MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Martes, 19 Junio 2012 06:55

Dos cumbres, muchos reclamos

Dos cumbres, muchos reclamos
A seis días del inicio de la cumbre ambiental y cuando faltan dos para la llegada de los jefes de Estado, anoche no estaba definido el documento que deberían firmar los mandatarios. “Hay por lo menos diez cuestiones complejas en el texto”, admitió ayer el embajador André Correa do Lago, jefe de la delegación brasileña. El debate está empantanado en torno del concepto de economía verde que impulsan los países desarrollados y, sobre todo, si esas naciones se van a hacer cargo de su mayor responsabilidad en el deterioro ambiental del planeta, financiando un fondo para iniciativas sustentables. Hasta ahora se resisten, escudados en la crisis económica que los afecta. Se estima que el texto podría ser aprobado esta madrugada. Mientras los diplomáticos debaten contra reloj, los movimientos sociales que participan de la Cumbre de los Pueblos, en esta misma ciudad, avanzan con sus reclamos. Ayer, tres movilizaciones paralizaron el centro de Río: grupos de aborígenes que rechazan las represas hidroeléctricas en el Amazonas, ambientalistas que se oponen a la economía verde y unas sesenta organizaciones de mujeres que pidieron por el derecho al aborto y contra la violencia doméstica.


De la Cumbre de los Pueblos participan numerosas organizaciones de la Argentina, la mayoría de ellas nucleadas en la Red Social que organizó y coordinó la Cancillería. “La delegación representa a unas 567 organizaciones que, si bien no elaboraron un documento en conjunto, lograron establecer un debate y elaborar una postura con coincidencias”, dijo a Página/12 Oscar Laborde, coordinador del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería.


La convocatoria incluyó a organizaciones ambientalistas, sociales, universitarias, sindicales, políticas y de pueblos originarios. Entre ellas participan la CTA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el INTI, el Instituto Gino Germani de la UBA, organizaciones de pueblos originarios y de migrantes, la Universidad Nacional de San Martín y el área de profesionales del Movimiento Evita, entre otros.


“Todos coincidimos en que no va a haber política ambiental viable si no se contemplan políticas de inclusión”, dijo a este diario Beatriz Anchorena, directora ejecutiva de la Fundación Compromiso, una de las integrantes de la delegación argentina.


La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental se desarrolla en forma paralela a la Cumbre de Naciones Unidas, en el Aterro do Flamengo, un predio ubicado en pleno centro de Río de Janeiro, lejos del escenario de la cumbre de jefes de Estado. Han llegado delegaciones de diversos países, todos con un denominador común: el rechazo a la mercantilización de la vida y la naturaleza, y en defensa de los bienes comunes.


En ese escenario se desarrollan conferencias y exposiciones simultáneas sobre diferentes temas, como los estragos de la minería a cielo abierto o la amenaza por la deforestación, como consecuencia de la extensión de las fronteras agropecuarias. El tema de género también se incorporó a los debates, en una ampliación del concepto de protección del medio ambiente, en la que las mujeres, como mayoría de la población mundial, tienen un papel decisivo.


Fueron las mujeres, justamente, las que salieron a la calle ayer, y se manifestaron con un corte en las avenidas Presidente Vargas y Antonio Carlos que paralizó el centro de Río. Las convocantes dijeron haber reunido a unas cinco mil participantes, muchas de ellas con los pechos desnudos y los cuerpos pintados con coloridas pinturas. “No queremos estar encerradas en el Aterro do Flamengo, salimos a hacer públicas nuestras reivindicaciones por la igualdad”, dijeron.


No fueron las únicas. Grupos indígenas de Brasil también hicieron su piquete para hacer visibles sus reclamos contra un proyecto del Banco Nacional de Desarrollo para construir centrales hidroeléctricas en el Amazonas. Por último, grupos ambientalistas del Comité de Defensa de los Bosques también se manifestaron en contra del Código Forestal.


Las organizaciones son críticas del concepto de economía verde que impulsan los países desarrollados y Africa. Coinciden grosso modo con la posición que vienen sustentando los países del G-77 (entre ellos la Argentina) más China, que sospechan que puede convertirse en un instrumento de las potencias para imponer nuevas barreras a las importaciones provenientes de países en desarrollo que no cumplan con esos parámetros verdes.


Como contrapartida, los países emergentes reclaman la creación de un fondo con el aporte de los países más ricos –los que más daño hicieron al ambiente en el planeta– para financiar el desarrollo de las naciones periféricas de una manera sustentable.


Ambas posiciones constituyen los ejes de un debate que hasta anoche no había terminado de saldarse. Los esfuerzos de la diplomacia anfitriona procuraban que la cumbre no termine en fracaso y se llegue a un compromiso lo menos lavado posible. Luis Figueiredo Machado usó una metáfora futbolera para describir el cuadro: “Ya terminó el tiempo reglamentario, estamos en el alargue”.
Publicado enInternacional
Río+20: Omisiones y debilidades del texto en negociación
Las negociaciones oficiales en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible han ingresado a su etapa final con la presentación de un documento de negociación presentado por Brasil, el Estado anfitrión, que sigue siendo discutido. Es un texto de 20 páginas y 287 parágrafos que muestra algunos tímidos avances en materia de reconocimiento de derechos, pero insiste en un modelo único de desarrollo sostenible que no incorpora la diversidad cultural y se resiste a reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos.

 
El documento insiste en los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, ambiental y social) acordados hace veinte años y que no han hecho sino profundizar la crisis, al enfatizar el pilar económico para definir las políticas ambientales e ignorar el pilar social. Textualmente, el documento apenas reconoce “la diversidad natural y cultural del mundo” y “que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible”. Los pueblos indígenas planteamos la incorporación expresa del pilar cultural, a fin de garantizar el reconocimiento de todas las visiones y prácticas de desarrollo, en particular las de aquellas culturas que, aunque diversas, nos identificamos en un modelo de diálogo y armonía con la Madre Tierra.

 
Particularmente grave es considerar la minería como una actividad compatible con el desarrollo sostenible, siendo la minería una de las actividades más dañinas para la conservación de la Madre Tierra y que más impactos causa en la vida y la cultura de los pueblos.

 
Derechos y participación

 
El documento propuesto por Brasil señala: “Somos conscientes de que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que la Madre Tierra es una expresión común en varios países y regiones, y tomamos nota de que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que a fin de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza”.

 
Es decir, los Estados siguen resistiéndose a reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos y a adoptar, en consecuencia, una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, como venimos planteando los pueblos indígenas en diversos escenarios internacionales y hemos reiterado en Río+20.

 
El “hincapié en la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el logro del desarrollo sostenible” y el reconocimiento de “la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de aplicación a nivel mundial, regional, nacional y subnacional de las estrategias de desarrollo sostenible” solo representarán un avance si este reconocimiento se materializa en salvaguardas de derechos para todos los programas de desarrollo sostenible.

