Cárcel a corruptos y prohibirles a volver a contratar con el Estado
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Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

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 Del dicho al hecho hay mucho trecho, y este también cuenta. Es cierto que en la confrontación de la corrupción hay que echar mano de todas las herramientas posibles, pero no sin ser realistas, sobre todo con respecto a la realidad del poder global, a la incidencia que en éste tienen las multinacionales y el marco jurídico creado por estas en el mundo que hoy habitamos. Realismo que debe extender su vista hasta visualizar la real pérdida de la soberanía jurídica por parte de la mayoría de Estados.

 

¿Cómo llegamos a esta nueva realidad? A esta nueva realidad de la geopolítica global llegamos como parte de un novísimo coloniaje, revestido de nuevas prendas. Para constituirlo, el capital internacional dedicó gran cantidad de años a tejer un nuevo andamiaje jurídico al cual han quedado supeditados los códigos jurídicos locales. La pretensión del capital internacional, al así proceder, no fue ni es sana, fue y sigue siendo la de proteger sus intereses y para ello le dieron paso, incluso, a los Acuerdos internacionales de inversiones, así como a los Tratados de Libre Comercio, en los cuales, y con letra menuda, las naciones otrora invadidas hoy son controladas por esta nueva vía, sin necesidad de tropas ni violencia directa.

 

No solo esto. En la senda del control de todo tipo de negocios y los capitales de ellos desprendidos, imperios como el de los Estados Unidos urdieron todo un tramado leguleyo que les permite infringir castigos económicos a todo aquel que consideren que rompió las leyes que ellos, solo ellos, han creado. Detrás, como soporte para su “legalidad”, está la fuerza económica –bloqueos comerciales, industriales, financieros, como los que hoy están en curso contra Irán, Turquía, Venezuela y otros países– o, de ser necesario, la misma fuerza directa.

 

Entonces, conscientes de esta realidad, a la hora de proponer acciones contra la corrupción hay que ser sensatos. Así nuestros códigos Penal y Comercial estipulen una u otra cosa, si de verdad se está por confrontar y colocarle diques a la corrupción en sus diversas manifestaciones, es obligatorio reparar con mucho cuidado los acuerdos y contratos firmados con multinacionales, las que blindadas con grandes departamentos jurídicos, redactan de acuerdo con sus intereses los contratos que firman con los “países soberanos”. No es casual que multinacionales que salen sancionadas de uno y otro país por incumplimientos, mala calidad de las obras, etcétera, lleven a los estrados judiciales internacionales a los Estados obligándolos, con el paso de los años a entregarles millones de dólares como indemnización por los contratos cancelados, de acuerdo a ellos, sin causa justa. Hay que recordar que las leyes favorecen, una y otra vez, a quienes las redactan.

 

¡Claro que debe penalizarse a todo tipo de contratistas por su fechorías que terminan por dilapidar los ahorros que son de todos, pero para que así sea lo primero que debe garantizarse es la soberanía jurídica de nuestros países, soberanía que no está ajena de la soberanía política, militar, alimentaria, geoespacial, comunicativa, cultural, etcétera.

 

Es decir, aquí también estamos ante un reto inmenso para los movimientos sociales, los cuales deben alimentar el voto de todos los suyos y de quienes viven en sus territorios de influencia para que salgan a votar las siete preguntas de la consulta del 26 de agosto, pero los cuales, al mismo tiempo, tienen el reto de explicarle a la sociedad lo limitado de esta iniciativa y los retos que la misma nos abre como proyectos que estamos por la convivencia pacífica entre naciones, lo que implica la igualdad, el hermanamiento como miembros de una misma especie y habitantes de un mismo territorio global, así como la efectiva soberanía de todos los países que integran el actual orden mundial.

 

Ahora, en el plano local es más fácil operar y sancionar a los empresarios y sus razones jurídicas o empresas, y ahí no debe haber contemplaciones, impidiéndoles que vuelvan a contratar con el Estado, pero lo que no tiene procedencia es pensar que la cárcel es la solución para resarcir a la sociedad. Aquí hay un error profundo, pues como dicen los presos: “La cárcel, a quien no mata lo deforma”, es decir, la cárcel no cumple el propósito para el cual fue diseñada, la cárcel no propicia la resocialización de ninguna persona y sí, por el contrario, potencia la formación y operatividad de miles de –nuevos– delincuentes.

 

En tanto no cumple con la misión que le encargaron, la cárcel debe llegar a su fin, y como reemplazo la sociedad, si de verdad piensa en la resocialización del condenado y no en su destrucción ni muerte, debe diseñar nuevos mecanismos sancionatorios o castigos. En este caso en particular, al haber robado a un conjunto humano llamado sociedad el o los implicados deben regresar lo hurtado a ese conjunto humano, para lo cual la justicia debe investigar hasta el rincón más profundo de cada uno de los implicados, los cuales por voluntad propia ni por convicción ni por arrepentimiento devolverán todo lo hurtado. La expropiación de todos sus bienes debe evitar la burla del fallo judicial. Es por ello que a la hora de firmar todo tipo de contratos, el Estado debe exigir que el contratista –persona natural y jurídica– presente su declaración de renta como la de su familia hasta último grado de consanguineidad, con lo cual se entienda que todo aquello no declarado y que aparezca años después como “legalmente” conseguido, pero que no logre demostrar plenamente su origen lícito, podrá asumirse como parte de lo hurtado y, por tanto, objeto de expropiación.

En este mismo sentido, y para evitar la fuga de capitales, hay que avanzar más allá de lo ya propuesto, actuando sobre los paraísos fiscales, los cuales deben ser objeto de control jurídico global, impidiendo su existencia y funcionamiento. Sin duda, esta banca y todas las redes que las protegen y potencian son parte del sumo de la corrupción, como lo es el neoliberalismo.

Como penas alternativas, la sociedad puede aplicar trabajos sociales por 10 o más años para quienes sean condenados, trabajos por realizar cada día por espacio de 8 o más horas, bajo vigilancia social y policial, sin poder salir de la ciudad origen de su delito. Cualquier burla de esta condena daría paso a trabajos ya no sociales sino físicos.

Estamos en nuevos tiempos y ante nuevos retos. Para hacer efectiva la lucha contra la corrupción hay que adentrarse en lo profundo del poder global dejando a un lado lo inmediato o lo más evidente. A no ser que la bandera anticorrupción sea una simple bandera para ganar imagen.

 

 

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Publicado enColombia
Jueves, 10 Agosto 2017 06:37

Corrupción de mayores

Corrupción de mayores

Guardo la imagen del presidente Ricardo Martinelli en el estrado de la ceremonia de inauguración del Congreso Internacional de la Lengua en 2013, pero inevitablemente debo superponer otra, la del mismo personaje, entonces vestido de traje oscuro, como correspondía a la solemnidad del momento, ahora de uniforme de presidiario color naranja, esposado de manos y con grilletes en los pies, mientras asiste en Florida a la audiencia del tribunal que deberá decidir acerca de su extradición a Panamá.


Dueño de una gran cadena de supermercados, Martinelli llegó a la Presidencia bajo el aura equívoca de que siendo tan rico no necesitaba más, un argumento al que los electores se mostraron sensibles. Hoy enfrenta el cargo de haberse apropiado de 13 millones de dólares, destinados a programas sociales, para adquirir el sofisticado sistema electrónico Pegasus, de fabricación israelita, con el objetivo de espiar a rivales empresariales y enemigos políticos, y filtrar videos donde algunos de ellos aparecen en comprometidas situaciones sexuales.


El número de mandatarios legítimamente electos sometidos a procesos judiciales por corrupción luego de finalizar su mandato, o aún en el ejercicio del poder, es más que asombroso en América Latina: el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, militar de derecha, separado de su cargo y llevado a la cárcel junto con su vicepresidenta; el ex presidente Mauricio Funes, el primer candidato de izquierda en ser electo en El Salvador, prófugo ahora en Nicaragua, se suma a dos antecesores suyos en el cargo, ambos de la derecha, sometidos también a juicio. Las distinciones ideológicas no valen.


La triste contabilidad sigue en Perú, donde el ex presidente Ollanta Humala comparte ahora la misma cárcel de alta seguridad con el dictador Alberto Fujimori, mientras el ex presidente Alejandro Toledo se haya fugitivo, con paradero desconocido. Y Brasil, donde el carismático Lula da Silva ha sido condenado por un juez de primera instancia a 10 años de prisión.


No pocos de estos casos caen dentro de la extensa red tejida por Odebrecht, la empresa trasnacional brasileña con 150 mil empleados y oficinas en 30 países, de lejos la constructora más poderosa del continente, que pasará a la historia como la gran corruptora de mayores de que se tenga memoria.


