De la experiencia temprana en Bolivia hasta Colombia y México Narcotráfico y paramilitarismo, contubernio contrainsurgente

El imperialismo estadounidense, viene enfrentándose a distintos desafíos para su dominio y expoliación, en regiones como el Pacífico, que después del 45 considero como su “lago”. Así como en Europa, donde a través de la OTAN el Pentágono tienen a su cargo el 75 por ciento del gasto militar, para “garantiza la integridad territorial de sus estados miembros”. Y en Oriente Medio, donde la existencia de enormes bases navales y aéreas de Estados Unidos “tranquiliza a los amigos e intimida a los rivales”.

 

Razones por las cuales le resulta inadmisible la intervención rusa en Ucrania y Siria, así como el hecho de que China está convirtiendo sus mares territoriales junto al lago estadounidense en aguas claramente en disputa. No obstante desde el final de la Guerra Fría, la abrumadora supremacía del poder militar estadounidense ha sido el elemento central de la política internacional1.


De ahí también que, cada vez más la Casa Blanca viene recurriendo a métodos “poco ortodoxos” dentro de su estrategia de dominación. Muestra de ello lo da tanto la Guerra Global contra el Terror (GWOT, por sus siglas en inglés), como el financiamiento encubierto de estos grupos llamados terroristas, que en realidad funcionan como actores paramilitares. Así, estos grupos han extendido el terror yihadista desde un remoto rincón de Afganistán hacia la mayor parte del planeta, desde África y Levante hasta el sur y el sureste de Asia. Además de algunos ataques terroristas en Europa y Estados Unidos.

 

Mismos que por medio da la invasión contra Iraq han contribuido sustancialmente al establecimiento de este régimen de hechos. La Guerra de Iraq dio lugar a la multiplicación por siete de la tasa anual de ataques yihadistas con víctimas fatales, llegándose literalmente a cientos de nuevos ataques y miles de civiles muertos. Y aunque se excluyese el terrorismo en Iraq y Afganistán, los ataques mortales en el resto del mundo han aumentado en más de un 33 por ciento.

 

A este respecto, Médicos con Responsabilidad Social (de EEUU), Médicos por la Supervivencia Global (de Canadá) y Médicos del Mundo por la Prevención de la Guerra Nuclear (de Alemania). Mediante un estudio que intenta aportar un estimación real del total de cadáveres contados en las tres principales zonas de guerra [Iraq, Afganistán y Pakistán] durante los 12 años de ‘guerra contra el terrorismo’”. Y que además incluye un minucioso escrutinio “de las principales publicaciones y datos aparecidos en relación con el número de víctimas en esos países”, e información extra sobre acciones militares. Ha arrojado la “cautelosa estimación” de que 1,3 millones de personas murieron en esas guerras, sin embargo un recuento “incluso podría superar los dos millones”.

 

Más aun, estudios realizados por el Instituto Oslo de Investigación sobre la Paz, han demostrado que dos tercios de las muertes en las zonas de conflicto se agudizaron cuando la solución fue impuesta por elementos ajenos. Tan sólo en Siria, el número de muertes se triplicó después de que los occidentales iniciaran ataques aéreos contra el Daesh. Así como cuando la CIA inicio su velada interferencia militar en la guerra2.

 

Lo cual viene apuntando hacia la conclusión de que, las llamadas “guerras de protección” contra el terrorismo y el narcotráfico [combatidas por ‘coaliciones de voluntades’], hoy en día se han convertido en la principal fuente de violencia en el mundo, contribuyendo ocasionalmente con más de la mitad de las víctimas del conflicto”. Incluso cuando en muchos de los casos, como ocurrió en Siria, haya posibilidades de arreglos diplomáticos, sin embargo estos han sido ignorados.

 

Hechos que sin duda debemos tener en cuenta en América Latina, máxime cuando Washington en nuestro continente tiene la intención de reimplantar el proyecto del ALCA para sortear los problemas que enfrenta en Asia y Europa. Con la intensión de transformar al continente en una inmensa área de “libre comercio”, comandada por la economía norteamericana. Extendiendo hacia toda la región lo que ha venido poniendo en práctica en México bajo el TLCAN.

 

Sin embargo, en 2002 la victoria de Lula en Brasil les causo un gran disgusto a los estrategas estadounidenses ya que se rompió con ese proyecto. Bajo la dirección de Celso Amorim en la política externa brasileña se intento abrir el camino hacia el fortalecimiento de los procesos de integración existentes y hacia la construcción de otros espacios de integración. Fue así que el Mercosur avanzó hacia la fundación de Unasur, con su Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, entre otros organismos, desembocando en la Celac.

 

Además de ello, en América Latina algunos países logran cambiar su inserción internacional, especialmente aquellos países que han intentado a salir del modelo neoliberal. Por lo que la prioridad de esos países pasó a ser la integración regional y el intercambio Sur-Sur y no los Tratados de Libre Comercio con los EEUU. A lo cual contribuyo la intensificación del comercio con China, y a consecuencia de esto la extensión y profundización del mercado interno de consumo popular. 

 

Sin embargo, el cambio de gobierno en Argentina y en Brasil le brinda la oportunidad a los EEUU para terminar con el aislamiento y el consecuente estancamiento de sus proyectos, que al menos durante un decenio padeció en la región.

 

Particularmente a partir del Mercosur, puesto que a partir de él la derecha brasileña siempre ha querido abrir espacios para acuerdos bilaterales de libre comercio con los EEUU. Por lo que se vislumbra el rebajamiento del perfil del Mercosur, a la vez que se agilizan los acuerdos con la Unión Europea y de intercambios con la Alianza para el Pacifico3.

 

Así, el Pentágono pretende que a partir de la reversión de gobiernos como el brasileño y argentino, promover un nuevo proceso para la inversión de capitales norteamericanos en toda la región. A la vez que pretende ampliar el cerco hacia países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. De ahí podemos observar la manera que altos funcionarios de inteligencia y medios masivos, han alertado sobre un “posible colapso” de Venezuela y hasta de un golpe de Estado.

 

El Times acorde con los intereses de la burguesía de su país ha dicho que las amenazas que los venezolanos enfrentan hoy en día no son el resultado de conspiraciones extranjeras o domésticas, sino del liderazgo desastroso de Nicolás Maduro. Además según el mismos diario, la crisis venezolana ha expuesto las promesas “vacías” de las políticas socialistas que Maduro, así como su antecesor Hugo Chávez han promovido desde finales de los años 90. Más aun, ha criticado al gobierno venezolano por no “acudir” al Fondo Monetario Internacional u otras instancias para “rescatar” su economía”4.

 

Y en el mismo tenor golpista, La Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) solicito para el año fiscal 2017 incrementar su presupuesto para Venezuela en más de un millón de dólares, a un total de 5 millones 500 mil, para “defender prácticas democráticas, instituciones y valores que apoyen los derechos humanos, la libertad de información y la participación de la sociedad civil”.

 

En tanto que, la oposición interna en Venezuela no se ha quedado a tras y ha cumplido con su parte, utilizando las guarimbas5, así como a paramilitares colombianos en todo el territorio venezolano, mismos que se han apoderado del mando de redes delictivas y ejercen la violencia bajo la supervisión del Comando Sur6.

 

Y ante el uso cada vez mayor de grupos paramilitares y narcotraficantes, tanto en Europa, Asia y Medio Oriente así como en nuestros países, haremos una breve revisión histórica de estos grupos, pero además trataremos de ver como vienen funcionando en la actualidad.

 

 

La conformación del esquema narco-paramilitar en Bolivia

 

En Bolivia durante 1980 logro encumbrarse en el gobierno una auténtica mafia civil-militar, que se fortaleció mediante el flujo ilícito de dólares provenientes de la venta de drogas, y el consecuente amparo de la corrupción que esto conlleva, así como el abuso de poder. Todo a su vez producto de una larga secuencia de golpes de Estado militares perpetrados desde 1964 en ese país. Resultando en una inestabilidad política institucional crónica, con profundas raíces en las contradicciones del desarrollo del capitalismo dependiente que caracteriza a los países de nuestra región.

 

Derivado de la inestabilidad política, las Fuerzas Armadas ocuparon el escenario político boliviano casi ininterrumpidamente desde 1964. Mediante dictaduras con la del General Barrientos en el 64, pero particularmente desde 1971 con la dictadura del General Bánzer, los militares trataron de institucionalizar su presencia en la escena política boliviana, a semejanza del modelo brasileño, primero y los sistemas argentino y chileno, después. Pero no lograron estos objetivos en un principió, y no por falta de apoyo por parte del Pentágono, ya fuera de forma abierta o encubierta.

 

De hecho, los oficiales bolivianos además de haber sido educados dentro de su país en el Colegio Militar de la Paz, así como en otras escuelas superiores de especialización en aquel entonces existentes en Cochabamba, fueron adoctrinados en la entonces Escuela Militar de Las Américas (hoy Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad) de la zona del canal de Panamá y en demás instituciones de Norteamérica. En dichos lugares se formaron al menos 4.000 oficiales bolivianos, equivalentes a todos los que durante 1980 formaban parte del establecimiento militar de esa nación7.

 

Más aun, según lo indico el que fuera presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze, en las escuelas estadounidenses los oficiales bolivianos fueron adoctrinados dentro de los esquemas de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional y de la Defensa Ampliada”, las cuales postulan que la defensa exterior de los países queda en manos de Washington, mientras que los ejércitos locales se harían cargo de luchar contra el enemigo interno.

 

Educación que convenció a los militares bolivianos de que su función sagrada era gobernar a Bolivia. E incluso que aquellos que dudaban de la validez de las enseñanzas recibidas, se mantuvieron leales al sistema por los beneficios obtenidos. Ya que de 1974 a 1977 los generales entraron en un proceso de aburguesamiento relativo, emanado del enriquecimiento que experimentaron cuando la coyuntura económica internacional favorable para Bolivia les permitió ingresos extraordinarios por concepto de exportación de materias primas y de endeudamiento externo.

 

A lo cual se le sumo el hecho de que muchos militares ocuparon funciones civiles de todo tipo, como prefecturas, alcaldías, presidencias o gerencias de empresas autárquicas o estatales, mediante las cuales percibieron además jugosos sueldos civiles. Así como conllevaron grandes beneficios sociales de carácter personal y facilidades financieras. Mismas que les permitieron construir casas, comprar tierras o invertir en negocios. Que de la mano de ventajas aduaneras les dieron acceso a todo tipo de productos manufacturados llevados directamente desde Panamá o Miami, como automóviles de lujo.

 

En tal contexto, el grupo de oficiales más próximos a Bánzer se benefició de todo tipo de favores y licencias derivadas de la posición que cada uno de ellos ocupaba en la administración de los asuntos públicos. Deviniendo a su vez en abusos y corrupción, por lo que varios jefes y oficiales se vieron envueltos en negocios y tráficos ilícitos, al margen de toda ley con total impunidad. Así se trafico con gasolina, maderas preciosas, autos, armas, drogas, etcétera. Y fueron el origen de superganancias y fortunas espectaculares. Siendo el tráfico de la cocaína sin lugar a dudas el factor fundamental del surgimiento de una mafia militar-civil-narcotraficante8.

 

Todo lo cual se unió al intento más serio por institucionalizar el poder militar en ese país realizado por Bánzer. Durante ese periodo, se puso en marcha un experimento de acumulación de capital acelerada bajo moldes dictatoriales. Consistente en desmantelar la economía estatal y popular, en beneficio de empresas privadas. Resultando muy lucrativo y de gran benefició para el capital nacional y trasnacional. Debido a que el uso irrestricto del poder estatal, sin limitaciones legales o morales de ninguna especie, les permitió cuantiosas posibilidades de enriquecimiento. Implementando políticas que les facilitaron la explotación sin freno de la clase trabajadora a la vez que les facilitaban la transferencia del valor creado en la esfera de la empresa pública hacia entes privados. Y para lo cual distintos mecanismos de corrupción fueron pilares centrales de la estructura de poder, además de una condición fundamental para su permanencia y reproducción9.

