MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Sábado, 05 Junio 2010 08:48

Manchas

Las “manchas”, del más diverso tipo ganaron las primeras planas noticiosas en los últimos días. Una de las más prominentes es la ocasionada por el derrame de petróleo en el Golfo de México, que se sigue expandiendo y amenaza con convertirse para el presidente Barack Obama en algo peor que lo que fue el huracán Katrina y sus consecuencias para su antecesor George Bush. Podría decirse mucho sobre la virtual declaración de derrota del mandatario estadounidense cuando admite que no tiene medios y recursos para detener el desastre ecológico. El poderoso Estado norteamericano es incapaz de poner límite a los perjuicios causados por una empresa privada que, en busca de maximizar sus ganancias, tampoco se preocupó antes de estimar los riesgos y prevenir las medidas necesarias ante la posibilidad de una catástrofe de este tipo. No es la derrota de los Estados Unidos o de Obama en particular, sino un nuevo retroceso de la humanidad frente a la voracidad capitalista que sólo repara en la superexplotación irracional de los recursos naturales y que se nos suele presentar como “desarrollo”. El filósofo francés Edgar Morin escribió ya en el 2002 que “el desarrollo, incluso en su forma suave de desarrollo sostenible, consiste en seguir la vía que conduce al desastre”, y sostuvo sin vueltas que “hay que cambiar de vía para un nuevo comienzo” (en Morín, E., ¿Hacia el abismo?, Paidós, Buenos Aires, 2010). Tal como lo señala el analista francés, lo que está en tela de juicio es el modelo de desarrollo, y con ello la racionalidad y los equilibrios que la sociedad internacional necesita para su propia sobrevivencia. Y para este fin es evidente que no funcionan los organismos y los espacios internacionales, incluso aquellos que se adjudican la gobernanza global. En primer lugar porque el sistema internacional está viciado en sus bases: no todas las opiniones valen lo mismo ni hay condición alguna de igualdad entre los estados. Basta con advertir lo que pasa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando como un mecanismo permanente de legitimación de los abusos de los poderosos y sus aliados. Pero también en situaciones que nos atañen más directamente, como la acción abusiva de Gran Bretaña en las aguas de Malvinas. ¿Acaso alguien piensa que el pronunciamiento formal, mayoritario, recurrente y reiterado de los distintos foros internacionales a favor de la reapertura de las negociaciones por la soberanía del archipiélago entre argentinos y británicos producirá algún cambio en la posición de Londres? Pensar que ello puede ocurrir sería tan ingenuo como sostener la presunta neutralidad de Estados Unidos, en 1982 y ahora, en esa disputa.

No habría que desconectar totalmente estos episodios de lo ocurrido frente a Gaza por la irracional acción de las fuerzas armadas israelíes contra la flota de barcos encabezados por el Mavi Marmara. Es una mancha de otro tipo. Aun corriendo el riesgo de equivocación –por la distancia y las múltiples mediaciones que tiene la noticia–, casi se podría decir que la condición de “partidarios violentos del terrorismo” que Benjamin Netanyahu pretende adjudicarles a los participantes de la llamada “flota humanitaria” es un nuevo exceso verborrágico para ocultar los errores propios. Y que las armas que los israelíes denuncian que estaban a bordo de los barcos repletos de ayuda humanitaria para Gaza son tan inexistentes como las “armas químicas” que los norteamericanos usaron de pretexto para arrasar Irak y acabar con Saddam Hussein. Estados Unidos, igual que en el caso anterior pero ahora claramente a favor de sus intereses en la región, declaró también su “impotencia”: se “lamentó” por las víctimas, pero no condenó a Israel. Faltó decir que “el fin justifica los medios”, como sí lo dicen de diferentes maneras muchos representantes del Estado israelí.

En todo caso, el pueblo palestino de Gaza no puede seguir siendo otra víctima inocente del conflicto árabe-israelí. Partiendo de la condena a cualquier tipo de terrorismo, está ciertamente demostrado que el uso de la fuerza irracional, tampoco por parte de los estados, no es una vía para alcanzar la paz duradera.

Las dos manchas se conectan por un cordón umbilical: la política imperialista de los poderosos. Que son estados o empresas o una combinación de ambos. Que se expresan política y económicamente. Y que tienen como víctimas a pueblos, grupos y comunidades que son rehenes de las decisiones del poder y de sus ambiciones. Situación que sólo es posible modificar a través de una nueva forma de relaciones internacionales en las que reine una ciudadanía democrática planetaria. ¿Mirada ingenua o utópica? Seguramente tan ingenua como utópica, pero imprescindible para evitar más manchas que conduzcan a más catástrofes. Habrá que construir entonces la viabilidad para un mundo con relaciones diferentes. Es tarea de todos. Morin dice en el mismo texto citado anteriormente que “tomar conciencia de los peligros puede ser un golpe de efecto para encaminarse en la vía de la sabiduría” y que “la vía de la sabiduría requiere una toma de conciencia capital de la solidaridad humana y el destino de una comunidad planetaria” (pág. 112). Ojalá que así sea.

 Por Washington Uranga
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Viernes, 04 Junio 2010 05:58

En memoria de todo lo que se perdió

Nueva Orleáns – La ira se puede sentir en todo el Delta del Mississippi. Mientras el géiser de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon, casi un kilómetro y medio bajo el agua, continúa intacto, la peor parte de esta catástrofe ambiental, la mayor en la historia de Estados Unidos, se expande hacia la costa, con impactos sobre el medio ambiente, la economía y todas las formas de vida.

Recorrí los pantanos y las ciudades de la costa de Luisiana para conocer a la gente que se encuentra directamente afectada por la llegada de la marea negra de BP. Están enfadados, sin trabajo y leen en los periódicos acerca de personas que se están enfermando.

Una persona que mantiene su trabajo—al menos por ahora—es el Presidente Ejecutivo de BP, Tony Hayward. Hayward, que ganó un sueldo de más de 4,5 millones de dólares en 2009, el domingo dijo lo siguiente: “Nadie quiere más que yo que esto se termine. Me gustaría recuperar mi vida”. Con cada una de sus nuevas declaraciones, que claramente pretenden minimizar la percepción del impacto del desastre de BP, Tony Hayward resulta más desprestigiado. Probablemente sea cada vez más cauto en sus comentarios, ya que el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, acaba de recorrer el área y en una declaración pública, dijo: “Hemos iniciado tanto una investigación penal como civil, ya que es nuestra obligación por ley. Nuestras leyes ambientales están muy claras, y tenemos la responsabilidad de cumplirlas, y lo haremos”.

En Grand Isle, Louisiana, conocimos a Dean Blanchard, propietario del mayor negocio de camarones de la zona. Nos llevó en su bote, donde dijo lo que pensaba sobre el Presidente Barack Obama, alguien a quien en un momento apoyó: “El Presidente debería estar avergonzado. Él es, lo responsabilizo en este momento. El Presidente, yo voté por él. Fue uno de los peores errores que cometí. Pensé que era un hombre y que iba a traer cambio. Pero si esto es cambio, no es cambio para mejor. El Presidente debería estar avergonzado”. Los padres y abuelos de Blanchard eran pescadores de camarón. Con su fuerte acento Cajún, explicó el efecto de las mareas sobre el derrame de petróleo: “Me gané la vida observando las mareas. Nosotros capturamos camarones. No es posible ver a los camarones. ¿Ud. sabe cómo nos enteramos de donde está el camarón? Por las mareas. Cuando la marea se aleja, cuanto más baja es la marea, más agua regresa y cuando el agua regresa trae todo consigo. Generalmente trae el camarón, pero esta vez va a traer el petróleo”.

Dean Blanchard dice que los pescadores son como los agricultores: “Es preciso entender como funciona nuestro negocio. Ellos no solo nos dejaron sin negocio en medio de una semana. Somos como agricultores. Perdemos dinero en enero, febrero, marzo y abril, y nos preparamos para sembrar nuestro cultivo en mayo, junio y julio. De manera que gastamos mucho dinero preparándonos para tener todo listo en mayo, y cuando llegó mayo estábamos totalmente clausurados, de manera que ni siquiera llegamos a empezar”. Le pregunté cuánto dinero perdió: “Casi un millón y medio de dólares”, me dijo.

Muchos propietarios de botes camaroneros fueron contratados por BP para trabajar en la limpieza del derrame. Un pescador local, John Wunstell Jr., fue llevado de apuro al hospital con problemas respiratorios que atribuyó al medio ambiente nocivo.

Él y otros afirman que BP les prohibió utilizar máscaras, y presentó un pedido de actuación judicial para obligar a BP a que proporcione máscaras y otros equipos de protección para los trabajadores de la limpieza. ¿Cuál fue la respuesta de Hayward, de BP? “Estoy seguro de que realmente están enfermos, pero no se sabe si eso está relacionado con los dispersantes y el petróleo, o si se trató de intoxicación por alimentos o hubo otro motivo para que se enfermaran. La intoxicación por alimentos es claramente un gran problema cuando tienes una concentración de este número de personas en campos de trabajo temporario, en alojamientos temporarios. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es uno de los grandes problemas de mantener a un ejército funcionando. Los ejércitos marchan en base a sus estómagos”.

Dean Blanchard estaba furioso. ¿Por qué, preguntó, BP confiscó la ropa que vestían los trabajadores luego de que se pusieran las batas que les dio el hospital? Y se respondió: “Simplemente está buscando una excusa. Si le preocupaba tanto la comida, ¿por qué confiscó la ropa de la gente que fue trasladada al hospital? Una vez que les pusieron las batas del hospital, BP se llevó su ropa, eso es lo que tengo entendido. Así que no creo que se necesite verificar las prendas de la gente para examinar la intoxicación por alimentos. La vestimenta de alguien se necesitaría sólo en caso de tener que examinar una intoxicación por químicos”.

Dean Blanchard nos llevó hacia el Golfo para ver las operaciones de limpieza. Los dueños de las embarcaciones se negaron a hablar con nosotros. Blanchard dijo que tenían motivos, “Temen hablar y temen ser vistos, porque BP los amenazó de que si hablaban con los medios, serían despedidos”.

Otro pescador, Glenn Swift, a quien conocimos en Buras, Louisiana, confirmó que firmó un contrato que contiene una cláusula que afirma que hablar con los medios es motivo de rescición del contrato. Cuando le pregunté por qué estaba hablando conmigo, dijo: “No creo que sea correcto callar a las personas solo porque trabajas para ellos. Se supone que vivimos en Estados Unidos y se supone que hay libertad de expresión”.

Muy cerca de donde vive Blanchard y de Grand Isle, una familia levantó 101 cruces en el frente de su casa, cada una en conmemoración de algo que aman, como los “pelícanos marrones”, los “atardeceres en la playa” y la “arena entre los dedos de los pies”. El cartel apostado junto al cementerio de los sueños dice: “En memoria de todo lo que se perdió, cortesía de BP y de nuestro gobierno federal”.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Publicado el 3 de junio de 2010

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Científicos estadounidenses han encontrado enormes columnas de petróleo bajo la superficie del Golfo de México, que están acabando con el oxígeno a su alrededor, lo que supone una amenaza para la vida marina, según informaron hoy.

Las columnas no son visibles en las imágenes de satélite que ha usado el gobierno para evaluar el volumen de petróleo que sale del pozo, lo que podría indicar que el vertido es mayor que lo calculado oficialmente.

Una de esas acumulaciones de crudo tiene una extensión de 16 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho, según los expertos, que trabajan desde el buque de investigación "Pelican" (Pelícano).

