El poder que venció a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda

Todo por la vida. Luego de comprobar que las fuentes de agua de su municipio se estaban secando como consecuencia de la explotación minera, en el municipio de Mercaderes –Cauca-, su población decidió ponerle coto a tan nefasto designio. La Consulta popular fue la vía, el diálogo con la población el método. Acá la historia de un triunfo que sacia la sed de miles.

Año 2013. Luego de comprobar la desaparición de más de 10 cuerpos de agua, producto de exploraciones sísmicas, sufrir las consecuencias de la minería ilegal que mató el rí o Sambingo, y que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Amla) otorga en el curso de pocos años 14 títulos mineros de explotación minera y extracción de hidrocarburos, los habitantes del municipio de Mercaderes decidieron emprender la lucha por la defensa del agua y del territorio utilizando para ello de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política: la Consulta popular

Para ello, 24 organizaciones sociales del municipio, reunidas en la Coordinadora Social Integral Mercadereña, junto con la Alcaldía y el Concejo Municipal iniciaron trámites administrativos para realizar la Consulta popular sorteando cada uno de los trámites legales necesarios. En esa pugna, el punto culmen se presenta en el 2017 cuando el Tribunal Administrativo Contencioso del Cauca dio concepto favorable a la Consulta, que preguntaba a los habitantes, “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. 

Una vez obtenido este aval, se solicitó a la Registraduría Nacional adelantar los procesos necesarios para que se pudiera llevar a cabo la votación. 

Todo debería seguir su curso sin sobresaltos, sin embargo en 2017 y nuevamente en 2018, la Registradora negó el procedimiento, además de restringir el acceso al censo electoral actualizado1, y a los elementos necesarios para el proceso electoral (formularios, urnas, tarjetones etc.), negándose, además, junto con el Ministerio de Hacienda a realizar la consulta aduciendo falta de presupuesto, e invitando a la Alcaldía municipal a suspender de manera indefinida la votación hasta que alguno de los dos entes contara con recursos. 

Maniobras legalista y obstáculos desde el poder central que no lograron quebrar la voluntad popular, de manera que la comunidad y sus autoridades siguieran adelante. El asunto no era solo formal-electoral, de ahí que a finales de 2018 realizaran el recorrido Tras las huellas del agua en Mercaderes, en la que participaron habitantes y organizaciones del municipio, visitando distintos corregimientos para constatar el estado de las fuentes hídricas, para preservarlas y cuidarlas. En ese mismo ejercicio presentaron los mandatos por el agua (ver recuadro).

Ante la negativa de las autoridades responsables de cumplir con su labor, y su decisión de quebrarle el cuello a sus propias normas, la comunidad autónomamente se organizó y decidió llevar a cabo la Consulta popular legítima en Mercaderes, por el agua y el territorio, al igual que la realizada a finales del 2018 en San Lorenzo –Nariño–.

Con esta iniciativa ciudadana se busca proteger “El Cerro de la Campana, donde nace el rio Ato Viejo, principal fuente de agua del municipio, que desemboca en el rio Sambingo, y todas las restantes fuentes de agua”, como nos contó Ulber Castillo, habitante del municipio y perteneciente al Comité de Integración del Macizo colombiano, uno de los promotores de la Consulta popular.

La Consulta se realizó autogestionando los recursos económicos, logísticos, organizativos y presentación de resultados, como decisión de una comunidad que se negó a permitir que la burocracia, falta de garantías políticas, limbos jurídicos y desidia de la administración central les impidieran ejercer su derecho a decidir sobre su territorio, el mismo que día a día recorren, trabajan y cuidan en procura de un mejor porvenir. 

 

No quiero que quiten el agua de mi municipio

 

Hombres, mujeres y niños se avocaron a este ejercicio, todos querían participar, todos querían decir algo para defender las fuentes de agua del municipio. En esto coincide el abogado ambientalista David Uribe, asesor de varios procesos de Consultas populares en Colombia “Si hay un pueblo organizado, un pueblo consciente que valora, que cuida sus fuentes hídricas, sus bosques, su territorio, de alguna manera se le puede hacer frente a las empresas, a las políticas y a las legislaciones lesivas”. 

Para sacar adelante su decisión, los habitantes del municipio, primero, buscaron los recursos económicos, logrando el apoyo de diferentes organizaciones sociales y de la Alcandía municipal; también organizaron una Registraduría Comunitaria, conformada por un equipo de 4 personas designadas por la comunidad, que vigiló y se encargó de dar fiabilidad al procedimiento. De igual manera, desplegaron campañas de información, tales como “Yo defiendo el agua y tú también, apóyanos marcando No en el tarjetón”, “No quiero que en el municipio entren las multinacionales a destrozar lo que nos pertenece”. 

La Registraduría comunitariaorganizó logísticamente los elementos necesarios: jurados y testigos (la MOE, Veedores internacionales, personería, defensoría, testigos y jurados electorales, elementos de votación), buscó el censo electoral, organizó el transporte de testigos y delegados, conteo y posterior entrega de resultados, dándole así sustento legal al proceso social y popular, pese a la desidia y falta de voluntad política de las instituciones encargadas de cumplir con la ley 1757 de 2015 –sobre mecanismos de participación ciudadana–, ley 136 de 1994 –sobre organización y funcionamiento de municipios–, y el artículo 311 de la Constitución Política –sobre la autonomía de organizar el territorio y garantizar la participación ciudadana. 

Los resultados no pudieron ser mejores: se superó el umbral exigido de 4.671 votos. En las 46 mesas habilitadas se registraron un total de 6.489 votos, 17 por el Sí, 6.449 por el No, 8 nulos y 10 no marcados. 

Cabe resaltar un ejercicio político que no tiene igual en este tipo de consultas: la comunidad decidió contar con la voz de sus niños, niñas y adolescentes, y dos días antes de las elecciones del 3 de agosto de 2019, organizaron elecciones en 10 instituciones educativas: participaron 2.447 NNA, de los 2.870 que viven en el municipio, 2.416 dijeron No, 31 dijeron Sí, 423 no votaron. Los resultados no podían decir algo diferente a lo que fue posteriormente la elección general.

 

En proceso

 

Una vez surtida la fase de la Consulta popular, la comunicad enfoca su esfuerzo tras tres grandes propósitos. Primero, que lo decidido quede integrado en los acuerdos municipales por el Concejo municipal y posteriormente se integren al Esquema Básico de Ordenamiento Territorial, para así ponerle límite a las exploraciones y explotaciones, delimitando zonas especiales de protección y reserva que impidan la afectación de las fuentes hídricas y la biodiversidad de este territorio, así como definir las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio. 

Segundo, consolidar un tejido social y organizativo que tenga la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la minería ilegal, los proyectos extractivos y mineros, y la desidia del gobierno central –que desconoce las particularidades y necesidades de cada territorio–, factores adversos que, como la Consulta popular, se enfrentan a partir de ejercicios ciudadanos que se apropian no solo desde las posibilidades que brinda la ley, sino también, y en lo fundamental, desde la construcción de nuevas forma de hacer y exigir respeto a gobiernos y políticas que afecten su vida en comunidad. 

Y tercero, enviarle un potente mensaje político a todas las comunidades de nuestro país que se encuentran afectadas por los proyectos o los planes de exploración y explotación minera, para que se organicen y logren, mediante ejercicios colectivos, rigurosos, asumir ellos mismos la dirección y decisión de su destino. Como proyección de ello, llamar a la unión comunitaria para incidir en políticas nacionales que garanticen, de manera real, que sea el pueblo el que decida sobre el territorio. 

Por eso Ulber Castillo agradece “al pueblo mercadereño, a los niños y las niñas, a las organizaciones (recordando) que cuando nos articulamos, que cuando nos unimos, podemos defender nuestro territorio”. La dinámica y acción colectiva continúa. Un mensaje claro dado las decisiones de la Corte Constitucional. 

Este procedimiento dificultó que muchos habitantes del municipio no pudieran ejercer el derecho al voto, dado que no estaban en las listas de votación.

 


Mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua en Mercaderes

 

El pueblo y las comunidades que habitamos, pervivimos y subsistimos en el territorio del municipio de Mercaderes, en ejercicio de nuestra autonomía y búsqueda de la justicia hídrica exigimos y mandatamos:

Que el agua sea concebida como un bien común y elemento que permite la vida de diversos seres de la naturaleza, además de los seres humanos.

Que se garantice el derecho fundamental al agua como un elemento de uso y gestión público-comunitario, con criterios de cantidad y calidad suficiente para la vida digna y prioridad para el consumo humano de acuerdo a la Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, con un control y seguimiento riguroso a todos los actores implicados en el cumplimiento de este derecho.

Que se garanticen escenarios de participación comunitaria con carácter vinculante en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial para la incidencia en la toma de decisiones en torno al agua y los ecosistemas que hacen posible que fluya, y que permita establecer y consolidar a Mercaderes como un municipio con vocación agroalimentaria y ambiental.

Que se respete la autonomía de las organizaciones sociales y comunitarias de autogestión , con inclusión de propuestas y planes y proyectos de vida propios en los planes de desarrollo municipales, EOT y demás planes de ordenamiento territorial y del agua.

Que se respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (2018) y la Sentencia STP 2028 de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre el campesinado como sujeto de especial protección constitucional dada su relación con el agua y el territorio en el marco de la protección.

Que se garantice apoyo y financiación para la protección del agua y del ambiente con metodologías, programas y proyectos participativos y concertados con las comunidades del municipio vinculando al Sistema General de Participaciones.

 


 

Sí pero no. Decisiones ambiguas 

 

En octubre de 2018 la Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificada SU095/18 mediante la cual decidió que las Consultas populares no pueden impedir proyectos extractivos. La decisión no pasó sin pena ni gloria pues generó incertidumbre jurídica entre las comunidades y organizaciones sociales, aquellas que desean otros proyectos productivos en sus territorios, sin que afecten y mucho menos destruyan su entorno y naturaleza. La Sentencia, además, deja limbos jurídicos debido a que diferentes normatividades en materia ambiental, territorial y ciudadano chocan entre sí, lesionando la participación ciudadana, dejando con ello un mal precedente en el país. 

En esta Sentencia, la Corte Constitucional recuerda que el subsuelo al ser propiedad del Estado, y teniendo este la facultad para explotarlo y/o cederlo, no es competencia de los municipios determinar si se puede o no realizar exploración y extracción y, por lo tanto, las Consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir tales actividades. La Sentnecia reconoce, a su vez, la facultad que tienen los municipios y entes territoriales para organizar y decidir los usos que del suelo se puedan hacer. También reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones que afecten el territorio, cuando en él se lleven a cabo actividades que afecten el uso del suelo. 

Por lo tanto, considerando que el Estado es el dueño del subsuelo y que la entidades territoriales tienen la competencia del uso del suelo, y que se necesitan mecanismos de participación ciudadana, en la Sentencia se decidió que sea el Senado, en los próximos dos años, el responsable de crear los mecanismos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan que todos los actores: gobierno central, gobernación, alcaldia, y ciudadanos participen y decidan conjuntamente sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

La decisión de la Corte se produce producto de la tutela presentada por Monsarovar Energy en contra de la Consulta popular realizada en el municipio de Cumaral –Meta– en el año 2017, con su decisión mayoritaria de impedir la exploración sísmica, perforación y producción de hidrocarburos, decisión colectiva que fue tutelada por la empresa, con visto favorable de la Corte.

En esta ocasión la Corte decidió fallar en favor del Estado central, desconociendo la descentralización del mismo, la autonomía de los entes territoriales, la violencia que está asociada a proyectos de extracción y exploración, la protección del medio ambiente, dejando con ello sin mecanismos de participación a los municipios, y de paso favoreciendo a las multinacionales mineras y petroleras. David Uribe, abogado ambientalista, agrega que “Los municipios tienen una función básica que es el ordenamiento del suelo, y que el suelo es inescindible del subsuelo”, por lo que no se comprende la decisión. 

Sin embargo, en la misma Sentencia el magistrado Alberto Rojas Ríos calificó la decisión de “[…] regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad”,algo que compartimos en esta publicación. Por ello, ¿Por qué la Corte, en vez de limitar la participación ciudadana no limita la acción de las mineras y petroleras, en tanto se tramiten los mecanismos de concertación? ¿Por qué tienen que sufrir las comunidades mientras que un órgano ineficiente y pro exploración y explotación –como el Senado– decide legislar? 

En estas circunstancias, y con la experiencia vivida y acumulada por diversidad de comunidades a lo largo y ancho del país en su lucha contra la explotación minera, desvío de ríos, y proyectos similares, es clara la necesidad de reformar la política minera y energética del país, la misma que propicia violencia y pobreza. El reto es generar proyectos económicos acordes con el potencial de las comunidades, en los que la agricultura y la industria primen sobre la exploración y extracción depredadora, pensando en la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, transformar la matriz energética basada en hidrocarburos, explorando nuevas fuentes de energía. A la par, respetar la descentralización del Estado, fomentando la planeación con participación popular y autonomía de los entes territoriales en la organización del suelo. 

Publicado enEdición Nº260
El ejercicio legítimo y comunitario de las Consultas populares

La Consulta popular es un mecanismo que ha permitido visibilizar la inconformidad comunitaria generalizada y contundente que existe frente a la imposición de proyectos minero energéticos en el país. 

A pesar de la medida de la Corte Constitucional octubre de 2018, de no permitir Consultas para estos asuntos, algunos procesos territoriales y organizativos han decidido seguir impulsando la realización de este mecanismo, como una forma legítima y autónoma de expresar su voluntad. 

Hasta el momento se han realizado dos Consultas populares legítimas –San Lorenzo, Nariño, y Mercaderes, Cauca (Ver artículo páginas 2 y 3)– acompañadas y articuladas con organizaciones campesinas, ambientalistas, comités, instituciones garantes, entre otros. 

