El mensaje de un cartero al Congreso para recuperar la democracia

"Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor ni la oscuridad de la noche impedirán a estos carteros completar con celeridad sus rondas asignadas" reza el lema no oficial del Servicio de Correos de Estados Unidos. Ahora podríamos agregar: "ni una zona de exclusión aérea de seguridad nacional", como demostró el cartero Doug Hughes. Hughes hizo lo que consideró era su deber: llevar cartas. Tenía 535, una para cada miembro del Congreso, y cada una de ellas estaba firmada por él. En ellas, Hughes escribió sobre la influencia corruptora del dinero en la política y optó por un método de muy alto perfil para entregarlas. Piloteó un helicóptero del tamaño de una bicicleta llamado "girocóptero" a lo largo de 160 km., desde Maryland hasta Washington, y aterrizó en la explanada oeste del Capitolio de Estados Unidos, atravesando espacio aéreo restringido.


La aeronave de Hughes podría haber sido derribada. Le pregunté si valió la pena haber asumido ese riesgo, a lo que respondió: "Soy padre y abuelo y puedo ver el cambio que hubo a lo largo de las últimas décadas. Hemos pasado de una democracia a una plutocracia. Los peces gordos están tomando las decisiones. Están consiguiendo todo lo que quieren y los votantes lo saben. Todo el espectro político, los de izquierda, los de derecha y los de centro, saben que este Congreso no representa al pueblo. Y sí, valió la pena arriesgar mi vida, valió la pena arriesgar mi libertad a fin de lograr una reforma para que el Congreso trabaje para el pueblo".


La carta de Hughes comienza con una cita del Secretario de Estado. Hughes escribió: "Lean la siguiente declaración de John Kerry en su discurso de despedida del Senado: 'Considero que la búsqueda interminable del dinero amenaza con robarnos la democracia. Ellos lo saben. Saben que lo sabemos y, sin embargo, no se hace nada al respecto', afirma John Kerry". Hughes continúa su carta con un análisis del modo en que el dinero corrompe el trabajo de los miembros del Congreso "antes de ser electos, durante y después de su mandato", escribió.


El espectacular modo que encontró Hughes para entregar sus cartas no pasó inadvertido. La mayoría de los medios de comunicación simplemente ignoraron el mensaje que este cartero estaba intentando entregar y se centraron, en cambio, en que su espectacular aterrizaje dejó en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad. Resulta interesante que su acción no fuera del todo condenada por quienes trabajan en el Capitolio.


El legislador republicano de Carolina del Norte Walter Jones dijo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos: "No defiendo violar el espacio aéreo restringido y arriesgar a personas inocentes al volar un girocóptero en el predio del Capitolio. El Sr. Hughes tiene razón con respecto a la fuerte influencia del dinero en la política. He visto cómo ha empeorado esta situación en los veinte años que llevo en el Congreso. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Citizens United en 201o, en relación con el financiamiento de las campañas, creó comités especiales, los llamados súper PAC, y multimillonarios que compran candidatos".


El fallo de la Corte Suprema de 2010 al que se refiere Jones, Citizens United contra la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés), y un fallo posterior de 2014, McCutcheon contra la FEC, dieron vía libre a las donaciones ilimitadas para el financiamiento de las campañas electorales, incluyendo la posibilidad del financiamiento a través de fondos que no pueden ser rastreados, conocidos como "dinero oscuro". El gasto de grupos externos en las campañas explotó, pasando de 15 millones de dólares en 1998 a más de 1.000 millones de dólares en 2012. Y entre las arcas de Clinton y el efectivo de los hermanos Koch, la crisis empeorará cada vez más mientras se prepara la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2016. Hughes apoya una reforma constitucional que elimine la influencia del dinero en la política.