 

Configurándose así la explotación irracional de los recursos naturales, la expansión inflacionaria del crédito bancario al sector empresarial-privado, el uso desenfrenado del gasto público, la depresión sistemática de los salarios y especialmente, el irracional endeudamiento externo. Razones por las cuales el régimen banzerista no fue una dictadura militar como las que anteriormente azolaron a América Latina. Sino que formo parte de un esquema continental para la conformación de Estados dictatoriales, en los cuales todos sus engranajes estarían orientados al servicio del capital nacional e internacional. Por lo que fue un régimen brutalmente represivo hacia la clase obrera, sustentándose en el terror sistemático. No obstante lo cual, el experimento fracaso, dejando solo las deudas, junto con socavones cada vez más vacíos, tanto de yacimientos mineros como petroleros.

 

 

Fundamentos del narco-paramilitarismo

 

La burguesía boliviana y los militares que la representaban en los ochenta al igual, al igual que ocurre en la mayor parte de nuestros países, no tenían un proyecto político financiero que representara los intereses de la nación. Sino que estaban más enfocados - como hoy día ocurre en Colombia y México –, en enriquecerse lo más rápido posible, siendo incapaces de formular lineamientos que cubrieran un amplio horizonte para el futuro de su país. De ahí que, tal como por desgracia viene ocurriendo hoy en día en nuestro país, en el régimen dictatorial boliviano no existía un mínimo programa económico, o si existía era incompatible con las necesidades de la clase trabajadora. Derivando en una constante inconformidad social.

 

Y pos consiguiente, cuando la dictadura de Bánzer no logra llevar a buen puerto los intereses de la burguesía local e imperialista, se recurrirá cada vez más al uso de bandas armadas con un carácter absolutamente irregular e ilegal, conformado por elementos organizados militarmente, pero vestidos de civil. Dedicados a las “tareas sucias” de la represión política y del terrorismo de Estado. Generalmente como “policías paralelas”, “grupos parapoliciales” o “paramilitares”.

 

Actores que al amparo del poder de las fuerzas armadas bolivianas comenzaron a constituirse en los 80. Aunque parte de sus orígenes tuvieron fundamento en los grupos de choque que en los años cincuenta organizo la Falange Socialista Boliviana (FSB), a cargo de Carlos Valverde Barbery, bajo el nombre de “Camisas Blancas”, con el fin de combatir a las milicias populares del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

 

Resultando así, que durante el sangriento golpe de Estado en Bolivia, en agosto de 1971, hicieron su aparición los primeros embriones de grupos paramilitares. En La Paz estos grupos fueron francotiradores asesinos, donde destacaron el “Mosca” Monroy y Alberto Álvarez, así como la pandilla llamada los “Marqueses”. En tanto que en Santa Cruz se experimento con la aplicación del sistema de “escuadrones de la muerte”, llevados a Bolivia desde Brasil. En estos hechos los dirigentes fueron Widen Razuk Abrene y Oscar Román Vaca, organizando a los escuadrones que entre el 19 de agosto de 1971 y marzo de 1972 asesinaron a 304 personas. Lo cual los llevo a ser premiados por Bánzer con cargos públicos: Monroy fue a la Dirección de Aduanas, Álvarez a la Presidencia de la Lotería Nacional, Razuk a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Román Vaca a la Presidencia del Comité Pro Santa Cruz10.

 

Con tales individuos, así como con otros derivados del ejército, la policía y el hampa el régimen de banzerista organizo su policía política con el nombre de Departamento de Orden Político (DOP) encubierto como dependencia del Ministerio del Interior. Y a su amparo, durante los siete años que duró la dictadura, distintas bandas semiclandestinas y parapoliciales fueron las encargadas de sembrar el terror entre la población, recurriendo a asaltos nocturnos en los domicilios de quienes eran molestos al régimen, así como a los cada vez más “refinados sistemas de interrogatorio”, la abierta tortura y las “detenciones”, que en realidad eran secuestros políticos.

 

Así, se hicieron “celebres” torturadores militares como: el coronel Rafael Loayza, jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior, el capitán Carlos Mena , jefe de Operaciones del Ministerio del Interior y posteriormente sucesor de Loayza, el coronel Jorge Cadima, el Rudy Landívar y el mayor Tito Vargas. Así como otros tantos civiles: Guido Benavides (inspector de policía, jefe del DOP y luego de la Dirección de Investigación Nacional DIN), Jorge “Coco” Balvián y Daniel “Damy” Cuentas, este último ex militante revolucionario11.

 

Todo lo cual fue posible después de que el general Juan Pereda –ministro del interior desde 1974-, fue derrotado por la oposición, una vez que se hecho a andar el proyecto de “legitimación electoral” de la dictadura. Pereda se levanto en armas contra Banzer y le quitó el gobierno, el 2 de julio, para ser derrocado a su vez el 24 de noviembre, por el comandante del ejército, general Padilla. Mismo que bajo presión de los Estados Unidos prometió nuevas elecciones para legitimar su dominio en contubernio de la burguesía local e internacional. Y ante la “debacle” y el desmoronamiento del régimen militar, los sectores más lúcidos del ejército se organizaron para sobrevivir y preparar su contraofensiva.

 

Por lo que a partir de 1978 comienzan a llegar a Bolivia los primeros mercenarios extranjeros reclutados por el criminal de guerra alemán Klaus Barbie-Altmann (jefe de la policía política nazi GESTAPO en la ciudad francesa de Lyon durante la SGM) mediante el Ministerio del Interior boliviano (DOP-SIE), donde el refugiado nazi era asesor12.

 

Así como hicieron su aparición en la escena boliviana los argentinos Alfredo Mario Mingolla y González Bonorino y Silva, quienes pertenecieron a la tristemente célebre “Alianza Anticomunista Argentina” (triple A). Contratados por el Ministerio del Interior, actuaron como provocadores durante la campaña electoral de 1978, así como fueron quienes dinamitaron la sede parroquial de Loreto, en Cochabamba, en septiembre del mismo año. Además, en ese mismo mes también llego a Bolivia igual por conducto de Altmann, el terrorista alemán Joachim Fiebelkor (desertor del ejército alemán, mercenario de la Legión Extranjera, vinculado a la “Internacional neonazi”), proveniente de Paraguay.

 

Más toda vía, a fines del mismo año, Altmann llevo a Bolivia también desde Paraguay al ex soldado alemán nazi Hans Joachim Stellfeld y al mercenario belga “coronel” Jean Sheramme. Mismos que recibieron sueldo y credenciales del Ministerio del Interior boliviano y se pusieron a cargo de la instrucción militar de grupos irregulares. Todos estos grupos actuaron finalmente durante la derrota del régimen dictatorial del coronel Alberto Natusch, en noviembre de 1979. Tras ponerse en pie un ejército de paramilitares “profesionalizados” con el objetivo de conquistar el poder, ya que el ejército regular había sido derrotado, después del proceso democrático-electoral que colocará como presidente interino al abogado Walter Guevara arce y ante tales hechos los militares tuvieron que retirarse a sus cuarteles después de 15 años en el poder.

 

Después de que en octubre de 1979 Natusch proclama el fin de la democracia representativa en Bolivia y reimplanta el régimen militar, quince días más adelante Natusch se ve obligado a abandonar el Palacio de Gobierno por la puerta trasera repudiado por el pueblo. De suerte que el Parlamento nombró nuevo presidente interino a Lidia Gueiler, misma que una vez en el puesto convocó a nuevas elecciones para junio de 1980.

 

Y en dicho contexto, tan solo un día después del aplastamiento del golpe de Natusch, se preparo el siguiente golpe de Estado que tendrá como brazo ejecutor a las fuerzas paramilitares. Y en dicho proceso la experiencia argentina será fundamental, puesto que se hizo un uso extensivo de la represión clandestina, en lo cual eran expertos. Si bien el capitán Miguel Ángel Benazzi, oficial de Inteligencia, uno de los primeros torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, ya se encontraba en Bolivia desde 1978 como funcionario de la Agregaduría Naval de la Embajada Argentina. Para 1980 llegan en masa a Bolivia los “pesos completos” expertos en provocación, terrorismo, secuestro, tortura y la desaparición.

 

Resultándole más cómodo al Estado, actuar desde las sombras que desde las instituciones expuestas a la luz pública, logrando bajar la moral del “enemigo” (entiéndase movimiento popular) desatando el pánico en sus filas, a la vez que se mantiene la ilusión de una neutralidad de las fuerzas armadas o al menos no se desgastan estas en las “tareas sucias” de la represión política. Y más todavía, logran intimidar a los sectores militares “blandos” (institucionalistas o democráticos) que se oponen a las directrices de los sectores “duros”13.

 

Así, destacaron el siniestro capitán Antonio Pernía, que anteriormente ya había participado en operaciones clandestinas en París y Madrid, así como el capitán Schelling, ex jefe de Inteligencia del aparato represivo montado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, el cual además se llevo a todos su equipo de torturadores. Derivando en que la Misión Militar argentina pronto elevara su personal en cubierto en Bolivia hasta llegar a contar con 70 funcionarios.

 

Pero el elemento fundamental para la construcción de la fuerza paramilitar golpista fue el Departamento II del Estado Mayor General del Ejército, una vez que a raíz del golpe de Natusch, queda en manos del coronel Luis Arce Gómez. Después del fracaso del golpe, Arce Gómez se atrinchero en el Departamento II, ante la pasividad del gobierno y de los demás jefes militares.

 

Siendo una de las principales “cualidades” de Luis Arce para desarrollar un nuevo golpe, el hecho de ser narcotraficante. De forma que por medio de Luis Arce y de sus contactos en la mafia del narcotráfico la fuerza paramilitar en formación encuentra no sólo su principal fuente de financiamiento, sino que además representará su principal fuente de crecimiento al incorporar masivamente a los pistoleros a sueldo de los narcotraficantes.

 

Para tales efectos, fueron los encargados de reclutar traficantes de cocaína, los oficiales Abraham Baptista y el capitán Rudy Landívar vinculados al narcotráfico. Configurándose desde los primeros meses de 1980 la simbiosis entre servicios secretos, el hampa del narcotráfico, militantes falangistas, mercenarios extranjeros, torturadores de la policía política y oficiales del ejército, todos bajo el mando invisible de la misión militar argentina. Y quedando la jefatura de tal banda terrorista en manos del coronel Arce, en tanto que la coordinación operativa estuvo a cargo de un equipo de “diplomados”, liderada por el coronel Freddy Quiroga y el capitán Hinojosa, ambos procedentes del SIE14.

 

Este grupúsculo hizo su aparición en 1980 secuestrando y asesinando con técnicas desconocidas hasta entonces en Bolivia. Causando una ola de atentados y explosiones, varias de las cuales fueron mortales, recorrieron a ese país meses antes de las elecciones del Todo lo cual ocurre ante la pasividad y complicidad del Ejército, por lo que se pudo llegar así hasta el golpe del 17 de julio. Día en que las operaciones del golpe se encontraron por completo a cargo de los paramilitares.

 

De manera que tan sólo en hora y media, unas cuantas decenas de individuos vestidos de civil, pero entrenados militarmente y armados con metralletas, recorrieron la ciudad de La Paz al medio día en ambulancias, hasta lograr secuestrar a la presidenta de la República, así como a su gabinete magisterial, también a la dirección político-sindical del país, además de acallar mediante la fuerza a todas las radioemisoras de la ciudad. Y una vez paralizada la capital, los paramilitares entregaron el poder al ejército en la persona de comandante general, Luis García Meza15.

 

Demostrando así los golpistas a sus camaradas, que al utilizar a fuerzas paramilitares se podía actuar de manera “independiente” del resto de las fuerzas armadas, al tener la capacidad de lanzarse a la calle sin necesidad de recurrir a la movilización de regimientos militares cuyos comandantes podrían no estar dispuestos a ensuciarse las manos y el uniforme en tareas gansteriles. Más toda vía, servía como factor demostración para los indecisos o reticentes, al indicarles que también podían correr la misma suerte que tuvieron los políticos a manos de los paramilitares.

 

Siendo así que la mayor parte de los comandantes de regimientos no dudaron en participar en la represión, después de cumplidas las primeras acciones, salieron a la calle las patrullas militares. De manera que en los allanamientos actuaron en conjunto militares y paramilitares, donde a los últimos les correspondía la iniciativa mientras que a los primeros les tocaba ser el respaldo de la fuerza16.

