Que lo urgente no impida asumir lo importante

Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.

 

En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.

 

Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?

 

Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?

 

También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?

 

Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?

 

El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?

 

Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.

 

Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.

 

Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.

 

Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.

 

¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.

 

¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?

Publicado enColombia
Que lo urgente no impida asumir lo importante

Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.

 

En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.

 

Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?

 

Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?

 

También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?

 

Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?

 

El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?

 

Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.

 

Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.

 

Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.

 

Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.

 

¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.

 

¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?

Publicado enEdición Nº253
Viernes, 24 Agosto 2018 08:26

Una campaña por los márgenes

Una campaña por los márgenes

A una nueva consulta electoral se cita a la sociedad colombiana. En esta ocasión, el tema es el de la corrupción y la fecha el 26 de agosto.

 

La campaña por lograr la aprobación para esta consulta fue desplegada a lo largo de varios meses durante el año 2017, y tuvo como promotoras a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, con el apoyo del Partido Verde y la vitalidad de miles de impulsores que por las calles de todas las ciudades del país recogieron los millones de firmas necesarias para lograr su aval por parte del Congreso.

 

La firmeza, la vitalidad y el ardor reinantes en este período de la consulta no se sienten ahora. Es una convicción que ahora parece inexistente, faltante que resulta evidente para el conjunto social, sin que se vea mayor interés por lo que pueda suceder con esta citación. De parte del establecimiento, en especial del presidente Iván Duque, que en su momento avaló esta iniciativa, tampoco se siente compromiso alguno.

 

Es un aire frío, tal vez templado, el que desprenden los actores políticos, renovados o tradicionales, el cual no alcanza para inyectar en la sociedad colombiana la necesaria energía que permita propiciar su movilización, para romper la pasividad e intentar la ruptura de la desconfianza reinante frente a la política tradicional, a todo aquello que proviene del Congreso, la Presidencia y otros órganos e instancias del poder.

 

Es un aire falto de altas temperaturas, que, además, tropieza con la ausencia de una lectura y una explicación de fondo sobre la razón de la creciente corrupción, la misma que copa al establecimiento colombiano con el hurto de 50 billones de pesos anuales, como también sucede con todos los gobiernos de la región y de otras regiones, casi sin excepción, cuyo dinero rellena las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores.

 

Es una realidad de desfalco de lo público que alimentan las multinacionales, como actoras de primer orden, y los empresarios locales de distinto nivel, aceitando votos en variados espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, u ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros, que esconden o tergiversan los reales niveles de contaminación que producen sus motores), o pagándoles a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre los resultados que arrojan los estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias acarreadas sobre los seres humanos, los animales y naturaleza en general por el uso de tóxicos como el glifosato. Igualmente, se velan los reales grados de desigualdad social que padecemos como nación, además del impacto y las consecuencias de la explotación diaria a que están sometidas las mayorías, como las razones y efectos de las guerras, así como el comercio con mujeres y hombres, la pedofilia, y otros muchos males y perversiones alimentadas por el poder.

 

La denuncia y la campaña en contra de la corrupción, sin explicaciones estructurales, es lo que tal vez les permite pensar a muchos que, así voten y se gane la consulta, todo seguirá igual. Razón, con razones: la sociedad colombiana está afectada, tal vez derrotada, por un sistema que le ha mentido una y otra vez, engañándola una y otra vez, con trampas una y otra vez, asesinándola una y otra vez, sembrando sobre el piso de la misma una estela de desconfianza difícil de superar. De ahí que una campaña por esta consulta, sin la energía necesaria, sin el calor para transmitir convicción y orden de ‘batalla’, con la vista puesta más allá de la propia consulta, en una disputa de mediano y largo plazo contra el motor de la multiplicación del fenómeno de la corrupción, difícilmente saldrá airosa.

 

Estamos así ante lo impensable: la pérdida de una consulta que en cualquier otro escenario internacional debiera fluir con toda fortaleza, sin necesidad de campaña alguna. Tal derrota, de suceder así, desnudará a nuestra sociedad como la más incomprensible de nuestra subregión y del mundo entero: no votar mayoritariamente contra la corrupción, como tampoco lo realizó contra la guerra. Si ocurre esto, ello significará un grande golpe para la autoestima de los movimientos sociales, con un mayor enconchamiento de los mismos.

 

Sin embargo, la campaña debiera ser espontánea, de conciencia, claro, siempre y cuando estuviéramos en una sociedad politizada, Pero una de las cosechas sembradas en el país por el sistema político durante las últimas décadas es la despolitización y el desinterés por lo público, incluso una siembra mucho más profunda, de apatía por lo público.

 

Tales consecuencias de desinterés y apatía se conjugan con el miedo, pues el mensaje cotidiano desde el poder es claro: quien crítica, quien denuncia, quien se interpone en los caminos del poder es reseñado de manera ilegal y enlistado dentro de los objetivos por ser “sacados del camino”. Es la barbaridad del poder que realmente existe en Colombia, uno que no admite razones ni abre vías para la participación libre y desprevenida de los millones que habitan este territorio.

 

Estamos ante un poder, concentrado en la Casa de Nariño y los partidos que lo sostienen, que en lo referente a esta consulta actúa como el bifronte: por un lado, le dice sí a la consulta anticorrupción –para no cargar los costos de la opinión pública al rechazarla–, pero, por el otro, de manera más o menos subrepticia actúa por vía contraria, para sabotearla, bloqueando de esta manera a los partidos que dicen ser sus impulsores pero que no actúan con agallas. Y para ganarse los aplausos por impulsar normas anticorrupción, las cuales, igual que las resumidas en las siete preguntas por las cuales los connacionales debieran votar masivamente el 26 de agosto, ya radicó como proyectos de ley en el Congreso Nacional.

 

Y así procede porque, como artistas del poder, como dice el refranero popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, saben, y así permite decirlo la existente Ley anticorrupción, como el Convenio firmado sobre el particular ante las Naciones Unidas, que el problema no es de normas sino estructural. El núcleo de esta realidad radica en un sistema que arrasó lo público, y el interés y el amor que pudiera sobrevivir con la existencia de bienes estratégicos al servicio de todos los retoños de un mismo territorio.

 

Es decir, sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

 

Es decir –y aquí hay que hacer énfasis–, la importancia de la consulta por desarrollarse el domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y sus consecuencias, lo mismo que a sus promotores y defensores, como autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción; como la cúspide de la misma. Éstos, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, con las leyes que arrasaron el derecho a la salud, la educación y los servicios públicos para todos, y que ahondaron el despliegue de una economía que arroja beneficios cada vez para menos personas, como otras que hacen cada vez más difícil que la tierra sea “para quien la trabaja”. Son leyes y normas que cada vez ahogan con más impuestos o mayores tasas impositivas a quienes viven del trabajo diario, al tiempo que desmontan obligaciones para quienes amasan más riqueza, todo ello como parte de una realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

 

Contra esa realidad neoliberal, con todos sus matices, quienes habitamos en Colombia debemos salir a votar el 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma; esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente y que saben cómo burlar quienes hacen parte del establecimiento. La consulta, contrariamente a lo expresado en sus siete preguntas, contrariamente a su apariencia, no ataca al sistema socio-económico ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son y lograr que las cosas sigan como han sido hasta ahora.

 

Entonces, con la puja que se escenificará en tan pocos días, deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

Publicado enColombia
Jueves, 23 Agosto 2018 16:27

Una campaña por los márgenes

Una campaña por los márgenes

A una nueva consulta electoral se cita a la sociedad colombiana. En esta ocasión, el tema es el de la corrupción y la fecha el 26 de agosto.

 

La campaña por lograr la aprobación para esta consulta fue desplegada a lo largo de varios meses durante el año 2017, y tuvo como promotoras a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, con el apoyo del Partido Verde y la vitalidad de miles de impulsores que por las calles de todas las ciudades del país recogieron los millones de firmas necesarias para lograr su aval por parte del Congreso.

 

La firmeza, la vitalidad y el ardor reinantes en este período de la consulta no se sienten ahora. Es una convicción que ahora parece inexistente, faltante que resulta evidente para el conjunto social, sin que se vea mayor interés por lo que pueda suceder con esta citación. De parte del establecimiento, en especial del presidente Iván Duque, que en su momento avaló esta iniciativa, tampoco se siente compromiso alguno.

 

Es un aire frío, tal vez templado, el que desprenden los actores políticos, renovados o tradicionales, el cual no alcanza para inyectar en la sociedad colombiana la necesaria energía que permita propiciar su movilización, para romper la pasividad e intentar la ruptura de la desconfianza reinante frente a la política tradicional, a todo aquello que proviene del Congreso, la Presidencia y otros órganos e instancias del poder.

 

Es un aire falto de altas temperaturas, que, además, tropieza con la ausencia de una lectura y una explicación de fondo sobre la razón de la creciente corrupción, la misma que copa al establecimiento colombiano con el hurto de 50 billones de pesos anuales, como también sucede con todos los gobiernos de la región y de otras regiones, casi sin excepción, cuyo dinero rellena las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores.

 

Es una realidad de desfalco de lo público que alimentan las multinacionales, como actoras de primer orden, y los empresarios locales de distinto nivel, aceitando votos en variados espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, u ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros, que esconden o tergiversan los reales niveles de contaminación que producen sus motores), o pagándoles a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre los resultados que arrojan los estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias acarreadas sobre los seres humanos, los animales y naturaleza en general por el uso de tóxicos como el glifosato. Igualmente, se velan los reales grados de desigualdad social que padecemos como nación, además del impacto y las consecuencias de la explotación diaria a que están sometidas las mayorías, como las razones y efectos de las guerras, así como el comercio con mujeres y hombres, la pedofilia, y otros muchos males y perversiones alimentadas por el poder.

 

La denuncia y la campaña en contra de la corrupción, sin explicaciones estructurales, es lo que tal vez les permite pensar a muchos que, así voten y se gane la consulta, todo seguirá igual. Razón, con razones: la sociedad colombiana está afectada, tal vez derrotada, por un sistema que le ha mentido una y otra vez, engañándola una y otra vez, con trampas una y otra vez, asesinándola una y otra vez, sembrando sobre el piso de la misma una estela de desconfianza difícil de superar. De ahí que una campaña por esta consulta, sin la energía necesaria, sin el calor para transmitir convicción y orden de ‘batalla’, con la vista puesta más allá de la propia consulta, en una disputa de mediano y largo plazo contra el motor de la multiplicación del fenómeno de la corrupción, difícilmente saldrá airosa.

