Miércoles, 05 Octubre 2016 07:04

El agotamiento de la destrucción.

El agotamiento de la destrucción.

A tu presente ausencia
Carlos Enrique Restrepo Bermúdez.

 

Otrora es la vida no una creación constante sino una destrucción permanente. Se agota a sí mismo, y en sí misma de tantas maneras que lo propio de este agotamiento destructivo es la creación. La vida crea porque necesita destruir, porque la destrucción es creación de un origen indeclinable, de un nomadismo disyuntivo, de una superposición de lo caduco y sedimentado reducido a su abstracta conservación, en algo nuevo pero que por su misma naturaleza vital es también autodestructivo.


La vida del anarca de risa contagiosa y mirada profunda fue bella. La vida anarca, nihilista, destructiva y autodestructiva. La vida del anarca no se vive de otra manera que explotando la creación carismática, la confrontación permanente, la deconstrucción amorfa, las rupturas disonantes entre filtraciones de belleza en la fealdad y de fealdad en la belleza sintetizadas en movimientos espontáneos.


Vivir en un agotamiento destructivo es la fuerza manifiesta de quien existe por y para sí mismo. Esta destrucción apela a un espíritu transgresor, que apropiándose de sí, denuncia el olvido del ser enmarcado en un determinismo histórico, que procura este olvido en enunciados de progreso colectivo.


Ya no hay fe en la humanidad, ya no hay fe en la revolución o en el porvenir ¿por qué tener fe en todo lo que se constituye como una ficción del intelecto? ¿Por qué ansiar desesperadamente la certidumbre de un futuro inexistente? ¿Por qué confiar en la razón edificadora y dominadora para objetivar un mundo desconocido que excede el umbral del conocimiento miope? O en últimas, ¿Por qué participar de la promesa de progreso?


El miedo constituye la necesidad de explicar, de dar razón, conocer o afirmar lo conocido, para deparar un porvenir como promesa de algo mejor. Denuncio que es el miedo ante lo desconocido porque es esto lo que pone de manifiesto nuestras fuerzas destructoras, que han sido censuradas por el temor a la decadencia; desterradas al lugar de lo indómito donde deben quedar dominadas por la razón, amordazadas por la conciencia y domesticadas por la moral.


Las fuerzas destructivas son en apariencia nocivas para el hombre mismo. Sin embargo, la apariencia de una razón confiable también ha dado cuenta de procesos destructivos beligerantes y violentos, no solo con el hombre mismo, sino con todo lo que a su paso puede obstaculizar su afán dominador y objetivizante.


Por otra parte, cuando se asume la delimitación de las fuerzas destructivas, estas conducen a un ascetismo propio de quien por resignación y sacrificio renuncia a todo y puede hacerlo en virtud de dañarse y renunciar a sí mismo. En este sentido, las fuerzas destructivas no crean, no superan la resignación y la apatía del gozo, sino que son tenidas como el trasfondo de un hombre que se enajena por causas y valores ulteriores últimos, pero que no le son propios.


El anarca asume sus fuerzas destructivas y autodestructivas con altivez y orgullo. No las esconde tras el velo del asceta o del fanático, de la resignación y el sufrimiento. El anarca en un nihilismo vitalista destruye y crea. Se destruye y se recrea en una superación de la dualidad entre destrucción y creación o pasión y razón, de la que se burla mientras juegaa una resistencia pasiva contra el aceleramiento de un mundo cada vez más exigente y enajenante con él. Burlarse de la dualidad es reconocer no la unidad, sino la multiplicidad quedesconfigura la existencia al procurar el arte de vivir en la incertidumbre, de no saberse y adentrarse en el conocimiento siempre inacabado ante la incertidumbre de ser y no ser apariencia de sí.


El anarca no espera (y no esperó más) que la transformación histórica inscribiera su vida en un progreso genérico. El anarca decidió por y para sí mismo usar su vida, gozarla. Como diría algún autor atractivo para un anarca “gozar de la vida es devorarla y destruirla”, como quién viviéndola y padeciéndola en intensidades absolutas, destruyó su vida antes que entregarla a la parca razón del miedo.

 

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¿Quiénes falsificaron la licencia de construcción del Teatro Santa Marta?

La Denuncia fue asignada en reparto el 2 de marzo a la Fiscalía 16 Seccional, presidida por Manuel Eduardo Sirtori Gual, quien deberá revelar el nombre de las personas que maquinaron y ejecutaron un plan criminal en el que, tras presentar un documento alterado, se viabilizó la adjudicación del contrato, la firma del acta de inicio y el desembolso del primer anticipo de obra, cercano a los 4.200 millones de pesos.

 

El Teatro Santa Marta es una de las edificaciones más importantes de la ciudad, fue declarada Bien de Interés Cultural, mediante la Resolución 948 de 2006 por parte del Ministerio de Cultura, en concordancia con el contexto histórico en que se dio su construcción y con los eventos que en él se realizaron y hoy en día aún son de grata recordación para la sociedad samaria. Ver Resolución 948 de gtf2006.


Movidos por el evidente deterioro de la infraestructura física del Teatro, personas como José Francisco Zúñiga, en ese entones alcalde de la ciudad; Carlos Vives, reconocido artista y empresario samario, y la cultora Patricia Moreno Linero, quien durante ocho años administró las actividades culturales que se realizaron en dicho escenario, gestionaron y consiguieron con Fonade los recursos para realizar los estudios estructurales y el diseño arquitectónico.


Más tarde, la voluntad política del entonces alcalde Juan Pablo Díazgranados para llevar a feliz término este proyecto, coincidió con la coyuntura de Sergio Díazgranados en el Ministerio de Industria y Comercio, permitiendo que a través de la cartera que este administraba, se aseguraran 10 mil millones para su financiación, a los cuales se sumaron mil millones más aportados por el Ministerio de Cultura.


La administración de Carlos Caicedo, que según la lógica le correspondía ejecutar los millonarios recursos, dilató y empatanó el proyecto, el cual revivió solo hasta octubre de 2015, mes de elecciones, en el que la noticia de la firma del Acta de Inicio de Obras tomó fuerza. Ver Boletín de Prensa 1025 Alcaldía de Santa Marta.


En oficio fechado el 5 de mayo, Fonade certifica que “el 15 de diciembre de 2015, se suscribió el Contrato de Obra No 2152166 con el Consorcio Obra TSM, cuyo objeto es realizar la primera etapa de la restauración integral del Teatro Santa Marta”, a renglón seguido indica que “el 18 de diciembre del 2015 se suscribió acta de inicio” y como parte de ese proceso burocrático también se hizo el primer desembolso.


Las obras no arrancaron en el mes de diciembre de 2015 como se tenía previsto, las razones de su retraso las expuso el 26 de enero, el Curador Urbano Número Uno de la Ciudad, Jorge Tamayo Callejas, cuando el contratista (Consorcio Obra TSM) y el interventor (Omicron del Llano), le solicitaron para dar inicio a las obras, el expediente, planos y documentos -que viabilizaron la adjudicación del millonario contrato y entre los cuales se encontraba la Licencia de Construcción expedida con Resolución 360 del 15 de mayo de 2015– y recibieron la respuesta de que su oficina “no podía expedir los documentos solicitados, ya que existían inconsistencias en la Licencia de Construcción y que por ello debía confirmar algunos documentos para expedir las copias.”


Las inconsistencias de las que notificó Jorge Tamayo al contratista y al interventor, están tipificadas y descritas en el Código Penal Colombiano como Falsedad en Documento Público, toda vez que la Licencia de Construcción 360 de 2015 a la que hace referencia Fonade en oficio dirigido al Observatorio Nacional de Colombia, no corresponde a la obra de reconstrucción del Teatro Santa Marta, sino que fue entregada por Dennys Valverde Sánchez en ejercicio de sus funciones como Curadora Urbana Número Uno de Santa Marta (E) a Heidrun Elisabeth Klemmer, para adelantar una obra nueva en el Lote 3 de la finca Los Laureles, en el corregimiento de Minca. En la página web de la Curadría Urbana Número Uno está reseñada la resolución en mención, pero extrañamente su enlace está roto. Ver Resolución 360 de 2015.


La denuncia


La Licencia de Construcción incluida dentro del expediente que dio viabilidad para que el contrato fuera adjudicado por Fonade al Consorcio Obra TSM -representado legalmente por Max Ojeda Gómez y conformado por tres empresas: Arquitectos Restauradores S.A.S., Constructora J G y A S.A.S. y Arquitectos Constructores e Interventores S.A.S.- por un valor de 11.270.414.015 pesos, con un plazo de ejecución de 12 meses, fue calificada por Valverde Sánchez como “una burda falsificación, a la que se le evidencian notables alteraciones.”


La primera irregularidad en el documento y que evidencia el delito, está en la no correspondencia del Acto Administrativo con el número de radicación; la segunda se refiere a la modalidad de la obra: en el encabezado se lee claramente Obra Nueva, pero dentro del texto indica que es una restauración; la tercera tiene que ver con lo poco visible de la firma y la alteración de los sellos personales y vistos buenos con los que cada Curador verifica las solicitudes de su oficina. Ver Licencia Falsa.


“En el proceso de empalme con el arquitecto Jorge Tamayo, se presentó una situación extraña, puesto que en su expediente figuraba el Teatro Santa Marta con una Licencia expedida por mí, cosa que me alarmó sobremanera, ya que licencia no la otorgué porque el Distrito, no solo no pagó las expensas que le correspondían sino porque además los diseños estructurales no cumplían con las Normas de Sismoresistencia. Ese mismo día radiqué una denuncia penal en la Fiscalía y notifiqué de las irregularidades a los funcionarios públicos del distrito que intervienen en este tipo de procesos”, explicó Dennys Valverde. Ver Denuncia.


La denuncia por Falsedad en Documento Público que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación la excuradora número uno de Santa Marta, el día 26 de enero, como consta en el Formato de Noticia Judicial número 470016001019201600420, fue asignada mediante reparto el 2 de febrero a la Fiscalía 16: Unidad Seccional Patrimonio Económico, Fe Pública y Otros, presidida por el Fiscal Manuel Eduardo Sirtori Gual.

 

 

 

Causa suspicacia que solo después de la notificación que Dennys Valverde hiciera de su Denuncia Penal al Alcalde, Rafael Martínez; al Secretario de Planeación, Francisco García y, al Curador Urbano Número Uno, Jorge Tamayo Callejas, este último alertara sobre la falsedad del documento, que pasó desapercibido por los funcionarios de Fonade encargados de revisar, y consignar en actas la aprobación en junta de este tipo de proyectos que comprometen una cantidad importante de dinero público. En consecuencia con esas irregularidades, la entidad firma el 3 de febrero de 2016 el Acta de Suspensión No 1 al contrato de obra e interventoría por un término de 15 días hábiles, hasta el 24 de febrero. Ver cartas de notificación.


