Sábado, 24 Julio 2021 06:47

El espía

Edificio de NSO Group en Herzliya, Israel AFP, JACK GUEZ

Pegasus y la exportación del control

 

Periodistas, líderes mundiales y opositores fueron espiados por dictaduras y grupos delictivos gracias a una empresa de software israelí con sobrados antecedentes. En un mundo donde la vigilancia de las voces críticas se ha vuelto la norma, algunos encuentran un nicho para exportar sus talentos.

El año pasado, la organización periodística con sede en Francia Forbidden Stories y Amnistía Internacional recibieron un listado con información acerca del espionaje a más de 50 mil números telefónicos vigilados mediante el softwarePegasus, desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group. Esta información fue analizada durante meses por Forbidden Stories, Amnistía Internacional y 17 medios de diez países –entre ellos The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Haaretz y Proceso–, que conforman el Proyecto Pegasus, creado para investigar y divulgar información relacionada con el espionaje efectuado con esta herramienta y, finalmente esta semana, los medios asociados del Proyecto Pegasus comenzaron a publicar los hallazgos. En la lista de los vigilados se encontró a periodistas, activistas, empresarios y políticos, incluidos los jefes de Estado de 14 países (es posible que en los próximos días este número aumente).

Pegasus, que por restricciones impuestas por el gobierno israelí solo se vende a instituciones gubernamentales, se instala en los smartphones al aprovechar vulnerabilidades de diferentes sistemas operativos y de aplicaciones comunes, o engaña a los usuarios para que cliqueen en enlaces maliciosos enviados a través de SMS, whatsapps, correos electrónicos u otros servicios de mensajería. Una vez instalado, el spyware permite monitorear y enviar a quien lo controla casi toda la información almacenada y de actividad del dispositivo, así como activar micrófonos, cámaras y grabar llamadas, con la posibilidad de posteriormente eliminar el programa e incluso borrar gran parte de sus rastros.

LA ERA DEL CIBERESPIONAJE

En las últimas décadas el espionaje digital se convirtió en un fenómeno conocido públicamente. Entre los casos más resonantes están la vigilancia llevada adelante sin ninguna discreción por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la Ley Patriota, las filtraciones de Wikileaks y Edward Snowden acerca del seguimiento estadounidense a jefes de gobierno y ciudadanos, la recopilación y comercialización de datos de usuarios por parte de las grandes plataformas sociales y de servicios como Alphabet, Amazon y Facebook, así como los usos políticos de la empresa Cambridge Analytica de información recolectada por Facebook. El ciberespionaje es hoy algo habitual y ya no nos resulta tan sorprendente encontrarnos periódicamente con filtraciones acerca de la vigilancia estatal, empresarial o, como en este caso, llevada adelante en conjunto por organizaciones estatales y empresas privadas. De hecho, esta ni siquiera es la primera vez que NSO y su spyware Pegasus están en el ojo de la tormenta.

En 2018, Amnistía Internacional y The Citizen Lab (organizaciones que venían monitoreando el uso de Pegasus en el mundo) denunciaron que sus miembros eran espiados por NSO. Amnistía Internacional incluso formó parte de una acción legal contra la empresa, en la que se procuró que el Ministerio de Defensa israelí restringiera las exportaciones de Pegasus, demanda que fue finalmente desestimada por una corte israelí (AP, 20-VII-21). Por otro lado, Whatsapp, propiedad de Facebook, inició en 2019 una demanda contra NSO por el uso de Pegasus contra sus usuarios tras encontrar que al menos 1.400 dispositivos habían sido infectados y espiados (The Verge, 29-X-19).