 

Estamos así ante lo impensable: la pérdida de una consulta que en cualquier otro escenario internacional debiera fluir con toda fortaleza, sin necesidad de campaña alguna. Tal derrota, de suceder así, desnudará a nuestra sociedad como la más incomprensible de nuestra subregión y del mundo entero: no votar mayoritariamente contra la corrupción, como tampoco lo realizó contra la guerra. Si ocurre esto, ello significará un grande golpe para la autoestima de los movimientos sociales, con un mayor enconchamiento de los mismos.

 

Sin embargo, la campaña debiera ser espontánea, de conciencia, claro, siempre y cuando estuviéramos en una sociedad politizada, Pero una de las cosechas sembradas en el país por el sistema político durante las últimas décadas es la despolitización y el desinterés por lo público, incluso una siembra mucho más profunda, de apatía por lo público.

 

Tales consecuencias de desinterés y apatía se conjugan con el miedo, pues el mensaje cotidiano desde el poder es claro: quien crítica, quien denuncia, quien se interpone en los caminos del poder es reseñado de manera ilegal y enlistado dentro de los objetivos por ser “sacados del camino”. Es la barbaridad del poder que realmente existe en Colombia, uno que no admite razones ni abre vías para la participación libre y desprevenida de los millones que habitan este territorio.

 

Estamos ante un poder, concentrado en la Casa de Nariño y los partidos que lo sostienen, que en lo referente a esta consulta actúa como el bifronte: por un lado, le dice sí a la consulta anticorrupción –para no cargar los costos de la opinión pública al rechazarla–, pero, por el otro, de manera más o menos subrepticia actúa por vía contraria, para sabotearla, bloqueando de esta manera a los partidos que dicen ser sus impulsores pero que no actúan con agallas. Y para ganarse los aplausos por impulsar normas anticorrupción, las cuales, igual que las resumidas en las siete preguntas por las cuales los connacionales debieran votar masivamente el 26 de agosto, ya radicó como proyectos de ley en el Congreso Nacional.

 

Y así procede porque, como artistas del poder, como dice el refranero popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, saben, y así permite decirlo la existente Ley anticorrupción, como el Convenio firmado sobre el particular ante las Naciones Unidas, que el problema no es de normas sino estructural. El núcleo de esta realidad radica en un sistema que arrasó lo público, y el interés y el amor que pudiera sobrevivir con la existencia de bienes estratégicos al servicio de todos los retoños de un mismo territorio.

 

Es decir, sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

 

Es decir –y aquí hay que hacer énfasis–, la importancia de la consulta por desarrollarse el domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y sus consecuencias, lo mismo que a sus promotores y defensores, como autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción; como la cúspide de la misma. Éstos, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, con las leyes que arrasaron el derecho a la salud, la educación y los servicios públicos para todos, y que ahondaron el despliegue de una economía que arroja beneficios cada vez para menos personas, como otras que hacen cada vez más difícil que la tierra sea “para quien la trabaja”. Son leyes y normas que cada vez ahogan con más impuestos o mayores tasas impositivas a quienes viven del trabajo diario, al tiempo que desmontan obligaciones para quienes amasan más riqueza, todo ello como parte de una realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

 

Contra esa realidad neoliberal, con todos sus matices, quienes habitamos en Colombia debemos salir a votar el 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma; esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente y que saben cómo burlar quienes hacen parte del establecimiento. La consulta, contrariamente a lo expresado en sus siete preguntas, contrariamente a su apariencia, no ataca al sistema socio-económico ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son y lograr que las cosas sigan como han sido hasta ahora.

 

Entonces, con la puja que se escenificará en tan pocos días, deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

Publicado enEdición Nº249
Consulta anticorrupción:  ¿una nueva normatividad vacía?

“en mi opinión, la corrupción no es una enfermedad del capitalismo, sino un síntoma de una enfermedad: el capitalismo”. 

José María Tortosa

 

Las cifras han hecho de ella un tema diario. También su manipulación por parte del poder de todo tipo. No hay día donde no aparezca alguna noticia que la relacione. Es tal su impacto que ha terminado por traducirse en una realidad posible de ver a diario en cualquier escala de la vida social, y olerse en los pasillos de cualquier institución del Estado, como también en las grandes instituciones-empresas privadas de carácter nacional o internacional.

 

Es claro, aludimos a la corrupción.

 

Para enfrentarla, y supuestamente superarla, algunos políticos proponen realizar normas y leyes que hagan entrar en razón –por miedo a las penas– a quienes han hecho de ella vehículo de acumulación individual o grupal, y para que la ética que debe prevalecer en la defensa y cuidado de lo púbico gane el espacio que requiere la defensa y cuidado de lo público.

 

En tal ruta, el próximo 26 de agosto tendrá lugar en nuestro país un intento para enfrentar este problema a través de las urnas, para que nuestros connacionales aprueben o derogarán siete preguntas que componen la consulta anticorrupción (Ver recuadro). Algunas dudas deja este proceder: ¿la corrupción es un tema únicamente del Estado y específicamente de la rama legislativa? ¿será suficiente con una nueva ley o un nuevo decreto para enfrentar este problema?, o, simplemente ¿se están aplicando paños de agua tibia para afrontar una problemática estructural?

 

Imagen de un sistema social

 

No es nuevo, aunque con el neoliberalismo sí alcanzó niveles hasta antes desconocidos. El tema de la corrupción no es especifico de países periféricos, de “culturas o sociedades corruptas” o “proclives a corromperse”, por el contrario, es un fenómeno que podría decirse hace parte de la globalización y de la financiarización de la economía mundo, con las cuales los bienes públicos –en realidad todo el Estado– se rifan y ponen al servicio de fines privados, los mismos que utilizan diferentes estrategias para negociar, ocultar, silenciar y pasar desapercibidos, generando así una frustración generalizada para quienes intentan denunciar esta práctica*. Al funcionar dentro de esta lógica, ahora sabemos que “La base que alimenta y potencia la corrupción es la oferta y la demanda, es decir, el principio básico del mercado capitalista”1.


Un síntoma planetario que no se detiene con normas y leyes

 

No es de países “subdesarrollados”. En el 2014 el exprimer ministro de Portugal José Sócrates fue detenido por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción, de igual manera se sindicaron a los directores de múltiples bancos. En Italia, en el 2015, fue condenado Silvio Berlusconi por sobornar senadores para beneficiarse políticamente. En 2016 los casos estallaron en España, donde 37 empresarios y políticos afines al Partido Popular fueron llevados a juicio que sentenció la relación entre unos y otros para propiciar negocios individuales que también generaban comisiones para su partido. Algunos de ellos fueron condenados en el 2018 a varios años de cárcel.

 

Tampoco es de países “desarrollados”. En los últimos años diferentes escándalos estallaron en nuestra región, resaltando en todos ellos políticos de primer orden. Es paradigmático el caso de Perú, donde varios expresidentes –Fujimori, García, Humala, Toledo– terminaron vinculados a casos de corrupción hasta el punto de ser capturados y puestos tras las rejas –Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a su cargo en marzo del presente año por corrupto–. De igual manera, están empapelados o presos, Funes en El Salvador, Martinelli en Panamá, Colom en Guatemala, Lula en Brasil; en el ojo del huracán también está Juan Manuel Santos en Colombia, cuyo tesorero durante las campañas presidenciales ha terminado por expiar culpas que no son solo suyas.

 

Pero tampoco es una problemática que solo afecta a los estados nacionales. Desde el 2016 el caso Odebrecht trasluce la corrupción existente entre empresarios y políticos de diferentes países del mundo –Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela–. Asímismo los famosos Papeles de Panamá, con los cuales queda claro que diferentes políticos empresarios y personalidades de la farándula internacional ocultaban sus fortunas, propiedades y cuentas en los llamados paraísos fiscales, para evadir impuestos. Todo esto sucede bajo la lupa y normatividad de tratados contra la corrupción.

 

Desde el 2003 las Naciones Unidas aprobaron la Convención contra la corrupción. Antes en 1997 se aprobó la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la Ocde. Asimismo, hay que tener en cuenta que cada país tiene diferentes normatividades para enfrentar esta práctica, por ejemplo, Colombia cuenta con la Ley 1778 de 2016 y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11).

 

Así las cosas, lo que queda claro es que el problema de la corrupción efectivamente no es un problema de normas o leyes, es un problema estructural que tiene que ver con el funcionamiento económico contemporáneo: el neoliberalismo, que busca a toda costa poner en venta lo público4.

 

La consulta del 26 de agosto

 

A propósito de esta realidad del capital internacional y de sus formas de dominio y control social logradas y cada vez renovadas y profundizadas, en la historia reciente del país nombres como Proceso 8.000, Dragacol, Agro Ingreso Seguros, Reficar, Interbolsa, Avenida 26, Ruta del sol II, Saludcoop, y otros muchas, han tenido su cuarto de hora. Algunos de los empresarios y políticos que los han protagonizado han terminado presos.

 

De igual manera suenan carruseles: Carrusel de la contratación, Carrusel de las cirugías plásticas. Así como también carteles: Cartel de la toga, Cartel de la paz, Cartel de los abuelos, Cartel de la chatarrización. Como comunidades de la corrupción: Comunidad del anillo. Casos que se investigan y se quedan en el olvido, pues pareciera que Colombia está condenada a la desmemoria.

 

Cansadas de esto –¿o con intenciones políticas individuales?– la senadora Angélica Lozano y Claudia López –quien para ese momento también desempeñaba igual rango–, impulsaron la consulta anticorrupción, poniendo en la palestra pública el desfalco de los recursos de los colombianos que anualmente –según la Contraloría Nacional– representa casi 50 billones de pesos, los mismos que terminan en los bolsillos de empresarios y políticos de diferentes partidos e ideologías.

