Viernes, 26 Febrero 2016 06:18

Brasil se abre a las petroleras extranjeras

Brasil se abre a las petroleras extranjeras

La media sanción del proyecto de privatización, parcial, de la explotación petrolera abrió un nuevo y previsible duelo entre el gobernante PT y el opositor PSDB, y también generó fisuras dentro del oficialismo.


Preocupación en el PT y los sindicatos brasileños luego de la aprobación en el Senado de un proyecto de ley tratado en régimen de “urgencia” que limita el campo de acción de Petrobras concediendo prerrogativas a las empresas multinacionales, las que desde hace años presionaban para ello. Lo que está en cuestión es quién se queda con las reservas gigantes situadas en el área geológica de “pre-sal”, en aguas ultraprofundas, que son la verdadera “joya de la abuela”, según la definición del senador petista Lindbergh Farias, uno de los que votó contra la propuesta que obtuvo media sanción.


La iniciativa fue presentada por José Serra, un senador aliado al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien había asumido ante ejecutivos de la petrolera Chevron el compromiso de derribar la ley estatizante de 2010, sancionada durante el segundo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Serra prometió a los petroleros norteamericanos erradicar la herencia lulista y sancionar una normativa que allane el retorno de las multinacionales con un modelo “de concesión” similar al puesto en vigor durante la administración de Cardoso (1995-2003). Diplomáticos estadounidenses destacados en Brasil mencionaron la promesa realizada por Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en cables enviados a Washington publicados por Wikileaks en 2013.


El proyecto privatizador votado el miércoles por la noche en una sesión tensa demuestra que el congresista del PSDB respetó la palabra empeñada ante Chevron.


La reacción de los trabajadores fue inmediata. “Los senadores aprobaron un proyecto de José Serra que privatiza el pre-sal, esto significa que el Senado renunció a la soberanía nacional y entregó el dinero invertido en pesquisas en el área de petróleo y gas por Petrobras”, denunció la Central Unica de los Trabajadores.


El tema seguramente estará en la agenda de la dirección del PT que se reúne hoy en el estado de Río de Janeiro, el mayor productor de petróleo del país.


El partido de Lula y la presidenta Dilma Rousseff “marchará al lado de las demás fuerzas progresistas, los movimientos populares y sindicales contra este ataque a la soberanía nacional y nuestro desarrollo independiente” anunció ayer Rui Falcao. El presidente petista repitió que no se aceptará ningún cambio en al sistema petrolero actual y denunció las maniobras que atribuyó al “entreguismo golpista”.


El marco legal en vigor conocido como “de partilha” o de participación, establece que Petrobras esté presente en todos los campos de aguas ultraprofundas, a más de 5.000 metros de profundidad, donde yacen entre 60.000 y 80.000 millones de barriles de petróleo y equivalentes, descubiertos entre 2007 y 2010. El hallazgo de esos yacimientos por parte de Petrobras, que invirtió cientos de millones en prospección, representó una vuelta campana en la ecuación energética de Brasil, el gigante industrial de América latina que tenía como su costado vulnerable la falta de reservas cuantiosas.


La actual normativa (que puede ser reemplazada por la votada en el Senado) fue redactada hace seis años bajo la supervisión de la entonces jefa de gabinete y experta en energía, Dilma Rousseff, quien alegó que en ningún país del mundo las reservas constatadas son cedidas a firmas extranjeras pues se trata de un negocio sin riesgo.


Además se permite que Petrobras integre consorcios con multinacionales pero si lo hace la operación de los campos queda en manos de la empresa local. Con esto la ley de 2010 garantiza que Brasil decida qué zona se explota, si el crudo será exportado o será destinado al mercado interno lo cual permite, en hipótesis, graduar el precio con alguna independencia de las turbulencias internacionales.


Unido a lo anterior la norma establece el compre nacional obligando a que las sondas, navíos y equipamientos sean en un 60% nacionales, con lo cual fue reactivada la industria naval que a principio de la década pasada se encontraba en estado terminal.


Si la media sanción de la privatización, parcial, de la explotación petrolera abrió un nuevo y previsible, duelo entre el PT y el PSDB, también generó fisuras dentro del oficialismo.


Resulta que en la tarde del miércoles pasado, cuando se comprobó que el frente conservador iba a obtener los votos necesarios en el Senado, desde el Gobierno se ordenó pactar con la oposición para aprobar un texto intermedio en el que se habilita el ingreso de las privadas en los yacimientos del presal, pero Petrobras conserva el derecho de decidir si se queda con el campo en cuestión. Una fórmula anfibia que fue recibida de mal grado por los legisladores oficialistas.


El nuevo marco legal petrolero, que finalmente obtuvo media sanción gracias al consenso entre el gobierno y la oposición, agravó la crisis entre Dilma y el PT, cuyos dirigentes criticaron el retroceso de Petrobras. “El cambio de la posición del gobierno nos dejó perplejos y desarmó nuestra lucha...fue pésimo el acuerdo del gobierno con el PSDB porque causa un declaró el senador Lindbergh Farias.


Y no hablaba a título personal ,porque la indignación en el bloque petista era generalizada.


Los encontronazos entre el Palacio del Planalto y el partido se han agravado en las últimas semanas: y si antes eran comentados entre bambalinas el caso Petrobras hizo que se tornen completamente públicos.


Trascendió ayer en Brasilia que hubo conversaciones entre emisarios de Dilma, que hoy era esperada en Chile, y dirigentes petistas para evitar que las discrepancias alcancen un nivel alto justamente un día antes de los festejos por los 36 años de la agrupación que se celebrarán mañana en Río de Janeiro.

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Declara Maduro emergencia económica en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este viernes estado de emergencia económica en el territorio nacional por 60 días, prorrogables, con el propósito de lograr una transformación que permita contrarrestar la crisis que afecta al país. El anuncio se dio pocas horas antes de presentar el mensaje anual de su gestión, por primera vez ante un Parlamento de mayoría opositora, a quienes invitó a conversar sobre cualquier tema para buscar la paz en la nación.


El decreto le otorga facultades al gobierno para un mayor control del presupuesto sin contraloría de la Asamblea Nacional, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados con el propósito de garantizar el abasto de productos y la posibilidad de establecer límites máximos de acceso a moneda local y extranjera, anunció el vicepresidente del área económica, Luis Salas.


El gobierno podrá tomar las medidas oportunas para mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, sostuvo.


Minutos después del anuncio, el Banco Central dio a conocer las cifras del comportamiento económico luego de un año de silencio: el producto interno bruto del país se contrajo 4.5 por ciento entre enero y septiembre de 2015 y la inflación se elevó 108.7 por ciento en el mismo lapso.


La inflación acumulada hasta el tercer trimestre de 2015 fue la más alta desde la crisis financiera de 1996. Según los resultados, la economía del país petrolero tuvo el peor desempeño de América, prolongando la recesión que comenzó a principios de 2014, y también la inflación más alta: un 141.5 por ciento anual a septiembre.