Al día siguiente de que Hughes aterrizara su girocóptero en el Capitolio, le pregunté al congresista demócrata de Florida Alan Grayson qué pensaba sobre la protesta del cartero contra la influencia del dinero en la política: "De hecho me encontraba en la sala de la Corte cuando se emitió la desastrosa decisión de Citizens United hace cinco años. Mitch McConnell, [en ese etonces congresista republicano y ahora líder de la mayoría del Senado], se encontraba a dos asientos a mi izquierda. Éramos los únicos funcionarios públicos en la sala. Mitch McConnell estaba más feliz que nunca aquel día. Estaba literalmente riendo de alegría cuando se emitió el fallo. Y yo dije en MSNBC aquella noche hace cinco años que si no hacíamos nada, podíamos comenzar a despedirnos de este país. Bueno, prepárense porque ahora mismo son los multimillonarios y las multinacionales los que toman las decisiones con respecto a lo que quieren, ya sea el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, la vía rápida, o cualquier cosa que quieran. Logran rescates financieros, exenciones impositivas. Obtienen la llamada desregulación, lo que sea. Obtienen lo que quieren aquí porque están pagando por ello".


Doug Hughes está actualmente bajo arresto domiciliario en Florida. De ser hallado culpable, afrontaría una pena de cuatro años de prisión. Tiene tres hijos. Tenía cuatro, pero uno se suicidó en 2012. Le pregunté a Doug Hughes si el suicidio de su hijo tuvo que ver con su acción, a lo que respondió: "Su muerte no tuvo sentido. Fue un desperdicio. Tenía tanto potencial. Pensé en lo que había hecho yo, en lo que había logrado y contribuido y pensé qué país y qué mundo vamos a dejar si las cosas continúan como están. Tengo [otros tres] hijos. Tengo dos hijos adultos y una niña de 11 años. Quiero dejarles una verdadera democracia para que puedan tener el control sobre su destino y el destino de sus hijos. Y ahora mismo están perdiendo esa posibilidad. Estamos perdiendo esa posibilidad. Y depende de nosotros restablecer la democracia. Podemos encontrar soluciones a los problemas que tenemos, si las personas tienen el control".


Independientemente de lo que suceda, este cartero ha entregado su mensaje y ha completado sus rondas asignadas.
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Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Sábado, 11 Abril 2015 06:30

Dilma y los chacales

Dilma y los chacales

Acosada por el Congreso, controlado –tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado– por dos parlamentarios altamente especializados en chantaje político, enfrentando un difícil y complejo cuadro económico, con impactantes caídas en los índices de popularidad, viendo cómo los sectores más conservadores de la sociedad civil, fuertemente insuflados por los grandes conglomerados de comunicación, se lanzan en campañas descomunales para destituirla, Dilma Rousseff parecía atónita y sin capacidad de reaccionar.


Para enturbiar aún más el escenario, su equipo de articulación política no hizo más, a lo largo de los últimos tres meses –exactamente los tres primeros de su segundo mandato presidencial–, que dar amplias y robustas muestras de una ineficacia sideral. Y, para colmar un vaso ya demasiado lleno,, sigue la tensión provocada por una oleada de denuncias de corrupción, especialmente en Petrobras, con todo lo que significan sesiones de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) transmitida en vivo, escenario perfecto para que la oposición, que no tiene ninguna otra propuesta de cambio que destituir a la presidenta y a fulminar el PT, luzca sus patéticos talentos histriónicos.


Luego de ser muy presionada por el ex presidente Lula da Silva y frente a un indiscutible cuadro problemático y sin solución aparente, Dilma decidió, a principios de la semana, invitar a Eliseu Padilha, un experimentado político, su actual ministro de Aviación Civil, a cambiar su insulsa cartera por la de Relaciones Institucionales, o sea, ocuparse de coordinar las relaciones con el Congreso, con movimientos sociales y con todo lo que significa como fuente de reivindicaciones y problemas.


La reacción de los caciques del PMDB, léase del partido aliado que de manera increíblemente infiel controla el Congreso, fue inmediata. Y forzaron su colega de siglas a rechazar la invitación.


Es algo insólito: un ministro que se niega a atender a un pedido de la presidenta y, peor, logra mantenerse al frente de su puesto. Resultado: nuevo desgaste para una más que desgastada mandataria, nueva iniciativa desastrada de un gobierno desastrado.