 

La consulta que recogió casi 4’500.000 firmas entre enero y julio del año pasado, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado del 5 de junio de 2018. Para su realización en todo el país la Registraduría deberá disponer de $280 mil millones de pesos; para ser aprobada debe participar por lo menos el 30 por ciento del censo electoral vigente –casi 12 millones de connacionales.


Lo curioso de la consulta –que resulta grotesco– es que a ella se integrarán para su aprobación todos los partidos tradicionales del país, y también harán alarde de pulcros los grandes empresarios nacionales –los mismos que han amasado para sus particulares fines los bienes públicos, los mismos que antes era de todos y todas. Como podrá recordarse el hoy Presidente elector Iván Duque firmó en su momento a favor de tal convocatoria y, sin duda, hará de esta causa una bandera que la desnaturalizará.

 

Este es un riesgo que ahora tiene esta iniciativa política, la cual está obligada a ligarse en la lucha contra el neoliberalismo si de verdad sus impulsoras no quieren terminar por ser útiles al sistema que dicen confrontar.

 

Esta es una realidad que no puede negarse. La otra es que la misma dificultad de reunir la cantidad de votos que requiere –y el temor de cargar con el peso de una derrota, mucho más cuando falta menos de un año para las elecciones regionales– a terminado por silenciar u ocupar un lugar secundario en esta coyuntura, a diversos líderes de la amplia gama de lo comprendido como izquierda, actuación que amplía el riesgo del resultado final que obtenga la consulta.

 

El movimiento social, corrupción y consulta

 

Resulta extraño que hasta el momento los diferentes sectores progresistas y alternativos no han generado un distanciamiento que los diferencie de los partidos tradicionales que participarán en la consulta, por el contrario han tomado las banderas de votar 7 veces si en la consulta.

 

De esta manera. el papel de los movimientos sociales y sectores alternativos de nuevo queda embolsado en el marco de la agenda institucional, siguiendo sus coyunturas sin distanciarse y problematizarlas.

 

Actuando a la sombra del establecimiento, se calla o poco se enfatiza en la relación entre corrupción y la fase actual del sistema capitalista, lo que extiende una nebulosa en el conjunto social sobre el origen, razón de ser y beneficiarios de la corrupción.

 

La corrupción: un problema de democracia

 

Queda claro que todos estos casos de corrupción se presentan principalmente en un modelo “democrático” liberal, donde la participación de la gente simplemente es necesaria para las votaciones parlamentarias o presidenciales. Un modelo político donde la democracia queda enmarcada únicamente a lo político representativo, dejando de lado las discusiones que tienen que ver con lo esencial de la vida diaria, y con la misma toma de decisiones que nos afectan a todos como, por ejemplo, la venta o privatización de bienes públicos estratégicos, lo cual es esencial a la vista de Alberto Acosta, quien dice que “los estados menos proclives a la corrupción son aquellos con mayores niveles de democracia, es decir, con mayor transparencia y participación ciudadana además de una bastante adecuada distribución de la riqueza y el ingreso”5.

 

Un reto para todo el conjunto nacional que debe trascender lo formal de una consulta, pues más allá de lo formal está una nueva forma de concretar la política, una donde la gente pida cuentas públicas a quienes eligieron, donde los políticos empiecen a entender que su papel es el de servir a los demás y no servirse a sí mismo. Un reto que implica pasar de ser simples ciudadanos –un número en una tarjeta de identidad o cédula, o en el carnet del Sisben– a ser sujetos activos de nuestra vida cotidiana. Un reto donde hombres o mujeres, adultos, jóvenes, viejos, se movilicen por un país donde lo público –lo colectivo– sea sagrado, y donde la democracia gane el carisma de ser el conducto para fortalecer eso mismo que el neoliberalismo se ha esforzado por desprestigiar, hasta llevar a la gente a la total indiferencia, lo público, que en realidad es el camino para hacer efectiva la existencia de vida digna y plena para todos y todas.

 

* La corrupción no es simplemente un tema netamente económico –fiscal, comercial, financiero– es un tema político y social, ampliado a múltiples temas, como: negocios de armas, tráfico de migrantes, turismo sexual, trata de personas, deportes, obras públicas, entre otros.
1 Ver: La corrupción del poder, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 163. https://www.desdeabajo.info/colombia/item/32424-la-corrupcion-del-poder.html
2 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. p. 16.
3 Ibid. p. 54.
4 Ver: Contra la corrupción: Plebiscito más condena social, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 179.
5 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. pp. 9-10.

 

Artículos consultados

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alfonso-gomez-mendez/para-que-la-consulta-anticorrupcion-238858
https://www.elespectador.com/noticias/politica/listo-el-decreto-para-la-consulta-anticorrupcion-articulo-795405
https://www.las2orillas.co/no-voto-la-consulta-anticorrupcion/

 


 

Recuadro

 

Las 7 preguntas

 

Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del estado
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el estado
¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país
¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos? SI ( ) NO ( )


Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía
¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? SI ( ) NO( )

 

Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión
¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio
¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas
¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales? SI ( ) NO ( )

Publicado enEdición Nº249
Viernes, 27 Julio 2018 07:22

“Constitucionalizando” la ruptura

Todavía no se sabe cómo funcionará el “proceso de consulta popular” sobre el proyecto de reforma constitucional en Cuba, cuyo texto tampoco ha sido divulgado

La virtual eliminación de los límites al enriquecimiento personal es la modificación más conspicua de la planificada reforma de la carta magna cubana, cuyo anteproyecto fue aprobado en el parlamento sin mayores cambios ni grandes debates.

 A finales de la semana pasada los cubanos asistieron a un acontecimiento singular: por primera vez las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular (el parlamento) eran trasmitidas de forma íntegra y en vivo por televisión.

Por si tal novedad no fuera suficiente, el tema presentado a discusión también resultaba inédito. Cada uno de los 605 diputados que integran “el órgano superior del poder del Estado” tenía ante sí un ejemplar del anteproyecto de la nueva Constitución, con la que Raúl Castro afirma pretender asegurar la “invulnerabilidad” del socialismo en la isla. Se trata de 224 artículos redactados por una comisión de 33 miembros presidida por él mismo, que desde comienzos de junio laboró para dotar al país de una carta magna “acorde con la nueva realidad nacional y los cambios por venir”, según el presidente, Miguel Díaz-Canel.


Desde abril de 2011 Cuba vive bajo el signo de la “actualización”, la política económica –impulsada por el hermano menor de la familia Castro con el aval de los dos últimos congresos del Partido Comunista (Pcc)– que derogó numerosas prohibiciones heredadas de décadas anteriores (las que impedían viajar libremente al exterior y la compraventa de inmuebles y autos, entre las más publicitadas) y fomentó el “cuentapropismo” (el sector privado de la economía) y la inversión extranjera.


Luego de entregar la presidencia en abril último, y ateniéndose a sus responsabilidades como primer secretario del partido, Raúl Castro parecía llamado a concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento de esa organización política, esencial dentro de la estructura funcional del país. De hecho, la carta magna vigente –y se ha confirmado que también la por venir– le otorga al Pcc la condición de “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”; su primer secretario es la máxima autoridad en todos los campos, incluido el de la defensa.


Mas el ex presidente y su sucesor sorprendieron en junio pasado con el anuncio de una comisión constitucional, conformada íntegramente por diputados, que daría a conocer un anteproyecto de nueva Constitución, que primero debería ser aprobado por el parlamento –así se llegó a la cita de hace una semana– y luego pasar por un “proceso de consulta popular”.


UNA DISCUSIÓN SINGULAR.

Las sesiones televisadas revelaron a más de un observador el carácter que pudiera tener el “proceso de consulta popular”, programado por las autoridades para llevarse a cabo desde el 13 de agosto (aniversario del nacimiento de Fidel Castro) hasta el 15 de noviembre próximos.


En teoría, durante esa etapa la ciudadanía tendrá la posibilidad de brindar sus impresiones sobre el texto y hacerle enmiendas. Eso en teoría, pues “haría falta que con las opiniones del pueblo no pase como con las de muchos diputados, que si eran contrarias o pedían alguna modificación, les caían ‘arriba’, y adiós la propuesta”, señalaba un lector del sitio digital oficialista Cubadebate, en un foro sobre el tema.


Su observación puso el dedo sobre el punto más sensible de los debates parlamentarios aludidos, los cuales –en propiedad– no lo fueron realmente. En la práctica el “guion” de las cuatro jornadas legislativas se basó en una escena repetida en cerca de un centenar de ocasiones. En ella un diputado cualquiera planteaba sus criterios sobre un artículo determinado y el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta (quien conducía la presentación del anteproyecto), lo confrontaba con tono de inapelable superioridad.


Las contadas modificaciones al original no pasaron nunca de una permuta de términos o alguna adición o supresión virtualmente inocua. En asuntos de fondo, como las amplias reformas propuestas para el gobierno de las provincias y municipios, la creación de cargos como el de primer ministro o de un Consejo Electoral Nacional, y la virtual eliminación de los límites al enriquecimiento personal –la modificación más llamativa–, se registraron contadas intervenciones.


Únicamente los acápites relativos a las formas de propiedad reconocidas por el Estado y su actitud ante la concentración de ésta en manos privadas (22), la igualdad de los ciudadanos y sus derechos (40 al 42), y la familia (69) propiciaron algo semejante a la confrontación de ideas. Sin embargo, ni siquiera en esas circunstancias los criterios divergentes consiguieron pasar a la letra impresa. Por lo regular, luego de la respuesta de Acosta y la explicación de alguno de los asesores de la comisión constitucional, los diputados se declaraban “de acuerdo con lo planteado en el anteproyecto”. Sólo en una oportunidad una diputada insistió en llevar a votación su propuesta (sobre un cambio menor en un artículo acerca de la igualdad de los ciudadanos ante la ley). Ninguno de los presentes la respaldó.


Vale destacar que los cuatro días de sesiones parlamentarias transcurrieron sin que el pueblo cubano conociera el texto sobre el que discutían los asambleístas, ya que el anteproyecto todavía no ha sido divulgado.


DESIGUALDADES.