Una red de contubernios en la que, además de presidentes, figuran vicepresidentes, ministros y diputados, favorecidos todos con réditos fraudulentos de contratos para construir carreteras y otras obras civiles. Con estos fondos espurios se financiaron campañas presidenciales o se engordaron cuentas bancarias personales en diversos paraísos fiscales.


Marcelo Odebrecht, cabeza de la compañía y corruptor maestro de corruptos, diseñó un sistema muy simple que no requiere de grandes complicaciones financieras: inflar los precios de las ofertas de construcción de autopistas, puentes y represas hidroeléctricas, y del sobreprecio repartir las coimas que ascienden a centenares de millones de dólares.


El compromiso de los corrompidos-corruptos era tener a Odebrecht como competidor único en las licitaciones, o apartar a los contendientes por más baratas y convenientes que fueran sus ofertas. Mientras más grande la bolsa a repartir, mucho mejor. Sus tentáculos seductores alcanzaron a Brasil, Perú, Argentina, Ecuador, Panamá, El Salvador, Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, El Salvador, Guatemala, paremos de contar. El inefable Marcelo Odebrecht solía fotografiarse, abrazado, con los jefes de Estado de no pocos de esos países.


Pero en la red había peces de todo tamaño, en las diversas escalas del poder, necesarios para consumar las operaciones de fraude, desde tiburones hasta sardinas, que también recibían su ración de engorde. Y cada cómplice tenía su propio nombre en clave, un apodo con el que identificarlo, como lo reveló una carpeta extraviada por una de las secretarias del padrino don Marcelo, de la que se valieron los fiscales en Brasil para develar la trama.


La visión más pesimista nos lleva a pensar que la corrupción es una vestidura purulenta que la democracia no puede quitarse de encima. Que la seducción por el dinero fácil es un signo de los tiempos que alienta el narcotráfico, el tráfico de inmigrantes y la prostitución infantil trasnacional, lo mismo que el robo a gran escala en las esferas gubernamentales. Tentáculos todos del crimen organizado.


Que esta pasión por el enriquecimiento ilícito acompaña a los políticos al entrar en los palacios presidenciales, en los despachos ministeriales y en los parlamentos, ya inscrita en su código de conducta la ambición por hacerse millonarios, o aún más millonarios de lo que ya son, a costillas de quienes terminan cargando con sus desmanes y delirios: los contribuyentes de todo tamaño, los que pagan cumplidamente sus impuestos.


Desmanes y delirios. Mansiones amuralladas, casas en las playas de Florida, apartamentos en París o en Nueva York, latifundios, tarjetas de crédito como pozos sin fondo, aviones privados, viajes al fin del mundo, hoteles de lujo, ropa de diseño exclusivo, autos de colección, fiestas temáticas. En esto se distinguen poco de los narcotraficantes. Lo que no cuesta, hay que enseñarlo.


Pero si buscamos una visión optimista, empecemos porque la corrupción no ha podido someter del todo a los tribunales de justicia, ni a los fiscales. El dinero sucio es capaz de comprarlo todo, pero los procesos penales contra los poderosos, porque dejar la Presidencia no significa siempre perder poder, nos demuestran que la independencia judicial aún respira; aunque en algunos casos sea de manera asistida, como en Guatemala, donde la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que depende de las Naciones Unidas, tiene la autonomía necesaria para perseguir delitos cometidos por funcionarios del estado.


Marcelo Odebrecht, el corruptor de mayores, llegó a un trato con la justicia brasileña. Tras un acto de contrición, pues pidió perdón públicamente con golpes de pecho, como el publicano de la parábola, pagó tres mil 500 millones de dólares en multas, tanto a su propio gobierno como a Estados Unidos y Suiza. A cambio, su compañía puede seguir operando, y participar en licitaciones de obras públicas.


O sea, que el tiburón sigue nadando.


Masatepe, agosto de 2017.
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El saqueo al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Costa Atlántica.

Un nuevo escándalo de corrupción emerge en Colombia. En $12.745 millones grabó la Contraloría General de la República el detrimento patrimonial vinculado al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el que fueron saqueados los recursos con los que se pretendía asegurar complementos alimenticios para niños en condición de “vulnerabilidad” en la Costa Atlántica. Hasta el momento han sido detallados 210 hallazgos de malos manejos, 45 de ellos de origen fiscal. El 87.9 por ciento de los Operadores Alimenticios ganaron licitaciones siendo los únicos oferentes, los mismos que entregaron apenas el 57 por ciento de los alimentos contratados y cobraron la totalidad de los recursos. Comida en descomposición, incumplimientos en la entrega, raciones alimenticias por fuera de estándares de cantidad y calidad establecidos, malos manejos administrativos y ausencia de todo tipo de control técnico, algunos de los (ho)errores que vulneraron derechos a miles de niños y adolescentes en la Región Caribe.

 

No hay fronteras para la corrupción en Colombia. Cuando pensábamos que la apropiación privada de recursos públicos había llegado a sus límites con el caso aún por esclarecer de Reficar , con los más de USD $7.000 millones del Cargo por Confiabilidad “embolatados” por las generadoras de electricidad y con el asunto de SaludCoop , un nuevo caso de corrupción es la gota de agua que reboza la copa de la paciencia de ciudadanos que han visto desfilar ante sí verdaderas comparsas, carteles, y hasta carruseles de corruptos quienes bajo las sombras de la impunidad y del olvido continúan apropiándose de los recursos de los colombianos y colombianas.

Un hálito de infamia recubre a este nuevo escándalo de corrupción cuyas victimas no fueron contribuyentes, tampoco usuarios de servicios de salud, sino niños de escasos recursos y elevadas condiciones de vulnerabilidad que en siete departamentos fueron despojados del derecho a un complemento alimentario, suministrado gratuitamente en escuelas oficiales de todos los departamentos del país para contrarrestar la deserción escolar, donde el factor alimenticio tiene profundas incidencias.

La revisión de este nuevo caso de corrupción en el contexto de la serie “Dos Dedos” proporciona la posibilidad de explorar los detalles de este nuevo escándalo por apropiación de “lo público” a cargo del denominado “cartel de la infancia” , compuesto por operadores alimenticios que en los departamentos de la Costa Caribe robaron parte significativa del presupuesto destinado a la alimentación de niños en colegios oficiales, ofreciendo alimentos por fuera de cualquier especificación técnica en cuanto a cantidad, calidad e inocuidad. Es muy probable que empresas, Ongs e instituciones vinculadas al saqueo tengan oscuras relaciones con políticos regionales y hayan aprovechado la ausencia de control del Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuyas políticas laxas e improvisación en la ejecución del programa lo hacen uno de los principales responsables de este lamentable caso de corrupción.

 

A mediados del 2015 el iceberg asomó su punta

 

El Programa de Alimentación Escolar fue creado en el año 2007 (Ver recuadro 1 ). Aunque en años anteriores habían sido registradas frívolas denuncias respecto a malos manejos de los recursos entregados para el PAE en estos departamentos, la problemática comenzó a emerger entre julio y agosto del 2015. El diez de julio el periódico El Heraldo de Barranquilla publicó una nota titulada “Más del 80% de centros dan alimentos contaminados”. Esta noticia daba a conocer un estudio desarrollado entre mayo de 2014 y mayo del 2015 por la Secretaría de Salud y el Laboratorio de Salud Pública del Atlántico sobre los alimentos suministrados a niños en hogares comunitarios, comedores escolares y Centros de Desarrollo Infantil. Tal estudio reveló que un 80 por ciento de 1.386 muestras tomadas en 17 poblaciones del Atlántico, estaban contaminadas con “hongos y levaduras que afectaban la integridad de los jóvenes”. Coliformes fecales y salmonela eran otros de los microorganismos presentes en dichas muestras.

A este primer campanazo se sumó un informe de la Defensoría del Pueblo dirigida en aquel entonces por Jorge Armando Otálora, el cual revelaba que en 13 municipios de los departamentos de Atlántico, Guajira y Chocó se incumplia con las normas sanitarias especificadas en los lineamientos técnicos para el suministro alimenticio dentro del PAE. Entre los alimentos proporcionados a los menores se encontraron frutas en descomposición, comida con cargas bacterianas elevadas, materia fecal, menaje y utensilios contaminados (cucharas, tenedores, etcétera) raciones de comida miserables y terribles situaciones laborales experimentadas por trabajadores/as encargados de suministrar los alimentos a los niños. Un caso representativo de este tipo de explotación laboral se encuentra en el municipio de Ovejas, Sucre.