 
En el mismo sentido, el “pleno respeto del derecho internacional y sus principios” debe incluir, en la práctica, el principio de progresividad. Nos referimos concretamente al requisito del consentimiento previo, libre e informado, ya reconocido por el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y que por tanto debe hacerse extensivo a todo aquello que involucre a los pueblos indígenas, en todos los ámbitos.

 
Lo mismo rige para el fomento de la participación de la sociedad civil en el que insiste el texto presentado por Brasil. Esto debe significar que todas las instancias de las Naciones Unidas deben crear espacios de participación para los pueblos indígenas, como existen en el CDB, pero no solo en calidad de observadores sino con poder de decisión. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales hace 23 años y su estructura sigue siendo tripartita, sin que se haya creado un espacio para los pueblos indígenas.

 
Responsabilidades históricas y con el futuro

 
El texto reitera el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Un principio que solo se hará realidad si los países industrializados y las corporaciones multinacionales asumen su deuda histórica con los pueblos y la Madre Tierra, acumulada en siglos de depredación, saqueo, contaminación y colonialismo. Y si se comprometen a cambiar sus patrones de consumo y su matriz energética basada en los combustibles fósiles, fijándose también metas reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

 
De no ser así, toda declaración acerca de la “diversificación de la matriz energética”, citada en el documento, seguirá siendo un discurso hueco. Peor aun si se insiste en las soluciones de mercado, como los proyectos REDD+ a los que alude el texto propuesto.

 
Glaciares, agua, biodiversidad

 
 El texto propuesto por Brasil reconoce los riesgos que corren los Estados insulares, pero no señala como una de las causas el creciente retroceso de los glaciares, a fin de tomar medidas para su protección. Lo mismo ocurre con el tema de los desastres, porque la desglaciación es una de sus causas. Los pueblos indígenas planteamos expresamente declarar la intangibilidad de los glaciares, las cuencas hídricas, los páramos y las zonas de alta biodiversidad, para que se prohíban en todos ellos las actividades extractivas.

 
Esto nos lleva al tema del agua, a la que el documento que se negocia solo se refiere para garantizar el acceso a los servicios, pero no dice nada respecto a la indispensable protección de las fuentes hídricas, porque se sigue considerando al agua como un recurso o un servicio, no como un ser vivo ni como un derecho universal.
 

El documento reconoce “la importancia de las prácticas tradicionales de agricultura sostenible, incluyendo los sistemas tradicionales de suministro de semillas, incluidas las de muchos pueblos indígenas y comunidades locales”. Y que “los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales hacen una importante contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y su aplicación más amplia, puede apoyar el bienestar social y de medios de vida sostenibles. Además, reconocemos que los pueblos indígenas y las comunidades locales a menudo dependen más directamente de la biodiversidad y los ecosistemas y por lo tanto son a menudo más inmediatamente afectados por su pérdida y degradación”.
 

Sin embargo, no dice nada respecto a la protección de los conocimientos tradicionales de su mercantilización. Solo reconoce los derechos de los Estados nacionales sobre los recursos genéticos, pero no que los pueblos indígenas somos los que más los hemos desarrollado, otorgando alimentos indispensables para el mundo.

 
El documento continúa restringiéndose a hablar de “seguridad alimentaria”, pero una propuesta de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en particular es garantizar la soberanía alimentaria, a fin de proteger los recursos genéticos y ejercer el derecho a decidir que sembramos y qué comemos.

 
Ciudades y educación

 
Otro tema es el de las “ciudades sostenibles”, en el que el documento no hace referencia alguna a todo aquello que obliga al desplazamiento de los pueblos indígenas hacia las zonas urbanas debido a la invasión y saqueo de sus territorios por la minería y otras actividades extractivas o megaproyectos como represas hidroeléctricas y grandes carreteras que impactan sobre nuestros derechos fundamentales.

 
De manera similar, el tema de la educación es abordado de manera pobrísima, nuevamente como un servicio y no como un derecho. No se pueden discutir mejoras curriculares y oportunidades de acceso sin empezar por plantearnos que la educación debe ser intercultural, desde la producción de contenidos propios, que no se limiten al bilingüismo sino que constituyan un camino para lograr la convivencia armónica y respetuosa entre los pueblos y la reafirmación de la identidad, desde la defensa de la vida y para garantizar un futuro a las próximas generaciones.
 

Río de Janeiro, 18 de junio del 2012


Por Miguel Palacín Quispe, cCordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
www.coordinadoracaoi.org
Publicado enInternacional
Lunes, 04 Junio 2012 06:25

La fiebre del gas de pizarra

La fiebre del gas de pizarra
Juzgando por la manera en que los políticos y la industria nos hablan del gas de pizarra (o de esquistos –shale gas), éste se vislumbra como una solución a todos los males: falta de crecimiento, desempleo, hasta el cambio climático.


Pero la “fiebre del gas” que contagia al mundo en realidad apunta a distraernos de los problemas reales como la crisis estructural del capitalismo y el calentamiento global que ya (¿casi?) se nos fue de las manos, pretende seguir con el business as usual y más que solucionar, genera una serie de problemas nuevos.


Las experiencias de su extracción mediante la destructiva fractura hidráulica (fracking) en Estados Unidos y la postura de Europa hacia sus reservas (tratadas ya en columnas pasadas: La Jornada, 18/12/11 y 29/12/11) son también de mayor relevancia para México.


Según las estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (AIE) de abril de 2011, México puede poseer unos 681 billones de pies cúbicos de este gas, cuartas reservas mundiales, detrás de China, Estados Unidos y Argentina. Sus depósitos están localizados en la región de Sabinas y Burgos, entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.


Aunque los pronósticos de Pemex son inferiores (entre 250 y 450 bpc), y aunque por ahora hay sólo dos pozos en operación (Reporte de Actividad Exploratoria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, marzo de 2012) y para la extracción del gas pizarra en una región se necesitan cientos –o sea aún no hay pruebas físicas para respaldar las cifras estratosféricas, ni hablar de la rentabilidad, son estimaciones y cada uno puede hacer los suyos, me dice Antonio Gershenson– los funcionarios gubernamentales ya se contagiaron con la “fiebre”: su explotación que tal vez arrancará en unos dos o tres años, “atraerá inversiones de hasta 10 mil millones de dólares anuales”, “generará durante los próximos 15 años 1.5 millones de empleos”, “garantizará el suministro de gas durante 94 años” e “impulsará el crecimiento hasta en un punto porcentual del PIB” (La Jornada, 25/10/11, 18/11/11 y 16/05/12).


Conozco este discurso. Según los mismos cálculos de la AIE hechas, como en México, a base del análisis geológico, no de perforaciones, Polonia iba a tener unos 187 bpc del gas de pizarra, supuestamente las mayores reservas en Europa. Los políticos animados por Estados Unidos empezaron el cuento: “seremos segunda Noruega”, “reduciremos las emisiones de CO2” (cambiando el carbono por el gas natural), “tendremos combustible para el crecimiento”, “millones de empleos”, “gas por 300 años” y todas las maravillas del mundo, junto con la independencia energética de Rusia.