Al margen de la aprobación del matrimonio igualitario (reconocido expresamente en el proyecto constitucional) o de la apertura a un utópico escenario pluripartidista (negada de plano por la ratificación en el mismo texto del monopolio político del Partido Comunista), el tema económico se perfila como el más sensible –y asequible– para el ciudadano común.


En especial porque la mayoría de las finanzas familiares se mantiene en números rojos desde comienzos de la década de 1990, y la desigualdad crece a pasos agigantados. Si bien no existen estadísticas oficiales al respecto, estudios conducidos por la Universidad de La Habana (UH) –la más importante del país– han revelado que alrededor del 85 por ciento de los fondos depositados en cuentas bancarias pertenece al 13 por ciento de la población, y que en ciudades como la capital la proporción entre los salarios mínimos y los más altos es de uno a 30 (cuando en 1989 era de uno a cuatro).


“Si bien la isla muestra rasgos muy semejantes a la transición demográfica de naciones desarrolladas (niveles muy bajos de fecundidad y mortalidad), en lo tocante a la penetración de la tecnología y al nivel medio de los ingresos personales, se encuentra en el nivel africano”, alertaba en marzo pasado el profesor Juan Carlos Albizu-Campos, investigador del Centro de Estudios Demográficos de la UH. Sus criterios fueron emitidos en un panel organizado por la revista de ciencias sociales Temas, bajo el conflictivo título “¿Compañeros ricos? Los grupos de altos ingresos en el socialismo”, el cual despertó una masiva concurrencia de público pero aparentemente no encontró eco en el Palacio de la Revolución.


En contraposición con la inquietud de muchos, durante la presentación del anteproyecto constitucional el secretario del Consejo de Estado se empeñó en restar gravedad a la situación. “La concentración de la propiedad es el gran enemigo al que debemos enfrentar. Aunque haya concentración de la riqueza, si no hay concentración de la propiedad no hay margen para la explotación del hombre por el hombre”, aseguró Acosta a los asambleístas que reclamaban una mayor claridad en cuanto a las políticas de Estado ante el fenómeno.


Y es que de las discusiones en la Asamblea Nacional se desprende que en este proceso de reforma constitucional el gobierno cubano ha buscado plasmar una distinción entre la concentración de la riqueza y la concentración de la propiedad, obviando la aparente contradicción de esa distinción semántica que niega los postulados más fundamentales del marxismo.


EL “PROCESO DE CONSULTA POPULAR”.

Tampoco quedaron definidos, durante las sesiones parlamentarias, los mecanismos que darán curso a los planteamientos realizados por los ciudadanos en las miles de asambleas que se organizarán en todo el país.


“En algún momento se especuló con la posibilidad de circunscribir las discusiones (acerca de la nueva Constitución) sólo a la Asamblea Nacional”, recordaba en abril el doctor en ciencias históricas Ariel Dacal, profesor del conocido Centro Martin Luther King, en La Habana. Por entonces, diversas “pautas de la reforma” comenzaban a esbozarse en ámbitos oficiales y grupos de la sociedad. Todas revelaban el interés que despertaba el proceso inminente. “Sería poco alentador que algunas zonas de esa riqueza quedaran fuera de las consideraciones para la redacción definitiva del nuevo texto constitucional”, alertaba el especialista.


La forma en que esa y otras inquietudes encuentren respuesta depende en primera instancia del propio Consejo de Estado, que a las órdenes del presidente, Díaz-Canel, ostenta la representación del país entre los períodos de sesiones de la Asamblea Nacional. Como el próximo encuentro de esa cámara está previsto para diciembre, el procesamiento de las opiniones populares estará a cargo del aparato burocrático subordinado al Consejo de Estado, erigido en juez y parte por la actual coyuntura.



El caso del periodista Fernando Ravsberg y los medios alternativos en Cuba


Shakespeare reinterpretado


Con el cierre del blog Cartas desde Cuba y las declaraciones del mandatario cubano en el reciente congreso del gremio de periodistas se cierra el cerco sobre los medios de izquierda independiente en la isla, que se enfrentan al dilema de la subsistencia.


Según la mayoría de sus conocidos, Ricardo Ronquillo, el recién “elegido” presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), es un hombre afable y modesto, dueño de una virtud tan valiosa como escasa: saber escuchar.


La suya fue una selección inesperada, a todas luces decidida en el Palacio de la Revolución (la sede del Comité Central del Partido Comunista y de los consejos de Estado y de ministros), quizás incluso en la oficina del presidente Miguel Díaz-Canel. Una Upec renovada –al menos en cuanto a su dirigencia más visible– encaja a la perfección en la estrategia de “actualización revolucionaria” impulsada por el nuevo mandatario.


Aprovechando su poder para aprobar o desestimar los candidatos a cargos públicos y los directivos de las principales organizaciones sociales, por décadas el Partido Comunista ha cerrado la puerta a todo cuestionamiento, en especial desde el campo de la creación artística e intelectual. Uno de los gremios más sometidos a ese tutelaje ha sido la Upec, institución de la que el desaparecido Fidel Castro reclamó siempre ser considerado “un miembro más”.


Díaz-Canel aprovechó el décimo congreso nacional de la organización (13 y 14 de julio) para plantear su política en el sector de cara al futuro, que puede resumirse en la máxima shakespeariana de “ser o no ser”, precisamente la que empleó el mandatario para definir su visión de la “prensa que necesita la revolución”. Dejó claro que allí no tienen cabida aquellos a quienes calificó de “asalariados del pensamiento único mundial en su versión criolla o extranjera”.


UN “INCÓMODO” MENOS.

Pocas semanas atrás, Brecha abordó el caso del periodista uruguayo Fernando Ravsberg (véase “Un uruguayo obstinado”, 28-VI-18), quien por casi treinta años ha residido en La Habana desempeñándose como corresponsal de diversos medios de prensa extranjeros y escribiendo con un enfoque de izquierda. Sus relaciones con las autoridades no siempre han sido cordiales, sobre todo a causa de su blog Cartas desde Cuba, que creara en 2007 y que rápidamente se convirtió en uno de los más leídos por los cubanos de dentro y fuera de la isla, debido al abordaje de temas vedados para la prensa oficial.


El gobierno nunca vio con buenos ojos las críticas aparecidas en Cartas y la animadversión fue creciendo hasta que a comienzos de 2018, en circunstancias no muy claras, el diario para el cual estaba acreditado Ravsberg decidió no renovar dicho permiso, aunque remarcándole su interés en que continuara escribiendo para ellos.


El paso de las semanas permitió anticipar el destino final de los acontecimientos. Cuando el reportero presentó solicitudes de acreditación a nombre de otras dos publicaciones europeas, el Centro de Prensa Internacional (el ente oficial cubano encargado de las acreditaciones de periodistas extranjeros) no se negó a aceptarlas de plano, pero dejó entrever que las posibilidades de una respuesta positiva resultaban, cuando menos, escasas.


La verdadera causa del conflicto era Cartas desde Cuba, que a finales de mayo había exigido una depuración de responsabilidades entre los directivos del Ministerio del Transporte, luego de que un accidente aéreo en La Habana provocara más de un centenar de muertes. Antes habían sentado muy mal denuncias relativas a la corrupción empresarial y, en diversas instancias del gobierno, la creciente ineficiencia del sistema de Salud Pública (una de las “joyas” de la propaganda oficial) e incluso de la Upec, tras la arbitraria expulsión de un periodista cubano de su puesto de trabajo y de retirarle la membresía de la organización (véase “Periodismo ‘revolucionario’”, Brecha, 16-III-17).


Las presiones contra Ravsberg incluyeron la retirada de la conexión a Internet en su domicilio y la amenaza más o menos velada de expulsarlo de Cuba, sin importar que su esposa e hijos sean cubanos. En paralelo, crecían los ataques cibernéticos contra Cartas.


Las autoridades locales no tenían la intención de otorgarle a Ravsberg el permiso de ejercer la profesión con la que se mantenía a sí mismo y a su familia, y así Cartas desde Cuba desapareció. “Tras una década en el ciber-espacio informando sobre la realidad de los cubanos, el blog debe desaparecer, ya no tengo posibilidades de continuar, el cerco se ha cerrado”, escribió el periodista el 13 de julio. “Ya no es solamente mantener Cartas desde Cuba, sino que es un problema mantenerme yo”, acotó.


“Me gustaría creer que el cierre de Cartas desde Cuba es un caso puntual, pero lamento tener que ser mucho más pesimista”, comentó Ravsberg a Brecha. En su opinión, el discurso del presidente Díaz-Canel –coincidente en el tiempo con la “ofensiva final” contra la plataforma que dirigía– marca una diferencia de peso respecto a la postura mantenida por Raúl Castro, quien “había estado al margen de la disputa (…) sin lanzar el Estado contra los medios alternativos (…). La expresión del presidente Díaz-Canel de que ‘se es o no se es’ refleja una visión muy polarizada que sólo reconoce dos bandos, los que están con el gobierno y los que están en su contra. Es un asunto muy grave porque convierte en ilegal la alegalidad en la que vivían decenas de jóvenes periodistas cubanos que escriben en medios alternativos desde hace algunos años”.


PRENSA (YA) NO TAN HOMOGÉNEA.

A comienzos de la semana pasada fueron anunciados cambios en las pruebas de aptitud para los estudiantes que pretenden estudiar periodismo. La decisión puede interpretarse de varias formas, pero al margen de especulaciones, lo cierto es que ni siquiera el titular del Ministerio de Educación Superior, José Ramón Saborido, puede enorgullecerse de haber conseguido impedir que “jóvenes poco confiables” obtuvieran sus títulos de periodistas. Muchos de ellos se formaron precisamente durante su gestión como rector de la Universidad Central de Las Villas (a finales de la década pasada).


La mayoría nunca manifestó posiciones contrarias al gobierno, sin embargo, durante los últimos años ha abandonado (o ha sido separada) masivamente de los medios en que trabajaba. Entre los que quedan, no son pocos quienes colaboran bajo seudónimo con publicaciones “alternativas” o de otros países, movidos por la necesidad material o la inconformidad con las limitaciones que impone la política de comunicación actual. Ni unos ni otros parecen conformar el gremio homogéneo que por décadas defendió sin vacilar las políticas de Fidel Castro.


