Martes, 10 Diciembre 2019 06:03

COP25, se intensifica el "lavado verde"

COP25, se intensifica el "lavado verde"

En la Cumbre de París de 2015, las empresas transnacionales fueron incluidas por primera vez dentro de la organización y la financiación de ésta. Después de años de inoperancia, de obstaculizar las empresas transnacionales (ETN) cualquier avance, de lobbies, de control de instituciones y gobiernos, las ETN accedían al control absoluto. Si hasta entonces los resultados de las Cumbres por el Clima habían sido pobres, desde entonces aún más: las esperanzas de resoluciones fueron truncadas (1). Las siguientes, más de lo mismo, sobre todo la última de Katowice (Polonia) y la anterior de Bonn, utilizadas para garantizar la continuación del carbón en la matriz energética, o la de Marrakech que ahondó en las presuntas soluciones financieras.

Fue vergonzoso ver en París cómo los principales contaminantes se presentaban como parte de la solución y secuestraban la COP (Conferencia de las Partes). Estos incluían fabricantes de automóviles como Nissan o Volkswagen, de la nuclear EDF, Ikea que depende de grandes movimientos de mercancías, la aerolínea Air France, o bancos que financian la industria del carbón como BNP-PARIBAS. Si la utilización de todas estas ETN de la COP de París fue nauseabunda, aún lo fue más en el caso de Volkswagen, pues 3 meses antes había sido noticia por el escándalo de la alteración de emisiones contaminantes de los coches que fabrica, por medio de un software diseñado específicamente con ese fin. Premeditación total. Se contabilizaron unos 11 millones de automóviles fabricados por esa empresa entre 2009 y 2015 que superaban los límites de emisiones y que todavía andarán por ahí contribuyendo con sus humos a esta emergencia. Porque además de contaminar más de lo que debieran, porque como saben, además de lo que emite su fabricación, de lo que emiten como transporte individual, tenemos que la industria automotriz, siempre en alianza con la petrolera, establecen ellos mismos los niveles de eficiencia de los motores. Claro está, lo hacen de forma que no repercuta en sus ventas y sigamos quemando más petróleo (2). Esto significaba, esto demostraba, que en lugar de reducir las emisiones lo que les interesa ha sido producirlas. ¡Incluso transgrediendo el marco legal que les ampara!! Ahora, se presentaban como la solución a la emergencia climática?

A París también fue Iberdrola, en avión. Pero mandaron un equipillo en bici para crear alrededor de ellos propaganda verde de la empresa con diarias retransmisiones y crónicas de su periplo que era comprada por todos los medios de comunicación. O vendida. Como fueron a Bonn, anunciando a los cuatro vientos que abandonaban el carbón como medida climática. Pero en realidad ya estaban cerrando las centrales por anticuadas y porque se metieron tanto en las de gas que sobre-dimensionaron su inversión y su producción. Además entraron en conflicto con el gobierno, pues por lo precipitado de su anuncio, pues no lo habían discutido ni acordado previamente. En la de Katowice repitió fórmula: bicis y posición anti-carbón, pero no contra las demás causantes de la emergencia climática. Las Cumbres del Clima son el escenario perfecto para hacer estallar su arsenal propagandístico.

Después de que las movilizaciones en Chile y la brutal represión provocarán que el gobierno de ese país desconvocara la COP siendo asumida por el gobierno español, las empresas españolas no tardaron en mostrar su interés. Sí, como para Volkswagen y las demás en París, la COP de Madrid es una ocasión única para las empresas estatales para su lavado de cara, para su "lavado verde". Ellas, tan habituadas a esta práctica, no pueden dejar pasar la ocasión, y así hace una semana ya anunciaron Iberdrola y Endesa que entraban como patrocinadoras de la COP. Y esto es capitalismo, amigas: nadie da dinero a cambio de nada. El financiar la COP les supondrá el que su nombre aparezca continuamente asociado a la COP, creando en el personal la idea de que se preocupan por la emergencia climática. Como cuando Endesa patrocina la liga de baloncesto desde 2012 y la selección de baloncesto, o Iberdrola la femenina (3), o la selección de fútbol (Iberdrola pagaba 3,5 millones de euros por temporada (4)), o los bancos la de fútbol. Ambas Iberdrola y Endesa se prestaron raudas a la financiación de la COP 25 aportando 2 millones de euros cada una. Señal que lo entienden rentable.

O al revés, porque la mayoría se da cuenta de sus burdos intentos por transmitir una imagen contraria a la real. Ayer Endesa compraba todas las portadas de los principales diarios nacionales, pero sobre todo en los catalanes que es donde se centra su negocio (junto a Andalucía, Asturias y Aragón). ¡¡Un pastón!! En el 2016, denunciando similar lavado verde de Iberdrola, el anuncio de una página entera costaba 49.400 € en El País y 10.000 € en El Correo Español(5).

Pero ¿por qué semejante despliegue? Quizás porque Endesa es la máxima emisora de gases invernadero del estado español con 30.237.155 toneladas de CO2 (2018), lo que equivale al 10% de las emisiones totales estatales!! ¡Normal que quiera invertir tanto para mostrarse como lo contrario!

Añadir también que las empresas fueron contactadas por el mismo gobierno que precisa unos 70 millones de euros para organizar la COP. Con lo cual tenemos que el gobierno también ve con buenos ojos este lavado verde y que el oligopolio participe en la COP. Una vez más la connivencia del gobierno con las transnacionales, y una vez más una nueva desligitimación de este gobierno que empezó planteando cosas como el Ministerio para la Transición Ecológica pero que luego no ha cumplido la expectativa. Recordar que a lo poco realizado, a la incineradora de Donostia, ahora le sumamos el permiso de exploración de fracking, y hoy mismo el inicio de esta técnica en Sevilla, o la no intervención en el control transnacional de la tarifa eléctrica.

Esa connivencia se evidencia también en las puertas giratorias. En el caso de Endesa es bochornoso que el gobierno que la privatizó, el del PP, el de Aznar, entrara luego en su dirección beneficiándose de sus suculentos sueldos. El mismo Aznar fue su asesor de 2011 a 2014 con honorarios de 300.000 y 400.000 euros. El ultimo presidente de Endesa, Borja Prado ganaba 3,61 millones, que supusieron un sueldo acumulado de 43 millones (en mayo fue sustituido por Juan Sánchez-Calero). El de Iberdrola, Sánchez Galán, fue de 9,5 millones en 2018. Son cifras obscenas y que ayudan a entender estas grandes inversiones publicitarias, este empecinamiento por desvirtuar la realidad y los verdaderos intereses de este negocio millonario monopolizado por una minoría.

Endesa, actualmente propiedad de Enel, es una de las tres grandes compañías del oligopolio español, el monopolio energético (eléctrico) que conforma junto a Iberdrola y Naturgy (la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa). Entre las tres dominan en torno al 90% del mercado estatal. El control se reduce en unas pocas, los beneficios también. Endesa posee 5 térmicas de carbón, 12 de gasoil, y 6 de ciclo combinado de gas, todas ellas grandes emisoras de gases de efecto invernadero (GEI). A ellas sumar las nucleares no exentas de responsabilidad climática y además de gran impacto ambiental. Ambas Iberdrola y Endesa también comparten la propiedad del parque nuclear español, siendo copropietarias de 4 de las 5 centrales nucleares actuales (6), como antes lo fueron de Garoña. También cuentan con hidroeléctricas tampoco exentas de responsabilidad climática que contabilizan por 6, pero que sin duda tuvieron su máxima expresión e impacto durante su actividad en Chile (ahora continuada por Enel, propietaria de Endesa).

En Chile poseía 16 hidroeléctricas, y 12 térmicas (4 de carbón y 8 de fuel y gas). La más polémica fue Ralco en Patagonia, y el proyecto Hidroaysén (financiado por BBVA) que se consiguió paralizar por todos los impactos que suponía, como ya probaban Ralco y otros. Pese al desastre que auguraba, Hidroaysén también se planteaba desde la óptica climática, justificándose porque la energía que produciría equivalía a 7 centrales térmicas (2.750 MW) con lo que deducían que reemplazaría a 16 millones de toneladas de CO2 (equivalentes a las emisiones de todo el parque automovilístico de Chile!). Pero esa es una óptica rentabilista, no seriamente ecológica, ni climática, ni mucho menos ética. Pese a todas esas emisiones y energía altamente contaminante y nociva, Endesa recibió la mejor calificación entre las eléctricas en el 2000 en el índice de Sostenibilidad Internacional Dow Jones (DJSI World). Sé lo que piensas: si Endesa es la mejor como serán las demás. Pero debes entender que estos índices, como los premios que se intercambian son otra triquiñuela más que cran entre ellas para su lavado verde.