El nivel de oxígeno en algunas zonas cerca de esas columnas ha caído un 30 por ciento y sigue bajando, de acuerdo con sus cálculos.

Los científicos, del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Submarina y otros centros de investigación, creen que el uso de productos químicos para dispersar el petróleo puede ser el responsable de las columnas, al haber diluido el crudo y retrasado su ascenso a la superficie.

British Petroleum está inyectando esos productos en el foco del vertido, situado a 1.500 metros de profundidad.

Doug Suttles, el jefe de operaciones de BP, dijo el sábado en una rueda de prensa que el procedimiento "parece estar funcionando", puesto que se ha reducido el volumen de crudo en la superficie.

Esos compuestos químicos diluyen el petróleo en pequeñas gotas, lo que facilita su absorción por micro-organismos marinos.

El crudo lleva escapando al Golfo de México desde el 20 de abril, cuando una explosión destruyó la plataforma petrolera Deepwater Horizon y mató a once trabajadores.

El gobierno de Estados Unidos ha calculado que del pozo salen unos 5.000 barriles de petróleo al día, pero algunos científicos que han analizado las imágenes de la fuga calculan que el volumen real podría encontrarse entre los 25.000 y los 80.000 barriles al día.

EFE - Washington - 16/05/2010
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Jueves, 13 Mayo 2010 07:13

La ganancia por encima de todo

La mancha de petróleo en el Golfo de México abarca miles de kilómetros cuadrados sin que nada la pueda frenar y amenaza con infligir un daño irreparable a los preciados manglares de Luisiana, a arrecifes únicos pletóricos de crustáceos y moluscos y bancos de peces que dan trabajo a decenas de miles de personas, así como a otros ecosistemas entre los más ricos e importantes de Estados Unidos, como el gran banco de coral de la costa sur de Florida. El caso del Exxon Valdez, aunque menos grave, puede dar una idea: de las 30 especies animales más afectadas 20 no se han recuperado dos décadas después. Nadie puede predecir el efecto económico, social y ecológico que ocasionará el derrame pero no hay duda que será catastrófico. Nadie sabe la cantidad de crudo vertido desde que la plataforma Deep Water Horizon fuera pasto de las llamas seguido de una explosión que mató a 11 trabajadores, y menos a cuánto ascenderá la cantidad total cuando se logre controlar el derrame, una operación que puede tomar de dos a tres meses. Si el promedio diario que dicen los expertos es correcto, la cifra acumulada hasta hoy, a 23 días del siniestro, puede oscilar entre 115 mil y 575 mil barriles de petróleo, pero también advierten que la fuga de crudo puede aumentar exponencialmente en caso que se produzca un colapso del pozo.

Según Richard Charter, de la Organización de Defensa de la Vida Silvestre, el tamaño del derrame de petróleo “es tan grande y se expande de forma tan rápida que va más allá de la efectividad de la respuesta humana… somos testigos del envenenamiento que durará… muchas décadas”.

Cuando uno lee la primera comparecencia en el Senado de Estados Unidos de los representantes de las compañías involucradas en el derrame –British Petroleum (BP), Transocean y Halliburton–, de lo que se extraña es de que no hayan ocurrido anteriormente siniestros semejantes. Además de que todos se echaron la culpa unos a otros, ninguno fue capaz de informar cuánto se dedica por sus compañías a investigación y desarrollo para evitar los derrames de petróleo en aguas profundas. Y es que BP tiene un largo historial de accidentes, explosiones y graves irresponsabilidades, por no hablar del expediente delictivo de Halliburton.

Sin embargo, en un artículo publicado en el Huffington Post por Robert Kennedy Jr., titulado Sexo, mentiras y derrames de petróleo, éste subraya cómo incluso BP cumple en otros países con regulaciones legales relativas a seguridad que no observó en este caso, como es el uso del regulador acústico, que al fallar el manual en la plataforma podría haber evitado la fractura en la tubería del pozo. Kennedy explica la perversa obsequiosidad del gobierno de George W. Bush con las grandes firmas petroleras, al extremo de que en la ley de energía aprobada por éste en 2005 se eliminó la obligatoriedad del uso de la válvula acústica. Más indignación causa el costo de este dispositivo, ascendente a 500 mil dólares, comparado con los más de 100 millones diarios en ganancias captados por BP. Kennedy recuerda las reuniones secretas de Richard Cheney con los jefes de las grandes petroleras a principios de 2001, de las que salieron políticas de la administración dirigidas a complacer servilmente todos los deseos de las corporaciones. Añade que en un clima de tolerancia absoluta a la irresponsabilidad de las petroleras no es raro que BP haya pasado por alto el uso de otra válvula de seguridad en lo profundo del pozo, que también pudo haber evitado el accidente, o su costumbre de perforar en Estados Unidos por encima de los 18 mil pies permitidos por la ley, otra posible causa del derrame. Kennedy describe el grado de descomposición moral a que condujo el ex vicepresidente Richard Cheney al Servicio de Administración Mineral (MMS, por sus siglas en inglés), agencia reguladora de petróleo y minas. Sus funcionarios invertían gran parte del tiempo en francachelas con ejecutivos de las petroleras rociadas con abundante alcohol, cocaína y marihuana. Empleadas de la agencia cambiaban favores sexuales con los ejecutivos petroleros por contratos ilegales. Kennedy cita párrafos de varios informes de 2009 del inspector general de Estados Unidos detallando la relación ausente de ética entre los funcionarios del MMS y los jefes de las petroleras.

Pero por más leyes y regulaciones que se dicten, en el capitalismo siempre termina decidiendo el afán de ganancia por sobre el cuidado de la vida y la salud de las personas y el medioambiente.

Por Ángel Guerra Cabrera

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A menos de una semana de que la plataforma petrolera Deepwater Horizon de British Petroleum explotó en el Golfo de México, dejando un saldo de 11 trabajadores muertos y desatando lo que podría ser el peor desastre ambiental de la industria en la historia de Estados Unidos, la empresa anunció ganancias de más de 6 mil millones de dólares para el primer trimestre de 2010, más del doble de las ganancias obtenidas en el mismo período del año anterior. La analista de la industria petrolera Antonia Juhasz advirtió: “BP es una de las empresas más poderosas que operan en Estados Unidos. Sus ingresos de 327 mil millones de dólares en 2009 son suficientes para clasificar a BP como la tercera empresa más grande del país. Gasta mucho dinero en influir en la política de Estados Unidos y en la supervisión del cumplimiento de las normas”. El poder y la riqueza que detentan BP y otras gigantes petroleras no tienen prácticamente parangón en el mundo, y plantean una amenaza a las vidas de los trabajadores, al medio ambiente y a nuestras perspectivas de democracia.
Hace sesenta años, BP se llamaba Anglo-Iranian Oil Co. (AIOC, por sus siglas en inglés). Un gobierno iraní popular y progresista había pedido a la AIOC, un monopolio en su mayor parte de propiedad británica, que compartiera más de sus ganancias del petróleo iraní con el pueblo de Irán. La AIOC se negó, lo que provocó que Irán nacionalizara su industria petrolera. Esto no le cayó bien a Estados Unidos, por lo que la CIA organizó un golpe de Estado contra el Primer Ministro Mohammed Mossadegh. Luego de que fuera derrocado, la AIOC cambió su nombre a British Petroleum, recuperó gran parte de su monopolio y a los iraníes se les impuso la cruel dictadura del Shah de Irán, sembrando la semilla de la revolución iraní de 1979, la subsiguiente “crisis de los rehenes” y el conflicto político que atormenta a Irán hasta nuestros días.
En 2000, British Petroleum cambió su imagen y pasó a llamarse BP, adoptó un logo con flores verdes y amarillas y comenzó a asediar al público estadounidense con una campaña publicitaria que afirmaba que estaba avanzando “más allá del petróleo”. Sin embargo, el crecimiento agresivo de BP, sus enormes ganancias y su historial en materia de desastres vinculados con el petróleo pintan un panorama muy diferente. En 2005, la refinería de BP de la ciudad de Texas explotó, dejando un saldo de 15 muertos y 170 heridos. En 2006, un oleoducto de BP en Alaska derramó 200.000 galones de crudo, provocando lo que la Agencia de Protección Ambiental denomina “el mayor derrame ocurrido en North Slope, [Alaska]”. BP recibió una multa de 60 millones de dólares por ambos desastres. Luego, en 2009, la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA, por sus siglas en inglés) multó a BP por otros 87 millones de dólares por la explosión de la refinería. La Secretaria de Trabajo Hilda Solis dijo: “BP permitió que cientos de potenciales peligros continuaran sin ningún tipo de disminución…La seguridad laboral es más que una consigna. Es la ley”. BP respondió impugnando formalmente todas las acusaciones de la OSHA.
El Presidente Barack Obama dijo sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México: “BP es responsable de este derrame; BP pagará la cuenta”. Riki Ott no está segua. Es toxicóloga marina y ex pescadora de Alaska, y fue una de las primeras personas en responder al desastre petrolero del Exxon Valdez en 1989. Exxon desplegó un ejército de abogados para demorar y revocar las demandas legales de la gente que resultó perjudicada física y/o financieramente por el derrame del Valdez. “La industria hace todo lo que puede para limitar su responsabilidad, BP va a pagar hasta donde la ley lo obliga. Estas grandes empresas ayudan a redactar nuestras leyes y ayudan a elegir a nuestros congresistas que aprueban esas leyes. Entonces, estamos como en un juego donde nos hacen trampa”, me dijo.
El periódico Press-Register, de Mobile, Alabama informó que el Fiscal General de Alabama, Tory King, le dijo a BP que “dejara de hacer circular acuerdos extrajudiciales entre la población costera de Alabama”. Aparentemente, BP le estaba pidiendo a los propietarios de botes pesqueros que buscaban trabajo en la mitigación del derrame que renunciaran al derecho de demandar a BP en el futuro. A pesar de la promesa del portavoz de BP de que las renuncias no serían utilizadas, el artículo afirmaba: “King dijo el domingo que aún le preocupaba que, al aceptar los acuerdos propuestos por BP de hasta 5.000 dólares, la gente perdiera su derecho a demandar”.
Incluso aunque BP no engañe a las víctimas para que renuncien al derecho a demandar, la Ley de Contaminación con Petróleo de 1990, si bien exige a los contaminadores que paguen los costos reales de limpieza, pone un tope de 75 millones de dólares a la responsabilidad financiera adicional de un derrame. Teniendo en cuenta que millones de personas sufrirán el impacto del derrame mediante la pérdida de pesca y turismo, y por la cadena de impactos en las industrias vinculadas, 75 millones es una mísera suma.
Por este motivo el Senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, presentó un proyecto de ley para elevar el tope de la responsabilidad económica por daños y perjuicios a 10 mil millones de dólares, y denominó al proyecto de ley “Ley de Prevención del Rescate de las Grandes Petroleras”. Riki Ott está de gira por Nueva Orleáns y la Costa del Golfo, educando a las personas acerca de los efectos tóxicos del derrame, y ayudándolas a prepararse para la larga batalla que tienen por delante para lograr que BP sea responsabilizada.
BP seguramente continuará con sus prácticas sucias y tratará de evitar ser responsabilizada a nivel judicial, en la prensa y en las playas manchadas de petróleo. BP: estate bien preparada.
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Publicado el 5 de mayo de 2010
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

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BP ha reconocido que el escape del Golfo de México, producido tras un accidente en una de sus plataformas petrolíferas, podría ser mucho más grave de lo inicialmente estimado. En una reunión a puerta cerrada con congresistas en Washington, los directivos de BP reconocieron que el vertido del Deepwater Horizonpodría llegar a los 60.000 barri-les diarios, diez veces más de lo que se dijo tras la explosión de la plataforma, el pasado 20 de abril, según una información revelada ayer por The New York Times. Durante una rueda de prensa celebrada ayer, Doug Suttles, jefe de operaciones de BP, reconoció que "es posible" que el vertido alcance esa magnitud, aunque dijo que no cree "que esté sucediendo ahora mismo".