“El Toque, Periodismo de Barrio y Oncuba (algunas de las llamadas publicaciones alternativas) estaban implícitas cada vez que se aludía a los medios que muestran una imagen distorsionada de Cuba, pero quienes conducían la reunión evitaron mencionarlas por su nombre. Ni siquiera aclararon cómo nuestra prensa podrá renovarse sobre la base de la nueva política de comunicación, que en definitiva los delegados nunca llegamos a ver”, detalló a Brecha a condición de anonimato uno de los asistentes al décimo congreso de la Upec. En su opinión, lo “más provechoso” del cónclave fue la designación de Ronquillo como presidente, “aunque claramente su misión será tranquilizar a la gente más inconforme dentro del sector”.


Vistos los acontecimientos de los últimos meses en cuanto a la prensa, entre el ser y el no ser sólo media una delgada frontera que no conviene traspasar.

Por Amaury Valdivia
27 julio, 2018

Publicado enInternacional
Lenín Moreno, presidente de Ecuador, durante una ceremonia con militares por el Día de la Independencia. El acto, en la ciudad de Quito, se llevó a cabo el pasado día 21

 

¿Qué es lo que sucede en Ecuador? Es la pregunta recurrente que circula en el exterior, entre profesores, académicos, editorialistas o personas de reconocida influencia en la opinión crítica de sus países.

Tratando de responder a esa inquietud, habría que señalar que los 10 años del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) formaron parte del ciclo de gobiernos progresistas de América Latina. Ellos despertaron poderosas fuerzas enemigas: el imperialismo, las élites empresariales, los medios de comunicación privados ligados a esos intereses, los partidos políticos tradicionales. En Ecuador, a estos sectores se unieron, con el paso del tiempo, dirigentes de movimientos sociales que perdieron antiguas prebendas y posiciones, así como partidos y sectores de la antigua izquierda, que fueron incapaces de comprender la época histórica que se vivía.

Para las elecciones de 2017, Alianza País (AP), el partido-movimiento que dio origen al gobierno de Correa, postuló al binomio Lenín Moreno y Jorge Glas. En la primera vuelta (19 de febrero) confrontaron a siete binomios, pero para la segunda (2 de abril) se enfrentaron al exbanquero y millonario Guillermo Lasso (binomio con Andrés Páez), auspiciado por Creo y SUMA, y apoyado por la derecha política. Ganó Moreno con 51.16 por ciento de votos (Lasso obtuvo 48.84 por ciento). Ese triunfo fue calificado de fraude por el candidato perdedor, de modo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), cediendo a las presiones, tuvo que realizar otro conteo de sufragios.

Durante la campaña, Moreno expresó lealtad a Correa, a quien destacó como el mejor presidente en la historia nacional. Señaló que la Revolución Ciudadana continuaría. Eso destapó los ataques de la oposición, que lo miró como el futuro continuista de un gobierno tildado de antidemocrático, autoritario, caudillista o populista.

Con la toma de posesión (24 de mayo), Moreno nombró un gabinete con algunas personas identificadas con el anterior gobierno y otros nuevos empresarios, lo cual parecía una renovación necesaria. Pero en pocas semanas la situación cambió. Sirvió de estrategia el diálogo nacional que inauguró el mandatario y que derivó en el resurgir de las derechas políticas y, sobre todo, de las élites empresariales, auspiciadas por los más influyentes medios de comunicación privados, que aplaudieron el nuevo ambiente de libertad que según Moreno ahora sí se respiraba.

Bajo ese inédito ambiente, no visto en una década, estalló el tema de la corrupción, que involucró a Odebrecht, PetroEcuador y altos funcionarios del gobierno de Correa. Sin duda, los escandalosos casos descubiertos, magnificados por los políticos de la antigua oposición y los medios de comunicación que los secundan, golpearon seriamente la imagen de Revolución Ciudadana. El juicio al vicepresidente Glas concluyó con sentencia condenatoria. De modo que el tema acicateó las justificaciones de la ruptura definitiva del gobierno morenista con su antecesor, al tiempo que siguieron amenazas judiciales y de la Contraloría contra antiguos funcionarios del correísmo.

En apenas ocho meses se modificó la correlación de fuerzas en el país. Hoy, élites empresariales, partidos de derecha política y toda la gama de sectores que han encontrado la oportunidad para movilizar su visceral anticorreísmo han adquirido presencia e influencia, ocupan los espacios mediáticos y sienten que sus posiciones predominan. Los banqueros recibieron el monopolio del manejo del dinero electrónico que estuvo en manos del Banco Central, algo impensable en el gobierno de Correa. A esas fuerzas también se han unido las izquierdas tradicionales, los marxistas pro-bancarios (otrora hicieron campaña a favor de Lasso) y hasta dirigentes de movimientos sociales (como el indígena y el de los trabajadores), atraídos con puestos públicos o nuevas prebendas de coyuntura. A los medios de comunicación privados se han sumado, paradójicamente, los públicos, alineados ahora con la misma visión. Todos se orientan por la descorreización del Estado y de la sociedad, y ven que este proceso avanza inexorablemente. No se habla más de Revolución Ciudadana ni del socialismo del siglo XXI.

Para el ex presidente Correa y sus partidarios, Moreno representa la traición y ahora cumple el programa perdedor de Lasso. En la geopolítica internacional no cabe descartar la movilización de estrategias continentales contra todo gobierno progresista en América Latina y para perseguir a sus figuras, como ha ocurrido con Cristina Fernández, Lula da Silva o Dilma Rousseff.

El mismo partido-movimiento AP literalmente fue tomado por los morenistas, que lograron el desconocimiento legal de la directiva correísta, fracción que pasó a identificarse con el nombre Revolución Ciudadana y que intentó registrarse como nueva agrupación política ante el CNE sin éxito.

En este contexto, la convocatoria gubernamental a consulta popular, siete preguntas, inevitablemente conduce a legitimar las nuevas circunstancias políticas y captar la institucionalidad estatal, desplazando definitivamente al correísmo. Son tres las preguntas de mayor significación y polémica: la dos, que propone negar la relección indefinida; la tres, para restructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la seis, para derogar la ley de plusvalía.

La dos impedirá cualquier retorno de Rafael Correa al poder, propósito explícitamente publicitado por quienes defienden el Sí. La pregunta seis es fruto de la presión de un sector empresarial que considera que el impuesto a la venta de bienes inmuebles afecta sus negocios. Pero la tres es la decisiva, porque la Asamblea Nacional nombrará siete miembros del CPCCS de transición (en el futuro sería por elecciones) entre las ternas que enviará el Ejecutivo, y que tendrá la capacidad para evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el consejo cesado, pudiendo incluso declarar la terminación anticipada de sus funciones. En consecuencia, el CPCCS de transición podrá nombrar contralor, fiscal, procurador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura (nombra jueces), Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, superintendentes. Se interviene, por tanto, en una de las cinco funciones del Estado creadas por la Constitución de 2008 y además, de triunfar el Sí, es previsible que las nuevas autoridades resulten de las componendas políticas, involucrando al Ejecutivo. Sería un retroceso histórico a los amarres típicos de la vieja clase política, que parecían superados desde 2007.

El ex presidente Rafael Correa llegó al país (vive con su familia en Bélgica) para respaldar a quienes promueven el No bajo condiciones absolutamente adversas. El resultado se conocerá el 4 de febrero, día de la consulta popular. Lo que ocurra después es mejor que quede como materia de análisis pendiente para otra ocasión.

Quito, 25/I/2018

 

Publicado enPolítica
¿Cómo va el proceso para la revocatoria?

Iniciando su tercer año de gobierno y según las encuestas*, Enrique Peñalosa se mantiene como uno de los alcaldes más impopulares entre los más de mil con que cuenta Colombia. Cumplido un año del inicio del proceso que pretende su revocatoria, es necesario analizar porqué es uno de los alcaldes más impopulares del país.


La disputa por la alcaldía de Bogotá ha sido un elemento clave en la vida política nacional. No es para menos, pues su capacidad de contratación y manejo de burocracia es inmenso. La salida de la izquierda de este fortín histórico de los gremios más poderosos del país y la llegada, por segunda vez, de Enrique Peñalosa al despacho del Palacio Liévano, propiciaron el reposicionamiento de intereses económicos y políticos, y con ellos el reencausamiento de un modelo urbano, que sumados a la serie de insatisfacciones con el modelo de la “Bogotá mejor para todos”, propiciaron que al cumplirse su primer año de mandato tomaran forma diferentes comités para adelantar la revocatoria del aún hoy Alcalde.

 

Las revocatoria en el país

 

Según la Registraduría Nacional, durante el año 2017 se registraron más de 100 procesos de revocatoria de mandato a lo largo y ancho del país; de estos solo 3 llegaron a las urnas y ninguno de ellos prosperó. Llama la atención que, a pesar de que la Ley 134, encargada de regular los mecanismos de participación ciudadana, existe desde el año 1994, y que la Ley 1757 del 2015 redujo los porcentajes necesarios de firmas y votantes para estos procesos, a la fecha ninguna revocatoria de mandato haya cumplido con su objetivo.

 

Si bien la ley establece los requisitos y mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda llegar a las urnas, los que se cumplen cuando la Registraduría Nacional aprueba las firmas de los ciudadanos, el CNE da su visto bueno y se da la convocatoria a votación por parte del Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, según sea el caso; cabe aclarar que tal ley no define los tiempos máximos que cada autoridad puede tomarse para cumplir su parte, por lo que pueden presentarse demoras en el proceso.

 

La revocatoria en Bogotá

 

A comienzos de mayo pasado, el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó en la Registraduría 650.000 firmas que avalaban el proceso de revocatoria del alcalde capitalino. Sin embargo, por esas mismas fechas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró públicamente en algunos medios de comunicación, que este mecanismo de participación ciudadana estaba siendo utilizado de manera ilegal en muchas partes del país, relacionándolo incluso con intereses personales y venganzas políticas. Por tal motivo, a finales de mes el CNE solicitó a la Registraduría Nacional un informe detallado de todos los procesos de revocatoria que se adelantaban para ese entonces en el país. Como resultado de ese ejercicio, citaron a todos los mandatarios y promotores de los procesos de revocatoria en audiencias públicas para que el CNE los escuchara y definiera si las revocatorias eran o no legítimas.

