El fin de año que no se preveía en Venezuela

Caracas vive un diciembre más tranquilo que en años anteriores

Se respira cierta calma. Hay grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro, en un contexto de crisis económica. 

Nadie sabía en enero en qué situación se encontraría Venezuela a final de año. Pocos, muy pocos, imaginaban que se estaría en calma y que habría grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento como en el 2015 o 2016, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro otorgado por el gobierno para las fiestas.

Caracas vive un diciembre con mayor tranquilidad que en años anteriores. La economía, en una dinámica de bloqueo y crisis -piezas imbricadas-, ha dejado mayores espacios de respiro para la población. Se han visto fuegos artificiales, mesas navideñas con el pernil entregado por el gobierno, consumo permanente en las arterias principales de Caracas.

Se trata de una situación que lleva varios meses y ha generado una meseta en la superficie de una economía cuyo PIB se ha contraído más de la mitad en seis años. Un escenario marcado por la emergencia y consolidación de un sector dolarizado de la población, el uso de esa moneda en las transacciones comerciales en barrios populares o zonas pudientes, y la multiplicación de los trabajos informales a.nte la caída sostenida de los salarios formales con la devaluación de la moneda nacional y el aumento de precios.

La situación en Caracas es más estable que en las demás partes del país. No se ven colas de gasolina como en las carreteras o ciudades del interior, el abastecimiento de luz se ha mantenido con pocos registros de cortes, y se ha consolidado un circuito de consumo para la franja minoritaria que vive y piensa en dólares.

Era difícil pronosticar este diciembre a principios de año con la autoproclamación de Juan Guaidó y el intento de ingreso por la fuerza desde Colombia el 23 de febrero. Tampoco en marzo, con el apagón/saboteo nacional que dejó al país a oscuras durante varios días, o el 30 de abril, con Guaidó y Leopoldo López junto a un puñado de militares en armas en las calles.

La ofensiva parecía casi imparable, no solamente por el primer momento de fuerza de la fórmula Guaidó y su atractivo para la oposición venezolana que volvía a movilizarse, sino principalmente porque detrás o delante del autoproclamado siempre estuvo el gobierno norteamericano.

El rol de Estados Unidos (EEUU) fue explícito durante todo el año. John Bolton, exasesor de seguridad, afirmó que no tenían problema en hablar de la Doctrina Monroe, y, para llevar el expediente Venezuela, fue nombrado Elliot Abrahms, un hombre que estuvo al frente de las guerras sucias de Centroamérica en los años 80, con hechos como la masacre de El Mozote, en El Salvador.

La alineación de Donald Trump, Mike Pompeo, Bolton, Abrams, el eje anticastrista encabezado por Marco Rubio, y los poderes pocas veces visibles del Estado profundo, conformaron un cuadro de asalto final. Ese cálculo de fuerzas resultó errado para quienes encabezaron la ofensiva: no solamente Nicolás Maduro sigue en el gobierno, sino que Guaidó y el conjunto de la oposición atraviesa sus peores meses.

La crisis de la derecha tiene varios elementos superpuestos: escándalos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional (AN), la división entre quienes ven posibles acuerdos con el gobierno para, por ejemplo, las elecciones legislativas previstas para el 2020, y quienes solo plantean una salida por la fuerza, y la cuestión de la presidencia de la AN que deberá ser renovada el 5 de enero.

Quien esté al frente del legislativo es central tanto a nivel interno como internacional. En lo nacional porque define en gran parte quien quedará en la conducción de la derecha y su principal tribuna. En lo internacional porque la ingeniería del gobierno paralelo creada por EEUU tiene su principal punto de apoyo en la AN: reconocen a quien está al frente del legislativo como presidente encargado del país.

La apuesta norteamericana es mantener a Guaidó. Ya han afirmado, anticipándose a un escenario adverso, que su respaldo no es a él como persona, sino a la presidencia de la única institución que reconocen como democrática. Su permanencia allí sería sostener la actual correlación de fuerzas, mientras que su desplazamiento podría significar un retroceso para EEUU, así como una nueva expresión de su incapacidad para resolver el expediente Venezuela.

El siguiente paso clave luego del 5 será la convocatoria a las elecciones legislativas. Por el momento el tema de conversación de la mayoría de la población es el bono entregado por el gobierno, el reconocimiento del esfuerzo, o el cuestionamiento hecho por opositores que lo califican como un instrumento para controlar a la población y mantener el mismo cuadro sin resolver la situación económica.

Los problemas de fondo difícilmente tengan solución en un tiempo corto, por el impacto del bloqueo económico y financiero que seguirá escalando como ha sido anunciado por EEUU, por la baja producción petrolera que por momentos logra estabilizarse en un millón de barriles diarios, o la falta de capacidad del sector eléctrico para abastecer la actual demanda nacional.

La economía está en proceso de transición y metamorfosis en una combinación de escenario de guerra y orientaciones pocas veces explicitadas por el gobierno. Se trata de un cuadro complejo, marcado a su vez por la emigración y sus consecuentes remesas que traen dólares en los barrios populares y las clases medias.

Venezuela termina un año que han parecido ser muchos más. Por estos días en los barrios populares se gastan los bonos, se preparan las mesas de año nuevo, las rumbas con salsa, trap y reggaetón, se extraña a quienes están fuera del país, se pone en obra la capacidad de resiliencia de una sociedad que se prepara para un 2020 que será, seguramente, más complejo que el 2019.

Por Marco Teruggi

Desde Caracas

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La mala salud de hierro de la economía mundial

Los expertos auguran una aceleración del crecimiento en 2020, liderado por Europa y los emergentes, si la tensión comercial disminuye

 

La palabra resiliencia no es nueva, pero se ha puesto de moda en los últimos años. Según la Real Academia Española, este término hace referencia a la “capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido”. Un significado que bien podría asociarse a la economía mundial. El crecimiento previsto para 2019 es del 3%, el nivel más bajo desde la salida de la crisis financiera. La desaceleración resulta evidente —en 2017 el avance fue del 3,8% y en 2018 del 3,6%— y hasta cierto punto comprensible: a la fase final de un largo ciclo de expansión se le han sumado lastres geopolíticos de calado. Sin embargo, casi nadie otea una recesión en el horizonte; más bien al contrario, el consenso de los analistas apunta a que en 2020, a medida que el pulso arancelario vaya atemperándose, hay opciones de asistir a una moderada aceleración. La última actualización de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula un avance del PIB global del 3,4% el próximo año.

“Si bien los indicadores industriales muestran una incipiente mejora, el crecimiento seguirá siendo modesto. La madurez del ciclo económico así como el elevado endeudamiento y los déficits fiscales limitan el potencial de recuperación”, señala Joan Bonet, director de estrategia de mercados de Banca March. Esta opinión es compartida por Nannette Hechler-Fayd’herbe, responsable de análisis global de Credit Suisse: “Prevemos un crecimiento económico moderado, una continuación de condiciones de liquidez favorables y un relajamiento de las tensiones geopolíticas. A medida que disminuya la guerra comercial entre EE UU y China debería mejorar la confianza de las empresas”.

Uno de los colchones de seguridad con los que cuenta la economía mundial son los bancos centrales. En 2019, tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) tuvieron que dar marcha atrás en la hoja de ruta que habían diseñado y que tenía como objetivo normalizar los tipos de interés. El panorama se oscurecía por momentos y tuvieron que sacar de nuevo la manguera de la liquidez. Los efectos de estos estímulos deberían extenderse al nuevo año. “Vemos un punto de inflexión en el crecimiento económico global durante la primera mitad de 2020. El impacto de tal relajación en las condiciones financieras llega con retraso a la economía real, pero en esta ocasión ese decalaje es mayor debido a las políticas proteccionistas”, señalan los expertos de BlackRock en su informe de perspectivas.

Tipos de interés

La Fed ha recortado en tres ocasiones los tipos de interés en EE UU durante 2019, dejándolos en la horquilla de entre el 1,5% y el 1,75%, mientras que el BCE mantiene el tipo de referencia en el 0%. El mercado no espera más recortes en el precio del dinero en los dos principales organismos monetarios, pero tampoco se vislumbra ningún movimiento al alza de calado a medio plazo ya que los datos de inflación están aún lejos de ser una amenaza. “Nuestro escenario principal contempla que la Fed haga una pausa en los recortes de tipos en 2020. En el caso del BCE y el Banco de Japón, esperamos que prosigan con la expansión cuantitativa y mantengan sus políticas de tipos de interés cero. En general, si 2018 para los principales bancos centrales fue un año de endurecimiento de las medidas monetarias y 2019 de suavización de las mismas, creemos que 2020 será el año en el que se haga un alto en el camino”, señalan desde la consultora Mercer.

La clave de bóveda sobre la que sostiene la posibilidad de una aceleración del crecimiento mundial en 2020 es la mejora del clima comercial. El año que está a punto de concluir se ha caracterizado por la política del palo y la zanahoria en las relaciones entre Washington y Pekín. El caso Huawei es el mayor exponente de estas tensiones. Sin embargo, en las últimas semanas se han dado algunos pasos para reconducir la situación. Uno de ellos es la firma por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de la primera fase del acuerdo con China. Como consecuencia de este pacto, EE UU no aplicó el 15 de diciembre los aranceles que iban a entrar en vigor (aunque sí mantiene los existentes hasta esa fecha), mientras el gigante asiático hará lo propio.

“Un acuerdo para reducir o eliminar los aranceles existentes y un compromiso de dejar de añadir nuevas tasas podrían reducir sensiblemente la incertidumbre en la economía mundial, liberar la demanda acumulada en inversión por parte de las empresas y permitir que Trump proclame victoria en un año electoral”, reconoce Mark Haefele, responsable de la división de grandes patrimonios de UBS.

Las negociaciones comerciales continuarán en 2020 y algunos analistas aconsejan no echar las campanas al vuelo. Libby Cantrill, responsable de políticas públicas de Pimco, una de las mayores gestoras de renta fija del mundo, califica los avances de “tregua débil”. “No se puede deducir que toda la incertidumbre ha sido eliminada tras el acuerdo de la fase uno, ya que se mantendrán muchos de los aranceles. Además, habría que ser prudente a la hora de visualizar futuros avances, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha costado llegar hasta la firma de la primera fase y que muchos de los asuntos más espinosos, como el subsidio a las empresas estatales, se han pospuesto para las próximas rondas de contactos”, recuerda Cantrill.