Con todo ello tenemos un modelo energético superconcentrado, monopolizado, que depende de grandes proyectos de gran impacto ambiental, climático y social, que se sirve de otros países y economías para incrementar sus beneficios, y que invierte grandes sumas de dinero en publicidad y lavado verde. Este oligopolio, los que financian esta COP y se proyectan como solución climática y ambiental, son los que acuerdan el precio de la luz que sube año tras año, o incluso tras mes. El recibo de la luz ha subido 85,7% en los últimos 15 años (7). Actualmente la media de la factura eléctrica se sitúa en 79,79 euros (enero 2019). Estos precios prohibitivos tienen como resultado la pobreza energética que ya afecta en el estado a 6,8 millones. Y como ya decíamos: "Hay pobreza energética... porque hay riqueza energética" (8).

Recordemos que Iberdrola fue condenada por manipular los precios de la luz en 2013, o en 2016 fue multada por quemar gas para cobrar subvenciones a las renovables (9). Por su parte Endesa protagonizó seis de cada diez reclamaciones contra compañías energéticas en FACUA durante 2018. Endesa y Naturgy también fueron condenadas este año 2019 por alterar fraudulentamente el precio de la luz, igual que en 2018 por altas fraudulentas. Ese año fue elegida la Peor Empresa del Año por consumidores.

Pero este año Endesa, Iberdrola y Naturgy, pese a controlar el 85% del mercado, perdieron 463.000 clientes (8 junio), lo que también explica su continuo acoso, hipocresía e insistencia climática.

Endesa en Chile

Pero algo de este despliegue mediático del oligopolio pero sobre todo de Endesa también choca: mientras Iberdrola se introducía Brasil y Mexico y también en Guatemala y Bolivia de donde era expulsada, Endesa, como decimos, hacía lo propio, primero en Argentina, en el año especial para reanudar el colonialismo: 1992. En 1994 hizo lo propio en Perú apropiándose de la Compañía Peruana de Electricidad y Distrilima, y en Chile en 1997, de Enersis. Se da la coincidencia que en Chile ya existía otra empresa con el mismo nombre creada en 1944 – no muy difícil: Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima (10). Durante la dictadura de Pinochet Endesa fue privatizada (1987-89). Endesa también absorvió a la Endesa chilena en 1999. Así Endesa controló el 53% del sistema eléctrico chileno y 83% de los derechos del agua (11). Tras la adquisición de Endesa por Enel, la Endesa chilena aparece como Enel Generación Chile, operando también en Brasil y otros 3 países. La producción latinoamericana de Endesa contabiliza por 41% de su capacidad instalada (14.715 MW).

Cuando Endesa se introdujo en Chile no hizo ascos a las condiciones favorables para hacerse con empresas, que no eran otras que las impuestas por la dictadura de Pinochet y el experimento neoliberal de los Chicago Boys, sumándose a ello los ajustes estructurales para (en teoría) solventar su deuda. La dictadura dejó un Código de Aguas muy favorable a las transnacionales y que se modificó en 2017 para favorecerlas aún más. Eso explica también el gran control hídrico de Endesa. Actualmente, además de las empresas eléctricas e hidroeléctricas, las mineras y la agricultura industrial controlan el agua chilena, lo que ha provocado una situación crítica con sequías y la consecuente falta de cosechas, alimentos, etc. Sin duda, ésta es una de las razones, unidas a todas esas medidas neoliberales que beneficiaron a empresas como Endesa, por la que el pueblo chileno se ha echado a la calle en los pasados días, y por ende, la razón por la que la Cumbre del Clima fuera suspendida en Chile por el gobierno y para que pasara a Madrid. Irónico entonces que ahora Endesa nos venda que tiene voluntad de hacer frente a la emergencia climática, cuando es responsable de tantas emergencias.

La verdadera solución… no son las transnacionales

Desde TRADENER y Ekologistak Martxan tenemos claro que sobre todo estas grandes transnacionales (estas y otras) no son la solución sino el problema. Parafraseando a Jorge Riechmann, "el cambio climático es el síntoma pero la enfermedad es el capitalismo", que no es otro que las grandes transnacionales. La solución no puede venir de ellas porque solo les importa los beneficios y su puesto en la lista Forbes. No les importa gastar en publicidad, ni en macro-sueldos de directivos, pero nos suben la factura todo el tiempo, y no tienen piedad. Llevan años demostrando que no les importa ni el clima ni el medio ambiente, ¿por qué ahora?

El pasado octubre distintas organizaciones de todo el mundo acudimos a Ginebra a la 5ª sesión del OEIGWG, la negociación en las mismas Naciones Unidas de un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Porque parecerá mentira, pero no existe una legislación internacional para las transnacionales. Así siguen haciendo lo que quieren sin importarles, sin pagar por ello, transfiriendo los costos a las instituciones (como ahora que el gobierno vasco compro la central nuclear de Lemoiz), y perjudicando a clientes y comunidades (12).

La solución pasa por modelos descentralizados, en poder de las comunidades, organizados horizontalmente, renovables, que satisfagan las necesidades locales y concretas, que no derrochen ni energía en los tendidos, ni en su transporte ni en medios económicos para publicidad, patrocinios, macro-sueldos, etc. y que tengan como fin satisfacer las necesidades básicas y no las económicas de una minoría. Estas soluciones reales y prácticas están en marcha, fuera de su control. Por ello, las entienden como una amenaza y por eso han tratado de bloquearlas, por eso copian nuestras reivindicaciones, por eso gastan millones en portadas de diarios y en financiar las COP. Son soluciones que probamos a diario son factibles y que tienen éxito. Seguiremos denunciando su cinismo, y seguiremos creando alternativa.

Por Martintxo Mantxo

Rebelión

 

Notas:

(1) ver https://www.ecologistasenaccion.org/31337/la-cumbre-de-paris-se-dirige-hacia-un-acuerdo-de-minimos/

(2) gara.naiz.eus/paperezkoa/20070605/22097/es/El/poder/industrias/automovilistica/petrolera

(3) Iberdrola ya nos bombardea con sus anuncios en los que combina ambos temas, medio ambiente y renovables, con deporte femenino e igualdad de género: “Son pura energía (mujeres deportistas de competición). Por eso les propusimos un reto: seguid haciendo historia mientras nosotros cuidamos el terreno de juego. Iberdrola: un líder mundial en energía renovable impulsando la igualdad a través del deporte”

(4) Ver "Iberdrola invierte millones en publicidad: FUTBOL" https://ibertrola.blogspot.com/2014/06/iberdrola-invierte-millornes-en.html

(5) Junta de Iberdrola 2016: una crónica verde (visceral) https://ibertrola.blogspot.com/2016/04/junta-de-iberdrola-2016-una-cronica.html

(6) Ascó (Endesa 85 % -Iberdrola 15 %), Vandellós (Endesa 72 % -Iberdrola 28 %), Almaraz (las 3 del oligopolio, Iberdrola, Naturgy, Endesa) y Trillo (igual + EDP). A ellas sumar Confrents propiedad de Iberdrola y la recientemete cerrada de Garoña

(7) “El recibo de la luz medio ha subido 85,7% en los últimos 15 años” ( 18-9-2018 ) www.rtve.es/noticias/20180918/recibo-luz-medio-subido-857-ultimos-15-anos-segun-facua/1801548.shtml

(8) “Hay pobreza enérgetica... porque hay riqueza enérgetica” (23-10-2014) Rebelion.org/noticia.php?id=191155

(9) por no contar tantos otros como el último de pagar al comisario Villarejo

(10) la Endesa española también fue creada como empresa pública

(11) Ahumada, José Miguel. 2010. La inversión española en Chile: auge y caída de Endesa. Revista Pueblos, nº 43. http://omal.info/spip.php?article809

(12) Coordinadas en la Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad ( www.stopcorporateimpunity.org ). El resultado final de dicha sesión se puede consultar aquí: declaración final de la Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad en relación a la V sesión del OEIGWG

Publicado enMedio Ambiente
Manifestante durante las protestas de Hong Kong EFE

En los seis meses que llevan las protestas, la policía ha arrojado grandes cantidades de gas lacrimógeno, compradas a China, sin aclarar cuál es su composición

El Gobierno dice que los gases hacen menos daño que el humo de una barbacoa. La OMS alerta de que las dioxinas como un compuesto altamente tóxico.

"Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo de la revista médica The Lancet


En estos días, Angel Chan tiene más cuidado a la hora de elegir los lugares de juego de sus dos hijos, de tres y cinco años. "La policía ha arrojado gases lacrimógenos por toda la ciudad y algunas de las personas con las que tengo amistad dicen que a sus hijos les han salido ronchas", afirma. "Sencillamente ya no sé dónde encontrar un lugar seguro".

Su preocupación es algo común entre las madres y padres de Hong Kong que temen el efecto nocivo del gas lacrimógeno sobre la salud de sus hijos. La semana pasada, el grupo Madres de Hong Kong afirmó haber registrado 1.188 afecciones, entre las que había tos, alergias cutáneas y pacientes tan jóvenes como un bebé de dos meses. El grupo ha pedido al Gobierno que haga pública la lista de químicos que componen el gas lacrimógeno usado por la policía.

En los seis meses que lleva la crisis política y los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, la policía ha arrojado unos 10.000 botes de gas lacrimógeno en casi todos los barrios de esta ciudad superpoblada.