 

Desde entonces, es de vital importancia para la clase obrera y campesina de toda América Latina, comprender que los narcotraficantes pueden actuar dentro del paramilitarismo, como una especie de “ejército paralelo” o guardia pretoriana, al servicio del ejército y fracciones de la burguesía nacional y extranjera. Y que llegan a conformar un verdadero poder dentro del ejército, debido a que los jefes y oficiales vinculados a ellos controlan al mismo tiempo puestos clave dentro del mismo. En Bolivia jefes y oficiales actuaron incluso como logias secretas, tal fue el caso de las llamadas “Águilas Negras”. Además, los narcotraficantes lograron penetrar en todos los entresijos del aparato estatal.

 

 

Quitar el agua al pez y tierra arrasada, de métodos y estrategias para deshacer la insurgencia

 

Desde hace muchos años atrás, gran parte de los consejeros y expertos norteamericanos en política exterior sobre la ciencia político-militar de la contrainsurgencia, han observado a las revoluciones modernas con sumo detalle, para comprender sus estrategias y así poder contrarrestarlas o revertirlas. De forma que comienzan a definir a los participes de la insurgencia como “guerrilleros políticos”, civiles armados para quienes el rifle o el machete son armas secundarias. Siendo su arma principal su relación con la comunidad o la nación, misma por las cuales pelean. Y su “arma secreta”, más allá de cualquier estrategia o táctica, es la capacidad de despertar en la comunidad la inconformidad con el sistema de cosas imperante. Por lo que la derrota militar del enemigo, el derrocamiento del gobierno, son tareas derivadas que vienen en consecuencia. Siendo entonces la tarea central de la insurgencia lograr que la población se transforme en militante, ya que sin su consentimiento no tendría fuerza.

 

Tales hechos llevan a los estrategas a comprender que el insurgente puede emprender la retirada cuando no logra sostener un combate con buenas posibilidades de triunfo, o dispersarse y esconderse cuando no tiene seguridad de movimiento. De forma que siempre que cuente con el apoyo de la comunidad, puede diluirse en el seno de la población pacífica, el mar donde según Mao-Tse-Tung, la insurgencia nada como un pez.

 

Identificando entonces que la población es la clave de toda lucha, debido a que sin el apoyo del pueblo la insurgencia sería un simple grupo de bandidos incapaz de sobrevivir. Y si por el contrario la contrainsurgencia logra cooptar a la población para contar con su apoyo, la insurgencia no será posible, no habrá guerra ni revolución. La causa se evaporaría, muriendo al no encontrar el impulso popular necesario para alcanzar el cambio radical17.

 

Del examen descrito, también determinaron que el objetivo central de la insurgencia es elevar el nivel de madurez revolucionario y por ende la participación popular. Hasta llegar a un punto en el que la insurgencia se generalice en todo un país y las masas populares terminen con el orden existente, así como con el ejército que lo defiende. Y de acuerdo con la experiencia boliviana se puede observar que, los estrategas contrainsurgentes al resultarles improbable la derrota militar de una auténtica insurgencia, han optado cada vez más por la utilización de métodos cercanos al genocidio.

 

Todo lo cual ocurre al mismo tiempo que el gobierno finge ser popular, prestando gran atención a los conceptos populares de democracia, justicia y derechos humanos, para mantener cierta apariencia de normalidad. Esquema dentro del cual, conforme han aprendido que no pueden aplastar abiertamente a la oposición que los perturba y los hostiga, vienen recurriendo cada vez más a la estrategia narco-paramilitar o simplemente paramilitar, como la boliviana. 

 

Revirtiendo para la insurgencia una situación en la que la movilización de la gente sencilla de todo un país, les permite crear un enorme mar humano donde ahogar al enemigo, como postulaba Mao. Máxime, cuando en los hechos los insurgentes en determinados momentos históricos lograron ampliar sus bases rurales hasta abarcar a la gran mayoría de la población campesina, haciéndole inviable el movimiento a las fuerzas armadas. Y lograron tomar posteriormente aldeas y pueblos grandes, hasta lograr replegar al ejército hacia sus puntos fuertes en la ciudad18.

 

Por ejemplo, durante 1982, en el Salvador cuando el ejército de esa nación no era capaz de derrotar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR). Se orquesto una campaña militar dirigida principalmente por fuerzas estadounidenses, que encaminaron sus fuerzas contra la población civil inerme, para quitarle apoyo al FMLN-FDR, amedrentando y masacrando a la gente. Asimismo se dio la persecución de obreros, campesinos, intelectuales, periodistas nacionales y extranjeros, así como fueron perseguidos todos aquellos que resultaran sospechosos de “simpatizar” con el movimiento revolucionario.

 

Bajo esa tesitura, se creo un clima represivo durante los ochenta tanto en el Salvador como en Bolivia, que se ha perfeccionado hasta la actualidad en Colombia y México mediante la guerra contra el narcotráfico. Ya que bajo esta se ha venido afectando a casi todos los sectores de la población, mediante la salida a las calles de militares que supuestamente intentan contener el avance del narcotráfico, pero que por el contrario han favorecido el fortalecimiento y la conformación de grupos de narco-paramilitares. Que tienen por objetivo escarmentar por medio del terror a todo el pueblo y mostrar que no hay derechos humanos que valgan. A causa de esto, hoy en día estamos padeciendo una terrible guerra genocida “contra las drogas”. Inspirada, apoyada y conducida, tal como en las dictaduras del pasado, por el demencial imperio norteamericano.

 

Por las siguientes razones, en Colombia durante el mandato del tecnócrata Virgilio Vargas (1986-1990) se exponencia la guerra sucia inaugurada por Betancourt Cuartas. Siendo que se facilito la represión “legal” a la que fue sometida la oposición a partir de los dictados para “perseguir a narcotraficantes” y sus sicarios. Pero que en los hechos, los narcotraficantes contribuyeron decididamente a la conformación de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y sicarios de las fuerzas armadas. Como resultado del dinero que los narcotraficantes inyectaron, los paramilitares pudieron obtener armas modernas, sofisticados sistemas de comunicación, financiamiento de mercenarios internacionales como entrenadores, así como permitieron asalariar a extensas redes de sicarios e intimidar y sobornar a quien fuera necesario19.

 

Y conforme el narco-paramilitarismo se acentúo en Colombia, estos grupos se pusieron a “trabajar” en actos como el asesinato del médico, catedrático y senador de la Unión Patriótica, Pedro Luis Valencia Giraldo, ocurrido el 14 de agosto de 1987. Después de que días antes fuera uno de los organizadores de una marcha en Medellín para protestar ante la ola de asesinatos a profesores y estudiantes universitarios. Asesinado por sicarios que se encontraban bajo el mando del líder paramilitar y miembro del cártel de Medellín, Carlos Castaño Gil, ocurriendo tales hechos a muy pocas calles del supervigilado cuartel de la IV Brigada.

 

Más aun, el uso de narco-paramilitares ha permitido en Colombia dar un salto cualitativo en el tipo de asesinatos, puesto en evidencia ante la ejecución de cuatro militantes de derechos humanos. siendo que hasta antes de esas ejecuciones, gran parte de los asesinatos políticos cometidos por las fuerzas de seguridad y sus escuadrones de la muerte, recaía sobre personas asociadas a la oposición de izquierda como, sindicalistas, líderes populares, campesinos en la regiones guerrilleras, ex presos políticos, así como amigos y padres de miembros de los grupos de oposición armada.

 

Desde entonces, las desapariciones y los asesinatos se multiplicaron, ya que también se dirigieron a personas conocidas por sus contribuciones culturales, universitarias u acciones a favor de la ciudadanía. Configurándose como un ataque contra sectores enteros de la sociedad colombiana, donde lo único necesario para ser víctima era no apoyar abiertamente al gobierno y por lo tanto ser considerado como “subversivo”20. Resultando asimismo entonces, que la organización de la defensa de los derechos humanos en 1987, fue duramente perseguida, siendo amenazados de muerte 15 de sus miembros, cuatro asesinados y uno desaparecido. En tanto que otros cinco tuvieron que abandonar el país.

 

Quedando en claro el grado de impunidad ante estos hechos, del Estado colombiano, quien actuó al amparo del narco-paramilitarismo. Según demostraron las declaraciones por el líder paramilitar y narcotraficante Carlos Castaño Gil. Después de que este reconociera que el 9 de agosto de 1994 viajo a Bogotá y dirigió el comando que ejecuto al senador Manuel Cepeda Vargas. Pero no obstante su declaración la Corte Suprema de Justicia rechazó la confesión. Más aun, Manuel Cepeda señalaría la ironía y el deplorable sistema de justicia colombiano, al indicar que que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de toda responsabilidad, sin que el mismo se asignara un abogado para su defensa21.

 

A este deplorable escenario en Colombia, se le sumaron las mal llamadas Juntas de Autodefensa, estipuladas en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-10 Restringido), como los principales apoyos de combate en contrainsurgencia, además de los servicios de inteligencia y los grupos de guerra psicológica. Resultando entonces que las autodefensas estuvieron cada vez más activas en las regiones de sus miembros y para lo cual contaron con la coordinación y el apoyo activo del ejército. Siendo enviadas por todo el país para asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla.

 

Despliegue paramilitar dentro del cual se debe tener en cuenta que ocurre una vez que en Colombia se instauran empresas trasnacionales estadounidenses como Del Monte y Doley, además de la United Fruit que se acento desde los sesenta en la zona de Urabá. Todas estas empresas acapararon las mejores tierras, de manera que a principios de los años ochenta Urabá ya ocupaba el segundo lugar en la exportación de banano en el mundo. Para lo cual se explotaron a unos 30 000 trabajadores cuyas jornadas llegaban a ser de hasta 70 horas semanales, sin seguridad social ni contratos fijos, además de que la mayoría se encontraban hacinados con sus familias en campamentos22.

 

Explotación ante la cual los trabajadores comenzaron a manifestarse en contra, apoyados por organizaciones y partidos de izquierda. Lo que le posibilito a su vez a la izquierda ganara alcaldías en los principales municipios de Urabá. Demostrando su contundencia organizativa sindical al momento de negociar pliegos laborales y ante la intransigencia patronal lograron paralizar totalmente la producción y exportación del banano, además de otras actividades económicas. Lo cual enfureció a los empresarios y al Estado.

 

Además la ruptura de las negociaciones entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno agudizaron el contexto de conflicto, particularmente desde 1987. Y tal como viene ocurriendo hoy en día en distintos estados de la republica mexicana como Guerrero y Chiapas, el gobierno colombiano anuncio llevaría la “paz” a Urabá, declarándola “zona especial de orden público y operaciones militares”. Ocurriendo entonces en esa zona que bajo el mando de un militar con poderes plenos, se instalaron cinco batallones de contraguerrilla, se cancelaron las personerías jurídicas de los sindicatos, a la vez que se multiplicaron los grupos de narco-paramilitares y se instauró una política represiva de tierra arrasada23.

 

En consecuencia, la madrugada del 4 de agosto de 1988, los narco-paramilitares llegaron a las haciendas bananeras Honduras y la Negra, en Urabá. Sacaron a los campesinos de sus dormitorios, los identificaron, interrogaron y mataron a veinte de ellos cuando aun permanecían tendidos en el piso. A esto se le sumaban la muerte de cuarenta dirigentes sindicales, asesinados días antes por “desconocidos”. Y cuando algunos jueces, después de la masacre de campesinos, acudieron acompañados de militares para hacer el levantamiento de los cadáveres, algunas mujeres sobrevivientes identificaron a varios de los uniformados como partícipes de la masacre. Indicando que, cuando los asesinos estaban revisando a los fusilados, uno de ellos dijo: “Mi cabo, todavía hay uno vivo”. “Remátelo” obtuvo como respuesta24.