Otro de los culebrones de 2019, el Brexit, podría empezar a vislumbrar también una salida en el próximo curso, circunstancia que despejaría las incertidumbres actuales. La contundente victoria de Boris Johnson en las recientes elecciones británicas y la mayoría conservadora en el Parlamento han acelerado la aprobación de la ley para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), texto que incluye la prohibición de nuevas prórrogas más allá de diciembre de 2020.

Está por ver si en el año que queda hasta ese límite Londres y Bruselas serán capaces de negociar una nueva forma de relación política y comercial. “Es un plazo demasiado abreviado para cerrar un acuerdo multisectorial entre los 28 países, que debería ser aprobado además por los respectivos parlamentos nacionales”, señalan los economistas de S&P. La principal agencia de calificación de riesgos del mundo cree que la mayoría obtenida por Johnson le da más margen para negociar con Bruselas, aunque advierte que no se puede descartar del todo un Brexit sin acuerdo. “Pensamos que el Reino Unido podría pedir una extensión del plazo a la UE. Sin esta prórroga el acceso de las compañías británicas a los consumidores europeos pasaría a regularse según los términos de la OMC el 1 de enero de 2021, lo que supondría el pago de tarifas significativas en sectores clave como automoción, agricultura y comercio minorista. Ese escenario dañaría al Reino Unido más que a la UE ya que su relación comercial es asimétrica”, explican en S&P.

EE UU ha sido el principal motor de la economía mundial tras la salida de la Gran Recesión. Su economía acumula desde 2009 la mayor fase expansiva de la historia con 125 meses de crecimiento ininterrumpido. El gigante estadounidense cuenta con el apoyo de la Fed y un mercado laboral robusto que aviva el consumo interno. Sin embargo, las previsiones de los expertos apuntan a que en el rebote de la economía mundial EE UU debería ceder protagonismo a otras áreas como la UE o los países emergentes. El FMI calcula que en 2020 EE UU crecerá un 2,1% frente al 2,4% estimado para este año.

“El impulso de los recortes fiscales se está desvaneciendo, la incertidumbre relacionada con la política comercial parece estar afectando a la inversión de las empresas, y los indicadores del mercado laboral se están moderando. Sin embargo, la relajación de las políticas monetarias y la solidez de las finanzas de los consumidores deberían evitar que el crecimiento de EE UU caiga demasiado”, pronostica Joseph Little, responsable de inversión de HSBC Asset Managemet

Enigma electoral

En la ecuación que manejan analistas y gestores para vislumbrar cómo será la economía mundial el próximo año, una variable impredecible son los comicios en EE UU. El 3 de noviembre de 2020, el electorado de este país decidirá quién ocupará la Casa Blanca hasta 2024, así como la conformación del Congreso. “Con las elecciones presidenciales cerniéndose en el horizonte, habrá que prever turbulencias tanto en política nacional como en política exterior, independientemente de que Donald Trump siga en el poder o deje paso a los demócratas. Aunque se mantenga la tregua en la guerra comercial con China, es muy probable que surjan otras cuestiones, como la reforma tributaria y de la competencia, que traiga volatilidad”, recuerda Michaël Lok, director de inversiones de Union Bancaire Privée (UBP).

Por su parte, China prosigue con su aterrizaje que, aunque es suave, no encuentra todavía suelo. Si en 2018 el gigante asiático crecía el 6,6%, este año cerrará con un avance de su PIB del 6,1% y en 2020 la aceleración se frenará hasta el 5,8%, según el FMI. “Es un año importante para China. En 2010, el Gobierno se comprometió a duplicar el tamaño de la economía y los ingresos medios para 2020. Para alcanzar estos objetivos, las autoridades tendrán que garantizar al menos que el crecimiento se mantenga en el nivel simbólico del 6%. Es posible una mayor flexibilización de la política económica”, indica Keith Wade, economista jefe de Schroders.

Escenario más benigno

Junto con Europa, los otros candidatos a liderar la aceleración en el crecimiento mundial son los países emergentes, con especial protagonismo para Latinoamérica —la previsión apunta a una mejora del PIB del 1,8% frente al 0,2% de 2019—. “Los recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal durante 2019 han reducido la presión sobre los mercados emergentes, principalmente de aquellos que dependen de la financiación en dólares estadounidenses. Gracias a que la inflación está disminuyendo, los bancos centrales de varios de estos países tendrían margen para reducir el precio del dinero”, argumentan en Credit Suisse.

En este tablero de juego aún plagado de minas, pero en principio más favorable que hace unos meses, ¿qué puede pasar con la economía española? Las proyecciones apuntan a que continuará la desaceleración del crecimiento del PIB (1,8% en 2020 frente al 2,1% de 2019), pero a pesar de ello España debería seguir siendo uno de los alumnos aventajados entre los países desarrollados.

El principal riesgo que ven los expertos viene del lado político. La negociación para formar Gobierno aún no había llegado a buen puerto al cierre de esta edición y, en el caso de contar con el apoyo de ERC, los socialistas tienen la intención de liderar un proyecto que incluye a Podemos en el Ejecutivo, algo que no es muy del agrado de los mercados. “La nueva alianza de izquierdas no podrá contar con una mayoría estable, mientras que los límites de maniobra fiscal del país serán puestos a prueba. Después de años por encima de su potencial, el crecimiento de España se está reajustando”, advierten en AXA.

Más pesimistas en relación con la inestabilidad política son en Julius Baer. “La perspectiva de un Gobierno débil y poco favorable a la libertad de empresa nos ha llevado a reducir nuestro optimismo respecto de la economía española. Recientemente hemos rebajado la proyección de crecimiento para España en 2020 al 1,7%”, indican en el banco suizo. “La expectativa de una subida de impuestos podría agravar esta tendencia, pero seguimos confiando en que el incremento de los salarios, la bajada del ratio de endeudamiento de las familias y la facilidad de acceso al crédito mantengan la demanda interna e inclusive rebote. El sentimiento empresarial también se ha deteriorado porque se espera una presión fiscal sobre las compañías y mayores costes regulatorios”.

Como ocurre muchas veces, lo urgente relega a lo importante. Si bien las previsiones económicas son menos dramáticas que hace 12 meses, sobre la mesa queda aún por resolver un cuestión clave que marcará el devenir del mundo en las próximas décadas: cómo cambiar el modelo económico para que sea menos contaminante, reduzca las tasas de desigualdad y sea más justo con las mujeres.

En el caso de Europa, si bien el crecimiento en 2020 no será para tirar cohetes (1,4%, según el FMI), sí constituirá una mejora con respecto al del año que está a punto de concluir (1,2%). La aceleración vendrá de la mano de Alemania, que tras un año muy difícil para una economía tan exportadora debido a las tensiones comerciales, debería beneficiarse de las menores tensiones arancelarias. Además, el resto de socios comunitarios mirará con atención a Berlín por si el Gobierno alemán cede a las presiones y usa su buena situación presupuestaria para estimular todavía más su crecimiento. “En Europa, la política monetaria ha alcanzado sus límites e incluso los miembros más centristas del consejo de gobierno del BCE reconocen los efectos colaterales no deseados de sus políticas no convencionales. Solo hay un margen fiscal relevante en Alemania, creemos que en 2020 se aplicarán los estabilizadores automáticos, pero que el impulso fiscal adecuado no llegará hasta 2021, cuando las debilidades del mercado laboral empiecen a acumularse”, reconocen en AXA Investment Managers.

Por DAVID FERNÁNDEZ

Madrid 29 DIC 2019 - 03:30 COT

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El Gobierno de México sube por segunda vez en menos de un año el salario mínimo

La medida supone el mayor incremento a las compensaciones en más de 40 años en un entorno económico marcado por la parálisis en el primer año de López Obrador

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a dar un importante impulso al salario mínimo. Este lunes se ha anunciado un incremento del 20% a las compensaciones que entrará en vigor en 2020. Se trata del segundo anuncio de subida que hace el Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en menos de un año. A finales de 2018, el presidente anunció, poco después de asumir el cargo, un incremento del 16%. Unos 3.44 millones de trabajadores mexicanos se verán beneficiados por lo que es el mayor incremento al mínimo en más de 40 años.

Con el aumento, el salario mínimo pasará de 102.68 pesos a 123.22 pesos diarios, unos 6.5 dólares. El incremento es menos pronunciado, del 5%, en la frontera, donde el monto subirá de 176.72 pesos diarios a 185.56 (9.7 dólares). La zona fronteriza ya había visto subir al doble el mínimo en cuanto López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018. “Es una buena noticia, lo cierto es que no pensaba que se iba a lograr esto en un año de Gobierno”, admitió en Palacio Nacional el mandatario tras anunciarse el acuerdo entre los trabajadores y la patronal.

La actualización que el Gobierno del Morena hace del salario mínimo es el más importante en 44 años. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo este viernes que la muy esperada subida de diciembre pasado no impactó las variables macros que muchos vaticinaban. “En lo que va de 2019 la inflación no solo no se ha disparado, sino que ha sido de las más bajas en los últimos cuatro años”, presumió la ministra. El aumento del mínimo tampoco tuvo efecto sobre la creación formal de empleos, pues se han generado 724.000 puestos de trabajo formales. Muchos de ellos, no obstante, dependen de los programas de apoyos y becas creados desde la secretaría de Trabajo, como Jóvenes construyendo el futuro.

La patronal también estuvo presente en el anuncio de la medida. “Tenemos un sentido de consenso. Es a través del salario donde demostramos claramente nuestra responsabilidad social”, dijo Carlos Lomelí Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial. El empresario se comprometió, a nombre de las organizaciones reunidas, a que las familias reciban un salario de al menos 6.500 pesos mensuales (343 dólares). Esta cantidad representaría el piso de la línea mínima de bienestar dibujada por el Coneval, la institución que mide la pobreza en México. Salazar calcula que dos millones de familias están por llegar a esa marca próximamente. En México hay 52.4 millones de pobres, según cifras oficiales.