El miedo por el efecto nocivo que los gases pueden tener sobre la salud de los residentes se ha disparado tras el hallazgo de pájaros muertos en varios de los barrios donde la policía los arrojó. También, por una enfermedad cutánea por exposición a dioxinas (cloracné) contraída por un periodista en la primera línea de los enfrentamientos.

Hasta ahora, el Gobierno ha dicho que no hay ningún indicio de riesgos para la salud pública o el medio ambiente debido a los gases lacrimógenos, pero se niega a publicar el detalle de su composición química alegando que se comprometería la "capacidad operativa" de la policía.

El secretario de Bienestar Social y Trabajo, Law Chi-kwong, insistió este miércoles en la legislatura de Hong Kong en que el gas lacrimógeno hace menos daño que encender una barbacoa. Según dijo, sólo causa una leve irritación en la piel y vías respiratorias.

"En cuanto a las dioxinas resultantes de los gases lacrimógenos, creo que la literatura demuestra que son mínimas o incluso inexistentes", respondió a los legisladores que preguntaron sobre los posibles efectos en la salud, de acuerdo con un informe de la cadena pública de televisión RTHK. Repitiendo lo que otras autoridades habían dicho antes, Chi-kwong responsabilizó de las dioxinas tóxicas a las vallas de plástico quemadas en las carreteras por los manifestantes.

La secretaria de Alimentación y Salud, Sophia Chan, también dijo en el Parlamento que las estaciones de monitoreo del Departamento de Protección Medioambiental en las zonas donde se habían lanzado gases no estaban detectando anomalías en los niveles de partículas en suspensión. "Esto demuestra que los gases lacrimógenos no causan ningún aumento significativo en la concentración de partículas en suspensión", dijo.

La Organización Mundial de la Salud cataloga las dioxinas como un compuesto altamente tóxico que puede causar problemas reproductivos y de desarrollo, dañar el sistema inmunológico, alterar las hormonas y provocar cáncer.

Después de que varios países occidentales como el Reino Unido dejaran de exportar gas lacrimógeno a Hong Kong, la policía informó en octubre que lo estaba adquiriendo en China. Kenneth Kwong, exprofesor de química de la Universidad China de Hong Kong, afirma estar particularmente preocupado por el uso de gases fabricados en China, donde se queman a una temperatura superior que en Occidente por lo que sus componentes (entre los que hay cloro, materia orgánica y metales) pueden transformarse en dioxinas altamente tóxicas.

Según Kwong, las dioxinas se acumulan en el cuerpo humano y no pueden eliminarse. "El Gobierno debería enseñar las pruebas en lugar de hacernos adivinar", dice. Los residentes de Hong Kong y miembros de la legislatura no entienden el motivo de la opacidad y exigen que el Gobierno hable claro para recuperar la confianza. "No nos dicen cuál es la composición del gas y esperan que pensemos que está todo bien, ¿creen que somos estúpidos?", sostiene Angel Chan.

En opinión del legislador Kenneth Leung, el Gobierno está disparando piedras contra su propio tejado y los temores por la salud podrían desencadenar otra crisis política: "Un problema de salud pública se está convirtiendo en un problema político, se está profundizando la desconfianza de la gente en el Gobierno y aumentando su descontento".

En un artículo publicado en octubre por la revista médica The Lancet, la profesora de Medicina de la Universidad China de Hong Kong Emily Chan sostiene que el lacrimógeno arrojado en estaciones de metro, cercanías de centros comerciales y zonas de alta densidad residencial podría haber dejado a la población expuesta a altas concentraciones del gas durante períodos prolongados. "Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo.

Un grupo formado por miembros actuales y anteriores del consejo asesor medioambiental publicó una carta abierta pidiendo a la líder de la ciudad, Carrie Lam, una evaluación de las posibles consecuencias para la salud pública del uso extensivo de gases antidisturbios y la implementación de medidas que reduzcan la crisis y el uso de estas sustancias.

Por Verna Yu - Hong Kong

08/12/2019 - 21:02h

Traducido por Francisco de Zárate

Publicado enInternacional
Vista parcial de la mina El Cerrejón, Guajira-Colombia

Las minas de carbón están cerradas por orden Europea desde el 31 de diciembre de 2018, pero algunas centrales siguen operativas e importan el carbón para funcionar

El carbón que se consume en España, que produce aún un 14,1% de la electricidad, viene principalmente de Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica

Greenpeace denuncia que el carbón se extrae en estos países con un coste inasumible: para la salud de las comunidades locales, medioambiental, en derechos humanos y con amenazas y violencia contra la población

España viven una situación paradójica con el carbón. La UE ordenó que para el 31 de diciembre de 2018 las minas nacionales estuvieran cerradas. Y se cumplió. Pero las centrales siguen operativas –aunque está ya previsto el cierre de la inmensa mayoría de las centrales que quedan en España–, y por supuesto necesitan carbón para operar. De algún sitio tiene que salir.

En el caso de España, esos sitios son Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica, principalmente. Y, según Greenpeace, el coste que pagan las poblaciones locales por la extracción de cabrón para exportar es alto. "Tiene altos costes para la salud, el medio ambiente y los derechos humanos de sus habitantes. La represión, la persecución, las amenazas y la violencia a las comunidades acompañan la extracción de carbón", asegura la ONG en su informe Heridas del Carbón, que ha hecho público este lunes.

En España, el 14,1% de la producción eléctrica procede de centrales térmicas, según Greenpeace. Para ello se importaron 16.435.474,33 toneladas de carbón en 2018. Esta actividad generó casi 40 millones de toneladas de CO2 el pasado año. 

El principal proveedor español en 2018 fue Indonesia, de donde importamos más de un cuarto del carbón que utilizamos (un 27,34%). Le siguieron Rusia (22,48%) y Colombia (21,17%). En los últimos años, a estos actores se sumaban Sudáfrica, Alemania, Países Bajos y Francia, que a su vez lo importaban de los mismos países que España.

Pagar un precio muy alto

Pero la extracción afecta gravemente a ciudadanos de estos países. "En lugares remotos de Indonesia, Rusia, Colombia y Sudáfrica hay personas que pagan un precio muy alto por la energía contaminante que se genera en centrales térmicas de carbón de España y Europa", asegura Greenpeace.

El problema añadido, continúa la organización, es que todo esto ocurre "con el apoyo de las autoridades, que se amparan en el mantra del desarrollo económico del país", pese a que el desarrollo "no se produce en las comunidades donde se instalan; allí las promesas de las mineras se convierten en problemas".

La vida de Yana Tannagasheva ejemplifica el problema en Rusia. Esta indígena, del pueblo shor, en la región de Kemerovo (Siberia), uno de los grupos étnicos minoritarios del país, con una vida muy pegada y dependiente de la tierra, ha visto cómo "con la llegada de las primeras compañías del carbón, el pescado comenzó a desaparecer. El agua se volvió inadecuada para beber, las minas devastaron los terrenos de caza", relata.

La situación se agrava por otras circunstancias, explica Greenpeace: por ejemplo, que las compañías extractoras explotan el carbón lo más cerca que pueden de los pueblos porque es más barato. "En muchos casos, la mina ha llegado hasta las localidades, obligando a la gente a ser reubicada o a quedarse escuchando las explosiones a lo largo del día", según explican activistas locales.

En la otra punta del planeta, en Colombia, la situación es muy parecida. "En general, las inversiones de minería se hacen sin el consentimiento de la gente y ese es el punto crítico: cómo se insertan estas actividades sin informar a la gente (...). Bajo el discurso del desarrollo económico del país, la gente local rara vez se beneficia", ilustra Alejandro Parellada, experto en Derechos Territoriales y Gobierno Indígenas Autónomos del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígencas (IWGIA).

El ejemplo más sangrante para Greenpeace está en La Guajira. "Está la mina abierta más grande del mundo. Allí está la comunidad Wuayú, que se está viendo exterminada por la mina de Cerrejón. Es una mina que gasta al día más de 30 millones de litros de agua mientras que la gente se está muriendo de sed", denuncia Diego Alejandro Rojas Fonseca, del colectivo Arbelaez. Expropiaciones de tierra, contaminación del aire o pérdida de suelo agrícola llegaron de la mano de la minería.

Una mina en el paraíso

En Indonesia, los Dayak Basap llevan siete generaciones viviendo en una granja de selva de 300 kilómetros. Hasta hace poco vivían de la caza de ciervos y jabalíes y de cultivar arroz y verduras en un fértil suelo. Todo es más difícil ahora.

En los últimos 15 años, la producción de carbón en el país ha aumentado exponencialmente favorecida por un crecimiento caótico, dice Greenpeace, de la concesión de licencias. Con esta expansión llegó la corrupción, la minería ilegal, la deforestación, reclamaciones por la tierra o la esterilidad del terreno.

"Las comunidades afectadas no sabían nada de la capacidad destructiva de las minas de carbón. Las empresas que se reunieron con las comunidades locales nunca les hablaron de los daños, solo de que les iban a dar trabajo y bienestar", explica Alwiya Shahbanu, un activista del país. Su ONG, Jatam, calcula que el 43% de la superficie de la zona de Kalimantan Oriental ha sido entregada a empresas mineras.