El Senado ha convocado a los responsables de la petrolera británica la semana que viene, así como a los de Trans-ocean, propietaria de la plataforma, y a Halliburton, que efectuaba trabajos de mantenimiento, para que ofrezcan explicaciones al respecto.

La compañía petrolera, en todo caso, anunció ayer que había conseguido tapar uno de los tres escapes, aunque también dijo que no influiría en la cantidad de crudo que cada día contamina las aguas del Golfo de México. Pero al menos "permite centrarnos en los otros dos escapes", dijo el portavoz de BP, John Curry.

"Robots submarinos partieron el conducto principal, que quedó totalmente retorcido durante la explosión, y pusieron una funda para evitar el derrame", explicó a Público otro representante de la petrolera, Steve Rinehart, portavoz de BP en Mobile (Alabama). La compañía británica, además, debería instalar hoy una de las cuatro gigantescas campanas que ha estado construyendo en Port Fourchon (Luisiana) encima del derrame para tratar de empezar a contener el escape.

BP también esperaba volver a realizar un incendio controlado en parte de la mancha. "Pero necesitamos autorización de la guardia costera, ellos son los encargados del proceso; debe ser algo muy vigilado, con vallas ignífugas", explicaba Lisa Doughton, otra portavoz de BP.

El control de la mancha de crudo no es el único problema al que se enfrenta BP. La compañía, por una parte, aún no ha explicado los motivos del accidente, que ha provocado 11 muertos. The Washington Post, además, publicaba ayer que el Departamento de Interior dispensó a BP de evaluar en detalle qué impacto medioambiental podrían tener sus perforaciones en el Golfo de México. Según documentos internos del Gobierno citados por el diario, la petrolera se vio exenta de elaborar tales informes el año pasado, después de que tres investigaciones en la zona, algunas hechas por la propia petrolera, descartaran que pudiera producirse un escape realmente importante.

Presión de la compañía

El Mineral Management Service (MMS) decidió dar a Deep-water Horizon una "exclusión categórica" de las obligaciones previstas por la ley medioambiental (NEPA, siglas en inglés de National Environmental Policy Act) en abril de 2009, detalló The Washington Post. El diario también aseguró que los esfuerzos de lobby de la petrolera en Washington para ampliar estos privilegios se prolongaron hasta 11 días antes de la explosión.

"Nos basamos en los antecedentes de accidentes en el Golfo de México", explicó un portavoz de la petrolera para justificar que en ningún momento anticiparon una explosión como la de Deepwater Horizon. "Cuando averigüemos la causa del accidente, podremos determinar si debemos cambiar el régimen regulatorio para proteger el medio ambiente", añadió la misma fuente.

Al cierre de esta edición, la marea negra estaba a unos 20 kilómetros de la barrera de islas que protege la costa de Misisipi (Cat Island, Ship Island, Horn Island), y las autoridades no esperan grandes cambios en las próximas 72 horas. "Estoy contento, de momento no he visto nada", cuenta a Público William Walker, director del Department of Marine Resources (DMR) de Misisipi, la agencia que controla las aguas del estado y que en este momento dirige las operaciones de contención de la marea. Walker acaba de volver de una inspección en barco y responde con cierto alivio. "La mancha ha dejado de moverse. Eso es bueno. Es más fácil luchar en mar abierto".

El experto parece razonablemente optimista. "El crudo que está flotando en el mar es un crudo muy ligero, de color naranja; aquí lo llaman sweet oil, nada que ver con el crudo negro y denso del Exxon Valdez. Hemos tenido vertidos peores en el Golfo de México, pero no tan cerca de Estados Unidos", reconoce. El director del DMR se refiere a la explosión de la plataforma Ixtoc, en la bahía de Campeche en 1979, que derramó 500 millones de litros de crudo.

BP ha montado una gigantesca operación de relaciones públicas en la zona del Golfo. Ya ha dicho que dará 25 millo-nes a cada uno de los cuatro estados más directamente amenazados (Luisiana, Misisipi, Alabama, Florida), para sufragar los primeros gastos.

Por ISABEL PIQUER 05/05/2010 19:11 Actualizado: 06/05/2010 
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Desde Cochabamba

Los encuentros sociales para proponer alternativas al fin del mundo concluyeron con planteos radicales y ambiciosos. El cumplimiento del Acuerdo de Cochabamba obligaría a los países, incluido Bolivia, a olvidarse de extraer recursos naturales de selvas y territorios indígenas. O al menos consultar a las comunidades, como dicen varios tratados internacionales intrascendentes para los estados adheridos. Además los llevaría a cambiar sus matrices energéticas por otras que no contaminen la atmósfera. Miles de personas dejaron esta ciudad persuadidas de que sus consensos se concretarán en algo. Según ellos, toca ahora a los gobiernos encargarse del reclamo o pagar también esas consecuencias. Como señal de que tomará en cuenta el texto elaborado por 35 mil personas, el gobierno boliviano anunció la creación del Ministerio de la Madre Tierra.

Los documentos de las 17 mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc) no tienen grandes diferencias con la resolución de la Mesa 18, que sesionó también en Cochabamba sin el reconocimiento del gobierno. Muchas personas participaron en ambos espacios, muchas otras fueron con las mismas propuestas: detener las explotaciones forestales e hidrocarburíferas en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.

“Este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, denuncia el texto de la Cmpcc.

“Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y detener urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, dice el acuerdo cochabambino.

En este sentido, sostiene que “la mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios, considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales”.

También demanda “la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación, así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático”.

Para ello, exigen que se respeten instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas; o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la ONU pero constitucionalizado sólo por Bolivia.

El documento final reflejó la preocupación de los acreditados, venidos de 140 países, por la explotación acelerada de los recursos de este mundo. “En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30 por ciento la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra, se necesitarían dos planetas para el 2030”, según el acuerdo.

Ese motivo, entre otros, justificó la propuesta de hacerle derechos a la Tierra. “En un sistema interdependiente, del cual los seres humanos somos uno de sus componentes, no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra”, dice el texto.

Algunos de los derechos propuestos para la Tierra son “a la vida y a existir”, “a ser respetada”, “a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas”, “al agua como fuente de vida”, “al aire limpio”, “a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radiactivos”.

De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los 42 países más industrializados están obligados a disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un cinco por ciento entre 2008 y 2012. En la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) realizada en diciembre pasado en Copenhague, se propuso que de aquí en adelante cada país emitiera menos gases en forma voluntaria, según las necesidades de sus negocios.

En la Cmpcc definieron que entre 2013 y 2020 los 42 países del llamado Anexo 1 reduzcan sus emisiones en un 50 por ciento. Esa posición defenderá Bolivia en la COP 16, que será a fin de año en Cancún, México. Posiblemente, algunos de los 48 gobiernos que enviaron delegaciones oficiales a esta conferencia apoyen este reclamo.

Con una reducción del 50 por ciento se espera que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los dos grados en el próximo siglo y se estabilice en 1,5. El Entendimiento de Copenhague, deplorado por la concurrencia, plantea una tolerancia de hasta dos grados. Sin embargo, varios científicos presentes en la Cmpcc destacaron que ese entendimiento llevaría a que la Tierra tuviera cuatro grados más y muchas poblaciones costeras menos.

También definieron la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a los estados y empresas que contaminen. Para que esta instancia funcione, en la Cmpcc exigieron una “profunda reforma” en la estructura de la ONU. Y convocaron a la constitución de un movimiento global que vigile la aplicación del Acuerdo de Cochabamba, cuyo texto entero se encuentra en www.cmpcc.org.

Calcularon que el costo de la deuda climática de los países industrializados hacia los empobrecidos ascendería al seis por ciento anual de sus PBI. “Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron cinco veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política”, se lee en el acuerdo.

El gobierno de Evo Morales quiso dar el primer paso para ese lado y proclamó la creación del Ministerio de la Madre Tierra. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que la nueva cartera recogerá “buena parte de lo que hoy es el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, pero también está claro que tendrá que asumir responsabilidades en función del documento de Cochabamba”.

Aprobar la ley de la Madre Tierra no debiera traer dificultades al actual gobierno, que controla dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Como país capitalista atrasado, Bolivia debería desistir en sus intenciones de extraer petróleo del selvático norte de La Paz, según denuncia el pueblo indígena Leco a la empresa Petroandina, conformada por YPFB (del Estado Plurinacional) y Pdvsa (de capitales venezolanos). También tendría que respetar el derecho a la consulta de los indígenas que viven cerca de emprendimientos mineros, como reclaman los quechuas y aymaras reunidos en el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, aunque aliada al gobierno de Morales, promovió la creación de la Mesa 18.

Este espacio, que contó con más de tres mil inscriptos, sesionó a tres cuadras de la conferencia, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. Allí se explayaron sobre casos puntuales de contaminación en poblaciones y quitaron un poco de romanticismo al “proceso de cambio” que por un lado pronuncia discursos en defensa de la Pachamama, pero por otro avala la operación de transnacionales que rechaza la población. Además de conflictos bolivianos, aquí trataron sobre la lucha por la propiedad colectiva de la tierra de campesinos de Córdoba y los perjuicios que ocasionan empresas mineras en Catamarca y San Juan, entre otros.

Por Sebastián Ochoa
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¿Pero es posible realizar recortes drásticos en las emisiones de gases de efecto invernadero sin destruir la economía? Al igual que el debate sobre el cambio climático, el debate sobre la economía climática tiene un aspecto muy distinto visto desde dentro, en comparación con el aspecto que suele tener en los medios de comunicación populares. El lector ocasional podría tener la impresión de que hay dudas reales sobre si las emisiones pueden reducirse sin infligir un daño grave a la economía. De hecho, una vez que uno filtra las interferencias generadas por los grupos de presión, descubre que los economistas medioambientales en general coinciden en que con un programa basado en el mercado para hacer frente a la amenaza del cambio climático -uno que limite las emisiones poniéndoles un precio- se pueden obtener grandes resultados con un coste módico, aunque no despreciable. Sin embargo, hay mucho menos consenso en cuanto a la rapidez con la que deberíamos actuar, si los esfuerzos de conservación importantes deben ponerse en marcha casi de inmediato o intensificarse gradualmente a lo largo de muchas décadas.

En los párrafos siguientes presentaré un breve informe sobre la economía del cambio climático, o más exactamente, la economía de la reducción del cambio climático. Trataré de exponer los asuntos sobre los que hay un acuerdo amplio, así como aquellos que siguen siendo objeto de importantes disputas. Pero primero, una introducción a la economía básica de la protección medioambiental.

