Con grandes expectativas llegaron a Bogotá, localidad de Bosa, colegio Claretiano, 7.000 indígenas, entre ellos 781 delegados oficiales (hombres y mujeres con derecho a voz y voto), provenientes de los 102 pueblos indígenas que habitan Colombia. Su objetivo, sesionar en el IX Congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), orientado por el objetivo de mandatar sobre lo que deben hacer en los próximos cuatro años a través de su Consejo de gobierno –integrado por 10 consejeros; 2 por macro región en que están organizados–. Temáticas como recomposición interna, experiencias de economía propia, autonomía y cómo resistir al capitalismo, estaban en el orden del día.

 

Provenientes de otros pueblos indígenas del Continente, llegaron delegaciones, como la Conaie (Ecuador), pero también de otros procesos y experiencias organizativas –como el Centro Martin Luther King (Cuba). Además de distintos movimientos sociales del país.

 

Por los salones y auditorios también se dejaron ver caras reconocidas del gobierno, como Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, o como Gustavo Petro que al intervenir insistió en la necesidad de una Asamblea Constituyente como factor decisivo en la actual coyuntura del país; pero también el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, quien reafirmó la importancia de los cabildos abiertos como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana. Pablo Catatumbo expresaría posiciones vía virtual.

 

Opiniones

 

El domingo 9 empezaron las deliberaciones, antecedidas, claro está, de la Armonización (ver recuadro) y de la instalación del evento que corrió a cargo de Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Onic. El llamado a la acción conjunta del actor social, a través de un Bloque Popular o Frente Amplio, quedó sobre la mesa para el debate.

 

Hasta el jueves 13 se extendieron los debates, con receso el día 12 para la deliberación, pues es día de memoria y lucha. Conscientes de ello, desde temprano alistaron instrumentos musicales, banderas, corotos, y movilizados, organizados, ubicados en más de cincuenta buses, fueron trasladados hasta la Universidad Nacional, para cruzar desde ahí a pie hasta el centro simbólico del poder (Plaza de Bolívar), donde se reunieron en una sola voz con campesinos, población en general, estudiantes, víctimas y otros actores de la actual coyuntura nacional, para demandar respeto a los Acuerdos de Paz.

 

En su memoria, sus antepasados. Todos aquellos que cayeron ante el fuego del arcabuz o el filo de la espada con que fueron atacados por los invasores provenientes desde el Imperio de España. Ataque y muerte: miles de miles cayeron a lo largo de décadas que sumaron siglos, para finalmente sumar el mayor genocidio cometido contra población alguna a lo largo y ancho de este planeta.

 

Este octubre, 524 años después, sobreponiéndose a todo tipo de violencia vivida en el pasado y en el presente, aquí están parte de los habitantes primeros del continente. Pero no sólo sobreviven, además siguen organizándose y luchando por permanecer en el mundo como actores de primer orden del presente y del futuro. Entre ellos no impera una sola visión ni manera de ver y entender el cosmos, ni el presente del país, como quedó patente el día 11 de octubre, cuando los Misak arribaron al Palacio de Nariño y se reunieron con Juan Manuel Santos, mostrándole apoyo irrestricto en la manera como conduce los diálogos de paz y los avances logrados en La Habana.

 

Hacia un Bloque Popular o un Frente Amplio

 

En la sesión de inauguración Luis Fernando Arias, Consejero Mayor, resaltó diferentes aspectos de la coyuntura nacional, de la situación actual del movimiento social-popular, retomando distintas propuestas para los pueblos indígenas, entre algunas de ellas: la importancia de empezar a consolidar un sistema económico propio alternativo al hegemónico. Además realizó un llamado de unidad a todos los sectores alternativos para consolidar un bloque popular o un frente amplio “Es tiempo de consolidar la unidad en medio de la diversidad, son tiempos de lucha indeclinable, son momentos de seguir globalizando la resistencia” sostuvo. Solo queda esperar y ver qué tanto de estas palabras se llevarán a la práctica.

 

Una vez instalado el evento, las delegaciones tomaron sus responsabilidades en todas y cada una de las 9 comisiones previamente definidas para el debate (ver recuadro), las cuales arrojaron mandatos como –mesa de salud– darle mayor dinamismo al Sistema indígena de salud propia (Sispi), y resaltar la labor de los médicos tradicionales en los territorios, con la búsqueda de recursos para su manutención y para su participación en eventos políticos. Así como, buscar fuentes de financiación, para el caso de la mesa de gestión administrativa con autonomía indígena, en la cual hubo consenso para sacar adelante proyectos de embotellamiento de agua mineral y manantial, congelamiento de frutas y certificación de semillas y productos propios.

 

Tensión al cierre

 

El día decisivo del Congreso fue el jueves 13, donde se llevó a cabo la conclusión y elección de la nueva Consejería de la Onic. Por una parte, cada una de las mesas entregó sus respectivos mandatos y conclusiones. Entre las propuestas más importantes leídas, destacan: consolidación de una guardia indígena nacional, que debe contar con una formación política vinculada a la Escuela de formación indígena nacional –Efin. La consolidación de autonomía y gobiernos propios estuvo en la mayoría de los mandatos, pero la propuesta que más causó debate fue la de realizar una reforma estructural a la Onic, que pretende transformar sus estatutos, descentralizar el poder, cambiar perspectiva política, consolidar mecanismos de control y rendición de cuentas, añadir o eliminar consejerías, y buscar nuevos mecanismos de participación e incidencia en las bases.

 

La decisión de esta propuesta se debatió en una asamblea de delegados por región, la que finalmente decidió abocar tal reto dentro de una asamblea nacional por realizar dentro de dos años. Lo así decidido que causó prevención en muchos de los asistentes, pues temen que la asamblea pueda ir “amañada”, sin incidencia real en las bases de la organización, reduciéndose a “una reunión de burócratas”. La reforma organizativa aprobada, en todo caso, puede ser decisiva para el rumbo y continuidad de este proceso social que ya suma 34 años, y que ahora acusa críticas por su excesiva concentración en Bogotá y en los Consejeros, y por el debilitamiento del proceso de toma de decisiones colectivas.

 

Contradicciones en medio de la diversidad

 

Las horas corrían y el tiempo atentaba contra la posibilidad de cerrar con éxito el Congreso. Con esa realidad en contra, las discusiones tomaron mayor ritmo. Ya era el amanecer del viernes y el ambiente se caldeó al momento de abrirse la elección de los Consejeros. Al así anunciarse, una vez más fue visible la tensión al interior del movimiento indígena, donde la disputa por hegemonía resalta entre el Cauca organizado (Cric), contra una mayoría que aún no define un bloque concreto. Algunas regiones iban por consejerías específicas, por ejemplo, la Orinoquia exigió la de territorio y planes de vida, también requerida por las delegaciones provenientes del Tolima. Al final, la Orinquía logra su propósito, con lo cual se evitó repetir lo acaecido en el Congreso del 2012 y su intento de ruptura. La importante Consejería de comunicaciones –que ha perdido protagonismo en los últimos años– quedó en manos del pueblo Koreguaje –Caquetá–.