Problemas en la infraestructura de las escuelas, el incumplimiento de los operarios alimenticios y el pésimo manejo administrativo de los recursos, eran dificultades adicionales a la terrible situación del PAE en estos departamentos. Es pertinente resaltar que durante las vigencias del 2014 y 2015 este programa contó con 2 billones de pesos para asegurar que las comidas llegaran hasta infantes y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad del país sin que los alimentos suministrados contribuyeran, de manera paradójica, a poner en riesgo su vida y su integridad física. Pero en Colombia tristemente nos acostumbramos a que todo puede ser posible.

 

Las indignantes imágenes de Aguachica, Cesar.

 

Como llevadas por el viento habían quedado las irregularidades denunciadas en agosto del 2015 . Una vez pasó el chaparrón en los medios de comunicación y nuevas desgracias se precipitaron sobre la cotidianidad de nuestro cándido pueblo, la terrible situación del PAE y sus niños victimas quedó relegada al olvido hasta finales de marzo del 2015 cuando a través de redes sociales fue publicado un video que despertó la indignación del país: en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica (César), un grupo de niños hacía una fila para sostener y alternarse de forma consecutiva una misma ración de alimentos y un mismo vaso de jugo al tiempo que eran tomadas fotografías como “evidencia” de cumplimiento, poco después los mismos niños hacían otra fila donde les era entregada su “verdadera” ración de alimentos que consistía en una pequeña tajada de plátano y tres tiras de pollo entregadas a “mano limpia”.

El video fue grabado y publicado por la valiente Claribel Rodríguez, educadora especialista en ética, ejemplo de ciudadanía, quien desde entonces padece problemas de seguridad pues los mismos que saquearon los recursos de la alimentación, han pretendido asesinarla por hacer pública la denuncia. El escándalo fue suficiente para poner tras las rejas al alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes, a quien la Fiscalía imputó por los cargos de “interés indebido en la celebración de contratos”, “contratación sin el lleno de los requisitos legales” y “tentativa de peculado por apropiación”, tres delitos por los que pudieran encarcelar al noventa por ciento de la clase dirigente del país, pero en esta oportunidad el alcalde será el chivo expiatorio con el que el MEN y el gobierno nacional otra vez lavarán su responsabilidad en estos lamentables acontecimientos, maquillándolo como un asunto de orden local en el que su políticas y su administración figuran como otros victimarios, nunca como responsables.

Ante el estupor ciudadano la justicia no se hizo esperar. También fue dictada orden de captura contra la representante legal de la Fundación Porvenir, encargada de operar el PAE en el municipio, así como contra el Secretario de Educación Municipal, el Secretario de Planeación en tiempos del contrato, al Asesor Jurídico de la Alcaldía y a la supervisora del contrato. Cinco órdenes de captura proferidas solo en este municipio del César, el cual no maneja los mayores recursos, ni el que mayor cantidad de raciones contrataba. ¿Sucederá lo mismo en otros departamentos y municipios vinculados al escándalo? Muy poco probable pues se trata de apagar un incendio proporcionando un justo y mediático castigo a los implicados en el hecho, mientras son dejadas intactas las causas estructurales que provocaron el lamentable acontecimiento. Habitual proceder del Gobierno y la justicia en Colombia.

 

Los rostros de los responsables

 

El MEN, en cabeza de la Ministra Gina Parody anunció el pasado 22 de abril los resultados del grupo de monitoreo y control del PAE en la Costa Atlántica. De manera sorpresiva y con una inusitada eficiencia que hizo al Ministerio superar en términos investigativos a todos los organismos de control del Estado, anunció el “descubrimiento” de tres grandes redes de corrupción encargadas de la operación de la alimentación escolar en la región y en Norte de Santander.

En rueda de prensa anunció la ministra Parody: “La telaraña que se ha venido tejiendo por parte de algunos de los operadores del PAE involucra cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro, variaciones en la representación legal de estas entidades, agrupaciones en consorcios y uniones temporales. Este tipo de maniobras han permitido a algunos operadores ocultar información relacionada con posibles incumplimientos al momento de ser seleccionados para operar el PAE”.

La primera red de corrupción, entre las descubiertas por el Ministerio, era articulada por Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y por la prestante María Angélica Araujo Noguera, quienes a través de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas celebraron contratos por un monto de $449.613 millones de pesos. Esta es la red de corrupción vinculada al caso de los niños de Aguachica Cesar a través de la Fundación Provenir.

En la segunda red de contratación figuran los nombres de Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez quienes a través de fundaciones, consorcios, uniones temporales y otras entidades celebraron desde el año 2012 contratos en el seno del PAE por un total de $129.011 millones. En la tercera red de corrupción destaca el nombre de José Antonio Manrique, quien a través de similares estrategias constituye fundaciones, consorcios, etcétera para acceder a contratos que desde el año 2012 suman un total de $262.426 millones; Paz y Futuro, una de las fundaciones constituidas por Manrique, fue denunciada ante la Fiscalía por el Ministerio porque en una auditoria realizada en Córdoba y Norte de Santander encontró 7.638 niños inexistentes a los que supuestamente suministraba complementos alimenticios.

No sobra mencionar en esta lista de la infamia a empresas como: Fungescol, quienes en un contrato por 4.800 millones de pesos suministró comida descompuesta a niños de Ungía, Chocó; Fundaenlace y la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica) quienes de acuerdo a El Tiempo : “[...] han firmado –en unión o individualmente– millonarios contratos con el ICBF, el Ministerio de Educación Nacional, los departamentos del Atlántico, Bolívar, Córdoba y Santander, entre otros, y con alcaldías”.

Precisa el Ministerio: “El llamado que se hace desde el Ministerio de Educación es para que alcaldías y gobernaciones conozcan cuáles han sido los operadores que hacen parte de esta red y realicen procesos de participación pluralista, es decir con varios oferentes que garanticen la transparencia y una buena prestación del servicio a los niños y jóvenes del país”. Pero es evidente que ni estas empresas, ni sus representantes legales son los rostros de los verdaderos responsables de este caso de corrupción, pues es de absoluto conocimiento que “ni una hoja” de la contratación pública en la región se mueve sin la participación de gamonales y familias prestantes adueñadas desde décadas del poder político en la región.

Muy seguramente este escándalo tampoco llegará al nivel de esclarecimiento necesario para develar cuáles favores políticos, cuáles financiamientos de campaña, cuántas alianzas políticas, cuántas alcaldías y gobernaciones fueron conseguidas años atrás mediante la apropiación de los recursos, a través del engaño, de la sarcástica burla a niños con hambre, en condiciones de vulnerabilidad socieconómica y alto riesgo de deserción escolar en municipios empobrecidos del Caribe colombiano.

 

El tamaño del detrimento y los mecanismos de apropiación develados por la Contraloría.

 

En el mes de abril de 2016 la Contraloría General de la Nación publicó un informe de resultados sobre la actuación especial de fiscalización al PAE durante las vigencias del 2014 y 2015 en los departamentos de la Costa Atlántica, desarrollado mediante una labor de supervisión en 143 instituciones educativas. Los objetivos de esta actuación especial consistieron en verificar el cumplimiento de la normatividad en las vigencias 2014-2015, el cumplimiento de los lineamientos técnico–administrativos del programa PAE y la correcta ejecución de los recursos asignados al programa. Algunos de los relevantes hechos encontrados fueron:

* En las vigencias señaladas las gobernaciones Atlántico, Bolívar, La Guajira y Magdalena no aceptaron los recursos que el MEN debía transferir. Señala el documento: “Debido a esto, el MEN contrató directamente la prestación del servicio, presentando debilidades en la labor de supervisión y control, originados entre otras cosas en ser unidad centralizada, sin estructura para realizar este tipo de actividades”.
*Solo fueron entregados en promedio el 57 por ciento del total de las raciones contratadas a los operadores, pero se pagó por todas. El número de estudiantes era falseado mediante la inflación de los estudiantes focalizados, el relleno de las planillas de entrega por manipuladoras a las que les pagan por raciones servidas, entre otras.
* Labores de supervisión y seguimiento ineficaz a la entrega de la totalidad de las raciones entregadas a los beneficiarios del PAE.
* Ausencia de todo tipo de controles en la instituciones educativas sobre la calidad y cantidad de los alimentos recibidos, el número de porciones, el gramaje, la correspondencia entre los alimentos y el menú establecido.
* Deficiencias en la supervisión y el control de los entes territoriales, el sector educativo, al proceso de suministro de insumos.
* Ausencia de infraestructura básica como acueducto y alcantarillado en las Instituciones Educativas Distritales donde se ejecutaba el PAE.
* No disponibilidad de información para determinar la cobertura real del programa en una fecha determinada. Precisa el documento: “El Ministerio no registra en sus informes un cálculo o estimación de la población (número de estudiantes) potencialmente beneficiaria u objeto de priorización del PAE según los criterios establecidos en los lineamientos”.
* “El ministerio como rector de la política educativa y en el marco de las funciones asignadas en la Ley 1450 de 2011, Artículo 136, no ha efectuado un seguimiento eficaz a la ejecución y articulación del programa”.