 

En junio, el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE emitió un informe en donde solicitaba correcciones en las cuentas entregadas por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa pues supuestamente se había presentado una violación en los topes de las donaciones recibidas. Gustavo Merchán, fiscal de Sintrateléfonos y presidente de Unidos Revocamos a Peñalosa, declaró que se trataba de un mal entendido en las cuentas presentadas y que el proceso de revocatoria no podía detenerse por detalles como ese. Sin embargo, en agosto el CNE rechazó por segunda vez las cuentas presentadas argumentando fallas e inconsistencias en firmas y números, lo cual generó una fuerte indignación en algunos sectores políticos de la ciudad que señalaron que el Consejo estaba actuando de mala fe al demorar a propósito este proceso de revocatoria, basándose en inconsistencias que no existían. Toda esta situación fue utilizada por el magistrado liberal Emiliano Rivera para elaborar la ponencia que en la actualidad tiene suspendido el proceso de revocatoria en la Sala Plena de la máxima autoridad electoral del país.

 

Es necesario señalar que además de las dilaciones por parte del CNE, la Registraduría Nacional también ha jugado en contra. Mes y medio después de que el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó las firmas en la Registraduría, esta presentó un primer aval que fue rechazado por el equipo de Peñalosa, quién solicitó un peritaje a las firmas avaladas. La fecha límite para emitir el nuevo certificado de las firmas se estableció para el mes de septiembre, pero este fue presentado a finales de octubre, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interviniera en el proceso y ordenara a la Registraduría agilizar la certificación.
En todo esto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido clave para destrabar el proceso. El pasado 5 de diciembre emitió un fallo en donde buscaba presionar a la Sala Plena del CNE para que determinara si le daba vía a la revocatoria o no; no obstante el 13 de diciembre, fecha límite para definir la revocatoria, esta se vio frenada debido a las recusaciones presentadas contra algunos magistrados de la sala, especialmente la que imputaba al magistrado Armando Novoa porque algunos funcionarios de su despacho habían firmado los formularios para la revocatoria, cayendo así en parcialidades. Por lo anterior, antes de que la Sala Plena del CNE pueda sentarse a discutir la ponencia de Rivera, debe citar un conjuez que le permita resolver la recusación contra Novoa.

 

Lo grave de esta situación es que mientras la Registraduría y el CNE dilatan el proceso de revocatoria, Peñalosa continúa rigiendo la ciudad, lo que ha significado para Bogotá la aprobación del presupuesto para la realización del metro elevado, decisión que le significó a Peñalosa una investigación en la Contraloría por supuesto detrimento patrimonial; la inminente y polémica construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera séptima, que deja de lado la Av. Boyacá a pesar de que ya existen estudios para esta última; la modificación de la política de humedales de la ciudad, que de ahora en adelante permitirá la construcción de obras de cemento dentro de los ecosistemas; la posible ampliación del tiempo de operaciones y el área del relleno sanitario de Doña Juana; el incumplimiento en la construcción de colegios y jardines infantiles; el aumento del endeudamiento de la ciudad, que de ser aprobado por el concejo ascendería a los 7 billones de pesos; la amenaza a la reserva Tomas Van Der Hammen, que es vista por Peñalosa como un potrero donde se deben construir vías y vivienda para ampliar la ciudad.

 

Como si fuera poco, en este pulso de abogados que ha contado con el silencio cómplice de los medios oficiosos de comunicación que tanto hostigaron a Gustavo Petro cuando se defendió con iguales armas para impedir la consulta sobre su revocatoria, entre dilataciones, obstrucciones, bloqueos y manzanillismo de todo tipo, alarma que el plazo máximo para que pueda desarrollarse la revocatoria del alcalde de Bogotá se cumpla en los próximos 6 meses. Lo que significa que la ciudadanía bogotana, proclive por la revocatoria, está ante el límite máximo de tiempo para poder cumplir con su propósito, para poder vencer la capacidad legalista de una burguesía constructora y comerciante que a través de abogados y legalismos ha logrado, hasta ahora, impedir la citación a la consulta de la revocatoria. Un triunfo parcial que ya les garantiza que así Peñalosa salga del Palacio Liévano su plan de Gobierno quedará en marcha. Una derrota y/o un triunfo agridulce.

 

* Según la última encuesta de percepción ciudadana, el 73% de los bogotanos considera que la ciudad va por mal camino, el 51% considera que el nivel de corrupción ha aumentado y el 84% mantiene una imagen desfavorable del actual mandatario.

 


 

Recuadro

 

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Sábado, 20 Enero 2018 09:27

El año que ya fue y el que llegó

El año 2017 no dejó beneficios para los marginados, aunque sí enseñanzas; entre el incumplimiento de sus compromisos firmados con diversidad de movimientos sociales y el direccionamiento económico de acuerdo con la regla fiscal, con el favor del gobierno los ricos prosiguen abultando sus bolsillos, apropiando sólo para ellos lo producido por las mayorías nacionales.

 

El año 2017 fue fuerte en protestas en Colombia: más de 100 movilizaciones sociales con eco nacional y 44 consultas populares así lo atestiguan. De las primeras, las acaecidas en Buenaventura y el Chocó (territorios con historia y población común), desprendieron los ecos más fuertes sobre el conjunto nacional; de las segundas, las votaciones a través de las cuales en nueve municipios dijeron no al extractivismo minero sobresalen por su significado y potencial.

 

Desde el establecimiento

 

El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de final de año (31 de diciembre), afirmó que el 2017 fue de transición en términos de paz, economía, sociedad y política; enfatizando que su gobierno trabajaba para que la paz fuera un “árbol frondoso que diera sombra a todos” y admitiendo que su mandato no ha sido ni es perfecto, pero que en los 7 meses que le quedan seguirá trabajando para garantizar una vida mejor a todos los que aquí habitamos.

 

En su discurso, claro está, dejó a un lado el coletazo de la reforma tributaria, cuyos efectos comprimieron al extremo la economía y las posibilidades de sobreviviencia en infinidad de familias populares de todo el país; tampoco aludió a las más de 200 mujeres muertas por violencia feminicida, ni a los operativos del Esmad que dejaron un rosario de heridos por todo el país, así como varios muertos; menos aún aludió a los 63 líderes y lideresas que perdieron la vida por defender lo justo, como tampoco recordó los falsos positivos judiciales y los miles de jóvenes para los cuales es cada vez más difícil ingresar a la educación básica y universitaria.

 

Es extraña la manera de ver la realidad de quienes detentan el poder, su prisma funciona de manera similar a la ley del embudo: acercan al ojo la parte ancha del utensilio, de suerte que su visión se reduce para ver solo lo que quieren observar, lo demás no existe –o al menos así lo consideran y quieren que el resto de connacionales también reduzcan su visión–, es por ello que afirman que su gestión es impoluta así la realidad indique lo contrario; es por ello que Santos tampoco retomó los incumplimientos de su gobierno con lo firmado con diferentes movimientos sociales tras las duras luchas que estos se vieron obligados a entablar en diversos territorios nacionales para obligar a los de arriba a respetar los derechos básicos y fundamentales de los de abajo.

 

¿Derramamiento de sangre?

 

Cada año, el Gobierno y su modelo, dan razones suficientes para que las comunidades decidan irse a la protesta, al paro, salgan a movilizarse y accionen jurídicamente para hacer respetar sus derechos fundamentales. Protesta que no es fácil concretar: los esfuerzos por parte de los actores alternativos para ganar el consenso social a favor de la resistencia activa son grandes, sobre todo en tiempos en que las comunidades están dispersas, algunas despolitizadas, vulnerables ante el accionar intimidatorio o violento por parte del Estado colombiano.

 

Es así, por medio de la violencia institucional y los incumplimientos de lo firmado, como quien termina su mandato en agosto próximo demostró a lo largo del 2017 que no está dispuesto a poner en riesgo los intereses políticos y económicos de los dueños del país, así tal decisión les cueste la vida a miles de colombianos. Dando fiel evidencia de los intereses que representa, abrió mayores canales de inversión para que el capital nacional e internacional profundice su presencia, esta vez en territorios que por décadas estuvieron, como efecto de la guerra, por fuera de la economía capitalista. Lo que vendrá en los próximos años será una lluvia de dólares y euros por efecto de los cuales miles de campesinos se verán obligados a continuar monte adentro o emigrar a los cascos urbanos de sus municipios a las capitales del departamento.

 

Al tiempo que esto sucede, la guerra contra las drogas mantendrá en su foco a los pequeños cultivadores, mientras los industriales del ramo siguen en la sombra, favorecidos por la banca, la industria y el comercio, vías para el lavado de sus fortunas.

 

Es todo un contubernio entre los poderes económicos, político, militar, nacional e internacional. Contubernio que favorece la dilación de la investigación que pesa sobre su gobierno por haber aceptado los dineros provenientes de la multinacional Odebrech, los que potenciaron sus campañas electorales que lo llevaron en dos periodos consecutivos a la Casa de Nariño.

 

Mientras esto sucede y pese a lo expresado el 31 de diciembre en cadena nacional, los pronósticos para 2018 no son los mejores, no hay duda: en su primera semana se registró el asesinato de dos líderes sociales ¿año nuevo, muerte segura?

 

Muerte que desde ya anuncian lo que recurrentemente ocurre en Colombia cada que hay campaña electoral con proyección nacional, acontecer que pondría al filo la débil paz hasta ahora lograda: de ahí que nos preguntemos: ¿tendremos un frenesí de violencia –popular– en el curso de la coyuntura electoral que marca el primer semestre del año que ahora empieza a dejar pasar sus horas?