La medida pretende poner freno a una precipitada caída, superior al 70%, del poder adquisitivo. López Obrador ha reconocido que eso tardará aún. “Va a llevar tiempo, siendo realistas, porque esto no se resuelve por decreto”, añadió el presidente.

El anuncio es una buena noticia en un entorno económico marcado por la parálisis en el primer año de la Administración de López Obrador. El Banco de México, recientemente, modificó a la baja la cifra de crecimiento para 2019 y lo ubicó en un rango que va de 0,2% hasta territorio negativo. El Gobierno se ha mostrado optimista con la idea de que el nuevo tratado comercial para América del Norte, el T-MEC, y un ambicioso plan de infraestructura sean los motores para sacar la economía mexicana del atolladero.

Por LUIS PABLO BEAUREGARD

México 16 DIC 2019 - 23:33 COT

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¿El fenómeno de la dolarización llegó para quedarse en Venezuela?

De acuerdo a los más recientes estudios, actualmente un 53,8 % de las transacciones en el país se realizan en la divisa estadounidense.

Según algunos expertos económicos, de las más variadas ideologías políticas, Venezuela habría vivido, en las últimas semanas, cierta reactivación de la economía, una afirmación que se sustenta en el repunte de las transacciones económicas.

"Lo que estamos viviendo es una pequeña recuperación económica después de toda esa caída monstruosa que hemos tenido y, dependiendo de lo que ocurra en el ínterin de los primeros trimestres del año, esa recuperación se puede pronunciar un poquito, no estoy hablando de algo definitivo o de que se acabó la crisis, pero creo que el año que viene será un poquito mejor", aseguró el economista Daniel Lahoud.

De igual forma, el analista económico Tomás Socías López considera que en los últimos días se han dado "unos inicios de movimientos y activación de la economía".

"Se calcula que las ventas han aumentado cerca de 20%. Se nota una afluencia mayor a los establecimientos y un incremento de las ventas, sobre todo de electrodomésticos, que ha tenido más crecimiento en los últimos días", detalló Socias López.

De hecho, los comerciantes del país decidieron, por primera vez en la historia de la nación, replicar la experiencia estadounidense denominada 'Black Friday' para así incrementar las ventas. Pero no todos los economistas consideran que ese sea un síntoma de recuperación.

"Para mí, esto hace referencia al fenómeno estacional de las compras navideñas, que siempre marcan un contraste con el resto de año. El año pasado también se vivió, aunque a escala más pequeña, animado por las remesas que se enviaron justo con ese propósito navideño. Pero este año, además de las remesas, tenemos pagos de bonificaciones y algunos en dólares. A lo que hay que agregarle el hecho de que en la economía los dólares están circulando más, ya no se usan solo para atesoramiento o pagos especiales, sino que tienen cada vez más aceptación", explica a RT el sociólogo y economista político Luis Salas, quien cree que "la prueba para hablar de una recuperación no es diciembre sino el primer trimestre del año 2020".

Por su parte, el economista Luis Enrique Gavazut agrega otra arista. "Que haya un leve incremento en las ventas no refleja una recuperación económica. El proceso de dolarización de facto ha hecho que exista una presencia y utilización mayor de divisas, lo cual ha incrementado levemente las importaciones de productos de consumo final y la adquisición de los mismos. Pero no se trata de un incremento de la oferta por inversión y producción nacional, que es lo que realmente se necesita", explica en diálogo con este medio.

De la mano del dólar

Lo cierto es que un porcentaje importante de estas transacciones se realiza en dólares, pese a que en Venezuela la única moneda de curso legal es el Bolívar.

De acuerdo con la firma privada Ecoanalítica, actualmente un  53,8 % de las transacciones en Venezuela se realizan en dólares: casi todos los electrodomésticos se compran en esa divisa, así como más de la mitad de la ropa, repuestos para automóviles y alimentos, entre otros rubros. Este dato se sustenta en el estudio de 12.600 operaciones registradas, entre el 10 al 15 de octubre, en 136 locales de Venezuela.

Según ese informe, 50 % de la población venezolana está atrapada en la hiperinflación, especialmente los pensionados y empleados públicos; 35 % de los habitantes se mantiene con algunos ingresos en divisas; y otro 15 % vive de la denominada 'burbuja de los dólares', que les permite mantener altos niveles de consumo.

Desde el sector oficial no existen cifras al respecto. Sin embargo, el pasado 17 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro, evidenció por primera vez que el gobierno se encuentra al tanto de la situación.

"Yo, quizás lo que diré será un pecado para los dueños de los dogmas, no lo veo mal. Me declaro pecador: no lo veo mal. Evaluar cómo ese proceso, que llaman de dolarización, puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas y el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, gracias a Dios existe", indicó Maduro, en unas declaraciones que repetiría el pasado martes.

El mandatario venezolano sostiene que la dolarización surgió por la "autoregulación necesaria" de la economía venezolana para procurar la "desaceleración de la inflación criminal inducida".

"Ese proceso que llaman dolarización"

Sin embargo, ¿se encuentra Venezuela realmente en un proceso de dolarización? Analistas como el opositor Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis, aseguran que en el país no existe tal proceso, de manera "formal, integral, racional y eficiente".

"Lo que hay es una masificación de facto y desordenada del uso de divisas para responder a  la pérdida de valor del bolívar", dice.

La moneda local de Venezuela es el bolívar, pero el Estado permite que se hagan operaciones en dólares. Incluso en los puestos callejeros de venta de perros calientes, célebres en el país suramericano, los vendedores se sirven de la divisa estadounidense.

"Hay restricción severa de la liquidez monetaria en bolívares. Entonces, las personas que poseen divisas, bien sea porque las han acumulado por años, las reciben por remesas o tienen alguna operación comercial de bienes o servicios, al no tener cómo cambiarlas a bolívares, pues las usan directamente, y esto ha aumentado la circulación del dólar libremente", explica Gavazut.

Pero a pesar de esta situación y de que el dólar ya es la unidad de referencia para calcular los precios, los contratos laborales y las cuentas bancarias siguen en bolívares, dos puntos claves que no permiten hablar de una dolarización sistemática. Pero, además, ¿puede realmente Venezuela avanzar hacia una dolarización formal en medio de las fuertes sanciones unilaterales del gobierno de Estados Unidos?

¿Dolarización con sanciones?

"Hay un crecimiento de las transacciones en dólares, lo que no necesariamente implica que haya muchos más dólares que antes. Hay más, sí, pero lo que más ha crecido es la liquidez o circulación de los mismos, pues no solo se usan como reserva de valor o unidad contable, sino como moneda de pago para operaciones cotidianas. Es decir, pasan más de mano en mano y producen la ilusión de que 'todo el mundo tiene dólares'. Pero, ¿que esto llegue a ser una dolarización? Eso está aún por verse", agrega Salas.

Para este experto, más que una "dolarización", hoy Venezuela vive una "desbolivarización", "una huida desordenada desde el bolívar hacia cualquier otro medio de pago".

Salas explica que la 'huida' es mayoritaria hacia los dólares "pero también, por ejemplo, el oro en Guayana o el peso colombiano en la frontera occidental. Y, en el caso del gobierno, hacia la criptomoneda el Petro, y de muchos particulares, en ciudades como Caracas, hacia las cripto en general".

Salas alerta que este proceso puede derivar en tres vertientes: un régimen multimonetario, como el de Zimbabue, donde llegaron a circular hasta nueve monedas distintas más las cripto; uno 'bimonetario', como en Cuba; o, efectivamente, a una dolarización formal tipo Ecuador. Pero, para que esto último ocurra debe reformarse la Constitución y hacerse toda la adecuación respectiva.

Por paradójico que suene, pareciera que el principal escollo operativo para una dolarización en Venezuela son las sanciones del gobierno norteamericano contra la golpeada economía del país suramericano.

Por Jessica Dos Santos

Publicado:11 dic 2019 21:00 GMT


Sociólogo Trino Márquez: La dolarización anárquica y salvaje "agudiza la brecha entre pobres y ricos"

Por: Aporrea-UR | Miércoles, 11/12/2019 04:04 PM 

 

10-12-19.-El sociólogo, Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales, durante una entrevista en Unión Radio consideró que la dolarización es un fenómeno con rasgos sociológicos al influir en la sociedad, por «estar agudizando la brecha entre pobres y ricos, entre el sector que tiene acceso a los dólares de manera permanente y masiva, y el resto de la población que no tiene acceso ni siquiera ocasionalmente a la divisa norteamericana».

Márquez detalló que existen diversos sectores que tienen acceso a las divisas, como los que ofrecen algún servicio, quienes reciben remesas, los que ahorraron en divisas y quienes tienen negocios lícitos e ilícitos».

No obstante, precisa que el área que tiene ese altísimo nivel de consumo debido a su acceso al dólar apenas alcanza entre 10 y 15 %, es decir un millón de personas.

«Estadísticamente no tiene ningún significado frente a 90% de la población que no tiene acceso a casi nada».

Enfatizó que estamos ante «una dolarización caótica, anárquica, a los trancazos y a lo salvaje y los más afectados son los grupos más vulnerables y está produciendo un fenómeno: tenemos más pobres que cada vez son más pobres»

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¿Estamos a las puertas de una nueva recesión?

Para que la actual desaceleración económica se transforme en otra crisis sería necesaria la inacción de las instituciones europeas y la persistencia de políticas económicas erradas

 

En las últimas semanas han sido muchos los artículos y declaraciones que dan por hecha una nueva y próxima recesión económica global. Han abundado esos malos augurios en una campaña electoral particularmente tóxica, que facilitó la utilización de todos los argumentos a mano, más o menos razonables o fantasiosos, y demasiadas mentiras para conseguir votos. 

El miedo a una nueva crisis económica podía convertirse en un excelente factor de movilización electoral. Y por eso hemos asistido a una utilización política de ese nuevo fantasma de la recesión, sin que los partidos en liza hicieran el mínimo esfuerzo por aportar alguna luz al necesario debate sobre su probabilidad. El presagio de la nueva recesión se ha utilizado de múltiples formas, para denunciar el veto del poder económico a un gobierno socialista que incluyera algunos ministros de UP; para explicar la persistencia del independentismo catalán en la vía unilateralista con objeto de escapar de la depresión económica en la que puede instalarse España, o para justificar que Sánchez no mantuviera la oferta de gobierno de coalición con UP. Puro fuego de artificio justificativo que ahorra la molestia de pensar, precisar y argumentar los análisis. Más aún tras conocer el preacuerdo de coalición recién firmado por Iglesias y Sánchez que desmonta de un manotazo todas esas creencias.