Pasada la fecha, relata Fonade, “no se pudo aclarar el tema en el tiempo estimado y teniendo en cuenta que no se puede adelantar ningún tipo de obra en el territorio nacional sin contar con la Licencia de Construcción, el Comité Operativo recomendó prorrogar la suspensión de la obra No 2152166 por un término de 30 días calendario o hasta superar los motivos que dieron origen a la suspensión.”


¿Confabulados para delinquir?


Para el abogado Alonso Linero Salas, “como existe el documento del funcionario que está diciendo que no ha expedido la Licencia y, suponiendo que se ha procedido de buena fe y se ha engañado a todo el mundo, los funcionarios que fueron notificados debieron haber interpuesto una denuncia penal para establecer cómo hicieron para girarle al contratista una suma de dinero sobre las bases de un documento falso”, el jurista va más allá y asegura que en este caso “estamos hablando de una cantidad enorme de dinero, lo que pone de presente que los funcionarios notificados no han hecho la denuncia respectiva y estarían omitiendo algo, y proceder de esta manera es altamente delictivo. Estamos hablando de algo monstruoso por la naturaleza del delito que es Falsedad y Uso de Documento Público pero, además, si eso es falso pudiese tratarse de un Peculado, porque se está cancelando una suma de dinero que no se tiene que cancelar”.


A finales de febrero, notificado de las irregularidades y de las dos suspensiones del contrato, Martínez con casco blanco y botas, se hizo presente en el Teatro Santa Marta para conocer los planos y anunciar desde allá que, pese a los retrasos, las obras iniciarían pronto (Ver nota de prensa). Y así fue, el 7 de marzo arrancaron tras ser expedida una nueva Resolución, la No 026 del 26 de febrero de 2016: por medio de la cual se otorga una Licencia de Construcción en las modalidades de demolición parcial, reforzamiento estructural, ampliación, adecuación funcional y restauración con radicación No 47001-1-15-0082, firmada por Jorge Luis Tamayo Callejas. Ver Edicto en El Informador.


El otorgamiento de una nueva resolución, si bien resuelve la suspensión del contrato y da inicio a las obras, no podrá subsanar el hecho punible que fue denunciado por Dennys Valverde Sánchez, y con el cual quienes maquinaron esa estrategia fraudulenta se adjudicaron para sí 11.270.414.015 de pesos, a los cuales ahora se le sumarán los 9 mil millones que anunció Rafael Martínez para la financiación de la segunda etapa de la obra, en la que no se ve el movimiento ni se escucha el ruido particular de un proyecto de gran envergadura.


Linero Salas advierte que “hay sanciones para todos los funcionarios así argumenten que se emitió nuevamente la licencia, esto no dejaría el delito sin haberse cometido, habría un proceso de Concierto para Delinquir buscando que saliera una suma de dinero para la que legalmente no se contaba con los documentos.”
El 18 de mayo, vencidos los términos legales para responder un derecho de petición y tras la exhortación de Germán González Plata, Director Seccional de Fiscalías, desde la Seccional 16, se confirmó la existencia de la denuncia y el estado de la misma.


El oficio con radicado número 357 y firmado por Manuel Eduardo Sirtori Gual, señala que a la Seccional de la Fiscalía que él dirige “le fue asignada la denuncia penal formulada por la señora Dennys Valverde Sánchez... Con indiciado por identificar, en la cual hace un recuento de unos hechos relacionados con la falsedad de la Resolución mediante la cual se otorga Licencia de remodelación del Teatro Santa Marta de esta ciudad.” Ver Oficio Fiscalía Seccional 16.


Pese a haber transcurrido seis meses desde la recepción de la querella en la oficina del Fiscal Sirtori, y estar enmarcada en la Ley 906 de 2004, la cual establece en su artículo 48 que el tiempo para el trámite burocrático en estos casos es de tres días, la denuncia aún se encuentra a la espera de la elaboración de un programa metodológico y orden a Policía Judicial para ser entregado a un investigador.


Para los abogados asesores del Observatorio, la dilación en los procesos investigativos en los que se encuentran involucrados agentes de la Administración Distrital y multimillonarios recursos del erario, hace parte de un pacto de silencio general, que le resulta lucrativo a quienes participan de él y costoso al Estado que, en este caso particular termina desembolsando dinero sobre la base de un documento falso.


El Observatorio Nacional de Colombia queriendo conocer la versión oficial, solicitó entrevista con el Alcalde Distrital, Rafael Martínez, pero desde su despacho no ha habido ninguna respuesta a nuestra petición por escrito, caso similar al del Secretario de Planeación, Francisco García Rentería, de quien también hemos quedado esperando contestación.


A la luz de varios juristas consultados por este medio, el ostracismo por parte de la Administración Distrital frente a esta situación, es una grave violación a la moralidad administrativa y los principios de transparencia. “Tratándose de la realidad de la situación, en la que un denunciante está presentando documentos y puso la situación en conocimiento de los funcionarios, hay una Omisión Culposa terrible, con forma dolosa por parte de Rafael Martínez y Francisco García Rentería, que ha impedido el avance de la investigación y el esclarecimiento de estos hechos que lesionan el erario. Estas actuaciones tienen que ser objeto de una investigación por parte de los entes de control”, sentenció el abogado y magister en Investigación en Derecho, Pablo González Delgado.

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Conservar o Intervenir. El bienestar de Bogotá es intocable

El pasado miércoles 17 de febrero se llevó a cabo en la Universidad de los Andes el conversatorio “El futuro de la reserva forestal Thomas van der Hammen” con la participación de Julio Carrizosa (Miembro Honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), Fernando Viviescas (arquitecto y urbanista de la Universidad Nacional), Manuel Rodríguez Becerra (presidente del Foro Nacional Ambiental), el alcalde Enrique Peñalosa, y actuando como moderadora la periodista María Jimena Duzán.


Dentro de lo destacado del Foro resaltamos los argumentos expuestos de parte y parte: en pro de la conservación o por el contrario la intervención de la reserva con el propósito de construir allí el proyecto inmobiliario Ciudad Paz, debate en el cual el único contradictor y defensor de la urbanización fue el burgomaestre Enrique Peñalosa, el resto de los presentes argumentaron en favor de preservación de esta reserva ambiental.


Peñalosa, con un tono arrogante, argumentó que con la urbanización del 93 por ciento de la reserva forestal se pretende crear un sendero ecológico, panorámico y “rompefuegos”, beneficioso para el proyecto urbanizador –y de paso para la ciudad– que tiene por nombre “Ciudad Paz”. En estos días, donde el cliché de la palabra sobrepasa su práctica, arguye –evidenciando mucha firmeza, pero pocos argumentos– que donde antes existían “potreros” ahora habrán parques ecológicos con el 7 por ciento de humedales que tiene la reserva, con vías como la Avenida Longitudinal (Alo) y muchos kilómetros de ciclorrutas, pues la reserva “bloquea el desarrollo de la ciudad y la movilización de la misma”, ciudad que viene creciendo exponencialmente en su número de habitantes, todo lo cual, según el alcalde, evidencia la necesidad de urbanizar esta parte de la zona norte bogotana.


Ante estos postulados, las críticas no se hicieron esperar. Gonzalo Andrade, investigador de la Universidad Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas de forma meticulosa efectúo un recuento de los 51 estudios realizados desde el año 1800 acerca de las condiciones del territorio que ahora es constituido como reservas del borde norte de Bogotá. Estos estudios se especializaron en materia de flora, fauna y recursos naturales hídricos, argumento más contundente que los trinados por el alcalde, quien los considera simples “potreros”, siendo esta reserva el sitio más analizado de Bogotá según Andrade. Otro aspecto importante desprendido de las críticas fue el reencauche exacto que Peñalosa retomó de los argumentos ya presentados por su parte en 1999, durante su primera administración, sin cambiar siquiera los videos presentados en aquella ocasión, aseveró Manuel Rodríguez.


Rodríguez –que hizo parte del debate adelantado en 1999– mencionó en el conversatorio que Peñalosa “no ha dado un solo argumento diferente a los que presentó al panel de expertos hace 16 años”, rechazado en ese momento por el panel de expertos que sentenció que el ecosistema localizado en la Van der Hammen tiene un gran valor ecológico y, por consiguiente, debe ser protegido.


Por su parte Julio Carrizosa arremetió contra Peñalosa y su argumento, pues bajo un discurso de ‘protección’ pretende construir en zonas agropecuarias y protegidas con la excusa de la necesidad de urbanizar, cuando hay la posibilidad de hacerlo en otros lugares que no tengan igual importancia para el medio ambiente de Bogotá, donde la Tingua, el Chirriador, el Cucarachero, el Chamicero y las 23 clases de mariposas no tengan que salir volando de su hábitat sin rumbo a causa de un capricho del alcalde y sus contribuyentes de campaña electoral, a pesar de lo estudiado y realizado por la administración anterior en la reserva.

 

 


Y no es para menos la oposición levantada desde diversos sectores de la ciudad contra la pretención de Peñalosa, pues según la ley existe una prohibición para construir las 1.400 hectáreas de la reserva, por lo que solo se podría proceder en las 2.000 hectáreas que actualmente hacen parte del Plan de Ordenamiento de la zona norte en donde no se daña ninguna zona protegida.


Ante esto, la estrategia del Alcalde para modificar la reserva consiste en sustituirla por corredores ambientales (ver mapa), donde se esbozan los planes para la Van der Hammen, evidenciando en el primero –de izquierda a derecha– la delimitación actual de la reserva marcada en color verde oscuro; el segundo la propuesta de propietarios de predios para liberar sus suelos de la reserva en 2011 y crear los corredores ecológicos que conectarían los cerros con el rio Bogotá y, por último, la propuesta del Alcalde y su secretaría de ambiente con corredores ecológicos –mostrados en verde claro– unidos con las vías principales de la ciudad.

 

 

Estos mapas evidencian, en últimas, el ánimo depredador del alcalde Peñalosa, echando en saco roto los estudios hechos por Thomas Van der Hammen y su grupo de investigación en esta zona rica en biodiversidad, que lleva cuatro años destinados a su recuperación y rehabilitación.


En contra de la evidencia natural y científica, entre bambalinas, Peñalosa, intenta devolver favores a los contribuyentes urbanistas de su campaña electoral, pretendiendo densificar la ciudad en sus límites, botando por el caño los planteamientos del centro ampliado y densificación de éste.


Para finalizar una perla, lo dicho sin vergüenza alguna por el secretario de ambiente distrital Francisco Cruz, quien declaró que “no hay reservas intocables”, pareciendo más un secretario de hacienda con intereses oscuros que otra cosa.