Pero a finales de marzo el Instituto Polaco de Geología publicó un estudio más detallado, diciendo que las reservas podrían ser entre 12 y 27 bpc, o sea 10 veces menores (sic) y los sueños de ser una potencia se esfumaron junto con los “empleos”. De la nube del gas estuvimos de vuelta otra vez en la tierra (en fin no es poco, pero es sólo otra estimación a verificar).


Mientras tanto Francia y Alemania dijeron que por ahora no tocarán sus reservas. Bulgaria, donde los campesinos y ecologistas temían que el fracking contaminara el suelo y el agua e invocaban la soberanía alimentaria por encima de la energética, anunció un moratorio al gas de pizarra. También Rumania.


Cada país lo hizo según sus intereses energéticos (la UE no tiene una política común hacia el gas de pizarra). Pero también mirando a Estados Unidos, el único país que lo explota a escala industrial. Si bien los precios del gas natural cayeron bastante allá, el costo ambiental es alto, una realidad a menudo negada por las autoridades y el lobby pro-gas (fracking consume y contamina millones litros de agua, envenena los mantos acuíferos y el suelo y puede causar temblores).


¡Pero hay buenas noticias! Gracias al mayor uso del gas natural en generación de energía Estados Unidos lograron reducir sus emisiones de CO2 en este rubro (Financial Times, 23/05/12). Sólo quisiera ver los estudios de cuánto metano –más dañino que CO2– se liberó a la atmósfera de casi medio millón de pozos del gas de pizarra en todo el país. Ni hablar de que es justamente el gas barato que permite la extracción de petróleo de las arenas bituminosas, el hidrocarburo más sucio que hay.


Mike Davis haciendo una revista global en el contexto de la crisis, recordaba que Marx culpaba a la “fiebre del oro” de California por apaciguar el ciclo revolucionario de los 40 del siglo XIX, al ofrecer un extra estímulo monetario al comercio mundial. Según Davis hoy los BRICS, son una nueva California (New Left Review, noviembre-diciembre 2011).


El gas de pizarra se inscribe en esta ecuación. Sólo falta que China con sus reservas más grandes (1.275 bpc) y el resto de los países del grupo, cada uno con cantidades significantes, hagan sus apuestas (aunque con esto de las estimaciones sobre las reservas del gas nunca se sabe y que tan fuerte es China tampoco).


Pero la “fiebre del gas de pizarra” ya cumple un papel “contra-revolucionario”, creando una ilusión de una solución (falsa) a la crisis. (All we need is growth!) Además aprovecha su contexto para convencer a la ciudadanía a aceptar una tecnología sucia y riesgosa, lo que en otro momento resultaría mucho más difícil.


Por Maciek Wisniewski, periodista polaco

Publicado enInternacional
Plantas, animales y microbios son también recursos renovables

Desde las botellas biodegradables de agua o refrescos hechas a base de almidón de maíz, a las bolsas del supermercado hechas de patata o las algas marinas convertidas en delicias culinarias, las alternativas desarrolladas por la química y la biología a las materias primas tradicionales han entrado ya en la industria y en la vida diaria de la gente. Nuevos productos y procesos igualmente alternativos están todavía en los laboratorios de los científicos, pero es de esperar que, al menos una parte importante de ellos, lleguen al mercado antes o después. Dieta vegetariana para los peces de acuicultura, nuevas estructuras moleculares de los polímeros que optimicen su desintegración inocua, procesos microbianos optimizados para purificar el agua o procesos industriales que reduzcan las emisiones de CO2, son algunas ideas. Como dice el experto de la Comisión Europea Christian Patermann, “las plantas, los animales y los microbios están ahí, en todas partes, y son recursos biológicos renovables”.

 
La Unión Europea ha presentado esta semana su nueva Estrategia de Bioeconomía precisamente para incentivar y organizar el esfuerzo a nivel continental, siguiendo la estela de algunas iniciativas de países que ya llevan unos años en esta brecha, como Holanda o Alemania.

 
“Se trata de utilizar materias primas renovables de la agricultura, los bosques, la pesca, la acuicultura y los residuos para obtener productos útiles para la alimentación, para la industria y para la energía, de modo sostenible y no contaminante, y protegiendo la biodiversidad y el medioambiente”, señaló la semana pasada Eveline Lecoq, de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, en una jornada de trabajo sobre bioeconomía organizada y patrocinada en Bruselas por dicho organismo. Ciencias de la vida, biotecnología, nanotecnología, química, agronomía, ecología... muchas ramas de la investigación y el desarrollo están implicadas, añadió. Y entre los productos, los famosos biocombustibles son sólo una parte del panorama.


La mayor parte de la acuicultura recurre a la pesca para alimentar con especies de escaso valor de mercado a aquellas más apreciadas. Para evitar o al menos aliviar esta práctica, que tiene riesgos medioambientales y limita el crecimiento de la acuicultura, un consorcio científico busca una alternativa radical en una dieta vegetariana para el pescado cultivado. Otros laboratorios exploran las propiedades de fibras vegetales y residuos forestales para fabricar productos que suelen hacerse de plásticos derivados del petróleo, desde asientos para coches hasta macetas para plantas. La ecología microbiana es responsable de procesos que pueden aplicarse en la purificación del agua dulce y un equipo holandés está estudiando la descomposición de nitritos por parte de bacterias que utilizan el oxígeno para consumir amoniaco y liberar nitrógeno, inocuo para el medioambiente. Otros investigadores se vuelcan en el diseño de enzimas sintéticas que pueden tener múltiples aplicaciones industriales. Son algunos ejemplos de investigaciones en curso proyectadas hacia la bioeconomía.

 
Grandes cantidades de residuos biológicos deben dejar de serlo porque, según datos presentados en Bruselas, tienen un gran potencial como sustitutos de los fertilizantes químicos o para su transformación en bioenergía, y pueden aportar hasta el 2% del objetivo europeo de energías renovables. Además, el tratamiento de los residuos de comida cuesta por cada europeo entre 55 y 90 euros por tonelada y año, generando en total 170 millones de toneladas de CO2.
 

Lecoq destacó en la reunión la oportunidad de aplicar en bioeconomía un enfoque en cascada de los bienes en lugar del despilfarro: los desechos de un proceso agrícola o industrial pueden tener un gran provecho como materia básica en otros.


La bioeconomía ya factura anualmente más de dos billones de euros en Europa y da empleo a 22 millones de personas, según datos de la CE, que estima que cada euro invertido generará 10 euros de valor añadido en sectores bioeconómicos en 2025.
 

Mucha bioeconomía está en marcha en todo el mundo y se trata ahora de incentivar y coordinar el esfuerzo con mayor eficacia en Europa, pero también la experiencia ha sacado a la luz pegas y peligros. Los cultivos para producir biocombustibles, por ejemplo, compiten en muchas regiones con las cosechas de alimentos, poniendo en peligro la comida de millones de personas. “Hay que buscar equilibrio y eficacia, somos muy conscientes de esto”, señaló Lecoq.