 


 

Recuadro 1


Algunos retos al frente


El afán de expoliar aún más el bolsillo popular late entre los gremios que reúnen a los dueños del país, de ahí que sus propuestas para supuestamente “mejorar la economía nacional” retomen las medidas que ya están en marcha en Brasil, Argentina y otros países que siguen a ojo cerrado las recomendaciones de los organismos multilaterales: reformar las pensiones –aumentando la edad para acceder a la misma, así como las semanas por cotizar–; poner en marcha una nueva reforma tributaria y privatizar todo bien público que aún permanezca como tal (¿seguirá otro porcentaje Ecopetrol en la lista?).

 

Dicen por ahí que al que no quiere sopa le dan dos tazas. Pues bien, si el conjunto social no logra reunirse como una sola voz en el año que empieza, los oligarcas cumplirán con sus propósitos, ahora, o en el 2019, o en el 2020, o en el año que sigue, concretando una de las dos medidas estructurales que pretenden, o las dos, y continuarán con otras privatizaciones.

 

El reto que tienen ante si los excluidos y negados, los que trabajan por cuenta propia, pero también los contratados a término indefinido o por años, además del resto del país nacional, es cerrar el paso, como un solo cuerpo, a éstas y otras medidas de tufillo oligárquico.

 

En las semanas que siguen, de intensa campaña electoral, todos los candidatos a la presidencia, unos y otros dirán que no ejecutarán estas reformas, pero con seguridad una vez elegidos procederán por vía contraria. Ante el canto de las sirenas, como Ulises, hay que taparse los oídos, en este caso con los tapones de la experiencia. El modelo es uno sólo, por ello quien entre a administrar el establecimiento está sometido a las decisiones del capital internacional y los intereses de sus aliados criollos.

 

¡No pasarán!, hay que decir desde ahora.

Publicado enEdición Nº242
¡Que brille el oro!, pero bajo las montañas

“Cuando los labios sonríen, 

la pelea empieza a ganarse”.

Manuel Mejía Vallejo

 

La alegría fue la protagonista el pasado 26 de marzo cuando los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, sentaron un precedente a través de una consulta popular, al decirle no a la explotación minera en su territorio. En este caso la multinacional derrotada, la mismísima Anglo Gold Ashanti (AGA), multinacional surafricana con presencia en diversidad de países donde su estela es de destrucción de la naturaleza, obligando al desplazamiento de sus pobladores al ver cambiado el uso del suelo de donde lograban lo básico para subsistir.

 

Como es sabido, el resultado fue contundente: 5.565 (97,84%) cajamarc unos votaron en contra y solo 68 (1,2%) a favor. Pese a las disputas jurídicas y políticas que determinarán la expulsión definitiva de estas prácticas extractivas en esta región, la frase de Manuel Mejía parece palpar lo que se avecina en todo el país: Una pelea que ya empezó a ganarse.

 

Primera vuelta: suroeste antioqueño

 

Parte del suroeste antioqueño está asentada sobre una zona denominada el Cinturón de Oro de Colombia (COC), una de las más grandes betas de oro descubiertas recientemente en el país.

 

Su extensión asombra a unos y abre el voraz apetito de los negociantes de la vida. Como una serpiente pitón, su cuerpo se extiende desde Marmato (Caldas), siguiendo un flanco de la cordillera occidental hasta terminar en Antioquia en la desembocadura del río San Juan en el Cauca, recorrido que comprende los municipios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín (ver mapa 1).

 

 

mapa 1 p2

 

 

El brillo de El Dorado sigue encegueciendo luego de cinco siglos. Es así como en la actualidad el 90 por ciento del suroeste antioqueño está solicitado y titulado para exploración minera por parte de empresas transnacionales (ver mapa 2), “entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica), Solvista Gold (Canadá), Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines Corporation (Canadá), B2Gold (Canadá), entre otras más”1. Una vez destruido el campo, ¿comeremos metales? ¿Y el paisaje? ¿Y el medio ambiente?

 

mapa 1 p3

 

 

La empresa con mayor número de títulos mineros en la región es la Anglo Gold Ashanti AGA, entre los cuales cuenta con el proyecto Quebradona, que comprende un total de 12.699 ha2, a través de cinco títulos mineros.

 

Este proyecto, legalizado bajo la razón social de Minera Quebradona Colombia S.A, filial de AGA, está ubicado en mayor proporción en jurisdicción del municipio antioqueño de Jericó, extendido en su área rural a lo largo de 19.180 hectáreas, de las cuales 7.600 fueron adjudicadas con licencia de exploración minera (ver mapa 3).

 

 

mapa 2 p3

 

 

 

La empresa tiene su campamento de operaciones en la vereda Quebradona (corregimiento de Pablocabildo) desde donde avanza, año 2010, con perforaciones exploratorias, las mismas que en la actualidad se encuentran en fase de estudio avanzado3. El proyecto se concentra en un importante yacimiento de oro en el que se encuentran además minerales asociados como cobre, plata, molibdeno, zinc y otros metales.

 

La comunidad en alerta

 

No pocos han sido los reclamos de quienes habitan este municipio ante la llegada a sus territorios de esta gigante de la minería, y sobre todo si tenemos en cuenta el pasado sombrío/poco fiable de esta empresa4. El pasado 11 de abril AGA “nuevamente de manera inconsulta e ilegítima intentó instalar en este mismo municipio, corregimiento de Palocabildo, nuevas plataformas de perforación minera. Frente a este hecho, miembros de la comunidad, en su mayoría campesinos y vecinos del lugar, reaccionaron de manera pacífica pero firme en defensa de sus derechos [...] impidiendo que se realizaran dichas actividades”.

 

Según pobladores del municipio, donde pretenden explorar es la zona donde nacen el 80 por ciento de las fuentes hídricas que abastecen a Jericó. Siendo éste, junto con Támesis, una de las mayores potencias hídricas a nivel departamental. “Se nos metieron como pedro por su casa, no nos consultaron, no nos tuvieron en cuenta para nada”, manifiesta Hernando García, campesino de Palocabildo. Desde que llegó AGA al suroeste antioqueño, “amparado en varios títulos mineros otorgados en Bogotá, han desconocido a las comunidades presentes en el territorio, pasando por encima de los instrumentos constitucionales de planificación y ordenamiento municipal”. Desconocimiento que ha generado un rechazo unánime por parte de movimientos y organizaciones ambientales y sociales, campesinos, finqueros, políticos y académicos.

 

Mil y más razones

 

“El regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi Señor, no es plata; la lotería que yo te pido es que cuando esté vieja, me vaya a morir a Jericó!”5. Este anhelo de una de las protagonistas del documental: Jericó, el infinito vuelo de los días, parece empañarse con los pronósticos que se avecinan en la región, por lo menos así lo manifiestan sus pobladores. El temor se extiende.

 

La multinacional maniobra con palabras. Enfatiza, una y otra vez, en que las formas de hacer minería han cambiado: “Hemos aprendido a gestionar, reducir y mitigar los impactos de nuestra actividad [...] La buena minería genera riqueza y bienestar bien distribuidos y acelera el difícil camino del desarrollo sin tener que dañar la cultura ni el ambiente”. Probablemente sea verdad que sus prácticas hayan mejorado luego de los daños generados en diferentes partes del mundo, ciertamente, pero lo que no parecen entender (o no quieren entender) el gobierno, en alianza con multinacionales, es que nadie los ha invitado, y que no es grata su presencia en esta región; así lo manifiesta un líder campesino del corregimiento de Palocabildo. “No los queremos aquí perturbando nuestras tierras, nuestra tranquilidad, nuestras familias y nuestra unidad”.

 

La riqueza efímera

 

Para nadie es un secreto que el oro es un “activo refugio”, es decir “en tiempos de incertidumbre, inversionistas suelen colocar capital en este metal en lugar de arriesgarlo en acciones y bonos volátiles”. Es un bien de oferta y demanda que juega en los mercados internacionales, su precio fluctúa de acuerdo a las estrategias de bancos y organismos internacionales “que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional”.

 

Si bien es un metal precioso, en todo el sentido de la palabra6, su uso es bastante limitado: “Según el Consejo Mundial del oro solo 7% de la demanda se usa para producir materiales electrónicos y prótesis dentales. Además, menos de una décima parte tiene valor industrial”. El resto es destinado a joyería y a engrosar los anaqueles subterráneos, donde no brillará ante los ojos de nadie. Y como si fuera poco, con las reservas existentes de oro podría abastecerse la demanda industrial de este metal por 186 años7.

 

Según afirma Jorge Giraldo, decano de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit de Medellín, la minería a gran escala no es una importante fuente generadora de empleo, “la única manera de generar empleo es generando encadenamientos industriales; si nosotros sacamos el oro y lo mandamos para el exterior, sin generar una industria alrededor de la producción del oro, pues eso finalmente no deja nada, no deja capacidades, no deja un sector industrial nuevo instalado, no deja empleo”.

 

Sin embargo, hay familias jericoanas que le han brindado la bienvenida a la multinacional. La situación económica así lo propicia. El campo en Colombia es un modelo prospero para muy pocos, la mayoría de la población campesina en el país es pobre. AGA llegó generando empleo, más de 200 puestos directos y con salarios superiores a lo que gana un jornalero. Razón por la cual los finqueros entran en preocupación, como lo expresa Edgar Correa, caficultor jericoano, “el campo se está quedando sin trabajadores, muchos quieren irse para las minas”.

 

Todo lo cual no deja de ser una bonanza efímera. En palabras de Alfonso Cardona, investigador de la Ong Conciudadanía: “dedicarse a estas actividades (mineras) es muy transitorio, porque cuando pasa la fase exploración y viene la explotación minera, generalmente no es la gente de los pueblos la que puede ser empleada, sino que vienen técnicos de otras partes”.

 

¿De la cultura del campo, a la cultura minera?

 

En suma, hasta ahora la llegada de la multinacional AGA a la región ha generado, además de afectaciones ambientales, conflictos entre las comunidades. Las estrategias que emplean, según cuenta Sergio Steven Ruiz, es convencer a las comunidades de los beneficios de la minería a través de la compra de insumos a los campesinos, materiales para las escuelas, bonificaciones, etcétera. lo que es aceptado en algunas veredas y rechazado en otras, lo que propicia una ruptura entre la comunidad, y por ende en el tejido social.