 

Los anteriores, solo algunos de los principales hechos relevantes en torno al caso que contiene 210 hallazgos de la Contraloría, entre los cuales figuran 45 fiscales que representaron un detrimento por $12.745 millones de pesos, nimia cantidad que seguramente inflarán subsecuentes y profundas investigaciones sobre lo sucedido, si es que acaso son llevadas a cabo. Hasta entonces los responsables permanecerán en la impunidad despilfarrando los recursos acumulados durante años de saqueo.

¿Los determinantes del caso? Una vez más remiten a una confluencia de factores que remiten al orden estructural de los procesos de contratación y del funcionamiento del sistema político del país erigido sobre apropiaciones de “lo público” para el beneficio de unos pocos que tranzan con recursos para asegurar su estatus preponderante, su condición de dominio en la sociedad nacional.

En esta oportunidad fueron infantes y adolescentes quienes, en absoluto estado de indefensión, fueron robados, vulnerados en sus derechos consagrados por la Ley, pisoteadas sus dignidades como humanos y ciudadanos colombianos bajo la connivencia y permisividad del Gobierno, del Ministerio de Educación Nacional, que tal como puede constatarse en el informe revelado por la Contraloría, es otro de los responsables de este insultante hecho al permitir que la clases políticas locales terminaran atragantándose con golosos mordiscos dados al alimento de los niños, pecando por excederse en las mordidas autorizadas y estimuladas desde el mismo Estado a través de políticas que continúan colocando enormes cantidades de recursos al alcance de redes de corrupción y clientelismo en las diversas regiones del país, con el único objetivo de “lubricar” la maquinaria electoral nacional, la hegemonía política y económica de las élites en cada territorio y región de la nación.

Pero en esta oportunidad el Gobierno también “pasará la fiesta en cueros”, fungirá como víctima y no como responsable, lavará sus manos castigando a unos pocos, sabrá sacar réditos políticos y propagandísticos a semejante situación.



(Recuadro 1)


Nace y se consolida el Programa de Alimentación Escolar (PAE)

El PAE fue creado por la Ley 1176 de 2007 (Ver Recuadro 2) (Artículos 16 al 19) que estableció: 1. múltiples fuentes de financiación; 2. lineamientos técnicos administrativos definidos por el Icbf (complementación alimentaria, estándares de alimentación, planta física, equipo, menaje, recursos humanos, condiciones de la prestación del servicio); 3. Distribución de los recursos basado en equidad (95%) y eficiencia (5%); 4. Focalización del servicio a cargo de distritos y municipios basados en la densidad de alumnos en los establecimientos educativos pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisben.

A partir del 2007 comenzó a operar el PAE bajo la dirección del Icbf encargado de su gestión y administración hasta el 2010, año en que el gobierno de Juan Manuel Santos al promulgar el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, transfirió la responsabilidad de este programa al Ministerio de Educación Nacional desde septiembre del 2013. De acuerdo a una evaluación desarrollada por el MEN en el 2015, el PAE en manos del Icbf se caracterizaba por: A. Ser ejecutado a partir de una Operación Centralizada con contrataciones desarrolladas a partir de cada Dirección Regional (bajo criterio de cada Director Regional del Icbf); B. Había una profunda desconexión entre el PAE con el territorio (Rectores, etc. comunidad); C. Existía ausencia de seguimiento e identificación del niño atendido; D. Se encontraron raciones asignadas superiores al número de niños del municipio y de Instituciones Educativas; E. Las selecciones de instituciones educativas y el número de beneficiarios solo estaban a cargo el Icbf.

Según la evaluación referida hasta junio del 2015 el Ministerio de Educación Nacional había logrado centralizar el proyecto en 27 entidades territoriales y 65 contratos, entregando cada día por su conducto 3'107.806 complementos nutricionales, y 965.902 almuerzos. Además de lo anterior, contaba con apoyo a la supervisión proporcionado por la Universidad de Antioquia, interventoría para tres zonas del país, un equipo de monitoreo y control, proporcionaba acompañamiento técnico, jurídico y financiero permanente. A pesar de esto, bajo le égida del MEN el desempeño del PAE tampoco sería el mejor.

La Resolución ministerial 16432 del 2 de octubre del 2015 fijó los lineamientos Técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE. En estos lineamientos puede destacarse el objetivo general “[...] contribuir al acceso con permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial, fomentando hábitos saludables, a través del suministro de un complemento alimentario”; las fuentes de financiación: Recursos del Sistema de General de Participaciones – SGP, Regalías, Recursos propios, Recursos del Presupuesto General de la Nación distribuidos anualmente por el Ministerio de Educación, fuentes de financiación privada, cooperativo o no gubernamental, del nivel nacional e internacional y cajas de compensación; los actores, las responsabilidades y las competencias propias de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) entre las que se encuentran:

a. Realizar el diagnóstico y caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el servicio PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos.
b. Apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción, y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar.
c. Liderar la gestión, articulación y ejecución de acciones que fortalezcan las compras locales, con el fin de contribuir a mejorar la economía local.
d. Coordinar la ejecución de los recursos de las diferentes fuentes de financiación para el PAE cuando haya cofinanciación, bajo el esquema de bolsa común .
e. Adelantar los procesos de contratación, cuando a ello haya lugar, para ejecutar en forma oportuna el PAE, ordenar el gasto y pago de los mismos.
f. Designar la supervisión, la interventoría técnica, en los contratos que suscriba, para el adecuado seguimiento y verificación de su ejecución, así como adoptar las acciones y medidas que le otorga la Ley como contraparte y ordenador del gasto para garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de los mismos, del programa y de los lineamientos, condiciones y estándares del Ministerio de Educación Nacional para el PAE en su jurisdicción.

 

Poco menos para decir que ¡Eureka! Nos encontramos ante algunas de las disposiciones claves para entender este ignominioso desfalco a los recursos de la Nación. Estas competencias y responsabilidades de las Entidades Territoriales Certificadas para administrar los recursos para el PAE en cada uno de los municipios de la Costa Atlántica colombiana proporcionaban una especie de potestad administrativa y un amplio margen de manejo de los recursos destinados para tal fin. Equivalía a encomendar el manejo de miles de millones de pesos destinados a sufragar la alimentación escolar de niños en toda la región, a entidades plagadas de hampa, corrupción, completamente funcionales a las redes clientelares de los políticos del Caribe y distantes a cualquier tipo de control fiscal.


(Recudaro 2)


Antecedentes jurídicos del PAE

 

La acotación “El PAE fue creado por la Ley 1176 de 2007 [...]” puede ser criticada por infundada pero se efectúa para poder rastrear, en términos metodológicos, el origen de la crisis y el colapso del PAE en la actualidad. Hay que aclarar, sin embargo, que desde el año de 1979 con el Decreto 2388 comienza a esbozarse la posibilidad de programas semejantes. El artículo 73 de dicho Decreto señala: “El Icbf ejecutará los programas de nutrición y alimentación, ajustándolos a las necesidades, condiciones y recursos de cada región y en armonía con el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Así mismo, le corresponde supervisar, controlar y evaluar dichos programas”. Otro precedente se encuentra en la Ley 715 de 2001 que en el Parágrafo 2, Artículo 2, ordena que del total de recursos del Sistema General de Participaciones se dedujera un monto del 0.5% para destinarlo a programas de alimentación escolar; en su Artículo 76.17, responsabiliza a distritos y municipios del funcionamiento de los restaurantes bajo el programa de alimentación, de la gestión de los recursos destinados a ellos. La Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) también puede considerarse como otro de los antecedentes del PAE, en esta Ley define la alimentación como un derecho de los niños, niñas y adolescentes (Artículo 24); como una obligación del Estado apoyar a las familias para que puedan asegurarle a hijos e hijas desde u gestación, hasta los 18 años de edad, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual (Artículo 41, Parágrafo 10).