Dilma decidió, entonces, quemar uno de sus últimos cartuchos: convocó a su vicepresidente, que a la vez preside el rebelde e infiel PMDB, a asumir la articulación política de su gobierno. Michel Temer, que poca o inexistente atención recibió de Dilma especialmente a partir de su reelección (ya era el vicepresidente de la república en el primer mandato), es un negociador hábil, profundo conocedor de los vericuetos de la Cámara de Diputados (donde ocupó un escaño de 1987 a 2010, cuando se tornó vicepresidente de Dilma) y ex presidente de la casa. Y, viejo zorro político, aceptó. Diplomático y elegante, no exigió nada: "Sugirió" a la mandataria que suprimiese sumariamente la cartera de Relaciones Institucionales. De esa forma, la articulación política del gobierno se trasladó directamente a la vicepresidencia de la república.


Otra "sugerencia": poder contar con "un bolígrafo nuevo", es decir, con tinta suficiente para firmar nombramientos tanto en el segundo y tercero escalón del gobierno como en las estatales. De inmediato, empezó a negociar puestos y presupuestos.


Lo que se vio en seguida deja bien claro hasta qué punto es confuso, contradictorio y desvirtuado del sistema político (más allá de escenarios circunstanciales, por complejos que sean) brasileño. La noticia de que su presidente, y que a la vez ocupa la vicepresidencia del país, haya sido convocado para ayudar a superar una seria crisis de interlocución entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo causó profundo malestar en el PMDB. En lugar de entender que se abre un amplio espacio de poder para el principal (y, nunca es demasiado reiterar, desleal) aliado, los caciques que controlan el Congreso entendieron que aumentó de manera exponencial la posibilidad de que pierdan poder de chantaje.


Ambas interpretaciones son correctas: el PMDB gana poder, mientras que Eduardo Cunha, en Diputados, y su colega Renan Calheiros, en el Senado, algo pierden. Seguirán demonizando al gobierno, pero ahora con menos fuerza.


Hay un tercer aspecto: al ser atraído para la articulación política, o mejor dicho, para por fin instaurarla, el PMDB se hace socio del PT en la crisis. Soluciones, ahora, dependen directamente de que ambos partidos se entiendan. Los berrinches desleales de Cunha y Calheiros se debilitan.


No hay que dejar de observar que, una vez más desde su asunción para el segundo mandato presidencial, Dilma tardó demasiado para reaccionar. Por primera vez, sin embargo, reaccionó de manera hábil. Hasta ahora, además de tarde, reaccionaba de manera torpe.


Los críticos a su gestión –y los hay por doquier– se apresuraron a decir que ella ahora está en manos de dos ministros de los cuales no puede, al menos por ahora, librarse: el neoliberal Joaquim Levy, en Hacienda, encargado de hacer, en el campo de la economía, todo aquello que Dilma dijo que harían sus adversarios en caso de que llegasen el poder, y Michel Temer, del mismo PMDB, que no hizo más que sabotear su gobierno.


Las medidas económicas anunciadas, y que despertaron fuerte reacción negativa en la izquierda y en el electorado de Dilma, tendrán necesariamente que ser negociadas por Levy, cuya torpeza a la hora de pronunciarse casi equivale a la intransigencia a la hora de defender su proyecto extremista. A Temer le tocará buscar espacios para maniobrar tanto entre parlamentarios como en el equipo económico.


Dilma no puede librarse de Temer porque él es, al fin y al cabo, un vicepresidente electo por el voto popular. Le queda el consuelo de saber que es impensable, en Brasil, un mandatario tener a su vice como opositor. Bastaría con vaciar su bolígrafo. Pero, además, confía en sus habilidades.


Con relación a Levy, reemplazarlo para retomar algo parecido (igual, ni hablar) a la política económica de su primer mandato correspondería a abrir las jaulas donde el sacrosanto mercado financiero nacional e internacional encierra sus más abominables y perversas fieras.


La mandataria, en todo caso, parece estar absolutamente segura de la imperiosa necesidad de implementar medidas que, por más que sean impopulares, son las únicas que podrán asegurar la recuperación económica que le urgen al país. Al mismo tiempo, tiene plena conciencia de que está acorralada por expertos en negociados y chantajes, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, y que Temer tiene experiencia y firmeza suficiente para domarlos o al menos debilitarlos.