Hay que impedir que arrasan con esta reserva ambiental, Es necesario que entiendan que el aire que respiramos es de todos y todas, que se trata del bienestar de la gente para que hoy, mañana y en un futuro se pueda vivir dignamente, que entiendan que especular con un bien común e invaluable como el aire y agua no es propio de líderes serios... vendiendo el futuro hasta de sus hijos, que a diferencia de los del panadero estarán en Estados Unidos o Europa gozándose las ganancias de lo que nos privatizaron.

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Miércoles, 12 Noviembre 2014 07:05

Teología del Gran Canal

Teología del Gran Canal

Ahora quizás resulte que la idea mesiánica del Gran Canal de Nicaragua tenga un origen teológico. Y no una teología cualquiera, sino la teología de la liberación. Durante una reciente reunión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) celebrada en Managua, el comandante Daniel Ortega reveló que no le fue fácil convencerse de las bondades del canal interoceánico cuya construcción y propiedad entregó por medio de un tratado de 100 años de duración al empresario chino Huan-Ying, hasta que lo persuadió de lo contrario el célebre teólogo brasileño Leonardo Boff.


El propio Ortega lo contó de esta manera: "La prueba de fuego la pasé con Leonardo Boff... hace dos años andaba aquí Leonardo, ya estaba lo del Canal, y hablé con Leonardo, que es un defensor de la naturaleza. Yo venía preparado para que me dijera que la construcción del canal era una barbaridad, eso esperaba". Pero fue todo lo contrario.


El teólogo, creador y promotor de la Carta de la Tierra , le habría hablado de las bondades de megaproyectos desarrollados en Brasil, hidroeléctricas y obras a cielo abierto en la selva: Y me decía que sí, que existían los cuestionamientos, pero que ellos acompañaron los proyectos y que el impacto que habían tenido había dado vida a los bosques.


Entre los ejemplos que Boff le puso estaba la represa de Itaipú en el río Iguazú, entre Brasil y Paraguay, iniciado para el tiempo de las dictaduras militares en ambos países, una de las siete maravillas del mundo moderno. Eso fue un gran alivio para mí, comentó Ortega. Un alivio trascendental, pues hasta antes de su providencial reunión con Boff, la construcción del canal le parecía una monstruosidad. En mayo de año 2007 había declarado ante una asamblea de ecologistas: No habrá oro en el mundo que nos haga ceder en esto, porque el Gran Lago es la mayor reserva de agua de Centroamérica y no la vamos a poner en riesgo con un mega-proyecto como un canal interoceánico.


Todo el mundo sabe quién es Leonardo Boff, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, y el prestigio que tiene en la izquierda mundial. Enjuiciado por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, fue condenado a la suspensión a divinis, y luego abandonó la orden franciscana. Hace poco ha relatado él mismo aquel encuentro con Ortega, decisivo para el destino de Nicaragua, si es que los chinos llevan adelante la construcción de su Gran Canal:


"No tengo secretos. Hace dos años, en una conversación informal en la casa del ex canciller Miguel D'Escoto, el presidente Ortega dijo que Estados Unidos está presionando a todos los países y a las empresas para que no hagan inversiones en el país. Y Nicaragua se está ahogando en deudas. La solución definitiva sería construir un canal que le daría al pueblo nicaragüense un mínimo de subsistencia y desarrollo".


Boff es un hombre respetado por la seriedad de sus opiniones, y tiene personas a su alrededor que filtran para él las informaciones en que sustenta sus criterios; de modo que debería saber que no es cierto que Estados Unidos mantenga ningún bloqueo económico ni financiero sobre Nicaragua, y que las relaciones de cooperación económica entre ambos países, incluidas las inversiones, son normales, como pueden atestiguarlo los propios representantes de la empresa privada nicaragüense que celebran las política de absoluto libre mercado de Ortega.


Tampoco es cierto que Nicaragua se esté ahogando en deudas. El Banco Central se precia de que el país es un excelente pagador de sus créditos públicos y privados, y de la solidez de sus reservas monetarias. Nicaragua no se halla en ninguna lista negra de deudores internacionales, y el gobierno de Ortega cuenta con el aval entusiasta del Fondo Monetario Internacional para sus operaciones de crédito.


Y hay más. De acuerdo con el Índice de Libertad Económica en el Mundo, que tiene que ver con la inversión extranjera, Nicaragua, que ocupaba el vergonzante lugar 111, ha escalado en los últimos años 75 posiciones, y se coloca en el primer rango de países donde el Estado interfiere menos con regulaciones del mercado y el flujo de capitales. Es decir, un ejemplar gobierno neoliberal.


Y sigue Boff explicando sus consejos a Ortega: "Le dije que debemos combinar los dos polos, el humano y la naturaleza, ya que ambos se pertenecen. Y que hoy en día existen tecnologías que pueden evitar daños irreparables. Aconsejé que fuera a visitar la presa más grande del mundo, la de Itaipú en Foz do Iguaçu, pues allí se lleva a cabo una experiencia exitosa de equilibrio entre el hombre y la naturaleza... fue todo lo que dije".


Pero aún dice algo más: China es uno de los pocos países que se resiste y se enfrenta a Estados Unidos .Todas las demás empresas fueron bloqueadas. Y ya no sabemos si esta última frase es suya propia, o la copia de Ortega. De cualquier modo, para un hombre tan bien enterado, debería resultar obvio que eso también es falso. China y Estados Unidos no están enfrentados alrededor del cacareado Gran Canal por Nicaragua.


Ni tampoco Estados Unidos ha prevenido a sus empresarios de no invertir en este hipotético proyecto, a lo mejor porque la Casa Blanca lo sigue considerando fantasioso. La prueba de que no existe tal hostilidad, está en que cuando Wang Ying lo presentó con toda pompa en Managua en 2013, se hizo rodear de representantes de poderosas empresas estadunidenses cuyos servicios había contratado, una de ellas los cabilderos McLarty & Associates, dueños de una clientela que incluye a Wallmart y la General Electric.


Y Boff debería saber también que entre los grandes expertos al servicio de McLarty figura John Dimitri Negroponte, quien desde su cargo de embajador de Reagan en Honduras dirigió en los años 80 las operaciones militares de la CIA contra Nicaragua.


Quizás estamos asistiendo al nacimiento de una nueva teología.


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Grupo Solarte/Sonacol (paraempresarios uribistas) desconoce y viola Consulta previa de Comunidad Inga-Kametsa de Mocoa, Putumayo

El gobierno del señor Santos vive la euforia de la infraestructura y construcción de las dobles calzadas de cuarta generación/4G. Las de primera, segunda y tercera generación no han tenido los resultados celebrados en los medios durante los últimos 10 años.

El gobierno le está adjudicando la culpa de su retraso a los trámites de las licencias ambientales y Consultas previas a las comunidades étnicas, planteando, en consecuencia, una nueva reglamentación de tales instituciones, afectando derechos fundamentales de los indígenas y afrodescendientes, y la protección de ecosistemas estratégicos. Ya se expidió el Decreto 2041 de octubre de 2014 que modifico el trámite para la expedición de Licencias ambientales, el cual se hará de manera muy rápida, generando graves riesgos para la protección del medio natural. Está en curso una fuerte arremetida contra la Consulta previa y los derechos que la componen.

En el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, se encuentra ubicado el Cabildo indígena de la familia Inga-Kametsa, conformada por 112 núcleos familiares con 410 habitantes. Sobre su territorio ancestral se ejecuta un megaproyecto vial por la empresa Sonacol, propiedad de una poderosa familia pastusa de apellido Solarte. Dicha obra se ejecuta desconociendo el derecho fundamental a la Consulta previa a los grupos étnicos existentes, afectando gravemente su hábitat natural y el sistema ecológico amazónico.

El Cabildo ha realizado todos los tramites y gestiones ante las autoridades correspondientes, mediante derechos formales de petición, pero los resultados han sido completamente nulos por causa de la negligencia y arbitrariedad de tales entidades que han preferido favorecer los oscuros intereses de la empresa constructora, por cierto muy ligada al campo político del señor Uribe Vélez, quien los favoreció, durante su gobierno, con gigantescas contrataciones.

La comunidad Ingá-Kametsa es descendiente de los Incas, hace parte de la familia lingüística quechua, lo que permite a las comunidades asentadas en Perú, Bolivia y Ecuador comunicarse con ella. El número de indígenas miembros de la etnia Inga-Kametsa gira alrededor de unas 17.855 personas, ubicadas en el departamento de Putumayo. Para dicha comunidad tiene un profundo significado lo vegetal dentro de su vida cotidiana, al extremo de constituirse en el eje de referencia para guardar su memoria y los paradigmas de su historia. En efecto, la chagra o parcela del chamán puede considerarse como un microcosmos, donde se encuentran tanto los elementos básicos del mundo mítico como también las fuerzas que los animan.

Estos grupos acostumbran tener dos tipos de chagra, una de las plantas medicinales y otra la de cultivos comestibles. Mujeres y hombres siembran durante la luna llena en abril, mayo y junio.

Sobre el territorio de dicha comunidad se adelanta en la actualidad el Contrato No 407 de 2010, Modulo 1. Explotación de materiales de construcción, ubicado en jurisdicción del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.

Se trata del proyecto de "Construcción de la variante San Francisco Mocoa"", que comprende la construcción de una vía nueva entre las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa, la cual será una ruta de una sola calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud aproximada de 45.6 Km, incluyendo 49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de contención, obras de arte y demás.

El 60% del trazado de la variante se encuentra ubicado en la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa.

Para la ejecución de este proyecto se cuenta con un presupuesto aproximado de quinientos mil millones de pesos (260 millones de dólares), que serán ejecutados a los largo de 6 años iniciando en el mes de septiembre de 2010 y terminando en el 2016.

Este proyecto de infraestructura hace parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa), cuyo objetivo es desarrollar proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones; promover la integración regional; y facilitar la extracción de recursos naturales. Estrategia que cuenta con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.

Se trata de una obra de interés para la región Inga, incluido dentro del megaproyecto "Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará", el cuál involucra directamente a los territorios indígenas de Putumayo. Este corredor multimodal está integrado por proyectos de naturaleza vial, fluvial, marítima y portuaria. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia, son dos las funciones estratégicas del Corredor Intermodal: implementar el eje de desarrollo e integración del sur de Colombia, las zonas del norte ecuatoriano, el Amazonas peruano y el norte de Brasil, y potenciar la interconexión del interior del continente con la cuenca del Pacífico.