En Sudáfrica la minería no es cosa nueva. En parte es responsable de que sea el país más potente económicamente del continente. Allí las violaciones de derechos humanos se repiten, asegura Greenpeace. "Falta información a las comunidades locales, desplazamientos sin compensación, persecución y daños ambientales con afecciones directas en la salud de los habitantes", denuncia la ONG.

Las propuestas

Pero Greenpeace no solo denuncia y afea. La organización concluye su informe con una serie de recomendaciones dirigidas a todas las partes: desde las empresas y países de origen hasta las compañías y gobiernos de las naciones importadoras.

A los exportadores, la ONG les propone que establezcan un marco normativo "que incluya estándares  obligaciones en temas de transparencia y acceso a la información", uno de los principales escollos que se ha encontrado la organización a la hora de recabar información.

También les pide que protejan y promuevan el goce efectivo de los derechos humanos de las comunidades que sufren los impactos negativos del negocio del carbón y que se establezcan mecanismos efectivos de reparación de los abusos que se puedan cometer. Además, solicitan que se analicen sistemáticamente los niveles de contaminación ambiental y que se aceleren los procesos de rendición de cuentas. Y todo ello sin perder de vista el objetivo final de implementar un modelo energético 100% renovable y democrático.

Al Gobierno español, Greenpeace le pide que fije una fecha vinculante para acabar con la producción de electricidad con carbón, que cierre las centrales térmicas que no se han adaptado a la normativa europea para 2020 y que vigile que las que sigan operando cumplan con los límites de emisiones establecidos.

Para las empresas importadoras de carbón hay cinco peticiones: que asuman públicamente el compromiso de respetar los derechos humanos y el medio ambiente; que implementen procesos de diligencia debida para prevenir y mitigar los efectos adversos provocados por sus actividades; que utilicen su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y contribuyan a una transición energética y que mejoren la transparencia e identificación de riesgos en la cadena de suministro del carbón.

Por Daniel Sánchez Caballero

09/12/2019 - 09:05h

Publicado enMedio Ambiente
La ONU certifica el fracaso del acuerdo del clima de París y reclama recortar las emisiones de CO2 un 8% cada año hasta 2030

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presenta hoy en Ginebra su Informe de Emisiones de 2019, en el que asegura que incluso aunque todos los compromisos adoptados por los países en el Acuerdo de París sean completamente implementados, el objetivo de limitar el incremento de la temperatura mundial a 1,5 grados estará fuera de alcance antes de 2030.

No han pasado ni cuatro años desde que fuera aprobado y la ONU da por muerto el Acuerdo del Clima de París. Para tratar de limitar el incremento de las temperaturas mundiales a 1,5 grados -lo acordado en la capital francesa por 195 países- será imprescindible tomar medidas mucho más contundentes y de manera inmediata. Entre ellas, recortar las emisiones de CO2 un 7,6% cada año entre 2020 y 2030, la decarbonización del sector de la energía y la construcción y cambios en los estilos de vida.

El Acuerdo de París ya no sirve de nada: el informe asegura que, aunque se implementaran todos los compromisos alcanzados por los países en diciembre de 2015 en la capital francesa, las temperaturas se incrementarían este siglo al menos 3,2 grados, más del doble del objetivo de 1,5 grados fijado por el acuerdo.

Llevar el planeta a ese aumento de las temperaturas causará “impactos climáticos más extensos y destructivos”, asegura el documento, que ha sido elaborado por un panel internacional de científicos climáticos.

Para tratar de que el mundo no se salga de la horma del 1,5 de incremento durante este siglo, el Informe de Emisiones de 2019 del PNUMA estima imprescindible actuar de forma urgente y contundente: recortar las emisiones de CO2 un 7,6% anual entre 2020 y 2030.

El documento critica que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado esta década un 1,5% cada año. “No haber comenzado a reducir las emisiones en 2010”, lamentan los científicos, “provoca ahora que haya que acometer mayores reducciones anuales de emisiones para poder cumplir los objetivos”.

“Estos datos demuestran que los países no pueden sentarse a esperar para redoblar sus acciones hasta finales de 2020, cuando estaba previsto tomar nuevos compromisos climáticos”, asegura la directora ejecutiva mundial del PNUMA, Inger Andersen.

“Cada país, cada ciudad, cada región, cada negocio, cada individuo tiene que empezar a actuar ya. Tenemos que ponernos al día con los años en los que pospusimos tomar medidas. Si no hacemos esto, antes de 2030 se habrá agotado la posibilidad de lograr el objetivo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados este siglo”, recuerda Andersen.

El informe del PNUMA presentado hoy ve necesario realizar transformaciones sociales y económicas de envergadura en la próxima década para compensar la inacción del pasado, incluidos, afirma expresamente, la rápida decarbonización de la energía y de los sectores de la construcción y el transporte, así como cambios en los estilos de vida y en el sector agroalimentario.

Los países del G20, en el punto de mira

El Informe de Emisiones 2019 de Naciones Unidas pone en la mirilla especialmente a las principales economías mundiales, causantes de la gran mayoría de la contaminación mundial.

“Las naciones del G20 colectivamente suman el 78% del total de las emisiones, sin embargo”, critica el documento, “siete de ellas ni siquiera han desarrollado todavía políticas para cumplir a tiempo con los compromisos adoptados en París para 2030”.

Y advierte: “Los países desarrollados no pueden pretender reducir sus emisiones nacionales simplemente exportando su producción de carbón a economías emergentes. La huella ecológica mundial tiene que reducirse”.

Las emisiones per cápita en el mundo siguen estando lideradas por Estados Unidos -20 toneladas por persona-, país al que siguen Rusia, Japón, China y la Unión Europea -con ocho toneladas-.

El documento reclama también compromisos económicos contundentes y da las cifras: la transición hacia una economía y una sociedad decarbonizadas requerirá de inversiones anuales mundiales por valor de entre 1,6 a 3,8 billones de dólares anuales entre 2020 y 2050, en función de cómo de rápido se avance en eficiencia energética.

De manera indirecta, el informe marca una senda clara e inevitable: que los países se comprometan a un plan que los lleve al escenario de cero emisiones. Sobre esto, el documento de UNEP asegura que sólo “cinco miembros del G20 -la UE y cuatro países más- han realizado ese compromiso de cero emisiones a largo plazo [la UE lo ha anunciado para 2050], dos de ellos incluso ya con la legislación al respecto aprobada. Sin embargo”, lamenta, “aún hay 15 miembros que no han realizado ningún compromiso para alcanzar el objetivo de cero emisiones”.

Este informe es la puntilla que le faltaba por recibir al ya muy tocado Acuerdo del Clima de París después de que a primeros de noviembre Estados Unidos notificara oficialmente su salida del acuerdo, que se hará efectiva en noviembre de 2020, justo un mes antes de la Cumbre Mundial del Clima de Glasgow, la cita destinada a cerrar los acuerdos de reducción de emisiones para hasta 2030.

La próxima cumbre mundial del clima, la llamada cumbre Chile-Madrid, se celebrará en la capital española del 2 al 13 de diciembre después de que Chile tuviera que renunciar a acogerla por los disturbios sociales que se llevan produciendo en el país desde hace varias semanas.

En principio, los temas estrella de la cumbre se preveía que fueran los océanos -se quieren introducir de manera legal en los acuerdos climáticos internacionales-y las finanzas -será la primera vez que decenas de ministros de economía acudan a la cita-.

Sin embargo, tras la publicación del Informe de Emisiones 2019 del PNUMA, el inicio de la negociación de medidas concretas, contundentes, efectivas e inmediatas para la reducción de emisiones se antoja como un objetivo ineludible de la cita madrileña.

Para poder implementar los recortes reclamados por el documento de UNEP del 7,6% anuales entre 2020 y 2030, estas medidas de recorte de CO2 deberían cerrarse, como máximo, entre la cumbre Chile-Madrid y la próxima cumbre mundial del clima, que se celebrará en Glasgow (Escocia) en diciembre de 2020. El documento presentado hoy en Ginebra por UNEP es la décima edición de los informes sobre emisiones mundiales que realiza esta agencia de Naciones Unidas.

WASHINGTON

26/11/2019 09:01 Actualizado: 26/11/2019 09:01

MANUEL RUIZ RICO

 @ManuelRuizRico

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Qué supone la salida de EEUU del Acuerdo de París

 El Gobierno de Trump ha comunicado de manera oficial a la ONU que abandona el tratado internacional contra el cambio climático. Su salida puede suponer un aumento de las emisiones y vuelve a activar las alertas por un posible efecto contagio en otros gobiernos negacionistas del planeta.

 

Trump ha dado el paso. Lo que ya anunció hace dos años se hace oficial y Estados Unidos inicia los trámites para abandonar el Acuerdo de París, el acuerdo internacional contra la crisis climática que fue firmado por 195 estados en 2015 en el que se establecía una hoja de ruta para tratar de evitar que la temperatura del planeta aumente más de dos grados a finales del siglo XXI.

