no” en el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz.


Los expresidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) son las voces más representativas del “no” y quienes presentaron la semana pasada a Santos un documento con 500 propuestas de modificación, en las que han trabajado estos días los equipos negociadores en La Habana.


El pasado 26 de septiembre el presidente Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, suscribieron en la ciudad de Cartagena de Indias (norte de Colombia) el llamado Acuerdo Final con el que se comprometieron a terminar el conflicto armado.

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