Lo grave de dicho proyecto es que lo implementan desconociendo la existencia de los pueblos Kametsa e Inga agudizando el despojo del territorio ancestral heredado por el Gran Cacique Carlos Tamoabio y bajo testamento otorgado el 15 de marzo del año 1700 y protocolizado en la Notaria Segunda de Pasto el 28 de septiembre de 1928. Se trata de un proyecto perjudicial para sus culturas y demás población del Putumayo puesto que la variante hace parte de un ambicioso megaproyecto de la Integración Regional Suramericana, que en nada beneficiara a los pueblos indígenas y demás habitantes del Putumayo ya que sus intensiones son de explotación minera, de recursos naturales, hídricos e hidrocarburos verificado a través de documento y mapas expedidos por Ingeominas en los que se observan las concesiones de explotación minera concedidas a multinacionales; la variante pasa justo por donde están ubicadas las minas.

La reserva forestal de la cuenca alta del rio Mocoa y el ecosistema del cual hace parte, es una zona muy rica en recursos naturales, fauna, flora, especies animales, recursos hídricos, mineros, hidrocarburos y maderables que hasta el momento se conservan en estado virgen por ser lugares sagrados dentro del territorio ancestral por cuanto allí se albergan los elementos vitales para los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes del Alto, Bajo Putumayo y amazonas y que en este momento están en amenaza de ser intervenidos por la construcción de la mencionada vía.

Dentro de los planes de manejo ambiental y social que el Invías, Sonacol, Consorcio Vial del Sur y Corpoamzonia plantean para mitigar los impactos ambientales y sociales, no proponen alternativas eficaces que garanticen el menor impacto posible al ambiente, el ecosistema del cual hace parte la Reserva por cuanto no analizaron a fondo los efectos y daños acumulativos de largo plazo tanto en el aspecto ambiental y sociocultural ya que solo proponen para los pueblos indígenas el mejoramiento de las estructuras físicas de los Cabildos y la capacitación a un grupo reducido de personas indígenas en proyectos de etnoturismo.

Conviene recordar que el Ministerio de Medio Ambiente mediante auto 857 emitido el 23 de diciembre de 1996 y 125 del 10 de marzo de 1997 negó a Invías la alternativa UNO de construcción de la Variante San Francisco Mocoa debido a los graves efectos ambientales que ocasionaría.

Invías, para lograr la revocatoria de esta determinación por parte del Ministerio del Medio Ambiente, celebró una audiencia el cinco de marzo de 1999, en la ciudad de Mocoa en donde solo participaron en su mayoría politiqueros que manejan las instituciones de la región como la gobernación del Putumayo, alcaldías, cooperativas de transportadores, Corpoamazonia y otras instituciones desarrollando solo ponencias a favor de la alternativa UNO de construcción de la Variante San Francisco – Mocoa, dejando a un lado el análisis profundo sobre las implicaciones ambientales e impactos irreversibles sobre las culturas indígenas del Putumayo que causará a mediano y largo plazo este proyecto vial.

Recientemente, los representantes del Cabildo Inga-Kametsa, han realizado múltiples gestiones y presentado derechos de peticiones que son desconocidos por los funcionarios. Veamos la relación pormenorizada de dichas actividades.

En septiembre 15 de 2009 se publica el Plan de Manejo Ambiental, Social, Integrado y Sostenible –PMASIS- para el corredor vial Pasto-Mocoa variante San Francisco-Mocoa (co-l1019), donde Corpoamazonia y el Invías, después de una evaluación técnica, económica y ambiental, seleccionan para la obtención de material de arrastre a utilizar en la construcción de la variante San Francisco Mocoa, el Río Mocoa, ya que de conformidad con la normatividad municipal vigente (PBOT de Mocoa) se configura como un lugar apto para su explotación. El sitio exacto propuesto se ubicaba en las inmediaciones del casco urbano de Mocoa con coordenadas: N: 620.200 m, E 1.048.400 m.

En la margen derecha del río Mocoa se encontraba para esa fecha y se encuentra en la actualidad el asentamiento "El Guadual", el cual ocupa territorios ancestrales, donde se ha mantenido viva la cultura, el pensamiento, la cosmovisión, los usos y costumbres del Pueblo Inga.

Para los meses de octubre y noviembre de 2011, la empresa Sonacol S.A.S., realizó acercamientos con el asentamiento Indígena "El Guadual", enviando un profesional para realizar el censo de la comunidad, pero en ningún momento a esta le fue socializado el proyecto. Si bien es cierto se firmaban actas, se desconocía su contenido mediante maniobras de la empresa y los corruptos funcionarios gubernamentales, que variaban fraudulentamente los textos.

El 31 de enero de 2012, la empresa Sonacol S.A.S., se reúne con las familias del asentamiento "El Guadual", pero sin las garantías al debido proceso y el derecho a la Consulta Previa, se llegan a unos acuerdos verbales, como contraprestación al permiso para el paso del material de arrastre por el territorio de la Comunidad. Dichos acuerdos los plasma la empresa en un acta que hace firmar a cada una de las familias, sin entregarles copia de la misma, alteradas posteriormente. Luego, cuando la comunidad finalmente conoce el documento, es que se dan cuenta que aparecen compromisos a los cuales nunca se había llegado. Por lo que consideran que la empresa se aprovechó del desconocimiento que para la época tenía la comunidad respecto a su derecho a ser consultados.

El Servicio Geológico Colombiano, a través de su Dirección del Servicio Minero expide, por solicitud del Consorcio Vial del Sur, la Resolución DSM No. 0021 del 21 de febrero de 2012, por medio de la cual se concede la autorización temporal No. MLM-08541 para que el Consorcio Vial del Sur, explote durante tres (3) años a partir de la inscripción de la resolución en el Registro Minero, el yacimiento de materiales de construcción ubicado en el río Mocoa con coordenadas: N: 620620.8 m, E 1048450.0 m, para la construcción de la variante San Francisco Mocoa. Cabe anotar que esta Resolución está sujeta al adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental (Art. 10 de la Ley 1382 de 2010) y por tanto el Consorcio Vial del Sur, está obligado a acatar lo establecido en el artículo 117 del Código de Minas, en lo que se refiere a la obtención de la Licencia Ambiental, como requisito legal para la ejecución de esta Autorización Temporal.

A partir del visto bueno emitido por Corpoamazonia, en el sentido de que se encontraba en trámite la Licencia Ambiental y del permiso temporal otorgado por el Servicio Geológico Colombiano, para la ejecución del proyecto: Contrato No. 407 DE 2010, la empresa Sonacol S. A. S., inició actividades hacia el mes de febrero de 2012, teniendo pleno conocimiento y ocultando a las entidades la presencia de la comunidad indígena Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto.

El día 1 de abril del 2013, la empresa Sonacol S.A.S, envió una solicitud al Incoder para que esta entidad le indicara, de acuerdo a sus bases de datos e información, si en la zona de extracción de minerales del Río Mocoa, ubicada en el municipio de Mocoa, del proyecto: CONTRATO No. 407 DE 2010, se encontraban resguardos titulados y en trámite de titulación de las comunidades indígenas.

Para el día 9 de julio de 2013, el Incoder remitió un oficio como respuesta a una solicitud de la empresa Sonacol S.A.S., en el que indicaba que aun cuando las coordenadas del área de influencia directa del proyecto: Contrato No. 407 DE 2010, no coincidían con coordenadas de resguardos indígenas titulados registrados en el Sistema de Información Geográfica –SIG-, ni tampoco en la Base de Datos de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, el proyecto: Contrato No. 407 de 2010, podría no obstante, impactar sobre los territorios titulados o en proceso de titulación de las comunidades indígenas del Putumayo, y que por lo tanto, si al adelantar actividades la empresa encontrara la presencia de comunidades indígenas o de sus territorios debería informar de manera inmediata a esta entidad.

La empresa Sonacol S.A.S como ejecutora del proyecto: Contrato No. 407 DE 2010, que conocía previamente (exactamente desde octubre de 2011) "la presencia" de la comunidad Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto en mención, omitió lo estipulado tanto en la resolución No. 949 del 30 de mayo de 2012, como la Certificación emitida por el INCODER el 9 de julio de 2013, al no informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y al Incoder, la presencia de dicha comunidad, evitando con ello que estas entidades inicien el proceso de Consulta Previa con todos derechos, en cumplimiento del artículo 330 de la Constitución Política, del artículo 7 de la Ley 21 de 1991, del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 2820 de 2010.

La comunidad Ingá de Mocoa el día 31 de julio de 2013, a través del señor Álvaro Muchaviso y Buesaquillo, en calidad de Gobernador del Cabildo para el periodo de 2013, solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que verificara y certificara la presencia de la Comunidad Indígena Inga de Mocoa, en el área del mencionado proyecto y garantizara de esta manera el derecho a la Consulta Previa.

En respuesta a la solicitud del Gobernador del Cabildo Inga, el Ministerio del Interior certificó la presencia del Cabildo Inga de Mocoa en el área de influencia directa del proyecto: Contrato No. 407 DE 2010, por medio de una visita de verificación en campo que se llevó a cabo entre el 11 y el 14 de diciembre de 2013, la cual concluyó que en el área de influencia de dicho proyecto había presencia del Cabildo Inga de Mocoa, reconocido por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Con base en la información aportada y recogida en esta visita de verificación, se emitió la Resolución No. 20 del 6 de marzo de 2014 que revoca el Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012.

Aun con la entrada en vigencia del Acto Administrativo No. 20 del 6 marzo de 2014, y con pleno conocimiento de ello, la empresa Sonacol S.A.S. siguió ejecutando sin interrupción alguna el proyecto: Contrato No. 407 DE 2010. Por tal motivo, la comunidad a través del señor Antonio Jacanamejoy Quinchoa, en su calidad de Gobernador del Cabildo indígena Inga de Mocoa periodo 2014, envió hasta el 4 de abril de 2014, varios derechos de petición y oficios a distintas autoridades e instituciones nacionales y regionales, para que intervinieran y corrigieran el desconocimiento de los derechos de la comunidad Indígena Ingá de Mocoa a ser consultados y a un ambiente sano, solicitado reiteradamente la colaboración institucional para lograr el cese de actividades de dicho proyecto y el inicio de una Consulta Previa.

Tales derechos de petición se han realizado a las siguientes autoridades:

  • − Al Secretario de Gobierno Municipal, de la Alcaldía de Mocoa, Doctor Oliverio Pérez, el día 25 de marzo de 2014;
  • − Al señor William Rengifo, Director de Corpoamazonia, el día 25 de marzo de 2014;
  • − A la Doctora Martha Pastrana, Procuradora Regional del Putumayo, el día 4 de abril de 2014;
  • − A la Dirección del Servicio Minero del Servicio Geológico Colombiano, el día 7 de mayo de 2014;
  • − A la Agencia Nacional de Minería, el 9 de mayo de 2014;
  • − A la Defensora del Pueblo del Putumayo, el 4 de abril de 2014;
  • − Al Personero Municipal de Mocoa, Doctor Honer Fajardo, el día 4 de abril de 2014.