ECONOMÍA MEDIOAMBIENTAL 101
Si hay una única verdad fundamental en la economía, es esta: las transacciones entre personas mayores de edad generan beneficios mutuos. Si el precio consensuado de un artilugio es de 10 dólares y compro uno, debe de ser porque ese artilugio vale más de 10 dólares para mí. Si uno vende un artilugio a ese precio, debe de ser porque fabricarlo le cuesta menos de 10 dólares. Por tanto, comprar y vender en el mercado de los artilugios redunda en beneficio tanto de los compradores como de los vendedores. Es más, un análisis pormenorizado demuestra que si hay una competencia real en el mercado de los artilugios, de tal modo que el precio termine por hacer coincidir el número de artilugios que la gente quiere comprar con el de artilugios que otra gente quiere vender, la consecuencia es que los beneficios de productores y consumidores se maximizan. Los mercados libres son eficientes (lo que en jerga económica, al contrario que en el lenguaje coloquial, significa que nadie puede mejorar su situación sin empeorar la situación de otro).

Pero la eficiencia no lo es todo. En concreto, no hay razón para suponer que los mercados libres generarán un resultado que consideraremos justo o equitativo. De modo que el argumento de la eficiencia del mercado no dice nada sobre si deberíamos tener, por ejemplo, alguna forma de seguro sanitario garantizado, ayuda a los pobres y demás. Pero la lógica de la economía básica dice que deberíamos tratar de alcanzar objetivos sociales mediante intervenciones posmercado. Es decir, deberíamos dejar que los mercados cumplan su función, haciendo un uso eficiente de los recursos del país, y luego emplear los impuestos y las transferencias para ayudar a aquellos a quienes el mercado pasa por alto.

Pero, ¿y si un acuerdo entre personas mayores de edad supone un coste para personas que no forman parte del intercambio? ¿Qué pasa si alguien fabrica un artilugio y yo lo compro, con beneficios para ambos, pero el proceso de producir ese artilugio conlleva verter residuos tóxicos en el agua potable de otras personas? Cuando hay "efectos externos negativos" -costes que los agentes económicos imponen a otros sin pagar un precio por sus acciones- se esfuma cualquier suposición de que la economía de mercado, si se la deja a su aire, hará lo que debe. Entonces, ¿qué hacemos? La economía medioambiental trata de dar respuesta a esa pregunta.

Un modo de hacer frente a los efectos externos negativos es dictar normas que prohíban o al menos limiten los comportamientos que impongan costes especialmente altos a otros. Eso es lo que hicimos durante la primera gran oleada de legislación medioambiental a principios de los años setenta: se exigió que los coches cumpliesen unas normas sobre las emisiones de los compuestos que provocan la niebla tóxica, se exigió a las fábricas que limitasen el volumen de residuos que vertían a los ríos, y así sucesivamente. Y ese método dio sus frutos; el aire y el agua de Estados Unidos se volvieron mucho más limpios durante las décadas siguientes.

Pero aunque la regulación directa de las actividades contaminantes tiene sentido en algunos casos, es enormemente defectuosa en otros, porque no deja ningún margen para la flexibilidad o la creatividad. Pensemos en el mayor problema medioambiental de los años ochenta: la lluvia ácida. Resultó que las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas tendían a combinarse con el agua siguiendo la dirección del viento y a generar ácido sulfúrico, que destruía la flora (y la fauna). En 1977, el Gobierno hizo su primer intento de abordar el problema y recomendó que todas las centrales nuevas alimentadas con carbón tuviesen depuradoras que eliminasen el dióxido de azufre de sus emisiones. Imponer una norma estricta a todas las centrales era problemático, porque modernizar algunas centrales más antiguas habría resultado extremadamente caro. Sin embargo, al regular únicamente las centrales nuevas, el Gobierno desaprovechó la oportunidad de lograr un control de la contaminación bastante barato en centrales que eran, de hecho, fáciles de modernizar. Salvo mediante una adquisición federal de facto del sector eléctrico, con funcionarios federales dictando instrucciones específicas para cada central, ¿cómo podía resolverse este dilema?

Entra en escena Arthur Cecil Pigou, un catedrático británico de principios del siglo XX cuyo libro de 1920, The economics of welfare (La economía del bienestar), suele considerarse la base de la economía medioambiental.

Aunque en cierto modo resulte sorprendente, teniendo en cuenta su actual condición de padrino de la ciencia medioambiental altamente desarrollada desde un punto de vista económico, Pigou no hizo verdaderamente hincapié en el problema de la contaminación. Más que centrarse en, por ejemplo, la famosa niebla de Londres (en realidad, niebla tóxica acre, provocada por millones de fuegos de carbón), abría su disertación con un ejemplo que debió de parecer cursi incluso en 1920, un caso hipotético en el que "las actividades de conservación de la caza menor de un ocupante conllevan la invasión de las tierras de un ocupante vecino por los conejos". Pero da igual. Lo que Pigou enunciaba era un principio: las actividades económicas que imponen costes no recíprocos a otras personas no siempre deben prohibirse, pero deben desaconsejarse. Y la forma correcta de frenar una actividad, en la mayoría de los casos, es ponerle un precio. Por eso, Pigou proponía que las personas que generan efectos externos negativos pagasen una cuota que reflejara los costes que imponen a otros (lo que ha llegado a conocerse como impuesto pigouviano). La versión más simple del impuesto pigouviano es una cuota sobre las aguas residuales: cualquiera que vierta contaminantes en un río, o los libere en el aire, debe pagar una suma proporcional a la cantidad vertida.

El análisis de Pigou quedó en gran parte olvidado durante casi un siglo, mientras los economistas dedicaban su tiempo a luchar contra problemas que parecían más acuciantes, como la Gran Depresión. Pero con el auge de la normativa medioambiental, los economistas desempolvaron a Pigou y empezaron a defender un planteamiento "basado en el mercado" que ofreciese al sector privado incentivos, por medio de los precios, para limitar la contaminación, en lugar de un remedio a base de "órdenes y control" que dictase instrucciones específicas en forma de normas.

La reacción inicial de muchos activistas medioambientales ante esta idea fue hostil, en gran parte por razones morales. Les parecía que la contaminación debía tratarse como un crimen, más que como algo que uno tiene derecho a hacer siempre que pague el dinero suficiente. Conflictos morales aparte, también había un escepticismo considerable en cuanto a si los incentivos mercantiles serían realmente eficaces para reducir la contaminación. Incluso, hoy, los impuestos pigouvianos tal como se idearon originalmente son relativamente raros. El ejemplo más provechoso que he podido encontrar es un impuesto holandés sobre los vertidos de agua que contienen materia orgánica.

La idea que sí ha cuajado, en cambio, es una variante que la mayoría de los economistas consideran más o menos equivalente: un sistema de permisos de emisiones comercializables, también conocido como tope y trueque. Según este modelo, se concede un número limitado de permisos para emitir un contaminante específico como el dióxido de azufre. Una empresa que quiera generar más contaminación de la que se le permite puede ir y comprar permisos adicionales de otras partes; una compañía que tenga más permisos de los que tiene intención de usar puede vender los que le sobran. Esto proporciona a todo el mundo un incentivo para reducir la contaminación, porque los compradores no tienen que adquirir tantos permisos si pueden recortar sus emisiones, y los vendedores pueden deshacerse de más permisos si hacen lo mismo. De hecho, desde un punto de vista económico, un sistema de tope y trueque produce los mismos incentivos para reducir la contaminación que un impuesto pigouviano, ya que, efectivamente, el precio de los permisos hace las veces de un impuesto sobre la contaminación.

En la práctica hay un par de diferencias importantes entre el tope y trueque y un impuesto sobre la contaminación. Una es que los dos sistemas generan tipos distintos de incertidumbre. Si el Gobierno establece un impuesto sobre la contaminación, los contaminadores saben qué precio tendrán que pagar, pero el Gobierno no sabe cuánta contaminación generarán. Si el Gobierno impone un tope, conoce la cantidad de contaminación, pero los contaminadores no saben cuál será el precio de las emisiones. Otra diferencia importante tiene que ver con los ingresos del Gobierno. Un impuesto sobre la contaminación es, bueno, un impuesto, el cual supone un coste para el sector privado mientras que genera ingresos para el Gobierno. El sistema de tope y trueque es un poco más complicado. Si el Gobierno se limita a emitir los permisos y recaudar los ingresos, entonces es exactamente igual que un impuesto. Sin embargo, el tope y trueque suele conllevar un intercambio de permisos entre los agentes existentes, por lo que los posibles ingresos van a parar a la industria en lugar de al Gobierno.

Desde el punto de vista político, repartir permisos entre la industria no es del todo malo, porque brinda un modo de compensar parcialmente a algunos de los grupos cuyos intereses sufrirían si se adoptase una política dura contra el cambio climático. Esto puede servir para que aprobar las leyes sea más factible.

Estas reflexiones políticas probablemente expliquen por qué la solución al dilema de la lluvia ácida adoptó la forma del tope y trueque y por qué los permisos para contaminar se distribuyeron gratuitamente entre las empresas eléctricas. También merece la pena señalar que el proyecto de ley Waxman-Markey, un sistema de tope y trueque para los gases de efecto invernadero que empieza concediendo muchos permisos al sector, pero saca a subasta un número creciente durante los años siguientes, fue de hecho aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado; es difícil imaginar un impuesto generalizado sobre las emisiones que haga lo mismo durante muchos años.

Eso no significa que los impuestos sobre las emisiones no tengan ninguna posibilidad de éxito. Hace poco, algunos senadores han presentado una propuesta con una especie de solución híbrida, con tope y trueque para algunos sectores de la economía e impuestos sobre el carbono para otros (principalmente, el petróleo y el gas). La lógica política parece ser la de que el sector del petróleo piensa que los consumidores no le culparán por la subida de los precios si dichos precios reflejan un impuesto concreto.

En cualquier caso, la experiencia indica que el control de las emisiones basado en el mercado funciona. Nuestra historia reciente en relación con la lluvia ácida demuestra lo mismo. La Ley del Aire Limpio de 1990 introdujo un sistema de tope y trueque por el que las centrales eléctricas podían comprar y vender el derecho a emitir dióxido de azufre, y dejaba en manos de las empresas individuales la gestión de su actividad dentro de los nuevos límites. Como cabía esperar, con el paso del tiempo, las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas se redujeron a casi la mitad, a un coste mucho más bajo de lo que incluso los optimistas esperaban; los precios de la electricidad bajaron en vez de subir. El problema de la lluvia ácida no desapareció, pero se redujo considerablemente. Se podría pensar que los resultados demostraban que podemos hacer frente a los problemas medioambientales cuando nos vemos obligados a hacerlo.

De modo que ahí lo tenemos, ¿no? La emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero es un efecto externo negativo típico (el "mayor fallo del mercado que el mundo ha conocido jamás", en palabras de Nicholas Stern, autor de un informe sobre el tema para el Gobierno británico). La economía de los libros de texto y la experiencia del mundo real nos dicen que deberíamos tener políticas que desincentiven las actividades que generan efectos externos negativos y que, por lo general, es mejor depender de un enfoque basado en el mercado.

¿CLIMA DE DUDA?
Éste es un artículo sobre la economía del clima, no sobre la climatología. Pero antes de abordar la economía merece la pena aclarar tres cosas en relación con la situación del debate científico.

La primera es que, sin duda, el planeta se está calentando. La temperatura fluctúa y, en consecuencia, es bastante fácil encontrar un año inusualmente cálido en el pasado reciente, notar que ahora hace más frío y afirmar: "¡Ven, el planeta se está enfriando, no calentando!". Pero si se observan las pruebas como es debido -teniendo en cuenta las medias a lo largo de periodos lo bastante prolongados como para anular las fluctuaciones-, la tendencia ascendente es inequívoca: cada década sucesiva desde la de los setenta ha sido más cálida que la anterior.