 

Llegada la hora para la elección de la Consejería Mayor, la tensión creció. Los ánimos, a pesar del cansancio, estaban a flor de piel. Como candidatos/as: Aída Quilcue y Luis Fernando Arias (repitente). Por parte del Cric hicieron calle de honor para su candidata, lo que elevó ánimos y creó un ambiente de fuerza y triunfo. Por su parte, Luis Fernando fue presentado por su padre, vocero de la macro regional norte. Se escuchaban gritos del Cauca que decían “no a la reelección”, pero al momento de la decisión fue ganador absoluto el cancuamo. Uno de los cambios significativos fue el del secretario general, Juvenal Arrieta, quien fue reemplazado por Higinio Obispo.

 

Así, con la luz del sol casi despuntando en el oriente bogotano, las decenas de cuerpos cansados que aún aguantaban el debate y la tensión, levantaron sus humanidades para ir a buscar descanso, y tras un corto sueño tomar bus rumbo a sus respectivos destinos. Por mi parte, meditando en el bus con destino a la casa, ubicada en el opuesto de la localidad de Bosa, entre cabeceo y cabeceo, bostezo y bostezo, no me dejaba dormir la intensidad de la imagen que había visto: hablar de unidad es muy fácil, pero llevarla a la práctica es un proceso largo que necesita de verdadera disposición para lograrlo.

 


 

Recuadro 1

 

 


 

Recuadro 2

 


 

Recuadro 3

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Publicado enEdición Nº229
“Estoy en contra de la libertad para mentir”

El Ministerio Público había afirmado tener la “convicción” de que Lula fue el “comandante” de la corrupción nacional en la denuncia luego aceptada por el juez Moro, pese a que en la querella no hay ni siquiera indicios sobre la existencia de una “asociación ilícita”.


El golpe inconcluso. La destitución de Dilma Rousseff ocurrida el 31 de agosto fue un momento determinante pero no el último de la avanzada contra el orden democrático la cual se prolongaría el martes pasado cuando a Luiz Inácio Lula da Silva le fue abierto un proceso por parte de su mayor antagonista político, el juez de primera instancia Sergio Moro, responsable por la causa “Lava Jato” sobre estafas en perjuicio de Petrobras.


A Dilma se la separó del cargo por senadores, la mitad de los cuales procesados o sospechados de corrupción, que reconocieron carecer de pruebas sobre la comisión de delitos. Hace diez días el Ministerio Público afirmó tener la “convicción” de que Lula fue el “comandante” de la corrupción nacional en la denuncia luego aceptada por Moro pese a que en ella no hay ni siquiera indicios sobre la existencia de una “asociación ilícita”. El expediente acusatorio apenas contiene documentos sobre la compra con dinero de origen dudoso (para los fiscales) de una propiedad en Guarujá.


Por cierto es difícil sostener, en términos jurídicos, que Lula sea el “boss” de todo el engranaje delicitivo montado en el “Petrolao” por ser el titular, aunque nunca lo ocupó, un departamentito en una ciudad balnearia donde veranean las masas paulistas, ya que los ricos hace tiempo no la frecuentan. Desde que apresó por unas horas a Lula en marzo pasado, y lo liberó ante la espontánea irritación popular, el juez Moro, venerado por las clases medias antipetistas, no disimula que su “misión” (palabra repetida por jueces y fiscales, algunos evangélicos) es darle caza al expresidente.


Este tipo de anomalías, como la de un magistrado que milita contra un dirigente político al que imagina corrupto, son posibles en el régimen post democrático, que comenzó a regir en Brasil desde el 12 de mayo cuando la expresidenta fue suspendida del cargo y se confirmó con su deposición definitiva en agosto. El fin de Dilma fue, en rigor, el momento inicial de un proceso que parece se prolongará hasta la proscripción de Lula.


“Nadie puede ser juzgado con base en convicciones, cuando el Ministerio Público, la Policía Federal, las instituciones comienzan a exagerar de esta manera la democracia está en riesgo” dijo el viernes por la noche el ex mandatario cuando volvió a repudiar “el golpe parlamentario”. Vestía una camisa roja con la que encabezó un acto del PT en el estado nordestino de Pernambuco, como parte de las campaña electoral hacia los comicios municipales del 2 de octubre. Manos cayosas de gente pobre lo abrazaron en su gira por el nordeste donde su liderazgo parece estar intacto, lo que no ocurre en los reductos de clases medias blancas de los estados del sur y parte del sureste.


“Moro y la (cadena) Globo construyeron la idea de que para condenar a alguien basta con ponerle la prensa en contra ... no se necesitan pruebas, se necesitan titulares ...no estoy contra la libertad de expresión, estoy contra la libertad para mentir”.


Lula también deploró la detención, el jueves, de su ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, cuando se encontraba en un hospital de San Pablo junto a su esposa enferma de cáncer. La prisión del economista del PT ordenada por Moro, fue poco después anulada ante las críticas de juristas, incluso algunos que apoyan la causa “Lava Jato”.


El expresidentes está convencido de que la única forma de evitar ser condenado en el proceso por el “Petrolao” y, consecuentemente, ser proscripto de las elecciones de 2018 en las que se perfila como favorito, es refrendar su condición de líder popular.


Y, paralelamente, denunciar en el resto del mundo las arbitarieades de las que es víctima, como ocurrió el martes pasado durante un evento realizado en Nueva York, donde participó su abogado Geoffrey Robertson. Ex defensor del fundador de Wilileaks Juian Assange y del escritor hindú Salman Rushide, Robertson habló de la “persecución” de la que es víctima Lula y la falta de respeto al derecho de defensa que impera en Brasil tras la instalación del nuevo gobierno. Lo afirmó poco después de que Michel Temer pronunciara su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.


De sus primeros 22 días como presidente efectivo Temer pasó diez fuera de Brasil repitiendo ante quienes quisieran escucharlo, no fueron muchos, que su gobierno se ajusta a derecho y respeta las garantías constitucionales.

Convengamos que nadie legítimamente electo deambula por los foros multilaterales para alardear lo democrático que es. Su campaña de marketing en beneficio propio empezó en Hangzou, China, durante la Cumbre del Grupo de los 20 y continuó la semana pasada en Nueva con su pronunciamiento en la ONU al comienzo del cual se ausentaron de la sala, en protesta contra el golpe, los representantes de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.


El sucesor de Rousseff, que se presenta como “político y escritor”, habla con un estilo barroco saturado de sufijos y prefijos como lo hacían los jueces de antaño. “Permítome a los señores decirles que no habrán de encontrar en el mundo todo democracia alguna tan sólida como la que en mi país existe” (recreación libre de sus intervenciones recientes). Ese estilo afectado puede ser últil para posar de demócrata cuando habla para los medios de su país que le disimulan los defectos pero no funciona con el grueso de la prensa internacional.


Varios medios extranjeros registraron que mientras discurseaba en Nueva York, en la sede de la ONU en Ginebra su gobierno era denunciado por la represión contra manifestantes que exigían “elecciones directas ya” uno de los cuales, una estudiante de 19 años, perdió un ojo de un balazo de goma policial mientras un reportero de la BBC recibió una paliza de la misma fuerza de seguridad pese a que mostró su credencial.