Habrá entendido, además, que cada paso dado desde el estreno de su segundo mandato (por no mencionar todos los dados en la política económica de los últimos dos años del mandato anterior) ha sido desastroso. Que el núcleo que asesores políticos que armó, contrariando a Lula da Silva, la llevó directamente al borde del precipicio. Que será muy difícil, aunque no imposible, recuperar a mediano plazo parcelas significativas de su popularidad, que, acorde con los últimos sondeos, bajó a tenebrosos 12 por ciento.


Dilma, una mujer valiente, detesta las menudencias del juego político pequeño y casi siempre sucio del cotidiano. Pero parece haber empezado a conformarse frente a la realidad: llevar adelante un proyecto osado y ambicioso como el iniciado hace doce años es imposible si se ignora que los chacales acosan por todos lados.


Hay que aprender a neutralizarlos al máximo: ignorarlos es una especie de suicidio.

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Martes, 11 Marzo 2014 06:30

¿Cuál democracia colombiana?

¿Cuál democracia colombiana?

El gobierno, Santos, Uribe, la Registraduría, todos los representantes de los diferentes partidos, un día después de las elecciones legislativas salen a hacer sus balances y evaluaciones. Casi nadie pierde, todos ganan. ¡Que viva la democracia!


Pero la verdad cruda y madura es totalmente distinta. Si se le descuentan al total de votos válidos (43,58%) lo correspondiente al voto en blanco (5,21) tenemos que todos los partidos obtuvieron un exiguo 38,37%. Si a esta cifra se le restan los porcentajes obtenidos por el Polo (3,78%) y Verdes (3,94%), tenemos que los partidos de la oligarquía obtuvieron todos juntos el 30,65% de la votación. ¿Esa es la fortaleza de la democracia colombiana?


¿Y así se atreven a cuestionar la democracia venezolana que obtiene cifras de participación superiores al 70%? Definitivamente no hay nada más cínico que un politicastro colombiano de los partidos tradicionales y oligárquicos.


Pero esa situación aún admite más análisis. ¿Cómo obtienen esos votos? Los partidos gobiernistas de la "unidad nacional" chantajean a las gentes desde las alcaldías que controlan con los programas de familias en acción, los auxilios a abuelos vulnerables, etc., o con la promesa de un empleo. Otros políticos más descarados no dudan en comprar el voto en forma directa, por un tamal y una gaseosa, una hoja de eternit o cualquier otra cosa de esas. O en otros casos la extorsión y presión violenta es la herramienta utilizada.


En el fondo los politiqueros y sus patrones – los grandes "cacaos" capitalistas – saben que su democracia es precaria y que su poder es débil. Por ello es que le temen a la organización y a la movilización popular. Saben que un estallido de rebeldía – como el que se estaba acumulando en el pasado paro agrario – puede desencadenar fuerzas reprimidas y profundas existentes en el pueblo y poner en peligro su inestable y endeble poder.


El problema está de nuestro lado. Consiste en la errada concepción con que se manejan nuestras luchas populares. Por ahora predomina una visión equivocada, impulsada por todo tipo de ONGs, que se han apoderado de las direcciones de las organizaciones sociales y populares. Así es como se programan paros y movilizaciones para - de vez en cuando - negociar con el Estado pequeños proyectos de "inversión social", ya que de eso viven esas burocracias.


Esa práctica debilita el movimiento popular, lo desgasta y no educa ni entusiasma al resto de la población que ve que esos paros y luchas se hacen con una visión sectorial (paperos, cafeteros, mineros, transportistas, estudiantes, trabajadores, ambientalistas, indígenas, etc.), cada sector por su lado, con su "pliego de Peticiones y Exigencias", sin una visión de conjunto que recoja las aspiraciones del grueso de la población.
Por esa dispersión y debilidad nuestra es que aparece el poder de la oligarquía como muy poderoso y fuerte. Pero eso no es cierto y, ellos (los oligarcas) lo saben.