En segundo lugar, los modelos climáticos predijeron esto con mucha antelación, e incluso adivinaron la magnitud del aumento de las temperaturas con bastante aproximación. Mientras que es relativamente fácil idear un análisis que haga coincidir datos conocidos, es mucho más complicado crear un modelo que prediga el futuro con exactitud. Así que el hecho de que los creadores de los modelos predijesen correctamente hace más de 20 años el calentamiento mundial futuro les da una enorme credibilidad.

Pero esa no es la conclusión que se podría extraer de los muchos informes de los medios de comunicación que se han centrado en asuntos como los mensajes de correo electrónico pirateados y los científicos que hablan de "hacer trampa" para "ocultar" una caída anómala en una serie de datos o expresan el deseo de que los artículos de los escépticos del cambio climático queden excluidos de las revisiones de investigación. La verdad, sin embargo, es que los supuestos escándalos se esfuman al analizarlos más de cerca, y solamente revelan que quienes investigan el clima también son seres humanos. Sí, los científicos procuran que sus resultados destaquen, pero no se ha suprimido ningún dato. Sí, a los científicos no les gusta que se publiquen trabajos que, en su opinión, crean deliberadamente confusión respecto a los problemas. ¿Qué tiene de extraño? No hay nada que dé a entender que no se deba seguir apoyando firmemente la investigación sobre el clima.

Y esto me lleva al tercer punto: los modelos basados en esta investigación indican que si seguimos añadiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera como hasta ahora, terminaremos enfrentándonos a cambios drásticos en el clima. Seamos claros. No estamos hablando de unos cuantos días más de calor en verano y de un poco menos de nieve en invierno; estamos hablando de acontecimientos enormemente perjudiciales, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona de gran sequía permanente durante las próximas décadas.

Sin embargo, a pesar de la alta credibilidad de los creadores de los modelos climáticos, sigue existiendo una tremenda incertidumbre en sus previsiones a largo plazo. Pero, como veremos en breve, la incertidumbre es un argumento a favor de medidas más fuertes, no más débiles. De modo que el cambio climático exige pasar a la acción. ¿Es un programa de tope y trueque similar al modelo utilizado para reducir el dióxido de azufre el sistema adecuado?

La oposición seria al tope y trueque suele presentarse bajo dos formas: el argumento de que una acción más directa -en concreto, una prohibición de las centrales eléctricas alimentadas con carbón- sería más efectiva, y el de que un impuesto sobre las emisiones sería mejor que la comercialización de las emisiones. (Dejemos a un lado a quienes rechazan la ciencia del clima en su totalidad y se oponen a cualquier limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a quienes se oponen al uso de cualquier clase de solución basada en el mercado). Hay argumentos a favor de cada una de esas propuestas, aunque no tantos como sus defensores creen.

En lo que respecta a la acción directa, uno puede argumentar que los economistas aman los mercados de manera insensata y excesiva, que están demasiado dispuestos a suponer que cambiar los incentivos económicos de la gente resuelve todos los problemas. En concreto, no es posible ponerle precio a algo a menos que se pueda medir con precisión, y eso puede ser complicado a la par que caro. Por eso, a veces, es mejor limitarse a establecer algunas normas básicas sobre lo que la gente puede y no puede hacer.

Fíjense en las emisiones de los coches, por ejemplo. ¿Podríamos o deberíamos cobrar a cada propietario de un coche una cuota proporcional a las emisiones de su tubo de escape? Desde luego que no. Habría que instalar caros equipos de control en cada coche y también habría que preocuparse por el fraude. Casi con certeza, es mejor hacer lo que de hecho hacemos, que es imponer normas sobre las emisiones a todos los coches.

¿Se puede exponer un razonamiento similar respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Mi reacción inicial, que sospecho que compartirían la mayoría de los economistas, es que la propia escala y complejidad de la situación requiere una solución basada en el mercado, ya sea el tope y trueque o un impuesto sobre las emisiones. Después de todo, los gases de efecto invernadero son un subproducto directo o indirecto de casi todo lo producido en una economía moderna, desde las casas en las que vivimos hasta los coches que conducimos. Para reducir las emisiones de esos gases será necesario lograr que la gente modificase su comportamiento de muchas maneras diferentes, algunas de ellas imposibles de identificar hasta que tengamos un dominio mucho mayor de la tecnología ecológica. Por tanto, ¿podemos realmente conseguir avances significativos diciéndole a la gente lo que está o no está concretamente permitido? Economía 101 nos dice -probablemente con acierto- que el único modo de conseguir que la gente cambie de comportamiento adecuadamente es ponerles un precio a las emisiones, de tal manera que este coste quede a su vez incorporado en todo lo demás de una forma que refleje los impactos medioambientales finales.

Cuando los compradores vayan a la frutería, por ejemplo, se encontrarán con que las frutas y las verduras que vienen de lejos tienen precios más altos que las locales, lo que será en parte un reflejo del coste de los permisos de emisión o impuestos pagados para enviar esos productos. Cuando las empresas decidan cuánto gastarse en aislamiento, tendrán en cuenta los costes de la calefacción y el aire acondicionado, que incluyen el precio de los permisos de emisión o los impuestos pagados por la generación de electricidad. Cuando las instalaciones eléctricas tengan que elegir entre distintas fuentes de energía, tendrán que tener en cuenta que el consumo de combustibles fósiles irá asociado a unos impuestos más altos o unos permisos más caros. Y así sucesivamente. Un sistema basado en el mercado crearía incentivos descentralizados para hacer lo correcto, y ésa es la única forma de hacerlo.

Dicho eso, podrían ser necesarias algunas normas específicas. James Hansen, el destacado climatólogo a quien se le debe atribuir gran parte del mérito de haber convertido el cambio climático en un problema prioritario, ha defendido enérgicamente que la mayor parte del problema del cambio climático se debe a una sola cosa, la combustión del carbón, y que hagamos lo que hagamos tenemos que dejar de quemar carbón de aquí a 20 años. Mi reacción como economista es que un canon caro disuadiría de usar carbón en cualquier caso. Pero es posible que un sistema basado en el mercado acabe teniendo lagunas, y las consecuencias serían terribles. Así que yo defendería que se complementasen las medidas disuasorias basadas en el mercado con controles directos del uso del carbón como combustible.

¿Y qué hay de la defensa de un impuesto sobre las emisiones en lugar de un sistema de tope y trueque? No cabe duda de que un impuesto directo tendría muchas ventajas frente a leyes como la de Waxman-Markey, que está llena de excepciones y situaciones especiales. Pero esa no es en realidad una comparación útil: por supuesto que un impuesto ideal sobre las emisiones tiene mejor aspecto que un sistema de tope y trueque que la Cámara ya ha aprobado con todas sus condiciones adicionales. La pregunta es si el impuesto sobre las emisiones que realmente podría aplicarse es mejor que el tope y trueque. No hay motivos para creer que lo sería; de hecho, no hay motivos para creer que un impuesto sobre las emisiones generalizado conseguiría la aprobación del Congreso.

Para ser justos, Hansen ha expuesto un interesante argumento moral contra el sistema de tope y trueque, uno mucho más elaborado que la vieja idea de que está mal permitir que quienes contaminan compren el derecho a contaminar. Hansen llama la atención sobre el hecho de que en un mundo de tope y trueque, las buenas acciones individuales no contribuyen a los objetivos sociales. Si uno opta por conducir un coche híbrido o comprar una casa con una huella de carbono pequeña, todo lo que está haciendo es liberar permisos de emisiones para otra persona, lo que significa que uno no ha hecho nada para reducir la amenaza del cambio climático. Tiene parte de razón. Pero el altruismo no puede resolver de forma efectiva el problema del cambio climático. Cualquier solución seria debe depender principalmente de la creación de un sistema que le dé a todo el mundo un motivo egoísta para generar menos emisiones. Es una lástima, pero el altruismo climático debe ponerse por detrás de la tarea de lograr que dicho sistema funcione.

La conclusión, por tanto, es que, aunque el cambio climático puede ser un problema muchísimo más grave que el de la lluvia ácida, la lógica de cómo responder ante él es en gran medida la misma. Lo que necesitamos son incentivos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -junto con algunos controles directos del uso del carbón-, y el sistema de tope y trueque es una forma razonable de crear esos incentivos.

¿Pero podemos permitirnos hacer eso? Y lo que es igual de importante, ¿podemos permitirnos no hacerlo?

EL PRECIO DE LA ACTUACIÓN
Del mismo modo que existe un consenso aproximado entre los creadores de los modelos climáticos en cuanto a la trayectoria probable de las temperaturas si no actuamos para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, hay un consenso aproximado entre los creadores de los modelos económicos en cuanto al precio de la actuación. Esa opinión general puede resumirse de la manera siguiente: limitar las emisiones frenará el crecimiento económico, pero no demasiado. La Oficina Presupuestaria del Congreso, basándose en un estudio de modelos, ha llegado a la conclusión de que la ley Waxman-Markey "reduciría la tasa media anual de crecimiento prevista del producto interior bruto entre 2010 y 2050 entre 0,03 y 0,09 puntos porcentuales". Es decir, en el peor de los casos, reduciría el crecimiento anual medio del 2,4% al 2,31%. Básicamente, la Oficina Presupuestaria llega a la conclusión de que unas medidas fuertes para abordar el cambio climático harían que la economía estadounidense fuese entre un 1,1% y un 3,4% más pequeña en 2050 de lo que lo sería sin ellas.

¿Y qué hay de la economía mundial? En general, los creadores de los modelos tienden a calcular que las políticas sobre cambio climático reducirían la producción mundial en un porcentaje algo menor que el correspondiente a Estados Unidos. El principal motivo es que las economías incipientes como China usan actualmente la energía de un modo bastante ineficiente, en parte como consecuencia de unas políticas nacionales que han mantenido los precios de los combustibles fósiles muy bajos, y por tanto podrían conseguir un gran ahorro energético a un precio módico. Una revisión reciente de los cálculos disponibles establece el coste de una política climática muy estricta -considerablemente más agresiva que la contemplada en las propuestas legislativas actuales- en un valor situado entre el 1% y el 3% del PIB.

Esas cifras suelen provenir de un modelo que combina todo tipo de cálculos procedentes de la ingeniería y del mercado. Entre ellos están, por ejemplo, los cálculos óptimos de los ingenieros sobre cuánto cuesta generar electricidad de distintas formas, a partir del carbón, el gas, la energía nuclear y la solar, con unos precios determinados de los recursos. A continuación se hacen cálculos, basados en la experiencia histórica, sobre cuánto recortarían los consumidores su consumo de electricidad si su precio subiese. El mismo proceso se sigue con otras fuentes de energía, como el carburante. Y el modelo supone que todo el mundo opta por la mejor alternativa en función del contexto económico; que los generadores de energía eligen las formas menos caras de producir electricidad, mientras que los consumidores conservan la energía siempre que el dinero que ahorren al comprar menos electricidad supere el coste de usar menos electricidad en forma de otro gasto o de pérdida de comodidad. Después de todos estos análisis, resulta posible predecir cómo los productores y los consumidores de energía reaccionarán ante políticas que les pongan un precio a las emisiones, y qué coste final tendrán esas reacciones para la economía en su conjunto.

Naturalmente, hay casos en los que esta clase de modelo podría equivocarse. Muchos de los cálculos subyacentes son necesariamente especulativos hasta cierto punto; por ejemplo, nadie sabe realmente lo que costará la energía solar una vez que finalmente se convierta en una opción a gran escala. También hay motivos para dudar de la suposición de que la gente realmente toma las decisiones correctas: muchos estudios han descubierto que los consumidores no eran capaces de tomar medidas para ahorrar energía, como mejorar el aislamiento, aun cuando podrían ahorrar dinero si lo hicieran.