Estas jornadas se desarrollan en un contexto en el cual el Estado colombiano se niega a reconocer la voluntad de las comunidades, manifiesta en diversas demandas en pro de la protección de sus territorios. 

 

Participación vs. extractivismo

 

Los escenarios participativos vinculantes y directos en la institucionalidad colombiana son cada vez más obstaculizados.  No es casual que así sea, ya que el establecimientos acepta, propicia e impulsa la implementación de diversos proyectos de explotación minera, de hidrocarburos y de megaproyectos energéticos e hidroeléctricos. Esta contradicción sociedad-Estado se transforma hoy en asunto fundamental en la discusión política dada por la expansión de conflictos ambientales que surgen a raíz de su acceso, control y apropiación de buena parte de los bienes naturales. A lo largo del país,  ante esto la sociedad civil ha ejercido estrategias participativas para posicionar sus planes de vida y sus lecturas frente a la forma en que se organiza el territorio. 

La ofensiva institucional se fundamenta en situar las actividades mineras, petroleras, energéticas y de infraestructura como principales determinantes en la definición política, económica y fiscal del país, generando medidas que priorizan y blindan el ejercicio extractivo en el territorio nacional, las cuales por lo general se materializan en flexibilización laboral; desregulación de títulos para la exploración y explotación; debilidad de las instituciones que ejercen control y seguimiento sobre el uso de los bienes comunes; perdida de competencia de las entidades territoriales para ordenar el agua y el suelo; limitación del alcance de mecanismos legales de participación*. 

Las dinámicas de los conflictos que se reportan a nivel nacional tienen diversas manifestaciones, dependiendo de la actividad extractiva, las más frecuentes son las asociadas a la contaminación, a la afectación de los medios de vida, la falta de acceso a los recursos y el conflicto más común que se reporta es la falta de participación en la planificación. Esto ha conducido a que espacios organizativos ambientalistas, campesinos, afros e indígenas planteen escenarios autónomos para proponer orientaciones en la planeación territorial; es así como en algunas regiones se han diseñado Planes de vida Comunitarios y se han realizado Consultas populares gestionadas y organizadas desde instancias comunitarias. 

 

Desconocimiento de la voluntad ciudadana 

 

Por su parte, en los últimos años las comunidades han empleado diversas medidas que ha desconocido el Estado central. En esa ruta, los constantes pronunciamientos y conceptos emitidos por altas Cortes y entidades gubernamentales han limitado la posibilidad de acudir a elementos institucionales para la defensa de la justicia ambiental y social. Esta discusión ha empezado, precisamente, desde el ejercicio de las Consultas populares y la prohibición de las actividades extractivas por medio de Acuerdos Municipales, a partir de lo cual se cuestionó la competencia de los escenarios territoriales para limitar este tipo de proyectos.

Está limitación empezó con el pronunciamiento de la Sentencia SU 095 de 2018, que estableció, para el caso de una Consulta popular, que las entidades territoriales no tenían la potestad de prohibir actividades que afectaren el subsuelo; interpretación reiterada en la Sentencia C-052 de 2019 que también limitó el ejercicio de las consultas en los casos en los que se cambia del uso del suelo, y la T-342 de 2019 que extiende esta interpretación frente al alcance y legalidad de los Acuerdos Municipales.

Esta línea de interpretación a su vez establece que debe existir coordinación y concertación entre las entidades territoriales y la nación, lo cual genera gran preocupación frente a las garantías para el ejercicio participativo, ya que si bien se reconoce la ausencia de mecanismos certeros y eficaces para la participación en materia ambiental, en correspondencia con ello no se establece otro mecanismo o escenario que permita un verdadero diálogo democrático y participativo.

 

Alternativas desde organizaciones y comunidades 

 

Pese a las diversas formas en las que se ha limitado y flexibilizado el control jurídico, político e institucional, los procesos organizativos y territoriales insisten en generar escenarios que puedan construir y debatir apuestas locales y autónomas adecuadas a cada contexto, y a su vez disputar escenarios para materializarlas. 

Ejemplo de esto son los Planes de vida comunitarios y las Consultas populares legitimas. Por un lado, frente a los Pactos Planes de vida comunitarios se han suscrito acuerdos políticos entre organizaciones sociales y candidatos electorales en los cuales se comprometen a la defensa y cuidado del agua y los bienes naturales. Por otro lado, existe actualmente la convicción para continuar con la realización de Consultas populares como estrategia de visibilización de expresiones colectivas contra los megaproyectos. 

Mecanismos de participación con total vigencia, ya que es fundamental seguir fortaleciendo las formas comunitarias de participación y la articulación y deliberación constante que permita transitar a un modelo minero energético social y ambientalmente justo, que asuma como prioridad y fundamento la protección y defensa del agua, la vida y la biodiversidad.

 

* Los dos últimos han sido transversales en los conflictos ambientales que se visibilizan en los últimos años en el país, ya que determinan la posibilidad de la ciudadanía de incidir sobre la organización del territorio y dicha debilidad genera una ruptura entre las formas comunitarias de ver y planear el territorio y los planes de desarrollo que se implementan por los gobiernos locales y nacionales. 

**Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz

Publicado enEdición Nº260
El poder que venció a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda

Todo por la vida. Luego de comprobar que las fuentes de agua de su municipio se estaban secando como consecuencia de la explotación minera, en el municipio de Mercaderes –Cauca-, su población decidió ponerle coto a tan nefasto designio. La Consulta popular fue la vía, el diálogo con la población el método. Acá la historia de un triunfo que sacia la sed de miles.

Año 2013. Luego de comprobar la desaparición de más de 10 cuerpos de agua, producto de exploraciones sísmicas, sufrir las consecuencias de la minería ilegal que mató el rí o Sambingo, y que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Amla) otorga en el curso de pocos años 14 títulos mineros de explotación minera y extracción de hidrocarburos, los habitantes del municipio de Mercaderes decidieron emprender la lucha por la defensa del agua y del territorio utilizando para ello de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política: la Consulta popular

Para ello, 24 organizaciones sociales del municipio, reunidas en la Coordinadora Social Integral Mercadereña, junto con la Alcaldía y el Concejo Municipal iniciaron trámites administrativos para realizar la Consulta popular sorteando cada uno de los trámites legales necesarios. En esa pugna, el punto culmen se presenta en el 2017 cuando el Tribunal Administrativo Contencioso del Cauca dio concepto favorable a la Consulta, que preguntaba a los habitantes, “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. 

Una vez obtenido este aval, se solicitó a la Registraduría Nacional adelantar los procesos necesarios para que se pudiera llevar a cabo la votación. 

Todo debería seguir su curso sin sobresaltos, sin embargo en 2017 y nuevamente en 2018, la Registradora negó el procedimiento, además de restringir el acceso al censo electoral actualizado1, y a los elementos necesarios para el proceso electoral (formularios, urnas, tarjetones etc.), negándose, además, junto con el Ministerio de Hacienda a realizar la consulta aduciendo falta de presupuesto, e invitando a la Alcaldía municipal a suspender de manera indefinida la votación hasta que alguno de los dos entes contara con recursos. 

Maniobras legalista y obstáculos desde el poder central que no lograron quebrar la voluntad popular, de manera que la comunidad y sus autoridades siguieran adelante. El asunto no era solo formal-electoral, de ahí que a finales de 2018 realizaran el recorrido Tras las huellas del agua en Mercaderes, en la que participaron habitantes y organizaciones del municipio, visitando distintos corregimientos para constatar el estado de las fuentes hídricas, para preservarlas y cuidarlas. En ese mismo ejercicio presentaron los mandatos por el agua (ver recuadro).

Ante la negativa de las autoridades responsables de cumplir con su labor, y su decisión de quebrarle el cuello a sus propias normas, la comunidad autónomamente se organizó y decidió llevar a cabo la Consulta popular legítima en Mercaderes, por el agua y el territorio, al igual que la realizada a finales del 2018 en San Lorenzo –Nariño–.

Con esta iniciativa ciudadana se busca proteger “El Cerro de la Campana, donde nace el rio Ato Viejo, principal fuente de agua del municipio, que desemboca en el rio Sambingo, y todas las restantes fuentes de agua”, como nos contó Ulber Castillo, habitante del municipio y perteneciente al Comité de Integración del Macizo colombiano, uno de los promotores de la Consulta popular.

La Consulta se realizó autogestionando los recursos económicos, logísticos, organizativos y presentación de resultados, como decisión de una comunidad que se negó a permitir que la burocracia, falta de garantías políticas, limbos jurídicos y desidia de la administración central les impidieran ejercer su derecho a decidir sobre su territorio, el mismo que día a día recorren, trabajan y cuidan en procura de un mejor porvenir. 

 

No quiero que quiten el agua de mi municipio

 

Hombres, mujeres y niños se avocaron a este ejercicio, todos querían participar, todos querían decir algo para defender las fuentes de agua del municipio. En esto coincide el abogado ambientalista David Uribe, asesor de varios procesos de Consultas populares en Colombia “Si hay un pueblo organizado, un pueblo consciente que valora, que cuida sus fuentes hídricas, sus bosques, su territorio, de alguna manera se le puede hacer frente a las empresas, a las políticas y a las legislaciones lesivas”. 

Para sacar adelante su decisión, los habitantes del municipio, primero, buscaron los recursos económicos, logrando el apoyo de diferentes organizaciones sociales y de la Alcandía municipal; también organizaron una Registraduría Comunitaria, conformada por un equipo de 4 personas designadas por la comunidad, que vigiló y se encargó de dar fiabilidad al procedimiento. De igual manera, desplegaron campañas de información, tales como “Yo defiendo el agua y tú también, apóyanos marcando No en el tarjetón”, “No quiero que en el municipio entren las multinacionales a destrozar lo que nos pertenece”. 

La Registraduría comunitariaorganizó logísticamente los elementos necesarios: jurados y testigos (la MOE, Veedores internacionales, personería, defensoría, testigos y jurados electorales, elementos de votación), buscó el censo electoral, organizó el transporte de testigos y delegados, conteo y posterior entrega de resultados, dándole así sustento legal al proceso social y popular, pese a la desidia y falta de voluntad política de las instituciones encargadas de cumplir con la ley 1757 de 2015 –sobre mecanismos de participación ciudadana–, ley 136 de 1994 –sobre organización y funcionamiento de municipios–, y el artículo 311 de la Constitución Política –sobre la autonomía de organizar el territorio y garantizar la participación ciudadana. 

Los resultados no pudieron ser mejores: se superó el umbral exigido de 4.671 votos. En las 46 mesas habilitadas se registraron un total de 6.489 votos, 17 por el Sí, 6.449 por el No, 8 nulos y 10 no marcados. 

Cabe resaltar un ejercicio político que no tiene igual en este tipo de consultas: la comunidad decidió contar con la voz de sus niños, niñas y adolescentes, y dos días antes de las elecciones del 3 de agosto de 2019, organizaron elecciones en 10 instituciones educativas: participaron 2.447 NNA, de los 2.870 que viven en el municipio, 2.416 dijeron No, 31 dijeron Sí, 423 no votaron. Los resultados no podían decir algo diferente a lo que fue posteriormente la elección general.

 

En proceso

 

Una vez surtida la fase de la Consulta popular, la comunicad enfoca su esfuerzo tras tres grandes propósitos. Primero, que lo decidido quede integrado en los acuerdos municipales por el Concejo municipal y posteriormente se integren al Esquema Básico de Ordenamiento Territorial, para así ponerle límite a las exploraciones y explotaciones, delimitando zonas especiales de protección y reserva que impidan la afectación de las fuentes hídricas y la biodiversidad de este territorio, así como definir las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio. 

Segundo, consolidar un tejido social y organizativo que tenga la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la minería ilegal, los proyectos extractivos y mineros, y la desidia del gobierno central –que desconoce las particularidades y necesidades de cada territorio–, factores adversos que, como la Consulta popular, se enfrentan a partir de ejercicios ciudadanos que se apropian no solo desde las posibilidades que brinda la ley, sino también, y en lo fundamental, desde la construcción de nuevas forma de hacer y exigir respeto a gobiernos y políticas que afecten su vida en comunidad. 

Y tercero, enviarle un potente mensaje político a todas las comunidades de nuestro país que se encuentran afectadas por los proyectos o los planes de exploración y explotación minera, para que se organicen y logren, mediante ejercicios colectivos, rigurosos, asumir ellos mismos la dirección y decisión de su destino. Como proyección de ello, llamar a la unión comunitaria para incidir en políticas nacionales que garanticen, de manera real, que sea el pueblo el que decida sobre el territorio. 

Por eso Ulber Castillo agradece “al pueblo mercadereño, a los niños y las niñas, a las organizaciones (recordando) que cuando nos articulamos, que cuando nos unimos, podemos defender nuestro territorio”. La dinámica y acción colectiva continúa. Un mensaje claro dado las decisiones de la Corte Constitucional. 

Este procedimiento dificultó que muchos habitantes del municipio no pudieran ejercer el derecho al voto, dado que no estaban en las listas de votación.

 


Mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua en Mercaderes

 

El pueblo y las comunidades que habitamos, pervivimos y subsistimos en el territorio del municipio de Mercaderes, en ejercicio de nuestra autonomía y búsqueda de la justicia hídrica exigimos y mandatamos:

Que el agua sea concebida como un bien común y elemento que permite la vida de diversos seres de la naturaleza, además de los seres humanos.

Que se garantice el derecho fundamental al agua como un elemento de uso y gestión público-comunitario, con criterios de cantidad y calidad suficiente para la vida digna y prioridad para el consumo humano de acuerdo a la Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, con un control y seguimiento riguroso a todos los actores implicados en el cumplimiento de este derecho.

Que se garanticen escenarios de participación comunitaria con carácter vinculante en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial para la incidencia en la toma de decisiones en torno al agua y los ecosistemas que hacen posible que fluya, y que permita establecer y consolidar a Mercaderes como un municipio con vocación agroalimentaria y ambiental.