A la fecha, ninguna de las peticiones anteriormente mencionadas ha tenido una respuesta concreta conforme lo dispone la Constitución, la Ley, los pactos internacionales y las Directivas del Gobierno Nacional; así mismo, debe resaltarse que algunas respuestas, cuando ocasionalmente se han dado, han sido sesgadas o distorsionadas, no indican compromiso, otras muestran su falta de competencia frente a algunos de los temas, evadiendo su responsabilidad. En cuanto a la respuesta de Corpoamazonia emitida el 28 de marzo de 2014, se señala que esta entidad deja claro que suspendió el trámite de la Licencia Ambiental del proyecto: Contrato No.407 DE 2010, hasta que el solicitante de la licencia se pronuncie al respecto, sin embargo la empresa continuó con las actividades como si esta decisión de la máxima autoridad ambiental no tuviera el correspondiente rigor legal.

Para el día 10 de abril de 2014, la comunidad a través del señor Antonio Jacanamejoy Quinchoa, en su calidad de Gobernador del Cabildo indígena Inga de Mocoa periodo 2014, envió un derecho de petición a Sonacol S. A. S., empresa ejecutora del proyecto: Contrato No.407 DE 2010, para que soliciten a la Dirección del Consulta Previa del Ministerio del Interior, el inicio del proceso de la Consulta Previa y especificaran las diligencia que han realizado frente al proceso de la Resolución No. 20 del 6 de marzo de 2014. Dentro de las peticiones, también se incluían el cese de actividades del proyecto, una copia del proyecto, y una copia del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto.

La empresa Sonalcol S. A. S. dio respuesta al Cabildo el día 25 de abril de 2014, diciendo que desde el momento en que se dio a conocer por parte del Ministerio del Interior la certificación No. 20 del 6 de marzo de 2014, cesaron las actividades en el tramo del río que se encuentra cercano al predio denominado "El Guadual" dejando claro que no cesaron las actividades del proyecto; adicionalmente, responden que también habían solicitado al Ministerio del Interior suministrar las coordenadas del área en la cual se encuentra la comunidad del Cabildo Inga de Mocoa, pero el Ministerio del Interior remitió esa solicitud al Instituto Geográfico Agustín Codazzi el 9 de abril de 2013, con el fin de superponer esta área con las del polígono de explotación de materiales de construcción. Así mismo, la empresa envía "por primera vez" copia magnética de el contrato No. 407-2010, el Estudio de Impacto Ambiental, y de la autorización temporal para la extracción de material de arrastre otorgada por la Agencia Nacional de Minería.

Una vez revisado el caso y el Estudio de Impacto Ambiental -EIA, por parte de los técnicos y profesionales de la comunidad Inga de Mocoa, se concluye que las ejecuciones, las obras y las actividades del proyecto "Contrato No.407 DE 2010, han generado impactos y afectaciones ambientales, sociales, económicas, culturales, espirituales, de patrimonio (material e inmaterial), y a la salud indígena, entre otros.

La Comunidad indígena advierte una serie de daños, afectaciones y violación a la norma así:

  • − La empresa no tuvo en cuenta la historia, ni memoria de la comunidad indígena que vive en el lugar, y por razones técnicas estos relatos y/o estudios son prioritarios cuando se trata de realizar etapas pre-operativas en sitios que sean vulnerables o de riesgos para las comunidades (normativa del Art. 32 y 177 del PBOT de la Alcaldía de Mocoa, 2008; y las contempladas en la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 2820 del 2010, Ley 685 de 2001). Revisados algunos informes y actas de la Alcaldía, Corpoamazonia, y la empresa Sonacol S. A. S – Consorcio Vial del Sur, se concluye que no se tuvo en cuenta un estudio socioeconómico, cultural o étnico que reconozca a los cabildantes vivientes en el territorio "El Guadual".
  • − El territorio es considerado desde la cosmovisión como espiritual y sagrado, por lo tanto, las intervenciones perturban íntegramente la estructura sociocultural de la comunidad Inga.
  • − La maquinaria de la empresa ha hecho cambios y transformación del ecosistema natural.
  • − Se ha hecho la apertura de una vía para el tránsito de trabajadores y camiones de la empresa, lo que fragmentó el ecosistema del predio "El Guadual" incrementando seriamente el efecto de borde y generando inseguridad en la zona.
  • − Hay pérdida considerable de la regeneración natural de la vegetación (sucesión vegetal) en las orillas del río; además, en el inicio de las obras de la construcción de los jarillones se talaron árboles juveniles perturbando la sucesión vegetal que se estaba generando en estas zonas de riesgo.
  • − El paisaje ha sufrido alteraciones, por lo tanto los cambios han sido en su estructura y función.
  • − Es evidente el desplazamiento de especies acuáticas como: peces, anfibios, macro y microinvertebrados.
  • − Por otra parte, también se originó desplazamiento de especies terrestres como: reptiles, pequeños mamíferos (ratones de agua, raposas, zarigüeyas, conejos).
  • − El movimiento de material de arrastre genera sólidos suspendidos en el agua (lodo, arena delgada).
  • − Existe un movimiento constante de materia orgánica y lodo, que perjudica las especies acuáticas, de igual forma el movimiento genera acumulación de limo y material vegetal aguas abajo.
  • − El tránsito de vehículos grandes ha causado estrés a transeúntes y lugareños, dada la incomodidad para caminar libremente por la orilla del rio.
  • − Los cabildantes enfrentan enfermedades respiratorias producto del polvo (molestias en ojos y mucosas).
  • − En la zona se genera contaminación por el ruido de volquetas y retroexcavadoras. En ocasiones las jornadas de trabajo inician desde tempranas horas (6:00 a.m. a 6:30 p.m.).
  • − Son considerables hasta el momento las afectaciones en cultivos de la chagra tradicional alimentaria y la chagra medicinal.
  • − Las continuas actividades de la maquinaria han ampliado y ensanchado la orilla del río en diferentes tramos.
  • − Son notables las malas obras de ingeniería hidráulica (construcción de jarillones); en época de invierno (junio del 2013 y 2014), la creciente puso en riesgo una casa habitada, cultivos y ganadería.
  • − Actualmente se continúa con las actividades (de maquinaria, operarios, y transito) de extracción de material de arrastre aguas arriba y aguas abajo del río Mocoa cercanamente al territorio "El Guadual", afectando considerable e integralmente la comunidad Inga.
  • − Las malas obras de ingeniería por parte de la empresa Sonacol S. A. S – Consorcio Vial del Sur (la construcción de jarillones al borde del río), han ocasionado un desvío del cauce habitual del río y ponen en riesgo y amenazan la misma vida de los cabildantes, cultivos, casas y distintos bienes; así mismo en los últimos años (2012, 2013 y 2014), las crecientes del río han derribado al jarillón, y el río ha tomado dos cauces: el curso normal junto a la montaña y el curso que se formó por la división del jarillón, junto al territorio "El Guadual", lo que genera una fuerte amenaza de inundación para sus habitantes y su sobrevivencia.
  • − La maquinaria produce grandes fosas, hoyos y enormes pilas de sobrecapa.
  • − Se ha cubierto con arena, tierra y piedras un afloramiento de agua llamado Flautayaco.
  • − Se ha transformado el cauce normal del río, ya no hay pozos de pesca artesanal para la subsistencia de los cabildantes.
  • − El encauzamiento del río en línea recta ha pegado de manera directa a la peña (montaña) ocasionando deslizamientos de tierra y de vegetación.
  • − La continua actividad de la maquinaria ha aflojado e inestabilizado el estrato y el fondo del río.
  • − Los linderos del territorio indígena se han convertido en un botadero de tierra.
  • − Se ha profundizado y modificado el curso del río y las áreas costaneras, dejando grandes montones de desechos de arena y tierra.
  • − Se ha incrementado la contaminación de desechos y basuras en la orilla del río; igualmente se ha observado que los trabajadores de la empresa dejan residuos de grasa y aceite, producto de los equipos y maquinaria.
  • − Actualmente, el territorio indígena se ve perjudicado por el constante paso de volquetas, retroexcavadoras, entre otros.
  • − La intervención de la empresa ha ocasionado en la zona problemas sociales como: robos, drogadicción y atracos.
  • − Los cabildantes se sienten inseguros por el paso continuo de visitantes no gratos en la zona.
  • − El río se postula como un área de constante extracción de material de arrastre por diferentes interesados, sea estos particulares, otras empresas y la alcaldía municipal de Mocoa.
  • − Dado el interés económico por el material de arrastre, los propietarios y vecinos colindantes del río han iniciado conflictos en cuanto al uso de la tierra (pérdida de linderos).

La comunidad a través del señor Antonio Jacanamejoy Quinchoa, en su calidad de Gobernador del Cabildo indígena Inga de Mocoa periodo 2014, envió un derecho de petición al Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa, el día 7 de mayo de 2014, a través del cual se solicita emitir un comunicado para formalizar los actos protocolarios de la Consulta Previa con la comunidad Inga de Mocoa, colabore para que haya un cese de actividades del proyecto: Contrato No.407 DE 2010, y se solicite al Servicio Geológico Colombiano la suspensión de la Autorización Temporal No. MLM-08541.

Para el día 20 de mayo de 2014, el Ministerio del Interior responde que la Consulta Previa no es un acto de información o notificación que se le hace a una comunidad sobre un proyecto de explotación de los recursos naturales, sino que va más allá, y que el Ministerio como garante del proceso de Consulta Previa, insta al Cabildo Inga de Mocoa a que solicite el inicio del proceso de Consulta Previa para que de esta manera le sea respetado este derecho fundamental como sujetos colectivos de protección especial. Sin embargo, el Ministerio desconocía en ese entonces todos los derechos de petición que ya venía realizando la comunidad en los cuales se solicitaban a diferentes autoridades dar inicio al proceso de Consulta Previa y se garantizara este derecho fundamental.

El 26 de junio de 2014, Corpoamazonia emitió una nueva respuesta al derecho de petición enviado por La comunidad, el día 25 de marzo de 2014, indicando que procedió de conformidad con el Acto Administrativo No. 20 del 6 de marzo de 2014, emitiendo la auto DPT No. 079 del 7 de abril de 2014, mediante la cual se suspende temporalmente el trámite de la Licencia Ambiental para minería a la Autorización temporal MLM-08541 del Servicio Geológico Colombiano, para el proyecto: Contrato No.407 DE 2010, y que solamente cuando el consorcio Vial del Sur realice el proceso de Consulta Previa se continuará con el proceso de trámite de la Licencia Ambiental. No obstante, La empresa Sonacol- Consorcio Vial del Sur, continúa efectuando sin interrupción alguna el proyecto.