Pero, aunque sea improbable que estos modelos acierten en todo, está bien que, en vez de infravalorarlos, exageren los costes económicos de las medidas para abordar el cambio climático. Eso es lo que la experiencia del programa de tope y trueque para la lluvia ácida indica: los costes resultaron estar bastante por debajo de las predicciones iniciales. Y en general, lo que los modelos no tienen ni pueden tener en cuenta es la creatividad; sin duda, frente a una economía en la que hay grandes recompensas monetarias por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector privado encontrará formas de limitar las emisiones que todavía no están en ningún modelo.

Sin embargo, lo que oímos decir a los conservadores que se oponen a la política sobre cambio climático es que cualquier intento de limitar las emisiones sería económicamente devastador. La Fundación Heritage, por ejemplo, respondió a los cálculos de la Oficina Presupuestaria sobre la ley Waxman-Markey con un largo texto titulado "La OPC subestima enormemente los costes del sistema de tope y trueque". Los efectos reales, según la fundación, serían ruinosos para las familias y la creación de empleo.

Esta reacción -este pesimismo exagerado respecto a la capacidad de la economía para sobrellevar el tope y trueque- choca frontalmente con la retórica conservadora. Al fin y al cabo, los conservadores modernos dan muestras de una profunda y casi mística confianza en la efectividad de los incentivos mercantiles (a Ronald Reagan le gustaba hablar de la "magia del mercado"). Creen que el sistema capitalista puede hacer frente a todo tipo de limitaciones, que la tecnología, por ejemplo, puede superar fácilmente cualquier restricción impuesta al crecimiento por las reservas limitadas de petróleo o de otros recursos naturales. Pero ahora afirman que este mismo sector privado es absolutamente incapaz de soportar una limitación de las emisiones generales, aun cuando dicho tope funcionaría, desde el punto de vista del sector privado, de forma muy similar al suministro de un recurso limitado, como la tierra. ¿Por qué no creen que el dinamismo del capitalismo le inducirá a encontrar modos de arreglárselas en un mundo de emisiones de carbono reducidas? ¿Por qué piensan que el mercado pierde su magia en cuanto se invocan los incentivos mercantiles en favor de la conservación?

Está claro que los conservadores abandonan toda su fe en la capacidad de los mercados para adaptarse a la política sobre cambio climático porque no quieren que el Gobierno intervenga. Su pesimismo declarado respecto al coste de la política climática es esencialmente una estratagema política más que una opinión económica razonada. Lo que los delata es la marcada tendencia que tienen los conservadores que se oponen al tope y trueque a argumentar de mala fe. El extenso documento de la Fundación Heritage acusa a la Oficina Presupuestaria del Congreso de cometer errores lógicos elementales, pero si uno lee de hecho el informe de la oficina, está claro que la fundación lo está malinterpretando intencionadamente. Los políticos conservadores han sido aún más descarados. El Comité Nacional Republicano del Congreso, por ejemplo, publicó varios comunicados de prensa citando específicamente un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT en sus siglas en inglés) como base para afirmar que el tope y trueque costaría 3.100 dólares a cada familia, a pesar de los repetidos intentos por parte de los autores del estudio de aclarar que la cifra real representaba aproximadamente sólo una cuarta parte de eso.

La verdad es que no hay investigaciones creíbles que indiquen que tomar medidas enérgicas contra el cambio climático esté fuera de las posibilidades de la economía. Incluso si uno no confía plenamente en los modelos -y no debería hacerlo-, la historia y la lógica indican que los modelos exageran, no subestiman, los costes de la actuación climática. Podemos permitirnos hacer algo respecto al cambio climático.

Pero eso no equivale a decir que debamos hacerlo. La actuación tendrá costes, y éstos deben compararse con los de la falta de actuación. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, permítanme tocar un tema que se volverá esencial si realmente ponemos en marcha la política climática: cómo lograr que el resto del mundo nos acompañe en el esfuerzo.

EL SÍNDROME DE CHINA
Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, lo que convierte al país en una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. Pero no es la mayor. China, que quema mucho más carbón por dólar del producto interior bruto que Estados Unidos, lo superó según ese criterio hace unos tres años. En general, los países desarrollados -el club de los ricos del que forman parte Europa, América del Norte y Japón- son responsables de solamente la mitad más o menos de las emisiones de efecto invernadero, y esa es una fracción que se reducirá con el paso del tiempo. En resumen, no puede haber una solución para el cambio climático a menos que el resto del mundo, y las economías incipientes en particular, participen de forma importante.

Invariablemente, quienes se resisten a hacer frente al cambio climático señalan la naturaleza mundial de las emisiones como motivo para no actuar. Limitar las emisiones de Estados Unidos no servirá de mucho, sostienen, si China y otros no nos acompañan en el esfuerzo. Y subrayan la obstinación de China en las negociaciones de Copenhague como prueba de que otros países no cooperarán. De hecho, las economías incipientes consideran que tienen derecho a emitir libremente sin preocuparse por las consecuencias (eso es lo que los países que hoy son ricos pudieron hacer durante siglos). No es posible conseguir una cooperación mundial en relación con el cambio climático, prosigue el argumento, y eso significa que no tiene sentido tomar ninguna medida en absoluto.

Para quienes piensan que tomar medidas es esencial, la pregunta correcta es cómo convencer a China y a otros países emergentes de que participen en la limitación de las emisiones. Las zanahorias, o incentivos positivos, son una respuesta. Imaginen que se establecen sistemas de tope y trueque en China y Estados Unidos (pero permitiendo el trueque internacional de los permisos, de manera que las empresas chinas y estadounidenses puedan comprar y vender los derechos de emisiones). Al establecer topes generales a niveles pensados para garantizar que China nos venda un número considerable de permisos, estaríamos de hecho pagando a China para que recortase sus emisiones. Dado que las pruebas indican que el coste de recortar las emisiones sería más bajo en China que en Estados Unidos, esto podría ser un trato ventajoso para todos.

¿Pero qué pasa si los chinos (o los indios, o los brasileños, etcétera) no quieren participar en dicho sistema? Entonces hacen falta tanto varas como zanahorias. En concreto, hacen falta aranceles sobre el carbono.

Un arancel sobre el carbono sería un impuesto sobre los productos importados proporcional al carbón emitido al fabricar dichos productos. Supongamos que China se niega a reducir las emisiones, mientras que Estados Unidos adopta unas políticas que establecen un precio de 100 dólares por cada tonelada de emisiones de carbono. Si Estados Unidos impusiese ese arancel sobre el carbono, cualquier envío de productos chinos a Estados Unidos cuya producción conllevase la emisión de una tonelada de carbono estaría gravado con un impuesto de 100 dólares que se añadirían a cualquier otro impuesto. Esos aranceles, si fuesen impuestos por los actores más importantes -probablemente Estados Unidos y la Unión Europea-, ofrecerían a los países que no cooperan un incentivo considerable para que se replanteasen su postura.

A la objeción de que una política así sería proteccionista, una violación de los principios del libre comercio, una posible respuesta es: ¿y qué? Mantener los mercados mundiales abiertos es importante, pero evitar una catástrofe planetaria es mucho más importante. Sin embargo, se puede argumentar de todos modos que los aranceles sobre el carbono entran dentro de las normas de las relaciones comerciales normales. Siempre que el arancel impuesto al contenido de carbono de las importaciones sea comparable al precio de los permisos de carbono nacionales, la consecuencia es cobrar a los consumidores un coste que refleja el carbono emitido en lo que compran, independientemente de dónde se fabrique. Eso debería ser legal según las normas del comercio internacional. De hecho, hasta la Organización Mundial del Comercio, que se encarga de supervisar las políticas comerciales, ha publicado un estudio que indica que los aranceles sobre el carbono serían aceptables.

Huelga decir que las negociaciones reales para lograr que se coopere y se actúe a escala mundial contra el cambio climático serían mucho más complejas y tendenciosas de lo que esta exposición da a entender. Pero el problema no es tan inabordable como se suele afirmar. Si Estados Unidos y Europa decidiesen tomar medidas sobre política climática, casi seguro que serían capaces de engatusar y presionar al resto del mundo para que se una al esfuerzo. Podemos hacerlo.

EL PRECIO DE LA FALTA DE ACTUACIÓN

En los debates públicos, los escépticos del cambio climático han ganado terreno claramente durante los dos últimos años, aun cuando últimamente se ha visto que es probable que 2010 sea el año más caluroso de los registrados. Pero los propios creadores de los modelos climáticos se sienten cada vez más pesimistas. Lo que antes eran las peores situaciones posibles se han convertido en previsiones de partida, y algunas organizaciones han duplicado sus predicciones sobre el aumento de la temperatura en el transcurso del siglo XXI. Tras este nuevo pesimismo se oculta una preocupación cada vez mayor por los efectos de acoplamiento (por ejemplo, la liberación de metano, un importante gas de efecto invernadero, desde los lechos marinos y la tundra, a medida que el planeta se calienta).

En estos momentos, las previsiones sobre el cambio climático, suponiendo que sigamos como hasta ahora, se agrupan en torno al cálculo de que en 2100 las temperaturas medias serán unos cinco grados centígrados más altas de lo que lo eran en 2000. Eso es mucho (equivale a la diferencia de las temperaturas medias de Nueva York y el centro del Estado de Misisipi). Un cambio tan grande sería enormemente perjudicial. Y los problemas no terminarían aquí: las temperaturas seguirían subiendo.

Además, los cambios en la temperatura media no serán ni mucho menos la única alteración. Los patrones de precipitación cambiarán, y algunas regiones se volverán mucho más húmedas, y otras, mucho más secas. Muchos creadores de modelos también predicen tormentas más intensas. El nivel de los océanos subirá, y el impacto se verá intensificado por esas tormentas: la inundación costera, que ya es una fuente importante de desastres naturales, se volvería mucho más frecuente y grave. Y podría haber cambios drásticos en el clima de algunas regiones a medida que las corrientes oceánicas se modifiquen. Siempre merece la pena tener en cuenta que Londres tiene la misma latitud que Labrador; sin la corriente del Golfo, Europa Occidental apenas sería habitable.

Aunque un clima más cálido podría tener algunas ventajas, parece casi seguro que un trastorno de esta magnitud haría que Estados Unidos, y el mundo en su conjunto, fuese más pobre de lo que lo sería en otras circunstancias. ¿Cuánto más pobre? Si la nuestra fuese una sociedad preindustrial y principalmente agrícola, el cambio climático radical sería evidentemente catastrófico. Pero tenemos una economía avanzada, del tipo que históricamente ha demostrado tener gran capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Si esto suena parecido a mi argumento sobre que los costes de los límites de las emisiones serían soportables, así debe ser: la misma flexibilidad que debería permitirnos soportar unos precios del carbono mucho más altos también debería ayudarnos a hacer frente a una temperatura media algo más alta.

Pero hay al menos dos motivos para tomarse con precaución las valoraciones positivas de las consecuencias del cambio climático. Uno es que, como acabo de señalar, no se trata sólo de tener un clima más cálido: muchos de los costes del cambio climático es probable que se deban a las sequías, las inundaciones y las tormentas fuertes. El otro es que, mientras que las economías modernas pueden ser enormemente adaptables, a los ecosistemas puede que no les suceda lo mismo. La última vez que la Tierra experimentó un calentamiento cuyo ritmo era similar al que ahora esperamos fue durante el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace unos 55 millones de años, cuando las temperaturas aumentaron unos seis grados centígrados en el transcurso de unos 20.000 años (lo cual es un ritmo mucho más lento que el del calentamiento actual). Esa subida estuvo unida a extinciones masivas, lo cual, por decirlo suavemente, probablemente no sería bueno para el nivel de vida.