Que se respete la autonomía de las organizaciones sociales y comunitarias de autogestión , con inclusión de propuestas y planes y proyectos de vida propios en los planes de desarrollo municipales, EOT y demás planes de ordenamiento territorial y del agua.

Que se respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (2018) y la Sentencia STP 2028 de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre el campesinado como sujeto de especial protección constitucional dada su relación con el agua y el territorio en el marco de la protección.

Que se garantice apoyo y financiación para la protección del agua y del ambiente con metodologías, programas y proyectos participativos y concertados con las comunidades del municipio vinculando al Sistema General de Participaciones.

 


 

Sí pero no. Decisiones ambiguas 

 

En octubre de 2018 la Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificada SU095/18 mediante la cual decidió que las Consultas populares no pueden impedir proyectos extractivos. La decisión no pasó sin pena ni gloria pues generó incertidumbre jurídica entre las comunidades y organizaciones sociales, aquellas que desean otros proyectos productivos en sus territorios, sin que afecten y mucho menos destruyan su entorno y naturaleza. La Sentencia, además, deja limbos jurídicos debido a que diferentes normatividades en materia ambiental, territorial y ciudadano chocan entre sí, lesionando la participación ciudadana, dejando con ello un mal precedente en el país. 

En esta Sentencia, la Corte Constitucional recuerda que el subsuelo al ser propiedad del Estado, y teniendo este la facultad para explotarlo y/o cederlo, no es competencia de los municipios determinar si se puede o no realizar exploración y extracción y, por lo tanto, las Consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir tales actividades. La Sentnecia reconoce, a su vez, la facultad que tienen los municipios y entes territoriales para organizar y decidir los usos que del suelo se puedan hacer. También reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones que afecten el territorio, cuando en él se lleven a cabo actividades que afecten el uso del suelo. 

Por lo tanto, considerando que el Estado es el dueño del subsuelo y que la entidades territoriales tienen la competencia del uso del suelo, y que se necesitan mecanismos de participación ciudadana, en la Sentencia se decidió que sea el Senado, en los próximos dos años, el responsable de crear los mecanismos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan que todos los actores: gobierno central, gobernación, alcaldia, y ciudadanos participen y decidan conjuntamente sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

La decisión de la Corte se produce producto de la tutela presentada por Monsarovar Energy en contra de la Consulta popular realizada en el municipio de Cumaral –Meta– en el año 2017, con su decisión mayoritaria de impedir la exploración sísmica, perforación y producción de hidrocarburos, decisión colectiva que fue tutelada por la empresa, con visto favorable de la Corte.

En esta ocasión la Corte decidió fallar en favor del Estado central, desconociendo la descentralización del mismo, la autonomía de los entes territoriales, la violencia que está asociada a proyectos de extracción y exploración, la protección del medio ambiente, dejando con ello sin mecanismos de participación a los municipios, y de paso favoreciendo a las multinacionales mineras y petroleras. David Uribe, abogado ambientalista, agrega que “Los municipios tienen una función básica que es el ordenamiento del suelo, y que el suelo es inescindible del subsuelo”, por lo que no se comprende la decisión. 

Sin embargo, en la misma Sentencia el magistrado Alberto Rojas Ríos calificó la decisión de “[…] regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad”,algo que compartimos en esta publicación. Por ello, ¿Por qué la Corte, en vez de limitar la participación ciudadana no limita la acción de las mineras y petroleras, en tanto se tramiten los mecanismos de concertación? ¿Por qué tienen que sufrir las comunidades mientras que un órgano ineficiente y pro exploración y explotación –como el Senado– decide legislar? 

En estas circunstancias, y con la experiencia vivida y acumulada por diversidad de comunidades a lo largo y ancho del país en su lucha contra la explotación minera, desvío de ríos, y proyectos similares, es clara la necesidad de reformar la política minera y energética del país, la misma que propicia violencia y pobreza. El reto es generar proyectos económicos acordes con el potencial de las comunidades, en los que la agricultura y la industria primen sobre la exploración y extracción depredadora, pensando en la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, transformar la matriz energética basada en hidrocarburos, explorando nuevas fuentes de energía. A la par, respetar la descentralización del Estado, fomentando la planeación con participación popular y autonomía de los entes territoriales en la organización del suelo. 

Publicado enColombia
Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enColombia
Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enEdición Nº251
Consultas populares: la democracia colombiana al servicio del capital internacional

Vienen por todo. El pasado 11 de octubre la Corte Constitucional falló a favor de la multinacional Mansarovar Energy (1), que tuvo que detener su propuesta de explotación petrolífera en el departamento del Meta en el año 2016, a causa de una consulta popular impulsada por los habitantes del municipio de Cumaral, y que decidió con un rotundo resultado la no realización del proyecto de hidrocarburos –7.475 por el No, y 183 por el Sí–.


Ante esta decisión ciudadana, la multinacional interpuso una tutela al considerar que la consulta desconocía el contrato firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tras el visto bueno para que Mansorvar Energy desarrollara su proyecto de exploración y explotación en el Bloque Llanos 69, el cual ocupa la tercera parte del municipio de Cumaral.


Encrucijada. El fallo de la Corte Constitucional pone en jaque todas las consultas populares realizadas en el país sobre este particular, pues sustenta que las mismas ya no servirán como mecanismo para avalar o vetar proyectos mineros y de hidrocarburos en los territorios. Según la Corte, estas actividades hacen parte de los intereses de la nación, a los que las regiones no pueden interponer el interés particular o municipal.


Este fallo, para sorpresa de propios y ajenos, puede verse como una combinación de todas las formas de lucha desplegadas desde el poder, como eco de la protección de la economía mundo capitalista. Para unos (los capitalistas criollos) y para otros (las multinacionales), ya no basta con militarizar los territorios donde se encuentran los recursos naturales, ni el asesinato de líderes y lideresas sociales es garantía para imponer sus intereses, ahora las herramientas jurídicas también sirven como estrategia para afectar a los sectores populares en cada uno de los territorios donde invierten, en este caso Colombia. Ante este panorama, ¿Cuáles son los retos que esta realidad abre para las comunidades y los movimientos sociales en nuestro país?


Un problema estructural, una oposición regional ¿planetaria?


La explotación minera es una actividad inherente a la economía mundo capitalista, pues si se analiza con detenimiento en nuestra región, luego de la invasión por parte del imperio español de nuestro continente –1492–, inició una práctica sin precedentes: la explotación sin descanso de minas de oro y plata (un ejemplo claro de lo cual es la mina de plata en Potosí –Bolivia– de la que se extrajeron aproximadamente ocho millones de kilos de tal mineral, arrojando millones de indígenas y mineros muertos en los años que los colonialistas la explotaron) (2)., En el extenso territorio invadido, tomaron lugar, asimismo, los monocultivos de caña de azúcar, las plantaciones de algodón, tabaco, cacao y otros sembrados.


Con el transitar de los años –siglos–, los avances en ciencia y tecnología ayudaron a la tecnificación de estas prácticas, llegando al punto de explotar otros recursos naturales como petróleo, gas, agua, carbón, coltán, níquel, y otros más. Todos y cada uno de ellos, materiales que sirven para el funcionamiento de la economía y cultura capitalista.


En la actualidad las explotaciones mineras afectan a numerosas poblaciones a lo largo y ancho del continente, generalmente regiones rurales que muchas veces cuentan con una mínima presencia del Estado, desde donde ven estos territorios como fuentes para alimentar el crecimiento económico de cada país. Podríamos decir que sin Colonia el pensamiento y práctica que la alimentó aún se conserva entre nosotros, como pensamiento guía de las clases dominantes y de las multinacionales. Explotación que encuentra resistencias por doquier:


En Perú un pueblo de 25 mil habitantes, se ha organizado en la Plataforma Interistitucional Celedina, para luchar contra el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer un estimado de 5.000 millones de dólares en oro que se encuentra debajo de las lagunas, es decir, que deben secarlas para la extracción. Para lograr su cometido la minera se alió con el Estado y a partir de entonces han militarizado la zona; parte de la resistencia se concreta a través de las rondas campesinas, ahora criminalizadas; los enfrentamientos hasta ahora presentados han dejado cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados (3).


De la misma manera resaltan ejemplos en Ecuador, donde el Estado abre espacio para un proyecto minero en la Cordillera del Cóndor, con la pretensión de explotar cobre y otros metales, explotación que afecta con desplazamiento al pueblo Shuar el que lucha por permanecer en sus territorios. En Nicaragua el Movimiento Comunal Santa Cruz de la india, lucha contra la empresa Cóndor Gold, que intenta desarrollar un proyecto de explotación de oro en la comarca de Santa Cruz de la India, poblada por alrededor de 5.000 habitantes. En Bolivia está la lucha contra el Tipnis –área natural protegida, declarada parque natural en 1965–, área que pretenden atravesar con la carretera “Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, afectando así, los territorios de los pueblos Yuracaré, Moxeño Trinitario y Tsimane. A este proyecto se le oponen grupos de ciudadanos mediante la acción popular, además de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños y el Movimiento por la Dignidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, entre otros. En Venezuela se encuentra el proyecto del Arco Minero Guayana desde el 2011, en el que se pretende la explotación de minerales que cubre la zona norte del estado Bolívar, al sur del río Orinoco, en el 2016 fue aprobada la extracción de minerales en una superficie que equivale al 12,2 por ciento del territorio venezolano, colocando en riesgo la biodiversidad de la Amazonía venezolana, así como el derecho a vida en dignidad de 54.687 personas indígenas, según el último censo del 2011.


En otra geografía, en Alemania, la campaña “Ende Gelände” lucha contra la expansión minera en la Renania –la mayor productora europea de carbón de lignito– (4).


Consultas populares en Colombia


En nuestro país son varias las comunidades que se oponen a los proyectos de explotación minero-energéticos. El mecanismo de consulta popular ha servido fundamentalmente para detener dichos proyectos en diferentes regiones de Colombia. La consulta popular ha servido para ello en tanto es un mecanismo de participación ciudadana en la que las autoridades solicitan a la ciudadanía la opinión “sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas” (5).


Mediante este mecanismo nueve poblaciones del país le han dicho NO a diferentes proyectos de explotación de recursos naturales, lo que ha llevado a la anulación o detención de dichos proyectos. Fue en el año 2013 cuando se realizó la primera de estas consultas, puntualmente en Piedras, municipio del norte de Tolima, donde la multinacional Anglo Gold Ashanti pretendía realizar operaciones de extracción de recursos naturales; allí el 28 de julio, se obtuvo un total de 2.971 votos para el No y apenas 24 votos para el Sí. En este mismo año, siguiendo el ejemplo de Piedras, se efectuó la consulta popular minera en el departamento de Casanare, municipio Tauramena, en donde se pretendía realizar exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, a lo que 4.426 personas votaron por el No y 151 por el Sí.


Después de cuatro años –2017–, se reactivaron las consultas populares mineras, iniciando con el municipio de Cabrera –Cundinamarca–, el cual hace parte del importante cordón del Sumapaz; en este territorio se pretendían construir 14 micro-centrales hidroeléctricas sobre el rio del mismo nombre –proyecto El Paso– y exploraciones de dos bloques petroleros. El 26 de febrero de 2017 el No se impuso con 1.465 votos en contra de 23 por el Sí. En este mismo año, el 26 de marzo, el turno fue para la consulta popular minera en Cajamarca, Tolima, en contra del proyecto de explotación de la mina de oro “La Colosa” de la Anglo Gold Ashanti, ocasión en la cual la victoria del No fue determinante pues 6.165 votaron por el No y tan solo 76 personas sufragaron por el Sí.


El 4 de junio de 2017, el turno fue para el municipio de Cumaral –Meta–, donde la multinacional Mansarovar Energy pretendía realizar explotación de hidrocarburos. En esta consulta popular los resultados fueron abrumadores: 7.475 votos para el No, y solo 183 por el Sí.


En Pijao –Quindío–, el 9 de julio de 2017 los proyectos mineros de metales fueron detenidos tras los resultados de la consulta que arrojaron 2.613 votos por el No y 26 por el Sí. De manera simultánea, el mismo día en Cundinamarca, en el municipio de Arbeláez –explotado por hidrocarburos desde el 2010 por la empresa Australian Drilling Associates–, el No ganó con 4.312 votos, los que estaban por el Sí solo recogieron 38 sufragios.


Para el 17 de septiembre de 2017 se realizó la primera consulta popular en el departamento de Santander, en el municipio de Jesús María, donde los ciudadanos rechazaron la exploración y explotación minera y petrolífera con 1.677 votos por el No y 22 por el Sí. Finalmente, el municipio de Sucre –Santander–, le dijo No a las actividades mineras y petroleras con 3.016 votos, mientras que solo 33 personas votaron por el Sí (6).


Aunque hasta ahora solo se han realizado nueve consultas populares, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), aún están proyectadas 158 iniciativas y acuerdos municipales en 135 municipios del país (7). Iniciativas todas que se ven afectadas por el fallo de la Corte Constitucional. Vale la pena decir que para el 21 de octubre de 2018 están previstas dos consultas populares en Cundinamarca: San Bernardo y Fusagasugá, donde sus pobladores ejercerán el derecho al voto pese a lo decidido por la Corte.


El fallo de la Corte Constitucional


Un fallo contra la misma democracia liberal. Aunque en sí, el fallo de la Corte aún no ha sido publicado, el comunicado de prensa (8) deja claro el retroceso existente frente a la participación ciudadana y la voluntad de las comunidades y pueblos frente a sus territorios. Según lo fallado por la Corte, las consultas populares ya no pueden vetar proyectos extractivos, justificando que las decisiones sobre el uso del subsuelo son del resorte del Estado central, autodenominándose propietario del mismo. De aquí en adelante el Estado es quien decide qué se hace con los recursos naturales, pues lo local no puede prevalecer sobre lo nacional, lo que quiere decir en otras palabras que los intereses económicos están por encima de la calidad de vida, tranquilidad y entorno a que aspire cada comunidad. Hay que aclarar que el fallo en cuestión no afecta el resultado de las consultas realizadas con anterioridad, a excepción de la consulta de Cumaral, Meta.