 

Manipulaciones, tensiones y rupturas comunitarias que es solo el comienzo de lo que podría venir de imponerse la pretensión de la multinacional en el municipio pues, como es conocido, los cambios culturales trascienden en la medida que se fortalezca la posición minera. Según cuenta el sociólogo Luis Fernando Moncada, puede entenderse un cambio cultural a partir de las nuevas actividades económicas: “Las relaciones que se establecen con las formas de producción, establecen también las formas de vida de las comunidades. La identidad, que es la relación de la comunidad con su ambiente, se ve inmediatamente afectada”, de lo que podemos deducir que estamos ante el riesgo de un inevitable cambio cultural en la región. Y enfatiza Fernando Moncada, “Si se permite que entre la minería, nosotros nos quedaríamos sin pueblo, abría que cambiarle de nombre”.

 

“Es que nosotros queremos vivir como siempre hemos vivido”, dice Sandra Gómez, campesina de la vereda Alacena, quien ve una contradicción en el gobierno al afirmar que el subsuelo le pertenece, mientras que los campesinos no pueden hacer uso de la primera capa vegetal, la que les da vida y tienen por derecho. “Es lo que uno no entiende, al campesino nuestro le decimos que no puede tocar un árbol porque está violando el Distrito de manejo especial e integrado8, pero a unos mineros sí le entregan los títulos para que revuelquen la tierra”, dice Juan Martín Vélez, ex alcalde de Támesis.

 

Contradicción entre minería y agricultura que también resalta cuando se recuerda que desde administraciones pasadas, el Plan Desarrollo de los pueblos de la provincia de Cartama9, entre otros municipios del suroeste antioqueño, han coincidido en prevalecer su vocación “agroambientalmente sostenible y ecoturística”. En un comunicado publicado a raíz de lo ocurrido el 11 de abril ya mencionado, cuando AGA intentó poner en marcha nuevas plataformas de perforación, la comunidad de Jericó y Támesis, dejaron en claro, una vez más, su rechazo a la actividad “minero invasora”, resaltando el valor del agua y la vida por encima del cobre y el oro. “No somos únicamente maximizadores de poder y de dinero, primordialmente deseamos la felicidad”; Tal es el caso de Yolanda, campesina vinculada a un proyecto agroecológico de Semillas de Agua, quien expresa: “Esto no genera mucha plata, porque ser productor agroecológico no es para hacer plata, es para ser feliz, pero eso usted no lo refleja en la economía del país”.

 

“¿Podrá un gobierno crear agua por ley?”

 

Desde que llegó la “locomotora minera” a esta región, tomó cuerpo un sentir mayoritario que proclama la vida por encima del oro. Sentir palpable en cualquier calle o parque de los municipios afectados; la consigna que prevalece es clara: ¡nuestra riqueza es verde, nuestro oro es el agua! Sin embargo, el tren gubernamental, aliado del gran capital internacional, continúa su curso, y el malestar de las comunidades va en aumento.

 

Como quedó constatado en Cajamarca, la sociedad no está quieta, se da mañas, resiste, como una prueba más de “que la conciencia del buen vivir puede derrotar el afán de enriquecerse”.

 

El Gobierno tampoco deja de maniobrar, buscando que sus negocios de riqueza inmediata y pobreza futura pululen. Así lo dejó claro Germán Arce, actual ministro de Minas y Energía, quien ante el resultado arrojado por la consulta popular en Cajamarca sentenció: “El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros e impedir que las consultas populares los prohíban”. Lo más grave de todo, según lo expresado por Robinson Mejía, líder de la triunfante consulta popular es que “el Ministro de Minas esté insinuando pasar el proyecto por ‘Fast Track’ para evitar el debate y esto iría contra lo formulado por la Corte Constitución en el acto legislativo para la paz”.

 

Según expertos en derecho constitucional, cada vez son más claras y estrictas las leyes a favor de los derechos de las comunidades y autoridades municipales: “De acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional los municipios deben ser consultados frente al desarrollo de este tipo de proyectos que generan alto impacto en el territorio”. Por su parte, la Constitución Política de 1991, contempla la consulta popular como un mecanismo de participación legal de las comunidades.

 

Concientes de los riesgos que esto implica, las comunidades del suroeste antioqueño tejen hilos de resistencia. Ambientalistas, campesinos, indígenas, finqueros, movimientos sociales, estudiantes, académicos, autoridades municipales, entre otros, se articulan a lo largo de la región. “Se está pensando en hacer consultas populares simultáneas en varios municipios, también se está pensando en una revisión de los planes de ordenamiento territorial para que se hagan en los municipios con orientaciones comunes para la protección de las aguas y el medioambiente; y también se está pensando en presentar proyectos de acuerdo municipales que prohíban la megaminería”, dice José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, sin dejar de advertir que esto es sólo un camino de los muchos que es necesario explorar y poner en práctica.

 

Fortalezas por fortalecer

 

¿Minería sí? ¿Minería no? Para despejar la duda hay que hacer la aclaración de que hay minería de minería, así como hay territorios de territorios: historia, composición del suelo, tradición comunitaria, entorno, ecosistema, etcétera, esto y mucho más hay que valorar a la hora de enfrentar tal posibilidad.

 

Retomando algunos de estos aspectos, relacionados en el curso de esta nota, es claro que la minería prevista para esta región no es ni necesaria ni ambientalmente viable, son más los perjuicios que los beneficios que traería a la región.

 

Aquí hay un potencial ecosistémico inmenso, con bellos paisajes, abundante agua, producción agropecuaria, integración comunitaria. Si el interés de los gobernantes es por potenciar la región, ¿por qué no proceden desde estas cualidades del territorio?

 

La experiencia reciente de la humanidad, que padece el cambio climático sin comprenderlo en toda su dimensión, nos lo está mostrando: mejorar la condición de vida de los campesinos, indígenas y demás pobladores del campo, como preservar el medio ambiente de los intereses del mercado, resulta prioritario en la actualidad. Así asumimos y así aportamos a la humanidad como un todo. Mientras tanto, mientras se logra una sintonía entre gobierno y comunidades es indispensable seguir luchando, esbozando esa sonrisa que viene creciendo, por la pelea que ya empezó a ganarse!

 

1 Cinturón Occidental Ambiental (COA).
2 Representaciones sociales del agua en un conexto de conflicto socioambiental por exploración minera-corregimiento de Palocabildo Jericó-Antioquia http://www.bdigital.unal.edu.co/56230/1/8026236.2016.pdf
3 Durante esta fase el objetivo y alcances es evaluar el valor potencial, establecer un plan para la fase de perfectibilidad, realizar estudios geotécnicos, hidrogeológicos y metalúrgicos, además de definir y considerar aspectos tales como volúmenes a remover, producción del yacimiento, la viabilidad socio ambiental, infraestructura y especificaciones de los equipos a utilizar (AGA, 2015).
4 En enero del 2011 le otorgaron a AGA el premio a la empresa más irresponsable del mundo, debido a la contaminación de pozos y ríos, y el envenenamiento de personas en Ghana, África (Greenpeace).
5 Documental: Jericó, El infinito vuelo de los días. https://www.youtube.com/watch?v=tpWN9L0LFGI
6 “El oro, en latín aurum, se refiere al resplandor, a la luz, a dorar, dorado, áureo” Museo del Oro, Banco de la República.
7 El alto precio del oro, un metal inútil. http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/oro-un-metal-inutil-que-tiene-un-alto-precio/37424
8 Cuchilla Támesis–Jardín (más de 9.000 ha protegidas).
9 Támesis, Jericó, Caramanta, Fredonia, La Pintada, Pueblorrico, Santa Bárbara, Montebello, Tarso, Valparaíso, Venecia.

 


 

Recuadro 

 

Riesgos ambientales y humanos*

 

Es dentro de esta dinámica que el pasado 29 de abril sesionó en el corregimiento de Palermo, municipio de Támesis, el foro: “Impactos de la megaminería en Jericó y Támesis”. El evento, organizado por el colectivo Mesa Técnica Suroeste de Antioquia, tuvo como objetivo informar acerca de la afectación del proyecto minero Quebradona en el territorio de ambos municipios. Acá parte de lo dicho por algunos de los participantes:

 

Jorge Eduardo Cock Londoño, exministro de Mina y Energías, advirtió sobre el riesgo de llevar a cabo una explotación minera a cielo abierto en esta región, pues no hay antecedentes que corroboren las buenas prácticas de la minería moderna, “no es lo mismo hacer minería en territorios desérticos, en tierra pelada, que pelar tierras como las del suroeste antioqueño para hacer minería”. Tierras que por demás son fértiles, con tradición e historia, vocación y potencial agrícola y turístico.

 

El exministro también advirtió sobre los riesgos generados por las sustancias tóxicas utilizadas en la minería de metales y la gravedad de los accidentes que se producen por fugas en las lagunas de lixiviación, algunos de los cuales han llegado a contaminar cientos de hectáreas adyacentes.

 

Por su parte Julio Fierro, docente e investigador de la Universidad Nacional, adviertió sobre los riesgos de extinción de los acuíferos y contaminación por arsénico: “En la minería subterránea todos los socavones se constituyen como en unos atractores del agua de toda la montaña, por lo que esta tendería a secarse (ver imagen de cuencas en riesgo)”. Tal es el caso de proyectos viales como el de La Línea, Boquerón del Sumapaz y La Miel en Colombia, entre otros.

 

También mencionó que el proyecto Quebradona, en 15 años de producción, podría generar cerca de 150 millones de toneladas de desechos durante, cifra equivalente a la cantidad de desechos urbanos que generaría la ciudad de Medellín durante 200 años, a la tasa del 2016.

 

Para ejemplificar el riesgo de liberación de arsénico en un proyecto como este, explicó los resultados de un estudio que muestra que la presencia de arsénico en el suelo es cinco veces más alta en distritos arroceros cercanos a una explotación minera de Anglo Gold Ashanti en Ghana, África, que en otros distritos arroceros de ese país, por fuera de la zona de influencia de la actividad minera.

 

*   Resumen presentado por Mesa Técnica Suroeste de Antioquia. Morro de Agua.

Publicado enEdición Nº235
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