LOS CLIENTES Y LOS USOS

NSO, cuyas ventas son monitoreadas pero no divulgadas por el gobierno israelí, declara tener más de 60 clientes en más de 40 países, aunque no brinda información sobre la identidad de sus compradores. Sin embargo, como informa este domingo The Washington Post, el spyware ha sido utilizado por varios Estados conocidos por vulnerar los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellos, India, Marruecos, Kazajistán, México, Bahrein, Togo, Ruanda, Hungría, Azerbaiyán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El país del que aparecen más números listados es México, con 15 mil. De acuerdo a lo publicado en 2017 por The New York Times, México contrató a Pegasus en 2012 por 20 millones de dólares y lo utilizó para espiar periodistas, activistas, abogados (entre ellos, los abogados que investigaban la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa) y políticos opositores. Incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, su familia y su cardiólogo fueron víctimas de esta vigilancia, según se supo esta semana (Aristegui, 19-VII-21). Pero no solo el gobierno utilizó Pegasus, también lo emplearon los cárteles criminales para vigilar e intimidar periodistas (The Guardian, 7-XII-20), entre ellos, Cecilio Pineda, asesinado justo un mes después de ser ingresado en la lista de espiados.

El caso de Arabia Saudita también es considerado particularmente grave, pues, de acuerdo a la nueva filtración, la pareja del periodista opositor Jamal Khashoggi fue espiada con Pegasus el día anterior a que este fuese torturado, asesinado y desmembrado en Turquía en 2018, presuntamente por orden del príncipe Mohammed bin Salman. Arabia Saudita también ha sido responsabilizada, junto con Emiratos Árabes Unidos, de infectar los celulares de al menos 37 periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera. Uno de ellos, Tamer Almisshal, afirma que en un teléfono que usaba para llamar a ministerios emiratíes recibió una llamada en la que lo amenazaron con convertirlo en el próximo Khashoggi (Al Jazeera, 21-XII-20).

De acuerdo a The Washington Post, en la lista aparecen también números de periodistas de Hungría, Azerbaiyán, Kazajistán, Pakistán e India, donde también se espiaría a políticos opositores, entre ellos, al líder del principal partido de oposición indio, Rahul Gandhi. Si bien los medios del Proyecto Pegasus no tienen constancia de que el gobierno de España haya contratado a NSO, algunos líderes independentistas catalanes (entre ellos, quien fuera presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent) sí que han sido espiados mediante Pegasus (El País de Madrid, 13-VII-20). Por otro lado, llaman la atención los usos que se le atribuyen a Marruecos, pues, entre los números que se especula que fueron monitoreados por fuerzas de ese país, están los de su propio rey y primer ministro, el del exprimer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los de gran parte del gabinete francés, entre quienes se encuentran el primer ministro, Édouard Philippe, y el presidente, Emmanuel Macron (The Guardian, 20-VII-21).

Hasta el momento, NSO Group ha declarado que la información difundida por el Proyecto Pegasus no es confiable y que la responsabilidad por el mal uso de Pegasus recae sobre sus clientes. Según fuentes del Post, recientemente NSO canceló contratos con Arabia Saudita y Dubai, alegando razones relacionadas con la violación de derechos humanos. Por su parte, el gobierno israelí, que anteriormente se había negado a cambiar su política respecto a esta y otras empresas de ciberseguridad (véase recuadro), anunció el miércoles la formación de un equipo con miembros del gabinete, de la inteligencia civil y militar, y del ejército, que estudiará cambios en la política respecto a la exportación de servicios digitales sensibles.


NSO y el ecosistema de ciberseguridad israelí

NSO Group, la empresa que desarrolló y comercializa Pegasus, fue fundada en 2010 por Omri Lavie, Shalev Hulio y Niv Carmi, quienes se sospecha que fueron miembros de la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (Forbes, 28-VIII-21), un cuerpo de inteligencia militar caracterizada por el desarrollo y el uso de tecnología de punta. NSO no es la única empresa fundada por exmiembros de la 8200. Allí se ha formado a gran parte de los actores de la exitosa industria de tecnología israelí y a muchos expertos que hoy trabajan en la industria tecnológica civil y militar alrededor del mundo (Rest of World, 9-III-21).

NSO tampoco es la única empresa israelí que ha estado en la mira por sus actividades. Por ejemplo, Black Cube, una empresa de inteligencia empresarial y política fundada por exmiembros de la 8200 y que contrata casi exclusivamente veteranos de la inteligencia israelí, trabajó para el gobierno de Donald Trump en el espionaje a exfuncionarios del gobierno de Barack Obama y para el gobierno húngaro de Viktor Orbán, donde hizo lo propio con organizaciones opositoras (Haaretz, 10-VII-18).