Así mismo, Corpoamazonia en el ejercicio de sus competencias como máxima autoridad ambiental del departamento del Putumayo debió: (a) informar simultáneamente al Servicio Geológico Colombiano este hecho, con lo cual se debió suspender, también, la Resolución DSM No. 0021 del 21 de febrero de 2012, por no cumplir con lo establecido en el artículo 117 del Código de Minas; y, (b) solicitar como máxima autoridad ambiental del departamento del Putumayo el cese de las actividades del proyecto: Contrato No.407 DE 2010, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12.

El día 8 de julio de 2014, la comunidad, a través de el señor Antonio Jacanamejoy Quinchoa, en su calidad de Gobernador del Cabildo indígena Inga de Mocoa periodo 2014, envió un nuevo derecho de petición al Ministerio del Interior, en el cual detalla las gestiones realizadas por el Cabildo Inga de Mocoa desde el 25 de marzo hasta el 4 de abril de 2014, para que las entidades municipales brinden apoyo y den inicio al proceso de Consulta Previa, así mismo, solicita a la Dirección de Consulta Previa que intervenga y subsane la evasión de la Consulta Previa por parte de la empresa Sonacol, ya que la comunidad Inga de Mocoa se ve afectada, especialmente la que habita en el predio "El Guadual".

Para el día 22 de julio de 2014, el Ministerio del Interior dio respuesta al anterior derecho de petición, en el cual indica que atendiendo a la solicitud de la Comunidad Inga de Mocoa, oficiará a la empresa Sonacol S. A. S., para que deponga los motivos por los cuales ha omitido el deber legal de solicitarle a la Dirección de Consulta Previa el inicio formal del proceso de Consulta Previa con esta comunidad.

Que de acuerdo a conversaciones personales de cabildantes de la comunidad con empleados de la empresa Sonacol S.A.S., se estima que la cantidad diaria de volquetas con carga de material del río ascienden a aproximadamente unas 150, lo que en un mes de trabajo continuo, suma un total de 4.500 volquetas de material de arrastre o más, superando de esta manera los topes establecidos por el Servicio Geológico Colombiano, y cometiendo un Delito Ambiental al no tener ni Licencia Ambiental en trámite, ni Autorizaciones Temporales vigentes contempladas por la normatividad minera.

Estas han sido las innumerables gestiones adelantadas por el Cabildo Inga-Kametsa de Mocoa para alcanzar la realización de la Consulta previa respecto de dicho proyecto vial que la está destruyendo. La Consulta previa en los términos de la Ley y los Convenios internacionales debe permitir a las comunidades indígenas contrarrestar los daños de un proyecto determinado, acceder a sus beneficios, si es del caso, o anular un proyecto determinado.

Nada de esto se ha dado en Mocoa. Lo último que ocurrió es que el Tribunal de Bogotá, concedió una tutela a Sonacol y sus propietarios, la familia Solarte, mediante la cual se desconoce el derecho fundamental a la Consulta previa a la comunidad Inga-Kametsa, porque supuestamente esta desconoció el debido proceso. ¡Que tal! Una decisión judicial absurda y corrupta. Es inadmisible que un Tribunal judicial argumente la alteración del debido proceso para negar un derecho esencial a los grupos indígenas del Putumayo.

Urge la solidaridad con los indígenas Inga y Kametsa de Mocoa.

No puede haber paz con esta clase de arbitrariedades patrocinadas por el Gobierno nacional.

Mocoa, 2 de noviembre de 2014.

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Emcali. Al servicio de las constructoras y del sector inmobiliario

Tres que son uno. El Plan de Desarrollo Municipal Cali (2012-2015), el Acuerdo Municipal del G-11 –aprobado recientemente por la mayoría en el Concejo local– y el borrador de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), resumen y potencian una ciudad al servicio del capital nacional e internacional, propósito concretado a través de una planificación que define unas políticas y un modelo del territorio al servicio de una agenda regional priorizada de acuerdo a las necesidades del mercado y de la élite empresarial.

 

Una perla. El POT establece el Macroproyecto de Interés Social Nacional Ecociudad Navarro, que permite la construcción de viviendas de interés social a menos de un kilómetro del relleno sanitario de Navarro, cuando existen estudios que señalan que deben construirse a una distancia, mínima, de tres kilómetros. También establece el Plan Jarillón Aguablanca y obras complementarias (Pjaoc), el cual contempla la reubicación de las 5.500 familias que habitan en estos territorios (1). En el POT no se reglamenta la participación de la plusvalía generada por éstas y otras obras, así como las cargas y beneficios específicos. Cabe señalar que este proyecto de revisión y de ajuste del POT fue calificado como deficiente por el Consejo Municipal de Planeación.

 

De esta manera Cali se ajusta a las dinámicas de las principales ciudades del país, donde la prioridad es la "belleza", la "competitividad" y su capacidad de atracción para las inversiones de capital extranjero. Con ello transforman la urbe en una mercancía a la venta (city marketing), una plataforma de negocios para que las inversiones sean más rentables para el empresariado, para lo cual imponen el despojo de la población y someten el patrimonio público al interés privado.

 

En materia de servicios públicos la imposición de este proyecto urbano orienta el grueso de las inversiones que realizan las Empresas Municipales de Cali (EmCali) hacia la generación de mayor rentabilidad para las inversiones del sector privado. En este sentido, fueron comprometidos el año pasado 304 mil millones adicionales para las vigencias comprendidas entre 2014 y 2017, pretendiendo con ello sacar de la quiebra las 21 Megaobras, que han generado sobre costos y problemas económicos a los habitantes de la ciudad.

 

Con esta misma orientación, los proyectos de servicios públicos priorizados en el actual borrador de ajuste y revisión del POT, fueron definidos para el área de expansión del corredor Cali–Jamundí (ver mapa), de esta manera pretenden viabilizar los proyectos que las constructoras ya están ofertando en estos terrenos, los cuales fueron convertidos en urbanizables a través de planes parciales decretados por el alcalde de la ciudad.

 

Estos proyectos de acueducto y alcantarillado en el área de expansión y en las zonas de redensificación, contenidas en el borrador de ajuste y revisión del POT, beneficiarán principalmente a las constructoras y el sector especulativo inmobiliario, sin embargo serán financiados por las Empresas Municipales de Cali. Así se impuso en el acuerdo de pago suscrito entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Guerrero en el marco de la devolución de la empresa, y quedó establecido en el Conpes 3750 de 2013, donde quedó detallado el plan de inversiones.

 

Por estas razones, el gerente general de EmCali Eice Esp Oscar Pardo, asumió el compromiso en los últimos meses –en declaraciones públicas– con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), con anticipar el pago de la deuda que tiene la empresa con la nación, para garantizar lo más pronto posible las obras que requieren las constructoras y el sector inmobiliario en las áreas de expansión y redensificación, estas últimas se concentrarán principalmente en el centro de la ciudad con el proyecto de urbanización ciudad Paraíso, que despojará a la población de los barrios San Pascual, El Calvario y Sucre de la Comuna 3, que de acuerdo a proyecciones realizadas en el 2009 "beneficia" a 3.072 personas reunidas en 978 hogares (2).

 

Este proyecto de urbanización se realizará sobre una extensión de 23,16 hectáreas, correspondientes a 30 manzanas, lo que afectará a 926 predios que son de uso predominantemente residencial, para estratos 1 y 2, aunque también hay allí actividades comerciales. Esta zona está ubicada en el centro tradicional de la ciudad, específicamente entre las carreras 10 y 15 con calles 12 y 17.

 

Este territorio queda establecido como un área de redensificación, en la cual se permitirá construir edificaciones hasta de 12 pisos, dentro de la planificación se proyecta edificar 2.464 apartamentos, un centro comercial y una estación intermedia del Sistema Integrado de Transporte Masivo "MIO" (3).

 

El dinero por cancelar no es poco. Al 31 de diciembre de 2013 la deuda de la Empresa con la nación ascendía a 1 billón 37 mil millones de pesos, y en el año 2025 –cuando se termine de pagar– ascenderá a más de 1 billón 500 mil millones de pesos, incremento exponencial resultado de las condiciones del acuerdo de pago suscrito entre Santos y y el alcalde Guerrero. Estos recursos son los que pondrán a disposición de los proyectos de servicios públicos requeridos en las áreas de expansión y redensificación establecidas en el actual borrador de ajuste y revisión del POT. Este compromiso, sumado a los adquiridos con las 21 Megaobras y el G-11 pondrán en riesgo la viabilidad financiera de Emcali.

 

 

Este sometimiento del patrimonio público que representa la Empresa pública de quienes habitan en Cali, al servicio de las constructoras y el sector inmobiliario, hace parte constitutiva del proyecto de ciudad de corte neoliberal impuesto desde el inicio de la década de los años 90, profundizado con la gestión del alcalde Guerrero. Es por esto que fue reconocida la deuda con la nación, recursos orientados principalmente a las áreas de expansión y redensificación definidas en el POT, aunque esta deuda sea ilegítima en su composición y en los intereses que le han cargado.

 

Hay que recordar que las Empresas Municipales de Cali vienen de un periodo de 13 años de intervención del gobierno nacional, que le impuso el pago prioritario de sus deudas con el sector financiero, lo que impidió atender las prioridades de la población. Ahora se prioriza los interés de las constructoras y el sector inmobiliario, nuevamente en contra del patrimonio público y de las reales necesidades que tiene la población para acceder a los servicios públicos en condiciones de calidad y justicia.

 

Por estas razones es fundamental confrontar este proyecto de ciudad de corte neoliberal, impuesto por diferentes gobiernos municipales y con la anuencia del Concejo. Con este propósito se conformó el Frente Amplio por la Defensa de la Ciudad, para confrontar este modelo de ordenamiento y forjar un territorio para la vida digna, salvaguardando las empresas públicas y los derechos colectivos.

 

* Asesor de SintraEMCALI
1 De acuerdo a la Secretaría de vivienda social de la ciudad, informe de gestión 2012, "Se realizó una verificación vivienda a vivienda en 12 sectores ubicados e el jarillón del río Cauca y 11 sectores en las lagunas del Pondaje y charco azul, realizando una caracterización socioeconómica e iniciando un proyecto social articulado con PJAOC (Plan Jarillón Agua Blanca, Obras Complementarias), este proyecto pretende la reubicación de estas 5.500 familias, con apoyo del Fondo de Adaptación Nacional con lo cual se cumplió con el 100% de la meta".
2 Fuente: http://www.emru.gov.co/contenido/archivos/paraiso.pdf
3 Tomado de http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html (consultado el 9 de junio de 2014).