 

Notas

http://www.desdeabajo.info/colombia/item/28510-el-robo-de-reficar-la-joya-de-la-corona-industrial-en-colombia.html?platform=hootsuite

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/27522-estafa-legalizada-incrementan-el-valor-de-la-electricidad.html

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/28455-la-corrupcion-un-asunto-fiscal.html

Iván Darío Gómez Lee.http://www.semana.com/opinion/articulo/ivan-dario-gomez-lee-el-cartel-de-los-recursos-publicos-destinados-la-infancia/440330-3. 28 de agosto del 2015.

http://www.elheraldo.co/local/mas-del-80-de-centros-dan-alimentos-contaminados-204880

El departamento de La Guajira, otro de los afectador por la corrupción del PAE posee altas tasas de mortalidad infantil asociadas a la desnutrición. Para ampliar consultar https://www.desdeabajo.info/colombia/item/28225-las-vidas-efimeras-de-la-guajira.html

Las precarias condiciones que afrontan algunos de los trabajadores que suministran la mano de obra con la que funciona el PAE en los departamentos de la Costa Atlántica las padece en Sucre la Sr. Rebeca, a quien Eduardo Menco Gonzáles desarrolla una nota en Las2Orillas (http://www.las2orillas.co/programa-alimentacion-escolar-salarios-miserables-sucre/). Esta mujer de tercera edad oriunda del municipio de Ovejas, encargada del comedor escolar de una de las escuelas rurales del mismo municipio recibe tan solo $130 pesos por cada almuerzo elaborado y $75 por cada refrigerio elaborado. Menco Gonzáles precisa en la nota: “En el mes de noviembre, por ejemplo, en la escuela terminaron 16 niños, lo cual significó que Doña Rebeca se ganó $3280 diarios, es decir $16400 semanales. De esta manera su sueldo fue (20 días) de $65600. A ninguno le cabe duda que estamos frente a un acto de evidente explotación, sin embargo Doña Rebeca en su bondad y deseo incluso de justificar un poco la situación, matiza el asunto diciendo que a ella le va bien en comparación a otras compañeras que solamente tienen que hacer el refrigerio”.

El indignante video de la precaria alimentación de niños en Aguachica. http://www.semana.com/nacion/multimedia/aguachica-asi-recibirian-los-alimentos-los-ninos-de-un-colegio-oficial/467333. 30 de marzo del 2016.

http://www.las2orillas.co/la-maestra-de-aguachica-que-quieren-matar-por-evitar-que-sus-alumnos-pasen-hambre/

10 http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-356801.html

11 http://www.eltiempo.com/politica/justicia/mala-alimentacion-en-escuelas-colombianas-las-firmas-que-reparten-comida-danada-a-los-ninos-del-pais/16241035

 

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Publicado enColombia
Miércoles, 23 Abril 2014 09:56

Todo por la reelección

Todo por la reelección

Si para lograr sus propósitos por parte del actual Gobierno en la elecciones del pasado 9 de marzo fueron necesarios 2,4 billones de contratación pública y el nombramiento de amigos en 1.975 puestos ¿qué está dispuesto a hacer y a repartir Santos para lograr los cuatro años necesarios "para completar su misión"?

 

Las recientes elecciones legislativas estuvieron pasadas por la mermelada –entrega de contratación a través de puntos indicativos– de la Casa de Nariño. Así permite afirmarlo el cruce de los Computadores de la Secretaria General de la Presidencia –o computadores de la Casa de Nariño denunciados por el Uribismo– pero también el resultado de los comicios.

 

El dulce hace marear hasta al más goloso: 114 de los 166 congresistas vinculados a la mermelada, y a la entrega de puestos en entidades estatales, tendrán continuidad o consolidan a sus herederos en el Congreso que tomará posesión el 20 de julio.

 

Se instala así un tenebroso panorama con mayorías relativas en el Senado y mayorías absolutas en la Cámara de Representantes, poder que la Unidad Nacional está dispuesta a defender a toda costa para asegurarse, tanto la reelección presidencial como las maquinarias en el resto de las ramas del poder público. Y esta dinámica no toca solamente a políticos con fuerte influencia regional y nacional.

 

Asegurar la reelección a toda costa

 

El panorama político, como señalamos en nuestra edición número 200 (marzo 20-abril 20), quedó abierto con una serie de dilemas que removieron la seguridad de la reelección presidencial. Es así como el país retornó a un escenario donde la disputa electoral está a flor de piel. No es para menos. Por primera vez el candidato presidente no tiene plenamente asegurada su continuidad en el atril de Bolívar, por más que se auto elogie por los supuestos logros en su gestión gubernamental, los que le permiten alardear con frases como: "la economía está bien" o "en estos años hemos creado más puestos de trabajo que ningún otro país".

 

Si para lograr sus propósitos por parte del actual Gobierno en las elecciones del pasado 9 de marzo fueron necesarios 2,4 billones de contratación pública y el nombramiento de amigos en 1.975 puestos ¿qué está dispuesto a hacer y a repartir Santos para lograr los cuatro años necesarios "para completar su misión"?

 

La estrategia electoral ha incluido una serie de modalidades que rozan con lo delictivo, incluyen variables de marketing y denotan negociaciones, todas de un Juan Manuel Santos aún fuerte pero con inocultables heridas en el cuerpo de su control político y gubernamental. Detengámonos para otear el panorama que lo circunda.

 

El plan de campaña

 

No hay tiempo para perder ni recurso por desechar. En primera medida, tensionó todos los resortes de propaganda de los 16 ministerios con que cuenta el país, para mostrar país la obra ya cumplida, que es, según ellos, la primera cuota de una presidencia que en el próximo cuatrienio culminaría con la plena realización de los objetivos de la prosperidad democrática. Igual anunció su antecesor en la anterior campaña presidencial. Todo parece indicar que nunca son suficientes cuatro años, pero tampoco lo serán 8 ni 12.

 

La tensión de estos resortes le cuestan al país 200 mil millones de pesos, e incluyen las polémicas propagandas con las cuales pretenden demostrar lo irreal: como el cumplimiento de lo pactado con los diferentes sectores que participaron en el Paro Nacional Agrario.

 

Si a esta opulencia ministerial se le suma la que con toda seguridad derrochan las Agencias de la Presidencia de la República, con su intervención directa sobre medios de comunicación regionales, podrá confirmarse que la mayoría del aparato comunicativo nacional está enfilado hacia los intereses de la casa Santos.

 

La propaganda no para. Durante las últimas semanas, cada día, se entregan viviendas a través de ministros como Juan Carlos Henao, o ponen en función concesiones que, en palabras de la ministra de transporte Cecilia Álvarez, los anteriores "gobiernos retrasaron por su pésima planeación", como la carretera Bogotá–Girardot y próximamente Bogotá–Tunja.

 

Segundo. El poder para el gobernante de turno. El uso de la contratación pública para alinear alcaldes y gobernadores. La famosa ley de garantías, supuesto mecanismo de salvaguarda de los dineros públicos, establecida desde 2005, quedó convertida en un mecanismo de coacción directa por parte del Ejecutivo, para asegurarse la influencia sobre la mayoría de los municipios del país.

 

De pública a particular. La estructura del poder estatal en Colombia convirtió el erario público en botín que moviliza a gamonales, políticos y círculos económicos regionales. No es extraño, por tanto, que para satisfacer intereses de todo tipo, por ejemplo, un día antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, 24 de enero del presente año, muchos funcionarios del ministerio del Interior tuvieran que trabajar a toda máquina, hasta las 12 de la noche, en la firma de 243 convenios con entidades territoriales, faltando por repartir 30 mil millones de pesos según dijo el propio ministro Iragorri.

 

Tercero. Varón electoral. El incomodo acuerdo con Germán Vargas Lleras, y lo representado por éste, es una concesión necesaria por parte de Juan Manuel Santos para ser apalancado en procura de su reelección. Pasa así el país de Uribe respaldado por Santos en 2010 a Vargas Lleras como barón electoral en 2014.

 

Esta alianza incomoda, que puede asegurar su continuidad, aminora su poder omnímodo, establecido meticulosamente por Santos durante su gobierno, obligándolo a una renegociación –en caso de reelección– del próximo gabinete presidencial. Queda también el sin sabor en el aire de las denuncias sanadas por Germán Vargas sobre sus vínculos con la parapolítica, "sanadas" con mano de cirujano: de un momento a otro narcotraficante como Néstor Ramón Caro, y 7 testigos más, rectificaron sus acusaciones contra el político bogotano1.

 

Cuarto. Gobierno de gremios. Relacionar su reelección con los intereses empresariales. Es claro que los otorgamientos de concesiones, las mentadas alianzas público privadas, los títulos mineros y la proposición de planes agro industriales y minero energéticos durante el gobierno Santos han quedado reducidas, en su benefactores, a una casta muy específica del empresariado criollo e internacional.