Debemos reorientar nuestras luchas. La Cumbre Agraria y Popular y demás eventos que se programen para construir y consolidar la Unidad, debe aprobar una verdadera Plataforma de Lucha o Programa Político del Movimiento Popular, con las principales reivindicaciones que ha levantado el mismo movimiento a lo largo de las últimas décadas.


Dicha plataforma de lucha deberá ser presentada al conjunto de la sociedad, trabajada y explicada a lo largo y ancho del país, y a la vez, ir construyendo Poder Constituyente "por la base", "desde abajo", en cada vereda, barrio, municipio y departamento, y sólo así, se podría convocar un gran Paro Nacional Popular que se constituya en el alimento del Nuevo Proceso Constituyente, y le notifique a la oligarquía las nuevas condiciones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.


Esas condiciones deben de ser precisadas desde ya: Constituyentes elegidos por municipios y grupos de municipios, con mandato ciudadano en la mano, revocables en caso de que incumplan el mandato, con realización de asambleas comunitarias para refrendar los avances y control permanente de la evolución de las discusiones.


Por ello en la coyuntura actual debemos decir todos al unísono: No! a un nuevo paro para negociar bicocas con el Estado. No! a un nuevo paro sin evaluar a fondo el estado real de nuestras fuerzas. No! a un paro "politiquero" que sólo va a ser un amague y no un esfuerzo contundente de las fuerzas populares. No! a las maniobras de las direcciones "onegeístas".


SI a un esfuerzo consistente y sistemático por unificar al movimiento popular y trazarle un Plan de Acción que relacione nuestras luchas con la construcción de un Proceso Constituyente de nuevo tipo

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Lunes, 10 Marzo 2014 06:23

Cuatro partidos se reparten los votos

Cuatro partidos se reparten los votos

El Polo Democrático Alternativo, de oposición, y opciones como Alianza Verde alcanzaron escasas curules. Entre los mayores retos del nuevo Congreso está legislar sobre los acuerdos del actual proceso de paz.

 

Sin mayores incidentes de seguridad, ayer se eligió el Congreso de Colombia en 10.627 puestos de votación en todo el país. Hasta el cierre de esta edición, cuatro partidos lideraban los conteos de votos dejando al Parlamento en manos –como es común desde hace medio siglo– de los tradicionales partidos Conservador y Liberal, junto a las dos fuerzas políticas mayoritarias recientes: el uribismo y el santismo. El Polo Democrático Alternativo, de oposición y otros partidos como Alianza Verde alcanzaron escasas curules. Entre los mayores retos del nuevo Congreso está legislar los nuevos caminos o reformas que se deriven de La Habana, tras los acuerdos del actual proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).


La jornada electoral estuvo marcada por el abstencionismo, que superó ampliamente los comicios anteriores y pudo obedecer, en parte, a la falta de legitimidad de la institución parlamentaria tras las investigaciones y arrestos a más de 30 congresistas en los últimos años por vínculos con paramilitares. Denuncias sobre corrupción y exorbitantes salarios y pensiones para éstos también hacen parte del mal ambiente sobre el Congreso de la República, que renovará sus 268 integrantes elegidos ayer. Paradójicamente, las opciones de oposición y partidos de izquierda que denunciaron las situaciones ilegales en el Congreso no sólo no alcanzaron mayorías, sino que perdieron votos y curules en las elecciones de ayer. "Qué vergüenza, seguimos en manos de los mismos criminales", expresó Claudia Velásquez, habitante de Medellín.


Claudia López, investigadora que denunció la parapolítica y aspirante al Congreso por la Alianza Verde, fue una de las sorpresas por su alto número de votos que superó a la cabeza de la lista. "Yo voté por ella porque necesitamos gente honrada, 'verraca', que no le dé miedo echar al agua a todos esos corruptos de la política", aseguró a este diario Manuel Olaya, habitante de Bogotá. Por otra parte, estaba proyectado el éxito del uribismo con un partido creado para estos comicios: Centro Democrático. Esta vez el ex presidente Alvaro Uribe usó el mismo lema de sus campañas presidenciales: "Mano firme, corazón grande". Su campaña sorprendió, sí, aclarando al electorado que ni él ni sus aliados hacían parte del Partido de la U, originariamente formado por él. Por La U fue elegido el actual presidente Juan Manuel Santos, de quien Uribe se distanció desde el primer año de gobierno. De tres millones 995 mil votos, el 17 por ciento correspondía al partido de Uribe, lo que le dejaría unas quince curules en el Congreso.