 

Pero, no obstante la participación de militares en tales eventos, se dijo que algunos de ellos habían participado, estos eran una especie de “ovejas descarriadas”. Afirmaciones que tenían la intención de negar una política de terror a escala nacional desatada por las fuerzas armadas contra la oposición. De ahí que la versión gubernamental fue desmentida por distintas investigaciones oficiales e independientes al establecer que las masacres habían sido muy bien preparadas. Más aun, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación se concluyó que desde el Magdalena Medio se trasladaron paramilitares bajo el mando del ex militar Luis Antonio Meneses Báez, alias “Ariel Otero”.

 

Además, los operativos para identificar a las futuras víctimas fueron realizadas por unidades de inteligencia de la V y X Brigadas, con el respaldo de empresarios bananeros y ex guerrilleros reclutados por el ejército, todo lo cual fue ordenado por el oficial Sanmiguel Buenaventura. Mientras que el desplazamiento de paramilitares y la dirección de operativos estuvo bajo la dirección del mayor Luis Felipe Becerra Bohórquez, mismo que incluso pago son su tarjeta de crédito la cuenta del hotel de Medellín de algunos de los militares trasladados desde el Puerto Bocaya a Urabá. 25

 

Asesinato y persecuciones que también alcanzaron a la jueza Martha Lucía González, después de que ésta el 31 de agosto de 1988 ordenara el arresto del mayor Becerra Bohórquez y del jefe paramilitar y narcotraficante Fidel Castaño Gil. Desde entonces recibió amenazas de muerte, hasta verse obligada a salir del país. Pero en represalia, el 4 de mayo de 1989 su padre fue asesinado en Bogotá. Más toda vía, la jueza que la sustituyo fue asesinada junto con sus escoltas el 28 de julio, después de que esta confirmara la orden de arresto contra Becerra Bohórquez.

 

Y si bien en septiembre de 1989 un tribunal de Bogotá confirma la orden de aprensión contra el oficial, esta nunca se efectuó, sino que por el contrario éste fue ascendido y enviado aun curso al extranjero. Además, la orden de aprensión fue revocada, a la vez que el militar fue nombrado secretario de prensa del ejército y recibió la medalla al Servicio distinguido.

 

De estos hechos se puede inferir que en Colombia, igual que ocurrió en Bolivia y se viene acentuando en México, se ha buscado abrirle espacio a los intereses y actividades del narcotráfico que se encuentran en contubernio con las perspectivas agroindustriales. Por lo que detrás de la estrategia de terror hacia la población y sus organizaciones, se debe destacar el hecho de que Urabá es considerada como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y el mundo. Zona con 1,230,000 hectáreas de tierra y cerca de 700,000 habitantes, no sólo es productora del 60 al 100% de los cultivos de banano del país, sino que además, posee enormes reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radioactivo, gigantescos recursos petroleros, así como una gran biodiversidad26.

 

Mientras tanto en México, particularmente en el estado de Guerrero, desde antes del 26 de septiembre de 2014, día en el que 43 estudiantes de la Normar Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desparecieron a manos de supuestos pistoleros del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, coludidos con policías municipales. El número de desaparecidos por supuestos narcotraficantes eran casos de todos los días y que nadie volteaba a ver. Tan solo en mayo de 2010 se localizo en Taxco una mina abandonada con 54 cadáveres, así como se encontraron “narcofosas” descubiertas en 2013 y 2014 en Zumpango, Acapulco e Iguala. Tan solo de enero a agosto de 2014 se contabilizaron 197 desaparecidos, que sumados con los 43 normalistas son 240 27.

 

Hechos que han gozado de tal impunidad que, al día de hoy han colocado a Guerrero en una situación donde todos los días las colonias y barrios de las orillas de Acapulco sean campo de batalla entre hordas de niños y jóvenes sicarios. Mismos que se encuentran bajo las órdenes de algún cártel local. Ocurriendo así desde 2012, cuando el estado empezó a disputar el primer sitio en violencia frente a Cuernavaca, Tijuana, Ciudad Juárez y Ecatepec. Siendo considerado Acapulco el año pasado como la ciudad más peligrosa del mundo con casi mil 200 asesinatos. Éste estado de la república comenzó a sufrir una exacerbación de la violencia desde el 28 de octubre de 2010, después de que en el centro de Acapulco fueron fusilados tres hombres y una mujer. Desde entonces, la violencia ha ocasionado el cierre 970 negocios en el puerto, la huida de familias, así como el abandono de residencias o casas de playa.

 

Ante tales eventos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anuncio un plan de “rescate para Acapulco”, que ha implicado la militarización de la seguridad pública, tal como ocurriera en Colombia cuando se instauran los narco-paramilitares. Y de igual forma que en aquel país, pese o gracias a la implementación de operativos policiaco-militares la narcoviolencia continúa. Situación que parece se agudizara, puesto que Osorio Chong anuncio en 2015 la creación de un cuartel militar en Chilapa, a pesar de que dicha zona ha sido señalada como una franja donde el Ejército ha sido acusado de proteger al grupo de los “Ardillos”.

 

Versiones que han sido corroboradas por los hechos, pues este grupo no sólo aniquila con toda impunidad a sus adversarios, sino que también realiza secuestros para reclutar adeptos y los obligan a trabajar para ellos en campos de enervantes o los integran a sus escuadrones de la muerte. Más aun, se ha señalado a la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez de mantener vínculos con el grupo de los Ardillos, así como con integrantes de una nueva banda. Este nuevo grupo supuestamente ha desaparecido a 16 personas de entre 15 y 31 años, algunos de los cuales han sido vistos trabajando en campos de amapola resguardados por hombres armados28.

 

Y como resultado de estos hechos, se viene observando una indolencia por parte del gobierno federal, al no hacer nada para detener a tales delincuentes, pese a las denuncias de familiares de las víctimas como José Díaz Navarro. Éste ha advertido desde 2015 que en Chilapa se estaba gestando otro Ayotzinapa, ya que ha sido evidente que la delincuencia actuó en colusión con el ejército, autoridades federales y estatales, para la desaparición de su hermano Hugo y Alejandro. Estos fueron interceptados, junto con tres empresarios de la construcción, por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de 2014 y hasta la fecha los cinco siguen desaparecidos.

 

Pero además, el vínculo narco-paramilitar también se ha visto fortalecido por el respaldo de la prensa, debido a que en ésta algunos informadores han sido contratados por las autoridades y publican notas y reportajes sesgados, tal como ha señalado Ángela Buitrago, ex fiscal colombiana y que trabajo en México durante 13 meses como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Además, Ángela a señalado que cuando el GIEI solicito a las más altas autoridades del país que permitieran interrogar a los militares que presenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como les permitieran revisar los informes que los militares entregaron a sus superiores. El Secretario de Gobernación, Osorio Chong les dijo que esos interrogatorios no iban a ser posibles29.

 

Otro tanto ha venido ocurriendo en el caso de Tlatlaya, estado de México, lugar donde también se ha puesto en evidencia que el 30 de junio de 2014 el ejército mexicano realizo ejecuciones sumarias, después de mantener un enfrentamiento con supuestos integrantes del crimen organizado. En este caso, Grupo Televisa se fue deshaciendo de los directivos de Esquire, ya que estos respaldaron la publicación del reportaje freenlace (el cual sostiene la versión de ejecuciones por parte del ejército) en 2014 y el seguimiento que le dieron en 2015. Así, la cúpula editorial de Televisa despidió a Manuel Martínez Torres, quine era directos de Esquire, así como a su jefe, Javier Martínez Staines y por lo cual Mael Vallejo, editor general también de Esquire, renuncia.

 

Así, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, ha señalado que la falla de origen para dar solución al caso Tlatlaya, se encuentra en el hecho de que los militares mantuvieron el control sobre el lugar de los acontecimientos por varias horas, antes de la intervención de una autoridad civil, mientras que la CNDH ha encontrado que cuando la Sedena toma el control de una escena del crimen con frecuencia la altera para encubrir lo que ocurrió. Lo cua es corroborado por el testimonio de los sobrevivientes de Tlatlaya y los mismos soldados, ya que estos han indicado que la zona estuvo bajo control castrense entre seis y ocho horas hasta que llegaron, después de las 12:30, funcionarios de la Procuraduría del Estado de México30.

 

Pero por si todo esto no fuera suficiente, en el estado de Guerrero bajo el clima de violencia e incertidumbre ya descrito, han surgido las llamadas Autodefensas desde junio de 2012, en Huamuxtitlán, región de la Montaña, antes incluso que en Michoacán, donde el fenómeno emergió más tarde y el armamento como cuernos de chivo llamaron la atención de inmediato y por lo cual salieron en los titulares de la prensa nacional e internacional, en tanto que las armas en Guerrero no pasaban de escopetas y pistolas de bajo calibre.

 

Y aunque el embrión de la Policía Comunitaria fue el nacimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en noviembre de 1995, las autodefensas de Huamuxtitlan estarían signadas por enfatizar su lucha contra el narcotráfico. Y dentro de esta misma línea le siguió Olinalá, lugar que ha tenido mayor relevancia a partir de que a mediados de 2013 su comandanta Nestora Salgado García detuvo al síndico procurador del Municipio, armando Patrón Jiménez. Acusado de mantener vínculos con los narcotraficantes de la región31.

 

Asimismo en Telamacatzingo, poblado perteneciente al municipio de Olinalá, surge otra autodefensa el 2 de diciembre de 2012, con Citlali Pérez Vázquez al frente. Mientras que el 5 de enero de 2013, surge otra autodefensa en Ayutla de los Libres, bajo el mando del násuvi Bruno Plácido Valerio.

 

Sin embargo es importante tener en cuenta que tales autodefensas han mantenido diferencias radicales en sus formas de trabajo. Destacando el hecho de que mientras Nestora Salgado se confrontó con el gobierno del estado, de quien en un principio sólo recibió una pick up, Bruno se hizo su aliado, aceptando todo tipo de prebendas, desde playeras y radios para sus huestes, hasta una camioneta blindada en la que se transportaba.

 

No obstante estas diferencias, desde 2012 el surgimiento de las autodefensas no ha parado en Guerrero, manifestándose en las siete regiones de dicho estado. En municipios como El Mesón, Cualac, Coyuca de Benítez, Tierra Colorada, Teololoapan, Xaltianguis (Acapulco), Tecpan, Costa Grande, Atlixtac, Alpoyeca, Tlapa (centro económico de la Montaña), Chichihualco, Zumpango, Apaxtla y Chilpancingo. Todas las autodefensas han avanzado, crecido o se han extinguido, al igual que sus líderes, en un clima de corrupción e inconformidad social, donde el gobierno a tejido alianzas con el narcotráfico y algunas autodefensas, dejando de lado a otras que no se han subordinado. De tal suerte que algunas han terminado por ser infiltradas por el narco, minadas desde dentro, por lo que hoy en día el narcotráfico sigue inamovible e imbatible, manteniendo bajo su control a la ciudad más grande y poblada, Acapulco. Así como al pueblo más pobre y recóndito, Zitlala, causando miles de muertes y cientos de personas desplazadas32.

 

Pero al igual que en Urabá, no se debe pasar por alto que tales eventos ocurren en un estado de Guerrero donde existen ricas minas de oro, plata y cobre, así como tiene grandes recursos hídricos en ríos, lagunas y playas, además de recursos forestales. Mismos que el generoso presidente Enrique Peña Nieto, pone a disposición de empresas como el Grupo Collado. Grupo que recibió de manos del mismo presidente, el 12 de octubre del año pasado el Premio Nacional de Exportación33.

 

 

Bibliografía.