 
También son muy conscientes del gran alcance de esta nueva estrategia europea los grupos de defensa medioambiental, como WWF, cuyos responsables explican que prefieren analizar con profundidad la iniciativa y sus implicaciones antes de de definir su posición.

 
Con la bioeconomía, la UE no olvida el objetivo recurrente de atenuar la distancia entre la ciencia de primera línea que se hace en Europa y su aplicación económica retardada. Pero no pretende hacerlo recortando las alas a la ciencia —también el Consejo Europeo de Investigación financia proyectos de bioeconomía—, sino impulsando los pasos a dar a partir de la puerta del laboratorio. Se trata de llegar hasta las empresas y el consumidor, explicó Patermann, poniendo énfasis en la coordinación a lo largo de toda la ruta: investigación científica desarrollo tecnológico, prototipos, plantas piloto e implantación industrial de los avances.


Por Alicia Rivera Madrid 15 FEB 2012 - 00:38 CET
 

Publicado enInternacional
Miércoles, 04 Enero 2012 06:38

La demolición de Canadá

Área betuminosa

La gran crisis del capitalismo está permitiendo a la plutocracia financiera dominante destruir una a una todas las grandes conquistas socioeconómicas de los pueblos. Parecería que nada puede resistir a esa brutal aplanadora que cotidianamente deja un tendal de desempleados y excluidos. Y Canadá no es una excepción.

En Canadá el 2011 terminó y el 2012 comienza con dos importantes cierres patronales (lock-out) para cortar los salarios y destruir a los sindicatos. El primer lock-out es el de la empresa Electro-Motive Canadá de London, provincia de Ontario, una filial de la transnacional Carterpillar de Estados Unidos (EE.UU.) que exige de sus 420 trabajadores la aceptación de una baja de 50 por ciento en el salario, las pensiones y beneficios. El segundo lock-out es en la fundición de la transnacional minera Río Tinto Alcan en Alma, provincia de Québec, donde 780 trabajadores fueron impedidos de entrar al trabajo después de semanas de negociaciones infructuosas para renovar el contrato colectivo de trabajo, que expiró el domingo pasado.

Ambos casos no sorprenden. La baja de salarios y de las pensiones, y el debilitamiento o la demolición de los sindicatos se han convertido en la norma en Canadá bajo el gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper, que además ha limitado –por no decir eliminado- el derecho de huelga en el sector público federal y en el sector privado de registro federal, como fue evidente durante la reciente intervención del gobierno para poner fin a las huelgas en Correos Canadá –una empresa autónoma- y en Air Canadá, una empresa privada.

El año comienza, si uno sigue los titulares de los grandes diarios canadienses, como el Globe an Mail (G&M), con el recordatorio de que en las primeras tres horas del 2012 los ricos empresarios o ejecutivos ya ganaron el equivalente del salario anual promedio de un trabajador en el 2010 (1), o sea 44 mil 366 dólares canadienses (el dólar canadiense está casi en paridad con el estadounidense), y que el ingreso promedio de los "grandes jefes de empresas" en el 2010 fue equivalente a 189 salarios anuales del trabajador promedio, o sea de ocho millones 385 mil dólares, según los cálculos del Centro Canadiense para Políticas Alternativas (CCPA, en su sigla en inglés). Por su parte el Toronto Star, diario de mayor circulación en el país, destaca la misma información, enfatizando que en el 2010 los 100 ejecutivos mejor pagados del país se concedieron un aumento del 27 por ciento, mientras que el trabajador canadiense promedio solo logró un alza de 1.1 por ciento, o sea menos que la tasa de inflación.
 

Implantando la desigualdad a marcha forzada


Para quienes han vivido en Canadá durante las últimas cuatro o cinco décadas, como es el caso de quien esto escribe, es visible y palpable la rápida demolición a partir de mediados de los 90 y con una fuerte aceleración desde mediados de la década pasada, cuando los conservadores de Harper llagaron al gobierno, de un sistema que había alcanzado - entro de las economías capitalistas avanzadas-, niveles de igualdad más comparables a los países nórdicos de Europa que a los de EE.UU., como es constatable en las gráficas que miden el "índice Gini" en las últimas tres décadas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El último informe de la OCDE sobre el aumento de la desigualdad en los países miembros (2) revela que desde mediados de los años 90 del siglo pasado se agranda la brecha entre ricos y pobres en Canadá: El tope de la pirámide canadiense, el uno por ciento de los ricos, vio pasar su parte de los ingresos totales del país de 8.1 por ciento en 1980 a 13.3 por ciento en 2007, y la parte de la riqueza que se apropian los más ricos, el 0.1 por ciento, pasó del dos al 5.3 por ciento.

En gran medida esto se explica por la baja de impuestos que favorece a los más ricos: la tasa marginal sobre los ingresos personales que impone el Estado federal bajó 14 por ciento: de 43 por ciento en 1981 pasó a 29 por ciento en 2010, según las cifras de la OCDE.

En cuanto las grandes y medianas empresas canadienses y extranjeras establecidas en el país, que según la agencia Estadísticas Canadá tienen atesorados en reservas y depósitos bancarios más de 583 mil millones de dólares canadienses y 276 mil millones en divisas extranjeras – lo que significa un aumento del 9.0 por ciento desde el 2010 y del 27.3% desde el 2007 -, en el 2012 y por quinto año consecutivo recibirán una baja de su tributación federal, un regalo de dos mil 850 millones de dólares del gobierno conservador de Harper.

En efecto, en el 2012 se aplicará un recorte de 1.5% a la tributación de las empresas, que de esta manera tributarán una tasa del 15.0%, o sea 7.5 por ciento menos que en el 2007, y 15.0 por ciento menos que en la década de los 90.

Como se pregunta el economista Jim Stanford, del sindicato de Trabajadores Canadienses del Automóvil (CAW, en su sigla en inglés), ¿por qué razón en tiempos de déficits fiscales el gobierno se endeuda aun más para aumentar los flujos de capital de empresas que no están invirtiendo en la economía el capital sobre el cual están sentadas?

La creciente desigualdad de ingresos en Canadá se debe en gran medida a la combinación de varios factores, y en particular a la liberalización comercial que comenzó con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.) a finales de los 80 y fue ampliado a México (el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) en los 90. Esta liberalización comercial condujo directamente a la aplicación de las políticas de "flexibilización" del mercado laboral, o sea al combate contra los sindicatos para eliminar los contratos colectivos laborales que aseguran el empleo a tiempo completo, a la reducción de salarios, pensiones, beneficios marginales y condiciones laborales, y a la instauración del "trabajo independiente", que como señala el informe de la OCDE sobre Canadá "incrementa la desigualdad de ingresos" porque los trabajadores "autoempleados" en general ganan menos, no tienen pensión asegurada ni tampoco gozan de beneficios marginales.

En otras palabras, en una economía capitalista la sindicalización asegura mejores salarios para los trabajadores adherentes, pero también impulsa el aumento del salario mínimo. La eliminación de los sindicatos, el objetivo de la política neoliberal, es para reducir los salarios, las pensiones y empeorar las condiciones laborales.