Lo que ha ocurrido en las parlamentarias marca una tendencia para las elecciones presidenciales que se realizarán el 25 de mayo próximo. La llamada Unidad Nacional que respalda la candidatura de Juan Manuel Santos perdió fuerza con los resultados de ayer, y en especial, la fuerza que retoma el uribismo sería una amenaza para la reelección.


Entre las centenares de denuncias por irregularidades recibidas ayer por la Procuraduría y aquellos registrados por la Misión de Observación Electoral, está el apoyo abierto a Uribe Vélez por parte de las Fuerzas Armadas. Estas le expresaron su apoyo vía Twitter, incurriendo en participación política directa de parte de funcionarios, que está tipificada como delito. Con los más de 300 mil votos, Uribe vuelve al Congreso de la República desde donde, en el pasado, impulsó reformas trascendentales como la del sistema de salud, que hoy está en crisis por dejar sendas ganancias a las empresas privadas que operan los servicios de salud, una de ellas de propiedad del mismo ex presidente, y dejando en situación de vulnerabilidad a los colombianos que deben demandar al Estado para exigir la protección de sus vidas.


El balance más positivo de las elecciones se dio en materia de orden público. Por primera vez en las últimas décadas, las jornadas electorales se desarrollaron en calma, lejos de los atentados terroristas, enfrentamientos armados, bloqueos de vías, quemas de camiones con votos, secuestros y hostigamientos tradicionales en las zonas rurales del país. Los eventos desfavorables en el orden público disminuyeron en un 90 por ciento con respecto de los comicios de 2011, según indicó el Ministerio del Interior.


"Yo creo que es muy importante señalar que hoy el gran ganador es la democracia; el gran protagonista, el pueblo colombiano; y un mensaje al país de que sí se pueden realizar unas elecciones unidos y en paz", afirmó el ministro Irragorri Valencia. Para algunos analistas, la tranquilidad en los comicios se debió a la buena voluntad de la guerrilla en el marco de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba. Irragorri afirmó que ayer se frustraron cuatro atentados terroristas y añadió que "en un país que ha padecido más de 50 años de conflicto armado interno es imposible no hablar de riesgos en una cita democrática".

 

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Se acercan los comicios de marzo de 2014, en que se elegirá un ‘nuevo’ Congreso. La proximidad despierta apetitos de toda índole. Las discusiones sobre qué hacer se avivan por doquier, pero también las pre (las menos) y las candidaturas (las más). En mayo serán las elecciones para la Presidencia.

 

En los movimientos sociales se valora la coyuntura de diversas maneras. En algunos se le otorga realce a continuar la movilización sostenida en 2013; incluso se agita la necesidad y la posibilidad de un paro cívico en los primeros meses del próximo año; en otras se decide tomar un respiro y asumir el reto electoral como tarea principal. Unos pocos asumen y agitan las dos opciones en un plano de igual importancia y posibilidad.

 

La nueva coyuntura, en la que se adentra la sociedad colombiana, propicia alianzas y acuerdos políticos de diversa índole, motivados muchos de ellos por el umbral electoral y/o por la personería jurídica. Son acuerdos de conveniencia que pueden perdurar en el tiempo o dar a luz siglas y cuerpos políticos de poca trascendencia. En la historia reciente y pretérita del país ya se conoce este tipo de acuerdos, sus alcances y productos.

 

En la escena aparecen verdes, amarillos, rojos, morados y otros tintes, cuya combinación puede producir nuevos colores, más brillantes u opacos, depende de las manos que esparzan la pintura y los disolventes que se utilicen: pero mientras más sean las que sostengan el mango de la brocha, el rodillo, el palustre o el pincel, mejor se esparcirá y se verá en el cuerpo de la sociedad colombiana, urgida de un ejercicio político ético, abierto, convocante, donde ninguna palabra ni práctica sean dogmas.