También la mayoría de los economistas han contribuido a la confusión reinante, sin guardar las debidas distancias respecto a una recesión que, siendo posible, dista mucho de ser una realidad ineludible en un futuro próximo y predecible. De hecho, varios economistas ya han anunciado en distintas ocasiones en los últimos cinco años, es decir, en plena recuperación del crecimiento económico, la próxima recesión. Aclaremos las cosas, el conocimiento económico nada tiene que ver con la adivinación de crisis o recesiones. Si fuera por eso, habría que tirarlo a la basura. Un solo dato, pero muy contundente: durante la Gran Recesión (en los años 2008 y 2009) ninguna de las 62 recesiones que se produjeron en el mundo había sido prevista en septiembre del año anterior por economistas o empresas dedicados profesionalmente a la prospección económica (Ahir y Loungani, 2014). ¡Ninguna! 

Estamos seguros de que habrá una nueva recesión del mismo modo que sabemos que todos los seres humanos tienen como destino inevitable la muerte, pero los datos disponibles no nos autorizan a decir que la próxima recesión está a la vuelta de la esquina.

Antes de entrar en la crítica a los anuncios de una cercana recesión, me gustaría hacer una puntualización a propósito del dudoso interés que ha tenido hinchar más allá de lo razonable su probabilidad durante la campaña electoral: no creo que atizar el miedo a la recesión haya ayudado mucho a los intereses electorales de los partidos ni que pudiera conceder más ventajas a unos que a otros. Más que nada, porque casi todos tenían argumentos convincentes para llevar ese miedo al terreno de sus intereses particulares.

En el ámbito de las fuerzas progresistas, el PSOE ha ofrecido su mayor capacidad para aportar estabilidad política y lograr amplios acuerdos, tanto con su izquierda como a su derecha; Unidas Podemos, su compromiso con los de abajo en la tarea de rescatar y proteger a los sectores con mayores riesgos de pobreza, precariedad y exclusión social y lograr una distribución más equitativa de los costes de otra recesión; y Más País, garantías de hacer lo imposible para asegurar que sus votos facilitarían la formación de un gobierno progresista y unas instituciones más preocupadas con la suerte y la protección de la mayoría social.

También en la derecha, el PP ofrecía su experiencia de gestión de la Gran Recesión, apuntándose el mérito de una etapa prolongada de crecimiento económico desde el cuarto trimestre de 2013 hasta la moción de censura que desalojó de La Moncloa a Rajoy. Con el valor añadido de la continuidad de ese relativamente fuerte crecimiento económico tras la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno en junio de 2018, en unas condiciones particularmente difíciles: comienzo de la desaceleración económica, imposibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, dos crispados procesos electorales, la sentencia del Tribunal Supremo condenando a duras penas a los líderes catalanes presos, la reacción del movimiento independentista en Catalunya o la exhumación del dictador.

He dicho todos los partidos, pero ni C’s ni Vox se han mostrado especialmente preocupados por la contingencia de una nueva recesión. El primero, C’s, porque tiene una receta universal para cualquier situación, país y problema económico: bajar impuestos, desregular, privatizar, aislar a los sindicatos, etc. El segundo, Vox, porque no quiere perder el tiempo en algo tan nimio como una recesión económica, cuando lo que está en juego es España y sus símbolos eternos, los del franquismo. A ambos partidos, C’s y Vox, les ha bastado con impostar la voz al decir España y confiar en que la bandera permitiría camuflar y vender la deteriorada ideología y las recetas neoliberales que ambos comparten. Uno se ha ido al garete, el otro ha duplicado sus escaños.

Visto lo visto en los resultados electorales del 10-N, parece que los temas sociales de mayor preocupación (el paro, el empleo precario, las pensiones, el alza de los alquileres, la desigualdad de rentas o el cambio climático) fueron parcialmente desplazados por una guerra de banderas que pusieron en el primer plano del debate político y del interés de la opinión pública las identidades nacionales y su reforzamiento, tanto por parte del nacionalismo español excluyente como del independentismo catalán unilateralista. 

Más allá del lógico juego de las disputas políticas, los datos y las previsiones señalan que no hay recesión a la vista y que lo que se está produciendo desde hace algo más de un año es una significativa desaceleración económica que continuará en los próximos dos años. No es probable a corto plazo un nuevo periodo de decrecimiento del producto y el empleo. Por mucho que los factores que pueden alumbrar la nueva recesión sean muchos, los instrumentos de política económica disponibles para combatirla sean débiles y la propia creencia de una nueva recesión en Europa por parte de la opinión pública y de inversores y mercados pueden estar cambiando los comportamientos de los agentes económicos hasta el punto de convertirla en una profecía autocumplida.

Todas las previsiones señalan lo mismo: las economías mundial, europea y española están en evidente desaceleración, pero no indican una recesión en 2020 ni en 2021. Por ejemplo, los últimos datos que aparecen en las previsiones de otoño de la Comisión Europea, dadas a conocer el pasado 7 de noviembre. O, en EE.UU., el Survey of Professional Forecasters del tercer trimestre de 2019 que elabora la Federal Reserve Bank of Philadelphia. Pero, de igual manera que el conocimiento económico no puede prever recesiones, tampoco puede descartarlas. Los factores de riesgo están ahí, siguen engordando incertidumbres y pueden desencadenar una nueva recesión imprevista a corto plazo.

Por otro lado, el hincapié en la probabilidad de una próxima recesión contribuye a dejar en la penumbra un hecho muy relevante: el notable crecimiento de la economía española en los últimos cinco años ha incrementado los trabajadores pobres y las bolsas de pobreza y exclusión social, los empleos precarios, la polarización del mercado laboral y la intensificación de las desigualdades de renta. Y, tanto o más importante, ese crecimiento sigue consolidando estructuras y especializaciones productivas que requieren del empleo precario sin derechos laborales, los bajos salarios, un sistema fiscal excesivamente amigable con los beneficios empresariales y altas tasas de desempleo.

El crecimiento, por sí solo, no es una solución a los graves problemas estructurales que sufre la economía española y que impactan en la ciudadanía. Del mismo modo que un crecimiento relativamente fuerte no ha implicado mayor bienestar, reducción de la desigualdad de rentas y patrimonios o más peso del empleo decente, tampoco la desaceleración del crecimiento implica lo contrario.

Con recesión o con crecimiento económico es posible (y necesario para la mayoría social) aplicar programas económicos progresistas que tengan como objetivos centrales el rescate social, el impulso de la transición ecológica, el desarrollo de políticas inspiradas por los principios de solidaridad y cohesión social o la promoción de un cambio estructural modernizador. Que haya crecimiento económico no suple ni excluye esas tareas. Que haya recesión no las impide, sólo las hace más difíciles. 

La recesión es una amenaza que se puede evitar en 2020 y 2021

Que existan muchos factores de recesión supone una amenaza cierta, pero no certifica que sea ineludible. Que haya recesión no supone un impedimento absoluto para hacer las reformas económicas que son necesarias. Que haya crecimiento no reduce la necesidad de hacer las políticas económicas y reformas progresistas viables.   

Las economías española y europea se han instalado de forma duradera en una situación de crecimiento débil sin recesión, con una inflación anémica que provoca tasas de interés a largo plazo muy bajas.

Creo que a menudo se confunden los muchos factores de crisis que están presentes, de naturaleza política, institucional, económica y geoestratégica, sean específicos de España y Europa o tengan un carácter general, con la propia crisis; como si la existencia de esos factores condujera automáticamente a la recesión o impidiera la acción política de los Estados para evitarla, cuando aparece como riesgo, o para afrontarla, cuando se produce. Hay que recordar que, a partir de 2018, cuando se hace visible la desaceleración económica, los países de la OCDE han reaccionado aumentando sus déficits públicos, que ya están cerca del 4% del PIB, y su deuda pública, que también experimentó un pequeño crecimiento, situándose por encima del 115% del PIB.

Si la desaceleración continúa o se agrava, nada impide una utilización más intensa del quantitative easing o que el mantenimiento de tasas de interés muy débiles se acompañe de una política presupuestaria más expansiva. Hay margen político para ello (el margen económico es más discutible y habría que analizarlo país por país) y se utilizará, porque la aversión de los gobiernos y de las opiniones públicas a una nueva recesión será determinante.

Hay que tener en cuenta, además, que entre las preocupaciones de la opinión pública hay dos, relacionadas con la reducción de las desigualdades económicas y la lucha contra el cambio climático, que pueden tener un notable recorrido y suponer una gran presión sobre los gobiernos de los Estados miembros y las instituciones comunitarias para que promuevan más inversiones públicas eficaces, medidas contra el cambio climático y políticas favorables a los sectores sociales empobrecidos, las clases medias que han sufrido un deterioro importante de sus condiciones de vida o jóvenes que tienen grandes dificultades para encontrar empleos decentes. Políticas que pueden suponer un importante factor de reactivación, modernización productiva y sobriedad en el consumo que permitirían compaginar la lucha contra la recesión y una mayor atención a la cohesión social, el bienestar de la mayoría y los cuidados al planeta. 

A menudo, en las declaraciones de los líderes políticos se amalgaman la desaceleración del crecimiento con un impreciso concepto de crisis económica o con una delimitada cuantificación de la recesión (dos trimestres seguidos de crecimiento negativo), a pesar de sus importantes diferencias y muy distintos impactos y terapias de política económica para afrontarlos. A lo que buena parte de los líderes políticos de izquierdas añaden confusión entre el contradictorio y desequilibrado despliegue del capitalismo, que produce inevitables crisis cíclicas y estructurales inherentes al propio avance y lógica de acumulación del capital, y su supuesta incapacidad para impulsar el crecimiento económico o permitir la mejora del bienestar de la mayoría social. La condena moral o ideológica del sistema capitalista no nos puede cerrar los ojos ante su plasticidad para el cambio, resistencia frente a situaciones de crisis o potencia para generar crecimiento. Vitalidad demostrada con creces a lo largo de los dos últimos siglos, en los que el capitalismo ha sido el sistema económico dominante y ha tenido la capacidad de transmutarse en varias ocasiones, concretarse en muchos modelos diferentes y convivir con distintos regímenes políticos, sistemas de regulación, intervención pública o prioridades cambiantes de la ciudadanía.  