Publicado enEdición N° 203

A finales de los años 60 a los estudiantes de arquitectura y de ingeniería de la Universidad Nacional, sede Medellín, nos llevaron a ver las complejas obras de mitigación que se hacían en el Hotel Intercontinental (en ese momento en construcción), para impedir que el edificio continuara desplazándose sobre el terreno ladera abajo.

 

En los años 70 las autoridades de planeación de la ciudad establecieron serias restricciones para la construcción en las áreas aledañas al hotel, ya que, según estudios y diagnósticos geológicos y geotécnicos disponibles en ese momento, esa zona de la ladera oriental presentaba serias limitaciones de estabilidad.

 

Años más tarde cuando salta la fiebre constructora en El Poblado, la misma que aún vivimos, gracias a esa curiosa facultad que poseen las tecnocracias de voltear el destino de las cosas de la ciudad, esas tierras –otrora vetadas para la construcción intensiva–, de un momento a otro resultaron colmadas de grandes edificios. Es de suponer que los progresos de la ingeniería, el mejoramiento de las capacidades técnicas de los constructores y contar con nuevos sistemas constructivos, fueron los argumentos que sirvieron en los medios institucionales para justificar el cambio tan radical en la calificación del riesgo de esos suelos.

 

Aunque no es conocido aún, si el suelo tuvo alguna responsabilidad en el colapso del edificio Space y las hipótesis se orientan principalmente a fallas en el diseño estructural, a la mala calidad de los materiales empleados o deficiencias en el proceso constructivo, habrá que esperar el resultado de los estudios que adelantan los especialistas, para saber las causas de una tragedia que no deja de sorprender dadas las características de esta edificación destinada a población de altos ingresos que, en teoría, debería contar con los más elevados estándares de calidad, en un derrumbe que, por demás, sucedió en frío, es decir, sin que mediara un evento natural que en alguna medida lo pudiera justificar.

 

Pero sea que se determine que fueron o no los suelos (un factor determinante en la explicación del colapso del edificio y sus secuelas de muerte y desalojo de residentes), es necesario decir, que el acomodo realizado de las medidas restrictivas de construcción en esa zona por parte de las autoridades de la ciudad, favoreciendo los intereses inmobiliarios que la tenían en la mira, es un ejemplo patente de lo ocurrido desde hace tiempo con el manejo de las políticas reguladoras del desarrollo urbano en Medellín y los municipios del área metropolitana. Sin duda, tales medidas están dirigidas más al favorecimiento de intereses de grandes especuladores urbanos y menos al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la construcción de un urbanismo equilibrado y sostenible, como reza la retórica idealista de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Y es la lógica de funcionamiento de los POT, donde está la semilla de buena parte de los males que padecemos los habitantes de las ciudades, de los cuales la tragedia del edificio Space no es más que la punta del iceberg.

 

Ciudad "compacta"

 

Muchos POT colombianos, entre ellos el de Medellín y Envigado, hablan de ciudad compacta como una imagen de ciudad coherente, equilibrada y sostenible que combina altas densidades con un espacio urbano confortable y bien equipado. En este modelo de ciudad, copiado de urbes europeas, no hay respeto igual que en aquellas ciudades que garantizan: extensas áreas construidas en edificios multifamiliares de máximo 5 a 6 pisos, que cuentan con un adecuado soporte urbanístico en términos de espacio público, vías vehiculares y peatonales, diferentes alternativas de movilidad, equipamientos públicos, comerciales y servicios en los primeros pisos, etcétera.

 

En Medellín, el caso más asemejante a este ideal de ciudad compacta, es la transformación sufrida en barrios como Laureles, Conquistadores y zonas aledañas. Son densificados mediante la construcción de edificios multifamiliares de mediana altura, en lotes que antes ocupaban viejas casonas y, lo más importante, aprovechando una excelente infraestructura urbanística preexistente de amplias vías y zonas verdes y un trazado urbano fluido.

 

Pero, para lamentar, esta idea de ciudad compacta tomó cuerpo como patrón de desarrollo de manera perversa, como ocurrió en la Comuna de El Poblado. Allí, a la existencia de una precaria infraestructura suburbana, a la carencia de un sistema vial adecuado para soportar altas densidades, a la precariedad de espacios públicos y de equipamientos (territorio además pródigo en aguas superficiales y subterráneas y con suelos difíciles para la construcción), le superpusieron un parque habitacional de altísima densidad, dispuesto en un inicio en casas de unidades cerradas y, luego, en torres de 20 y más pisos, haciendo de la densidad el único componente de la "ciudad compacta" que se pretendía crear. He aquí, justamente, el único aspecto que le interesaba al sector inmobiliario, que con la complicidad de diferentes administraciones, de políticos, curadores y funcionarios dolosos, logró; capar o soslayar las obligaciones urbanísticas requeridas para que exista, en realidad, una ciudad compacta que provea calidad de vida, seguridad y civilidad a sus habitantes.

 

Pero lo peor: Este modelo perverso de El Poblado fue copiado en versiones cada vez con menores condiciones, dirigidas a estratos socioeconómicos más vulnerables en otras zonas altas de Medellín como Robledo Alto, Belén, Villa Hermosa y otras, así como también áreas periféricas a los cascos urbanos desarrollados de otros municipios del área metropolitana, como Envigado y Sabaneta, en donde aparte del colapso de movilidad se produjo un serio deterioro del medio ambiente privilegiado que tenían estas zonas.

 

Estos frentes de desarrollo inmobiliario especulativo actúan lote a lote, sin visión de conjunto alguna en los aspectos urbanístico, geológico, ambiental, paisajístico, a base de construir las mismas torres repetitivas de 14, 15, 20 y más pisos, erigidas sin exigencia de idoneidad profesional a sus gestores. Son torres construidas sobre suelos con dudosa estabilidad, montadas sobre precaria infraestructura vial, de servicios y de equipamientos, evitando al máximo cumplir (con la complicidad de las administraciones municipales, las curadurías y los consejos municipales) con las obligaciones y compensaciones urbanísticas que, según las bellas intenciones retóricas de los POT, deberían garantizarse para lograr un desarrollo urbano equilibrado y, lo más grave, soslayando con frecuencia las limitaciones ambientales, arriesgando la estabilidad de suelos, así como la preservación de las aguas naturales y la supervivencia de especies de fauna y flora nativas.

 

Esta pseudo ciudad carente de urbanismo, insostenible ambientalmente, congestionada y fea, no deja muertos visibles como los que produce el colapso de un edificio, pero cabe preguntarse, ¿Quién paga por las des economías en los ingresos de las familias, por las insatisfacciones e incomodidades, por la pérdida de tiempo, por la carencia de espacios de recreación pasiva y activa, por la falta de amoblamientos adecuados, por la pérdida de patrimonios que día a día produce este tipo de urbanismo pirata institucionalizado?, de crecimiento lote a lote, que hoy se tomó nuestras ciudades y que es la fuente de enriquecimiento y, porque no decirlo, de lavado de dineros ilícitos, de la cual se beneficia una industria de la construcción tomada por el espíritu especulativo y de la ganancia a toda costa, con el consentimiento interesado de muchos funcionarios públicos, políticos de oficio y gobernantes.

 

También contribuyen al deterioro

 

Otros factores suman para la formación del iceberg de conflictos que afectan el presente y el futuro de nuestras ciudades:

 

Las curadurías, nutridas en lo económico del mayor número de licencias aprobadas, convertido así, cada vez más, en factor de discordia entre, por un lado los ciudadanos residentes que ven amenazados sus intereses o su calidad de vida, y por el otro los constructores, las oficinas de planeación y de medio ambiente y demás entes públicos competentes o con poder para la construcción de ciudad.

 

Dada su naturaleza dependiente de la aprobación de licencias, las curadurías tienden a favorecer (como se puede suponer) a los constructores, en detrimento de la responsabilidad que tienen para defender los derechos de los vecinos colindantes (únicos interlocutores comunitarios válidos para las curadurías) a quienes en la mayoría de los casos, o no se los toma en cuenta o simplemente se cumple con ellos el formalismo burocrático de pedirles una opinión que, al fin y al cabo, no tiene ningún efecto práctico en la aprobación de los proyectos.

 

Los gremios profesionales, las sociedades de arquitectos y de ingenieros, desdibujados en su totalidad de lo que en algún momento fueron: entidades pensantes comprometidas con un proyecto de país, que desempeñaron tareas pedagógicas respecto al conjunto social –en lo arquitectónico y urbanístico– cuando el país se enfrentó a la transición campo-ciudad o al reto de la modernidad. Pero de ese espíritu no queda nada. Estos gremios fueron literalmente tomados por intereses particulares, por el espíritu de la especulación inmobiliaria. Sus dirigentes son los mismos que encabezan los monopolios de la construcción. ¿Qué se puede esperar entonces de estas entidades gremiales si su única propuesta al ajuste que hoy se discute del POT en la ciudad es la de desaparecer el aeropuerto Olaya Herrera, no para el gran parque que necesita la ciudad sino para "liberar" esa gran reserva de tierra para sus negocios?

 

El POT, en cuanto a la participación ciudadana en su aprobación y gestión, es otro de los temas presentados en forma muy florida en los encabezamientos que les sirven de presentación y fundamento, la experiencia muestra que estos planes –y sus ajustes– se aprueban, en la práctica, entre la administración de turno, los concejos municipales y sus aliados gremiales.

 

Nada pueden hacer los esfuerzos de los consejos territoriales, de las comunidades organizadas, si éstos avanzan en contravía de los designios del alcalde de turno, su oficina de planeación, los gremios de la construcción y el concejo; en el mejor de los casos se muestra una lista de eventos informativos que se realizaron con las comunidades del municipio en los que se "socializaron" las propuestas. Una vez aprobado el POT, o un ajuste del mismo, no hay lugar a replica ni a ningún tipo de acción participativa de las comunidades que sientan afectados sus intereses por las decisiones tomadas. De esta manera, estos Planes están convertidos en una suerte de ley divina imposible de modificar aunque existan errores evidentes que exigen introducir cambios en la marcha.

 

Conclusión sabida y padecida

 

Es posible afirmar, de esta manera, que lo único que en realidad aplican de los POT está en el capítulo referido a los aprovechamientos posibles de sacar a un lote, pues ahí, está el motor que finalmente mueve hoy por hoy la construcción de la ciudad. Es decir, el arte de cómo sacar el mayor provecho económico de un lote cumpliendo con el mínimo de obligaciones y compensaciones urbanísticas, que son en teoría, la cara amable de los POT y sin las cuales, sencillamente, no hay ciudad. De todos los demás aspectos mostrados en el discurso normativo no se aplica nada, o se aplica muy poco.