El mismo fallo exhortó al Congreso para que en el menor tiempo defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio. Es necesario mencionar que la ponente de este fallo fue la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, de quien se dice integra el ala más conservador de la Corte, y quien fue ternada por Andrés Pastrana en su presidencia, y por Álvaro Uribe en el 2007; secretaria jurídica de Juan Manuel Santos en el 2010; elegida en el 2017 como Magistrada con el apoyo de los partidos Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Liberal; en sus manos también está la ponencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo.


Estamos ante un fallo que denota como el poder económico y judicial por lo general van de la mano. En este fallo el único magistrado que votó en contra fue Alberto Rojas Ríos quien sostuvo que: “el efecto de la decisión fue la restricción de la democracia participativa y pluralista que se había concretado ya con la participación política de la comunidad” (9).


Continúan las estrategias para legislar contra las mayorías


Cada día que pasa queda más claro que la democracia realmente existente en nuestro país, y el mundo en general, es un simple formalismo que sirve como la base para instaurar y legitimar el modelo cultural, social, político y económico del capitalismo que ahora utiliza todas las formas de lucha para imponerse. Ya no basta con asesinar, criminalizar, militarizar, amenazar, pues ahora los mecanismos jurídicos son herramientas para afectar a los sectores populares y democráticos. Algunos ejemplos lo demuestran.


En el año 2013 Gustavo Petro fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordoñez. El ataque del Procurador fue político, pues no puede olvidarse que su ideología era completamente opuesta a lo que desarrollaba entonces el ex alcalde de Bogotá. Ordoñez pasó por encima de las mayorías que habían elegido a Petro y busco legislar contra la decisión popular. Así mismo, puede recordarse el paquete jurídico impuesto en nuestro continente contra los gobiernos y presidentes denominados como progresistas: Fernando Lugo en Paraguay –2012– y Dilma Roussef en Brasil –2015–.


Otro ejemplo concreto puede verse con la llegada del hoy presidente de Colombia, quien pretende regular la protesta social, quizás el único mecanismo de expresión directo con que cuenta la sociedad en estos tiempos. De la misma manera está el ejemplo de la acción jurídica impuesta por la Brigada XVII del ejército de Colombia contra las Comunidades de Paz de San José de Apartadó, alegando que las mismas lesionan el buen nombre de la institución a lo que “El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela” (10).


Democracia al servicio del capitalismo


Hoy las urnas tampoco son legítimas para el poder. En la democracia actual las votaciones supuestamente expresan la decisión de las mayorías, pues por medio de ellas “se expresa el pueblo”. Sin embargo, cuando el pueblo se expresa y a los poderosos no les favorece comienzan las estrategias para deslegitimar, derogar o posponer lo decidido por el pueblo. En el caso concreto de las consultas populares se habla de que lo más importantes son los intereses de la “nación” –como si esta fuera un ente vacío y los territorios no hicieran parte de la misma–, lo que permite interrogar: ¿Acaso las decisiones de la sociedad sobre sus territorios y vidas, no hacen parte de las determinaciones de la nación?


Es una actuación gubernamental para mantener abiertas las puertas para el capital, nacional e internacional. Con el discurso de que lo local no puede estar por encima de lo nacional, este fallo le da la razón al pensamiento neoliberal de las elites criollas, reflejadas en la columna sobre las consultas previas de Vargas Lleras y publicado en el mes de septiembre (11), quien dejó claro que las multinacionales no encontraban seguridad jurídica en el país, lo que afectaba el ingreso de la inversión extranjera.


Una cosa queda clara, todas estas estrategias jurídicas en curso en el país, hacen parte de una estrategia del poder para contener a los de abajo; estrategia que debe ser vista y analizada más allá de Iván Duque, que además hace parte de un pensamiento histórico –ahora globalizado– de quienes han gobernado desde siempre nuestro país; por tanto, aquí tampoco pueden quedar por fuera ni limpios los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, así como todos aquellos a quienes ellos representan y para quienes gobernaron y gobiernan.


Ante estos tiempos solo queda una opción: la construcción de amplios y profundos tejidos sociales, alrededor de los cuales, en procesos abiertos, se discuta todo aquello que afecta a los de abajo, decidiendo de manera colectiva cómo actuar contra el capital nacional y global; es una discusión que tiene que dibujar con manos de arco iris el país que tenemos y el que buscamos construir, para salir como un solo cuerpo a hacerlo realidad. Es claro, solo desde la Colombia profunda es posible construir y hacer realidad la democracia real.

 

Notas


1. Empresa constituida en 2006 por capitales de Sinopec Corp –China– y Ongc Videsh –India–, actualmente se encuentra en el país realizando actividades de extracción de hidrocarburos en la cuenca del Valle del Magdalena Medio, además de haber realizado exploración, explotación y transporte en los departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca.
2. Ver en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111506
3. Ver: https://www.desdeabajo.info/mundo/item/34854-si-se-puede-pueblos-frenan-mineria-en-peru.html
4. Ver.https://www.salvalaselva.org/peticion/1114/detener-la-carretera-que-dividira-en-dos-la-selva-de-bolivia ver. https://noalamina.org/latinoamerica/nicaragua/item/37076-comunidad-nicaraguense-lucha-por-su-territorio-y-enfrenta-a-condor-gold ver: https://elpais.com/elpais/2018/09/03/planeta_futuro/1535983599_117995.html ver: https://www.desdeabajo.info/sociedad/item/32559-una-rebelion-global-desde-la-desobediencia-civil.html.
5. Definición de consulta popular por parte de la Corte Constitucional: “En el ámbito descentralizado territorialmente, sea regional, provincial o local la consulta popular versa sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio, y la iniciativa de convocarla le corresponde al Gobernador o Alcalde, según el caso. La consulta popular es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas. Es el parecer que se solicita a la comunidad política o cívica para definir la realización o buscar el apoyo generalmente, en relación con actuaciones administrativas en el ámbito local. El derecho de todo ciudadano a participar en las consultas populares, hace parte del derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.” En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm
6. Ver: https://www.registraduria.gov.co/-Historico-Consultas-populares-.html
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Cabrera-Cundinamarca.html
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-9-municipios-que-le-dijeron-no-a-la-mineria-usando-la-consulta-popular/41872
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/jesus-maria-santander-le-dijo-no-la-mineria-articulo-713662
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Sucre-Santander,24893.html
7. https://www.dinero.com/pais/articulo/fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares/263130 
8. Comunicado No. 40, Corte Constitucional En: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2040%20comunicado%2011%20de%20octubre%20de%202018.pdf
9. Ibid., pág. 3.
10. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35271-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado-ensanamiento-hasta-el-fondo-de-lo-absurdo.html
11. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35237-vargas-lleras-y-la-consulta-previa.html?platform=hootsuite


Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-consultas-populares-ya-no-podran-vetar-proyectos-extractivos-corte-constitucional-articulo-814723
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cne-acatara-fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares-articulo-817614
https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-le-pone-freno-a-las-consultas-populares/586482
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-no-gana-la-consulta-popular-minera-en-cumaral/527505
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-dice-que-consultas-populares-no-pueden-prohibir-la-mineria-280098

Publicado enColombia
Gabriel Beltrán, Cometas, 100 x 80 x 36 cm, escultura

Lo sucedido el 26 de agosto, con sus antecedentes, no se puede dejar pasar sin sacar de ello múltiples lecciones. No es para menos: la iniciativa de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, con el aval del Partido Verde, que por momentos reflejó claroscuros de estrategia para ampliar opinión pública y así posicionarse para las elecciones parlamentarias de marzo último, ganó el tinte de una confrontación entre política de nuevo tipo y vieja política, entre los de arriba y los de abajo, entre derecha e izquierda, así no todos los de la coordenada del statu quo hayan actuado de manera abierta y activa para hundir la consulta motivo de este escrito, y los que aspiran al cambio, parcial o total, no hayan logrado zafarse del espíritu poco transformador y sin ruptura que marcaba todas y cada una de las siete preguntas que integraron el tarjetón.


Entre lo viejo y lo nuevo


En un país donde la corrupción es norma de normas, la convocatoria a una consulta para reprobar la apropiación –el robo– de los dineros y de los recursos que supuestamente son de todos debiera contar con el ambiente necesario y el espontáneo favor ciudadano. Y así fue en una primera instancia. Con la exigencia de reunir por lo menos 1.762.080 firmas, la cosecha de éstas arrojó en pocos meses 4.236.000, suficientes para recalcar que la iniciativa tenía amplio apoyo social.


Tras los días tomados para su revisión, la Registraduría del Estado Civil avaló en septiembre de 2017 un total de 3.092.138 rúbricas, es decir, más del doble de las requeridas. ¡Todo un éxito! El mismo que arrinconó al Congreso de la República, llevándolo el pasado 5 de junio, con 84 votos a favor y 0 en contra, a la aprobación de la Consulta, reafirmando así que oponerse abiertamente a una iniciativa tan cotizada no daba cuenta de aquello que es conocido como realismo político. Así, muchos de los que son señalados por la ciudadanía como sustancia de la corrupción actuaron y opinaron como su antítesis. Ahora no quedaba faltando sino el “día de la quema”.


Para ello, se fue apilando la leña. Poco a poco, voceros del Centro Democrático, como su principal figura, dejaron deslizar de manera disfrazada su oposición a la consulta (1). Caras públicas de otras expresiones políticas, como Vivian Morales, no ocultaban su negativa a la iniciativa en curso (2). Como si fuera poco, el Presidente mismo, que como congresista siempre se mostró de acuerdo con esta iniciativa, al radicar el 8 de agosto varios proyectos de ley que supuestamente pretenden lo mismo que la consulta, dejaba en claro la disposición del establecimiento por enfriarla –mostrarla como innecesaria, pues ya están los proyectos de ley cursando en el Legislativo–, actuando ante el país como el paladín de la anticorrupción. Llegado el caso, si fuera necesario, también podía enredar la discusión sobre las reformas por aprobar en esta materia.


Se trató de una estrategia de engaño y distracción que no paró ahí. Entre los troncos y ramas reunidos con ocasión de la cita ciudadana para el 26 pasado, sobresalían los chamizos de la desinformación. Poco a poco, con mayor intensidad durante las semanas previas a esta votación, comenzaron a circular correos en los cuales aseguraban que la reducción de salarios para congresistas y otros funcionarios de primerísimo rango también afectaría a empleados medios de la Fiscalía, o que la pretensión real de esta citación era reunir una cantidad de votos para convocar a una Constituyente, y así darle paso a un gobierno de izquierda. Inculcar miedo para desmovilizar. La insistencia en que la consulta era innecesaria, pues ya existen las normas pretendidas, y en que los 300 mil millones que costaba era la mayor muestra de corrupción, llegaba a los teléfonos una y otra vez.


Tal contrainformación daba paso a algunas aclaraciones. A la manipulación de la pregunta número 1 de la consulta (reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Nacional, que son 395 funcionarios del primer orden), la exsenadora Claudia López, buscando neutralizar la campaña en contra de la consulta que podía vivirse entre los miembros de las Fuerzas Armadas, les hizo un guiño a los uniformados al proponer que el sueldo de los generales debía pasar de 15 a $ 20 millones. Los argumentos no vienen al caso pero la maniobra sí, pues ejemplifica el realismo político con que avanzaba el suceso que marca para la memoria el 26 de agosto de 2018.


Es aquél el mismo realismo político que en ocasiones se puede confundir con manipulación, igual al que –una vez conocido que el voto favorable por las siete preguntas del tarjetón había reunido 11,6 millones de sufragios– motivó que las dos personas más reconocidas por la promoción de este suceso salieran en medios de información asegurando que se había ganado, pese al resultado obtenido.


Ese es el mal llamado realismo político con el cual se trata de explotar lo mejor de cada suceso y de mermar el espacio de los contrincantes, y en esta ocasión no podía ser la excepción. En sus declaraciones, enfatizando una y otra vez en el triunfo, las voceras dejan a un lado: 1) que no se había alcanzado el umbral de los 12.140.342 votos, necesario para obligar al Congreso a legislar sobre lo consultado a la sociedad colombiana, 2) la prolongación del abstencionismo hasta un 70 por ciento, como reflejo de la triada indiferencia-incredulidad-despolitización reinante entre millones de connacionales, producto cosechado del mal endémico de la democracia formal de Colombia, pero también como clara expresión de la acción efectiva de una parte significativa del establecimiento al oponerse a esta citación electoral.


Es así como tenemos un triunfo con diversos propietarios. A las 8 de la noche del mismo 26 de agosto, el presidente Duque afirmó, en alocución al país con motivo de este suceso: “Más de 11 millones de ciudadanos votamos la Consulta Anticorrupción. […] Desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula”. Esta última afirmación contrasta con la de las promotoras, además de recordar que no hay mandato ciudadano legal que obligue al Congreso, así lo haya en otros planos. Para recordar, pasados unos segundos: “Apoyé la Consulta durante la campaña y ya como primer mandatario invité a todos los colombianos a participar”. Es decir, este resultado también se debe a “nuestra acción”. De ahí que, momentos después, recalque: “La lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político. La lucha contra la corrupción no tiene partido ni ideologías”.


Seguidamente, el Primer Mandatario le hace un amarre a su mensaje, que de seguro atizará diferencias a la hora de intentar acuerdos entre los diversos partidos que reclaman la nueva legislación en cuestión: “He invitado a todos los colombianos a que hagamos un pacto por Colombia. Este acuerdo nacional no puede dejar de incluir un pacto contra la corrupción” (3).