Craig Riddell, economista especializado en asuntos laborales de la Universidad de Colombia Británica, afirma que el 20 por ciento de la desigualdad en materia de ingresos que se produjo en las últimas décadas en Canadá puede ser atribuida "a la baja de la densidad sindical", y agrega que esto es particularmente constatable en el sector privado, donde la baja de "densidad sindical" ha sido mas pronunciada.

Al papel de los sindicatos en la reducción de la desigualdad de los ingresos se han unido, históricamente, las medidas de redistribución del ingreso adoptadas a mediados de la década de los años 30 para combatir la Gran Depresión, incluyendo la tributación progresiva y las políticas de pleno empleo – el llamado Estado benefactor -, políticas estas que han sido o están siendo abolidas en las naciones del capitalismo avanzado donde están siendo aplicados los programas de austeridad para "reducir" los déficits fiscales.

De ahí la importancia del decreciente papel del Estado en la redistribución de la riqueza a través de la fiscalidad: Hasta mediados de los años 90, según la OCDE, el sistema tributario y de redistribución fiscal canadiense era tan efectivo para contrarrestar la desigualdad como los existentes en los países Nórdicos de Europa, logrando compensar más del 70 por ciento de la desigualdad por los ingresos provenientes del mercado (ganancias bursátiles, etcétera). El efecto de la redistribución ha declinado desde entonces y ahora "los impuestos y los beneficios solo compensan menos del 40 por ciento del aumento de la desigualdad".
 

De Canadá al AcáNada


En el diario G&M del pasado 16 de diciembre el académico canadiense Gerald Caplan alerta, en un articulo titulado "Be very afraid: Stephen Harper is inventing a new Canada", que hay que temer mucho el "nuevo Canadá" que el primer ministro Harper "está inventando" desde que llegó al gobierno en el 2006, y que ya "ha transformado dramáticamente el viejo Canadá".

Caplan destaca que en Harper se ve la "naturaleza de los verdaderos creyentes e ideólogos que creen que cualquier medio justifica sus sagrados fines", y retoma lo expresado por el analista canadiense Laurence Martín –del G&M-, de que al igual que los conservadores estadounidenses de quienes los ‘harperitas’ tienen tanta envidia, nuestro gobierno ha fabricado una nueva realidad que está imponiendo al pueblo canadiense.

El elemento central de la "nueva realidad" es la repudiación, cuando no le conviene al gobierno, de cosas tan "irrelevantes como las evidencias, hechos concretos o la racionalidad", y después enumerar ejemplos bien concretos a partir de acciones ministeriales, Caplan enfatiza que los "valores (del Canadá de Harper) exigen cambios fundamentales en nuestro proceso de gobierno, como el ataque directo de los sindicatos, las medidas sin precedentes adoptadas para silenciar a las organizaciones no-gubernamentales, la mordaza de los ostensiblemente independientes supervisores federales, y el desprecio de décadas de valiosa diplomacia canadiense en la ONU.

"El nuevo Canadá es un lugar donde se le ha dado al militarismo un más preciado lugar que a las operaciones para mantener la paz", y cita a Martín, para quien "bajo Stephen Harper el gobierno devino totalmente intrusivo () Los controles de Estado están ahora en el punto máximo de toda nuestra historia moderna. Y todas las indicaciones muestran que seguirán extendiéndose".

Cualquier observador de la política canadiense puede constatar el desprecio manifestado por el actual Ejecutivo hacia el Parlamento; el cambio radical en materia de política exterior para alinearse con las políticas más agresivas de EE.UU. e Israel; la salida del Tratado de Kioto para torpedear cualquier avance destinado a frenar el recalentamiento global; la conclusión de tratados y acuerdos (como el relativo al perímetro de seguridad continental con EE.UU.) negociados sin consultas y a espaldas del Parlamento, entre otras muchas cosas más.

La lista es larga, y como escribe el analista Campbell Clark al hacer un balance del 2011 (G&M, 28 de diciembre 2011) "en un año en el que el mundo fue sacudido por la crisis financiera y las insurgencias árabes, también sufrió cambios la posición de Canadá. Antes de salirse del campo de batalla en Afganistán, en julio, (el gobierno) se unió a la guerra aérea en Libia. Al terminar (esta guerra) el señor Harper cantó victoria, y prometió que los militares estaban listos para más (misiones). (Harper) bloqueó parte de la declaración de la reunión de los lideres del G8 que exhortaba a negociaciones de paz en Israel, y resistió a la mayoría (de la Asamblea General) de Naciones Unidas al oponerse vocalmente al pedido de reconocimiento de un Estado palestino".

Entre las instituciones canadienses que peligran, porque los conservadores no aceptan criticas ni mención de otra opinión que la gubernamental, está la emisora pública Radio-Canadá/Canadian Broadcasting Corp.

El 2012 también comienza en este Canadá de Harper con la iniciativa gubernamental para establecer, dentro del ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina de Libertad Religiosa (OLR), vista por analistas como otro signo del viraje conservador en materia de política exterior, y sin duda uno que entrelaza de manera sólida al gobierno conservador canadiense con los movimientos religiosos con posiciones muy conservadoras en el país y el extranjero. La OLR, según el G&M, podrá criticar públicamente a los "regímenes" que maltraten a las minorías religiosas, y sin necesidad de pasar por los filtros moderadores de la diplomacia ni expresar la posición del Parlamento.

En el "viejo Canadá" de la democracia liberal en un capitalismo bastante regulado, con sus muchos defectos que siguen vigentes o se agravan aun más bajo el gobierno de Harper, como la terrible situación de muchísimas comunidades indígenas, había empero muchas cosas positivas porque en el marco de América del Norte era la única sociedad relativamente igualitaria, progresista, afable, tolerante social y políticamente.

País de instituciones respetadas y respetables, con un Parlamento vibrante por el respeto de la división de poderes, del procedimiento legislativo y la vigencia de la oposición, con una política exterior con una que otra arista de independencia, ese Canadá está siendo arrasado por un gobierno que, al final de cuentas y más allá de los taparrabos usuales, retórica populista, cuestiones morales o religiosas, está sin vergüenza alguna al servicio directo de intereses económicos privados. ¿Cuáles?: Los principales son las compañías petroleras que explotan el sucio petróleo bituminoso de Alberta y quieren acceder a explotar el petróleo y el gas natural en las aguas de Ártico para abastecer el mercado estadounidense; las compañías mineras y de transformación de metales que explotan yacimientos de oro, plata, cobre, cinc y demás minerales en todos los continentes, y particularmente en América latina; de los intereses de grandes bancos de depósitos e inversiones canadienses, como el Bank of Nova Scotia (Scotiabank), para citar uno que tiene tentáculos en casi toda América latina.

Notas

(1) El CCPA utiliza las cifras del 2010 porque no estaban disponibles las del 2011.
(2) OCDE: http://www.oecd.org/document/10/0,3746,fr_2649_33933_49147850_1_1_1_1,00.html

- Alberto Rabilotta es periodista argentino.