Con los viajes a China y Estados Unidos se buscó tanto o más que la legitimación ante la comunidad internacional, celebrar un encuentro o al menos aparecer en una foto junto Barack Obama. Los fotógrafos oficiales habrían sido orientados para registrar el instante en que Temer, primer orador en la Asamblea, y Obama, que iba a ser el segundo, se cruzaran en los corredores del Palacio de Cristal de la ONU, lo cual no ocurrió porque el estadounidense llegó tarde. ¿Fue para evitar a su par sudamericano?. No hay información consistente para afirmar que ese fue el motivo del desencuentro.


El caso es que Obama no dijo palabra sobre la nueva administración de la mayor potencia latinoamericana ni en Hangzou ni en Nueva York, pese a que la Casa Blanca y el Departamento de Estado apoyaron el derrocamiento de las autoridades electas con una serie de comunicados y decisiones concretas, como el designar un nuevo embajador tras la suspensión del mandato de Dilma y aceptar rápidamente las credenciales del representante de Temer en Washington.


Entre las conjeturas sobre el ninguneo sufrido por el brasileño hay dos relativamente plausibles. Una se basa en el oportunismo Obama que habría eludido mostrarse junto a un aliado útil pero impresentable. Otra explicación toma en cuenta el pragmatismo del norteamericano quien tal vez poder real de un colega muy impopular (68 % de rechazo según una encuesta) y carente de comando sobre sus aliados, que comienzan a dar señales de insubordinación. Al respecto cabe señalar que el viernes el Supremo Tribunal Federal autorizó una investigación preliminar sobre Temer, que fue durante años presidente del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ante la sospecha de que arregló el financiamiento ilegal de al menos una campañas con Sergio Machado, un ex gerente de Transpetro, subsidiaria de Petrobras.


La decisión del Supremo se basa en una confesión del propio Machado, también del PMDB, que se acogió a la delación premiada para atenuar la condena por las decenas de millones de dólares robados a Petrobras.


Si la causa contra el gobernante avanzara podrá ser destituido con lo cual habría elecciones indirectas en 2017, un escenario que cuenta con el aval disimulado de sectores del poder judicial y partidos que en su hora integraron el frente formado para derrocar a Rousseff, pero nunca fueron incondicionales de su sucesor . Si esto ocurriera, será un golpe dentro del golpe.


No se trata de una buena noticia para alguien con tan poco tiempo en el Planalto que esta semana volverá a dejar el país para viajar a Colombia donde participará de la firma del acuerdo de paz entre el presidente Juan Manuel Santos los rebeldes de las FARC, y la semana próxima posiblemente embarcará hacia Buenos Aires, donde espera eludir las protestas. Según el diario Folha de San Pablo los encargados del ceremonial prefieren que el paso Argentina no sea en la forma de una visita de Estado pues de ser así Temer estaría obligado a pasar por El Congreso donde podría ser cuestionado.

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Miércoles, 14 Septiembre 2016 06:16

Final de historia, comienzo de pesadilla

Final de historia, comienzo de pesadilla

“Michel no hizo nada para ayudarme”, se quejó Eduardo Cunha poco antes de perder su mandato de diputado nacional por aplastantes 450 votos contra diez en su defensa y nueve abstenciones.


“Michel” es Temer, el presidente ungido a raíz de un golpe institucional desencadenado precisamente por Cunha, cuando era el todopoderoso presidente de la Cámara de Diputados. Al perder su quinto mandato de diputado, Cunha también perdió sus fueros de privilegio. Cae, a partir de ahora, en las furiosas manos del provinciano juez de primera instancia Sergio Moro. Bandolero compulsivo, con una nutrida secuencia de juicios abiertos en el Supremo Tribunal Federal, Cunha se transforma ahora en un ciudadano de a pie. Y a juzgar por la conducta de Moro, lo esperan sentencias de pesadilla. La cantidad de decenas de años de cárcel a que será condenado no se cuenta ni con los dedos de dos manos.


Le queda una salida, la única para suavizar su futuro de sombras: delatar. Luego de ser defenestrado por sus pares, Cunha rechazó la idea de adherir a la tan polémica modalidad de la “delación premiada”, en que el condenado tiene sus condenas sustancialmente disminuidas a cambio de contar lo que sabe y todo lo que interesa a los fiscales y a la Policía Federal. Dijo, con la soberbia habitual, que no tiene qué delatar porque no cometió crimen alguno.


Bueno, cometió muchos, diversificados y graves. Aseguró que está escribiendo un libro, relatando todos los detalles del largo proceso de juicio político que abrió, por pura venganza personal, contra la ex presidenta Dilma Rousseff. “Todos los diálogos, toda la trama”, anticipó, para en seguida decir que espera ganar mucho dinero con el libro.


A interlocutores de su confianza (como si en el mar de lama en que se transformó la política brasileña la palabra “confianza” todavía tuviese algún espacio...), Michel Temer dice que no abandonó a su aliado. En tono de lamento, dice que era casi nada lo que habría podido hacer.


La verdad es otra, y nada ni nadie logrará ocultarla. Para Michel Temer y los que se engancharon en el poder, tan pronto se abrió contra Dilma Rousseff el juicio en el Congreso el escenario cambió y Cunha, antes elemento esencial, perdió utilidad. Con su consolidada (y más que justa) fama de símbolo perfecto de la corrupción, pasó a ser una figura incómoda. Sobrevivió por un tiempo, pero su condena estaba más que anunciada.


El problema ahora es otro: a lo largo de una carrera política construida en las sombras, sus archivos son implacables. Si cuenta lo que sabe y lo que hizo y lo que hicieron sus aliados y comandados, destroza a medio Congreso. Esa era su fuerza para dominar a dos centenares de diputados de escasa o nula significancia y fuerza. Fue traicionado. Ahora, es su fuerza para librarse de décadas de cárcel. Y, claro, su venganza.


Desde principios de 2015, inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, ese político de trayectoria gris y fuerza descomunal se lanzó a las estrellas. Dominando como nadie los regimientos y reglas jurídicas de la Cámara, maniobró a sus anchas. Acosó y boicoteó al gobierno, se hizo aliado esencial de Michel Temer y su grupo, ostentó su poderío político con la misma osadía que su mujer, Claudia Cruz, una ex presentadora igualmente opaca de la TV Globo, ostentaba gastos millonarios, absolutamente incompatibles con el patrimonio y la renta de la pareja. De carteras de cinco mil dólares a clases de tenis de 60 mil en seis meses, hubo de todo. Nada parecía tener límite para la mujer que comentaba alegremente con sus amigas que estaba entrenándose para ser primera dama, mientras el marido insinuaba claramente que para él, ni siquiera el cielo era un límite.