Las causas de la actual desaceleración de la economía mundial son conocidas. El factor que se menciona con más frecuencia es el frenazo del comercio mundial, vinculado a las tensiones comerciales y arancelarias entre China y Estados Unidos, a la crisis del modelo de globalización neoliberal al que EE.UU. pretende despojar de instancias multilaterales de arbitraje y regulación de los conflictos, al crecimiento de los partidos políticos proteccionistas y neosoberanistas y, aunque no se mencione tanto, al cambio del modelo de crecimiento de China, menos sustentado en el comercio exterior y más dependiente de la evolución de la demanda interna, que está suponiendo un retroceso de sus importaciones y una reducción significativa de la tasa de crecimiento del producto. Hay también un segundo factor importante, el vuelco de la economía mundial hacia una economía de servicios con un peso menguante de la industria manufacturera y los impactos añadidos del declive de viejas industrias (automoción, químicas, bienes de equipo o energéticas) a las que las previsiones de una regulación más fuerte, que haga posible un mayor acercamiento con los compromisos internacionales de reducción de las emisiones de CO₂, lleva a la congelación de los planes de expansión e inversión productiva de las empresas.

Estas son las razones que explican que sean los países con un mayor peso del sector industrial y más dependientes en su crecimiento de las exportaciones a China, como es el caso de Alemania, los que sufren con mayor intensidad esa desaceleración y los que, de entrada, están más expuestos a la recesión. Pero que nadie lo dude, si Alemania se acerca más a una situación de recesión, utilizará en mayor medida que hasta ahora su amplio margen para desarrollar políticas presupuestarias expansivas para impedirla. La aversión a la recesión por parte de la opinión pública es generalizada y ya ha hecho que tanto Francia como Italia hayan utilizado en 2019 la política presupuestaria para impedir una mayor reducción de su crecimiento, por mucho que sus márgenes de acción presupuestaria sean mucho menores y, en el caso de Italia, prácticamente inexistentes. 

Las políticas monetarias muy expansionistas que practican los Bancos Centrales de los países capitalistas desarrollados han demostrado su capacidad para garantizar la solvencia de los deudores, sean Estados, empresas o familias, gracias a los bajos tipos de interés y a la reducción sustancial de los gastos por intereses. Es muy improbable, por tanto, que se produzcan en los próximos dos años nuevas crisis de deuda o insolvencia. Pero esas bajas tasas de interés sirven para eso, no para impulsar la demanda de los hogares, porque la incertidumbre hace que aumenten sus tasas de ahorro, ni la inversión de las empresas, porque el mínimo crecimiento de la demanda interna (causado por las políticas de devaluación salarial y consolidación fiscal) y del comercio mundial no facilitan la aprobación de nuevos planes de inversión productiva.

Es verdad que las políticas monetarias expansionistas están generando graves problemas económicos que deben ser atajados, como nuevas burbujas especulativas (especialmente en el sector inmobiliario, tanto en los alquileres como en el precio de la vivienda), una utilización improductiva e ineficiente del ahorro o un bloqueo de la intermediación financiera que realiza el sistema bancario, con el consiguiente impacto negativo sobre las cuentas de resultados de los bancos. Garantizar la solvencia de los agentes económicos deudores, siendo muy importante, no permite impulsar el progreso técnico y la productividad global de los factores productivos, que son las únicas herramientas para superar una situación de débil crecimiento potencial a largo plazo. Para impulsar ese crecimiento potencial y hacer posible la creación de empleos de calidad es imprescindible invertir en la mejora de la educación, las competencias de la población activa y la modernización de capital. Sólo de ese modo será posible impulsar un cambio en las estructuras y especializaciones productivas y escalar la gama de la oferta. ¿Qué se ha hecho en los últimos 10 años al respecto? Nada. Tampoco durante el relativamente fuerte crecimiento económico de los últimos cinco años.

Ni siquiera la depreciación del euro que provocan las bajas tasas de interés tiene efectos positivos sobre la demanda exterior, ya que el abaratamiento de las exportaciones se compensa con la degradación de los términos de intercambio que supone el encarecimiento de las importaciones.

Otro factor que influye en la reducción de las probabilidades de una nueva recesión es la buena situación económica y financiera de las empresas, que presentan tasas de rentabilidad económica situadas en máximos históricos y han aprovechado la mejoría de sus beneficios para reducir su endeudamiento. Sí, esa mejor situación de las empresas se ha conseguido gracias a las políticas de austeridad y devaluación salarial y a la intensificación de las reformas estructurales o desreguladoras del mercado laboral que han debilitado a los sindicatos y la capacidad de reacción de las clases trabajadoras y han propiciado una distribución muy desequilibrada de la renta en contra de los asalariados y la proliferación del empleo precario, lo que supone un nuevo obstáculo a la expansión del consumo de los hogares que abocan a un crecimiento muy modesto. Pero la mayor solvencia y rentabilidad de las empresas permite comprender por qué una nueva recesión es improbable y explica la adhesión de las patronales, el poder económico y una parte significativa de la sociedad a las políticas neoliberales y a la estrategia de salida de la crisis que propugna Bruselas.     

El marco normativo e institucional comunitario y, especialmente, las reglas presupuestarias (los arbitrarios límites fijados al déficit y la deuda públicos o los ritmos de reducción de un indicador tan inasible como el del déficit público estructural) siguen impidiendo complementar los estímulos monetarios con políticas presupuestarias expansionistas. O, peor aún, siguen tratando de igual manera el gasto público que no genera futuras rentas y la inversión pública que permite aumentar el crecimiento potencial. Pero esa restricción ha sido perfectamente salvable en 2019 por países con suficiente peso económico y político, como Francia o Italia. Ante una nueva amenaza inminente de recesión, esta vez, muy probablemente, se relajarían las reglas comunitarias para permitir su rápida superación. El problema es si las fuerzas progresistas y los países del sur de la eurozona tienen capacidad para que esas reglas se modifiquen antes y conseguir que la UE se ponga como tarea inmediata la necesidad de impulsar un plan europeo de inversiones con suficiente financiación comunitaria centrado en la modernización productiva, el crecimiento de la productividad global de los factores y la descarbonización de la economía.

A los factores de riesgo de recesión de naturaleza económica, financiera y comercial hay que añadir la crisis de representación política que vive nuestro país, el ascenso de fuerzas neosoberanistas de extrema derecha en la mayoría de los Estados miembros de la UE, el bloqueo de las reformas institucionales que son necesarias para que la eurozona mejore su funcionamiento y las tensiones geopolíticas que tienen su epicentro en Oriente Medio y en el fracaso y la conflictiva sustitución del modelo de globalización neoliberal por la intentona de Estados Unidos de reconstruir un nuevo poder imperial que le permita imponer sus criterios e intereses a sus competidores sin mecanismo multilaterales de regulación, control y arbitraje.  

La crisis y la violencia en Oriente Medio impiden, además, ofrecer una cierta estabilidad al precio del petróleo, que según previsiones de la Agencia Internacional de la Energía podría reducirse en 2020 a los 50 dólares el barril de Brent, si no hay crisis geopolítica y continúa la desaceleración del crecimiento mundial, o aumentar hasta los 120 dólares, si se intensifican los ataques contra las instalaciones petrolíferas. Lo que podría suponer una importante reducción del crecimiento económico en la eurozona, ya que se estima que un aumento del precio del petróleo de 10 dólares el barril supone una reducción del crecimiento del 0,3%.

Un último comentario sobre el papel clave que puede jugar la UE. Para que la actual desaceleración económica se transforme en recesión sería necesaria la inacción de las instituciones europeas y la persistencia de políticas económicas erradas. Si se quiere impedir que los múltiples factores de riesgo de recesión se desarrollen, sería más que conveniente el concurso de las instituciones comunitarias para recuperar el proyecto de unidad europea y la confianza de la ciudadanía en una Europa abierta, solidaria e inclusiva. Se puede conseguir. Bastaría con rescatar y concretar los principios comunitarios de solidaridad y cohesión económica, social y territorial y aumentar la financiación de inversiones modernizadoras de estructuras y especializaciones productivas compatibles con la transición ecológica y una mayor autonomía energética respecto al petróleo que permitan intensificar la lucha contra el cambio climático y cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de CO₂.

Para escapar del débil crecimiento potencial a largo plazo y, de paso, hacer más improbable la recesión, la UE debería contar con un presupuesto mayor y aumentar la inversión en educación, competencias de la población activa, investigación y modernización productiva. Nada de eso se hizo tras el estallido de la crisis global en 2008 y nada de eso se ha hecho durante la larga fase de crecimiento económico iniciado en 2014. Nada o, peor aún, se promovió de forma indirecta la reducción de la inversión pública de los Estados miembros. Las instituciones europeas no pueden seguir confundiendo y tratando por igual el gasto público y la inversión pública modernizadora capaz de aumentar la productividad global de los factores productivo y mejorar la gama de la oferta productiva. No tiene ningún sentido contribuir a mantener el bajo crecimiento actual y aumentar los riesgos de recesión con una política de consolidación presupuestaria que reduce la inversión pública y nos atornilla a una estructura productiva y a un modelo de crecimiento que requieren y multiplican los empleos temporales y precarios y fortalecen unas especializaciones productivas basadas en los servicios a las personas de bajo valor añadido.

Europa es parte de la solución posible, tanto en relación a los problemas que genera la desaceleración del crecimiento como a los peligros de una nueva recesión. Siempre que se hagan las reformas institucionales y el cambio de políticas económicas que están en la raíz del mal funcionamiento del mercado único, la fragmentación del mercado financiero comunitario, las divergencias productivas y de rentas entre los Estado miembros y la expansión de los partidos de extrema derecha neosoberanistas, xenófobos y antieuropeístas.  