"Hoy comenzamos el proceso formal de retirada del Acuerdo de París. Estados Unidos está orgulloso de su tradicional liderazgo mundial en la reducción de todas las emisiones, impulso de la adaptación, crecimiento de nuestra economía y garantía de energía para todos nuestros ciudadanos", anunciaba este lunes Mike Pompeo, secretario de Estado del país norteamericano.

Nada más llegar al poder, el político republicano, en un alarde de sus planteamientos negacionistas, anunció que abandonaría los acuerdos de París de 2017 tan pronto como la legislación se lo permitiera. Y así ha sido, en tanto que este tratado expone que cualquiera de las partes puede retirarse a partir del 4 de noviembre de 2020, siempre y cuando envíe una notificación formal a la ONU un año antes. Trump no ha fallado en los tiempos y ha anunciado a las Naciones Unidas que abandona los compromisos climáticos que se acordaron en 2015 en la capital francesa. Pero, ¿qué supone la salida de EEUU?

Sin frenos a las emisiones

Estados Unidos es, a nivel mundial, el segundo país más contaminante del mundo, sólo por detrás de China. Tanto, que se calcula que el país norteamericano es el responsable de cerca del 15% de las emisiones globales. Ante esto, el Acuerdo de París se presenta como uno de los escasos mecanismos internacionales que establece mecanismos para la reducción de las emisiones. Tanto, que Obama –el presidente que firmó el tratado– fijó compromisos para una reducción de las emisiones de CO2 de algo más del 25% para 2030. Sin embargo, la retirada de EEUU hace que ese escenario se vuelva aún más lejano.

“En parte el negacionismo de Trump tiene que ver con los vínculos de su administración con la industria de los combustibles fósiles”, opina Héctor de Prado, responsable de Justicia Climática de la organización Amigos de la Tierra, que señala a las repercusiones que puede tener su salida en cuanto a los compromisos financieros del tratado parisino que establecía, a grandes rasgos, que los países más contaminantes deberían destinar un porcentaje de sus fondos a financiar la adaptación y la resiliencia al cambio climático de los estados del cono sur.

“Es importante porque Estados Unidos aporta cerca del 21% del replenishment de los fondos del Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) que empezó en París. Su retirada puede tener consecuencias nefastas para muchos países”, expone el ecologista. "La moraleja aquí es que uno de los mayores 'donantes' se retira, y lo que es peor, antes de haber completado íntegramente su promesa, con las evidentes implicaciones que eso conlleva tanto a países como a inversores", añade.

"Trump tiene vocación de genocida y usa la salida del Acuerdo de París para desviar de los problemas político que enfrenta con el impeachment.  Su decisión va a afectar a la vida de millones de personas en todo el mundo, perjudicando gravemente los derechos humanos, como el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, entre otros", valora Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción.

La salida no es irrevocable

No todo es negro. En esta noticia que reafirma la línea discursiva de Trump en materia climática hay algunas aristas a las que la sociedad norteamericana –y el resto del mundo– puede agarrarse. Tanto es así que, el abandono del acuerdo no es irrevocable. Es decir, la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, sea de manera anticipada o no, podría suponer que los EEUU volvieran a ratificar los compromisos de París.

En cualquier caso, la decisión de abandonar el multilateralismo medioambiental podría contrarrestarse dentro de los propios poderes estatales de EEUU, ya que los gobiernos de los diferentes estados tienen capacidad de impulsar sus propias medidas anticontaminación, como el reciente caso de la ciudad de Nueva York, que ha prohibido la circulación de coches en una de las avenidas principales de Manhattan. “Vemos que hay estados con políticas ejemplares en cambio climático y otros que son todo lo contrario. Quizá, esa capacidad interna sea más relevante a veces que estar en el acuerdo de París”, opina Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción.

"Hay decisiones del gobierno de Estados Unidos que agravarán igual o mas el calentamiento global que la salida del Acuerdo de París, como por ejemplo la reactivación de proyectos como los oleoductos Keystone XL y Dakota Access Pipeline en tierras sioux o el Plan Energético América Primero, una apuesta decidida por la extracción y el uso sin límites de los combustibles fósiles. La administración Trump ha eliminado o está intentando eliminar restricciones a las tecnologías de perforación del fracking y reduciendo el gasto en las agencias públicas de regulación y control de temas medioambientales", añade Kucharz.

Efecto contagio

La posibilidad de que el discurso de Trump pueda calar en otros gobiernos conservadores como el de Bolsonaro en Brasil vuelve a saltar a la palestra. Pero no solo eso, sino que algunos estados euroescépticos pueden sumarse a la situación de bloqueo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que EEUU no saldrá del acuerdo hasta el próximo año, por lo que Trump mantendrá su asiento en la próxima Cumbre del Clima de Madrid (COP 25) desde el que podrá incendiar los debates y frenar la ambición de los acuerdos que se puedan alcanzar. “El hecho de que desde dentro propague la idea de que la lucha contra el cambio climático es una patraña es muy peligroso”, argumenta De Prado.

En cualquier caso la salida de Trump, que hasta ahora era un gran escollo en este tipo de cumbres, puede tener aspectos positivos de cara a las futuras negociaciones. “No es necesariamente una mala noticia para el cambio climática. Él fortalece claramente los intereses negacionistas y, en ese sentido, que se vaya puede suponer que se desatasquen algunas de las negociaciones por el clima”, opina Andaluz, centrándose en cómo podrían transcurrir las futuras cumbres sin la presencia de representantes estadounidenses.

No obstante, el abandono de EEUU y de cualquier otro estado que decida seguir sus pasos debería llevar a la ONU, según los colectivos ecologistas, a activar mecanismos sancionadores para aquellos ejecutivos que no cumplan en materia climática. 

madrid

05/11/2019 17:53 Actualizado: 05/11/2019 18:42

alejandro tena

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EEUU notifica formalmente su salida del Acuerdo de París contra el cambio climático

El Gobierno estadounidense inicia los trámites legales para abandonar el esfuerzo internacional para frenar el calentamiento global

El presidente norteamericano Donald Trump renegó del acuerdo durante su candidatura, anunció que sacaría al país en 2017 y ha aprovechado la primera oportunidad legal

eldiario.es

04/11/2019 - 21:57h

EEUU ha formalizado este lunes su salida del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, según informan medios estadounidenses. El Gobierno norteamericano ha hecho oficial el anuncio que realizó hace algo más de una semana: comienza la desconexión legal del país del acuerdo alcanzado en la capital francesa en 2015. Un largo deseo del presidente Donald Trump.

Trump ha aprovechado la primera ventana legal para iniciar los trámites. El propio texto internacional marcaba que las partes que lo hubieran ratificado solo podrían salirse pasados cinco años. En 2020 se cumple el primer lustro de vigencia y EEUU ha comunicado oficialmente que se marcha. 

El Donald Trump candidato llamo "cuento chino" al cambio climático. Luego, una vez tomó posesión, ha admitido que hay algún problema con el clima, pero en junio de 2017 realizó una proclamación solemne sobre su intención de abandonar el Acuerdo de París para salvaguardar la economía de su país. 

Mientras ha llegado esta puerta legal de salida, las delegaciones estadounidenses han acudido a las diferentes cumbres climáticas de la ONU y ha intentado introducir el nuevo discurso de su administración sobre los combustibles fósiles. La COP25 del próximo diciembre en Madrid puede ser la última a la que asistan.

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Jeremy Rifkin

El autor de 'El green new deal global' pronostica el colapso de los combustibles fósiles en una fecha que puede oscilar entre 2023 y 2030

Afirma que los grandes capitales ya están abandonando la economía del carbono en favor de las renovables y que los gobiernos deben prepararse para la transición a una nueva economía

Cree que estamos inmersos en la transición hacia la tercera revolución industrial, que espera que sea "distribuida, abierta y transparente"

 

El estadounidense Jeremy Rifkin (1945) es uno de los sociólogos más conocidos y mediáticos. También es economista, escritor y activista contra el cambio climático. Lleva décadas estudiando el impacto de los cambios tecnológicos en la economía y el medio ambiente.

"Estamos ante una emergencia global" es la frase con la que arranca su último libro, que presenta estos días en España. Se titula El green new deal global. Por qué la civilización de los combustibles fósiles colapsará en torno a 2028 y el audaz plan económico para salvar la vida en La Tierra' (Paidós). Rifkin se refiere a la sexta extinción masiva inducida por la quema de combustibles fósiles, la primera desde que hace 65 millones de años un meteorito (según una de las hipótesis más aceptadas) favoreciera la desaparición del 75% de los géneros biológicos. La previsión es que si la temperatura global crece medio grado más (ya ha subido uno respecto a los niveles preindustriales) los ecosistemas de La Tierra volverán a ser diezmados.

El 'green new deal' que propone, a imagen del "new deal" que sacó a la economía estadounidense de la gran depresión en los años 30, debe suponer que el 100% de la electricidad se genere por fuentes limpias y renovables, actualizar la red de energía, los edificios y la infraestructura de transportes. Rifkin, que asesora a varios gobiernos en la transición a una nueva economía, cree que la Unión Europea y China se están preparando mejor que EEUU. Preguntado sobre qué opina sobre los escépticos con el cambio climático, explica que prefiere no perder el tiempo en contestarles.