Además, la cesta petrolera venezolana de crudo y derivados cayó 12.5 por ciento y cerró esta semana en 24.38 dólares por barril, informó el Ministerio de Petróleo.


El estado de emergencia entró en vigencia este mismo viernes al ser publicado en la Gaceta Oficial. El decreto será remitido a la Asamblea Nacional (Congreso Unicameral) para su discusión y aprobación y podría ser prorrogable hasta por 60 días más, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad.


Maduro argumenta que requiere poderes especiales para luchar contra la guerra económica de empresarios y políticos opositores, a los que responsabiliza por la elevada inflación, la recesión y la escasez de bienes básicos.


En su mensaje a la nación, el presidente admitió que la crisis es catastrófica, e indicó que llegó la hora de aumentar el precio de la gasolina, la más barata del mundo, en medio de la caída de más de 60 por ciento de los ingresos del país.
Estamos en medio de una tormenta económica ante la cual están confrontados dos modelos. El socialista es el único que protegerá al pueblo, no es el modelo neoliberal que venga a privatizar... Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización, manifestó.


Ante la Asamblea Nacional, que desde que se instaló, hace 10 días, anunció que irá tras una vía legal para cambiar el gobierno", Maduro se declaró listo y dispuesto para conversar cualquier otro tema que sea necesario por la paz que nos exige Venezuela, diálogo que fue aceptado por la oposición.


Calificó de histórica la composición de la Asamblea Nacional, con una mayoría de opositores por gracia de la Constitución, en medio de una democracia de plenas libertades.


Propuso, por otro lado, una comisión de verdad, justicia y paz como alternativa a una proyecto de ley de amnistía que impulsa la oposición en el Parlamento para la liberación de los políticos opositores presos.


Propongo una comisión nacional de justicia, verdad y paz paritaria, que sea presidida por un venezolano de confianza pública y que establezca las bases legales, jurídicas para ir a un proceso de paz, y que no se imponga la visión del perdón de los victimarios a ellos mismos.


En este contexto, un dirigente oficialista impugnó la elección de un diputado opositor ante el Tribunal Supremo de Justicia, con lo que suman 10 los legisladores de la oposición acusados por el oficialismo de supuesto fraude electoral.

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Lunes, 21 Diciembre 2015 07:35

España, modelo para armar

España, modelo para armar

El PP venció, aunque sin mayoría absoluta, los socialistas se ratificaron como segunda fuerza y los partidos Podemos y Ciudadanos quedaron en tercer y cuarto lugar, con un papel clave en la búsqueda de pactos para el nuevo Ejecutivo.


El bipartidismo perdió el mando de la política española y el Partido Popular (PP) perdió su mayoría absoluta, pero el grupo de Mariano Rajoy ganó las elecciones y el Partido Socialista (PSOE) se reafirmó como segunda fuerza. Nada es blanco o negro tras las elecciones presidenciales de este domingo en España. La pluralidad que ya modificó las reglas de juego durante la campaña electoral se ratificó en las urnas y el Congreso a partir de hoy se verá fragmentado como nunca. El partido encabezado por Mariano Rajoy obtuvo la victoria con 123 escaños y un 28,7 por ciento de los votos, el PSOE resultó segundo, con el 22 por ciento de los votos y 92 escaños, Podemos quedó en tercer lugar, con 69 diputados y Ciudadanos se convirtió en la cuarta fuerza con 40 parlamentarios, protagonizando una de las sorpresas de la noche tras meses de encuestas que le auguraban un ascenso mucho mayor.


Dado que ninguna agrupación consiguió la cantidad de escaños suficientes (176) para hacerse con la mayoría absoluta requerida para investir al nuevo presidente, la única salida es la búsqueda de pactos. Los partidos de centroderecha (PP y Ciudadanos) consiguieron juntos tan solo un diputado más (163) que los de izquierda (PSOE, Podemos e Izquierda Unida), lo cual implicará no sólo sentarse a negociar sino también hacerlo alrededor de una mesa más grande. Tanto el hipotético frente de izquierdas como el de derechas necesitarán incluir a otros partidos afines para formar gobierno, y las agrupaciones que también obtuvieron representación parlamentaria en estos comicios son la izquierda independentista catalana, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los secesionistas de centroderecha Democràcia i Llibertat, con 9 escaños cada uno; los nacionalistas vascos PNV (6 diputados) y EHBildu (2 diputados), y Coalición Canaria (1 parlamentario).


Se abre así un abanico múltiple de posibilidades que deja al país ante las elecciones más inciertas de su historia. Todos hacen sus apuestas pero recién a partir de hoy los partidos empezarán a reunirse para plasmar en la realidad sus ofertas e intentar investir presidente antes de que se cumpla el plazo de dos meses marcado por la ley. Si eso no ocurre, el rey firmará un decreto y convocará nuevas elecciones.


De momento, lo que sí se puede afirmar en base a los resultados de estos comicios es el final de una era política marcada por el bipartidismo. El PP perdió 63 diputados respecto a 2011, quedándose con 123 muy lejos de la mayoría absoluta que ostentó durante su última legislatura. El PSOE, la otra gran fuerza tradicional, también bajó en 19 escaños con respecto a los que sacó en las anteriores elecciones y el porcentaje de votos obtenido fue cinco puntos menor. En cambio, dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, irrumpieron con fuerza en el Parlamento convirtiéndose en pieza clave para la formación de un nuevo Ejecutivo.


"Hoy ha nacido una nueva España que pone fin al sistema del turno", afirmó Pablo Iglesias, líder de Podemos, al valorar los resultados en la sede de Madrid. Con más de cinco millones de votos y 69 escaños en el Congreso de los Diputados, el partido heredero del movimiento indignado se situó como tercera fuerza política, a 400.000 votos del PSOE. El apoyo en las urnas se vio reflejado, principalmente, en territorios clave como Cataluña y el País Vasco, donde son primera fuerza; y en antiguos bastiones del Partido Popular como Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y Madrid, donde ocupan ahora el segundo lugar.


En su comparecencia, Iglesias condicionó cualquier acuerdo con otros partidos a que se reforme la Carta Magna y a tres puntos que, para su formación, son "inaplazables e imprescindibles": el blindaje en la Constitución de los derechos sociales, la reforma del sistema electoral y el revocatorio ciudadano a mitad del mandato si el presidente no cumple su programa. Según fuentes del partido, la intención es esperar a después de las fiestas para negociar y pensar con calma una decisión que los coloca en una seria encrucijada. Los números de escaños instan a Podemos a investir a Pedro Sánchez para no permitir la continuidad de Mariano Rajoy al mando del país pero eso significaría un suavizamiento –aún mayor del que ya vienen haciendo– de su discurso. Iglesias, consciente de ello, quiso tomar distancia de esta posibilidad y recordó que el PSOE "ha obtenido el peor resultado de toda la democracia".