De modo que, ¿cómo podemos ponerle un precio a los efectos del calentamiento global? Los cálculos más citados, como los del Modelo Dinámico Integrado de Clima y Economía, conocido como DICE por sus siglas en inglés y empleado por William Nordhaus, de Yale, y sus compañeros, dependen de unas elaboradas conjeturas para atribuir un valor a los efectos negativos del calentamiento global para algunos sectores cruciales, especialmente la agricultura y la protección costera, y luego tratar de dejar cierto margen para otras posibles repercusiones. Nordhaus ha sostenido que un aumento de la temperatura mundial de 2,5 grados centígrados -que era antes la previsión aceptada para 2100- reduciría el producto mundial bruto en algo menos del 2%. ¿Pero qué pasaría si, como indica un número cada vez mayor de modelos, el aumento real de la temperatura fuese el doble? Nadie sabe realmente cómo hacer esa extrapolación. Acierte o no, el modelo de Nordhaus calcula que las pérdidas debidas a un aumento de cinco grados serían de alrededor del 5% del producto bruto mundial. Sin embargo, muchos críticos han sostenido que el coste sería mucho más alto.

A pesar de la incertidumbre, resulta tentador hacer una comparación directa entre las pérdidas calculadas y los cálculos de lo que costarían las políticas climáticas: el cambio climático reducirá el producto mundial bruto en un 5%; detenerlo costará el 2%, así que, adelante. Desgraciadamente, los cálculos no son tan sencillos por al menos cuatro motivos.

Primero, ya se está cociendo un considerable calentamiento global como consecuencia de las emisiones del pasado y porque, incluso con unas medidas fuertes contra el cambio climático, lo más probable es que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera siga aumentando durante muchos años. Por tanto, incluso si los países de todo el mundo consiguen frenar el cambio climático, seguiremos teniendo que pagar por nuestra falta de actuación inicial. Como consecuencia, los cálculos de las pérdidas de Nordhaus pueden superar a los beneficios de la actuación.

Segundo, los costes económicos de los límites de las emisiones empezarían a producirse en cuanto la política entrase en vigor y, según la mayoría de las propuestas, serían considerables dentro de unos 20 años. Por otra parte, si no actuamos, los grandes costes probablemente llegarían a finales de este siglo (aunque algunas cosas, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona desértica, podrían llegar mucho antes). Así que la forma de comparar esos costes depende de cómo se valoren los costes en el futuro lejano en relación con los costes que se presentarán mucho antes.

Tercero, y yendo en dirección contraria, si no tomamos medidas, el calentamiento global no se detendrá en 2100: las temperaturas, y las pérdidas, seguirán aumentando. De modo que si uno le da importancia al futuro muy, muy lejano, las razones para actuar son más sólidas de lo que incluso los cálculos para 2100 dan a entender.

Por último, está el importantísimo problema de la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta la magnitud del cambio climático, lo cual es inevitable, porque hablamos de alcanzar niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que no se han visto en millones de años. La reciente duplicación de las cifras previstas para 2100 por muchos modelos es en sí misma una muestra del alcance de esa incertidumbre; quién sabe qué revisiones podrían producirse en los próximos años. Aparte de eso, nadie sabe realmente cuánto daño causaría un aumento de las temperaturas del calibre que ahora se considera probable.

Podrían pensar que esta incertidumbre debilita el argumento en favor de la actuación, pero en realidad lo refuerza. Como ha sostenido Martin Weitzman, de Harvard, en varios artículos influyentes, si hay una posibilidad significativa de que se produzca una catástrofe absoluta, esa posibilidad -más que la cuestión de qué es más probable que suceda- debería dominar los cálculos de los costes frente a los beneficios. Y la de la catástrofe absoluta sí que parece una posibilidad realista, aun cuando no sea el resultado más probable.

Weitzman sostiene -y yo estoy de acuerdo- que este riesgo de una catástrofe, más que los detalles de los cálculos de los costes frente a los beneficios, es el argumento más poderoso a favor de una política climática rigurosa. Las previsiones actuales sobre el calentamiento global en ausencia de medidas para combatirlo están demasiado cerca de las clases de cifras que se asocian a las peores de las perspectivas. Sería irresponsable -resulta tentador decir que criminalmente irresponsable- no alejarse de lo que muy fácilmente podría resultar ser el borde de un precipicio.

Aun así, eso abre un gran debate sobre la velocidad de las actuaciones.

LA RAMPA CONTRA EL 'BIG BANG'
Los economistas que analizan las políticas climáticas coinciden en algunos puntos clave. Hay un amplio consenso en cuanto a que tenemos que poner precio a las emisiones de carbono, y que este precio debe terminar siendo muy alto, pero que los efectos económicos negativos de esta política tendrán una magnitud abarcable. En otras palabras, podemos y debemos actuar para limitar el cambio climático. Pero hay un debate encarnizado entre los analistas expertos respecto al ritmo, la rapidez con que los precios del carbono deben subir hasta niveles significativos.

Por una parte están los economistas que llevan muchos años trabajando en los llamados modelos de evaluación integrada, que combinan modelos de cambio climático con modelos que describen tanto el daño debido al calentamiento global como los costes debidos al recorte de las emisiones. En su mayor parte, el mensaje de estos economistas es una especie de versión para el cambio climático de la famosa plegaria de san Agustín: "Dame castidad y continencia, pero no ahora". Así, el modelo DICE de Nordhaus afirma que el precio de las emisiones de carbono subirá finalmente hasta más de 200 dólares por tonelada, en la práctica más del cuádruple del coste del carbón, pero que la mayor parte de ese aumento debería llegar a finales de este siglo, y que la mucho más modesta tasa inicial debería ser de 30 dólares por tonelada. Nordhaus llama "rampa de la política climática" a esta recomendación de una política que se intensifica poco a poco durante un largo periodo.

Por otra parte, hay algunos más recientemente llegados al campo que trabajan con modelos similares, pero que llegan a conclusiones diferentes. El más conocido, Nicholas Stern, un economista de la London School of Economics, defendía en 2006 una actuación rápida y agresiva para limitar las emisiones, lo que muy probablemente conllevaría unos precios del carbono mucho más altos. Esta postura alternativa no parece tener un nombre consensuado, así que permítanme llamarla "big bang de la política climática".

Me resulta más fácil encontrarles el sentido a los argumentos si pienso en las políticas para reducir las emisiones de carbono como en una especie de proyecto de inversión pública: uno paga un precio ahora y obtiene unos beneficios en forma de un planeta menos dañado más tarde. Y cuando digo más tarde, me refiero a mucho más tarde; las emisiones de hoy influirán sobre la cantidad de carbono en la atmósfera durante décadas y posiblemente siglos futuros. Así que si quieren evaluar si merece la pena hacer una inversión determinada en la reducción de las emisiones tienen que calcular el daño que hará una tonelada adicional de carbono en la atmósfera no sólo este año, sino dentro de un siglo o más; y también tienen que decidir cuánta importancia le atribuyen a un daño que tardará mucho tiempo en materializarse.

Los defensores de la política rampa sostienen que el daño hecho por una tonelada adicional de carbono en la atmósfera es bastante bajo con las concentraciones actuales; el coste no será realmente grande hasta que haya mucho más dióxido de carbono en el aire, y eso no sucederá hasta finales de este siglo. Y sostienen que unos costes tan lejanos en el tiempo no deberían tener una gran influencia sobre la política actual. Señalan los tipos de rendimiento del mercado, que indican que los inversores dan poca importancia a los beneficios o pérdidas que experimentarán en un futuro lejano, y argumentan que las políticas oficiales, incluidas las políticas climáticas, deberían hacer lo mismo.

Los defensores del big bang sostienen que el Gobierno debería tener mucha más perspectiva que los inversores privados. Stern, concretamente, defiende que los responsables políticos deberían dar la misma importancia al bienestar de las generaciones futuras que al de las actuales. Además, los defensores de la acción rápida sostienen que el daño debido a las emisiones podría ser mucho mayor de lo que indican los análisis de la política rampa, ya sea porque las temperaturas globales son más sensibles a las emisiones de efecto invernadero de lo que se creía, o porque el daño económico debido a una gran subida de las temperaturas es mucho mayor de lo que afirman los cálculos aproximados de los modelos rampa.

Como economista profesional, este debate me resulta doloroso. Hay personas inteligentes y bienintencionadas en ambos lados -algunos de ellos, como suele ocurrir, viejos amigos y mentores míos-, y ambos lados se han apuntado algunos tantos importantes. Desgraciadamente, no podemos declarar un empate honorable, porque hay que tomar una decisión.

Personalmente, me inclino por la opinión del big bang. El argumento moral de Stern a favor de amar a las generaciones no nacidas igual que nos amamos a nosotros mismos puede resultar demasiado fuerte, pero se puede argumentar convincentemente que la política pública debe tener una perspectiva mucho más amplia que la de los mercados privados. Y lo que es más importante, las recomendaciones de la política rampa se parecen demasiado a la realización de un experimento muy arriesgado con el planeta entero. La política preferida por Nordhaus, por ejemplo, estabilizaría la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a un nivel que es aproximadamente el doble de la media preindustrial. Según su modelo, esto sólo tendría unas consecuencias moderadas para el bienestar mundial; ¿pero hasta qué punto podemos confiar en esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que esta clase de cambios en el medio ambiente no conduciría a una catástrofe? No lo bastante seguros, diría yo, especialmente porque, como he señalado antes, los creadores de modelos climáticos han elevado radicalmente sus cifras aproximadas de calentamiento futuro en tan sólo los dos últimos años.

Así que, básicamente, me quedo con el argumento de Martin Weitzman: la probabilidad no insignificante de un desastre absoluto es la que debe dominar nuestro análisis político. Y eso es un argumento a favor de las medidas agresivas para frenar las emisiones ya.

LA ATMÓSFERA POLÍTICA
Como he mencionado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya ha aprobado el proyecto de ley Waxman-Markey, una legislación bastante sólida destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No es tan radical como lo que proponen los defensores del big bang, pero sus medidas parecen más rápidas que las propuestas por la política rampa. Pero la votación de la ley Waxman-Markey que se celebró el pasado junio puso de manifiesto la clara división que existe en el Congreso. Tan sólo 8 republicanos votaron a favor, mientras que 44 demócratas votaron en contra. Y todo indica que no se aprobaría si tuviese que ser sometido a votación hoy.

Las perspectivas en el Senado, donde hacen falta 60 votos para que se aprueben la mayoría de las leyes, son aún peores. Algunos senadores demócratas, representantes de Estados agrícolas y productores de energía, han hecho declaraciones en contra del sistema de tope y trueque (la agricultura estadounidense moderna es una gran consumidora de energía). En el pasado, algunos senadores republicanos han apoyado el tope y trueque. Pero con el partidismo en auge, la mayoría de ellos ha cambiado de tono. El cambio de actitud más sorprendente ha sido el de John McCain, que tuvo un papel protagonista en la promoción del tope y trueque y presentó un proyecto de ley similar al de Waxman-Markey en 2003. Hoy, McCain desprecia la idea en sí llamándola "tope e impuesto", para consternación de sus ex ayudantes.