 

Un debate abierto, por tanto, sobre cómo liderar las campañas y los programas por agitar, está a la orden del día. También el liderazgo social por desplegar en diversidad de territorios. La conexión con la sociedad, real, profunda, debe ser el objetivo donde ella dé el último veredicto sobre los diversos tópicos en discusión, acción y liderazgo.

 

Una política horizontal, movilizadora, donde la seguridad que la política desde abajo es lo sustancial, y el gobierno queda convertido en simple palanca para potenciar autogestión, autonomías, cooperación, solidaridad, eficacia.

 

Pero resulta que, en medio de esta necesidad, métodos característicos del poder tradicional ganan cada vez más espacio entre los sectores que se autodenominan alternativos. En la mayoría de los movimientos, los candidatos se autopostulan, es decir, no son producto de un debate interno. Muy seguramente quienes se postulan son líderes reconocidos, que de realizarse alguna consulta resultarían elegidos. Seguro que así es, pero brincándose el sentir de los apoyos sociales que, como movimiento social, los acompañan y obvian el método de la consulta y el debate, y con él un necesario ejercicio pedagógico que garantice sin duda que la persona candidata quede atada al movimiento y no al revés, con las implicaciones de largo plazo que esto trae: candidatos eternos, en que el puesto público se transforma en el objetivo de la política, desfigurándola; en que la militancia se transforma en clientela y en que el proyecto de cambio termina perdido en los recónditos caminos del interés personal.

 

Esta práctica errada también está acompañada del “yo te ayudo, tu me ayudas”, con la cual el debate político e ideológico desaparece, abriéndole paso al pragmatismo más obtuso. Llegar por esta vía a la corrupción no es extraño.

 

Y ahora también aparece entre los sectores alternativos una especie hasta ahora desconocida: el delfinazgo. Nadando sin tanque en aguas superficiales, este animal se infiltra entre el cardumen popular, rompiendo su compactación, dispersándolo, imponiéndose como animal mayor. Sus “cualidades”: ser hijo/a de alguien que figura como líder histórico de algún proceso; es decir, ahora se pretende heredar el liderazgo social, todo un contrasentido, ya que esta herencia, esta propiedad, es incompatible con la democracia más profunda, directa o radical.

 

Producto de esta nueva práctica resulta que ahora el hijo de Luis Eduardo Garzón es candidato por derecho propio; asimismo, figuran los hijos de Piedad Córdoba y de Angelino Garzón.

 

Cualquiera pudiera reclamar que ninguno de los relacionados es hijo de un dirigente alternativo o de izquierda, y la razón puede estar de su lado, pero otros sustentarán lo contrario, amparados en el imaginario que los nombres de sus progenitores proyectan en el conjunto social.

 

Pero para el debate y el llamado de atención que pretendemos en esta nota, lo importante es el suceso, que tendrá consecuencias sobre el movimiento social en el corto y el largo plazo. La acción electoral no se puede transformar en el objetivo último de la práctica política, muchos menos un negocio de familia o personal disfrazado de pretendida acción para el cambio.

 

La coyuntura cambia. Para gobernar desde abajo no se puede implementar métodos y prácticas de arriba.

Publicado enEdición N°197
La impunidad es inconstitucional. Esa fue la conclusión a la que llegó el Congreso uruguayo después de debatir si la Justicia debía aplicar o no la Ley de Caducidad, bajo la que se ampararon los militares y policías represores de la dictadura, en el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. “Hoy (por ayer) dimos un pequeño pero importante paso. Ahora tenemos que ir por la anulación de la ley, para que sea retroactiva y se aplique a todos los casos de violaciones de los derechos humanos”, aseguró, sin disimular su entusiasmo, el senador comunista Eduardo Lorier. Hace una semana el presidente Tabaré Vázquez también había declarado inconstitucional la amnistía, aprobada por el Congreso y ratificada por un referéndum a finales de los ochenta. Ahora es el turno de la Corte Suprema uruguaya; ella tiene la última palabra.
 