Es así como estamos ante un hecho sui géneris: oposición y gobierno están de acuerdo sobre una misma problemática, y cada uno trata de sacarle el mejor partido. El no matizar el tema por parte de sus impulsoras, así como por parte otras expresiones de centro e izquierda, le permitió al Gobierno abanderarse de tal causa, neutralizando con ello parte de los mejores efectos que la misma pudiera desfogar en el mediano y el largo plazo.


Por demás, esta extraña coincidencia política entre fuerzas que se suponen contrarias, con una problemática que no afecta ni confronta de manera estructural al establecimiento, deja traslucir que el tema de la corrupción está lejos de ser, como dijera la exsenadora López, “[…] el reto más importante para nuestro país” (3), como lo corroboran las cifras de miseria, empobrecimiento, exclusión, desempleo, informalidad laboral, subempleo, rebusque por cuenta propia, e ingresos, hambre, desnutrición, falta de techo, inquilinatos, acceso a servicios públicos, capacidad para cancelar la factura mensual, etcétera. Sin duda, y con estos faltantes ante la vista, el reto más importante que tenemos como sociedad es lograr el imperio de la justicia, la igualdad y la felicidad, para lo cual es necesario que un buen gobierno tome asiento, por fin, entre nosotros.


Entonces, si la corrupción es una bandera que cualquiera puede blandir, es claro que la campaña por la consulta quedó en deuda con la necesidad de enfatizar que el motor de la misma no está en las personas sino que descansa en factores estructurales, entre ellos el neoliberalismo, el mismo que propagó y ahondó durante los últimos 35 años una problemática que ya estaba incubada, al legitimar cultural y socialmente en los círculos del poder unos valores ajenos al bien común, potenciando con ello la apropiación con fines privados de todo aquello que se considera del conjunto social. Por tanto, es contra tal realidad como debe dirigir su lucha la sociedad toda: los millones que respondieron al llamado el 26 de agosto, más los que en su escepticismo no dieron su brazo a torcer, más aquellos que, viviendo al margen, escuchan y asumen los intereses contrarios a su condición real.


¿Podrá existir mayor corrupción, concretada en la alianza entre políticos y capital privado, que la que facilitó la privatización de la mayoría de recursos públicos del país? ¿Ganó, efectivamente el país, como dicen algunos, feriando los ahorros de varias generaciones? ¿Se tornó más eficiente la prestación de los servicios públicos? ¿Fueron reducidas las tarifas por la prestación de los mismos, como prometieron unos y otros a la hora de la feria?


Otros muchos aspectos y argumentos de/sobre otra visión de Estado y de política pública, que pudieran hacer de la lucha contra la corrupción una bandera que queme las manos de quienes la enarbolen con fines oportunistas, sobresalieron por su nula explicación ante el concitado electorado. Entre ellos:

 

No es posible controlar de manera efectiva y prolongada, ni erradicar la corrupción, orientando la perspectiva de país dentro de lo conocido como desarrollo.
Un nuevo sentido relacional entre naturaleza y humanos, así como entre éstos, debe tomar forma. Un modelo integral de vida pudiera ser una opción por liderar, con la implementación urgente de un plan humano para los de abajo que despierte y/o recupere confianza e interés entre éstos por lo público, para que actúen como barrera para contener la usurpación de aquello que es del conjunto social.

 

Promoción de un nuevo sentido de la política, en que su actor no se sirve sino que sirve, no sube sino que baja, no decide por sí solo sino que consulta con las gentes; por tanto, en que su programa no es una invención de argumentos con afán electoral sino la síntesis de aquello a lo que aspira y debe ser un requerimiento de la sociedad que representa.


Es necesario pasar de la democracia formal –electoral– a la directa, radical y refrendataria, garantizando que decisiones como la venta de lo colectivo transitará por la consulta del constituyente primario.


Se debe avanzar hacia la superación de la política como profesión –o el asunto de unos pocos–, haciendo de ella una realidad cotidiana para todos los integrantes de una sociedad dada.


El salario de quien ocupa un cargo público no debiera ser superior al de un obrero promedio.


Es imperioso asegurar una vida digna para el conjunto social, con aumento al doble del salario mínimo.


Se debe abolir la cárcel por su fracaso como castigo supuestamente resocializador, y a cambio implementar nuevos tratamientos punitivos a través del control social colectivo.


Hay que erradicar los paraísos fiscales –en tanto agenda global, asumir tal tema como bandera de la geopolítica criolla.


No se deben despertar falsas expectativas con respecto a las sanciones en contra de multinacionales por corrupción, pues hoy su derecho prima sobre el nacional. Impulsar la reconfiguración de esta realidad, que pasa por replantear los Tratados de Libre Comercio firmados por el país, y superar el coloniaje de nuevo tipo y distintas formas, reinante en el mundo de hoy, son retos por afrontar dentro de una agenda integral en la lucha contra la corrupción.


De esta manera, hay que ser enfáticos: el reto que abre la realidad de la corrupción es mucho más que de normas y códigos, ya que trasciende hasta la visión de sociedad necesaria, y sobre tal dilema nada enunciaron quienes impulsaron la jornada del último domingo de agosto, permitiendo así que tal bandera fuera izada por limpios y enlodados. Hoy, el panorama dejado por la consulta, contrario a lo aparente, es viscoso. El triunfo numérico no se dio y el triunfo moral se puede convertir en derrota.

 

1. ¿Por qué el CD cambió su postura sobre la consulta anticorrupción?
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/centro-democratico-y-sus-cambios-de-postura-sobre-la-consulta-anticorrupcion-258528.
2. “Consulta anticorrupción es mentirosa y superficial”: Viviane Morales. http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/entrevista-con-la-precandidata-presidencial-viviane-morales.
3. https://id.presidencia.gov.co/.

Publicado enColombia
Gabriel Beltrán, Cometas, 100 x 80 x 36 cm, escultura

Lo sucedido el 26 de agosto, con sus antecedentes, no se puede dejar pasar sin sacar de ello múltiples lecciones. No es para menos: la iniciativa de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, con el aval del Partido Verde, que por momentos reflejó claroscuros de estrategia para ampliar opinión pública y así posicionarse para las elecciones parlamentarias de marzo último, ganó el tinte de una confrontación entre política de nuevo tipo y vieja política, entre los de arriba y los de abajo, entre derecha e izquierda, así no todos los de la coordenada del statu quo hayan actuado de manera abierta y activa para hundir la consulta motivo de este escrito, y los que aspiran al cambio, parcial o total, no hayan logrado zafarse del espíritu poco transformador y sin ruptura que marcaba todas y cada una de las siete preguntas que integraron el tarjetón.


Entre lo viejo y lo nuevo


En un país donde la corrupción es norma de normas, la convocatoria a una consulta para reprobar la apropiación –el robo– de los dineros y de los recursos que supuestamente son de todos debiera contar con el ambiente necesario y el espontáneo favor ciudadano. Y así fue en una primera instancia. Con la exigencia de reunir por lo menos 1.762.080 firmas, la cosecha de éstas arrojó en pocos meses 4.236.000, suficientes para recalcar que la iniciativa tenía amplio apoyo social.


Tras los días tomados para su revisión, la Registraduría del Estado Civil avaló en septiembre de 2017 un total de 3.092.138 rúbricas, es decir, más del doble de las requeridas. ¡Todo un éxito! El mismo que arrinconó al Congreso de la República, llevándolo el pasado 5 de junio, con 84 votos a favor y 0 en contra, a la aprobación de la Consulta, reafirmando así que oponerse abiertamente a una iniciativa tan cotizada no daba cuenta de aquello que es conocido como realismo político. Así, muchos de los que son señalados por la ciudadanía como sustancia de la corrupción actuaron y opinaron como su antítesis. Ahora no quedaba faltando sino el “día de la quema”.


Para ello, se fue apilando la leña. Poco a poco, voceros del Centro Democrático, como su principal figura, dejaron deslizar de manera disfrazada su oposición a la consulta (1). Caras públicas de otras expresiones políticas, como Vivian Morales, no ocultaban su negativa a la iniciativa en curso (2). Como si fuera poco, el Presidente mismo, que como congresista siempre se mostró de acuerdo con esta iniciativa, al radicar el 8 de agosto varios proyectos de ley que supuestamente pretenden lo mismo que la consulta, dejaba en claro la disposición del establecimiento por enfriarla –mostrarla como innecesaria, pues ya están los proyectos de ley cursando en el Legislativo–, actuando ante el país como el paladín de la anticorrupción. Llegado el caso, si fuera necesario, también podía enredar la discusión sobre las reformas por aprobar en esta materia.


Se trató de una estrategia de engaño y distracción que no paró ahí. Entre los troncos y ramas reunidos con ocasión de la cita ciudadana para el 26 pasado, sobresalían los chamizos de la desinformación. Poco a poco, con mayor intensidad durante las semanas previas a esta votación, comenzaron a circular correos en los cuales aseguraban que la reducción de salarios para congresistas y otros funcionarios de primerísimo rango también afectaría a empleados medios de la Fiscalía, o que la pretensión real de esta citación era reunir una cantidad de votos para convocar a una Constituyente, y así darle paso a un gobierno de izquierda. Inculcar miedo para desmovilizar. La insistencia en que la consulta era innecesaria, pues ya existen las normas pretendidas, y en que los 300 mil millones que costaba era la mayor muestra de corrupción, llegaba a los teléfonos una y otra vez.


Tal contrainformación daba paso a algunas aclaraciones. A la manipulación de la pregunta número 1 de la consulta (reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Nacional, que son 395 funcionarios del primer orden), la exsenadora Claudia López, buscando neutralizar la campaña en contra de la consulta que podía vivirse entre los miembros de las Fuerzas Armadas, les hizo un guiño a los uniformados al proponer que el sueldo de los generales debía pasar de 15 a $ 20 millones. Los argumentos no vienen al caso pero la maniobra sí, pues ejemplifica el realismo político con que avanzaba el suceso que marca para la memoria el 26 de agosto de 2018.


Es aquél el mismo realismo político que en ocasiones se puede confundir con manipulación, igual al que –una vez conocido que el voto favorable por las siete preguntas del tarjetón había reunido 11,6 millones de sufragios– motivó que las dos personas más reconocidas por la promoción de este suceso salieran en medios de información asegurando que se había ganado, pese al resultado obtenido.


Ese es el mal llamado realismo político con el cual se trata de explotar lo mejor de cada suceso y de mermar el espacio de los contrincantes, y en esta ocasión no podía ser la excepción. En sus declaraciones, enfatizando una y otra vez en el triunfo, las voceras dejan a un lado: 1) que no se había alcanzado el umbral de los 12.140.342 votos, necesario para obligar al Congreso a legislar sobre lo consultado a la sociedad colombiana, 2) la prolongación del abstencionismo hasta un 70 por ciento, como reflejo de la triada indiferencia-incredulidad-despolitización reinante entre millones de connacionales, producto cosechado del mal endémico de la democracia formal de Colombia, pero también como clara expresión de la acción efectiva de una parte significativa del establecimiento al oponerse a esta citación electoral.


Es así como tenemos un triunfo con diversos propietarios. A las 8 de la noche del mismo 26 de agosto, el presidente Duque afirmó, en alocución al país con motivo de este suceso: “Más de 11 millones de ciudadanos votamos la Consulta Anticorrupción. […] Desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula”. Esta última afirmación contrasta con la de las promotoras, además de recordar que no hay mandato ciudadano legal que obligue al Congreso, así lo haya en otros planos. Para recordar, pasados unos segundos: “Apoyé la Consulta durante la campaña y ya como primer mandatario invité a todos los colombianos a participar”. Es decir, este resultado también se debe a “nuestra acción”. De ahí que, momentos después, recalque: “La lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político. La lucha contra la corrupción no tiene partido ni ideologías”.


Seguidamente, el Primer Mandatario le hace un amarre a su mensaje, que de seguro atizará diferencias a la hora de intentar acuerdos entre los diversos partidos que reclaman la nueva legislación en cuestión: “He invitado a todos los colombianos a que hagamos un pacto por Colombia. Este acuerdo nacional no puede dejar de incluir un pacto contra la corrupción” (3).


Es así como estamos ante un hecho sui géneris: oposición y gobierno están de acuerdo sobre una misma problemática, y cada uno trata de sacarle el mejor partido. El no matizar el tema por parte de sus impulsoras, así como por parte otras expresiones de centro e izquierda, le permitió al Gobierno abanderarse de tal causa, neutralizando con ello parte de los mejores efectos que la misma pudiera desfogar en el mediano y el largo plazo.


Por demás, esta extraña coincidencia política entre fuerzas que se suponen contrarias, con una problemática que no afecta ni confronta de manera estructural al establecimiento, deja traslucir que el tema de la corrupción está lejos de ser, como dijera la exsenadora López, “[…] el reto más importante para nuestro país” (3), como lo corroboran las cifras de miseria, empobrecimiento, exclusión, desempleo, informalidad laboral, subempleo, rebusque por cuenta propia, e ingresos, hambre, desnutrición, falta de techo, inquilinatos, acceso a servicios públicos, capacidad para cancelar la factura mensual, etcétera. Sin duda, y con estos faltantes ante la vista, el reto más importante que tenemos como sociedad es lograr el imperio de la justicia, la igualdad y la felicidad, para lo cual es necesario que un buen gobierno tome asiento, por fin, entre nosotros.


Entonces, si la corrupción es una bandera que cualquiera puede blandir, es claro que la campaña por la consulta quedó en deuda con la necesidad de enfatizar que el motor de la misma no está en las personas sino que descansa en factores estructurales, entre ellos el neoliberalismo, el mismo que propagó y ahondó durante los últimos 35 años una problemática que ya estaba incubada, al legitimar cultural y socialmente en los círculos del poder unos valores ajenos al bien común, potenciando con ello la apropiación con fines privados de todo aquello que se considera del conjunto social. Por tanto, es contra tal realidad como debe dirigir su lucha la sociedad toda: los millones que respondieron al llamado el 26 de agosto, más los que en su escepticismo no dieron su brazo a torcer, más aquellos que, viviendo al margen, escuchan y asumen los intereses contrarios a su condición real.