Cierto es que los socialistas, con 90 escaños y el 22,02 por ciento de los votos, consiguieron el número más escaso de diputados en toda su historia –muy por debajo de los 110 que logró en 2011 con Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato– pero, pese a todo, Pedro Sánchez logró mantenerse a flote dentro del partido y seguir siendo la segunda fuerza más votada. Y no solo eso. El líder del PSOE sería, de momento, la opción más probable para encabezar un Ejecutivo progresista en la nueva legislatura. Sánchez asumió, sin embargo, la victoria del Partido Popular e instó a la formación que dirige Mariano Rajoy a buscar su investidura. "España quiere izquierda y quiere cambiar, pero los españoles hoy (por ayer) han decidido que la primera fuerza política sea el PP. Por eso felicito a Mariano Rajoy y al Partido Popular y corresponde a la primera fuerza política intentar formar Gobierno", afirmó ante los más de trescientos simpatizantes que llenaron la sede socialista de la capital.


El PP fue el partido más votado pero a su cabeza de lista, Mariano Rajoy, le será muy complicado formar una mayoría que le permita gobernar. "Voy a intentar formar un Gobierno estable", aseguró el hasta hoy presidente de los españoles en un breve discurso desde el balcón de la sede de su grupo en Madrid. Sin embargo, los resultados de ayer no respaldan su optimismo. Además de perder 63 escaños y más de 4,5 millones de votos frente a los de las elecciones generales de 2011 –cuando Rajoy obtuvo el mejor resultado del Partido Popular, 186 escaños– el PP cuenta con un posible aliado mucho menos poderoso de lo que parecía. El desinfle de Ciudadanos, que prometía alcanzar el segundo puesto y se quedó en el cuarto, hizo que entre los dos juntaran un número de diputados insuficiente para la mayoría absoluta y necesiten buscar nuevas alianzas.


Albert Rivera, líder de Ciudadanos, evitó calificar lo sucedido e hizo hincapié en "la nueva etapa de esperanza e ilusión, una nueva etapa política que empieza en España". Rivera proclamó que "se acabó la resignación", puesto que "vamos a participar del cambio político de este país con 40 mujeres y hombres valientes que van a pensar en el futuro de los ciudadanos". Y advirtió que el cambio se llevará a cabo de forma conjunta con los 350 diputados de las Cortes Generales: "Van a ser nuestros compatriotas y no mis enemigos", aseguró, a la vez que incidía en el papel "decisivo" de su agrupación "para formar unas mayorías para gobernar este país".


Aunque el partido emergente "naranja" se postuló durante toda la campaña como la verdadera "llave de gobierno" y las encuestas, sobre todo al principio, parecían corroborarlo, el grupo de Rivera no voló tan alto y la clave pasó a manos de formaciones regionales que son, en su mayoría, nacionalistas. Ante la mínima diferencia que aleja al posible grupo de centroderecha conformado por PP y Ciudadanos del de centroizquierda de socialistas, Podemos e Izquierda Unida, la única forma que tienen ambos bloques para que las cuentas cierren y puedan conseguir mayoría es aglutinar otros partidos con representación en el Parlamento.


Entre estos grupos, el PP cuenta con muy pocos amigos. Su gobierno en solitario durante los últimos cuatro años lo apartaron del diálogo con otras fuerzas políticas y más aún con representantes de opciones independentistas, aunque estas sean también conservadoras, como Democràcia i Llibertat –la nueva marca de Convergència, el partido de Artur Mas en Cataluña–, que sacó 5 escaños, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con otros 6.


Por el lado de la hipotética coalición de izquierdas, el acuerdo se presenta algo más factible dado que los grupos secesionistas de Cataluña y País Vasco (ERC y EHBildu) podrían apoyar a Podemos si este mantiene la que hasta ahora fue una de sus condiciones infranqueables: la celebración de un referéndum de autodeterminación.


La izquierda se renueva y se fortalece

Por Emir Sader


Junto con España, la izquierda española también ha cambiado. Esa es la diferencia esencial respecto de las elecciones nacionales anteriores. Del marco bipartidista, con el PSOE igualmente comprometido con la austeridad junto al PP y con Izquierda Unida incapaz de capitalizar el descontento de amplios sectores –especialmente jóvenes– de la población, al marco actual, mucho ha cambiado y Podemos ha sido el gran responsable del cambio.


El fenómeno más marcado de las elecciones ha a sido la irrupción de Podemos. Conquistar más de 5 millones de votantes y 69 parlamentarios –que serían varios más, si no fuera por la injusta repartición de los escaños–, volverse la primera fuerza en Cataluña y en el País Vasco –por medio de una hábil política de alianzas– es un hecho inédito en la vida política española. Renueva y refuerza a la izquierda, con un programa claramente de rechazo a las políticas de ajuste.


La subida de Podemos en el tramo final de la campaña ha sido el resultado de la militancia política de la organización, pero sobre todo del brillante desempeño de su líder, Pablo Iglesias, en los debates públicos. Todas las encuestas le dieron ganador con amplísima ventaja.


En su discurso de anoche, Iglesias destacó que Podemos es la única fuerza que puede dar solución a los problemas territoriales de España, justamente por su triunfo en Cataluña y en el País Vasco. Los otros puntos recalcados por él podrían ser incorporados por el PSOE, en caso de que el partido se propusiera gobernar con un frente de izquierda, al estilo de Portugal. Pero las posiciones radicalmente opuestas de los socialistas y de Podemos respecto de Cataluña bastan para impedir que esa vía hoy aparezca como posible.


La probable crisis de gobernabilidad a la que se adentra España a partir de los resultados electorales de ayer, deja a Podemos en una posición expectante. Con su trayectoria ascendente, debe ser un factor que inhiba a los partidos tradicionales –ambos en curvas descendentes– de apelar a nuevas elecciones en pocos meses. Mientras la crisis afecta también a Izquierda Unida, que casi ha desaparecido, los buenos resultados de Podemos animan a su militancia política frente a las enormes responsabilidades que se le plantean en la nueva fase histórica en la que ha ingresado España.

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Viernes, 27 Noviembre 2015 06:02

Un difícil escenario para Rousseff

Un difícil escenario para Rousseff

El gobierno entró en una nueva etapa de preocupación, luego de la detención del senador Delcidio Amaral, líder petista en el Senado. Ocurre cuando Dilma lograba abrir espacio para reagrupar las dispersas fuerzas aliadas.


Brasilia entró en una nueva etapa de tensión y preocupación, luego de la prisión del senador Delcidio Amaral, líder del gobierno en el Senado. Se considera que son altísimas las posibilidades que el ya inestable cuadro político enfrentado por Dilma Rousseff desde enero, cuando empezó su segundo mandato presidencial, entre en una nueva etapa de turbulencias, amenazando con más fuerza la frágil gobernabilidad de que disfruta la mandataria. Además de ampliar el desgaste político del gobierno, se da por seguro que habrá nuevas dificultades para lograr aprobar, en el Congreso, medidas necesarias al tan postergado ajuste fiscal anunciado hace ahora casi un año. Todo eso ocurre cuando la crisis política aguda que acosa a la presidenta había empezado a dar tenues señales de una ligera tregua.