Bueno, ese tiempo se acabó. Los diputados todos (se calcula en poco más de 200) a los cuales Cunha, en sus buenos tiempos, financió campañas y facilitó negocios nada republicanos, lo abandonaron, con la solitaria excepción de los diez que votaron contra la suspensión definitiva de su mandato y los otros nueve que se abstuvieron de votar. También los medios hegemónicos de comunicación, la banca y el empresariado que elogiaban su desempeño cuando presidía la Cámara y boicoteaba el gobierno de Dilma ahora lo tratan como lo que realmente es, un ladrón voraz y vulgar.


Se acabó el ciclo de poder del corrupto más poderoso de estos tiempos tenebrosos que vivemos en mi país.


Empieza ahora otro tiempo de pesadillas para Michel Temer y el grupo que compone su “núcleo duro”. Todos responden a investigaciones o causas judiciales de corrupción, a empezar por el mismo presidente. Cunha sabe todo de todos.
Podrían, es verdad, haber intervenido para que a Cunha le tocase una punición más blanda. Habría sido un escándalo de dimensiones siderales.


Al abandonarlo a su propia suerte, corren el riesgo tremendo de ser denunciados con amplitud igualmente sideral de pruebas. En esa apuesta, quien más perdió ha sido el país. Temer sigue buscando una legitimidad inalcanzable. Sabe que es y será, para siempre, la más contundente y visible herencia de Eduardo Cunha, el corrupto que a última hora fue abandonado y traicionado por sus pares y por sus cómplices.


Y que sabrá vengarse. O al menos insinúa que sabe.

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Dilma pronuncia su “Yo acuso” ante el Senado

Acompañada por quince invitados, entre los que sobresalen Lula y Chico Buarque, la mandataria suspendida enfrentará cara a cara a sus acusadores para decirles que el juicio es un golpe porque quieren destituirla sin motivo.

 

La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, pronuncia hoy su defensa en el juicio político que le sigue el Senado. Reiterará que es víctima de un golpe destinado a dejar en el gobierno a su vicepresidente, Michel Temer, en alianza con la antigua oposición.


La defensa de Rousseff quiere darle un tono épico a la sesión, ya que todas las previsiones indican que el Senado logrará el mínimo de 54 votos para destituir el martes a la primera mujer presidente de Brasil.


El jefe de gabinete del gobierno interino, Eliseu Padilha, dijo que calcula 60 votos a favor de la destitución, que permitirán la asunción en Asamblea Legislativa para que Temer, ya como jefe del Estado, pueda viajar a China a hacer su estreno internacional en la cumbre del G20.


“Claramente estamos ante una farsa y veremos quién se ubica del lado correcto de la historia”, afirmó el jefe del bloque del Partido de los Trabajadores (PT), Humberto Costa.


El legislador agregó que “la presidenta enfrentará cara a cara a sus acusadores y tendrá la oportunidad de decir que quieren destituirla sin un motivo, porque no hay crimen contra la Constitución y por eso es un golpe”.


La mandataria estará acompañada por una comitiva de 15 invitados, entre ellos su mentor político y antecesor en la Presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien la Policía Federal acusó el viernes ante el juez Sérgio Moro en relación con la investigación del multimillonario desvío ilegal de fondos de la petrolera estatal Petrobras.


También fue anotado como posible invitado el cantante y escritor Chico Buarque, referente de la izquierda brasileña y quien ya ha participado en actos públicos en defensa de Rousseff.


En su discurso de 30 minutos y en las respuestas a sus interrogadores, Rousseff apelará a su biografía como luchadora contra la última dictadura militar, que la mantuvo presa; a que nunca fue vinculada con actos de corrupción, y a que representa un modelo de inclusión social del que participaron muchos senadores que hoy, aliados a Temer, buscan destituirla.


“La presidenta está serena; ella se siente víctima de una injusticia, más que estar triste por esta jugada de traición del vicepresidente”, dijo la senadora Katia Abreu, quien pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer pero no está a favor de la destitución. “De todos modos, no perdemos la esperanza de que los que se declaran indecisos se abstengan y apoyen la propuesta de Dilma de, si es mantenida en el cargo, llamar a elecciones anticipadas y resolver la crisis política”, añadió.


Desde la acusación, Rousseff recibirá duros cuestionamientos. “Le quiero preguntar por qué le mintió al país en 2014 diciendo que la situación era otra; ella es la culpable de esta crisis que vivimos y estamos convencidos de que hubo delito de responsabilidad contra la ley fiscal en sus actos”, comentó José Medeiros, del Partido Social Demócrata (PSD), aliado a Temer.


“La declaración de Dilma será el punto alto de este juicio por lo que significa, pero no podrá modificar la prueba producida en su contra por los delitos de responsabilidad en la ley fiscal”, advirtió el senador instructor del caso, Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Este partido era el principal opositor de la coalición entre el PT y el PMDB, pero una vez que esa alianza se quebró se unió al último. De hecho, aportó, entre otros, al canciller José Serra al gobierno hasta ahora interino de Temer.


Rousseff está acusada de haber firmado tres decretos para anticiparle dinero del presupuesto a la Policía Federal, la Justicia laboral y el Ministerio de Educación, y de usar dinero de los bancos públicos para subsidiar el plan agrícola Zafra 2015.
Desde el jueves pasado, en los tres días de sesiones para escuchar a los testigos de las partes, el Senado vivió momentos de tensión, sobre todo por el intercambio de agresiones a los gritos entre legisladores.


Hasta ayer, las negociaciones eran frenéticas para disputar voto a voto, teniendo en cuenta que el último sondeo fue el de hace dos semanas, cuando venció 59 a 22 el acogimiento de la acusación para iniciar el proceso, que está conducido por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Ricardo Lewandowski.


El senador brasileño Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), estará en la primera línea de defensa de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, cuando declare ante el Senado, luego de haber sido, en 1992, un líder juvenil que llenó las calles a favor de un juicio político, contra el entonces mandatario Fernando Collor de Mello.


“La diferencia es abismal, no olvidemos que Collor cayó porque se descubrieron seis millones de dólares de empresas fantasmas para mantener a la familia presidencial; aquí no hay nada, hay una acusación falsa contable, Dilma no tiene cuenta en Suiza ni denuncias por corrupción”, dijo Farias.

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El proceso de paz y las guerras urbanas y del “machete”.

Se ensombrece el proceso de paz, pues la guerra urbana y la uribista del "machete" contaminan los vocabularios de la discursividad publica.

No se ve tan cercana la firma de un tratado final de paz que bien puede ocurrir en el 2017 o 2018.

Según indica la experiencia internacional cerrar la negociación de un fin de la guerra no es tarea facial. Saltan muchos obstáculos. Se presentan complicaciones inesperadas en tanto que la confianza entre las partes no es aun absoluta. Alguien siempre quiere tomar ventaja y hacer jugadas de mala calaña como parece estar sucediendo en la Mesa de diálogos de paz de La Habana entre el gobierno y las Farc.

Se la ingenia Santos y la oligarquía dominante para hacer trampas y sacar ventajas desconociendo que en una negociación todos deben ceder. Es lo que hasta el momento ha sucedido en la relación del Estado con la insurgencia revolucionaria de las Farc.

Proceso de paz, guerra urbana y “guerra del machete” son tres nociones que parecen encontrarse en la coyuntura.