 

Este modelo de relación con pocos pero poderosos grupos económicos y financieros, ha impreso la imagen de respaldo de la mayoría de los gremios y poderes económicos del país al Gobierno, con excepción de la Sociedad de Agricultores de Colombia y Fedegan. Sin embargo, Juan Manuel Santos se ha visto en dificultades para conseguir el respaldo unificado de esta casta empresarial. Su reto es tan grande que día a día, en sus declaraciones, intenta destacar a su gobierno como la única posibilidad para que los empresarios satisfagan sus intereses a plenitud.

 

Quinto. Desatar una campaña sucia para conseguir la reelección. No es coincidencia que tras recibir concejos de publicidad, como los de Ángel Becacino, Juan Manuel Santos –a través del partido de la U– allá optado nuevamente por traer la asesoría del gurú internacional de las campañas negras J.J. Rendón.

 

Este venezolano le introduce un ritmo específico al manejo de la confrontación con Uribe, y permea las formas de hacer política a nivel regional. La presencia de Rendón fue admitida por el partido de la U para las pasadas elecciones legislativas, pero no las presidenciales, sin embargo según fuentes consultadas el controvertido comunicador ha logrado continuidad en la campaña reeleccionista.

 

Sexto. Reelección y paz o el mal menor y las farc amarradas. Santos ha posicionado su reelección como la única posibilidad que tiene el país para continuar con el proceso de paz. El discurso imperante en el país durante los últimos meses ha moldeado la concepción fabricada de que el único con el que puede firmarse la paz, en negociación en La Habana, es con el actual presidente. Esta bandera política lo coloca bajo el manto de ser el mal menor que garantiza la necesidad de la paz, factor que en algún sentido es respaldado tácitamente con su silencio por parte de las farc, tanto en la capital cubana como en las montañas de Colombia.

 

Séptimo. Geopolítica y poder. Santos circunscribe el respaldo internacional al país a un apoyo personal a su reelección. La reimpulsada agenda internacional de este gobierno ha proyectado un protagonismo determinante del país en asuntos regionales, posicionándolo como el filo de la balanza: Unasur y ahora Venezuela resaltan en este escenario. Pero el protagonismo regional y más allá, como país abierto y garantista va mucho más allá: Alianza del Pacífico, Ocde, ONU, y otro más, apareciendo en todas partes como el único que puede materializar las transformaciones políticas –paz– y económicas, imprescindibles para los poderes globales.

 

Octavo. Control total de las Fuerzas Armadas y de Policía. Tras la salida del General Jaino León Riaño de la Policía Nacional, de los generales Mauricio Zúñiga, jefe de Inteligencia del ejercito y Jorge Zuluaga, director de la Central de investigación técnica del Ejercito, y de la llamada a calificar servicios del director del Inpec –general de policía Adolfo Ricaurte–, el mensaje quedó claro para el conjunto de estas fuerzas: el Presiente es capaz de depurar la cúpula de este factor de poder para tener su total control, con el fin de garantizar su agenda reeleccionista, que incluye la paz, e implica destruir la influencia uribista sobre los cuerpos militares.

 

Manejo y moldeamiento de la oposición

 

La pretensión reeleccionista lo obliga a mucho más. Santos trata por todos los medios de moldear la oposición política. Parte de sus jugadas pretenden copar los círculos contrarios al señor de los ocho años, generando una suerte de frente antiuribista que incluye a figuras mediáticas como Daniel Coronell, el cuerpo editorial de revistas como Semana –dirigida por Alejandro Santos, sobrino del Presidente–, e informativos como Noticias Uno.

 

De manera adicional, en la orientación de su campaña electoral, maneja una línea dura de no negociar sino hasta pasada la primera vuelta presidencial las concesiones que le pudiera dar al centro democrático para garantizar su continuismo.

 

No hay casualidad. En estos manejos resalta el uso de estos medios de comunicación como centros de producción de la denuncia política en el país para la depuración del Ejército –operación Andrómeda–, de la Policía –contratación interna– y del control permanente sobre figuras de la palestra nacional que temen ser protagonistas de los escándalos difundidos por la portada de la revista Semana.

 

Su pretensión va más allá. Durante la reunión sostenida el 26 de marzo con la Marcha Patriótica, el Presidente aclaró que busca la mayor cantidad de apoyos para asegurar la reelección en primera vuelta, haciéndoles entrever que necesita de su respaldo para consumar el proceso de paz. A esto le suma sus declaraciones que posponen el proceso de paz con el eln, y que zanjan aguas inmediatas con la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente –ANC–. En esta labor resaltan frases como "recuerden que una ANC es soberana y puede invalidar en el primer día lo que hemos negociado en La Habana".

 

A esto hay que agregar su interés por desarmar el paro nacional agrario proyectado por los paperos para el 28 de abril, valiéndose para ello del pacto agrario que otorgó a una centena de municipios más de 300 mil millones de pesos como dadivas asistenciales; así como el respaldo a la denuncia penal interpuesta por el ministro de Agricultura Lizarralde en contra del líder Cesar Pachón. También se prenden altavoces, difundiendo propaganda oficial a través de los medios de comunicación, intentando con ella que las reivindicaciones de los paperos, arroceros y cafeteros sean vistas como simples caprichos con intereses políticos.

 

1 http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12830831.html

 


 

 

Los operadores políticos y mediáticos

 

Para realizar la misión reeleccionista, Juan Manuel Santos destacó en funciones no solo a las cabezas visibles de los partidos de la Unidad Nacional, y de la Fundación Buen Gobierno, sino que conformó una capa silenciosa de operadores políticos que van desde periodistas hasta abogados y consultores de ministerios, encargados todos ellos de mediar apoyos, menoscabar enemigos políticos y articular a sectores empresariales a la campaña electoral santista. Entre ellos destacan Sergio Michelsen, Felipe de Viveros Arciniegas y Daniel Coronell.

 

Sergio Michelsen1: Abogado Uniandino, con maestría en derecho comercial en la parisina Sorbonne; poco conocido en los medios de comunicación. Pieza clave en mediar las negociaciones de otorgamiento de la concesión de espacios sin licitación, como obliga la ley, del Canal Uno a CMI y la unión temporal compuesta por RTI, Jorge Barón, Julio Sánchez Cristo, Yamid Amat y Daniel Coronell, convirtiendo esta plataforma informativa casi en un tercer canal de facto, donde se le dan juego a los pequeños del negocio de la comunicación.

 

Además, como señalan algunas fuentes, Michelsen está convertido en interlocutor de algunos grupos empresariales nacionales, internacionales y mixtos, como Bavaria S.A (Sab Miller) y el grupo tras almacenes Éxito, Casino y Sindicato Antioqueño. Es socio de la firma de abogados Brigard y Urrutia, vinculada al escándalo de otorgamiento de baldíos en la altillanura colombiana. Lo mencionan como uno de los dueños –a través de Brigard y Urrutia– de las dos plantas donde funciona la Agencia nacional de defensa jurídica del Estado.

 

Felipe de Viveros2: Abogado de la universidad de los Andes, director de la maestría en derecho público en la misma alma mater. Asesor de la Agencia Nacional de Televisión –ANTV– y del Ministerio de Tecnologías de la Información –MINTIC–, encargado de la elaboración jurídica de conceptos para otorgar las concesiones del gigante negocio de la red de internet de alta velocidad, donde además está relacionado con la empresa mexicana TV Azteca, convertida, junto con los negocios de internet 4G y el tercer canal de televisión, en las grandes transacciones que en el terreno de las telecomunicaciones el presidente Santos, a través de su ministro Diego Molano, está dispuesto a mediar en vocación de su carrera reeleccionista.

 

Daniel Coronell3: uno de los principales moldeadores de la opinión pública nacional a través de la denuncia periodística. Reconocido comunicador social, exdirector de Noticias Uno, vicepresidente de noticias de la cadena internacional Univisión, y columnista de la revista Semana. Fungió durante el gobierno Uribe, y aún hoy, como uno de los principales contradictores del expresidente.

 

Hoy por hoy es uno de los principales defensores del gobierno Santos. Ha destapado múltiples escándalos que, de una u otra manera, sirven para fortalecer el control de los poderes públicos y de las Fuerzas Armadas por parte del inquilino de la Casa de Nariño. Recientemente resultó beneficiado por el alargamiento de la concesión de espacios televisivos en el Canal Uno, obviando la licitación que requiere este tipo de procedimientos de operación de espacios comunicativos en televisión abierta.