 

Si no es así, que se explique ¿qué pasa con los planes parciales, en teoría los que permiten recuperar zonas deterioradas o desarrollar ordenadamente otras? ¿Qué pasa con los balances de espacio público disponible, con la movilidad, con el embellecimiento de la ciudad, su confort urbano, etcétera?

 

Transcurridos casi 15 años de aplicación de los POT es poco lo que pueden mostrar como logros significativos para la calidad de la ciudad. Nos podemos preguntar cuál barrio de la ciudad puede mostrar un solo avance –en su calidad urbana– imputable a la aplicación de los POT, y no ubicaremos ninguno, pero sí, muy por el contrario, lo identificable son desmejoras.

 

Así las cosas, Medellín, sus municipios cercanos y muchas otras ciudades colombianas están presas en la actualidad de las expresiones más burdas de la especulación inmobiliaria, avaladas por una compleja alianza de poderes públicos y privados que inclinan la balanza para favorecer el interés particular sobre el general. Esta es la causalidad de fondo, el cuerpo del iceberg que mostró en Medellín su cima con el edifico Space y los demás edificios desalojados, que a raíz de su crisis, fueron visibilizaron como edificaciones en alto riesgo de colapso.

 

* Arquitecto, profesor especial Escuela del Hábitat Universidad Nacional, Medellín.


 

 

Recuadro

 

Construcción y afán de ganancia

 

Por Junta Cívica Paraje El Pinar*

 

Con la tragedia del complejo habitacional Space, toda nuestra sociedad pudo ver, sin tapujos que "los constructores privados no reparan en obtener el mayor volumen de ganancia a costa de la calidad y seguridad de las obras. De ello no se escapa ni la construcción privada ni la contratación pública".

 

"Es tan vertiginosa la actividad constructora desde hace 10 años que las curadurías no tienen tiempo ni personal ni les interesa revisar bien los proyectos que le presentan febriles edificadoras como Lérida CDO, propiedad de la familia del exgobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno"**.

 

"[...] En promedio cada mes se otorgan 500 licencias de construcción (ADN, octubre 16 del 2013). A la alcaldía ni al concejo municipal le interesó nunca controlar de verdad esta actividad, pues con una actitud eminentemente alcabalera solo se preocupan por obtener desbordadas tarifas de impuesto predial e industria y comercio, injustamente decididas en detrimento de millares de contribuyentes".

 

"[...] En algunos foros sobre vivienda, en los últimos 7 años se han desatado discusiones y prevenido sobre la desaforada edificación en las laderas tan inestables que tiene Medellín empleando la famosa moda de la mampostería estructural (malla electrosoldada) en alturas superiores a 20 pisos que imperó en la planicie del centro de la ciudad en la alcaldía de Fajardo (y todavía hoy en Pajarito y en la Comuna 15 y 16). Al parecer, ni esto ni las normas de sismorresistencia aconsejables para el Valle Aburrá se han tenido en cuenta íntegramente y, por el contrario, el POT es modificado a favor de una plutocracia constructora insaciable, aupada por la SAI y otros gremios, que no deja "lote sin cabeza". Nos atrevemos a decir que un mediano temblor de tierra puede causar una tragedia mayúscula que puede afectar no ya solo a los apartamentos populares sino también los de alto costo. Cabría también preguntarse si el municipio y el concejo han hecho algo por evitar que grandes lotes de las laderas de Medellín sean monopolizados y urbanizados por altos ejecutivos con asiento en los gremios beneficiarios de la especulación de los suelos y materiales y del derecho constitucional a la vivienda digna.

 

* En 1980 solo ejerció 18 meses la gobernación de Antioquia, ya que la Procuraduría General de la Nación le pidió la renuncia por la investigación que abrió en su contra por "especulación en la compraventa de terrenos", ya que valido de su investidura su empresa Ingeniobras adquirió un lote de 201.000 mts2 en Niquía, Bello, el cual a los 50 días exactos entregó al ICT para cofinanciar las 1.948 casas bifamiliares que se hicieron de 1981 a 1984, con un incremento desmesurado del 2.000%. (Fuente: Boletines Comité Cívico de las Bifamiliares de Niquía, 1984).
** Extractos del artículo "Construcción en manos de avilantadas empresas e irresponsables curadores".

Publicado enEdición N°197
Como novedad del momento, en plena campaña electoral para la presidencia de la República, luego de las elecciones que permitieron elegir congresistas en marzo pasado, distintas expresiones sociales conservan su dinámica.

Avanzan en procesos de reconstitución y proyección de su qué hacer, con un sentido que va más allá del corto plazo y que supera sus propias fuerzas. Tal hecho es nuevo, y prometedor. Porque ayer, la llegada de las elecciones significaba un paréntesis y la pérdída de la dinámica en curso. Como una línea transversal marcaba otro escenario, con un efecto de distracción, constante dispersión y falta de continuidad. De desconexión entre lo político social y lo político electoral de manera total. El interés y la participación política aparecían como un cajón de compartimentos, cada uno desconectado del otro. Una muralla que ya no es dominante en la totalidad de los sectores sociales.

Ahora, con la excepción respetable de pequeñas expresiones del activismo que se mantienen en la abstención como alternativa, o de otras, del mar electoral sin personalidad alguna; diversos sectores combinan el interés por el ahora y la tarea constante de su movilización y lucha. Son varios los procesos para hacer esta afirmación y este optimismo.

1.- Encuentro Nacional de Unidad Popular. Por un lado, avanza la dinámica a confluir en el Encuentro Nacional de Unidad Popular, a realizarse en Bogotá los próximos 4-6 de junio. Sus convocantes son expresiones de una diversidad llamativa: movimientos de carácter urbano, campesino, religioso, de género, cultural. Llegan a este punto, luego de un proceso de 6 años.

Años con depure de contradicciones y construcción de una plataforma de acción mancomunada, de proyección claramente política y de largo plazo. No es una suma de movimientos en junta por una causa coyuntural o de reivindicación puntual. No. Aunque sin abandonarlas o despreciarlas en su accionar y discurso cotidiano, saben que la única manera de avanzar hacia su obtención definitiva, está dada por el cambio a una nueva realidad económica, política, social. (ver entrevista pág. 18)

2.- El Congreso de los Pueblos. La otra luz que brilla es el Congreso de los Pueblos, como confluencia de tejidos sociales y políticos. Un quehacer de comunidades y colectivos que pretende sintetizar una agenda común entre la diversidad de todo lo alternativo realmente existente. Con una proyección y conexión de largo plazo, para ser gobierno y ser poder. El Congreso de los Pueblos se propone, por tanto, ayudar a superar el inmediatismo y la desconexión en las resistencias.

Y tal conexión pasa, necesariamente, por una nueva manera de hacer a través de sucesivas agendas y sesiones. Con definición sin hegemonías de los objetivos. Con evaluación y rectificación de los métodos. Con designación de responsabilidades y espacios a cumplir y promover con sentido de pueblo y desafío al poder. En busca de superar la institucionalización de los procesos sociales. Reapropiar la necesidad de construir caminos propios para ver y llegar a unas metas definidas colectivamente.

En esta lógica, el Congreso de los Pueblos significa un doble poder en construcción, del cual, y con el cual, deberá renacer la confianza en la fuerza y la posibilidad propias. Un esfuerzo, por tanto, autogestionario, autónomo, independiente, con capacidad para dibujar los contornos de la lucha y la sociedad necesarias. Capaz de conectarse con todos los procesos de cambio que marchan en el continente y más allá. Ningún cambio se podrá consolidar si no se inserta en una dinámica de transformación global. (Ver pág. 12)

3.- Minga social y comunitaria. Otra iniciativa de reconstrucción y coordinación social, marcha de la mano de los indígenas del Cauca (Minga social y comunitaria). Ante su experiencia y enseñanza suman, acompañan y llegan a su influencia, expresiones de lo social urbano de distinto matiz. Con varios años de acción, con importantes gestas a su haber, y con un potencial de saber y capacidad para aportar a la reconstrucción del conjunto, esta iniciativa vive un momento trascendental.

Momento que de no manejarse con superaciones de unidad y proyección nacional, sin aislamiento, puede debilitar su acumulación. Hacer perder –no sólo a ellos sino al conjunto social– todo su saber y trasegar. El indigenismo y el ideologismo son dos tensiones que hacen muros.

Como es parte sustancial de su propuesta, la instalación de un Congreso de los Pueblos, sería una derrota para la oportunidad histórica ante nosotros, y para el futuro social político de Colombia, que la Minga no facilite el concurrir en un solo espacio de construcción y proyección estratégica con ese contenido y nombre: Congreso de los Pueblos.
Son tres procesos en ruta. Además, de otros que con toda seguridad germinan en distintas coordenadas del país.

El reto es saber construir condiciones, métodos y ritmos, para que confluyan en un solo cuerpo; como veredicto de que el ciclo neoliberal en Colombia puede llegar a su fin.

Un pasado…

Por un largo tiempo, no menos de veinte años, el movimiento social colombiano vio como su dinámica quedó desecha y reducida a un afán de responder –sin ir más allá del inmediato– a cada medida gubernamental (coyunturalismo). Un resultado de varios aspectos ya conocidos y diagnósticados: la ofensiva neoliberal, la perdida de referentes históricos producto de la crisis del “socialismo real”, la cooptación e institucionalización de buena parte de la dirigencia social y política urbana, la emigración o exilio de otra parte, y en no pocos casos, la persecución y su mismo asesinato.

Durante estos veinte años, sin capacidad para contener la avalancha neoliberal, las expresiones sociales se dispersaron. Cada una, tratando de salvar algo de sus conquistas adquiridas por la sociedad y los movimientos en largas jornadas de lucha. La dispersión debilitó. Al final, ningún sector o casi ninguno salvó un algo significativo de esas viejas conquistas que permitieron, para algunos, gozar de algo más que un salario directo. Pero la dispersión de los movimientos y organizaciones trajo mucho más.

Se debilitaron sus lazos de conexión con la sociedad que decían representar. Se perdió la capacidad de tomarle la temperatura a dichos sectores y por ese conducto, de saber orientar el qué y cómo hacer en la lucha contra el Estado. Y del esfuerzo por reconfiguar una nueva sociedad. El desgrane de su militancia, fue otro de sus resultados.

Dispersión, segmentación o división entre lo político y social que impedía construir y proyectar una lectura y un accionar de largo plazo, con sentido estratégico. Estamos ante el reto y la oportunidad de superar estos lastres que tanto daño han hecho a las opciones alternativas. No podemos ser inferiores al mismo.


Publicado enEdición 157