La prisión del senador Delcidio Amaral significa, entre otras cosas, que surge un vacío de liderazgo de parte del gobierno en el Senado, precisamente donde su situación era bastante más positiva que en la muy hostil Cámara de Diputados. Al fin y al cabo, el senador que ahora se encuentra tras las barras de una celda era uno de los principales articuladores del gobierno para aprobar el paquete fiscal pretendido.


Todo eso ocurre exactamente cuando Dilma lograba, por fin, abrir espacio para reagrupar las dispersas fuerzas aliadas. Y, en este esfuerzo, Delcidio Amaral era un operador hábil y eficaz.


Era, también, un interlocutor frecuente de la presidenta, con quien solía mantener conversaciones reservadas, en presencia solamente de sus asesores de confianza extrema. Por eso su prisión significó también que la crisis entró, sin mayor ceremonia, en el mismo despacho presidencial. Además, el senador ahora preso también tenía buena llegada con el ex presidente Lula da Silva, y solía reunirse con él en San Pablo de manera periódica.


La primera reacción en el Congreso, luego del primer susto, fue suspender las votaciones importantes. Si se tiene en cuenta que todas las previsiones sobre la economía en 2016 son más bien sombrías, queda claro que se requiere una acción firme de un gobierno que cuente con fuerte respaldo político, lo que dista millas marítimas de la situación en que se encuentra la presidenta Dilma.


En términos exclusivamente políticos, Dilma se ve otra vez acosada y amenazada por la parálisis que puede sufrir el Congreso. Si eso ocurre, el gobierno se verá con nuevas e inmensas dificultades para hacer aprobar las cuentas de 2015 y establecer un presupuesto realista y viable para el año que viene. Es primordial para Dilma que el Congreso acepte alterar la meta de superávit primario para 2015, oficialmente establecida en 1,2 por ciento del PIB, para un déficit de 0,85 por ciento. De no ocurrir esa alteración por el Congreso, la presidenta correrá el serio riesgo de ser acusada de "crimen de responsabilidad", por no respetar lo establecido.


Existe, además, otro malestar incrementando la tensión que ya era palpable en el Congreso. Es que se creía, hasta la prisión de Delcidio Amaral, que la Corte Suprema se resguardaría para dar la palabra final sobre lo que produce la Justicia en primera instancia, a través del juez Sergio Moro, de la provincia de Paraná. Ahora se considera que los ministros del Supremo también acepten pasar en limpio las acusaciones sobre hechos ocurridos tanto en los dos gobiernos de Lula da Silva como en lo que va de los mandatos de Dilma Rousseff.


Sin respaldo siquiera entre sus pares –cumpliendo con lo que determina la Constitución, el Senado examinó y aprobó, por sofocante mayoría de 59 votos a 13, que Delcidio Amaral siga preso–, se teme que el senador acepte, muy rápidamente, prestar la 'delación premiada', o sea, contar todo lo que sabe a cambio de substancial disminución en las penas que seguramente le serán imputadas.


Y más: al estar su prisión determinada por la Corte Suprema y ratificada por el Senado, el caso deja en evidencia que ninguno de los presos ya condenados en primera instancia tendrá mejor suerte con los magistrados máximos de la Justicia. Los pedidos de hábeas corpus a la espera de decisión de la Corte tampoco tendrán buen destino.


Ese nuevo fantasma no asombra solamente las noches de las celdas donde están empresarios de las mayores constructoras del país, compartiendo espacio e incomodidades con políticos y ex funcionarios de alto rango de la Petrobras. Asombra también las noches de cada uno de los parlamentarios y dirigentes políticos del país.

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Brasil da un giro ultraconservador de la mano de los diputados evangélicos

La parálisis del Gobierno y el empuje de parlamentarios religiosos impulsan leyes retrógradas relacionaddas con la familia, el aborto o a la posesión de armas

 

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha abierto la puerta para legalizar el consumo de marihuana; hace unos días, Colombia aprobó la adopción para las parejas homosexuales. El 22 de octubre, Chile celebró su primera unión homosexual. América Latina avanza hacia conquistas sociales cada vez más abiertamente. Brasil, por el contrario, hundido en una crisis política y económica que se retroalimenta periódicamente, desanda el camino y retrocede en esas mismas conquistas sociales a paso ligero a base de proyectos de ley impulsados por la parte más ultraconservadora del Congreso. El Gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), anulado, incapaz ya de por sí de sacar adelante sus propias medidas de ajuste, asiste inoperante al giro.

Un ejemplo: el Parlamento brasileño aprobó la semana pasada poner en marcha un proyecto de ley, que aún deberá ser aprobado por la Cámara, que restringe los derechos de las mujeres violadas a la hora de abortar o que, al menos, se los dificulta. La iniciativa, que aún debe ser aprobada por el Senado, ha sido elaborada por el conjunto de diputados evangélicos comandados por el ultraconservador miembro de la iglesia evangélica –y acusado de corrupción por la Fiscalía- Eduardo Cunha, presidente de la Cámara. En la acutalidad, el aborto es legal en Brasil en casos de violación, si el embarazo acarrea riesgos para la mujer o en casos de malformaciones cerebrales del feto. Y una mujer violada en Brasil puede acudir a un ambulatorio donde, tras pasar una serie de entrevistas, los médicos le proporcionan o bien la píldora del día después si aún está a tiempo o, si ya está embarazada, le prescriben el aborto. Todo esto (incluido el acceso a la píldora del día después en los centros públicos de salud) se va a complicar con esta ley, que prevé, entre otras cosas, que esa misma mujer deberá pasar antes por una comisaría y denunciar el hecho, además de someterse a un examen médico.


El giro retrógado brasileño no acaba aquí. Otro grupo de parlamentarios aprobó esta semana pasada otro proyecto de Ley que da poderes a las iglesias católica e evangélica para acudir al Tribunal Supremo e impugnar leyes consideradas, según ellas, inconstitucionales. O, más específicamente "que interfieran directa o indirectamente en el sistema religioso o en el culto". Hasta ahora estas prerrogativas estaban reservadas, entre otras instituciones, a la presidencia dela República, y al Congreso y al Senado. La iniciativa corrió de parte también de los activos e inevitables diputados evangélicos, de partidos diferentes unidos bajo un credo común y una común tendencia ultraconservadora. Son 75 en una Cámara de 513 diputados. Parecen pocos, pero sólo lo parecen, ya que el Parlamento brasileño es, por su propia naturaleza, una Cámara hiper-fragmentada en la que abundan las alianzas y contra alianzas de partidos minoritarios e ínfimos. El PT, la formación del Gobierno, por ejemplo, sólo cuenta con 64 diputados.