 

Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). “Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia”. 1982.
Echeverria Zuno Álvaro. “Centroamérica: la guerra de Reagan”. Presencia latinoamericana, 1985.
Taber Robert. “La guerra de la pulga”. Ediciones Era, Ancho mundo, 1967.
Calvo Ospina Hernando. “Colombia, laboratorio de embrujos”. Ediciones Foca, 2008.
Hemerografía.
La Jornada, sábado 21 de mayo de 2016.
Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.
Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
Notas:
1 Rebelión. “Un poder imperial en la cuesta abajo. Un desafío al poder de Estados Unidos (I)”. Por: Noam Chomsky, 17-05-2016
2 Rebelión. ¿Qué principios gobiernan el mundo? Un desafío al poder de Estados Unidos (y II). Por: Noam Chomsky, 21-05-2016.
3 Rebelión. “Desmonte de la integración regional”. Por: Emir Sader, 17-05-2016.
4 La Jornada, jueves 19 de mayo de 2016.
5 Guarimbas, término popular que comenzó a utilizarse como sinónimo de refugio, cuando en Venezuela mandaba el militar Marcos Pérez Jiménez (1953). En aquel entonces, la resistencia cívica diseñó un método de subversión: Se operaba en contra de la dictadura para luego correr en busca de seguridad en el interior de las iglesias. Sin embargo hoy en día es utilizado por la derecha venezolana para identificar protestas organizada en zonas residenciales, así como con cierre de calles.
6 La jornada. “Preparativos de intervención militar en Venezuela”. Por: Ángel Guerra Cabrera. 19-05-2016.
7 Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). “Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia”. 1982. Pág. 90.
8 Ibíd. Pág. 93
9 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 92
10 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 101.
11 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 102.
12 Ibíd. Pág. 103
13 Ibíd. 105.
14 Ibíd. Pp. 106-107
15 Ibíd. Pág. 108
16 Ibíd. 108
17 Taber Robert. “La guerra de la pulga”. Ediciones Era, Ancho mundo, 1967. Pág. 19
18 Ibíd. Pág. 55
19 Calvo Ospina Hernando. “Colombia, laboratorio de embrujos”. Ediciones Foca, 2008. Pág. 169
20 Ibíd. Pág. 175.
21 Ibíd. Pág. 176.
22 Ibíd. Pág. 181.
23 Ibíd. Pág. 181
24 Ibíd. Pág. 183
25 Ibíd.
26 Ibíd. Pág. 185
27 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
28 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
29 Ibíd.
30 Ibíd.
31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.

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Parapolítica: contrainsurgencia y rumbos a la “cosa nuestra”
En el poder y en la ciudad de Medellín, con denuncias e investigación sobre la existencia al menos de 250 combos armados, cruza un reacomodo con trasfondos mafiosos. Entre las acciones de narcotráfico, política tradicional, lavado de divisas, compra de conciencias y de adhesiones políticas, amenazas, complicidades, impunidad y asesinatos, nacen nuevos dominios. Tienen base, y derivan con el control territorial y la inserción institucional una de las más claras expresiones de la “cosa nuestra” que es notoria por toda la urbe. La parapolitíca y su control territorial aparecen como una antesala de la forma y uso de dominios nuevos de la política, la economía y la administración de la violencia, que son un fenómeno de grandes implicaciones que trae nuevos retos para las organizaciones sociales. ¿Cómo sucede y cómo actúan en Medellín, qué poderes existen, qué dominio campea.

Una historia con un presente largo para no olvidar. En uno de sus capítulos más conocidos, aún tiene consecuencias la reposición de los “desmovilizados” como manejadores de orden y justicia en los barrios. Ya sobresale que la capital de la montaña es objeto “de disputa por los grupos ilegales las rentas económicas derivadas en gran medida del narcomenudeo, las extorsiones, los juegos de azar, redes de prostitución y el lavado de dinero; […] uno de los ejes primordiales de disputa es el control de la población, en tanto su dominio garantiza a las agrupaciones condiciones de seguridad y supervivencia, vulnerando de manera sistemática sus derechos humanos como medio para conseguir sus objetivos”. Una parte de la realidad que en el primer semestre de 2011 hizo público un informe de la Personería de esa ciudad. Así sucedió y sucede en Medellín –no una isla–, en evidencia o anuncio por supuesto, de hechos que en alguna medida ocurren en otras partes. ¿Cómo obtienen ese control sobre la población?

Corría 2009. En su momento, el Alcalde Alonso Salazar advirtió, puso en conocimiento de los ciudadanos y las instituciones que la Fiscalía Seccional, con su director Guillermo León Valencia Cossio, hermano del entonces Ministro del Interior, así como el comandante de la Policía Metropolitana, general Marco Antonio Pedreros, mantenían vínculos con estructuras delincuenciales de la ‘oficina de Envigado’ y con alias Don Mario, su cabeza más visible. Las dos instituciones más importantes –con alcance institucional1– penetradas y cooptadas por la parapolítica. Pero las denuncias por el copamiento paramilitar no pararon ahí. El alcalde también señaló por el delito de extorsión y relación con bandas criminales al principal negociante de la Central Mayorista de la ciudad, Alirio de Jesús Rendón Hurtado (alias Cebollero), y a una empresa de vigilancia. Estas declaraciones, que tuvieron amplia difusión en su momento, dieron cuenta de los graves hechos sucedidos en esa ciudad, y de la presencia larga, y con consecuencias para sus habitantes, del crimen paramilitar.

El 29 de septiembre de 2010, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de Riesgo (016-10): De acuerdo con la alerta, estarían en riesgo cerca de 298.436 personas habitantes de 54 barrios de 11 comunas, “en situación de alto riesgo de padecer desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas, atentados, asesinatos, restricciones a la movilidad, entre otras vulneraciones”. Las zonas en riesgo serían las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13, así como los corregimientos de San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal.

El documento del SAT resalta como factor de riesgo las acciones violentas de los grupos armados ilegales que actúan con las autodenominaciones ‘oficina de Envigado’ y Los Paisas. “Utilizan, de manera directa o a través de bandas y redes delincuenciales el terror, el miedo y la intimidación, como mecanismo para mantener el control social de la población […] complejo entramado de grupos armados reconvertidos después del proceso de desmovilización paramilitar, que han preservado su capacidad de incidencia coercitiva en diferentes sectores de la vida de la ciudad y que tienen vocación de actuar en el campo de lo político. Aspecto último, con una cuota alta de atención noticiosa y acción judicial.

Como es notorio, en Medellín hubo paramilitarización, y la ‘desmovilización’ del Bloque Cacique Nutibara escenificada el 25 de noviembre de 2003, en realidad fue ficticia. Cambiarion las formas, y su existencia y control prosiguió con nuevas formas. La Personería, en el informe que citamos, no deja dudas: “No existe patrullaje de la ciudad con pasamontañas ni armas de largo alcance. Es un control invisible, con amenazas, con armas camufladas de corto alcance, con expulsiones de los barrios [...] Hoy se respira un nuevo clima pero los habitantes de las comunas coinciden en afirmar que detrás de la aparente calma están agazapados los nuevos dueños del orden local: los grupos paramilitares que controlan los suburbios de Medellín con mano de hierro”2.

Sobre la situación de derechos humanos en Medellín, este informe presenta datos sobre amenazas, desplazamientos y desapariciones forzadas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; violencias sexuales, vinculación y utilización de niños/as y adolescentes, así como masacres, ataques indiscriminados y homicidios (aumentan en los territorios de más intensa disputa territorial “como es el caso de las comunas 13, 8 (ver recuadro De luto la Comuna 8), 10, 16, 2 (barrio La Rosa), 3, 5 y 6, y los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista”. Y dice que “según la Policía Metropolitana existen alrededor de 200 bandas delincuenciales articuladas a 20 organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (Odin) al servicio de las dos facciones de la ‘oficina de Envigado’, modelo de delincuencia organizada replicado en otras ciudades (Oficio 1205 del 25 de julio de 2005”.

A la vez, y ante los hechos, la Defensoría del Pueblo explica que la disputa entre los grupos armados ilegales surgidos luego de la desmovilización de los bloques que operaron en Medellín, así como las estructuras armadas de la ‘oficina de Envigado’, los llamados ‘combos’ y bandas al servicio del narcotráfico “tienen el propósito de garantizar las condiciones para la consolidación y legitimación de un modelo socioeconómico y político […]3. Estos grupos son la expresión local de sofisticadas redes criminales con profunda inserción social e institucional. Su denuncia y caracterización de esta realidad no puede aparecer como producto de simples organizaciones de “delincuencia común” y expresión de “personas pobres o disfuncionales” con su vida bajo el sino y la dedicación única o principal en actividades al margen de la ley.



Paramilitarismo y expansión, derivaciones y ramas de ‘cosa nostra’ mafiosa


Ante tales manifestaciones delincuenciales, es posible sí que en su estructura haya diversos grados de capacidad criminal por la incorporación de organizaciones pequeñas, con baja potencia destructiva, que actúan en cadena con grupos de mayor envergadura. En esta forma, es considerable la existencia y la presencia de encadenamientos productivos del comercio de droga en variada escala, unos que producen materias primas, otros que transportan y otros que comercializan […]. En resumen, no hay grupos locales armados que puedan considerarse autónomos. Todos están insertos en las redes criminales que actúan y buscan penetrar, consolidar o ampliar los dominios territoriales en la ciudad.

Al respecto, para la Defensoría4 “estos grupos no sólo actúan en el marco de la disputa por las rentas provenientes de todo tipo de actividades ilegales sino que [además] generan estructuras híbridas que imbrican tanto la captura de rentas ilegales como de negocios legales, que se explican por dos procesos convergentes, la necesidad de legalizar activos provenientes de actividades ilícitas y la incursión de estos grupos, desde hace varios años, en el mundo de la economía legal, estableciendo alianzas empresariales muy fructíferas.

No pasa desapercibido (sic) que tanto las investigaciones académicas de organismos como la Corporación Nuevo Arco Iris como las penales adelantadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, genéricamente conocidas como “parapolítica”, pusieron al descubierto que el accionar paramilitar desde mediados de los años 90, además del componente contrainsurgente, incorporó los intereses de una amplia red de sectores económicos, sociales y políticos que vieron en la estrategia paramilitar una buena oportunidad para reconstruir un orden social funcional a sus intereses y para acumular poder en diversos campos. Una buena parte de esta iniciativa se concretó en la estrategia de alianzas para la toma del poder local (…)”5.

Ya con la proximidad de las elecciones, en octubre de 2011, el politólogo Max Yury Gil advirtió acerca del alcance de esa realidad en Medellín y la naturaleza y “vocación de actuar en el campo de lo político” de las “sofisticadas redes criminales” que operaban en la ciudad. Y desde su marco intelectual recomendaba: “Los habitantes de esta ciudad tenemos un reto […] decidir cómo les va a ir a los candidatos que nos proponen los grupos armados, esos que han sido responsables de buena parte de los 1.982 jóvenes asesinados en la ciudad, entre ellos los cinco líderes juveniles de la comuna 13. (…) es fundamental que la institucionalidad rodee de garantías este proceso, pero especialmente que demuestre un compromiso más allá de toda duda sobre la ruptura con la criminalidad, que implica una renuncia absoluta a construir la gobernabilidad en alianza con las mafias que actúan en Medellín y a tolerar que sectores oficiales actúen al margen de la ley”6.

Por su parte, Manuel Alonso y Jorge Giraldo señalaron desde 2007 que en Antioquia y Medellín “las bandas, las estructuras del crimen organizado, los paramilitares y los grupos de autodefensa barrial tienen una relación entre sí a través de un conjunto variable de intermediarios”. Cada uno, “establece las relaciones específicas de los nodos con el entorno”7. Medellín y su realidad casi aplastante, como vamos viendo en el curso de este artículo, llevó a estos dos académicos a concluir: La existencia de una gran economía ilegal, con un mercado de seguridad compuesto por múltiples demandantes y oferentes armados, que se estructura sobre la figura de los intermediarios legales y no legales –en medio de una débil institucionalidad. Mercado y marco político y de poder que pone las ‘intenciones’ de desmontar el paramilitarismo en el lugar inmodesto de los ideales.

Creerlo así es suponer que con las desmovilizaciones que fueron realizadas y escenificadas se puede desmontar el proyecto paramilitar. Equivale a decir que es posible recoger con los dedos la gota de mercurio que cae al piso. Pero no fueron sólo académicos; también diversos movimientos y organizaciones sociales advirtieron sobre las transformaciones problemáticas que experimentan durante la última década los actores ilegales en la ciudad.

Hace cuatro años (2008), organizaciones como Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica y Vamos Mujer, en un informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmaron: “Posterior a la cooptación de bandas y combos que emergían en la ciudad hacia 2003, momento de la mal llamada desmovilización, se da un proceso de reposicionamiento de los desmovilizados como administradores de orden y justicia en los barrios, que configuran su autoridad mediante castigos físicos, amenazas y desplazamientos como formas de controlar socialmente las poblaciones”8.