La votación, aunque no vinculante, fue vivida como un triunfo histórico por los legisladores del Frente Amplio, muchos de los cuales hace dos décadas demandan la anulación de la Ley de Caducidad y el procesamiento de todos los responsables –militares y civiles– de los miles de asesinatos, secuestros y torturas cometidos entre 1973 y 1985. “Es la primera vez que se pronuncia el Congreso. Estamos cada vez más cerca de anular de una vez y para siempre la amnistía”, celebró anoche por teléfono el senador frenteamplista y uno de los referentes de la lucha por los derechos humanos en Uruguay, Rafael Michelini.
 
El joven senador fue el encargado de abrir el debate ayer a las 11.30 de la mañana. “Ha llegado el momento en que se afiance la justicia, tiempo de recuperar la dignidad del país, recuperar la justicia para las familias de las víctimas”, reclamó el hijo del ex senador y férreo opositor de la dictadura, Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor.
 
Aunque pidió un repudio unánime de las dos Cámaras, no dejó de recordar que bajo los gobiernos blancos y colorados que siguieron a la dictadura nunca se avanzó en la búsqueda de la justicia y la verdad. “Hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005 reinaba la impunidad, no había ni un militar ni un policía detenidos”, destacó más tarde en diálogo con este diario. Vázquez mantuvo su promesa de campaña de no anular la Ley de Caducidad, pero sí ordenó investigar y juzgar los casos de violaciones a los derechos humanos que, por haber ocurrido en el exterior o haber sido cometidos por civiles, quedaban fuera de su amparo.
 
El encargado de contestarle a Michelini fue el ex presidente y actual senador colorado Julio María Sanguinetti. Las críticas lo golpeaban a él más que a nadie. Sanguinetti gobernó Uruguay entre 1985 y 1990, los años en los que se negoció la Ley de Caducidad con los mandos militares. Fue su mayoría parlamentaria, junto con el apoyo colorado, lo que permitió que se aprobara en el Congreso en 1986 y tres años después él hizo campaña personalmente para ratificar en un referéndum la amnistía con un 52 por ciento. “La ley fue concebida como una solución generosa para todos”, se defendió el ex presidente. “No sigamos convocando nuevamente asambleas de fantasmas que no tienen lugar”, prosiguió en un discurso alarmista como no se escuchaba desde la campaña presidencial de 2004, cuando el Frente Amplio se preparaba para ganar el gobierno por primera vez en la historia uruguaya.
 
Por un momento la tensión dominó el pleno de Diputados, donde se habían reunido los legisladores de las dos Cámaras para una Asamblea General extraordinaria. Pero la resistencia de la oposición no avanzó mucho más. Los blancos llegaron a la sesión divididos, inmersos en sus internas presidenciales. Los seguidores de Jorge Larrañaga estuvieron ausentes con aviso, mientras que los fieles al ex presidente Luis Alberto Lacalle prefirieron participar y leer una declaración de cuatro puntos, en la que acusaban al oficialismo de no respetar la separación de poderes e inmiscuirse en un asunto puramente judicial.
 
Al Frente no le fue muy difícil demostrar que estaba respondiendo a un pedido de la Corte Suprema. El máximo tribunal había consultado al Poder Ejecutivo y al Legislativo sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Mirtha Guianze en el caso de Nibia Sabalsagaray, una joven profesora de Literatura y militante comunista, que fue detenida en su casa y asesinada horas después en un batallón del Ejército. Los militares le entregaron el cuerpo a su familia ese mismo día. Les dijeron que se había suicidado.
 
No es la primera vez que la Corte Suprema recibe un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, pero éste llegó en medio de un año electoral y a meses de un posible plebiscito, que podría revertir la cerrada votación de 1989. Unos minutos antes de que se conociera la votación en el Congreso a favor de la inconstitucionalidad de la amnistía, la principal central sindical del país anunciaba en una conferencia de prensa que estaban cerca de llegar a las 220 mil firmas, de las 254 mil que necesitan para convocar a un referéndum en la misma fecha de las elecciones presidenciales de octubre próximo (ver recuadro).
 
“Somos conscientes de que la votación de hoy (por ayer) no tiene valor jurídico, pero tiene un valor político sin precedentes, que ayudará a juntar más firmas y, quizás, influenciará a la Corte Suprema”, se animó a pronosticar Michelini.
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