Además, estos parlamentarios evangélicos no están solos en esta cruzada regresiva y militante. Forman parte de un grupo más amplio, de más de dos centenares de diputados, denominados la "Triple BBB", por Boi, (Buey en portugués), Bala y Biblia. Son parlamentarios que representan los intereses, respectivamente, de los terratenientes y ganaderos proclives a la desforestación de las tierras vírgenes para que sirvan de pasto, a los lobbies de empresas de seguridad y de las empresas de armas y a los que –a su juicio- deben velar por la moral religiosa de la sociedad. Los primeros han conseguido desbloquear recientemente un viejo proyecto de ley paralizado desde 2000 que, de hecho, restringe las tierras destinadas a los indios. Por su parte, los diputados de la Bancada de la Bala, siguen tramitando una ley para liberalizar las armas que, de aprobarse –y tiene muchas posibilidades de que lo haga- permitirá que profesionales tan variopintos como camioneros, taxistas y diputados, entre otros, puedan llevar pistolas por la calle sin mucha complicación burocrática, con un permiso menos restrictivo que el que se emplea para sacarse el carné de conducir. Los diputados evangélicos, en un reverso sintomático de lo que ocurre actualmente en los países latinoamericanos, han puesto en marcha un proyecto de Ley que tiene por objeto restituir exclusivamente a las uniones compuestas por un hombre y una mujer la categoría legal de matrimonio. Con esto tratan de que los matrimonios de personas homosexuales, actualmente legales en Brasil, dejen de tener derechos en materia de herencias, custodia de los hijos o a la hora de compartir los seguros sanitarios.


Detrás de todo este giro ultra-conservados, como elemento aglutinante, se encuentra el polémico presidente del Congreso, Eduardo Cunha, acusado por la Fiscalía de regentar cuentas millonarias en Suiza alimentadas de sobornos provenientes del pozo sin fondo de corrupción que durante unos años fue la petrolera pública Petrobras. Cunha necesita a todos estos parlamentarios más o menos afines para no verse descabalgado de un poder que se le cuartea cada día, no perder su condición de aforado y no acabar en un tribunal o con los huesos en la cárcel.


Cunha ha negado siempre –incluso en una solemne comisión parlamentaria- tener cuentas en Suiza. Ahora, tras las evidencias incontestables aportadas por la Fiscalía, afirma, en una sorprendente y algo surrealista entrevista publicada el sábado a Folha de S. Paulo, que las citadas cuentas están a su nombre pero pertenecen a un "trust", del que él es sólo "usufructuario en vida". Y añade que nunca se enteró de que una de esas cuentas recibió en 2012 un jugoso ingreso de 1,3 millones de francos suizos (1.200.000 euros) procedente de uno de los implicados en la trama de Petrobras.

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Domingo, 25 Octubre 2015 06:16

El corrupto más poderoso de Brasil

El corrupto más poderoso de Brasil

Brasil llega al fin de octubre muy parecido a como estaba cuando el mes empezó: prácticamente paralizado. La verdad es que desde enero, cuando Dilma Rousseff inició su segundo mandato presidencial, se pasaron 10 meses de un gobierno confuso y desarticulado, sufriendo todo tipo de chantaje por parte de sus pretendidos aliados en el Congreso.


El clima golpista propiciado por políticos del oposicionista PSDB, derrotado en octubre de 2014 por cuarta vez consecutiva en su intento de volver a la presidencia de la república, permanece sólido, y todo el poder está concentrado en manos de un solo hombre, Eduardo Cunha, que preside la Cámara de Diputados. Hasta cuándo, nadie sabe: la justicia le muerde los talones. Pero mientras tanto, es el todopoderoso de ocasión.


De él depende, de acuerdo con la legislación, aceptar o no un pedido de instauración de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Fueron enviados a la Cámara de Diputados 28 pedidos. Cunha rechazó 20.


De los ocho que todavía están en sus manos, uno tiene pleno respaldo de los partidos de oposición, con Aécio Neves, el playboy provinciano derrotado por Dilma, a la cabeza.


Maestro de maestros cuando de chantajes se trata, Eduardo Cunha hace oscilar su péndulo. Una mañana insinúa que podrá aceptar el pedido de impeachment presidencial, y a la mañana siguiente dice que hay que estudiar mejor la documentación. Es decir, se acerca a la oposición para luego matizar sus intenciones junto al gobierno.


Mientras, el resultado del impasse vivido en Brasilia se hace visible. El tan mencionado ajuste fiscal anunciado por el gobierno, y que en marzo determinaba un superávit fiscal de 66 mil millones de reales –unos 17 mil millones de dólares–, fue reducido en agosto a 8 mil 700 millones (en dólares, unos 2 mil 300 millones). Ahora, a finales de octubre, el gobierno reconoce que en realidad habrá en 2015 un déficit de proporciones siderales: 50 mil millones de reales (unos 13 mil millones de dólares).


La retracción del PIB, que en marzo era calculada en 0.7 por ciento, fue revisada en agosto para 2 por ciento. Esta semana el equipo económico de Dilma admite que será de 3 por ciento, y anticipa que en 2016 también habrá recesión.


Otro problema sin salida es la inflación. Si en marzo se preveía 7.9 por ciento este año, en agosto ya se reconocía que alcanzaría 9.3 por ciento. A finales de octubre se sabe que en la mejor de las hipótesis será de 9.8 por ciento.


En los últimos 12 meses fueron cerrados un millón 200 mil puestos de trabajo. En septiembre, y a raíz de la fuerte desaceleración de la economía, la recaudación fiscal ha sido la peor en cinco años.


Estas son algunas de las consecuencias de la parálisis que alcanza al país. Y como gestor de esa parálisis está Eduardo Cunha, diputado por Río de Janeiro, denunciado por corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal e intento de obstruir la justicia.


En la noche del jueves 22 de octubre el Superior Tribunal Federal ordenó la repatriación de 2 millones y medio de dólares que las autoridades suizas habían incautado en dos cuentas mantenidas por Cunha y su mujer en el banco donde él dice que jamás tuvo cuenta (eran al menos cuatro; otras dos él mismo las cerró cuando estalló en Brasil el escándalo de corrupción en Petrobras, en que está hundido hasta el cuello).


La verdad verdadera es que el noble parlamentario está lejos de ser un neófito en las artes de delinquir. Sus antecedentes como corrupto se remontan a hace 20 años, cuando presidió Telerj, la compañía telefónica estatal del estado de Río de Janeiro. Luego anduvo en otros puestos públicos, y no hay un solo, un único caso, en que al salir no haya dejado un rastro contundente de escándalos.


Lo más curioso es leer el análisis de su perfil de inversionista del banco Merrill Lynch en Suiza. Está escrito que se trata de un hombre que hizo fortuna por invertir en el sector inmobiliario, así como en el de energía. Es descrito como el empresario que implantó la telefonía móvil en Brasil.


Vaya ironía. En el fondo, el analista tiene razón. Fue como gestor de la empresa estatal de viviendas populares que Cunha incorporó millones desviados a sus cuentas secretas en el exterior. Fue manipulando fondos de jubilación del sector eléctrico que se hizo con un gordo par de millones más. Y fue como presidente de una operadora estatal de telefonía que fortaleció su patrimonio.


Solamente de lo desviado en Petrobras, al menos 5 millones de dólares fueron a parar en sus cuentas suizas.
¿Será el único parlamentario corrupto? De ninguna manera. Los hay por doquier. Ahora mismo 20 por ciento de la Cámara de Diputados y 10 por ciento del Senado están bajo investigación.