Como explica Rifkin en su libro, en 2015 Citigroup provocó un seísmo en la industria de la energía y la economía global al predecir 100 billones de dólares en activos en combustibles fósiles obsoletos (que sufren una depreciación antes de que su ciclo de vida acabe su curso normal) si la Cumbre del Clima de París lograba imponer un compromiso vinculante a las naciones del mundo para limitar el calentamiento global "muy por debajo" de los dos grados centígrados. Tres años más tarde, en 2018, la cuestión de los activos obsoletos ya no se vinculaba a los compromisos contra el cambio climático, que son voluntarios y a menudo no se cumplen. La actual preocupación de la industria es la caída del coste de las tecnologías solar y eólica y la generación de energía verde y su almacenamiento.

Rifkin tiene un discurso relativamente optimista y describe un panorama en el que los principales sectores de la segunda revolución industrial (telecomunicaciones; energía y electricidad; movilidad y logística de vehículos de combustión interna y parques de viviendas residenciales, comerciales, industriales e institucionales) han empezado a desvincularse de la civilización de los combustibles fósiles y a aceptar energías verdes y tecnologías limpias. "Hasta ahora, más de 1.000 inversores institucionales en 37 naciones han desinvertido 8 billones de dólares en fondos de la industria de los combustibles fósiles y los han reinvertido en energías verdes, tecnologías limpias y modelos de negocio que nos llevarán a un futuro de carbono cero. Está siendo la mayor campaña de desinversión/inversión en la historia capitalista".

Usted mantiene que la civilización de los combustibles fósiles podría colapsar en torno a 2028 ¿puede explicar qué quiere decir con esto?

Toda nuestra civilización está basada en combustibles fósiles. Hemos invadido el subsuelos de la era carbonífera, hace 300 millones de años, y tomamos esos cuerpos de animales y plantas en forma de gas o carbón. Con esto hacemos pesticidas, fertilizantes, productos farmacéuticos, materiales de construcción, energía, transporte. El calor y la luz. Todo es combustible fósil desde hace dos siglos.

Pero este mismo año el coste de la energía solar y eólica ha caído por debajo del de los combustibles fósiles y va a seguir bajando. Según Citigroup puede haber 100 billones de dólares en activos obsoletos. No combustibles fósiles, sino toda la industria que le rodea, como los vehículos de combustión interna. Todas las refinerías, los gaseoductos que no se usarán. Ya hay sectores clave que se alejan de los combustibles fósiles y dependen de energías renovables más baratas.

Hay una burbuja del carbono que si no se desinfla podría provocar una pérdida de la riqueza mundial de entre uno y cuatro billones de dólares. La mayor de la historia. Esto no son solo mis proyecciones, hay estudios que lo avalan. El colapso de la revolución industrial basada en combustibles fósiles podría ocurrir en algún momento entre 2023 y 2030.

¿Cómo se puede desinflar esta burbuja?

Los fondos de pensiones son la mayor bolsa de capital en el mundo, con un valor de 41 billones de dólares. Y están saliendo de este tipo de inversiones en industrias del petróleo. Lo que ha pasado con la industria del carbón en mi país (EEUU) en los últimos cuatro años es que ha entrado en bancarrota porque el gas natural es más barato, la energía solar y eólica es más barata. Inversores institucionales han empezado a retirar dinero y a invertirlo en energías renovables. La industria financiera tiene pánico. La ruptura está teniendo lugar en gran medida por imposición de los mercados y los gobiernos tendrán que seguirlos o afrontar las consecuencias. La burbuja del carbono debe desinflarse o puede ser el mayor estallido de la Historia.

Los gobiernos ni siquiera tienen que subir los impuestos de la energía. Pero sí deben acabar todas las subvenciones a los combustibles fósiles. Deben preparar la transición hacia una tercera revolución industrial de carbono cero: el "Green new deal". Cada país debe establecer una hoja de ruta y construir la infraestructura verde necesaria para la tercera revolución industrial y la era postcarbono.

En todo caso, los gobiernos nacionales deben establecer los códigos y las regulaciones. Pero el trabajo debe ser el de las regiones. Ahí España, como Alemania, como EEUU, está en una buena posición, con regiones acostumbradas a controlar su propia infraestructura.

La transición a la tercera revolución industrial

Rifkin relata que todas las transformaciones económicas de la historia necesitan un medio de comunicación, una fuente de energía y un mecanismo de transporte. La primera y la segunda revolución industrial estaban diseñadas para ser centralizadas, con propietarios integrados verticalmente. En el siglo XIX fueron la imprenta y el teléfono, el carbón, y las redes ferroviarias. Se formaron las naciones–estado. En el siglo XX convergieron la electricidad, el teléfono, la radio y la televisión con el petróleo barato, los coches de combustión y las redes de carreteras. Se formó la globalización.

"La tercera revolución industrial debe ser distribuida, abierta, transparente. Necesitamos un internet alimentado con energía solar y eólica, vehículos eléctricos autónomos y edificios y personas integrados en el "internet de las cosas". Puedes intentar monopolizarla, pero perderás el efecto de red", afirma.

Su pronóstico es que la transición desde una segunda revolución industrial hacia la tercera "será formidable –comparable al cambio de la agricultura a la sociedad industrial urbana– y requiere de las habilidades y los talentos de dos generaciones. Para que ocurra tendremos que formar a millones de personas. Tendremos que desmantelar y desarmar toda la infraestructura de la energía nuclear. La red de comunicaciones tendrá que actualizarse, el sector del transporte y la logística ser digitalizado...".

¿Qué encaje tienen estos cambios que pronostica en el sistema económico capitalista y en el empleo?

Está emergiendo otro sistema económico. Yo lo llamo capitalismo distributivo o capitalismo social. También se podría llamar cooperativo. En el nuevo sistema la propiedad se sustituye por el acceso. La transacción de bienes es sustituida por un flujo constante de servicios. El coste marginal (el coste adicional de producir una unidad adicional de un bien o servicio, una vez absorbidos los costes fijos) se acercará a cero. La economía compartida es un aspecto central del Green New Deal.

En cuanto al empleo, la realidad es que la tercera revolución industrial implicará tanto destrucción de empleo como una fuente de oportunidades laborales. El sector de la energía renovable en China ya emplea a 3,8 millones de personas.

Creo que a medio y largo plazo muchos empleos se transferirán del ámbito comercial al sector sin ánimo de lucro, la economía social y la economía compartida. Ya hay países con un 10% de su fuerza laboral en el sector sin ánimo de lucro, no hablo solo de los voluntarios que entregan su tiempo, sino de los 56 millones de empleados a tiempo completo en 42 países. Espero que a mediados de siglo una mayoría de empleados en todo el mundo pertenezca al sector sin ánimo de lucro.

[El llamado sector sin ánimo de lucro o tercer sector incluye a las empresas que no son ni públicas ni privadas, sino entidades cuyo fin no es un beneficio económico sino social, altruista, humanitaria, artística y/o comunitaria. Por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones derivada de personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo, y en algunos casos también reciben ayudas públicas].

¿Qué le parecen las protestas contra el cambio climático protagonizadas sobre todo por jóvenes?

Estas protestas son como nunca había visto en mis 45 años como activista. Los jóvenes ni siquiera son conscientes de que esta es la primera revuelta planetaria. Esta es la primera vez que una generación entera, millones de personas en ciento treinta y siete ciudades salieron de las clases a las calles para declarar una emergencia climática. Es la primera vez que una generación en toda la historia humana comienza a verse a sí misma como una sola especie. No les importan las fronteras. Esto es grande y muy esperanzador.

Los jóvenes dicen a los políticos, ¿nos estáis tomando el pelo? ¿Cómo podría haber otras prioridades cuando vemos la extinción masiva de la vida en la Tierra? Lo que tienen que hacer es mantener las protestas, mantener la presión.

Por Marina Estévez Torreblanca

02/11/2019 - 20:45h

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El Gobierno británico anunció este sábado que pone fin a su apoyo a la fracturación hidráulica ("fracking") para la extracción de gas o petróleo. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo EFE

El Ejecutivo toma la decisión a partir de un informe de la Autoridad del Petróleo y el Gas (OGA) que concluye que hoy en día no es posible predecir con precisión la probabilidad de temblores asociados a la fracturación hidráulica

Las actividades de extracción en Preston New Road ya habían sido suspendidas en agosto después de que se registrara un seísmo de 2,9 grados de magnitud

 

El Gobierno británico anunció este viernes que pone fin a su apoyo a la fracturación hidráulica – conocida como 'fracking'– para la extracción de gas o petróleo por la imposibilidad de predecir los seísmos que pueda ocasionar.

El gabinete ministerial ha tomado la decisión sobre la base de un informe de la Autoridad del Petróleo y el Gas (OGA) "que constató que actualmente no es posible predecir con precisión la probabilidad o magnitud de los terremotos relacionados con las operaciones de 'fracking", según un comunicado del departamento de Energía.

Añade que dicho informe publicado este viernes concluye que no es posible con la tecnología actual predecir con precisión la probabilidad de temblores asociados con la fracturación hidráulica.