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Gabriel Flores es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM. Especialista en las economías de Europa Central. Miembro de La paradoja de Kaldor.

Publicado enEconomía
Los científicos de la ONU llaman a cambiar la dieta mundial con urgencia para frenar la crisis climática

El Panel Internacional de Expertos explica en su último informe que deben recortarse las emisiones de gas en la producción de alimentos que suponen el 25% del total

El documento incide en que una dieta con más vegetales y carne obtenida con sistemas que demanden menos energía tienen menor impacto climático

 

Atajar la crisis climática obliga a cambiar la manera de alimentarse. La fórmula actual de producir la comida supone casi un tercio de las emisiones gases de efecto invernadero por lo que resulta imposible contener el calentamiento global sin que el mundo –sobre todo el rico– modifique su dieta con urgencia: más vegetales y carne producida con sistemas que utilicen menos energía, según el último informe del Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) publicado este jueves.

El documento, aprobado este miércoles, viene a indicar que no basta con aplicar medidas a la producción de energía en las centrales eléctricas o los motores de los vehículos. No basta con transformarse en eólico y solar. En ocubtre de 2018, el IPCC ya avisó de que solo medidas urgentes y drásticas en la próxima década podrían evitar lo peor del cambio climático limitando el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Este nuevo informe añade otro paquete medidas cruciales.

Los expertos calculan que la producción de comida lanza unas 11 gigatoneladas de gases a la atmósfera. Son 11.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a base de prácticas agrícolas, el cambio en el uso del suelo, el almacenamiento, transporte, procesamiento, empaquetado y consumo de los productos. La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado tras conocer el informe que el estudio indica "lo fundamental que es el suelo. Un bien precioso y escaso que ha pasado de ser un sumideros de gases a un emisor" por el uso intensivo que ha impuesto la humanidad.

Lo que va al plato

Los científicos piden variar hacia lo que llaman dietas más saludables. ¿Qué alimentos citan? Hablan de cereales, legumbres, verduras, frutos secos y semillas. También carne, pero con métodos de producción que permitan un uso "menos intensivo" de energía. Uno de los coordinadores del informe, Jim Skea, ha incidido en que ellos no recomiendan una dieta a la gente. "Señalamos que, según la evidencia científica, hay dietas que tienen una menor huella de carbono". Es decir, un impacto climático menor.

El Panel considera que estos cambios tienen el potencial para evitar que entre 1,8 y 3,5 gigatoneladas de CO2 terminen en la atmósfera. Y añaden otro aspecto: frenar el desperdicio de comida. Al tirar menos alimentos se reduce la necesidad de consumir más con lo que se rebaja la expansión de tierras dedicadas a la producción. Los científicos han calculado que un tercio de los alimentos que se producen terminan desperdiciados. Una buena proporción del efecto invernadero se crea para nada.

Factura climática de la comida

La mayoría de la superficie terrestre del planeta se dedica a producir alimentos o vestido. Hasta un 72% del suelo libre de hielo está destinado a mantener a la población. El informe explica qué implica esta presión: el incremento en la producción de comida ha acelerado el uso intensivo de la tierras. También ha obligado a aumentar la aplicación de fertilizantes a base de nitrógeno y el consumo de agua para el riego.

Todo esto ha multiplicado las emisiones. El cambio de uso de los suelos para sostener este crecimiento global ha contribuido a la cantidad de CO2 lanzado "sobre todo por la deforestación", explican. Es decir, la desaparición de árboles para dar paso a campos de cultivo o pastos para rebaños. También ha subido la cantidad de dióxido de nitrógeno emitido (NO2) por la agricultura y la de metano (CH4) por el ganado. Hasta la mitad de este gas, el de más potencia de invernadero, sale de las cabañas ganaderas.

Las medidas que ponen encima de la mesa abarcan desde la reducción en las emisiones de NO2 de los fertilizantes, la del metano de los arrozales, la mejora genética para que los cultivos soporten mejor las sequías y que el ganado tenga una mejor alimentación además de gestionar sus desechos. Le atribuyen un potencial de ahorro entre 1,4 y 4 gigatoneladas de gases al año.

El cambio climático degrada los campos

La influencia entre la obtención de comida y el cambio climático es de ida y vuelta. A medida que la temperatura crece se exacerban los daños: mayor desertificación, más degradación del suelo... Esto se traduce en peores rendimientos de las cosechas. En consecuencia un previsible encarecimiento del producto. Sus previsiones apuntan a que los precios de los cereales pudieran subir hasta un 29% para 2050.

Pero también afectará a la calidad de la misma comida ya que la mayor concentración de dióxido de carbono influirá en la composición de los nutrientes como, por ejemplo, las proteínas.

Freno a la fórmula de la bioenergía

El biodiésel a escala mundial desplaza a la comida, advierte el informe. Una de las soluciones adoptadas generalmente por los estados para cumplir con su compromisos de emisiones ha sido la apuesta por los biocarburantes. La bioenergía que se obtiene a base de cultivos como la palma o la colza. Los expertos avisan de los riesgos y aseguran que hay límites al cultivo de estas variedades. ¿Por qué? La proliferación de estas plantaciones puede suponer efectos "irreversibles" en la desertificación de la tierra.

Lo que describe el Panel es que la idea de recortar emisiones de CO2 a base de sustituir el combustible fósil por, por ejemplo, biodiésel, tiende a crear una competencia por el suelo entre los cultivos para energía y los destinados a producir variedades que alimenten a la población.

El documento incluye una advertencia: "Muchas de las respuestas toman tiempo para producir sus efectos". Piden paciencia. Sin ir más lejos, señalan que medidas como cambiar la manera de producir o variar la dieta precian un periodo de adaptación. Incluso la reforestación de la cubierta vegetal no se consigue rápidamente. Las plantas tienen que crecer.

Por Raúl Rejón

08/08/2019 - 10:00h

Publicado enMedio Ambiente
Domingo, 07 Julio 2019 05:51

El gran naufragio

El gran naufragio

La economía brasileña en problemas: antecedentes, debilidades y fortalezas

 

Prever uno o más futuros posibles para Brasil es hoy particularmente difícil por dos razones: una de ellas se debe al contexto internacional, actualmente en desplazamiento; la otra se debe al choque político que el país atraviesa desde la elección de un presidente que desea romper con el pasado de una forma particularmente brutal y muchas veces incoherente.

El contexto internacional es cada vez más inestable, marcado por el ascenso de China y el declive relativo de Estados Unidos, los cambios brutales en las “reglas de juego” que hasta hace poco gobernaron la globalización del comercio, la desaceleración del crecimiento del comercio internacional y la adopción de medidas proteccionistas, la transformación de la tecnología y el surgimiento de la inteligencia artificial y de la automatización, y la probabilidad significativa de una crisis financiera internacional.

A medida que pasan los meses, la política económica propuesta por el nuevo gobierno se enfrenta a un rechazo cada vez mayor, ya sea de parte del Congreso o del propio pueblo brasileño. Por momentos, esta política económica se muestra incoherente debido a declaraciones intempestivas –tanto del núcleo cercano al presidente (familia, consejeros) como de ministros incompetentes– que contradicen lo dicho por el ministro de Economía o el vicepresidente. Así, sufre de un déficit de racionalidad, esto es, una incapacidad manifiesta para implementar un programa económico controvertido, liberal pero cojo. De hecho, las líneas generales hasta ahora conocidas muestran los gérmenes de múltiples dilemas entre soberanía, liberalismo e intervencionismo, capaces tanto de revivir oposiciones entre aquellos que apoyaron la llegada de Bolsonaro a la presidencia como de animar a los movimientos sociales.

UNA ECONOMÍA PREDOMINANTEMENTE RENTISTA.

Así anunciado, este subtítulo puede sorprender o incluso chocar. No hace mucho tiempo, en 2007, Brasil era presentado no sólo como una de las economías más poderosas del mundo, sino como una especie de El Dorado para los inversores extranjeros. Contrariamente a lo que se pueda haber escrito en el pasado, Brasil no es una economía emergente. A largo plazo, su Pbi per cápita no se está aproximando al de los países avanzados; creció ligeramente en el período entre 2004 y 2013 bajo las dos presidencias de Lula y la primera de Rousseff. El Pbi per cápita con relación al de Estados Unidos fue aproximadamente el mismo en 1960 y en 2016, mientras que el de Corea del Sur, que parte de un nivel inferior, supera al de Brasil en 1990 y alcanza el 50 por ciento del de Estados Unidos en 2016, de acuerdo al Banco Mundial.

Hay que destacar que en Brasil el comportamiento de los empresarios es fundamentalmente rentista, con algunas excepciones. Prefieren, en principio, consumir, invertir en productos financieros o incluso en la producción de materias primas, en lugar de hacerlo en la industria, en la innovación y en los llamados servicios dinámicos.

Las consecuencias son:

  1. Una tasa de inversión muy baja.
  2. Un nivel de productividad del trabajo en la industria brasileña también bajo (véase tabla 1).
  3. Una tendencia al estancamiento económico del Pbi per cápita desde los años noventa.

 

Con un crecimiento tan bajo, la movilidad social se muestra reducida: la probabilidad de que el hijo de una persona pobre sea pobre cuando alcance la edad adulta es muy alta, a menos que una política voluntaria de redistribución de la renta sea puesta en práctica por el gobierno: aumento del salario mínimo mayor al crecimiento de la productividad del trabajo, políticas diversas de asistencia a los más pobres como Bolsa Familia, pago de pensiones indexadas a los campesinos pobres y a los discapacitados –incluso cuando no hayan contribuido.

En gran parte gracias a las políticas sociales, hasta 2014 ocurrió una ligera caída en las desigualdades a nivel de los ingresos de la fuerza de trabajo. Con la crisis económica y la política de austeridad decidida por el segundo gobierno de Rousseff, seguida por la de Temer a partir de 2016, esas desigualdades pasaron a subir nuevamente.

El declive de la desigualdad en la renta de trabajo durante las dos presidencias de Lula y la primera de Dilma fue acompañado por un aumento en la desigualdad de la renta personal, al contrario de lo que afirmaron los discursos oficiales. Esto fue demostrado por economistas que usaron no sólo los datos proporcionados por la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (Pnad por sus siglas en portugués), sino además las informaciones del impuesto a la renta de las personas (Irpf) para los deciles más ricos. Así, de acuerdo con los cálculos de Morgan,1 el coeficiente de Gini no sufrió la caída anunciada.