Ocurre que ninguno tiene el poder de, con una sola firma –la suya–, determinar un juicio político a la presidenta de la nación.
Cunha tiene sus días contados como presidente de la Cámara de Diputados, y lo sabe. Todos lo saben.


Lo que nadie sabe es hasta qué punto él está dispuesto a seguir destrozando el país. Oscuro parlamentario hasta febrero pasado, dedicado a distribuir favores a otras nulidades como él, de la noche a la mañana se hizo presidente de sus pares. Se creyó impune para siempre.


Al descubrir que no, decidió dejar claro quién tiene el poder. Las mismas manos que robaron pueden mantener el país paralizado por el tiempo que él –o la justicia– determine.

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La tierra siempre ha sido baluarte para la vida y la reproducción de la especie humana. No es casual por ello, que desde siempre haya estado en el centro de sus disputas. En sus llanuras, valles y montañas, los grupos humanos han sembrado y recogido los frutos para su vida. Sobre su humedad, aridez, pastos, arenas, lagunas, han gozado y llorado, en unas ocasiones por la fertilidad y en otras por la estirilidad de la que entre nosotros es llamada Madre.

 

En la segunda década del siglo XXI, en la que vivimos cerca de 8.000 millones de seres humanos, las cosas no son muy distintas, pues de la tierra siguen emanando los frutos esenciales para la vida, con unas diferencias fundamentales: ahora sufre un nivel de concentración y monopolio que excluye a millones de la posibilidad de garantizar su existencia digna y al mismo tiempo está expuesta a cambios no desdeñables producto de envenenamiento con agrotóxicos, manipulación genética y privatización de las especies sembradas en ella. Lo que antes era alimento para la vida ahora puede serlo para la muerte.

 

Al tiempo que esto sucede, el agua evidencia sus límites. Realidades evidentes ante las cuales los estudiantes y la sociedad en general no pueden ser indiferentes.

 

Recordemos. En las últimas décadas se han presentado cambios en los modelos de desarrollo y la ocupación del territorio, sobresaliendo un avance apresurado de monocultivos industriales y praderización para la crianza de ganado, así como la deforestación masiva en selvas y montañas y el establecimiento de mega proyectos minero-energéticos, lo que ha traído graves impactos socio-ambientales en gran parte del territorio global y nacional, impactando la estabilidad y viabilidad de ecosistemas frágiles, invisibilizando y sepultando las prácticas de conservación y convivencia de las comunidades rurales.

 

Pese a ello, millones de personas por todo el mundo resisten ante estas prácticas destructivas de los ecosistemas. Campesinos, indígenas y afrodescendientes aún siembran y recogen a nivel global más del 70 por ciento de la comida que consume la humanidad y lo hacen de forma respetuosa con el medio ambiente y su comunidad, usando para ello apenas el 30 por ciento de la tierra arable del planeta.

 

Sobre estas y otras temáticas concentra su atención el XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Agrarias de Colombia –Coneac–, organizado por la Federación Estudiantil Agraria de Colombia –Feac–, a celebrarse en la sede capitalina de la Universidad Nacional de Colombia durante los próximos 21-25 de septiembre.

 

Conocimiento interdisciplinar

 

Este espacio se abre por iniciativa de estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas del país en torno al diálogo interdisciplinar sobre las múltiples problemáticas agrarias nacionales e internacionales, buscando promover el intercambio de experiencias por medio del diálogo cultural y académico, transcendiendo la Universidad hacia las iniciativas populares que en el campo y la ciudad asumen y construyen desde su seno estrategias de adaptación y resiliencia frente a las crisis climáticas y al fracaso de los modelos de desarrollo que predominan en el país, como la agricultura orgánica, la agroecología, la conservación de biodiversidad, entre otros.

 

Como estudiantes de ciencias agrarias sentimos como propias las problemáticas del campo, pretendemos ser puente y conexión entre la academia y la sociedad, difundiendo y defendiendo todas aquellas reivindicaciones que busquen la dignidad de los seres humanos y la naturaleza.

 

El interés de esta generación que accede a la educación superior debe trascender los muros universitarios y fundirse con el conjunto social. Por esta razón invitamos a toda la comunidad interesada, a participar y aportar en todas y cada una de las sesiones que tenga este Congreso.

 

Para más información comunicarse al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o página en Facebook: Feac –Bogotá.

Publicado enEdición Nº 216
Lunes, 22 Junio 2015 05:40

Los ultras de la "bancada de la bala"

Los ultras de la "bancada de la bala"

Ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados brasileña: un parlamentario vistiendo su uniforme de policía militar presidió durante dos horas la sesión, al final de la cual reivindicó a la dictadura. "Lo que para ustedes es un golpe de Estado para nosotros es la revolución democrática de 1964, nosotros salvamos a Brasil del comunismo", declaró el diputado José Augusto Rosa, que se presenta como Capitán Augusto del Partido de la República, ante la consulta del diario Folha de S. Paulo.


Ese medio menciona que el congresista lucía exultante al dejar el presidium de la Cámara baja desde donde dirigió las deliberaciones con una vestimenta que en marzo pasado fue considerada como una provocación por otros parlamentarios.


En febrero de este año, a poco de asumir su mandato, el policía militarizado había adelantado su intención de fundar el Partido Militar Brasileño (PMB). "Ya tenemos el apoyo de las 500 mil firmas necesarias para registrarlo. Ya fuimos al Tribunal Superior Electoral para iniciar los trámites del Partido. Le explicamos al ministro (del tribunal) que a pesar de llamarse Partido Militar Brasileño no será un partido sólo para militares, será para todos, pero será una formación con alma militar, un partido de derecha en serio."


"El PMB es un partido que nace grande porque la corporación militar es considerada la institución más respetada del país, ya tenemos presencia en todos los estados y abrimos 1250 comités."


Es cierto, el Capitán Augusto, de San Pablo, el mayor distrito electoral, no es una curiosidad aislada en un Legislativo donde hay decenas de policías militares y federales, todos ellos encuadrados dentro de la así llamada "Bancada de la Bala" por su defensa de la venta irrestricta de armas y la reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.


A la cabeza del malón castrense está el diputado Jair Bolsonaro, militar retirado del ejército, reelecto el año pasado con 425 mil votos, situándose en el primer lugar entre los congresistas federales por Río de Janeiro.


Además de reivindicar la "Revolución de 1964", Bolsonaro calificó a la Comisión de la Verdad sobre el régimen como una "farsa" orquestada por "subversivos" y propuso crear otra para averiguar los presuntos delitos cometidos por la guerrilla. La iniciativa fue presentada en diciembre pasado en el Palacio legislativo de Brasilia, que la semana anterior continuaba rodeado de una decena de pasacalles exaltando al régimen de excepción.