Ante el dominio público de este suceder, la existencia de grandes jefes y complejas organizaciones delincuenciales no son ficciones de Alonso Salazar, el alcalde de la urbe por entonces, al denunciar las circunstancias apremiantes de la misma. A finales de 2009 y comienzos de 2010, una Comisión por la Vida mantuvo contactos con grandes jefes delincuenciales, buscando un acuerdo para que, en palabras de Jaime Jaramillo Panesso, destacado miembro de la Comisión, “la situación en la ciudad se pacifique, no se maten entre ellos y no maten personas inocentes”9. Un vano o superficial intento.

Los mapas realizados por la Personería de Medellín en 2008 y 2011 identifican bandas y combos delincuenciales en la ciudad, que en su mayoría permanecen en las zonas.

El lugar de la raíz del fenómeno y sus “conexiones secretas y alarmantes”



En el mundo y en la polémica jurídica y del Derecho fue noticia que el fiscal Giovanni Falcone, a quien la mafia que investigó en Palermo (Italia) lo asesinó en 1992, caracterizó en forma pública la configuración mafiosa como un tejido de conexiones secretas y alarmantes y de compenetraciones orgánicas.

Dada esta estructura para el delito, el articulista y etnógrafo Aldo Cívico10, quien desde hace 10 años estudia el trasfondo etnográfico –los sectores de la sociedad–, sobre quienes gravitan la incidencia, los beneficios y el disimulo del paramilitarismo en Medellín, y quien viajó como parte de su investigación con Leoluca Orlando, ex alcalde antimafia de Palermo, a Monterrey (México), pone sobre la mesa que “la raíz del problema [de la violencia paramilitar] no está en los barrios marginales”, aunque sea allí donde la violencia tiene sus manifestaciones. Aduce él, en cambio, que tal problema está y tiene su dinámica: en los comportamientos y espacios donde los sujetos que cuentan con un recurso de poder y vínculo con individuos de la clase dirigente, y en cuya relación y lugares tienen un amplio margen de resguardo, “manejo y acuerdo de las turbias alianzas […] garantía de la impunidad”. Son estos entonces unos espacios centrales y de ‘cinco estrellas’.

Cuando Raúl Hasbún Mendoza le suministró a la Fiscalía una lista de 240 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes, como capítulo de la ‘paraeconomía’, su primera derivación fue la medida de aseguramiento contra Guillermo Gaviria Echeverry, un nombrado bananero en Urabá y padre del actual alcalde de Medellín. Estos hechos, permiten traer “a la mente unas analogías”, directas, similares, para usar palabras del investigador Cívico, con el hecho mafioso que hace parte de la historia en Italia. Unas analogías que también son claras ante el caso ya público de la ‘Convivir Papagayo’, que operó con los grupos paramilitares en Urabá, y que por las relaciones que estableció recibió una condena en Estados Unidos la empresa Chiquita Brown. Ejemplo o analogía que caracterizan el hecho mafioso ya con desarrollos. Con adelantos en la relación con el poder y su origen de legitimación que en un ejemplo mínimo la Corporación Arco Iris referencia en su II Informe 2011 sobre la acción de combos que “infiere la instrumentalización política […] en Villa Hermosa y Altavista para hacer proselitismo electoral y obstaculizar físicamente el desarrollo de campañas electorales de otros candidatos”11. Al respecto, la profesora Gina Margarita López concluyó de manera contundente: “En Medellín impera el voto “amarado”, el voto comprado”12.

En agosto de 2009, el periodista y analista del conflicto urbano en Medellín Juan Diego Restrepo veía que ‘organizaciones’ como la ‘oficina de Envigado’, estructuras de origen paramilitar como la de Diego Rendón Herrera, alias don Mario; grupos narcotraficantes como Los Rastrojos e históricas bandas de Bello, Itagüí y Medellín, buscan hacerse a un dominio territorial al modo de Don Berna, a sangre y fuego. Pero hasta el momento nadie tiene el monopolio ni siquiera el Estado, que ha cedido terreno13.

Dada la caracterización y la experiencia internacional que alcanzó el fiscal Falcone y que define el espacio de movimiento de las personas con algún poder, que son quienes deciden y traman el recuso de pago o violencia para avanzar y consolidar un mayor volumen de poder, sobre un área determinada, sin considerar su extensión, ¡no es el narcotráfico desarticulado! Es, según la investigación mencionada, “la alianza del crimen organizado con poderes políticos y económicos el factor que constituye la esencia de la mafia”. En Italia, esta alianza tiene como denominación el término “intreccio”, que quiere decir trama.

Tal como vemos en Medellín y es de profundo conocimiento en Italia, la trama, ese intreccio señala “no sólo la reciprocidad entre la ‘Cosa Nostra’ y la institucionalidad sino también la amplia ‘zona gris’ en la cual es imposible distinguir dónde termina la mafia y dónde comienza la institucionalidad”, según precisa Cívico. Por tanto, concluye que “en las compenetraciones y conexiones del crimen organizado con la economía y la política está también asentada la naturaleza del paramilitarismo como poder mafioso”.

Leoluca Orlando, el ex alcalde antimafia de Palermo, al llegar a Monterrey, cuando el hermano del alcalde fue acusado de complicidad en el atentado a una discoteca que les costó la vida a más de 10 personas, declaró a la prensa: “Yo sé solamente que un alcalde que tiene una familia con relaciones con los criminales no es digno de ser el alcalde de una ciudad. No puede representar a la comunidad en la lucha contra la mafia. No se trata de justicia; se trata de ética”.

¿Debió guardar silencio el Alcalde?


La Procuraduría General de la Nación, en auto del 24 de octubre de 2011, levantó un pliego de cargos al alcalde14  por sus comentarios el 6 de octubre de 2011 “a través de la red social más utilizada en internet Twitter, el 6 de octubre; a lo cual, en el interrogatorio que tuvo al rendir versión libre, el alcalde respondió que era “harta su obligación de corregir una cantidad de cosas dichas por el candidato @luis _perez_g (quien dice que las pasadas elecciones se las robaron)” y que Pérez aducía que en las elecciones del pasado 30 de octubre había el mismo riesgo, y que “desde ya busca quitar legitimidad si el resultado no le favorece”. Y agregó que cuando Luis Pérez perdió en el 2007 “calumnió sin importarle el daño que hacía a la ciudad, y ahora calumnia como estrategia de campaña”.

Otra de las posibles fallas disciplinarias que investigadas por la Procuraduría, en un procedimiento con participación de los académicos Jorge Alberto Giraldo y William Fredy Pérez como testigos técnicos, alude a la entrega de fotografías y las afirmaciones del alcalde a los medios de comunicación escritos y electrónicos para “darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos a cargos de elección popular en las próximas [ahora pasadas] elecciones. Este asunto abre y permite una polémica jurídica y de un desempeño ciudadano sobre la responsabilidad de un funcionario y de las actuaciones que derivan de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios. Son preguntas: 1) El Alcalde utilizó el cargo con el fin de participar en forma activa, personal y voluntaria en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías, 2) actividades propias de los partidos y movimientos políticos, 3) Influyó en procesos electorales de carácter político partidista, 4) Interfirió en la contienda electoral con el fin de perjudicar electoralmente a los candidatos denunciados 5) Violó las prohibiciones consagradas en la ley de garantías electorales contenidas en la Ley 996 de 2005.

Muy pronto, en sus primeros seis meses de mandato, el alcalde Alonso Salazar ya tuvo lances y hechos –nada comunes por las autoridades elegidas– de lucha pública y frontal contra la delincuencia con vínculos políticos. En su testimonio, William F. Pérez hizo notar que: “por lo menos durante las últimas tres décadas la ciudad ha sufrido una transición de organizaciones un poco más elementales, casi espontáneas, hacia […] un verdadero crimen organizado […] que se caracteriza por unos elementos básicos: permanencia, jerarquías, normas explicitas o implícitas –a veces incluso escritas–, y agentes corruptores y corruptibles que ocupan lugares permanentes en la organización”.

Dados el tamaño y la profundidad de la situación, una vez puesta en boca del Alcalde debió significar para el gobierno central y la sociedad la urgencia y responsabilidad de una “alerta temprana”, documentada por organizaciones, periodistas y académicos, incluso con un estudio que contrató el propio Ministerio de Gobierno a fin de investigar los riesgos concernientes a la época electoral, en relación a la infiltración de las mafias en la política. Ese estudio fue difundido por los medios de comunicación en agosto de 201115.

Con un volumen de delito nada subterráneo, ¿el Alcalde debiera no hablar y mantener desinformados a los habitantes de la ciudad? Cabe señalar que la actuación de un funcionario con responsabilidad política y sin acomodos cómplices está –estaría– obligado de dar a conocer la gravedad y la anomalía específicas de la situación. Tales condiciones exigirían a todo funcionario tomar una decisión de gobierno y en derecho que responda al querer de la ciudadanía. En palabras de Claudia López, “dejar de prevenir los riesgos mitigables es un acto de irresponsabilidad mayúsculo con la democracia”.


1    Ver, “La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia”, Luis Jorge Garay Salamanca y otros. 1ª ed. 2008, Bogotá.
2    Eduardo Pizarro Leongómez, “Una calma aparente. Paramilitarización urbana”. El Tiempo, Bogotá, 15 de agosto de 2004.
3    Verdad Abierta. “Urabeños y Rastrojos amenazan a Medellín: Defensoría del Pueblo” (en línea), disponible en: http://www.verdadabierta.com/rearmados/2793-urabenos-y-rastrojos-amenazan-a-medellin-defensoria-del-pueblo. Un mes más tarde, la Secretaría de Gobierno de Medellín publicaba, en coherencia con los datos de la Defensoría, un análisis sobre el riesgo para la vida en las diversas zonas de la ciudad: “Del territorio de Medellín, no todas las comunas y corregimientos tienen la misma proporción de riesgo para la vida de sus residentes, existen, como San Javier (Comuna 13), otras con alta concentración de conflicto, tal como La Candelaria (Comuna 10) y Villa Hermosa (Comuna 8), donde la probabilidad de ser víctima es de un caso entre 4.842.301 para un habitante promedio de la 13, o una probabilidad de uno en 3.026.438 casos en Comuna 10 o de un caso entre 3.631.726 en la Comuna 8”. Secretaría de Gobierno de Medellín. “Documento para el diálogo ciudadano”. Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), 11 de octubre de 2010.
4    Documento Alerta.
5    Manuel A. Alonso Espinal, Jorge Giraldo Ramírez y Diego Jorge Sierra. “Medellín: El complejo camino de la competencia armada”. En: Mauricio Romero (ed.). Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá, Cerec, agosto de 2007.
6    Informe violencia sexual y feminicidios en Colombia. Fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, 23 de octubre de 2008, por Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica, Vamos Mujer.
7    Verdad Abierta. “Así se pactó la tregua entre bandas en Medellín” (en línea), disponible en: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=219108 de Febrero de 2010.
8    Twitter: @acivico.
9    Max Yuri Gil Ramírez. “Medellín: elecciones e influencia de grupos criminales”. Semanario Viva la Ciudadanía, 00276. Semana del 21 al 27 de octubre de 2011.
10    Max Yuri Gil Ramírez. Medellín, violencia y riesgo electoral. Semanario Viva la ciudadanía, ed. 00249, Semana del 1 al 7 de abril de 2011.
11    Corporación Nuevo Arco Iris. “Mafias y agentes ilegales buscan rentas y el poder local. II informe. Octubre, disponible en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/oca/informes/segundo_informe_elecciones_2011. pdf
12    Gina Margarita López. “De concurrencias y…”.
13    Redes mafiosas en el Valle de Aburrá. Juan Diego Restrepo. Semana, 26 de agosto de 2009 (en línea), disponible en: http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/redes-mafiosas-valle-aburra/127815.aspx.
14    […] deberá usted responder a la Procuraduría General de la Nación por haber utilizado su cargo y autoridad para participar en forma activa, personal y voluntaria en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías, en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, y por influir en procesos electorales de carácter político partidista, en un período electoral en el que se exige la mayor imparcialidad de todos los funcionarios y servidores del Estado para garantizar la transparencia del mismo. Hecho éste que se concreta al haber realizado comentarios a través de la red social más utilizada en internet, “Twitter”, el día 6 de octubre de 2011; entregar fotografías y realizar afirmaciones en medios de comunicación escritos y electrónicos con el fin de darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos a cargos de elección popular en las elecciones a celebrarse el próximo 30 de octubre de 2011, como los que aparecen publicados en el periódico El Colombiano de las ediciones del 7 de octubre de 2011 (p. 9A), el 9 de octubre de 2011 (p. 7A) y elcolombiano.com del 23 de octubre de 2011, en los cuales se hacen imputaciones delictivas a los señores Luis Carlos Pérez Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín; Misael Cadavid, candidato al Concejo de Medellín; Aurelio Antonio Tobón, candidato a la Junta Administradora Local de la Comuna 8; Gary Johan Vélez Torres, candidato a la Junta Administradora Local de la Comuna 13, y Diego Javier Galeano García, candidato a la Junta de Administradora Local de El Pinar, así como por la utilización de su cargo para realizar afirmaciones sobre la presencia del candidato Luis Carlos Pérez con personas al parecer presuntamente vinculadas con hechos delictuosos; todo ello con el fin de influir en las actividades de dichos candidatos, de interferir en la contienda electoral de perjudicarlos electoralmente, afectando su imagen y poniéndolos en contra de la opinión de la comunidad, estando en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías Electorales contenidas en la Ley 996 de 2005”.
15    El informe fue contratado por Germán Vargas Lleras y financiado en parte con recursos del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. La primera fase fue investigar una muestra de 75 municipios de un universo de 211 con alto riesgo de infiltración mafiosa. “El Ministro del Interior explicó hace meses en un foro sobre las elecciones que el Gobierno quería evitar que en estas elecciones se repitiera el fenómeno de la parapolítica y que por eso contrataría a la Corporación Arco Iris, que sin duda es la ONG con mayor experiencia en investigar los fenómenos de filtración de la mafia en la política, para que aportara los insumos con los cuales los jefes de los partidos podrían escoger mejor a sus candidatos”. Juanita León. “¿Por qué Vargas Lleras no entregó a los partidos la ‘lista negra’ de Arco Iris?”. La Silla Vacía, 31 de agosto, 2011 (en línea), disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/por-que-vargas-lleras-no-entrego-los-partidos-la-lista-negra-de-arco-iris-27176. Recuérdese además que la Ley 1106 de 2006, art. 5, prorrogada en este artículo por la Ley 1421 de 2010, ordena a los gobernadores y alcaldes “atender de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas emanadas del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, tendientes a prevenir, atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, y las posibles violaciones a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario”.