"Las propuestas separadas para cambiar el proceso de planificación de los sitios de 'fracking' ya no se llevarán adelante en este momento", anuncia el Gobierno británico.

Dicho método de extracción de gas o petróleo "no podrá continuar en Inglaterra", insistió el Ejecutivo.

Los trabajos exploratorios para determinar si el esquisto podría ser una nueva fuente de energía nacional, aportando beneficios para la economía y la seguridad energética del Reino Unido "se han pausado ahora, a menos que se proporcionen pruebas adicionales y hasta que se puedan llevar a cabo de forma segura aquí", agrega el comunicado.

El Gobierno británico afirma que la exploración de las reservas de gas de esquisto de Inglaterra solo podrá continuar si la ciencia demuestra que es segura, sostenible y de mínima perturbación para quienes viven y trabajan cerca.

Sobre la base de la perturbación causada a los residentes que viven cerca de Preston New Road, en Lancashire, y este último análisis científico, el Gobierno anuncia "una moratoria sobre el 'fracking' hasta que se proporcionen nuevas pruebas convincentes".

La secretaria de Negocios y Energía, Andrea Leadsom, expresa en la nota oficial que después de revisar el informe de la OGA sobre la reciente actividad sísmica en Preston New Road "está claro que no podemos descartar impactos inaceptables futuros en la comunidad local".

Por esa razón, añade, "he llegado a la conclusión de que deberíamos poner una moratoria sobre el 'fracking' en Inglaterra con efecto inmediato".

Las actividades de extracción en Preston New Road fueron suspendidas desde que se registró un seísmo de 2,9 grados de magnitud el 26 de agosto pasado.

 

EFE - Londres

02/11/2019 - 10:06h

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Así "satura" Volkswagen la justicia alemana para evitar pagar más por el dieselgate

La compañía automovilística solo indemniza a los ciudadanos si denuncian. Cuando llega la demanda, la empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia

 

"Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones que es lo que correspondería por los dos millones de coches afectados", explica un abogado

 

Aldo Mas

 

El último coche que se ha comprado Christoph Lütgert es un híbrido. No es del fabricante alemán Volkswagen. Su anterior vehículo, sin embargo, sí que era de los que fabrica el consorcio germano con sede en Wolfsburgo. Era, de hecho, uno de los afectados por el dieselgate, en el que el fabricante alemán trucó los motores de sus vehículos diésel para que parecieran menos contaminantes.

Lütgert es de los clientes que han conseguido recibir una compensación en Alemania tras adquirir un coche con el motor trucado. Sin embargo, solo lo logró después de casi dos años y medio de batalla judicial. Su caso, que tuvo que pasar por dos instancias y una apelación antes de que Volkswagen tirara la toalla, es uno entre decenas de miles que hay en curso en Alemania.

Ante el juez, a Lütgert lo representó con éxito Lars Murken-Flato, letrado del gabinete de abogados Hahn, en Hamburgo. "En Alemania, Volkswagen está viéndose obligado a pagar a los consumidores pero solo cuando estos denuncian ante la justicia. Es decir, que tienen que denunciar y estar dispuestos a llevar un proceso judicial contra Volkswagen, algo que suele alargarse en el tiempo", dice Murken-Flato a eldiario.es. "Ahora mismo hay miles de denuncias que tienen que ser procesadas por la justicia, una justicia que ya de por sí está sobrecargada", explica el abogado de Lütgert.

La estrategia de Volkswagen, según señala este letrado, nada tiene que ver con cómo la firma alemana lidió con el dieselgate en Estados Unidos. "En Estados Unidos hubo mucha presión de los políticos a la empresa, y entonces la empresa diseñó un sistema para recomprar los vehículos o pagar un dinero por cada coche", indica Murken-Flato. Esa "solución" americana al ' que evitaba los tribunales tuvo, junto a multas compensaciones y acuerdos con autoridades estadounidenses, un coste estimado en unos 25.000 millones de dólares (cerca de 23.000 millones de euros).

"En Estados Unidos las autoridades han sido más duras con Volkswagen que en Europa, allí la situación es mucho mejor que aquí para este tipo de actuaciones. En Europa apenas ha habido presión de las autoridades como en Estados Unidos. La presión aquí se ha ejercido desde las asociaciones de consumidores", dice a eldiario.es Axel Friedrich, experto en cuestiones de movilidad con años de experiencia en la Agencia Federal para el Medioambiente de Alemania (UBA).

Estimaciones recientes apuntan a que se han procesado unas 61.000 denuncias contra Volkswagen relacionadas con los motores diésel trucados. Según afirmaban recientemente fuentes del consorcio germano al diario generalista berlinés Der Tagesspiegel, unos 33.000 casos ya han sido resueltos. La gran mayoría han acabado con el final deseado por la compañía, según han apuntado desde Volkswagen.

Esto se explica por la estrategia adoptada por la firma una vez que hay proceso judicial. La empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia. A Christoph Lütgert, por ejemplo, la empresa le ofreció en su momento 17.000 euros por su Volkswagen Golf. Pero Lütgert y Murken-Flato, su abogado, no dieron su brazo a torcer. Continuaron la pelea en los tribunales. Y ganaron, obligando al consorcio ha pagar algo más de 20.000 euros, después de más de casi 30 meses de batalla judicial.

En vista de casos como el de Lütgert y cómo se están eternizando los procesos judiciales, Friedrich considera responsable a Volkswagen de plantear "una enorme carga sobre los jueces". Así lo afirmaba hace unos días al Der Tagesspiegel Murken-Flato: "Como Volkswagen evita una solución similar a la de Estados Unidos, los afectados germanos tienen que denunciar, y esto es una sobrecarga para la justicia". "Todo el proceso va muy lento", constata Friedrich a este periódico.

 

Evitar una solución como en EEUU

 

Aun así, la actitud de Lütgert y Murken-Flato no está al alcance de todos. En los tribunales, el tiempo también es oro. Porque para acudir frente al juez hay que estar dispuesto a pagar abogados y costes judiciales. "Muchos deciden no pagar y no denunciar", comenta Murken-Flato. Para él, la estrategia de Volkswagen está clara. "Ellos dicen: 'sin jueces de por medio, no pagamos nada, pagamos solo cuando nos denuncian'", abunda el letrado.

En Estados Unidos, el número de coches afectados por el escándalo rondaba el medio millón. Sin embargo, solo en Alemania se estima que hay unos dos millones de vehículos afectados. "La estrategia en Alemania de Volkswagen funciona así: si en Alemania se decidieran a tomar una salida como en Estados Unidos, tendrían que pagar a todos los afectados. Pero en Alemania hay más de dos millones de coches afectados. Si Volkswagen tuviera que pagar a todos, pongamos 5.000 euros de media, eso ya significaría una suma por encima de los 10.000 millones de euros", comenta Murken-Flato. "Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones", abunda.

A Volkswagen incluso le viene mejor, antes que encontrar una solución a la americana, hacer frente a la denuncia en grupo que reúne a cerca de medio millón de usuarios afectados que estos días se dirime en el Tribunal Regional Superior de Braunschweig.

De aquí a que ese tribunal de Braunschweig acabe resolviendo esa denuncia pueden acabar pasando años, según los expertos. Hasta que eso no ocurra, Volkswagen no podrá olvidar del todo el dieselgate en Alemania.

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El proyecto de Vaca Muerta, basado en el contaminante método del fracking, amenaza los acuíferos, territorios indígenas y parques naturales de la Patagonia argentina.

Al mismo tiempo que el rechazo popular está haciendo retroceder en terreno europeo la polémica técnica del ‘fracking’, las multinacionales del viejo continente multiplican la inversión en proyecto de fractura hidráulica en países empobrecidos.

 

Mientras el fracking lleva en espera o prohibido en gran parte de Europa, las empresas del continente parecen tener pocos remilgos en utilizar estas técnicas en América Latina. Concretamente, en el yacimiento de Vaca Muerta, en la patagonia argentina, siete empresas europeas operan en la formación de gas, según el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Las tres más importantes provienen de los países europeos que primero se posicionaron contra el fracking: Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido y que hoy son algunos de los países embajadores de la causa medioambiental. Las críticas al proceso de externalización de las sociedades occidentales parece hacerse más eco en la ONU, que después de 15 años de discusiones, podría aprobar este año un Tratado vinculante de regulación de las trasnacionales.

¿EL ‘FRACKING’ EN EUROPA ES COSA DEL PASADO?

La técnica extractiva de hidrocarburos no convencionales con agua, químicos y arenas lleva paralizada, adormecida o prohibida por algo menos de diez años en casi todos los países europeos.

Gracias a las advertencias de diferentes activismos, investigadores y organismos medioambientales el fracking es una técnica muy poco utilizada en suelo europeo. Lo que no está tan claro es si la regulación europea está interesada en prohibir esta técnica en otros suelos como, por ejemplo, en Vaca Muerta, la primera reserva latinoamericana de hidrocarburos no convencionales.

Junto a la crisis de Ucrania y los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, el suministro de gas y petróleo peligraba en Europa, por lo que en la primera década del siglo y animados por el “éxito de la técnica” en EE UU, comenzaron las primeras exploraciones en territorio inglés, polaco, español, alemán y francés.