 

1 http://bu.com.co/es/abogados/sergio-michelsen-jaramillo
2 http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1810:-felipe-de-vivero-arciniegas&catid=57&Itemid=318&lang=en
3http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wihzpkaqnWNrRM&tbnid=6HbT2MWOnY9irM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjimenazuluaga.com%2Fdaniel-coronell-el-duro-de-las-noticias-en-la-intimidad%2F&ei=M5FGU6XgBae0sATrz4DQCA&bvm=bv.64507335,d.dmQ&psig=AFQjCNGW2b_KanBZYkGmBIkAYAIwV0Ys-g&ust=1397220009863745

Publicado enEdición Nº201
El Estado y las inmensas cantidades de dinero que maneja son el objetivo de los empresarios. Son sus contratos, el dinero público, lo que mantiene vivos a los grandes conglomerados. Pero los empresarios no quieren una parte sino la totalidad de la torta, y por ello no se cansan de propagandear la ‘necesidad’ de privatizar lo público. Los políticos que no gobiernan con las mayorías y a favor de ellas favorecen tal propósito. Tras dos administraciones continuas del Polo en Bogotá, y sin haberle torcido ni un poco el cuello a la tradición ni movilizado a las mayorías para que decidan de manera directa sus destinos, la pregunta es pertinente: ¿Gobernar para qué?

Administración pública, corrupción, contratación, obras civiles, clientelismo, favorecimiento de los amigos. Prórrogas contractuales con cargo al erario. Incumplimientos de los contratistas sin sanción penal ni económica. Esto y mucho más se presenta en la cotidianidad del país, donde el 20 por ciento del presupuesto nacional, es decir, cerca de 30 billones de pesos, son apropiados de manera fraudulenta, año tras año, por empresarios privados.

A esta problemática remiten las denuncias elevadas el pasado 5 de noviembre por Gustavo Petro con apoyo del senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal bogotano Vicente de Roux, con gran eco en los medios de comunicación. Las denuncias recuerdan esta realidad, aunque el interés de los denunciantes se centraba, además de atender al tema ético, en la disputa por el control del aparato del Polo Democrático Alternativo (PDA).

La denuncia era oportuna e importante pero esta es solamente una de las perspectivas para leer el flagelo de la corrupción. La otra, oculta por los grandes medios de comunicación y las instituciones dedicadas a seguir el tema, es igualmente fuerte: tras la demanda del ‘impoluto’ sector privado en el nivel internacional por desmontar el Estado, arguyendo su incapacidad, está la pretensión de las multinacionales y sus socios de cada país por hacerse con el inmenso botín estatal, objetivo que aquéllas refuerzan alimentando la corrupción en el sector público, táctica que permite ‘demostrar’ que se requiere privatizar para que las cosas se hagan bien.

Como se sabe, es con dinero público como se financia la mayoría de las obras en cada país, y el nuestro no es la excepción. Desde el Estado, con apoyo de políticos, se amasan inmensas fortunas, se crean nichos de poder, o se potencia y se consolida el mismo.

No ocurre de manera distinta en Bogotá, donde la inmensidad de las obras en curso son financiadas mayoritariamente desde su Alcaldía, lo cual despierta y potencia el interés de todos los conglomerados privados por hacerse con la administración de una urbe del tamaño y la capacidad financiera que ostenta la capital del país.

Entre el interés privado y el público

En esa lucha por su control, dicen políticos y empresarios, vale de todo. El dinero corre a chorros. Las afinidades ideológicas y políticas se ‘flexibilizan’. Las promesas van y vienen. La ética se difumina.

Todos saben que así es y tratan de agarrar mal situado a su contrario para que “pele el cobre”. Cuando Antanas Mockus le hizo la pregunta al entonces candidato Moreno sobre la posibilidad de salvar a la ciudad comprando 50 votos, la respuesta no sólo puso en riesgo la campaña “SamuEl Alcalde” sino que además significó un lapsus acerca de la forma como iba a gobernar. Incluso días después, cuando quiso enmendar su declaración, excusándose al argumentar que su pasión por salvar la ciudad lo llevó a una respuesta intuitiva, quizás hablaba de la relación familiar de gobernar, donde su combinan los negocios con la política clientelista.



Tal forma de gobernar ha despertado suspicacias y muchos interrogantes. Las de Petro y sus amigos son parte de ellas. El escándalo llevó al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a ordenar apertura disciplinaria en contra de importantes funcionarios de la administración distrital, la que por ahora cobró la cabeza de la directora del IDU Liliana Pardo, así como un embargo preventivo ordenado por el Contralor General de la República contra el alcalde Samuel Moreno. Igual medida se libró en contra de Luis Eduardo Garzón, administración durante la cual se aprobaron los contratos con los Nule para permitir el rodamiento de Transmilenio por la calle 26.

Es precisamente desde este contrato que asoma la punta del iceberg de este escándalo, adecuación vial que comparada con la Avenida Caracas, les costará a quienes habitan en Bogotá seis veces más, aunque por sus carriles sólo se moverá la quinta parte de pasajeros que usan el servicio por la Caracas. Aunque para algunos analistas que comentan en voz baja, toda la persecución en contra de la familia Moreno Rojas proviene de la negativa de los sectores tradicionales de la ciudad y del país por darles cabida en la lucha por la torta del poder. Igual conclusión sacan para el caso del PDA.

Pero la reflexión no para allí. La amplían al cuestionar tal actitud de los sectores tradicionales de la capital, al igual que la comportada por quienes hoy están a la cabeza de la urbe. Dicen: “Si el Alcalde de Bogotá ha gobernado con el ideario del Polo y a favor de los sectores populares, su forma de proceder no sólo es cuestionable sino que, además, ahora los indicios de corrupción muestran que no comportan diferencias con otras administraciones que ha tenido la ciudad”.

Tal pensamiento lo contradicen sectores sociales al afirmar que “sería ingenuo o muy malicioso defender a los Moreno Rojas argumentando que todo lo que se investiga en contra suya hace parte de una maniobra de la derecha uribista para debilitar el PDA, como si la unidad ya no estuviera mermada por los intereses sectoriales de las diversas tendencias que lo componen y las ansias de asumir liderazgos de ciertos representantes”.

Pero, a pesar de los argumentos a favor y en contra, no deja de producir una intensa distorsión sonora el hecho de las comisiones que se afirma que fueron entregadas, del 6 por ciento para Iván Moreno y del 2 para el Contralor, lo cual refleja una práctica habitual en el momento de gobernar. Las comisiones se suman a otras irregularidades, como modificar el manual de funcionarios para permitir el ingreso de Alba Luz Pinilla a la Secretaría de Integración Social, actual representante a la Cámara y cercana a los Moreno. Por este dudoso procedimiento, la Procuraduría General de la Nación decretó la suspensión por 12 meses de Mercedes del Carmen Ríos, directora de tal Secretaría, sanción que no está en firme, pues se interpuso recurso de apelación. ¿Maniobra para ganar tiempo?

Negocios y política

Poco se diferencia el discurso explícito de la derecha neoliberal cuando la supuesta izquierda lo naturaliza dentro de su manera de gobernar. En el escándalo de corrupción que señala a un sector del PDA, se acusa a la administración distrital de abuso en la contratación directa –sin procesos de licitación–, en prorrogas contractuales de operaciones con retrasos, permisividad ante los incumplimientos de importantes contratistas, cambio de términos de referencia en los contratos para favorecer a terceros, falta de transparencia en empresas que fueron mal calificadas por la Contraloría, pese a lo cual meses después son premiadas con un incremento en sus presupuestos. Todo ello no es más que una práctica ‘normal’ en la administración pública que beneficia a sectores empresariales, padrinos en las campañas electorales, cuyos empresarios, al igual que el resto de grandes cacaos, repiten el cántico del desmonte del Estado, previo a lo cual se lo apropian y lo aprovechan sin miramientos.

Es un común decir en la opinión pública que quienes llegan a gobernar practican una lógica de favorecimiento personal y en pro de sus aliados. Este anquilosado procedimiento en el Estado se repite como una cara oculta que mantiene en la sombra a un cartel incrustado que funciona con las campañas electorales. Se trata de un negocio tan rentable que, en el caso de las inversiones en vías, concentra el 60 por ciento de los contratos en manos de cinco o seis grupos familiares. Gobernar así tiene una sola ‘ideología’: la del beneficio propio y en perjuicio de los habitantes de la ciudad.