Recuadro 1

Otro eslabón: Delincuencia para-electoral



En octubre de 2011, un texto titulado “De concurrencias y otras casualidades”, de la ensayista y docente universitaria Gina Margarita López, recordó algunas ‘coincidencias’ electorales y afirmó que “voces desde diferentes espectros políticos han señalado que hay zonas donde existen limitantes para desarrollar la actividad proselitista” en Medellín. Al respecto, el texto decía: “[La] candidata a la Alcaldía por MIRA ha recibido mensajes de no ingresar en las comunas 1 y 13. En la Comuna 8, un candidato no ha podido ir a la parte alta de la misma, así como el Partido Verde y la ASI no han podido hacer presencia en la Comuna 6. Estas comunas, como lo señalé, para 2007 apoyaron mayoritariamente en términos electorales a Luis Pérez, por ejemplo; en la Comuna 1 Pérez duplicó la votación de Salazar. […] Si bien la Policía desarticuló algunas estructuras que operaban en 2007 o las confrontaciones entre “Sebastián” y “Valenciano” permitieron capturar varios miembros de organizaciones delincuenciales, aún hay redes desde lo micro a lo macro que operan desde finales de los 80 en Medellín y que sobreviven, mutan y hasta han clonado a otros sectores. Por esto, su incidencia ilícita en el proceso electoral está presente.

La situación de riesgo electoral y captura del gobierno local en los comicios de 2011 incluyó un informe con mapa en el artículo “Veto a campañas”, Semana, 1º de octubre de 20111.

Por su parte, Angélica Arias, investigadora del Observatorio del Conflicto Armado, en el mismo mes de octubre, dio a conocer cifras sobre la capacidad económica alcanzada por estos agentes violentos de una denominación que aborda como neoparamilitares. Revela que “tienen la oportunidad de financiar y favorecer a algunos candidatos locales en los diferentes municipios y algunas ciudades capitales. Tienen tanto la opción de financiar campañas de los políticos de su preferencia como de comprar votos el día de las elecciones, o ceder deudas de los préstamos gota a gota bajo la idea de que sus deudores voten por un candidato específico”. Sobre Antioquia, agregó: “La influencia en las elecciones proviene en su gran mayoría de parapolíticos que aún otorgan algún tipo de apoyo a los candidatos, aunque los neoparamilitares que sobresalen en el departamento son Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, también predominan bandas en el territorio de los municipios”2.

Como parte de otro de los intereses que estaban en juego en Medellín, Patricia Fernández (Coordinadora Regional Antioquia, Misión de Observación Electoral) dio a conocer que “el presupuesto que administrará el próximo alcalde es del orden de 14 billones de pesos, provenientes en su mayoría del recaudo de impuestos que pagan los habitantes de la ciudad. El alcalde, además, decide e incide entre otros entes descentralizados en Empresas Públicas de Medellín, UNE Telecomunicaciones, Metroparques, Empresa de Desarrollo Urbano, Metrosalud, Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria Colegio Mayor, Telemedellín, Instituto de Deportes y Recreación (INDER), Área Metropolitana, cuyos presupuestos superan cinco veces los del Plan de Desarrollo Municipal3.

1    http://www.semana.com/nacion/veto-campanas/165077-3.aspx).
2    Angélica Arias. “Neoparamilitares-Bacrim: Acciones de interferencia para las elecciones locales de 2011”. Observatorio del Conflicto Armado, octubre de 2011.
3    Patricia Fernández Correa. “Un voto elige bien o mal, pero elige”. Semanario Virtual Viva la Ciudadanía, ed. 00276. Semana del 21 al 27 de octubre de 2011.


Recuadro 2


De luto la Comuna 8


El 13 de junio de 2011, el portal Verdad Abierta publicó una denuncia del IPC bajo el título “No paran las amenazas a líderes en Medellín”. En ese informe, como en muchos otros, la Comuna 8 siempre se presenta a la cabeza de los sectores territoriales de la ciudad con mayores problemas de violencia y conflicto armado: “Situación en los barrios. En comunas como la 8 y la 13 la situación es alarmante. Según Jairo Maya, miembro de la Junta Administradora Local de la Comuna 8, por lo menos unos 17 líderes comunitarios de este sector centro-oriental de la cuidad recibieron amenazas en este año y ya cuatro presidentes de juntas de acción comunal han tenido que abandonar la zona en los dos últimos meses”.

Un año antes, también el IPC informaba que “en audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia Edwin Tapias y Julio Perdomo aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intraurbano y homicidio, constreñimiento y extorsión. Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero [de 2010] junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, Comuna 8 de la ciudad […] La preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios, pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la Comuna 8 la criminalidad parece que tuviera un dicho: “A rey muerto, rey puesto”. Instituto Popular de Capacitación. “Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín”. Medellín, IPC, 10 de febrero de 2010. Para ver la relevancia de la Comuna 8 en la situación de conflicto urbano, puede verse: Paramilitarismo y conflicto urbano. Relaciones entre el conflicto político armado nacional y las violencias preexistentes en la ciudad de Medellín: 1997-2005. De Max Yury Gil. Trabajo de grado. Instituto de Estudios Políticos. Maestría en Ciencia Política, agosto de 2009.





Publicado enEdición 180
El periodista uruguayo Raul Zibechi es uno de los mejores, y más conocidos, analistas políticos de América Latina.  Su libro "América Latina: Contrainsurgencia y pobreza" fue publicado en junio de este año por el editorial DESDE ABAJO en Bogotá, Colombia http://www.desdeabjo.info, como parte de la serie Pensadores Latinoamericanos. El libro presenta las políticas de ‘combate a la pobreza’ aplicadas por los gobiernos progresistas de la región como una nueva forma de dominación.  

En la siguiente entrevista http://www.lalineadefuego.wordpress.com Zibechi opina sobre su libro y el impacto negativo de las políticas asistencialistas.

Es según el libro “La estrategia de dominio y control de poblaciones, de consolidación de Estados sin “disidencias problemáticas”, gana nuevas formas y se hace realidad en muchos más territorios. El presente libro nos permite adentrarnos en las particularidades de esas nuevas formas, resumidas en lo que se conoce como Doctrina de Acción Integral (DAI), aplicada en Colombia con todo rigor, pero también en la mayoría de los países de América Latina, a través de las conocidas políticas de ´combate a la pobreza´ auspiciadas por la banca multilateral, luego de la derrota de Estados Unidos en Vietnam”.

GC. El libro parece hacer un llamado a la revolución, o a la resistencia no frontal en los espacios pequeños, para desbordar la capacidad de control del estado, y de ahí lograr el cambio estructural. 
RZ. No acostumbro hacer llamados a nada en particular y menos aún a la revolución. Mi interés en este libro es hacer visibles las nuevas formas de opresión y dominación a “cielo abierto” (la idea proviene de Gilles Deleuze), porque pienso que al visibilizar la dominación es más sencillo neutralizarla. Como no soy partidario de la toma del poder estatal, creo sí que lo más adecuado es resistir en los pequeños espacios de la vida cotidiana para, a partir de ellos, crear formas de poder no estatal para defender esos mismos espacios. Es en ello donde puede haceer el “otro mundo posible”, no arriba y desde los estados.

GC. Dices que lucha contra la pobreza, a lo menos en la forma practicada por los gobiernos progresistas de América Latina, es un error, el problema no es la pobreza sino la riqueza.
RZ. Por supuesto que la pobreza es un problema, pero ella no puede resolverse con migajas sino com cambios de fondo que impidan una mayor acumulación de poder y de capital en un polo de la sociedad. No estoy con contra de combatir la pobreza, pero me opongo a hacerlo sólo de ese modo, porque es algo que no soluciona los problemas de fondo. Es como curar una enfermedad grave con aspirinas. Alivian, pero la enfermedad sigue allí. Y esa enfermedad hoy se llama neolibeeralismo o acumulación por despojo, por robo, como señala David Harvey.

GC. Y las políticas de lucha contra la pobreza  son nada más que una forma de gobernabilidad, una forma de asegurar que los movimientos sociales pierdan terreno frente al estado, y que estas políticas solo llevan a tapar los problemas estructurales y apagar la lucha para el cambio verdadero.
RZ. Las políticas compensatorias de luchar contra la pobreza, o sea aquellas basadas en transferencias monetarias que compensan la pérdida de derechos e ingresos, domestican el conflicto social, consiguen meter a los movimientos sociales en una dinámica de ver cuál presenta proyectos más atractivos para resolver problemas muy pequeños. Por ejemplo: el embarazo adolescente de niñas rurales. Está bien, es un problema, pero focalizando el asunto de ese modo se pierde la perspectiva general, que consiste en que esas familias se están degradando porque les quitan sus tierras o las impulsan a dejar el campo para cultiuv ar cada vez más soja o caña de azúcar para biocombustibles. De modo que es posible aplicar una política puntual como esa como parte de una política de reformas estructurales, pero como algo aislado no resuelve nada. Pero debilita a los movimientos.

GC ¿No es inevitable esta etapa de los gobiernos progresistas después de décadas de gobiernos de derecha? ¿ Y a pesar de los peligros que esto encarna no es inevitable que la gente esté dispuesta a abandonar la lucha cuando aparezca un gobierno que les proporcione buena parte de lo que pedían durante esas décadas de lucha?
RZ. Por supuesto. Terminó un ciclo de luchas muy importante y la gente necesita algo. Y ese algo, mucho o poco, son los gobiernos progresistas que tienen aspectos positivos: colocan la pobreza en la agenda, no reprimen tanto, algunos han nacionalizado el gas y el petróleo, buscan la soberanía nacional. No es poco si se mira en perspectiva histórica. Hay un cambio de rumbo en América Latina muy profundo que se resume en la caída de la hegemonía estadounidense. Lo que digo es que eso está bien, pero que es insuficiente, y que si se debilitan los movimientos no va a haber nadie que defienda a los gobiernos progresistas.