Los resultados preliminares fueron positivos para la mayoría de estos países. De hecho, según Michel Barron, director de la consultora Eurasia Group, las reservas estimadas de gas y petróleo esquisto en territorio europeo podrían suponer un 80% de las que existen en el país que lidera esta técnica: Estados Unidos.

Aún con el “potencial” energético de gas y petróleo esquisto en las rocas de pizarra europeas, las dificultades geológicas de extracción, los impactos socio-ambientales y los altos costes económicos, hicieron que el fracking fuera prohibido o paralizado en casi toda Europa.

En 2011, Francia fue el primer país del mundo en prohibir la técnica. Unos años más tarde se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza, República Checa. Reino Unido paralizó las extracciones y España lo prohibió por regiones o lo hizo imposible a través de requisitos que se lo ponían muy difícil al fracking.

‘FRACKING‘ SÍ , PERO FUERA

 

A partir de las dificultades que se fueron encontrando en Europa, las empresas con casa matriz en el continente emprendieron un nuevo viaje hacia el sur global.

En torno al 2010 empresas como la francesa Total Austral, Wintershall, Shell, Equinor, Gazprom o PAE empezaron sus andanzas no convencionales en la explotación masiva de Vaca Muerta.

Si bien la mayoría de estas empresas ya tenían presencia en el país desde la última dictadura cívico-militar en Argentina, a partir de la primera década de este siglo fueron ampliando su interés por el fracking que en sus países estaba prohibida por los impactos en el medioambiente y en la salud de la población.

Este sendero se facilitó con la liberalización del mercado de los hidrocarburos que se produjo en 2015 cuando asumió el Gobierno de Mauricio Macri. “Desde la cartera de Energía se implementaron políticas tendientes a la liberalización del sector: tarifas energéticas acopladas a las fluctuaciones del mercado, dolarización de los precios de la energía, flexibilización y precarización laboral, apertura de la exportación de hidrocarburos, entre otras”, confirman desde el Observatorio Petrolero Sur.

Unido a esto, varios ex ejecutivos petroleros comenzaron la carrera política con el actual Gobierno. Es el caso de Juan José de Aranguren, que pasó de CEO de Shell Capsa a Ministro de Energía y Minería de la Nación.

Según el informe de los investigadores del OPsur Martín Álvarez y Hernán Scandizzo para el boletín Ejes, son siete las empresas europeas que tienen actividad en la reserva de Vaca Muerta: la francesa Total, la alemana Wintershall, la anglo-holandesa Shell, Equinor (antes Statoil) de Noruega y la rusa Gazprom Rusia. También PAE, que es parcialmente controlada por la británica BP, y Phoenix Global Resources, firma a la que están vinculados dos empresarios argentinos —Daniel Vila y José Luis Manzano—, pero que tiene casa matriz en el Reino Unido y participación mayoritaria del holding suizo Mercuria.

En el informe se destaca a la alemana Wintershall vinculada comercialmente con la rusa Gazprom, que hoy es una de las principales proveedoras de gas de la UE. Y sobre todo la francesa Total Austral, el quinto grupo petrolero del mundo, con presencia en más de 130 países, y que desde 2010 se convirtió en la segunda productora de gas de Argentina, en la empresa europea con mayor superficie acumulada en Vaca Muerta, y en la tercera en términos generales, detrás de las empresas nacionales YPF y GyP.

La presencia de Wintershall, Shell o Total Austral, como empresas de “fuerte identificación” con países como Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia dejarían de manifiesto aspectos paradójicos en la gestión y control de las economías de estos países.

Según el informe de Ejes, Total Austral no solo desarrolla su actividad de fractura hidráulica (fracking) en la formación de Vaca Muerta, sino que además opera en un área natural protegida, Auca Mahuida, zona de preservación de especies y yacimientos arqueológicos y de valor histórico para el pueblo Mapuche, que lleva dando la batalla desde hace ya tiempo contra las extracciones. Las localidades cercanas a los pozos de extracción se vieron afectadas por esta situación, sobre todo aquellas familias que vivían principalmente de la tierra y de la ganadería, su actividad económica empeoró y muchas tuvieron que emigrar hacia centros urbanos. Otras familias campesinas lograron negociar alguna contrapartida económica con la empresa en cuestión.

Desde la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén ya advirtieron en su día que no se autorizarán los pozos de perforación no convencional dentro de la zona protegida. Incluso en 2014 se llevó a la junta de accionistas de Total Austral en París. “Allí se cuestionó que mientras en el país de origen de la empresa el fracking está prohibido, la compañía no solo la aplica fronteras fuera sino peor aún, en un área natural protegida”, afirman Martín Álvarez y Hernán Scandizzo en su informe para Ejes.

AVANCES QUE ESPERAN A 2019

¿Qué dice la normativa de la UE sobre las empresas cuya actividad es ilegal en el país de origen?

Actualmente no existe ningún mecanismo eficaz que actúe a nivel global para controlar a las megacorporaciones, de hecho estas pueden eludir con facilidad legislaciones nacionales a través de complejos entramados societarios.

La Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, Asamblea Parlamentaria entre América Latina y Europa, aprobó un documento con fuertes críticas a esta técnica, sin embargo no votó positivamente la recomendación de una moratoria al fracking en ambos continentes. Esta Asamblea es la mediación más importante entre las dos regiones, los informes que se emiten desde ahí no son vinculantes, pero sus recomendaciones son utilizadas para blindar algunas decisiones geopolíticas.

Parece que el escenario más favorecedor para la prohibición del fracking en Vaca Muerta y en otros lugares del mundo, corre a cargo de la ONU. Gracias a décadas de discusiones y movilizaciones, las organizaciones sociales consiguieron que en 2017 empezaran las negociaciones en este organismo multilateral para elaborar un tratado vinculante que obligue a las empresas trasnacionales a cumplir con los derechos humanos. Un año más tarde comenzaba la cuarta ronda para sacar adelante este instrumento jurídico. En esta ocasión se pudo elaborar un borrador que algunas organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (Omal) califican de insuficiente y poco exhaustivo.

La Campaña Global para reivindicar “la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad”, sostiene que 2019 parece ser el año clave. Entre el 14 y el 18 de octubre tendrá lugar la quinta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) en Ginebra para lograr un tratado que sea jurídicamente vinculante que regule la actividad de las trasnacionales en suelos que tienen escasa normativa socio-ambiental. Este tratado no solo regulará el fracking en Vaca Muerta, es un acuerdo que obligará a la actividad de las empresas trasnacionales a cumplir una serie de principios y requisitos de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos.

¿Qué capacidad tendrá este Tratado respecto a las legislaciones nacionales? ¿Cómo y por quién se juzgarán las infracciones y delitos? Son muchas las preguntas puestas encima de la mesa. Las organizaciones ambientales y colectivos sociales lo ven como un claro avance para mitigar las injusticias que suceden en comunidades, bosques y territorios con escasa regulación socio-ambiental.

EXTERNALIZAR COSTES Y CERRAR BENEFICIOS

Escribía el sociólogo Stephan Lassenich en un artículo de opinión publicado por El País, que las sociedades occidentales habían racionalizado las prácticas extractivas y las asimetrías socio-ecológicas y económicas hacia regímenes transnacionales políticos: el FMI, la OMC, hasta el Acuerdo de París. A través de su poderío militar y sus posiciones geopolíticas “ha sido posible construir una estructura socioeconómica que solo funciona a costa de terceros”. A esto se llama externalización. Quiere decir que una vez que los recursos humanos, naturales y sociales ajenos son utilizados por estas sociedades, los costes económicos, ecológicos y sociales son exteriorizados.

“De esta manera se reserva la productividad de este modelo de reproducción para las economías más competitivas, mientras que la destructividad es procesada por las economías más vulnerables”, continúa el sociólogo. Y para evitar que las repercusiones negativas puedan recaer en las propias sociedades externalizadoras cierran su espacio económico y social.

Este proceso en el que nos encontramos es visible en Vaca Muerta. Una vez utilizados los recursos naturales, el beneficio viaja hacia el país de origen, mientras que en los suelos de la cuenca neuquina los derrames contaminan la tierra y los cultivos, las placas tectónicas se mueven y los gases de efecto invernadero ascienden a la atmósfera. Mientras que desde el G7 o el Acuerdo de París se reprocha a “los países periféricos” por sus prácticas poco limpias, los países occidentales en muchos casos serían sus promotores.

Ante esta situación el Tratado vinculante que se firmaría en Ginebra podría reducir estos costes, la pregunta sería si se lograrían incluir términos exhaustivos que puedan aplicarse a nivel jurídico o el Tratado seguiría insistiendo en artículos generales que podrían posibilitar vacíos legales en beneficio de las corporaciones, como se denuncia desde OMAL.

En el momento de escribir este artículo, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) de EE UU respaldó con más de 400 millones de dólares a dos empresas petroleras en Vaca Muerta.

Por Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher


publicado

2019-09-27 06:00

Publicado enMedio Ambiente
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