En medio de los carteles (uno pide "intervención militar" inmediata) colocados en la avenida principal de Brasilia hay una carpa en la que se guarnecen los militantes neogolpistas. Por allí pasaron en marzo miles de personas exigiendo la deposición de Dilma Rousseff en la más concurrida de las movilizaciones incentivadas por la oposición partidaria, con el liderazgo de Aécio Neves, candidato presidencial derrotado en los comicios de 2014. En abril hubo otra convocatoria por el derrocamiento de Rousseff en la que hubo mucha menos asistencia, ante lo cual los estrategas de la causa destituyente optaron por un repliegue táctico.


Un paso atrás momentáneo que no fue acatado por las facciones más despistadas, como el Movimiento Brasil Libre (MBL), que arribó a fines de mayo a Congreso luego de marchar más de 1000 kilómetros desde San Pablo.


Menos de 50 muchachos (ellos esperaban que fueran miles) dieron la bienvenida a la "columna" del MBL, encabezada por Kim Kataguiri, a su llegada a Brasilia donde se reunieron con parlamentarios conservadores.


En su condición de voz cantante del MBL, Kataguiri, de 19 años, emplea frases de impacto para propagandizar al grupo. "No nos gustan los marxistas", "Somos liberales en serio, el PT está pudriendo a la República", "Queremos el impeachment de Dilma y el procesamiento del PT".


Kataguiri se dice orgulloso de sus ancestros japoneses y se incomoda, acaso con algo de racismo, cuando se lo confunde con un coreano o chino.
Su llegada a Brasilia con un brazo enyesado debido a un accidente durante la marcha mereció una cobertura amplia y condescendiente de los medios.
Durante el V Congreso del PT que tuvo lugar hace dos semanas en Salvador de Bahía, el líder partidario Lula comparó a la derechización creciente con los orígenes del fascismo y nazismo.


Brasil enfrenta un "fascismo germinal", aportó otro dirigente petista, Tarso Genro. Se han diseminado grupos de "vanguardia que realizan provocaciones en eventos partidarios de izquierda, contra parlamentarios de esa misma ideología o llegan a realizar ataques físicos contra personas" sólo por su apariencia de izquierdistas, apunta Genro.


Hay relatos de pasajeros insultados en los aeropuertos por leer alguna publicación considerada "subversiva" por estos jóvenes adictos al "modernismo reaccionario", según la definición del sociólogo Michael Lowly.


Este fin de semana un hombre amenazó de muerte en un shopping de Porto Alegre a la diputada petista Maria de Rosario, que ganó notoriedad nacional durante su gestión como ministra de Derechos Humanos cuando trabajó junto a la Comisión de la Verdad para la exhumación de los restos del ex presidente Joao Goulart para investigar los motivos de su muerte, ocurrida en Argentina durante la dictadura de Videla.


"Es triste ver cómo personas jóvenes que no conocieron la dictadura la defienden. La mayoría de ellos no conocen lo que es la falta de libertad, la proscripción de los partidos", declaró Joao Vicente Goulart, hijo del presidente derrocado por el golpe de 1964.


"Hay semejanzas en la forma en como la prensa trata actualmente estos actos a como lo hacía la prensa antes del golpe", comparó Goulart hijo.

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Concluye estudio de Universidad de Princeton que EEUU no es una democracia

Un estudio publicado por la Universidad de Princeton califica a EEUU como un país no democrático, pues sus gobernantes se subordinan a los intereses de una élite.


"EEUU ya no puede considerarse una democracia, ya que las decisiones políticas no se toman de acuerdo con la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos, sino únicamente para promover los intereses de la élite económica y los grupos organizados", destaca la investigación elaborado por la Universidad de Princeton.


El estudio pone de relieve que las élites económicas y los grupos organizados que buscan sólo sus intereses, tienen una influencia substancial sobre la política de la Casa Blanca mientras los ciudadanos comunes tienen poco o ninguna influencia sobre la política del país.


Los investigadores enfatizan que en caso de conflictos o confrontación política con Rusia, el Gobierno estadounidense no representaría los intereses de los norteamericanos, sino favorecería los intereses de los poderes económicos y políticos.
Al calificar de "peligrosa" la presencia de las élites económicas en la esfera política de EE.UU., el estudio recalca que la influencia significativa de estos grupos en las políticas del Gobierno, afectará claramente las relaciones internacionales de Washington con los otros países, en particular con Rusia.


Martin Gilens, de la Universidad de Princeton, y Benjamin I. Page, de la Universidad Northwestern, alegan que las élites económicas son las que con más frecuencia ven reflejada su voluntad en las políticas de la nación que tantas veces ha sido vista como referente mundial de la democracia.


Si una oligarquía significa que unos pocos individuos muy ricos tienen la última palabra, entonces yo diría que EE.UU. no lo es... Pero dada la falta de influencia de los ciudadanos promedio sobre las políticas de gobierno, los individuos más ricos y las organizaciones, significan que EE.UU no es una democracia que funciona bien, dijo Gilens a la BBC de Londres.


"La fuerte tendencia hacia la desregulación del gobierno de EE.UU. desde 1970, adoptada en grados variables por los dos partidos políticos, es mucho más consistente con las preferencias e intereses de las élites y grupos económicos que con los ciudadanos comunes y corrientes", añadió Gilens.


"Un ejemplo son las respuestas de los gobiernos de los presidentes George W. Bush y Barack Obama frente a la Gran Recesión: las instituciones financieras pudieron en gran medida evadir responsabilidades, la regulación financiera fue débil mientras que la clase media y los pobres no han podido recuperar el terreno perdido a pesar de que las corporaciones lo han recuperado notoriamente", añade el investigador.


"Si una oligarquía significa que unos pocos individuos muy ricos tienen la última palabra, entonces yo diría que EE.UU. no lo es... Pero debido a la falta de influencia de los ciudadanos promedio sobre las políticas de gobierno, los individuos más ricos y las organizaciones, EE.UU. es una democracia que no funciona bien", agrega.


Poca influencia independiente


De acuerdo con el estudio, una política propuesta con poco apoyo entre la élite estadounidense es adoptada sólo cerca del 18% de las veces, pero una con alto apoyo de las élites son adoptadas un 45% de las veces.


"El análisis de múltiples variables indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses comerciales tienen impactos sustanciales independientes en la política de gobierno de EE.UU., mientras que los ciudadanos comunes y grupos de interés de masas tienen poca o ninguna influencia independiente", explica el informe.


Los autores del estudio


Martin Gilens es profesor de política de la Universidad de Princeton. Es investigador de opinión pública, medios de comunicación y su relación con la desigualdad y las políticas públicas. Es autor de varios libros como "La riqueza y la influencia: la desigualdad económica y el poder político en EE.UU.", y "Por qué los estadounidenses odian el Bienestar: Raza, Medios de Comunicación y la Política frente a la Pobreza".


Benjamin I. Page es profesor de toma de decisiones de la Universidad Northwestern. Es investigador de opinión pública, formulación de políticas, medios de comunicación y política exterior de EE.UU.. Es autor de 11 libros, entre ellos "¿Clases de guerra? Lo que los estadounidenses realmente piensan de la desigualdad económica" y "El público racional: Cincuenta años de Tendencias de la Política de Preferencias de los estadounidenses".