Publicado enInternacional
Shell causa el peor derrame de petróleo de la década en Nigeria
Nigeria se encuentra en estado de alerta después de que la compañía Shell anunciara el derrame de unos 40.000 barriles de petróleo en la costa de este país del África occidental.

El vertido, que se ha extendido por unos 185 kilómetros de océano, sería el peor en Nigeria desde el que en 1998 afectó a un yacimiento de la multinacional petrolífera Mobil, según la Agencia nigeriana Nacional para la Detección y Respuesta ante Derrames de Petróleo (NOSDRA, en inglés).

El vertido se suma al anuncio del presidente Goodluck Jonathan, que declaró estado de emergencia el sábado en partes de Nigeria asoladas por una violenta insurgencia islamista y ordenó el cierre de las fronteras con Camerún, Chad y Níger.

El accidente se produjo el día 20 mientras el petróleo era transportado desde una plataforma flotante en el yacimiento de Bonga a un buque cisterna a unos 120 kilómetros mar adentro desde el delta del Níger. El sitio de Bonga, que produce unos 200.000 barriles diarios, ha sido cerrado temporalmente como consecuencia del vertido.

“Lamentamos que este derrame haya ocurrido, en cuanto lo supimos detuvimos la circulación del petróleo y movilizamos nuestros recursos y los de la industria para asegurar que los efectos son minimizados”, ha dicho en un comunicado Mutiu Sunmonu, presidente de Shell Nigeria.

Según la propia compañía, alrededor de la mitad del petróleo derramado se ha disipado debido a “la evaporación y a la dispersión natural”. Shell reconoce que el área afectada es muy grande pero señala que la capa de petróleo es muy fina.

Sunmonu ha insistido en que están haciendo todo lo posible para limpiar el vertido cuanto antes: “Estamos enviando barcos con dispersante para disolver la mancha de petróleo, estamos movilizando aviones para que apoyen a los barcos y también equipamiento de infrarrojos para poder trazar las pocas áreas donde la capa puede ser más ancha”.

Sin embargo, estas palabras servirán de poco alivio a los habitantes de una de las zonas más afectadas por derrames de este tipo en el mundo, y donde Shell cuenta con un negativo historial de sucesos.
Cada año se vierte más petróleo en la región del delta del Níger que el derramado el año pasado por BP en el golfo de México y que fue noticia durante semanas. Solo entre 1970 y 2000 hubo más de 7.000 vertidos de petróleo y aún quedan miles de sitios por limpiar, según cifras del Gobierno nigeriano. Y de estos derrames, más de 1.000 se atribuyen a Shell.

La propia compañía admitió en agosto su responsabilidad por dos enormes vertidos ocurridos en 2008 en los pantanos de la zona de Bodo. Entonces, más de 300.000 barriles de petróleo contaminaron los terrenos y afectaron a 69.000 personas, según las autoridades locales.

También en agosto, un informe de Naciones Unidas afirmó que tratar adecuadamente la zona de Ogoniland en Nigeria supondría la mayor limpieza de residuos petrolíferos de la historia y que costaría unos 1.000 millones de dólares. Este informe nombraba a Shell como una de las causantes del desastre medioambiental en Ogoniland.

(Con información de Agencias)
Publicado enInternacional

Australia pondrá en marcha próximamente un impuesto para penalizar a los grandes emisores de CO2, uno de los principales gases causantes del efecto invernadero y el cambio climático. La tasa gravará a partir del año que viene con 23 dólares australianos (17,3 euros) la emisión de cada tonelada de dióxido de carbono, según ha anunciado la primera ministra australiana, Julia Gillard. Con esta tasa, Australia pretende reducir 159 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para 2020, lo que significa reducir las emisiones un 5% en relación con los niveles de 2000.

"Como nación, necesitamos ponerle un precio al carbono y crear un futuro con energía limpia", ha dicho Gillard, al anunciar el plan del Ejecutivo, que ya cuenta con el apoyo necesario para que sea aprobado próximamente en el Parlamento. La medida, que entrará en vigor a partir del 1 de julio del año que viene, afectará a las compañías que emitan al menos 25.000 toneladas de CO2 al año, es decir, unas 500 grandes empresas contaminadoras, principalmente del sector eléctrico, minero y de la energía. Según las cifras del Gobierno, el CO2 que dejará de emitirse equivale a sacar de la circulación unos "45 millones de coches".

El impuesto aumentará anualmente un 2,5 % en términos reales hasta 2015, año en que se dará paso a un esquema de comercio de emisiones similar al de la Unión Europea (UE) donde el mercado internacional fijará los precios.

Este plan, que cuenta con solo un 30 % de apoyo popular, es considerado como uno de los más ambiciosos después del sistema creado en la UE en 2005 para regular las transacciones de derechos de emisión entre los sectores más contaminantes.

Australia contribuye con el 1,5 % de la emisión global de gases de efecto invernadero, menos que EE UU, China, Rusia, la India y Japón, pero es una de las naciones más contaminantes del planeta en términos per cápita.

El líder de la oposición, el conservador Tony Abbott, subrayó que el plan del Gobierno australiano no contribuirá a mitigar el cambio climático, ya que se pronostica que China y la India aumentarán sus emisiones un 500 y un 350 %, respectivamente. Abbott exigió que Australia afronte el cambio climático en "un contexto internacional apropiado", al insistir en que el nuevo impuesto tendrá un impacto negativo en los empleos y en los bolsillos de los australianos.

El Tesorero de Australia, Wayne Swan, quien acompañó en la rueda de prensa a Gillard, admitió que la reforma costará unos 4.300 millones de dólares locales (4.619 millones de dólares estadounidenses o 3.243 millones de euros) en los próximos cuatro años, principalmente en gastos vinculados a su implementación.

Australia, que depende en casi un 80 % del carbón para generar electricidad, tiene previsto cerrar para 2020 la mayoría de las centrales eléctricas de carbón, promover las inversiones en el desarrollo de energías limpias y el desarrollo de tecnologías menos lesivas al medio ambiente.

Para mitigar los efectos de su polémico plan, Camberra destinará en los próximos tres años unos 9.200 millones de dólares locales (9.884 millones de dólares o 6.938 millones de euros) para apoyar a la industria afectada por el impuesto, principalmente en el sector siderúrgico, del aluminio y zinc, así como las papeleras. A partir de 2013, el Gobierno establecerá un fondo de 10.000 millones de dólares locales (7.542 millones de euros) para promover en los próximos cinco años las inversiones en energías limpias y renovables. Las autoridades también otorgarán unos 15.000 millones de dólares locales (11.313 millones de euros) en reducciones tributarias y ayudas sociales adicionales para unos 4 millones de hogares afectados indirectamente por la medida. El impuesto excluye al sector agrícola y a los combustibles para uso personal o de los pequeños negocios, aunque afectará al diesel que utiliza el transporte pesado a partir de 2014.

Publicado enInternacional
Al comenzar las negociaciones de cambio climático en Bonn, Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención de Cambio Climático, declaró que vamos hacia "un escenario donde tendremos que desarrollar tecnologías más poderosas para poder absorber el carbono de la atmósfera" (The Guardian, F.Harvey, 5/6/11).