¿Podrá existir mayor corrupción, concretada en la alianza entre políticos y capital privado, que la que facilitó la privatización de la mayoría de recursos públicos del país? ¿Ganó, efectivamente el país, como dicen algunos, feriando los ahorros de varias generaciones? ¿Se tornó más eficiente la prestación de los servicios públicos? ¿Fueron reducidas las tarifas por la prestación de los mismos, como prometieron unos y otros a la hora de la feria?


Otros muchos aspectos y argumentos de/sobre otra visión de Estado y de política pública, que pudieran hacer de la lucha contra la corrupción una bandera que queme las manos de quienes la enarbolen con fines oportunistas, sobresalieron por su nula explicación ante el concitado electorado. Entre ellos:

 

No es posible controlar de manera efectiva y prolongada, ni erradicar la corrupción, orientando la perspectiva de país dentro de lo conocido como desarrollo.
Un nuevo sentido relacional entre naturaleza y humanos, así como entre éstos, debe tomar forma. Un modelo integral de vida pudiera ser una opción por liderar, con la implementación urgente de un plan humano para los de abajo que despierte y/o recupere confianza e interés entre éstos por lo público, para que actúen como barrera para contener la usurpación de aquello que es del conjunto social.

 

Promoción de un nuevo sentido de la política, en que su actor no se sirve sino que sirve, no sube sino que baja, no decide por sí solo sino que consulta con las gentes; por tanto, en que su programa no es una invención de argumentos con afán electoral sino la síntesis de aquello a lo que aspira y debe ser un requerimiento de la sociedad que representa.


Es necesario pasar de la democracia formal –electoral– a la directa, radical y refrendataria, garantizando que decisiones como la venta de lo colectivo transitará por la consulta del constituyente primario.


Se debe avanzar hacia la superación de la política como profesión –o el asunto de unos pocos–, haciendo de ella una realidad cotidiana para todos los integrantes de una sociedad dada.


El salario de quien ocupa un cargo público no debiera ser superior al de un obrero promedio.


Es imperioso asegurar una vida digna para el conjunto social, con aumento al doble del salario mínimo.


Se debe abolir la cárcel por su fracaso como castigo supuestamente resocializador, y a cambio implementar nuevos tratamientos punitivos a través del control social colectivo.


Hay que erradicar los paraísos fiscales –en tanto agenda global, asumir tal tema como bandera de la geopolítica criolla.


No se deben despertar falsas expectativas con respecto a las sanciones en contra de multinacionales por corrupción, pues hoy su derecho prima sobre el nacional. Impulsar la reconfiguración de esta realidad, que pasa por replantear los Tratados de Libre Comercio firmados por el país, y superar el coloniaje de nuevo tipo y distintas formas, reinante en el mundo de hoy, son retos por afrontar dentro de una agenda integral en la lucha contra la corrupción.


De esta manera, hay que ser enfáticos: el reto que abre la realidad de la corrupción es mucho más que de normas y códigos, ya que trasciende hasta la visión de sociedad necesaria, y sobre tal dilema nada enunciaron quienes impulsaron la jornada del último domingo de agosto, permitiendo así que tal bandera fuera izada por limpios y enlodados. Hoy, el panorama dejado por la consulta, contrario a lo aparente, es viscoso. El triunfo numérico no se dio y el triunfo moral se puede convertir en derrota.

 

1. ¿Por qué el CD cambió su postura sobre la consulta anticorrupción?
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/centro-democratico-y-sus-cambios-de-postura-sobre-la-consulta-anticorrupcion-258528.
2. “Consulta anticorrupción es mentirosa y superficial”: Viviane Morales. http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/entrevista-con-la-precandidata-presidencial-viviane-morales.
3. https://id.presidencia.gov.co/.

Siete veces SÍ. Pero no hubo suficiente gente que lo dijera

Era un ejemplo de lo que debe ser la democracia participativa, una oportunidad para darle la voz de los votos a la ciudadanía en un tema tan importante como la lucha contra la corrupción.


El domingo 26 de agosto Colombia ha vivido una jornada especial, más de treinta y seis millones de ciudadanas y ciudadanos colombianos estaban convocados a votar en contra de la corrupción. Pero solamente lo hicieron algo más de once millones y medio de personas, apenas el treinta y dos por ciento. La desidia, la indiferencia, la poca confianza en las instituciones y las dudas sobre la validez de la consulta pueden haber sido algunas de las causas para que la democracia haya perdido el tren en el país con la democracia más antigua de América Latina.


Después de este día no servirá de nada quejarse, ahora tocará “tragar entero” todo lo que nos caiga encima. La tuvieron ahí, como el penalti para ganar la copa del mundo de la participación democrática, y Colombia ni siquiera saltó al campo. Se quedó en los vestuarios esperando que otras y otros hicieran las cosas, y así no habrá manera.


Tal vez pueda parecer un sinsentido que haya que promover una consulta popular para decir NO a la corrupción, que debería estar asumido que la corrupción no puede formar parte de una sociedad democrática, pero no es tan así y por eso se emplazó a la población a decir radicalmente en las urnas que no se acepta la podredumbre de lo público a manos de unos gobernantes que llevan décadas acostumbrados a hacer de la política su cortijo particular para el enriquecimiento ilícito.


Pero visto lo visto, a mucha gente (más de veinticuatro millones de personas que no han acudido a las urnas) le importa un carajo que la estafen, que la roben, que le exijan sacrificios mientras unos cuantos se lucran a su costa. Ha sido un fiasco en toda regla. La ciudadanía no ha ejercido como tal, ha agachado la cabeza, ha metido el rabo entre las piernas y ha dicho adiós a la transparencia, a la honestidad y por ende a la democracia.

En este mundo de memes y de imaginación digital, que parece difícil de llevar a la realidad para que se concreten las acciones, no faltan las referencias a esta debacle del gobierno de la mayoría por medio de un simple y sencillo ejercicio de votación. Uno de esos memes reza así: “Había una vez un país tan corrupto que se necesitaban más votos para tumbar la corrupción que para elegir presidente”.


Eso parece este país, un cuento. Una tragicomedia alrededor de una farsa en la que se culpa a la política y a los políticos de un guion del que tal vez sea más culpable el pueblo por su dejadez, su pasotismo, su “qué más da”. Un pueblo que se flagela para purgar las culpas pero sigue pecando y bajando a los infiernos por su pobreza de espíritu y su falta de compromiso social y político. Colombia parece una fábula escrita para seguir repitiendo los desastres, para mantener la violencia por encima de la paz, la corrupción antes que la honradez, la indiferencia por encima de la solidaridad o la sospecha por delante de la confianza.


Hasta el actual presidente, del que no queremos imaginar qué marcó en el tarjetón, pedía, al momento de ejercer su derecho al voto, unidad a la ciudadanía para combatir la corrupción porque ésta “no es una causa de color político”. Pero la población no le ha hecho caso.


Esta diatriba no va contra aquellas personas que han participado, independientemente de lo que hayan marcado en la papeleta, sino contra la ignorancia y la estulticia de quienes no han sabido ver la importancia de una consulta como la que ha tenido lugar hoy. Porque once millones y medio de colombianas y colombianos, más de los que votaron a favor del actual presidente, sí han creído que era posible combatir la corrupción y defender, de una u otra manera, la paz, la democracia y la posibilidad de cambio.


La llamada consulta anticorrupción nació de una propuesta de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, quienes presentaron la iniciativa tras haber recogido más de cuatro millones y medio de firmas ciudadanas entre enero y julio de 2017. La propuesta había sido sancionada mediante decreto presidencial, después de ser aprobada unánimemente por la plenaria del Senado con ochenta y cuatro votos a favor y ninguno en contra. ¿Cómo puede ser que haya habido más compromiso entre la clase política, con todas sus falencias y corruptelas, que entre la ciudadanía?


Esta convocatoria ha supuesto la primera ocasión en que se realiza a nivel nacional una consulta popular desde que quedara legislada en la Constitución Política de 1991. Eran necesarios un mínimo de 12,1 millones de votos, un tercio del censo electoral, para que tuviera validez. Y cada una de las siete propuestas planteadas requería de seis millones ciento treinta mil papeletas con el “sí” para ser aprobada y convertirse en norma.


La consulta tenía siete preguntas en el tarjetón de votación que había que marcar con un “sí” o un “no” en cada una de ellas. Una era reducir el salario de congresistas de cuarenta a veinticinco salarios mínimos vigentes al mes (en 2018 es de $781.242,- pesos). Es decir, que se pide dejar a estos políticos con un salario mensual de “tan solo” diecinueve millones y medio de pesos.


En días anteriores a la votación, las redes virtuales se habían llenado de falsedades alrededor de la consulta buscando minar la participación y evitar su aprobación. Mentiras como que por cada voto las personas convocantes se llevarán cinco mil pesos, algo que no se da al ser una consulta llevada a cabo sin recursos del Estado, lo que no implica devolución de dinero.


A la legislación colombiana le faltan normas que permitan claramente, por ejemplo, que el Estado pueda dar por terminado un contrato de forma unilateral. Tampoco cuenta con mecanismos de control y sanción a la labor de las y los legisladores. No hay leyes estrictas que condenen a penas de cárcel a corruptos y que se les prohíba seguir contratando con el Estado.


Según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, el país perdió por la corrupción, en el período 1991-2011, el 4 % del PIB. Eso supone un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual).


Una vez más ha vuelto a ganar la abstención. Los siete mandatos, que en caso de haberse aprobado hubiesen sido de obligado cumplimiento por parte del Estado estableciendo su aplicación en el plazo máximo de un año, quedarán en los anales de la historia política, y tal vez jocosa, de este país.


De momento, ninguna de esas siete propuestas en forma de preguntas podrán cumplirse. La población no ha aprovechado la ocasión y la corrupción podrá seguir campando a sus anchas. Pero ojalá sea, como ha publicado Daniel Samper Ospina, el comienzo de un “silencioso movimiento ciudadano que se levantó sin ruido para pedir que el país cambie”. La maquinaría sigue siendo la gente, así que seguiremos apostándole a otra Colombia posible.

26AGO2018

J. Ignacio *"Iñaki" *Chaves G.

Publicado enColombia
El municipio que obligó al Estado colombiano a repensar su sistema económico

En Colombia los ciudadanos se oponen a la extracción de metales y de petróleo. A través de las consultas populares cuestionan un sistema económico que tiene su base en la Colonia. Visita a Pijao, un pequeño pueblo que llevó su lucha hasta la Corte Constitucional. 


Los buscadores de oro están bien informados cuando encaran con sus camionetas las curvas hacia Pijao, ubicado en el departamento de Quindío, al suroeste de Bogotá. En su equipaje traen un mapa detallado del valle y los números de teléfono de doce lugareños, que indicarán a los geólogos de la ciudad bogotana como llegar a los sitios marcados en el mapa.


Son lugares, donde Anglogold Ashanti (AGA) sospecha que existen grandes reservorios de oro. La empresa británica-sudafricana es la tercera más grande del mundo en explotaciones de oro y lo que quiere es saber, si en la tierra de Quindío realmente hay este tesoro.


Después de una infinidad de curvas, que suelen provocar vómitos en los niños del valle, a la altura del Mirador Café, hay una bajada donde los últimos kilómetros antes de llegar a Pijao no necesitan los frenos.  Este lugar queda un poco atrás de la calle principal en el Circo del Valle a 1700 metros sobre el nivel del mar.


Pijao tiene seis mil habitantes y está bordeado por plantaciones de café, bananas y árboles de aguacate recién sembrados. Su gente vive de la agricultura porque acá hay que ganarse la vida. Y por esa misma razón, los doce hombres de la vecindad dijeron: sí, cuando un representante del municipio los contactó.


Ellos querían ser guías en la expedición de Anglogold Ashanti. También Gonzalo Gómez*, un vacunador de vacas de Pijao, de cabeza pelada, manos grandes y fuertes, una mirada afilada y la alegría de un indignado, decía que sí. El hombre tiene alrededor de treinta años y necesita dinero urgentemente, no duda ni un segundo cuando lo llaman del municipio. Lo que podría pasar con su pueblo, si realmente se encuentra oro en la zona, no lo sabe. Gonzalo Gómez todavía no conoce el término megaminería.


Todo eso pasó en el 2011.


Al mismo tiempo que Gonzalo Gómez y sus compañeros suben hacia las montañas, la antropóloga Mónica Flores, la alumna Estefanía Herrera y el estudiante Jairo Choa están meditando sobre sus trabajos y tareas. Los tres no saben que en este momento una docena de conciudadanos ponen en juego la existencia de toda una región. Y aún menos piensan que en pocos años van a iniciar un proyecto político que repercutirá en otros países de América Latina. El apoyo va a venir de una protagonista inesperada: la Corte Constitucional en Bogotá.


Refugio para aves migratorias


En las afueras de Pijao, rumbo hacía los valles, el asfalto se convierte rápidamente en una pista de ripio y de allí en una especie de camino rural con piedras y pasto. Sin un 4 x 4 termina el viaje aquí mismo. Pijao tiene la misma superficie de Ibarra, ciudad ecuatoriana, su punto más bajo está a 1100msnm y el más alto a 3800.