Los dos profesores llegaron a esta conclusión después de analizar las respuestas de 1.779 preguntas formuladas en encuestas realizadas entre 1981 y 2002 sobre la generación de políticas públicas.


Las respuestas fueron segmentadas por niveles de ingresos y por la frecuencia con las que determinados grupos de ingresos y de intereses organizados vieron convertirse en ley sus propuestas.


El estudio de los académicos asegura que "cuando una mayoría de los ciudadanos no está de acuerdo con las élites y/o los grupos de intereses organizados, generalmente pierde. Esto debido al fuerte sesgo del status quo integrado al sistema político de EE.UU., aun cuando una extensa mayoría de los estadounidenses esté a favor del cambio político".


Gilens y Page concluyen que, aunque los estadounidenses disfrutan de muchas características centrales de la democracia, como elecciones regulares y libertad de expresión y asociación, en realidad la formulación de políticas está dominada por organizaciones empresariales de alto alcance y por un pequeño número de estadounidenses ricos.


Contexto geopolítico


Dicha investigación se publica después de que el periódico alemán Deutsche Wirtschaft Nachrichten anunciara a principios de abril que Washington está perdiendo su estatus de potencia mundial porque últimamente no ha sido capaz de cumplir sus intereses geopolíticos en varias regiones y ha tenido que retirarse.


El diario germano sostuvo que el principal pivote del descenso en el liderazgo de EE.UU. comenzó en Siria, cuando Washington no escatimó esfuerzos para derrocar el presidente legitimo de Damasco, Bashar al-Asad, pero la frustración por la retirada forzosa de Siria, 'instó' a Washington a buscar un presunto culpable y lo encontró en Rusia.


EE.UU. y sus aliados europeos han impuesto varias rondas de sanciones unilaterales contra el Kremlin, bajo el pretexto de que apoya a los combatientes independentistas en el este de Ucrania (en las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk).


(Con información de BBC Mundo y agencias)

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Domingo, 26 Abril 2015 06:04

Brasil y la oposición golpista

Brasil y la oposición golpista

Sobrio y elegante como de costumbre, el sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que presidió Brasil de 1995 a 2002, principal referencia del oposicionista Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), es claro y objetivo: no hay ninguna justificativa para que se presente en el Congreso un pedido de impeachment, o sea, que se abra un juicio político, contra la presidenta Dilma Rousseff, con el objetivo de destituirla.


Dejando a un lado la incontenible agresividad y las posiciones duramente derechistas –algo un tanto sorprendente, cuando se recuerda su pasado de izquierda–, el actual senador José Serra, del mismo PSDB, se hace súbitamente moderado. Dice, con toneladas de razón e inesperada sobriedad, que un pedido de impeachment no es un mero juego: tiene consecuencias tremendas, y no se justifica.


Ya el actual gobernador de São Paulo, el derechista Geraldo Alckmin, hombre cercano al Opus Dei y también figura poderosa del partido, prefirió optar por un silencio monacal.


Y sin embargo, el PSDB defiende de manera clara y cada vez más agresiva que se busque, por todas las formas y maneras, una brecha para presentar en la Cámara de Diputados un pedido de apertura de juicio político para liquidar de una vez el segundo mandato presidencial de Dilma, a menos de cuatro meses de estrenado. Lo acompañan otros partidos de oposición, cuya consistencia, en todo caso, es más bien escuálida.


El centro de la cuestión está en Aecio Neves, actual senador, que ejerció dos mandatos seguidos como gobernador de Minas Gerais, tercer principal estado brasileño, quien disputó –y perdió– la presidencia con Dilma Rousseff el pasado octubre.
Neves preside el PSDB. Claramente inconforme con el resultado de las urnas –que le dieron a Dilma una ventaja estrecha, pero incontestable, de cuatro puntos–, él se dedica, un día sí y el otro también, a construir un ambiente capaz de revertir la decisión del electorado.


Lo acompañan los integrantes de la ruidosa tropa de élite en el Congreso, con destaque para diputados que, con aspecto más cercano a la hidrofobia que al trato parlamentario, amenazan con presentar en cualquier momento, el pedido de apertura del juicio político. Juristas de sólidas trayectorias conservadoras y discurso ampuloso son contratados para preparar informes y pareceres legales para esa acción. Cualquier argumento sirve, de los escándalos de corrupción a iniciativas gubernamentales que contrarían las promesas de campaña presentadas por Dilma el año pasado.


Con apoyo clarísimo de los grandes medios hegemónicos de comunicación, esas maniobras ganan espacio. Ahora, por ejemplo, el esfuerzo más contundente de diarios, revistas y emisoras de televisión está concentrado en mostrar que, en la campaña que llevó a Dilma a su primer mandato presidencial, en 2010, grandes empresas fueron forzadas a forjar donaciones aparentemente legales pero que, en realidad, eran realizadas con fondos desviados por el esquema de corrupción instalado en Petrobras. De nada sirve comprobar que las donaciones fueron registradas cumpliendo todos los requisitos legales, y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas por el Tribunal Superior Electoral.


Es, claramente, una acción facciosa: todos –todos– los partidos recibieron donaciones millonarias de las mismas empresas, el PSDB inclusive. Pero las del PT fueron resultado de corrupción y chantaje. Poco importa si el argumento carece de base mínimamente sólida. Lo que interesa es crear un ambiente cada vez más negativo para el gobierno.


La amenaza pende como una espada de Damocles sobre el gobierno. Al fin y al cabo, en la presidencia de la Cámara de Diputados está una figura política nefasta, Eduardo Cunha, que actúa a su libre albedrío ejerciendo su más alta especialidad: el chantaje.


Con frecuencia rutinaria dice que, de momento, no hay ninguna razón para llevar a votación un eventual pedido de impeachment. Más que tranquilizadoras, son palabras amenazadoras: dejan claro de toda claridad que el tema dependerá exclusivamente de él.


Llegar a la apertura de un proceso de destitución significaría, en última instancia, paralizar al gobierno y al país. Las posibilidades de aprobación, hoy por hoy, son nulas. Pero los efectos de semejante iniciativa serían desastrosos.
Mientras tanto, grupos supuestamente independientes –nadie sabe cómo se financian– siguen programando manifestaciones callejeras con el objetivo único y exclusivo de destituir a Dilma Rousseff. El siempre resentido y rencoroso Aécio Neves optó, en un primer momento, por mantenerse alejado. Pero ahora se sumó a los convocantes de marchas callejeras. Él sabe perfectamente que no hay espacio político para lo que defiende. No importa: aquí, lo que se trata es de acorralar al gobierno e impedirle recuperar espacio.


La actual legislatura, principalmente en la Cámara de Diputados, es la más retrógrada y conservadora de los últimos casi 30 años en Brasil. Y el PSDB parece haber optado por hacer su apuesta: crear un ambiente de tal manera tenso y confuso que el país se haga ingobernable.

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