GC. ¿Si solo es posible luchar para el cambio rompiendo con el estado y sus políticas sociales y desafiando a las ONGS y agencias de cooperación que ejercen una influencia nefasta sobre los movimientos sociales, e incluso no han tenido ningún impacto en la pobreza ni la desigualdad,  implica esto que todas esas instituciones y sus trabajadores siempre son un problema antes que una solución, no importa su buena fe?
RZ. Mi impresión es que las cosas no son en blanco y negro. En el periodo en que las luchas sindicales eran importantes, en la fábrica los capataces y otros cargos de control de la empresa jugaban a menudo a favor de los trabajadores, o por lo menos mantenían una nuetralidad que los favorecía. No todos, claro. Ahora ese papel lo cumplen, salvando las distancias, las y los trabajadores sociales, que son los que aterrizan las políticas sociales en el territorio. Muchos de ellos vienen del activismo popular, formaron parte el algún momento de los movimientos sociales y eso es atractivo para los ministerios de desarrollo social. En el futuro, pueden jugar un papel muy destacado si se comprometen más con los que reciben los beneficios que con quienes los otorgan. Algo similar sucede con muchos trabajadores de ONGs, que tienen un compromiso ético con los pobres con los que trabajan. Todos ellos pueden ser aliados de los movimientos y de hecho se puede comprobar que están muy desconformes con las políticas sociales.

GC. ¿No surgirán de nuevo los movimientos cuando estos gobiernos progresistas finalmente pierdan legitimidad, y son reemplazados por gobiernos de derecha, más afines a las empresas y el capital?
RZ. Los movimientos nunca dejaron de estar activos, aunque una parte fueron cooptados por los gobiernos. Además están surgiendo nuevos movimientos que nacieron bajo estos gobiernos. En Argentina tenemos la lucha contra la minería que incluye más de 100 asambleas coordinadas en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), en Brasil los sin techo urbanos que eran muy frágiles antes de Lula han adquirido nuevo protagonismo, en Chile los jóvenes son un factor importante y en Bolivia los indios de tierras bajas, amazónicos, están siendo muy activos. No sabemos lo que va a suceder, pero es seguro que si la derecha vuelve al gobierno va a tener problemas de gobernabilidad por lo que es seguro que va a seguir usando las políticas sociales.

GC ¿Es cierto que los fundamentos de dominación ya no son cuestionados y por tanto el poder financiero está dispuesto a someterse -bajo ciertas condiciones-  a gobiernos liderados por izquierdistas y hasta ex guerrilleros como José Mujica en Uruguay, donde 1,500 empresarios se comprometieron con su gobierno?
RZ. Eso es lo que dice Chico de Oliveira, un sociólogo brasileño que fue fundador del PT y ahora lo abandonó. Comparto ese análisis. Cuando la dominación no está puesta en cuestión puede gobernar cualquiera, ya no hace falta que la clase dominante se haga cargo del poder directa o indirectamente. Ahora los empresarios y los ricos dijeron: lo mejor para mantener el status quo es que ustedes, los guerrilleros e izquierdistas, se hagan cargo del poder. Pero no pongan en cuestión la riqueza, y si no lo hace, entonces no sólo podrán gobernar tranquilos sino que además vamos a dar dinero para ayudar a los pobres, a través de la responsabilidad social de las empresas y pagando el impuesto a la renta. Y tienen razón, porque los ex izquierdistas cuidan sus riquezas y cuidan del rebaño. Hasta que el rebaño se perciba del engaño y empiece a rebelarse. De eso es de lo que escribo estos años, deshacer el embrujo.

GC. Hablas del extractivismo como etapa  del neoliberalismo, que no ha sido derrotado sino que solo cambió de forma. Pero en Bolivia el estado vive y ahora tiene mucho más control sobre los recursos como el gas, las minas, etc. y esta lucha ha sido uno de los aspectos principales del cambio social importante que se ha dado en ese país.  ¿Qué opinas?
RZ. Pienso que no hay un extractivismo bueno y otro malo. Si se trata de defender la naturaleza y un modelo que genera exclusión, por más que esas empresas sean del Estado la cosa no cambia. Hace casi un siglo hubo el mismo debate en la URSS. Se decía que como las empresas eran del Estado soviético, que no podía haber explotación. Pero cuando uno va a la fábrica, y ve que funciona en base al fordismo y taylorismo, unos ritmos de trabajo feroces como en “Tiempos modernos” de Chaplin, y uno se pone en el lugar del obrero, no hay la menor diferencia. Allí demoraron décadas en percibir el engaño. Ahora en Bolivia se dice que como las minas y el gas son del Estado, ya no hay problema. Pero los pueblos indios luchan por el control de sus riquezas, y surge un conflicto que no tiene solución dentro del marco del Estado, aunque sea plurinacional. Ese conflicto está en Venezuela con los yupka, en Ecuador con el agua de la minería y cada vez más en todo el continente.

GC. En la Unión Soviética se esperaba un sacrificio de todos para llevar adelante la revolucion. Aqui, ahora, no hablamos de eso? Entonces, no se puede resolver el problema mejorando  las condiciones laborales? Y de ahí, si el estado distribuye la renta del gas o el cobre, por ejemplo, para mejorar las condiciones de vida de la población en general, esto no legitimaría su extracción?    
RZ- El problema es que el extractivismo emplea muy poca gente y el consumo se realiza fuera del país. Entonces, aumentar los salarios no cambia las cosas. Y la distribución es precisamente lo que està haciendo. ¿Cómo? No ha estatizado el gas, en Bolivia por ejemplo, sino que ha negociado nuevos contratos y el aumento de ingresos al Estado lo distribuye aún en una mínima parte a la población. Claro que gana en legitimidad, pero la población se vuelve dependiente de los subsidios sin trabajar, lo que a mi modo de ver afecta su autoestima y soberaía personal y colectiva

GC. Y para terminar,  si Brasil es ahora un país de clase media, y cada vez más poderoso, ¿qué implicaciones tiene esto en el mediano plazo para los demás países de la región, sobre todo vis a vis la presencia de EE.UU en América del Sur?
RZ. Son dos temas diferentes. Que Brasil sea un país de clase media significa que el mercado interno va a crecer mucho y eso le da la posibilidad de no depender tanto del mercado mundial y sobre todo del Norte que está en crisis y no puede comprarle lo que importaba antes. Por otro lado, Brasil se convierte en la quinta economía mundial, y está entre las primeras reservas del mundo de petróleo, uranio y otros, y tiene algunas de las principales multinacionales del mundo. De modo que es un país en plena expansión, y para completarla necesita a Sudamérica como patio trasero como hace un siglo EEUU tuvo al Caribe (y lo sigue teniendo). Eso por un lado es positivo, porque EEUU deja de ser la potencia hegemónica en la región, pero puede instalarse Brasil en su mismo lugar y eso ya no es tan positivo. Por el momento, estamos viviendo esa transición y como toda situación de tránsito es muy importante porque abre grietas a los de abajo por donde poder influir en la coyuntura.

Por Gerard Coffey
18 de agosto 2010

Publicado enInternacional
Viernes, 30 Enero 2009 09:38

El EZLN y la política social

Las actividades realizadas por el EZLN para conmemorar los 15 años del levantamiento armado fueron al mismo tiempo un recuento de lo logrado y de lo que falta por hacer. Fue al mismo tiempo un espacio para abrir el debate sobre temas de alcance nacional.

Con precisión, el comandante David señaló: “El mal gobierno ha tratado de convencer y comprar la conciencia de nuestras bases de apoyo, prometiéndoles mejores condiciones de vida para olvidar a sus muertos y sus justas demandas. Desgraciadamente hay hermanos indígenas que han caído en las trampas del mal gobierno creyendo que con esto van a mejorar sus condiciones de vida sin luchar”.

La Sedeso respondió que “los programas para el combate a la pobreza no forman parte de planes de contrainsurgencia social” y que “desde el año 2000 ha habido empeño del gobierno federal por resarcir el daño derivado del olvido, marginación y exclusión en que se tenía a las comunidades indígenas de Chiapas”. Están documentados decenas de ejemplos donde dependencias federales han realizado acciones que ni han resuelto los problemas estructurales derivados de la pobreza pero sí han contribuido a la fractura del tejido social comunitario.

La utilización de los recursos gubernamentales para la cooptación y el clientelismo es la constante en la mayoría los gobiernos, de todos los niveles y de todos los partidos. La política social se ha reducido a formas silvestres de asistencialismo ramplón y son escasos los programas sociales que promueven la organización y el trabajo comunitario. Por ello la crítica del EZLN tiene una connotación que incluso trasciende al zapatismo, y la realidad está a la vista. Los índices de desarrollo humano en el país no han variado sustancialmente y cada día son más los mexicanos hundidos en la pobreza. Eso que dicen que es política social, no alcanza a atender a los pobres que la política económica genera.

Por desconocimiento o por convicción, existe un rechazo en los aparatos gubernamentales a empoderar a las comunidades. Se ha optado por la dávida en lugar de la organización, la capacitación, la productividad y el trabajo comunitario. La planeación regional o local es una entelequia. Se hace lo que a la autoridad en turno le parece mejor. En ocasiones le atinan, pero en la mayoría se diluye el impacto social o la efectividad del trabajo gubernamental.

Por ello la política social entendida como una política de Estado debe trascender el ámbito temporal y funcional de la administración pública, involucrando a los otros niveles de gobierno, a los partidos, a las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad.

Ante el reto de la pobreza, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía que amenazan nuestro futuro, es necesario plantear la elaboración de una política social de largo aliento.

La política social puede coadyuvar a lograr una nueva gobernabilidad que cierre el paso a la violencia como lenguaje político; al escepticismo como actitud de la sociedad frente a las instituciones; al rumor como agente corrosivo de la cohesión y el respeto social.

Ningún esfuerzo en materia de política social tiene futuro si no se encamina a modificar las tendencias actuales que asignan a un pequeño porcentaje de la población una gran cantidad de la riqueza, mientras una enorme masa de ciudadanos enfrenta pobreza, desempleo, malos ingresos, viviendas inadecuadas, insuficiente equipamiento urbano, bajos niveles de educación y crecientes deficiencias en materia de salud y alimentación.

En la medida enque la sociedad cuente con la debida atención a sus demandas y sus necesidades sean resueltas, la autoridad tendrá mayores márgenes de gobernabilidad para el cumplimiento de su misión.

La integralidad de la política social debe partir del hecho tangible de que el combate a la pobreza es sólo un aspecto de la acción del Estado, la cual debe incidir en la modificación de la actual distribución del ingreso y, en consecuencia, en aspectos tales como empleo, salario y desarrollo regional.

A este respecto, mayores niveles de participación y vigilancia social, en un ambiente de plena democracia, ayudarían a alcanzar una política social más eficiente. Los errores u omisiones en materia social, al igual que en lo político y económico, afectan a miles que esperan una respuesta a su situación.

Convertir la política social en una tarea de Estado requiere democratizar su concepción y aplicación, convocar a amplias y plurales fuerzas políticas y sociales a su discusión, a que coadyuven en su operación, evaluación y corrección. Lo anterior implica generar nuevas formas de articulación entre la sociedad y el gobierno, que impulsen la organización y participación comunitaria y generen mejores niveles de convivencia ciudadana.

Mucho de lo aquí expuesto tiene que ver con el rechazo del Estado mexicano a respetar lo acordado en San Andrés, en cuanto a “reconocer a las comunidades como entidades de interés público”, con lo cual los ciudadanos dejarían de ser “objeto” y se convertirían en sujetos de las políticas públicas.

Por ello el comandante David, desde la trinchera zapatista, abrió un tema que requiere un tratamiento estructural por parte del Estado mexicano, que trascienda la coyuntura y defina nuevos modos de relación entre el gobierno y la sociedad, incluyendo, por supuesto, al zapatismo.

Por, Jaime Martínez Veloz

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