Me explico.

A Santos, experto pokerista, parece habérsele agotado la imaginación tramposa que acompaña su marco genético y por interpuesta persona, un politiquero atragantado con mermelada, deslizo un perverso mico en el Acto Legislativo de la paz, que en su séptimo paso recogió lo pactado en La Habana, pero que en el octavo escalón fue adulterado con el artículo 5, el cual termino ensombreciendo una ruta que parecía clara hacia el Tratado final de paz.

Esta clase de jugarretas necesariamente ha impactado inmediatamente -creando desconfianza- asuntos como el cese bilateral del fuego y hostilidades, la dejación de las armas, las zonas campamentarias, la erradicación del paramilitarismo, la democratización de las fuerzas armadas, la movilización política de las Farc, el proceso de legitimación de los consensos, los ajustes institucionales, la implementación, la verificación y hasta la inicial campaña electoral por la sucesión presidencial, que está contaminando ya severamente la terminación de la guerra.

En el horizonte no se ve claro una inminente firma del Tratado final, el cual bien puede postergarse hasta el segundo semestre del año 2017 o el primero del 2018.

Más complicado aún. En el proceso de Irlanda a pesar de haberse firmado el final del conflicto en el año 1998, la dejación de las armas ocurrió diez años después porque el paramilitarismo siguió actuando rampante en Ulster, y la participación política del IRA es cosa de meses recientes, por la reticencia sangrienta de las facciones ultraderechistas más radicales.

Acá hay sectores, en el gobierno y la sociedad empresarial narca, afilando los cuchillos y brillando los fusiles (en Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Pereira, Montería) para dar vía libre al exterminio sicarial de los principales líderes guerrilleros cuando se apliquen a la agitación civilista en los escenarios del campo político urbano y mediático.

Bien puede ser que en los próximos meses la guerra mute hacia escenarios urbanos. Es una hipótesis que sale de los labios de quien dispone de la información más privilegiada en el Estado. El Jefe de la Casa de Nariño. Por algo lo dirá. No creo que se trate de una maniobra discursiva. Él sabe con qué juega y a que se refiere.

Pero, lo más delirante de todo esto es la amenaza planteada por Uribe Vélez y su entorno latifundista más intransigente, me refiero a Lafaurie y Cabal, quienes han perfilado los contornos de una pretendida “guerra del machete” entre campesinos compradores de buena fe y propietarios desplazados por la violencia paramilitar, que reclaman sus tierras.

Poderosos terratenientes y ganaderos uribistas paramilitarizados están promoviendo un ejército de pequeños y medianos propietarios rurales, compradores de buena fe, convirtiéndolos en punta de lanza contra los campesinos desplazados por la violencia rural, quienes en virtud de la ley de restitución de tierras reclaman sus predios arrebatados de manera sangrienta en las ultimas décadas.

Utilizaran a los compradores de buena fe para impedir el curso de la restitución y para ampliar el latifundio una vez sean saneados los títulos.

Muy grave este panorama.

Preparémonos para lo que se viene. La “guerra del machete” orquestada, en su desespero, por el caballista del Ubérrimo.

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El ‘honorable’ Congreso evita una “invasión delincuencial de la sociedad”.

Un nuevo plazo a la aceleración del proceso de judicialización en Colombia se presentó con el proyecto de Ley 161 de 2016 aprobado el lunes 23 de mayo por las comisiones primeras del Senado y Cámara de Representantes. Esta nueva Ley prolonga las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las cárceles en Colombia que en su mayoría no cuentan con servicios de agua y alcantarillado, ni tienen servicios médicos, cárceles con una tasa de hacinamiento del 56.1 por ciento, el 88 por ciento de las instalaciones inadecuadas, 48.839 prisioneros por encima de la capacidad y establecimientos penitenciarios como Riohacha y Valledupar con tasas de hacinamiento respectivas del 479 y 431.6 por ciento. Crece la problemática y la indiferencia gubernamental.

 

 

¡Presos a la calle! ¡Pánico!

 

Una eventual excarcelación masiva de presos puso a temblar al Gobierno y a gran parte de la “gente de bien” del país, proliferó la preocupación y el pánico ante la cataclísmica posibilidad que fueran liberados de todos los establecimientos penitenciarios del país cientos de sindicados. Su desespero se hizo evidente en la especulación sobre las cifras que medios de comunicación inflaron (“20.000 presos peligrosos” , “al menos 30.000 sindicados” , “40.000 reclusos” ) para implorar al “Honorable” Congreso de la República que legislara evitando este odioso exabrupto del sistema penal colombiano. ¿Cómo podía ser posible esto?

 

La Sentencia C-390 del 26 de junio del 2014 proferida por la Corte Constitucional conminó al Congreso a legislar para impedir la estadía “ad infinitum” en la cárceles de cientos de ciudadanos colombianos sindicados. La libertad de las personas o el encarcelamiento definitivo dependía hasta entonces de que fuera desarrollada la audiencia de juzgamiento entre los 120 días posteriores a la formulación de la acusación en contra del sindicado en prisión (Ley 906 de 2004. Artículo 317). La Corte declaró la “exequibilidad condicionada” sobre la disposición de la ley 906 que fundamentaba la validez de este proceder con su Sentencia C-390 pero puso un plazo: “Segundo. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de exequibilidad condicionada quedan diferidos hasta el 20 de julio de 2015, a fin de que el Congreso de la República expida la regulación correspondiente”.

 

El Congreso de la República cumplió con la expedición de la Ley 1760 del 6 de Julio del 2015. Con ella modificó el conteo para la libertad o el encarcelamiento, dejando los 120 días intactos para la audiencia del juzgamiento, pero en esta oportunidad los fijó con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, una de las primeras fases del proceso de judicialización. Todo a pedir de bocas, si esta misma Ley 1760 en su artículo 5° no hubiera aplazado la entrada en vigencia de este cambio hasta el 6 de julio de 2016 con el pretexto de evitar “una situación de inestabilidad a la administración de justicia” y favorecer a los operadores judiciales para que tuvieran el tiempo suficiente de prepararse, porque dicha medida implicaba acelerar de forma notable los procedimientos de investigación y judicialización en todo el país.

 

El 6 de julio del 2016, precisamente, era la fecha que quitaba la tranquilidad a los trasnochados por la inminente salida de presos de las cárceles del país, pues en adelante no habría ningún fundamento jurídico para mantenerlos en prisión. La apretada agenda del Congreso, el fin de la segunda legislatura del cuatrienio (2014 - 2018) el 20 de junio y el inicio de la próxima hasta el 20 de julio del presente año (14 días por fuera del plazo que se puso el mismo congreso), hizo que las comisiones primera del Senado y Cámara aprobaran a las carreras, el lunes 23 de mayo, la ponencia del proyecto de Ley 161 de 2016 que incluyó los delitos sexuales dentro del grupo de casos susceptibles de prórroga del término máximo de detención, y lo más importante, puso otro nuevo plazo de un año para que entrará en vigencia lo dispuesto por la Corte desde el 2014 y su misma Ley expedida (1760) en el 2015 en lo concerniente a la modificación de los plazos para el vencimiento de términos.