No extraña entonces que el capítulo Colombia de la organización no gubernamental Transparencia Internacional muestre alarmada en el informe que publicó el 9 de diciembre de 2010 que tan solo el 8 por ciento de las entidades públicas evaluadas tenga “bajo riesgo de corrupción”. Mientras que 8,7 registra altos niveles de riesgo, el 26,2 riesgo medio y el 56,2 riesgo moderado, lo que en plata blanca significa que el 35 por ciento de las instituciones está altamente permeado por los corruptos, mientras que en el 56,2 por ciento la corrupción se encuentra en sus “justas proporciones”, según la famosa frase acuñada en el gobierno de Turbay Ayala.

Pero quizá lo que más llama la atención es que de las 10 entidades peor calificadas se encuentren, además de Colciencias, tres universidades (la Surcolombiana de Neiva, la de Córdoba y la del Cesar), la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Senado de la República, la Comisión Nacional de Televisión y tres Corporaciones Autónomas Regionales (la de Risaralda, la de La Mojana y San Jorge, y la de Chocó). Como quien dice, la corrupción campea en los sectores de la investigación y la educación superior, en el encargado de dirigir las elecciones y en el de promulgar las leyes, el de la comunicación y el de ambiente, sectores clave en una sociedad verdaderamente democrática.

Según el mismo informe, más de la mitad de las entidades contratan más del 20 por ciento sin formalidades plenas, y, de los contratos de obras públicas, tan solo el 40 por ciento tiene contratos de interventoría. El 14 por ciento de las entidades tiene un solo proponente en promedio. El país, desde 2005, cuando con cuatro (4) obtuvo su mejor puntaje (cero señala el mayor índice de corrupción y 10 el menor), ha visto empeorar su situación, y en 2010, con tres coma cinco (3,5), ocupa el lugar 78 entre 178 países clasificados.

Según cifras del Portal Único de Contratación (ver el cuadro), tan solo el 9,5 por ciento de las adjudicaciones tuvo lugar mediante licitación pública o concurso de méritos. El restante 90,5 se da a través de mecanismos en los cuales la discrecionalidad del convocante es elevada o absoluta, como es el caso de la contratación directa, que representa más de la mitad de las adjudicaciones.

Si miramos el problema desde el punto de vista de los montos adjudicados, podemos observar que ni siquiera la mitad de lo adjudicado (el 49 por ciento) se firma mediante licitación pública o concurso de méritos. Es decir, cerca de 22 billones de pesos (millones de millones) son entregados a discreción del burócrata de turno. Si el monto de la contratación, como fue el caso de 2009, representa cerca del 30,7 por ciento del presupuesto nacional, se comprenden las verdaderas razones que motivan a nuestra clase política en su acción cotidiana y por qué el gobierno es verdaderamente un coto de caza de intereses predominantemente particulares.

El pasado y el presente mantienen sus constantes. La burocracia y la tierra han sido las palancas de poder desde el nacimiento mismo de nuestra nacionalidad, y el carácter gris, incluso de nuestros próceres, ha estado marcado por ese no muy oculto disimulo de detentar cargos en el gobierno que les permitan, mediante el cobro de coimas, adquirir o ampliar su posesión de tierras o, en su defecto, usar la fuerza del Estado para desalojar y apropiar el predio ajeno.

Un pequeño botón

Es así como se pierde el sendero de la política justa y de la administración pública de verdad al servicio de las mayorías. Se impone así el interés particular sobre el general. Es por estos procedimientos e intereses como se puede llegar a comprender que desde la Alcaldía Mayor se compartan negocios con Álvaro Uribe, pues el ex presidente –cercano a la Universidad Nacional a Distancia (UNAD)– ha visto que, con la administración de Samuel, la UNAD pasó de manejar el 1 por ciento al 33,76 en la vinculación de interventorías, desplazando en tales contratos a las universidades Nacional y Distrital.

Pero este tipo de favorecimiento de particulares ha tomado nuevas formas, una de ellas la que se materializa a través de la contratación paralela. Por ejemplo, en el Hospital Simón Bolívar, la nómina administrativa de supernumerarios tuvo una inyección de 100 personas en sólo seis meses.

Muchas de las transacciones y los negocios por hacer se acuerdan en épocas electorales. El Estado como botín. Pero el apetito no sacia: los empresarios pretenden el control de todos los negocios, por lo cual demandan el desmonte del Estado. Mientras lo logran, maniobran para que les toque la mejor parte de la torta presupuestal.

Los socios de los Moreno

Según las denuncias realizadas por la comisión de ética liderada por Petro, hay un cartel de la contratación que se beneficia sin cortapisas del erario. Por ejemplo, Andrés Jaramillo, gerente de Conalvías (alias El Turco), logra que su empresa maneje grandes contratos en el ámbito nacional: tan solo en el Distrito tiene el proyecto con mayor presupuesto, por el orden de 781.800 millones de pesos; o que Héctor Julio Gómez González consiga pactar con la administración el 40 por ciento del valor por anticipado, cuando la normatividad apenas permite el 25 para las obras civiles. Permisibilidad que facilita al famoso Emilio Tapia como Julio Gómez hacerse al 19% de los contratos firmados por el IDU, y que, a pesar de sus retrasos, la administración decidiera aumentar en un 60 y un 45 por ciento, respectivamente los recursos para la ejecución de sus obras. Con negocios así, donde el sector privado es el mayor beneficiado, es lógica la pregunta que surge: ¿Acaso no son inviables las empresas estatales?

Los acuerdos para manejar y beneficiarse del erario tienen sus tiempos y sus formas. La alianza empresarial de la administración distrital con el partido de la U –que en lo ideológico son puntos extremos– conlleva que, en la práctica política, administrativa y económica, terminen caminando por el mismo sendero. La mediática intervención del jefe de partido de la U, Juan Lozano, al quitarle el respaldo a Samuel en noviembre pasado, oculta en silencio los negocios de la familia Torrado. El senador Efraín Torrado es compañero actual en la comisión sexta con Iván Moreno, donde suelen votar de manera similar. La familia Torrado tiene empresas que fueron grandes contratistas en la era Uribe y también lo fueron en Bucaramanga cuando Iván era el alcalde. Este antecedente es pasado por alto porque hasta hoy al grupo Torrado se le han entregado 110.000 millones de pesos en contratación directa con la ciudad de Bogotá, eludiendo la convocatoria pública y la competencia abierta.

Con la ya desprestigiada imagen del Alcalde, se hace más expedito el camino para que la siguiente administración no sea del Polo, así Samuel no pare de inaugurar obras en el año 2011. De ser elegido como nuevo alcalde un candidato del partido de la U, tal vez les devuelva el favor a los Moreno. Pero, en las dos administraciones que llegaron con las banderas de la izquierda, el poder de los sectores urbanos organizados no varió, lo que confirma que la forma de gobernar del Polo ha sido muy similar a la de otros políticos de turno. ¿Cómo recuperar esta oportunidad perdida?

Los que pagan los platos rotos


Ahora, después del festín, hay que ordenar la casa, y ya para este año se anuncian recortes en 10 entidades de la administración central y en 14 establecimientos públicos donde los más afectados son la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría Distrital de Hábitat, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, según datos del Plan Operativo Anual de Inversiones para 2011. Algunos recortes son significativos: la Caja de Vivienda Popular registra una disminución del 31,2 por ciento; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, del 11,3; la Universidad Distrital, en un 16; la Secretaría de Salud, del 10,4%; al sector de Cultura y Recreación también se le reducirá el presupuesto en un 11,5 por ciento, mientras a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño se le quitará un 33.

Los mismos de siempre


Grandes empresarios, además de Julio Gómez, como Manuel Sánchez, Álvaro Dávila y Carlos Alberto Plaza, han ejercido como funcionarios o contratistas en el círculo de la contratación amarrada desde los tiempos de la administración de Jaime Castro.

Interrogantes


¿Por qué quienes acusaban a Lucho de gobernar sin el Polo son los que defienden a Samuel? Tampoco hoy el Polo gobierna, pues, de las 12 Secretarías en que está distribuida la administración distrital, sólo tres están a cargo de militantes del Polo, dos de las cuales (Gobierno e Integración Social) concretamente son de la Anapo.

¿Por qué el intento de una izquierda en la administración pública no es diferente de la experiencia tradicional? Tal vez porque ha desarrollado en su apuesta social un simple asistencialismo; y tal vez porque, al verse salpicados en escándalos de corrupción, permiten que se confirme que no hay diferencia con la derecha en el gobierno.

¿Para qué llegar a una administración pública si no vamos a cambiar en nada lo heredado? En el quinto aniversario del Polo, las peleas internas marcarán fracturas en un futuro incierto para gobernar, por lo menos en Bogotá. No hay duda: la unidad por arriba se permea de clientelismo. Ojalá los esfuerzos de la unión social desde abajo sean lo que caracterice a una administración alternativa.
Publicado enEdición 165