Se refería a la geoingeniería, la manipulación a gran escala de los ecosistemas del planeta para cambiar el clima. Impresiona que la propia secretaria de la Convención no crea en la negociaciones multilaterales y se sume al coro de empresas contaminantes y científicos del Norte que, desde diferentes ópticas, convergen en promover la manipulación climática. Sería más razonable que Figueres se dedicara a promover soluciones reales que vayan a eliminar las causas de la crisis, en lugar de promover tecnologías peligrosas, mercados de carbono y carta blanca a los países más contaminantes para que no firmen compromisos de reducciones. En lugar de proponer métodos altamente riesgosos para "absorber el carbono", podría trabajar para que no se siguiera emitiendo.

Pero la geoingeniería es una propuesta excelente para gobiernos y empresas que no quieren cambiar nada: así pueden seguir calentando el planeta y además generar nuevas ganancias empresariales con el supuesto "enfriamiento del planeta" con geoingeniería.

También el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) se plantea analizar la geoingeniería: a propuesta de algunos científicos que la promueven, convocó en Lima, Perú, del 20 al 22 de junio 2011, un taller de expertos sobre geoingeniería.

Allí se presentarán propuestas como bombardear con aerosoles azufrados la estratosfera para imitar una nube volcánica que desvíe los rayos solares (para bajar la temperatura), fertilizar masivamente el oceáno con hierro para absorber carbono, cambiar la química de los mares, crear cultivos transgénicos que reflejen más la luz del sol, blanquear nubes y otras por el estilo. Son propuestas riesgosas e impredecibles, con un espectro de impactos tan amplios, que es difícil entender que el IPCC dedique recursos a esta especulación. Existen además en Naciones Unidas dos moratorias contra estas tecnologías, basadas en el principio de precaución: una sobre fertilización oceánica, desde 2008, y otra más amplia sobre geoingeniería, decidida en 2010.

Quizá el IPCC se proponga contribuir con análisis científicos para consolidar las bases de esas moratorias –seguramente habrá participantes críticos que así lo consideran–, pero no es una buena señal que en el comité organizador del taller haya varios científicos a favor de la geoingeniería, y algunos que han solicitado patentes sobre las mismas y cuya investigación es financiada para esos fines.

También es grave que IPCC haya anunciado que además de analizar estas propuestas megalómanas, también discutirá la "gobernanza" de la geoingeniería y los "factores sociales, legales y políticos" que la rodean. Pese a ello, no permiten la entrada a organizaciones de la sociedad civil que hemos estado siguiendo seriamente el tema desde hace años, ni siquiera como observadores.

Ante estas actitudes, 125 organizaciones de la sociedad civil, indígenas, campesinos y ambientalistas, de más de 40 países, enviaron el 13 de junio una carta abierta al presidente del IPCC demandando que este organismo honre el principio de precaución y no se dedique, como afirma en el anuncio del taller, a definir "el rol de la geoingeniería en el portafolio de opciones de mitigación" al cambio climático (www.etcgroup.org), lo cual en sí mismo es una contradicción, en parte porque parece aceptar un rol para estas tecnologías y además porque la geoingeniería nunca fue ni será "mitigación", es seguir con el status quo que provocó el cambio climático, aplicando tecnologías que podrían incluso empeorar la situación en muchas regiones del mundo.

Las organizaciones firmantes, que incluyen a Amigos de la Tierra Internacional, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la Vía Campesina y varias redes internacionales y nacionales, son mayoría del Sur global, al contrario de los científicos que promueven la geoingeniería. Es lógico, los que tienen la tecnología y los recursos para desplegar la geoingeniería son países, empresas y hasta individuos muy ricos del Norte global (como Bill Gates, que ha financiado experimentos de blanqueo de nubes y tiene patentes sobre otras tecnologías de geoingeniería) mientras que los impactos, seguramente se sentirán sobre todo en el Sur.

Por ejemplo, una de las tecnologías más promocionadas es crear artificialmente nubes volcánicas, lanzando a la estratósfera nanopartículas azufradas, lo cual podría disminuir la radiación solar, bajando la temperatura. Habría que continuar por tiempo indefinido reinyectando partículas periódicamente, mientras otras caen y contaminan oceános, tierra, plantas, animales y cientos de miles de personas (es tóxico, como cuando baja una nube volcánica). Si lograran que la nube tóxica permanezca, cambiaría los monzones y vientos en África y en Asia, poniendo en riesgo la fuente de agua y alimento de 2000 millones de personas, aproximadamente la tercera parte de la población mundial. ¿Hace falta comentar?

La manipulación climática tiene orígenes militares, y que ahora digan que es para la "guerra al cambio climático", no cambia ni sus características ni su esencia, ni su uso potencial: solamente cambia el discurso. Podría ser usada contra países que no sabrán ni de donde salió el desastre.

La geoingeniería no altera, en ningún caso, las causas de la crisis climática, pero conlleva tantos riesgos, que más que seguir buscando formas de justificarla y dedicar recursos a su investigación, debería ser prohibida.

Silvia Ribeiro*
*Investigadora del Grupo ETC
Publicado enInternacional
Jueves, 09 Junio 2011 19:34

Una perfecta tormenta de estupidez

“El cielo alborotado revela el dolor que siente.”

Estos versos fueron escritos por Henry Wadsworth Longfellow en su poema “Copos de Nieve”, publicado en 1863 junto a su célebre poema épico “La cabalagata de Paul Revere”. Gran parte del parloteo informativo de esta semana se centró en el desafortunado comentario de Sarah Palin acerca de la historia de la famosa cabalgata de Revere en abril de 1775. Revere estaba en una misión clandestina de medianoche para alertar a los revolucionarios estadounidenses sobre un inminente ataque británico. La versión incorrecta de Palin indica que Revere, montado a caballo, hizo sonar una campana y disparó un arma como advertencia para que los británicos se retiraran.

También es lamentable que los medios hayan gastado horas y horas en habar de la noticia de una serie de indiscreciones sexuales en Internet del congresista de Nueva York Anthony Weiner. Para aumentar el sensacionalismo–y entre comerciales de las industrias de petróleo, gas, carbón y energía nuclear-, se ve una noticia tras otra acerca de eventos climáticos extremos. Aquí reside el verdadero escándalo: ¿Por qué los meteorólogos de la televisión no acompañan cada noticia acerca de “condiciones climáticas extremas” con las palabras “cambio climático”? Necesitamos un Paul Revere de nuestro tiempo, ecologista, que advierta a la población sobre esta inminente amenaza.

Quién mejor para cumplir esa función que Bill McKibben, que ha hablado y escrito sobre el cambio climático y ha impulsado una organización a nivel mundial para combatirlo desde hace más de dos décadas. Le pregunté recientemente acerca de la vinculación entre las condiciones climáticas extremas y el cambio climático:

“Lo que sucede es que estamos haciendo de la Tierra un lugar más dinámico y violento. Eso es en esencia de lo que se trata el calentamiento global. Hemos retenido más energía solar dentro esta delgada capa atmosférica, y eso ahora se está expresando de diferentes maneras. No tenemos la certeza de que cierto tornado en particular haya sido provocado por el cambio climático. Siempre ha habido tornados. Pero sí sabemos que somos testigos de grandes niveles de actividad de tormentas eléctricas, inundaciones, sequías, de todas las cosas de las que los climatólogos nos vienen advirtiendo”.