 

En conclusión: la Corte Constitucional ordenó en 2014, el Congreso legisló en 2015 pero pospuso la entrada en vigencia de la Ley hasta julio de 2016, plazo que el mismo Congreso acaba de ampliar hasta julio del 2017 con lo que la anhelada aceleración del proceso de judicialización en Colombia tendrá que esperar al menos un año más si es que el Congreso de la República no decide darle un nuevo plazo a los operadores de justicia. Preguntamos: ¿Durante cuánto tiempo más seguirán postergando la entrada en vigencia de su propia Ley? ¿Seguirán legislando a favor de medidas que violan los derechos mínimos de miles de presos? ¿De qué tamaño tienen que ser las tragedias, las desgracias de las cárceles, para que reaccionen?

 
 
Muchos justifican la medida.

 

La otra cara de esta historia, película de terror con feliz final para la minoría que gobierna, es la de los presidiarios. Aquellos que debieron estar contando las horas con suprema ansiedad para que se venciera el plazo y el Congreso no legislara lo suficientemente rápido, como suele hacerlo en casos menos apremiantes para la “estabilidad” y “orden” de la sociedad. Pero quedaron con los crespos hechos, así no sucedió. Para cientos de prisioneros y sindicados las ignominiosas condiciones a que se encuentran expuestos dentro de la cárcel seguirán indefinidamente prolongadas.

 

Para los sectores del poder, una medida justa y necesaria, por supuesto ¿A quién se le ocurriría defender a estos delincuentes? Máxime cuando en los días anteriores a la promulgación de la Ley proliferaron en los noticieros, diarios, emisoras de radio, páginas webs, redes sociales etcétera. completos inventarios que pretendían exhibir los delitos y la peligrosidad de estos “temibles seres” que era necesario mantener neutralizados tras las rejas de la prisión, así les violen el mismo derecho de la presunción de inocencia –mientras no les demuestren lo contrario–. Un ejemplo es El Tiempo que contabilizó con el objetivo de justificar la medida a 997 detenidos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 1.053 por actos sexuales con menor de 14 años, 1.907 por homicidios, 2.694 por porte ilegal de armas, 2.913 por tráfico de estupefacientes, 513 por extorsión y 1.528 por concierto para delinquir, presidiarios que gracias al Congreso permanecerán tras las rejas de la prisión y la sociedad seguirá siendo “protegida” con su encierro.

 

La nueva Ley no soluciona las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las prisiones del país. También se contrapone a las medidas que están siendo tomadas en el contexto de la situación de emergencia carcelaria declarada por el Consejo Directivo del Inpec bajo la égida del Ministerio de Justicia el pasado 5 de mayo. Sin embargo, en consonancia con el Gobierno muchos consideran, allende las consideraciones de violaciones de derechos contempladas por la Corte Constitucional, que ante la imposibilidad de solucionar la situación lo mejor es aplazarla al costo de la destrucción física y subjetiva de los sindicados sometidos a prisión. Al fin de cuentas, delincuentes con muchos pecados que expiar en el seno de nuestro punitivo sistema penal y carcelario.

 

 
¿Por qué sigue vulnerando esta medida los derechos de los presos y sindicados tras las rejas?

 

Presidiarios, delincuentes, sindicados o criminales tras las rejas para desdén de muchos, continúan siendo ciudadanos, cobijados por la Constitución, así como por normativas como el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1998) y la Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” (Ley 16 de 1972). No son sujetos ajenos a los derechos, tampoco a los procedimientos legales para exigir el respeto de estos como ciudadanos de Colombia y de la humanidad. Debe partirse desde estos preceptos.

 

Las prisiones hace mucho tiempo se quedaron sin espacio ¿La solución? Hiper acumular a ciudadanos en condiciones infrahumanas en los mismos establecimientos carcelarios que adolecen de servicios sanitarios básicos como el agua y el alcantarillado, donde proliferan enfermedades típicas de altas condiciones de hacinamiento sin que se esté brindando ningún tipo de tratamiento médico desde que Caprecom, institución encargada de proveer salud a los presos, fue liquidada en octubre del año anterior.

 

Así viven los presos de Colombia, los mismos que el Estado pretende “resocializar” en las prisiones del país condenándolos al hacinamiento, a la enfermedad, a la insalubridad, a revolcarse en su propia mierda. Los mismos ante los cuales realiza otra estupenda demostración de todo su desprecio y poco compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos, porque antes que solucionar una problemática estructural que ha sumido en estas terribles condiciones a las cárceles del país, aplaza la problemática con el espaldarazo de medios de comunicación oficiosos, porque a nadie parece importarle el presente de estos conciudadanos, pues en amplios sectores de nuestra sociedad parece aceptado que el precio que hay que pagar por el delito, es la destrucción física y subjetiva del ser humano.

 

No se trata de sembrar la impunidad, se trata de que se discuta si la mejor manera de combatir el crimen es el encierro, si es que acaso estos ciudadanos merecen semejante trato que vulnera los más elementales derechos y las mínimas condiciones de dignidad de la humanidad. La exigencia del acceso de los ciudadanos a ser protegidos o juzgados por una justicia idónea y eficiente no puede seguir dejándose atrás al precio de la destrucción, para muchos merecida, del ser humano que infringe la Ley.

 

Basta de la indiferencia ante la “Máquina trituradora de seres humanos” con la que se expía el pecado en Colombia, la misma de la que usted, yo o nuestros hijos, podemos ser víctimas.

 

 

 

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Viernes, 20 Mayo 2016 16:16

El Artículo de la paz.

El Artículo de la paz.

Se aprueba en el Congreso de la Republica el Articulo de la paz pactado en la Mesa de conversaciones de La Habana.

Presidente Juan Manuel Santos y coalicion de gobierno hacen honor a la palabra empeñada.


No prospero el filibusterismo parlamentario de la ultraderecha ganadera y verde.


Avanzó al penúltimo paso el Acto legislativo de la paz, incluyendo el Artículo de la paz pactado en la Mesa de La Habana en ejercicio de la bilateralidad.


No es un articulito como aquel de marras.


Es tremendo texto para consolidar y profundizar el fin del conflicto.


Cito su contenido y destaco temas:


Artículo 4°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:


Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.


En desarrollo del Derecho a la paz, el procedimiento legislativo especial para la aprobación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara. El tránsito del proyecto entre comisión y plenaria será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo.


El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el mismo artículo.

 

El control constitucional relacionado con la aprobación de La ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático.


¡Perfecto!


No prospero el filibusterismo parlamentario, tanto del terrateniente conservador de Montería, Barguil, ni el de la verde Lozano, capturada, esta última, por el odio de la ultraderecha contra la paz.


Desconocen la concomitancia del proceso del fin del conflicto, caracterizado por las partes como integral y simultáneo, que implica dejación de las armas, erradicación de paramilitarismo, movilización política de las Farc y erradicación de cultivos de uso ilícito.
La ignorancia los hace necios y saboteadores.


Triunfo la política de la paz. Triunfo la alianza de la paz.