Por otro lado, la disminución de la pobreza entre 2002 y 2004 fue considerable. Entre 2002 y 2013, el número de hogares pobres disminuyó de forma pronunciada en relación con el total de hogares y el de hogares en la indigencia disminuyó del 10 al 5,3 por ciento. La metodología para medir la pobreza cambió en noviembre de 2015. De acuerdo a las estimaciones de la investigadora brasileña Sonia Rocha, la pobreza aumentó de 13,8 por ciento en 2014 a 16 por ciento en 2015 y la indigencia, de 3,4 a 4,2 por ciento. Ese aumento continuó en 2016 y en 2017 según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

DE LA DESINDUSTRIALIZACIÓN… 

La desindustrialización de Brasil es prematura. En América Latina, este fenómeno llegó mucho antes que en los países avanzados; de ahí el uso del adjetivo “precoz”, utilizado cuando el ingreso per cápita corresponde a la mitad del de los países avanzados al iniciarse el proceso de desindustrialización.

El Pbi real per cápita de la industria de Brasil no alcanzó el nivel de 1980, pero en Estados Unidos aumentó en más de un 60 por ciento en el mismo período. El peso relativo de la industria manufacturera en el Pbi pasó de 24 por ciento en 1980 a 13 por ciento en 2014 y 10 por ciento en 2017.2 La participación de la industria manufacturera brasileña en la industria manufacturera mundial (en términos de valor agregado) fue de 2,7 por ciento en 1980, de 3,1 por ciento en 2005 y de 1,8 por ciento en 2016, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial brasileño.3 En China, esta proporción pasó de 11,7 por ciento en 2005 a 24,4 por ciento en 2016. Por lo tanto, mientras disminuye relativamente en Brasil, aumenta considerablemente en China.

Las exportaciones de manufacturas están en caída en términos relativos en Brasil, pasando de representar el 53 por ciento del valor de las exportaciones en 2005 al 35 por ciento en 2012, en favor de las exportaciones de materias primas agrícolas y mineras. Recién en febrero de 2016 pudieron crecer debido a una fuerte desvalorización del real en 2015 y a la baja en el precio de los productos. El peso de su valor en las exportaciones mundiales de productos industriales pasó de 0,8 por ciento a 0,61 entre 2005 y 2017.

… A LA CRISIS.

La desindustrialización precoz se debe a la falta de una política cambiaria destinada a contrarrestar la apreciación de la moneda y al aumento de los salarios por encima de la productividad del trabajo –que, de hecho, ha sido muy débil–, así como a la relativa ausencia de una política industrial que se oponga a ciertos efectos perniciosos sobre la competitividad.

El aumento de los precios de las commodities en los últimos años, la suba significativa del volumen de exportaciones y la entrada de capital extranjero en Brasil tuvieron como efecto la apreciación de la moneda brasileña en términos reales en comparación con el dólar (véase tabla 2). Esta apreciación fue más o menos combatida en la primera presidencia de Dilma. Además, ocurrió una depreciación acentuada en 2015. La valorización de la moneda nacional tiene efectos perversos, que los economistas generalmente denominan “enfermedad holandesa” o “dutch disease”. Las políticas de esterilización de liquidez causadas por este tipo de bonanza pueden combatirla, pero no fueron aplicadas sistemáticamente, excepto de forma irregular en la primera presidencia de Rousseff.

La valorización de la tasa de cambio a mediano plazo, intercalada con devaluaciones más o menos significativas, no fue compensada por esfuerzos en pos de aumentar la productividad laboral. No sólo el aumento de la productividad del trabajo en la industria manufacturera fue muy modesto (y desigual, dependiendo de los sectores, de la dimensión de las empresas y de su nacionalidad), sino que fue acompañado de fuertes aumentos salariales por lo menos en las escalas más bajas. A causa de la enorme desigualdad de renta, esos aumentos son justificados desde un punto de vista ético. Pero si no son acompañados por una política industrial destinada a aumentar la productividad y ocurren junto con una apreciación de la moneda nacional, sobreviene una caída de la competitividad del tejido industrial. La abundancia de divisas provenientes de la venta de materias primas permitió que parte de la demanda fuera satisfecha por el crecimiento de las importaciones.

La competitividad de la industria manufacturera, el sector más expuesto a la competencia internacional, se deterioró durante este período. A pesar del menor costo en moneda local de las importaciones de bienes de capital y de los productos intermedios, el aumento en el costo unitario del trabajo amputó la rentabilidad. El impacto total sobre los precios los hizo más rígidos, debido al aumento de la competencia internacional en los sectores expuestos. En consecuencia, el impacto en la rentabilidad de las empresas (véase tabla 3) anunció la crisis de 2014 y, especialmente, de 2015 y 2016.

En resumen, la apreciación de la moneda nacional debilitó el tejido industrial, redujo la rentabilidad de las empresas de la industria manufacturera y promovió la inversión en actividades rentistas, lo que explica así el bajo nivel de inversión en actividades productivas en el mediano plazo, especialmente si se lo compara con el de los países asiáticos. Esta fue la levadura de la crisis.

CRECIMIENTO SIN ALIENTO Y DÉFICIT DE RACIONALIDAD.

El nuevo presidente hereda una situación económica contradictoria: por un lado, buenos puntos de partida, pero, por otro, una situación social muy deteriorada, una inserción internacional problemática y cierta incapacidad de recuperación luego de la crisis de 2015-2016.

A fines de 2018 algunos puntos de partida parecían positivos, había un pequeño déficit en el saldo de cuenta corriente: –0,7 por ciento del Pbi; un saldo primario de presupuesto (o sea, sin contar los pagos por concepto de deuda pública) de –2,3 por ciento del Pbi. Aquí la crisis enmascara, sin embargo, un déficit nominal todavía muy elevado: –7,3 por ciento del Pbi debido al peso de los pagos de la deuda, una tasa moderada de inflación (3,75 por ciento al año para el Ipc); elevadas reservas internacionales (375.000 millones de dólares) formadas principalmente por los ingresos de capital, especialmente de la inversión extranjera directa (79.000 millones en 2018).

Previamente, la restricción externa fue levantada gracias a la bonanza proporcionada por la venta de materias primas y la entrada de inversión extranjera directa. El aumento del poder de compra fue satisfecho a través de las importaciones, en detrimento de la producción doméstica. Esta se mostró incapaz de superar las restricciones competitivas impuestas por la globalización comercial, además de estar sujeta al deterioro de sus costos unitarios de trabajo. La reprimarización de la economía con el ascenso de las actividades rentistas contuvo tres aspectos: uno positivo, ya que hizo posible un aumento en el poder de compra; otro negativo, porque rompió el tejido industrial en sus ramos más dinámicos y preparó así la crisis futura; finalmente, el tercer aspecto también fue negativo, porque la riqueza capitalista pasó a venir de la renta y no de la explotación de la fuerza de trabajo. La reprimarización, una ilusión de riqueza, crea un tipo de capitalismo cada vez más dependiente del precio de las materias primas, un capitalismo incapaz de revolucionar las prácticas de producción.

CONCLUSIÓN.

América Latina nunca conoció un milagro económico. La reprimarización de sus economías, así como su consecuente desindustrialización precoz, acarreó consigo más vulnerabilidad. La pobreza disminuyó, pero la renta relativa de los estratos medio-bajo y medio se redujo, lo que eventualmente generó frustración. Después de declinar en el sur y en el centro del país, con los dos primeros gobiernos de Lula y el primero de Dilma, la violencia volvió a aumentar significativamente. Los sectores más ricos se enriquecieron y, cuando vino la crisis, los partidos progresistas fueron fácilmente usados como chivo expiatorio. Se dijo entonces que eran ellos los responsables de impedir el enriquecimiento de los más ricos y de haber permitido el empobrecimiento relativo de una gran parte de las clases medias. Además, fueron acusados, tal como lo habían sido los otros partidos, de haber permitido y participado de la gangrena de la corrupción.

Es posible que las reformas planificadas no puedan ser implementadas y que los conflictos de intereses conduzcan a reformas profundamente edulcoradas. Los gritos de alarma ya pululan en las revistas financieras. El crecimiento sólo vendrá de esas reformas, dicen. Sin ellas, el país se va a hundir en la crisis. El problema es que muchas de esas reformas liberales ya fueron emprendidas, como la del mercado de trabajo. Y sin embargo, la tasa de crecimiento continúa muy baja y cada día que pasa se hace una previsión aun más baja del crecimiento futuro.

En realidad, Brasil paga un precio muy caro por los errores de la política económica de Lula y de Dilma Rousseff, por el liberalismo sin contenido social de Temer y ahora de Bolsonaro. El peso de este último, sin embargo, es de orden completamente diferente en relación con los errores anteriormente señalados. Brasil paga un precio alto debido a la manipulación de las instituciones, debilitadas por años de dictadura, por expulsar a Rousseff de la presidencia y por la imposición actual de una política más dura de liberalización económica. Subsiste la esperanza de evitar los efectos insalubres de los escándalos de corrupción, pero este punto está lejos de ser alcanzado.

El déficit de racionalidad aumenta. ¿Hasta dónde irá? ¿Qué vendrá después? ¿Un impeachment del vicepresidente apoyado por los militares? ¿La salida del presidente apoyado por las sectas religiosas? ¿El retorno de la izquierda?

 

1. Marc Morgan, 2018, “Falling inequality beneath extreme and persistent concentration: new evidence for Brazil combining national account, survey and fiscal data”, Wid, Working paper, número 12 , págs 1-78.

2. Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial, 2018, “Indústria e o Brasil no futuro”, pág 22.

3. Ídem, pág 25.

 

Por Pierre Salama. Economista, profesor emérito de la Universidad de París XIII e investigador de las economías latinoamericanas.

Artículo publicado originalmente en Outras Palavras, Brecha lo reproduce con autorización.

Publicado enEconomía
Eco(in)movilismo. Movilidad urbana e inmovilismo cultural

Ante la catástrofe ecológica es necesario dar vida a un cambio cultural profundo a través del decrecimiento. A nivel de movilidad urbana el vehículo eléctrico representa la defensa del dogma del crecimiento económico ilimitado. 