Ah, y un invierno muy nevado en la Costa Este de Estados Unidos les ha brindado a los escépticos del cambio climático una buena oportunidad, aun cuando a escala mundial éste ha sido uno de los inviernos más cálidos que se han registrado.

Por tanto, las perspectivas inmediatas de las actuaciones climáticas no parecen prometedoras, a pesar del esfuerzo constante de tres senadores -Kerry, Lieberman y Graham- por presentar una propuesta negociada. (Tienen previsto presentar una ley a finales de este mes). Pero el problema no va a desaparecer. Es bastante probable que las temperaturas récord que el mundo situado fuera de Washington ha conocido en lo que llevamos de año continúen, lo que privaría a los escépticos de uno de sus principales argumentos. Y en un sentido más general, dados los vaivenes de la política estadounidense en los últimos años -desde 2005, la creencia generalizada ha pasado del dominio republicano permanente al dominio demócrata permanente y a Dios sabe qué-, tiene que haber una posibilidad real de que renazca el apoyo político a la actuación contra el cambio climático.

Si lo hace, el análisis económico estará preparado. Sabemos cómo limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos un buen conocimiento de los costes, y son asumibles. Todo lo que necesitamos ahora es la voluntad política. -

PAUL KRUGMAN 25/04/2010
Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de Economía en 2008. © New York Times Service. Traducción de News Clips.
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En coincidencia con el Día de la Tierra, las cumbres  sobre el cambio climático, que se desarrollaron  de forma paralela en Bolivia y Uruguay,  clausuraron  ayer con una  exigencia a los países industrializados para que  adopten un mayor compromiso en la lucha contra el calentamiento global y reduzcan sus gases de efecto invernadero para  2020.

La Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada  en la localidad de Tiquipaya (centro de Bolivia), aprobó la propuesta de crear un Tribunal de Justicia Climática y recomendó que, en tanto no exista esa instancia, los movimientos sociales demanden a países ricos ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. 

En la cita también  se exigió que las naciones ricas reduzcan de aquí al año 2020 la emisión de sus gases de efecto invernadero en un 50 por ciento respecto a los niveles de 1990,  pero no se fijó metas  a  largo plazo. 

Con esa reducción, estimó el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, el calentamiento del planeta podría limitarse a 1,5 grados y no a los 2 fijados en la cumbre de Copenhague, el año pasado.

Entre las conclusiones de esta cita boliviana -que no tiene carácter vinculante- también se hizo  un llamado a las naciones ricas y transnacionales para que aporten al menos 300.000 millones de dólares anuales para mitigar los efectos del cambio climático.

Unos 7.000 representantes de gobiernos y organizaciones sociales del continente clausuraron el foro iniciado el martes y entregaron sus conclusiones a los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Hugo Chávez, de Venezuela, presente en la cita.

El presidente Morales destacó que la diferencia entre la reunión boliviana y la realizada en Copenhague ha sido que en Tiquipaya se discutieron las causas del cambio climático y no solo los efectos.

Chávez, por su parte, anticipó que en la conferencia sobre el cambio climático convocada por las Naciones Unidas para fines de año, en Cancún (México) habrá conflictos si es que ese organismo mantiene silencio sobre lo que calificó de “chantaje” de Estados Unidos a otros países para apoyar el documento aprobado por algunos países en Copenhague en 2009.

En este sentido convocó a los gobiernos de los otros países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) a financiar el viaje de organizaciones sociales, campesinas y activistas a Cancún para respaldar las posiciones de los pueblos sudamericanos. 

Paralelamente,  los gobiernos regionales de todo el mundo reunidos en su tercer encuentro sobre cambio climático, en Montevideo, Uruguay, reclamaron ayer un mayor papel en la toma de decisiones a escala internacional para abordar el problema de los cambios medioambientales.

Esa fue la única conclusión a la que llegó la III Cumbre Mundial de Regiones sobre el Cambio Climático, promovida por Naciones Unidas, que se celebró en la capital uruguaya durante tres días y que congregó a representantes de cerca de 600 entidades regionales.

EFE / AFP
Bolivia, Uruguay

Ecuador propone colecta para Estados Unidos
 
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, propuso ayer realizar una colecta monetaria mundial  a favor de Estados Unidos para que firme el protocolo de Kioto.

En la clausura de la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, en Bolivia, Patiño explicó que  su país dará el primer  aporte de US$ 2,5 millones. Se trata de la misma cifra que el Gobierno estadounidense negó al ecuatoriano por negarse  a sumarse al documento propuesto por el presidente Barack Obama en la Cumbre de Copenhague, en Dinamarca.

Patiño comentó  que su país no permitirá ningún “chantaje” que intente vulnerar la dignidad de su país y reclamó que se restituya la “institucionalidad” de las Naciones Unidas para asegurar un tratamiento “democrático y transparente” de las deliberaciones y la toma de decisiones sobre el cambio climático.

Ecuador también propuso en la cumbre boliviana la creación de un impuesto a las exportaciones de petróleo para generar recursos que estén destinados a la preservación del medio ambiente.

Además, llamó a las economías desarrolladas a aportar al proyecto Yasuní-ITT, que propone dejar sin explotar el 20 por ciento del petróleo existente en una reserva de la Amazonía ecuatoriana y así reducir  las emisiones de gases contaminantes. PL / EFE



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Mike Markham de Colorado tiene un problema explosivo: el agua corriente de su casa se prende fuego. Markham muestra esto en un nuevo documental, “Gasland”, que acaba de ganar el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Sundance. En la película, el director, Josh Fox, filma a Markham abriendo el grifo de su cocina y acercando la llama de un encendedor al agua corriente. Luego de algunos segundos, sale una bola de fuego de la pileta, que prácticamente envuelve la cabeza de Markham.

La causa del agua inflamable, y el tema de “Gasland”, es el proceso de perforación denominado fracturamiento hidráulico, o “fracking”.

El “fracking” es utilizado para acceder a reservas de gas natural y petróleo que se encuentran a miles de metros bajo tierra. Empresas como Halliburton perforan en forma vertical y luego envían la barrena perforadora en forma horizontal, logrando así pasar a través de muchísimas pequeñas vetas de gas y petróleo atrapadas en las napas subterráneas. Las cargas explosivas son luego dispuestas y activadas en varios puntos del conducto, provocando lo que Fox denomina “mini terremotos”. Estas fracturas se expanden debajo de la tierra, permitiendo que el gas vuelva a fluir hacia el pozo para luego ser extraído. Para abrir las fracturas se inyectan millones de galones de líquido de fractura en el pozo a una presión muy alta.

Los líquidos de fractura son una combinación de agua, arena y una mezcla secreta de químicos. Cada pozo necesita de uno a siete millones de galones de fluido cada vez que se extrae el gas. Las empresas perforadoras no tienen que revelar el cóctel químico, gracias a muchas exenciones otorgadas a la industria, en particular en la Ley Estadounidense de Política Energética aprobada en 2005, que de hecho le otorgó a la industria de fracturamiento hidráulico una exención específica dentro de la Ley de Agua Potable Segura. El congresista de California, Henry Waxman, presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, acaba de anunciar que se hará una investigación de la composición de los químicos utilizados en el fracturamiento. En una carta del 18 de febrero, Waxman comentó acerca de la exención de la Ley de Agua Potable Segura: “Muchos denominaron a esta disposición ‘el vacío legal de Halliburton’ debido a los vínculos de esta empresa, que es una de las mayores proveedoras de servicios de fracturamiento hidráulico, con el entonces Vicepresidente Cheney”. Antes de ser vicepresidente, Dick Cheney era director ejecutivo de Halliburton.
En una investigación anterior, Waxman se enteró de que Halliburton incumplió las disposiciones de un acuerdo no vinculante firmado con el gobierno en 2003, en el que la empresa prometía no utilizar combustible diesel en la mezcla al extraer de determinados pozos. Halliburton bombeó al suelo cientos de miles de galones de líquidos tóxicos que contenían diesel, que potencialmente pueden haber contaminado el agua potable.

Según el Departamento de Energía, había más de 418.000 pozos de gas en Estados Unidos en 2006. Debido a que la Agencia de Protección Ambiental no tiene la autoridad para investigar y regular el fracturamiento hidráulico, se desconoce el grado de contaminación. Sin embargo, cuando Josh Fox viajaba por el país, y a medida que se fue interesando más en la inmensidad de la industria de perforación petrolífera y de los problemas que provoca, documentó cómo la gente que vive cerca de los pozos de gas sufre de contaminación del agua y del aire y padece una serie de problemas de salud que surgieron luego de que se usó la técnica de fracturación en los pozos cercanos a sus hogares: “Salí a la carretera y viajé a alrededor de treinta estados diferentes –la película se centra en cerca de diez de ellos; es una película de carretera- y fui de un lugar a otro y descubrí la misma historia, que las empresas perforadoras de gas decían una cosa y que la gente estaba obteniendo algo totalmente diferente, y develé esta pesadilla orwelliana de gente a la que se le prometía mucho dinero y luego terminaban viviendo en pueblos que estaban en ruinas”.

Es un tema personal para Fox: vive en Pennsylvania, cerca de un arroyo que desemboca en el Río Delaware, sobre el “Esquisto de Marcellus”, una región subterránea que se extiende de Nueva York a Tennessee con grandes reservas de gas natural. El fracturamiento hidráulico en el Esquisto de Marcellus podría contaminar el suministro de agua potable de la Ciudad de Nueva York y de Filadelfia. A Fox le ofrecieron casi 100.000 dólares por los derechos del gas de sus 7 hectáreas de tierra, lo que lo llevó a investigar a la industria y, finalmente, a realizar su documental premiado.

No hay prácticamente ningún tipo de supervisión federal del ‘fracking’, lo que hace que la responsabilidad de esta tarea quede librada a los estados, muchos de los cuales tienen un presupuesto ajustado, por lo que hay una serie de regulaciones dispares. Estas regulaciones no están a la altura de las prácticas de las grandes empresas multinacionales de perforación y energía que están explotando al máximo la meta política de lograr la “independencia energética”. El sitio web de noticias sin fines de lucro, ProPublica.org, descubrió que de 31 estados examinados, 21 no tienen regulaciones específicas para el fracturamiento hidráulico, y ninguno exige a las empresas que informen sobre la cantidad de fluido tóxico que queda bajo tierra.

Hay informes que señalan que alrededor de 600 químicos diferentes son utilizados en el ‘fracking’, entre ellos combustible diesel y los químicos “BTEX”: benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, que contienen sustancias cancerígenas conocidas.
La Dra. Theo Colborn, zoóloga y experta en contaminación química causada por el ‘fracking’, es una de las personas entrevistadas en la película “Gasland”. Allí dice: “Cada ley ambiental que redactamos para proteger a la salud pública no es tenida en cuenta y luego de que el público se entera de la historia, todos se preguntan por qué no estamos ahí monitoreando. No podemos monitorear hasta que sepamos qué están utilizando”.

Fox cierra “Gasland” con un fragmento de una audiencia del Congreso. La diputada Diana DeGette, demócrata de Colorado, y el diputado Maurice Hinchey, demócrata de Nueva York, interrogan en forma agresiva a ejecutivos de la industria del gas acerca de la contaminación del agua. Ambos presentaron un proyecto de ley, la llamada Ley FRAC, que, de aprobarse, eliminará el “vacío legal de Halliburton” y obligará a los perforadores a revelar los componentes químicos utilizados en la fracturación hidraúlica. Es hora de poner fin a la política energética de Cheney y tomar medidas de inmediato para proteger el agua limpia.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 emisoras de radio en español. Es coautora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recientemente publicado en edición de bolsillo.
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