El Presidente y su coalición política han sido fieles a la palabra empeñada creando confianza.


¡Felicitaciones!.


Esperemos que la plenaria de la Cámara cierre el trámite legislativo y venga el control posterior de la Corte Constitucional.


La actividad de control constitucional de la Corte puede influir de modo sustancial en la nueva práctica política que se abre paso a través de la definición y control de cumplimiento de los requisitos constitucionales que deben influir en la génesis de las normas de la paz, pero ello no excluye la necesidad de apoyar la interpretación de la Constitución en esta materia en una comprensión de la política que se adecue plenamente y sin contradicciones a la racionalidad del proceso de paz y de la construcción de la democracia ampliada y pluralista pactada en el acuerdo sobre participación política.


Entre tanto, que avance de manera simultánea la pedagogía y socialización de la paz en la sociedad civil.


Más firmas. Más talleres. Más conferencias. Más Medios de comunicación para la paz. Más educación para la paz.

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Dilma busca consensos para superar la crisis

A diez días de la posible votación del impeachment en el Plenario de Diputados, Rousseff sostuvo que “el impeachment es un insulto a los 54 millones que votaron por mí”. Ayer contó con el apoyo de organizaciones de mujeres.

 

“Busco, busqué y buscaré consensos capaces de permitirnos superar cualquier crisis. Brasil necesita un pacto nacional.” Dilma Rousseff propuso ayer una fórmula de diálogo a los grupos menos irracionales de la oposición faltando diez días para la posible votación del “impeachment” en el Plenario de Diputados. Un acontecimiento concebido como la batalla final por parte de las facciones más extremistas del campo destituyente encarnadas en la figura de Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), socio del vicepresidente y aspirante a sucesor de Dilma, Michel Temer.

“Pero un pacto requiere como punto de partida algunas condiciones... como el respeto a la legalidad y la democracia... la intolerancia y el odio no sirven” sostuvo la presidenta. Y enfatizó: “el impeachment es un insulto a los 54 millones que votaron por mí y a los 110 millones que votaron en total en 2014, el impeachment caracteriza un golpe, eso desmoraliza a la democracia”.

El sentido de las palabras presidenciales no es lineal. En principio ponen de manifiesto ante la sociedad la voluntad conciliadora del Palacio del Planalto en contraste con el belicismo de los partidos conservadores, la cadena Globo y sectores del poder judicial.

En un segundo análisis los dichos de Rousseff significan una propuesta de tregua a futuro para intentar un mínimo de gobernabilidad, siempre que el gobierno logre impedir el juicio político. Algo que no será fácil pero tampoco parece imposible como lo era hace un mes.

El tono conciliador de Dilma se limitó al eventual entendimiento político, pero no se extendió al juez Sergio Moro, el más eficaz agente de la oposición, que ayer dejó filtrar la confesión de un empresario que habría declarado que aportó dinero sucio en la campaña petista de 2014.

La mandataria deploró sin citar a Moro por “las filtraciones selectivas, que no tienen ningún rastro de verdad, y son utilizadas en la lucha político partidaria”.

Lula

Para que se abra el proceso la oposición necesita una mayoría especial de 342 votos dentro de un universo de 513, igual a la requerida para una reforma constitucional. La aún módica recuperación del gobierno comenzó con el retorno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con su cargo de ministro suspendido cautelarmente por la Corte, asumió de oficio la conducción del gabinete y recompuso las relaciones con partidos de derecha, pragmáticos, que prefieren oponerse al golpe blando a cambio de puestos en el Estado antes que apoyar al imprevisible Cunha.

Así el regreso de Lula garantizó más votos contra el impeachment al tiempo que reavivó la movilización popular llevando cientos de miles manifestantes por la democracia a las calles, las que el año pasado habían sido hegemonizadas por el aluvión neocon.

El procurador general de la República Rodrigo Janot recomendó ayer a la Corte que ratifique la suspensión del líder del PT como ministro jefe de la Casa Civil (gabinete). Una mala noticia para Dilma, no obstante lo cual repitió la voluntad de contar con su compañero dentro del gobierno,si no fuera como ministro como consejero oficial.

Lo afirmó durante un acto realizado en el Palacio del Planalto ante organizaciones de mujeres que le expresaron su respaldo, igual que lo hicieron la semana pasada los sindicatos, los campesinos sin tierra y los trabajadores sin techo.

“Este gobierno es nuestro, nosotros lo elegimos, si se meten con Dilma, es como si meten con nosotras, no vamos a permitirlo”, dijo al cerrar su breve intervención Creuza Maria Oliveira, titular de la Asociación Nacional de las Trabajadoras Domésticas.

Cunha, bandido

La figura más denostada por las militantes fue el presidente de Diputados a quien le dedicaron la consigna “Dilma se queda, Cunha se va”.

Durante la ceremonia y en las entrevistas previas dirigentes de la Marcha de las Mujeres Negras, Unión Nacional de Estudiantes, de la Asociación Brasileña de Lesbianas y Travestis repasaron la biografía de Eduardo Cunha: autor de un proyecto que penaliza el aborto, defensor de otro contra la unión entre personas del mismo sexo, reo en un proceso de la Corte por esconder millones de dólares malhabidos en Suiza y comandante de un bloque informal de congresistas que asumieron como una “misión” expulsar a Dilma del gobierno.

Muchos de esos templarios integran el Frente Parlamentario Evangélico, con 92 diputados, que esta semana anunció su respaldo al golpe blando.

Al hablar ante Dilma la filósofa Marcia Tiburi exigió la prisión del jefe golpista y lo responsabilizó de perpetrar “un estupro contra la democracia”.

Por cierto las frases contra el legislador estuvieron a la orden del día en la cita de las agrupaciones femeninas, pero ninguna superó la dicha hace una semana por el presidente del Partido Trabalhista Brasileño, Roberto Jefferson.

“Cunha sabe disparar rápido, dispara por la espalda, roba hasta en el poker... soy optimista porque tiene las virtudes para llevar adelante el impeachment” dijo el martes pasado Jefferson, un antipetista nato, que fue condenado a 14 años de prisión por corrupción.

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Miércoles, 30 Marzo 2016 06:46

Un paso decisivo para desestabilizar a Dilma

Un paso decisivo para desestabilizar a Dilma

El portazo apunta a la destitución de la presidenta elegida con 54 millones de votos hace un año. La prensa y los partidos conservadores insisten en que voltearla es legal pues el “impeachment” está previsto en la Constitución.


Aliado del vicepresidente Michel Temer, aspirante a suceder a Dilma Rousseff, el jefe de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha festejó ayer con los brazos en alto la decisión de su agrupación, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de romper la coalición sobre la que se apoyaba el gobierno, el cual parece agonizante. Cunha es reo ante la Corte por haber ocultado en Suiza cinco millones de dólares de posibles sobornos cobrados en el escándalo del Petrolao. El diputado Paulo Pimenta, del PT, afirmó que Temer y Cunha se favorecen mutualmente incendiando el país: el primero avanza hacia la presidencia y el segundo se fortalece en la Cámara baja para obstruir los procesos en su contra por haber violado el decoro parlamentario ocultando su dinero sucio. Y ambos apuestan a que si finalmente Dilma es derrocada nadie recuerde la causa Lava Jato por estafas contra la petrolera estatal Petrobras.