Hace unos años atrás, el Foro Mundial para la Naturaleza investigó la flora y fauna del valle y encontró pumas de montaña, osos de anteojos, lobos, zorros, comadrejas y zarigüeyas. Por su clima templado también descansan allí las aves migratorias. En las coronas de los cedros, de los robles y de las palmas de cera, el árbol nacional de Colombia encuentra comida y un lugar de descanso antes de seguir el viaje. Los pocos habitantes humanos de la zona usan los árboles para la renovación de sus casas o para cocinar, ya que el acceso a otros recursos es difícil por la lejanía. Se vive de la cría de ganado y de la plantación de papas.
De repente, el terreno se empina y exige la amortiguación de la camioneta. “Y eso es sólo el principio, – dice Roberto Tejedor* (43) – y se agarra del andamio del Jeep. Más arriba solo se puede subir cuando está seco, sino el carro resbala”. También hoy resbalamos dos o tres veces, pero el chofer Francisco Sarango* (40), un amigo de la infancia de Roberto, conoce el territorio tan bien como el vacunador Gómez. Él lleva a los habitantes casi todos los días hacia Pijao en un tiempo de 45 a 60 minutos.


Durante los años noventa, Roberto y Francisco callejearon mucho tiempo en la zona. Con sus amigos descubrieron el bosque, acamparon en el Abra y pescaron en los arroyos y ríos. Pero al margen de los animales les esperaban otros peligros, ya que la guerra entre el gobierno central en Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también se extendió en las montañas y valles alrededor de Pijao.


La FARC aprovechó el territorio fragoso, el bosque con niebla y la lejanía del orden capitalista para esconderse. También, los paramilitares de la ultraderecha se mueven en la zona, a veces obligan a los choferes de Pijao, que pasan por casualidad por el mismo lugar, a llevar armas de una base a otra, cuenta Francisco Sarango.


Si se cruzan con un peaje del otro partido los ejecutan en el mismo sitio, sean las FARC o los paramilitares. “Varios de nuestros chóferes nunca volvieron de sus recorridos”, relata.


Esqueletos con joyas de oro


Media hora después llegamos a una zona alta, desde ahí se observa bien el valle que causo un interés particular en Anglogold Ashanti. “Ahí, atrás se quiso construir una mina, dice Francisco indicando con la mano”.  Mucho no se ve ese día, la niebla se colgó en los árboles, pero a quien ha visto una megamina de oro en imágenes o en fotografías satelitales y se fija en los valles mayormente vírgenes de Pijao, le queda claro: sería como la detonación de una bomba. “Yo trabajé tres años como chófer en el Choco”, dice el conductor y se pone serio. “Vi lo que significa una megamina para humanos y naturaleza. No quiero que eso se repita aquí”.


En el noroeste de Colombia, en la frontera con Panamá, se explota hace siglos minas de oro bajo condiciones nefastas. Parte de la vida cotidiana son niños muertos por haber tomado agua con cianuro o las minas clandestinas ocupadas por habitantes desesperados en busca de oro. Regularmente mueren por derrumbes inesperados. Casi ochenta por ciento de los habitantes del Chocó no tienen cubiertas sus necesidades básicas. “La riqueza que se saca de allí”, dice Francisco y prende el motor, “no se queda en la región, se lleva a otros países”. Por ejemplo, a Sudáfrica, Gran Bretaña  o Suiza. Un tercio de todo el oro colombiano llega al país de los Alpes.


La cantidad de oro acumulada en los suelos de Pijao no está clara, dice la autoridad departamental de Quindío, pero escribe en su informe de Impacto Ambiental 2012 que “las unidades de roca y el ambiente geológico en la cordillera central muestran una alta potencialidad de yacimientos de minerales metálicos asociados a cuerpos ígneos”.


Para la mayoría de los habitantes de la región no hay ninguna duda: bajo sus pies hay oro. Hace unos años atrás, cuentan Roberto y Francisco durante el regreso del viaje se descubrió una tumba en las afueras de Pijao, justo donde hoy se plantan arboles de aguacates para la exportación a Europa. Se encontró un esqueleto con joyas de oro, aparentemente una reliquia de tiempos previos a los colonos europeos.


Por lo tanto, no sorprende que el Ministerio Nacional de Minas y Energía de concesiones durante los últimos años  por un total del 80% de la superficie del departamento Quindío para la explotación minera. Veintitrés de los títulos mineros están en el municipio de Pijao, nueve de ellos en el páramo de Chili que se encuentra bajo protección.


Cuando los geólogos pasaron en el 2011 con sus camionetas por la zona, sabían, más o menos, lo que les estaba esperando. En ese momento, AGA Colombia ya había adquirido concesiones mineras en todo el país, equivalentes a más de un millón de hectáreas.


Pero: ¿Quién pudo llevar a los geólogos por los caminos intrincados y protegerlos de los pumas y los lobos? “Yo conozco a alguien”, dice Roberto Tejedor y tiene su Nokia 3210 en la mano. “Él te puede contar bien como fue en ese entonces”.


La locomotora minera colombiana

 


La antropóloga Mónica Flores y la joven Estefanía Herrera buscan preservar Pijao como alternativa turística y productiva opuesta a la empresa minera. Foto: Romano Paganin


Sobre concesiones y leyes mineras, Mónica Flores (50) investigó durante años, pero antes de contar sus conclusiones pone café en el fuego, casi un acto obligatorio en Pijao, no importa la hora. Los tres gatos la siguen en la cocina y piden comida sin maullar. Mónica se inclina y acaricia la cabeza rasguñada del macho. “Te peleaste de nuevo”, le dice y pone las tasas sobre la mesa inmensa del salón. Los abuelos de Mónica han tomado café aquí, en ese entonces el siglo pasado, antes que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) definiera a Pijao como Paisaje Cultural Cafetero. La anfitriona se arrodilla en el banco y habla con el gato aleccionado.


Mónica, después de vivir largos años en Bogotá, Estados Unidos y Europa, volvió a mitad de los años cero a su lugar de nacimiento y abrió un alojamiento boutique en Pijao. Cocina omeletts con ají a sus huéspedes y solo quiere una cosa: que la gente esté bien en el pueblo. Como promotora de Citta-Slow, una organización italiana cuyo objetivo es una vida más lenta y relacionada con la naturaleza, tuvo  claro desde el primer momento: una megamina no tiene lugar acá. Ella se enteró en el 2008, todavía trabajando como concejal, y por casualidad, de las concesiones en el Quindío.


La locomotora minera, empujada por Álvaro Uribe, presidente colombiano en ese entonces (2002-2010), agarró viaje, pues la demanda de materia prima fue enorme. En diez años el número de concesiones mineras saltó de 3000 a 9500; de los 114 millones de hectáreas de tierra firme que constituye Colombia casi un tercio fue, en el 2013, prevista para minería.


Durante el mandato de Uribe no sólo se aflojaron los estándares ambientales para sacar materia prima, sino que también bajaron los impuestos para su explotación. Como consecuencia: empresas transnacionales mandaron a sus equipos de perforación a Colombia con dinamita, latas de cianuro y mercurio, indispensables para la explotación minera industrial.


Mónica empezó a juntar información sobre AGA. Se enteró de las intrigas entre la empresa y los rebeldes en el Congo, las contaminaciones en Ghana, conoce los juegos que esconden para conseguir las concesiones y el cambio de nombres de empresas en Colombia, y por supuesto, sabe de la situación en la ciudad vecina de Cajamarca.


En la mina La Colosa AGA presume reservas de oro por más de 30 millones de onzas. Según la minera, son las reservas de oro más grandes del planeta. La cresta de la montaña, donde el trabajo de exploración termina en el año 2019, llega hasta el Quindío. Y cuando el gobierno en Bogotá declaró Cajamarca juntos con Pijao y otros municipios en la región, como distritos mineros, algo quedó claro para Mónica Flores: no importa cuánto oro, plata o nicle estén en el municipio, si Pijao no se defiende podría desaparecer en breve del mapa.


Los geólogos y sus secretos 


Parecido a un toro, Gonzalo Gómez está sentado en una de las mesitas de aluminio, bajo unas sombrillas, con su gorra hasta la nariz. Es mediodía y el café en la plaza municipal de Pijao, frente a la iglesia y el municipio, se llena rápido. Pedimos café y entramos, en su interior está más tranquilo. Apenas se sentó el vacunador, vuelve a la posición de combate. Aparentemente está esperando solo una cosa: la primera pregunta.


¿Cuál fue exactamente tu tarea para Anglogold Ashanti? 
“Lo primero que se hizo fue una muestra de sedimento en todo el municipio, también en parte de Génova, Buenavista, Córdoba, Calarca y Salento. Después, hicimos una perforación de doce a quince metros cerca de acá. Los geólogos encontraron ceniza volcánica. Ellos traían su propio mapa y nosotros les mostrábamos como llegar a los puntos marcados. Los geólogos seguían más o menos el ramal de La Colosa en Cajamarca, pero mantenían esas informaciones con mucho cuidado. Como herramientas tuvimos solo una palita de jardinero de plástico y un tamiz para lavar las pruebas del suelo que ellos se llevaron. Todas las pruebas que se tomaron allí fueron superficiales”.


La exploración por Quindío pasó por cuatro etapas de veintiún días. Los hombres de Bogotá trataron a los hombres de Pijao con mucha gentileza. Ellos saben muy bien lo que está en juego, ya que se trata de mucha más plata de lo que puedan cobrar los doce ayudantes del campo. Les brindaron alojamiento, comida y cinco millones doscientos mil pesos colombianos. En otras palabras: un poco más de 2500 dólares por 84 días de trabajo, más de tres veces el sueldo básico de ese momento. El dinero fue transferido a las cuentas bancarias de los ayudantes.


¿Hubo dinero entre el municipio y AngloGold Ashanti para facilitar que la empresa pueda recorrer el territorio de Pijao?
“No se sabe”, responde Gonzalo Gómez. “Pero aparentemente la empresa estaba en reuniones con concejales y ellos no tenían nada en contra. El municipio hizo el contacto conmigo”.


La humanidad y los metales


Mónica Flores trae una pila de papeles desde la oficina y lo pone en la mesa de madera. Huelen a leyes y reglamentos. “Aquí no se puede construir una mina así no más”, dice y sorbe con la nariz. Como si lo quisiera confirmar acústicamente. Manosea en la pila de papeles, buscando la sentencia del 2016.


La lista de las razones por las cuales la explotación minera es un tema controvertido, es larga y vale para todo el planeta: contaminaciones múltiples del ambiente, intoxicación y muerte de flora y fauna, división y expulsión de comunidades locales y riqueza que no queda en la zona ni en el país. Además, dice Mónica, “¿Quién consume todos estos metales? Son los países de América del Norte y de Europa, que necesitarían al menos un planeta más para mantener su estilo de vida. Ellos exigen a pueblos como Pijao contaminar su tierra y su gente como si fuese lo más normal del mundo”. Su vista se pierde en el jardín. Vuelve a sorber la nariz y pregunta: “¿Existe la minería responsable?”


En Abya Yala –así fue llamada América antes de 1492– se extraían metales mucho antes de la llegada de los europeos. Como elementos clave no se usó mercurio ni cianuro, sino agua o fuego. En hornos de piedra y bajo mucho calor se separaban los metales de las piedras, un proceso mucho más lento que con los métodos industriales y químicos de hoy en día. 1500 años antes del nacimiento de Cristo, así dice el museo de oro en Bogotá, se recolectaba oro y cobre, usados por los caciques y chamanes en sus ritos religiosos.


El Museo de Oro es un cubo de cemento austero en el centro de Bogotá y pertenece al Banco de la República de Colombia. En su interior, el ambiente se presenta moderno y hasta noble, los objetos están pulidos y los visitantes son numerosos. Admiran la artesanía y los símbolos religiosos de culturas que en la América colonial ya no tenían razón de existir. Como hoy en día ninguna duda de ese hecho deja el vídeo que se muestra sin fin en una sala oscura dentro del museo.


“La vida moderna”, dice una voz del off, “es posible gracias a que conocemos los metales y sabemos cómo usarlos. Estos soportan nuestros edificios y puentes, nos permiten volar, navegar y desplazarnos, sustentan la producción industrial y el comercio. Con los metales medimos el tiempo, hacemos movimientos, rendimos cultos. Producimos arte y hacemos la guerra. (…) La historia de la humanidad de los últimos 9000 años es la historia de los metales. Con ellos hemos construido el mundo en el que vivimos”.


La voz en off suena un poco como Margareth Thatcher y su monólogo There is no alternative. Al final del corto la voz termina con una frase llamativa. Se refiere al uso espiritual de metales por los poderosos de la era precolombina: “Los objetos espirituales y simbólicos comunicaban una visión del mundo que compartía toda la sociedad”.


Toda la sociedad, eso suena a mucha gente. Contemplando la digitalización de nuestras sociedades del siglo 21, cuya expansión no hubiese sido posible sin la materia prima como oro, cobre o litio, es permitida la pregunta: ¿Será posible que la influencia de un Iphone o una computadora en nuestra existencia sea mucho más grande de lo que suponemos? ¿Se convirtieron en objetos o símbolos espirituales?


La oposición del pueblo crece


Sea como sea: la industria extractivista con empresas como AGA, Glencore (Suiza) o BHP Billinton (Inglaterra/Australia), cuyos nombres ocupan los primeros puestos de las listas de los críticos al capitalismo, ya no pueden hacer lo que les pinta, ni en este lado de la orilla ni en la otra. Al menos en los medios de comunicación europeos el tema de la extracción de recursos en países del sur llegó a la agenda política y de a poco se va instalando en la conciencia de la sociedad. Jóvenes alemanes ocupan minas de carbón y exigen su cierre.


En Inglaterra están los municipios que se convierten en transition-towns, apuestan a la economía local y por lo tanto disminuyen la dependencia del mercado global y sus materias primas. Y en Suiza, que por sus bajos impuestos es uno de los lugares preferidos para las empresas transnacionales, crece de a poco la conciencia sobre las consecuencias que causa la industria al planeta. El plebiscito con el nombre Konzernverantwortungsinitiative, por ejemplo, exige que las empresas con sede en Suiza posean reglas vinculantes en sus prácticas para cumplir estándares sociales y ambientales. Algo parecido inició Francia.