McKibben, fundador de 350.org, una organización de base de acción por el clima, critica la cobertura que hacen los medios de los desastres climáticos: “Usted vio las fotos de Queensland en Australia, porque en Queensland, Australia hay mucha población blanca y cámaras de televisión. Pero no se han visto fotos similares de Sri Lanka, de Vietnam, de Filipinas, del noroeste de Río en Brasil, ahora tampoco de Colombia, lugares que han sufrido grandes inundaciones similares”.

Cuando McKibben habla de la Tierra como un “lugar más dinámico y violento”, se está refiriendo al clima. Pero el cambio climático podría provocar cada vez más violencia política real. Esta semana tuvo lugar en Oslo la Conferencia Nansen sobre Cambio Climático y Desplazamiento, en la que expertos de diferentes países se reunieron para trabajar sobre el creciente problema de los refugiados climáticos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, advirtió de dos amenazas: los desastres de evolución lenta, como las sequías y la desertificación, que llegan a “un punto de inflexión en el que las vidas y el sustento de las personas se ven seriamente amenazados hasta tal punto que no tienen otra opción que abandonar sus hogares” y “los desastres naturales que desarraigan a grandes cantidades de personas en cuestión de horas”.

Una de las principales preocupaciones es que a esos millones o quizá miles de millones de personas, que son o serán desplazadas, se les negará un refugio seguro. Como Naomi Klein, una verdadera Paula Revere, advirtió recientemente: “El cambio climático es la mayor crisis de todas, y mi temor es que si no somos cuidadosos, si no planteamos una visión positiva de cómo el cambio climático puede hacer que nuestras economías y nuestro mundo sean más justos, habitables, limpios y equitativos, entonces esta crisis será explotada para militarizar nuestras sociedades, para crear continentes fortificados”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha advertido también que la mayoría de los refugiados climáticos serán desplazados en sus propios países. Y no hace falta ir a Pakistán para ver pruebas de ello. Esta semana en Estados Unidos, la gente se vio obligada a huir de tornados en el oeste de Massachusetts, de inundaciones en Iowa y Colorado, e incendios forestales en Arizona. En Washington, D.C. y Texas los niveles históricos de calor están amenazando la vida de la gente, cuando aún no han llegado los meses más calurosos del verano.

No muy lejos de Oslo, en Bonn, Alemania, más de 3.000 delegados de 180 países se encuentran reunidos para definir un plan de trabajo de cara a la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, que se realizará en Durban, Sudáfrica en diciembre. En el discurso que pronunció en el encuentro, Tove Ryding, de Greenpeace dijo: “De lo que estamos hablando aquí es de hecho de millones de puestos de trabajo ecológicos, de transformar a nuestras sociedades a sistemas de energía seguros, estables y basados en energía renovable y eficiencia energética”.

Esa iniciativa, dejar de depender de los combustibles fósiles y de la energía nuclear para volcarse a la energía renovable, está siendo apoyada cada vez por más países, especialmente tras el desastre de Fukushima. Japón acaba de confirmar la fusión de los núcleos de tres de los reactores nucleares de Fukushima.

Suiza y Alemania anunciaron que eliminarán progresivamente la energía nuclear. China, Alemania y Japón, tres de las cinco economías más importantes del mundo, están adelantándose a invertir en la investigación y utilización de fuentes de energía renovables.

El irrisorio financiamiento del gobierno de Obama para investigación en energía renovable es opacado por las decenas de miles de millones de dólares en subsidios a las industrias del petróleo, el carbón y la energía nuclear.

El clima mundial está cambiando, y los seres humanos son la principal causa. Nosotros, en Estados Unidos, el mayor contaminador histórico del mundo, ¿haremos caso a las advertencias de nuestros Reveres ambientales, o el cielo alborotado, como escribió Longellow, revelará cada vez más el dolor que siente?

—————————

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Publicado enInternacional
La crisis ya no afecta a las emisiones de dióxido de carbono (CO2): la industria energética vertió un volumen récord de estos gases contaminantes el año pasado y convirtió en "casi una utopia" la aspiración de la comunidad internacional de limitar el calentamiento global a unos dos grados centígrados, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El 44% de las emisiones de CO2, uno de los principales causantes del efecto invernadero que amenaza con incrementar la temperatura media global del planeta, provinieron del carbón. El 36% están vinculadas al sector del petróleo y el 20% al del gas natural. Se trata de las tres industrias que deben comprometerse a reducir sus emisiones para atajar el riesgo del calentamiento global, ha señalado la AIE en un comunicado.

Las emisiones alcanzaron unas 30,6 gigatoneladas (Gt), el 5% más que el anterior récord, alcanzado en 2008 (29,3 Gt). En 2009 las emisiones se redujeron por el parón económico global, por lo que los expertos confiaban en que la crisis redujera los efectos del calentamiento global. El crecimiento de China, India, sin embargo, ha revertido esa tendencia. "A menos que se tomen decisiones importantes muy pronto, será muy difícil lograr contener el calentamiento a menos de dos grados", ha advertido el doctor Fatih Birol, economista jefe de la AIE. La AIE calcula que para cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global a unos dos grados centígrados, las emisiones anuales no deberían exceder las 32 Gt en 2020. "Estamos muy cerca de ese límite, es una mala noticia", ha advertido Birol.

Pese al incremento de emisiones en los países en vías de desarrollo, el calentamiento global sigue siendo una amenaza gestada en los países desarrollados, principalmente los del mundo occidental. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) representaron el 40% del CO2 generado en el mundo, aunque solo contribuyeron en una cuarta parte sobre el incremento constatado en 2010. Cada ciudadano de la OCDE genera de media unas 10 toneladas de ese gas, mientras en China y la India esa cifra cae hasta las 5,8 y las 1,5 toneladas, respectivamente.

El 80% de las emisiones, garantizadas

La perspectiva es embrollada porque el 80% de las emisiones previstas en el sector energético para 2020 ya están garantizadas: proceden de centrales que están en marcha o en construcción y que tendrán capacidad para emitir más de tres cuartas partes del total de emisiones de dióxido de carbono permitidas para la próxima década. "La fijación de las emisiones de futuro representan un serio revés para las esperanzas de limitar el aumento global de la temperatura a no más de dos grados", ha indicado Birol.

Esta tendencia implica el 50% de posibilidades de que las temperaturas medias en el planeta aumenten hasta más de cuatro grados centígrados el próximo siglo. "Un calentamiento de este calibre así puede ser desastroso para la vida en la Tierra", ha señalado Lord Stern, profesor de la London School of Economics experto en el calentamiento global.

FERRAN BALSELLS |
Publicado enInternacional