Lo cierto es que el de ayer fue un paso importante hacia la destitución de la presidenta elegida con 54 millones de votos en octubre de 2014. La prensa y los partidos conservadores insisten en que voltearla es legal pues el “impeachment” está previsto en la Constitución. No dicen que hasta el momento falta un delito que justifique ese procesamiento.


Con la formalización del desembarque del PMDB, la oposición sumará 69 diputados para votar por el adiós a Rousseff en sintonía con el “clamor de las calles” donde hace dos semanas se movilizaron cientos de miles de ciudadanos (mayoritariamente blancos y de clase media) por el fin del gobierno del Partido de los Trabajadores. Fue la marcha más concurrida desde el fin de la dictadura, en 1985, año en que el PMDB llegó al poder a través de una elección tramposa en la que sólo participaron legisladores ya que se prohibió el voto directo.
Si Temer cumple su sueño arribista y se queda con la presidencia repetirá en alguna medida el escenario de 1985, ya que no tiene respaldo electoral. La última vez que fue candidato por las suyas fue en 2006, año en el que recogió poco más de 99.000 votos como diputado federal por San Pablo, ubicándose en el lote de los 20 últimos por ese estado. Para que se apruebe el “juicio por impedimento” que voltee a Dilma y encumbre a Temer se requiere una mayoría especial de 342 votos sobre un total de 513 diputados, un número alto a pesar que el antidilmismo cuente con el refuerzo de los pemedebistas. Y si bien el gobierno enfrenta el momento más difícil desde enero de 2011, cuando Rousseff llegó al Planalto, no es imposible que el oficialismo logre sumar 171 votos para repeler la escalada destituyente.
Por ser uno de los dirigente con más peso en el PMDB, Cunha ocupó el centro del palco junto al vicepresidente de la agrupación, el senador Romero Jucá, y ambos unieron sus brazos en gesto de victoria de la estrategia que habían acordado con el discreto Michel Temer, el potencial presidente de facto que no fue a la reunión del directorio nacional. “A partir de hoy el PMDB se retira de la base del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y ningún miembro está autorizado a ejercer ningún cargo en nombre del PMDB”, dijo Romero Jucá.
De esa forma fue presentada la moción única aprobada por “aclamación” .
“Fuera Dilma”, “fuera PT”, “Brasil presente, Temer presidente” corearon los delegados del Directorio Nacional partidario mientras Cunha y Jucá entrelazaban sus brazos hacia lo alto en un salón de la Cámara baja, en Brasilia. La reunión se prolongó por apenas 5 minutos, lo que indica un amplio respaldo al fin de la alianza, que desde hace meses era sólo formal. No obstante esa aparente unanimidad contra el gobierno es verdad que aún sobreviven diferencias dentro de un partido donde hay facciones enfrentadas y no se descarta que grupos minoritarios se abstengan de votar por el impeachment. Una señal de que sobreviven desacuerdos dentro del PMDB, aunque sean residuales, es que hasta el momento no está confirmado que renunciarán a sus cargos los seis ministros que integran el gabinete.
En el Planalto nadie se sorprendió con el portazo de los ahora ex socios del PMDB: desde hace meses la presidenta excluyó a Temer de las reuniones del núcleo duro del gabinete advertida de la conspiración en curso. El ministro Jaques Wagner fue el primero en pronunciarse sobre la salida del PMDB a la que vinculó con un “golpe” y anunció que ya se trabaja en la formación de un nuevo gabinete, en el que seguramente estará Lula.
Debido al agravamiento de la crisis, Dilma suspendió ayer el viaje que iba a realizar este jueves a Estados Unidos donde participaría en una cumbre sobre seguridad nuclear. Al parecer desistió de ir a Washington para evitar que Temer asuma temporalmente el gobierno.
La suerte de este gobierno no se libra sólo en los pasillos de la conspiración: oficialistas y opositores toman en cuenta el barómetro de las calles. Habrá que aguardar para ver si el PT y los movimientos sociales, posiblemente encabezados por Lula, logran movilizar un número importante de personas en defensa de la democracia este jueves en Brasilia.

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La LOP es un torpedo santouribusta contra la paz

La bilateralidad es un principio central en los diálogos de paz de La Mesa de La Habana para poner fin al conflicto social y armado.

Se trata de una filosofía y una metodología que compromete las partes (Gobierno y Farc) en cada paso para alcanzar los objetivos señalados en el Acuerdo especial de agosto del 2012. Es, sencillamente, la prevalencia de la buena fe y la confianza en la palabra empeñada.

Sin embargo, en su afán politiquero, de experimentado tahúr, el señor Santos no desaprovecha oportunidad para ganar ventajas y organizar trampas, que por supuesto, afectan las tareas para construir los consensos correspondientes.

Ocurrió con el llamado Marco jurídico para la paz, convertido en letra muerta, dada su inutilidad para la paz.

Se da con el invento caprichoso de un plebiscito politiquero como mecanismo de refrendación de los pactos que se consoliden.

Se evidencia con la creación del Ministerio del Post conflicto que no corresponde a un consenso en el tema de los ajustes institucionales y las reformas al Estado para la paz.

También se registra en el Conpes 3850 del 2015 que crea un Fondo Colombia en Paz, en el que se establecen de manera sesgada unos enfoques que reflejan los criterios específicos del modelo neoliberal prevalente en el actual Plan de desarrollo del gobierno.

Hoy se ha dado paso en esa equivocada ruta al aprobar una reforma (http://bit.ly/1MbeX9V ) del artículo 8 de la Ley 418 de 1997 (http://bit.ly/1QGLQxC ), para crear unos ‘’campos de concentración’’ (recuerdan los campos de concentración de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial? http://bit.ly/1QJPRmd ) donde, con el apoyo envenenado de la ultraderecha fascista, se pretende acorralar a los integrantes de la resistencia campesina armada revolucionaria de las Farc para avanzar en su masacre y exterminio.

Toda la jauría del establecimiento oligárquico, sin excepción alguna, se compacto para disponer ese esperpento que sintetiza la ambición pendenciera del regimen.

Esos campos de concentración son un torpedo a la paz. La ley que los contempla se ha gestionado desconociendo la otra parte de la Mesa de diálogos de La Habana que ha formulado un completo esquema para organizar los Territorios de paz.

Serán tan perversos esos “campos de concentración’’ que el más entusiasmado con los mismos es el artífice del paramilitarismo, de las masacres, de los falsos positivos y de la violencia contra los campesinos: el caballista del Ubérrimo.

Razón de más para indicar que se trata de un claro sabotaje a los avances del proceso de paz.

Ese debe ser otro tema para plantear en el Pliego del gran Paro cívico del próximo jueves 17 de marzo. Esa movilización tiene entre sus objetivos la defensa de la paz con justicia social, no con venganzas y persecuciones violentas a los campesinos y lderes populares.

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