Y también en América Latina el pueblo se está defendiendo más y más a través de consultas populares. Desde el comienzo del milenio hubo alrededor de cien consultas relacionadas con minas metálicas. En casi todos los casos los votantes dijeron que no; en Costa Rica y El Salvador se prohibió la extracción minera por completo. En Mendoza, una provincia al oeste de Argentina, se prohibió el uso de químicos tóxicos para sacar metales.


En cambio, en países como Colombia, el gobierno no sólo trata de disimular los resultados de las consultas populares. Simplemente no las reconoce. La razón es obvia: hace siglos la economía del país se basa en la extracción de materia prima, independientemente lo que piense el pueblo. En esa cuenta no se considera la intoxicación de los ecosistemas, la expulsión de indígenas, la militarización de la zona y la extinción de especies enteras. Para satisfacer los mercados internacionales y a sus consumidores –la mayoría de la materia prima va a la exportación– las empresas no dudan en matar a los que se oponen a esa lógica.


Después de Brasil e Indonesia, Colombia es el país con más activistas ambientales asesinados en el mundo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó, en un informe reciente, su preocupación por esta situación refiriéndose especialmente a los líderes indígenas, campesinos y afro colombianos, es decir, los grupos étnicos más afectados por la industria extractivista.


De vuelta hacia sus raíces


Unas de las razones por las cuales Mónica Flores volvió a su lugar de origen es la urbanización veloz en los grandes centros, que avanza en un ritmo abismal. Vio el mundo afuera de Pijao y llegó a la conclusión de que su pueblo es un buen lugar para vivir. Escribió un libro sobre la arquitectura local, ofrece cursos en ecología social y organizó caminatas públicas con ornitólogos que indican los nombres y comportamientos de las aves del valle. Quiso que sus vecinos vean lo que ella vio: el agua cristalina de los ríos, la tierra fértil, la biodiversidad. “Y paso a paso los habitantes volvieron a reconocer su riqueza y a valorarla”, dice Mónica.


Los niños dibujaron la diversidad en la vereda, los cafeteros plantaron un café especial y generaron puestos de trabajo, los apicultores empezaron a producir miel orgánica, las caseras cocinaron mermeladas con frutas de la región y con Citta-Slow llegaron también turistas de otros continentes. Nacieron alojamientos familiares como el de Mónica Flores.


Hace diez años nadie quería ir a Pijao, por las casas que parecían derrumbarse en cualquier momento y porque durante la noche existían esquinas en el pueblo por las cuales mejor no pasar. El lugar se convirtió en un pueblo pintoresco que tiene el carisma de un pueblito en la Toscana, Italia. Sin ese cambio cultural, dice Mónica Flores, la gente no hubiese tomado dimensión de la megaminería y la discusión pública que se dio a partir de 2013 no se hubiese dado. Los ciudadanos se juntaron en ese entonces y decidieron de organizar una consulta popular. Quisieron defender la riqueza local.


Lo que suena fácil terminó en el 2016 en la Corte Constitucional. “Aquí está”, dice Mónica Flores y pone la sentencia de 118 páginas sobre la mesa.


La nena curiosa de al alado


Cuando la nueva Constitución entró en vigencia en 1991, unas de las constituciones más avanzadas en el continente respecto a la participación política y el derecho a la auto determinación territorial, Estefanía Herrera ni siquiera  estaba planeada. Pero hoy en día, veintisiete años después, la chica de 18 años hace uso de ella y dice frases como: “Gracias a la posibilidad de la participación política hoy en día ya los niños están informados sobre las consecuencias de la megaminería”.


Estefanía está de visita en la casa de Mónica Flores, como tantas otras veces durante los últimos años. Sentada en la mesa de madera, frente a una taza vacía de café, mira atentamente a través de sus anteojos cuadriculares. Describe de forma detallada lo que pasó en Pijao antes de la consulta de julio del 2017: las charlas con los vecinos, los eventos informativos en la escuela, la visita de los campesinos en los valles y por supuesto las discusiones con los que estaban a favor de una producción megaminera. “Dios mío”, dice y menea la cabeza, “Pensaron realmente que la mina trae trabajo y progreso y que se van a hacer ricos”. A ellos les respondió: “donde están parados hoy en día, ya no van a poder estar”. Porque como el oro no se puede comer tampoco se puede tomar el agua con mercurio.


Como la mayoría de los habitantes de Pijao, también la familia de Estefanía vive de la agricultura. El padre planta bananos y su tía tiene una finca. Durante su infancia sembró lechugas y calabazas, jugó con los animales, pero también observó cómo su papá fumiga con pesticidas sintéticos. A su vez, su vecina Mónica la invitó desde temprana edad a formaciones y charlas. Tema principal: el medio ambiente. Además, cosechan juntas tomates orgánicos y observan a los colibríes que se nutren de los geranios. Mónica, que no tiene hijos de repente es mamá y Estefanía, la nena curiosa de la vecindad quiere saber lo que significa consulta popular.


Generar confianza después de la guerra


La alumna se da cuenta rápido de la diferencia entre teoría y práctica. Antes de la consulta habló con los pijaenses, y aunque dice las cosas francamente, no le tienen confianza. “Una y otra vez tuvimos que explicar que no tenemos nada que ver con el gobierno y que somos del mismo pueblo”, dice Estefanía. Inseguros por la guerra civil de más que cincuenta años, inclusive un ataque armado en el 2001 de las FARC, se necesita mucha empatía para que los vecinos de Pijao se abran y hablen con un desconocido sobre sus necesidades. En última instancia, Estefanía habla de la sentencia de la Corte Constitucional. Dice entre otras cosas: “La Constitución Política establece que es obligación del Estado no solo conservar y proteger los recursos naturales, sino también prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.


La Corte Constitucional creó con su sentencia en 2016 un precedente y provocó una ola de consultas populares en el país. Solo el año pasado hubo nueve consultas relacionadas con proyectos extractivistas. Más que cincuenta municipios quieren hacer lo mismo porque en su sentencia la Corte Constitucional afirma que los gobiernos regionales y locales pueden hacer consultas y provocar una prohibición de grandes proyectos de minería o petróleo. Llama la atención ya que cuestiona estructuras sociales y económicas que nacieron durante la Colonia. El poder judicial de Colombia da más importancia a la opinión pública que a la industria extractiva. Para América Latina, donde las leyes muchas veces solo existen en los papeles, es una gran excepción.


La espía de la capital


Encrespado por las múltiples consultas populares, el ministerio de Minas y Energía en Bogotá envió unas semanas antes de la consulta en Pijao, a una joven empleada hacía el valle, aparentemente para ver cómo está la onda en el pueblo. Pero no solo por eso. “Fue al mediodía, yo justo estaba comprando un pollo cuando ella me empezó a hablar”, se acuerda Jairo Choa (28) y todavía no lo puede creer.


El joven concejal, vestido con jeans, barba de cuatro días y gel en el pelo, pertenece al ala derecha del Concejo Municipal. Comparte ideas del ex presidente Álvaro Uribe, pero de ninguna manera la política extractiva de Colombia. En parte por su abuelo, quien trabajaba la tierra en los cerros de Pijao y su nieto, que se crió con él, quería un día sobre tomar su finca. Pero al Jairo adolescente se le cruzó la realidad: los precios bajos, el trabajo duro y un estudio en el horizonte. Dejó la herencia familiar y estudió en la capital del Departamento la carrera de cómo se administran negocios internacionales.


Pero si viene alguien cuestionando la agricultura, como ahora lo hace la señorita de Bogotá, se defiende con lo que tiene a su alcance. Igual, al final estuvo menos brusco de lo que pensó en su momento. “Venite”, le dice, “te muestro las bellezas de nuestro municipio, los campos y ríos y montañas y valles. ¡Te vas a enamorar!”.


La enviada del ministerio rechazó la invitación y Jairo embaló su pollo. “¿Qué vamos a dejar a las próximas generaciones?”, preguntó. “¿Una herencia de destrucción? Claro, tenemos acá en el municipio un problema de drogas, pero si construimos una megamina eso implica una destrucción total, tanto para el ambiente como para nuestra sociedad”.


Se calla la señorita y el monólogo del activista ambiental de la derecha terminó.

 

 


Antes de la consulta hubo una fiesta


Jairo Choa está dentro del comité para la consulta y se junta regularmente con Mónica Flores y la joven Estefanía. Los promotores de la consulta tejen una red: por un lado, con otros comités en el país y por otro, se conectan con Marcha Carnaval, un grupo diverso de músicos y activistas, “para la defensa del territorio”. Marcha Carnaval nació hace once años, cuando AGA empezó a trabajar en Cajamarca. Se formaron sindicatos, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes y profesores e hicieron durante las coloridas manifestaciones lo mismo que Mónica Flores en Pijao: fortalecer pacíficamente la cultura del lugar. Durante la Marcha en Ibagué 2017, la capital del Departamento donde AGA está explorando La Colosa,  participó una sexta parte de la población.


Hoy en día la Marcha Carnaval está funcionando en 35 ciudades del país. Y si es necesario los organizadores también viajan a municipios potencialmente afectados como Pijao. Sienten que su apoyo es necesario. Y gente alegre con tambores en el pecho generan más confianza que uniformados con armas.


Docenas de activistas llegan los días antes de la consulta a Pijao, reparten folletos, visitan escuelas, viajan con Jairo Choa y Estefanía a las fincas más lejanas y tamborean a través de las calles angostas del pueblo. El asunto serio se convierte en una fiesta popular. Mónica, de izquierda, está parada al lado de Jairo Choa, de derecha, y los dos saben: en este momento no se trata de Uribe, ni de su persecutor Juan Manuel Santos, ni de la locomotora. Se trata de la defensa del territorio y por lo tanto de la propia existencia. Aquí no importa cuales son las alianzas políticas.


Bogotá, molestando hasta el último momento


En el día de la consulta llegan camionetas a la plaza municipal. La administración de Quindío las mandó gratis para que los ciudadanos del campo pueden viajar hasta las urnas. Tanto Roberto Tejedor como Francisco Sarango están trabajando. Y también el vacunador Gonzalo Gómez está en la calle. Seis años después de haberle mostrado a AGA el camino por los valles quiere poner un No en la urna. “Yo no tenía ni idea lo que podría significar una megamina para el pueblo”, cuenta al final de nuestra conversación”. Se habla de ganancias grandes como en Perú o Chile, pero al final no queda nada para nosotros. Por el politiqueo la plata queda a los que están sentados allí arriba”.


Temprano se demostró que la consulta iba a favor de los que no quieren una mina. Pero tenían que alcanzar una participación de al menos 33 por ciento. Sino la consulta no tiene valor. Y Bogotá metió sus dedos hasta el último momento. En el día de la consulta, cuenta Jairo Choa durante el segundo café, faltaba infraestructura como mesas o urnas. Algo que nunca falla cuando hay elecciones nacionales. “Además apareció un funcionario del Ministerio del Interior que nos exigió abandonar el lugar. Incluso me amenazó con denunciarme por hacer ‘propaganda’ como concejal en el mismo día de la consulta”. El funcionario vino acompañado por un comandante de policía que también presionó a Jairo Choa y a su equipo. “Por suerte estaba también el presidente de la provincia de Quindío”, dice Jairo. “Él nos respaldó y nos decía que solo teníamos que seguir”.


Al final participó un 44 por ciento del pueblo y un 97 por ciento puso un No en las urnas. Decisivos fueron los votos de la generación mayor y de la gente del campo. Los jóvenes, así suponen los promotores, no pudieron dimensionar lo que hubiese implicado un Sí. Además: muchos de ellos  quieren irse de Pijao lo antes posible…


El gobierno sigue poniendo piedras en el camino


Llegó la noche a Pijao y los cafés en la plaza municipal de a poco se van vaciando. Mónica Flores cierra un poco la puerta hacía su jardín. “A la noche el aire refresca”, dice y envuelve su cuello con una bufanda. Los gatos se fueron, el macho probablemente volvió a pelearse en algún lugar de la vecindad. En la mesa de madera todavía está la pila de papeles que documenta la historia de Pijao de los últimos años. Estadísticas, diagramas, leyes, mapas, tabularios de Excel, sentencias, fotos. Y de alguna manera esa imagen con Mónica Flores en primer plano, la luchadora que ha vuelto a los Andes colombianos con sus pumas, osos de anteojos y lobos, en alguna manera esa imagen hace acordar a una película de Hollywood con un final feliz.


¿Eso fue todo?


Obviamente que no.


Los funcionarios de Bogotá ya están trabajando en una reforma sobre las leyes con el objetivo de complicar las consultas populares que tengan que ver con proyectos extractivos. En Córdoba, municipio vecino de Pijao, quisieron organizar una consulta popular en noviembre, pero no se pudo por una falta de apoyo financiero de parte del Estado. Pero no solo eso:   el Ministerio de Energía y Minas tuteló al Tribunal de Quindío por haber aprobado la consulta popular en Córdoba, es decir, el baile con el poder central sigue. Tanto como el politiqueo.


Pero gracias a las consultas populares de los últimos meses se formó una red de solidaridad en todo el país que no va a ser fácil romper. “Si el gobierno sigue poniendo piedras en el camino”, dice Mónica Flores, “el pueblo se va a la calle”. Se durmió profundamente, pero la locomotora minera despertó a la gente. “Vamos a defender la tierra”.


*Nombres cambiados
* Periodista independiente y vive entre el Atlántico y el Pacífico. Recién publicó su primer libro titulado “Manos de la Transición – Relatos para empoderarnos” (Apuntes para la Ciudadanía, Quito/Diciembre 2017).
Ese artículo  nació también gracias a las investigaciones de Kristina Dietz (GLOCON), FU Berlin. 

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