 

André Gorz ya lo escribió en 1974: «La ecología es como el sufragio universal y el descanso dominical: en un primer momento, todos los burgueses y todos los partidarios del orden os dicen que queréis su ruina, y el triunfo de la anarquía y el oscurantismo. Después, cuando las circunstancias y la presión popular se hacen irresistibles, os conceden lo que ayer os negaban y, fundamentalmente, no cambia nada». Cuarenta y cinco años más tarde, fundamentalmente, no ha cambiado nada. Ni las cumbres del clima (de Berlín a Katowice) ni los protocolos y acuerdos (de Kioto a París) han conseguido minar las bases de la economía neoliberal. Los partidarios del orden conceden una aparente atención hacia los problemas ambientales, sin embargo todo permanece igual. La economía neoliberal muestra formalmente interés en ocuparse de las exigencias ecológicas, en realidad absorbiéndolas en su lógica.


Así que se propone solucionar la catástrofe climática con propuestas que siguen alimentando la economía del crecimiento, sin descarrilamientos. En el ámbito de la movilidad urbana, por ejemplo, el coche eléctrico se convierte en el elemento perfecto para conceder lo que ayer os negaban para que, fundamentalmente, no cambie nada. Se añade el prefijo eco- a una producción que sigue generando beneficio y destruyendo el planeta. La anarquía no ha triunfado.


Resulta evidente, sin necesidad de ser un experto, que la implementación de un sistema de transporte metropolitano que apuesta por el vehículo privado motorizado no cambiaría sustancialmente la situación. Por un lado se traslada el problema de los combustibles fósiles a la fuente de producción de la energía necesaria para alimentar los coches, que para reducir las emisiones de CO² tendría que ser energía verde. Por otro lado el proceso de producción de los vehículos eléctricos —la energía utilizada, los materiales y las consiguientes emisiones de gases de efecto invernadero— tiene un importante impacto ambiental, debido en gran parte a la producción de las baterías, que requieren minerales y metales altamente contaminantes (nickel, plomo y cobre). En cuanto a la contaminación atmosférica, no se eliminarían las micropartículas generadas por el desgaste de frenos, embragues, neumáticos y asfalto, que representan una fuente importante de contaminación (PM10). Además, el tráfico sería el mismo, así como el espacio robado al caminante, a las exigencias de juego de los niños, a la vida comunitaria, a la naturaleza, a la agricultura urbana, a los trazados urbanos irregulares que generan perspectivas nuevas. Las muertes por accidentes de tráfico no variarían. Desde luego tampoco los beneficios de la industria automovilística disminuirían, así como su omnipresencia en la vida urbana, su concentración de poder, su injerencia en los asuntos políticos. Sería un ecoinmovilismo.


Cuestionar el dogma del crecimiento

 


Para enfrentarse al problema vital representado por la catástrofe ecológica es necesario cuestionar el dogma de nuestra economía: el crecimiento. Hasta que no se cuestione el crecimiento, por ende el capitalismo, éste seguirá destruyendo el planeta con su consumo ilimitado de la naturaleza. Cualquier medida que eluda el núcleo de la cuestión resultaría siendo un paliativo que mantiene el actual inmovilismo ante la catástrofe ecológica inminente, con la agravante de retrasar la implementación de las medidas necesarias a intentar salvar la vida en el planeta.


El decrecimiento, nacido de las reflexiones de autores como Ivan Illich y André Gorz en los años setenta —cuando la situación planetaria aún no había llegado a los peligrosos límites que estamos viviendo hoy en día—, ha alcanzado finalmente su momento de legibilidad. El decrecimiento representa hoy la única solución para un cambio cultural profundo cuya implementación es urgente.


Los problemas que estamos viviendo no son climáticos, sino económicos. Por ende las soluciones no deben ser tecnológicas, sino principalmente económicas y políticas. El verdadero cambio cultural sería producir las condiciones que permitan contradecir a André Gorz, para que la ecología no sea como el sufragio universal y el descanso dominical.


Volviendo al ámbito de la movilidad urbana, la solución no se encuentra en la tecnología, o sea la implementación del uso del coche eléctrico. La solución consiste en impulsar una cultura nueva, una cultura, como decía Colin Ward, de la libertad de circular después del fin de la dependencia del automóvil [After the motor age]. La sinergia entre un sistema de transporte público gratuito, la organización de la ciudad basada en distancias cortas y el uso del medio de transporte que mejor representa la relación pacífica y respetuosa entre seres humanos y naturaleza —la bicicleta, simple, comprensible, mensajera de una cultura nueva— sería la solución que impulsaría el movimiento de personas e ideas hacia la ciudad del decrecimiento, basada en una ética y unas prácticas nuevas en todos los ámbitos, más allá de la movilidad, reduciendo drásticamente el uso de energía.


La solución está en el cuestionamiento del capitalismo, desautorizando el consumo ilimitado y la destrucción de los equilibrios naturales, y la organización de una sociedad que ponga en el centro la vida, el ambiente, las relaciones humanas entre iguales y los bienes comunes, devolviendo las calles a las personas, al juego, a la naturaleza, al vivir y pensar en común.


Luego, si el género humano conseguirá proseguir su camino en este planeta, habría que ocuparse del sufragio universal y del descanso dominical.

 

publicado: 2019-06-08 00:26:00

Publicado enMedio Ambiente
La contaminación de ríos por antibióticos excede los niveles "seguros"

Las concentraciones de antibióticos en algunos ríos del mundo exceden los niveles "seguros" hasta 300 veces, según reveló el primer estudio global al respecto.

Los investigadores identificaron 14 de esos fármacos de uso común en los ríos de 72 países de todos los continentes. Los encontraron en 65 por ciento de los sitios analizados. El de mayor prevalencia fue la trimetoprima, empleada principalmente para tratar infecciones del tracto urinario. Fue hallado en 307 de los 711 lugares estudiados.

Alistair Boxall, de la Universidad de York, institución que dirigió el estudio, explicó que “los resultados son reveladores y preocupantes. Demuestran la contaminación generalizada de los sistemas fluviales con esos compuestos.

"Muchos científicos y responsables políticos reconocen el papel del ambiente natural en el problema de resistencia a los antimicrobianos. Nuestros datos muestran que esa contaminación podría ser un contribuyente importante."

El metronidazol, usado contra infecciones bacterianas, incluyendo las de piel y boca, excedió los niveles de seguridad por el margen más grande, con concentraciones en un sitio en Bangladesh 300 veces más que el nivel "seguro".

En el río Támesis y uno de sus afluentes en Londres, detectaron una concentración máxima de antibióticos de 233 nanogramos por litro (ng/l).

El equipo de investigación comparó los datos observados con los niveles "seguros" determinados hace poco por AMR Industry Alliance que, según el antibiótico, varían de 20 a 32 mil ng/l.

La ciproflaxacina superó el umbral en 51 lugares

La ciproflaxacina, utilizada para tratar varias infecciones bacterianas, fue el compuesto que con más frecuencia excedió los niveles de seguridad, superando el umbral en 51 lugares.

El equipo señaló que los límites "seguros" se rebasaban con mayor frecuencia en Asia y África, pero los sitios en Europa, América del Norte y América del Sur también tenían niveles preocupantes que mostraban que la contaminación por esos medicamentos era un "problema global".

Los sitios donde los antibióticos superaron los niveles "seguros" en mayor medida se localizan en Bangladesh, Kenia, Ghana, Pakistán y Nigeria, mientras un lugar en Austria fue clasificado como el más alto de las áreas europeas observadas.

El estudio reveló que los sitios de alto riesgo eran típicamente adyacentes a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, vertederos de desechos o alcantarillado y en algunas áreas de agitación política, incluida la frontera israelí y palestina.

El proyecto fue un gran desafío logístico. A socios de todo el mundo se les pidió que tomaran muestras de lugares a lo largo de su sistema fluvial local.

Se tomaron muestras de algunos de los ríos más emblemáticos del mundo, incluidos el Chao Phraya, el Danubio, el Mekong, el Sena, el Támesis, el Tíber y el Tigris. Fueron congeladas y enviadas a la Universidad de York para su análisis.

John Wilkinson, del Departamento de Medio Ambiente y Geografía, quien coordinó el trabajo de observación, señaló que no se había realizado ningún otro estudio a esta escala.

Los hallazgos se dieron a conocer en la reunión anual de la Sociedad de Toxicología y Química Ambientales en Helsinki, que empezó ayer y termina hoy.

Ante nuevas sanciones de EU, Cuba anuncia racionamiento de alimentos

Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones contra dos empresas de navegación y dos buques petroleros por enviar crudo desde Venezuela a Cuba.

Se trata de los corporativos Monsoon y Serenity, dedicados al tráfico marítimo, y los buques Leon Dias, un petroquímico, y Ocean Elegance, un petrolero, ambos con bandera panameña, detalla un comunicado de la dependencia.

El 28 de abril pasado entraron en vigor sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana, que entrañan la prohibición de realizar transacciones de crudo con las empresas estatales de ese país sudamericano.

“Monsoon tiene sede en Majuro, Islas Marshall, y es la propietaria registrada del buque Ocean Elegance, un tanquero que transportó crudo de Venezuela a Cuba desde finales de 2018 hasta marzo de 2019”, argumenta.

“Serenity –agrega el texto– tiene sede en Monrovia, Liberia, y es propietaria del barco Leon Dias. Este buque, un tanquero químico y petrolero transportó crudo de Venezuela a Cuba en el mismo periodo.”

El Departamento del Tesoro explicó que las sanciones "son una respuesta al arresto ilegal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela y pretende dirigirse a los actores que participan en el represivo sector de la defensa y la inteligencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro".

Por su parte, los cubanos enfrentarán "regulaciones" en la compra de pollo, huevos, salchichas y productos de limpieza e higiene, informó el sitio web Cubadebate. El gobierno anunció este viernes un nuevo racionamiento de alimentos a medida que la isla, dirigida por un régimen comunista, se enfrenta al aumento de las sanciones estadunidenses y la crisis económica de Venezuela, su aliado cercano.

 

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