Por su parte, Psy Group, propiedad del empresario Joel Zamel, cuyo CEO fue teniente coronel de la Unidad 8200, hasta hace poco llevó adelante gran cantidad de actividades de espionaje, control de percepción y manipulación política en Estados Unidos. Antes de cerrar, mientras era investigada por el fiscal especial Robert Mueller por su participación en la injerencia extranjera en las elecciones de 2016, Psy Group trabajó con Cambridge Analytica (Politico, 23-V-18) en la producción y propagación de noticias falsas, en la manipulación de usuarios de plataformas sociales para la campaña de Trump (Wall Street Journal, 25-V-18) y en el espionaje a activistas pro-Palestina en Estados Unidos (The New Yorker, 18-II-19). Asimismo, según informó The Daily Beast en octubre de 2018, Zamer se reunió el año anterior con asesores de Trump y Bin Salman para hablar acerca de un posible cambio de régimen en Irán. No es casualidad que esto suceda con empresas israelíes vinculadas a la Unidad 8200. Gran parte de la actividad en esa repartición militar se trata justamente de espiar a personas que no representan ningún peligro real, muchas veces con fines extorsivos, como consignó The Guardian en un artículo de diciembre de 2014 titulado «Cualquier palestino está expuesto al monitoreo del Gran Hermano israelí». En ese panorama, juega un rol importante el sector privado, que no solo exporta sus servicios a otros gobiernos, sino que en muchos casos se asocia con el Estado israelí para atacar a los habitantes de los territorios ocupados. De hecho, la industria de tecnologías de seguridad es considerada por activistas israelíes y palestinos una de las claves del estado de apartheid en que viven millones de palestinos.

Por Joaquín Moreira Alonso
23 julio, 2021

Publicado enInternacional
  Imagen del logo de la empresa de ciberespionaje NSO Group. — Público / Archivo

Son malos tiempos para activistas, políticos y periodistas comprometidos con los derechos humanos y que denuncian abusos de cualquier poder. Ahora conocemos que este spyware, desarrollado teóricamente como herramienta para la seguridad pública, se ha usado para espiar y señalar a denunciantes, a opositores, a periodistas críticos y a activistas.

 

Nos espían y lo sabemos. Lo asumimos. Vemos y leemos constantemente historias sobre la permanente vigilancia online; a veces hacemos caso a quienes nos aconsejan pequeños gestos para aumentar nuestra privacidad, pero nunca es suficiente. La investigación del grupo Forbiden Stories, ayudados por Amnistía Internacional, supervisado por Citizen Lab y asociados a un consorcio internacional de medios, muestra cómo una poderosa herramienta de vigilancia, Pegasus, capaz de infectar cualquier teléfono (también los iPhones), ha pasado por las manos de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo; todos ellos países que no son precisamente abanderados de los derechos humanos.

Para Amnistía Internacional, la clave de esta investigación es que el software de la compañía israelí NSO Group "se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo".

Esto queda explicado a raíz de una filtración de más de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos para espiar, entre ellos jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia del periodista Jamal Khashoggi, asesinado por el régimen Saudí en Estambul.

Hasta el momento, se sabe que hay al menos 1.000 personas de más de 50 países señaladas por este malware, entre los que destacan algunos miembros de la familia real árabe, un total de 65 altos ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, ministros y militares. "La cifra de periodistas identificados como objetivos ilustra con claridad que Pegasus se utiliza como herramienta para intimidar a los medios de comunicación críticos", comenta Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Para conocer el alcance de esta importante investigación, que muestra cómo cualquiera puede ser alcanzado por un malware tan potente que es capaz de tomar el control total de los móviles (incluso se ha usado para espiar a activistas contra las bebidas azucaradas), proponemos cinco claves:

1) Un poco de historia: no es nuevo

Existen varias empresas en el mundo que desarrollan herramientas de software para el control tecnológico o para, directamente, tareas de espionaje. NSO Group es una de las más conocidas, pero no es la única. Ya en 2011 se detectó el gusano Stuxnet —desarrollado conjuntamente por los gobiernos estadounidense e israelí para atacar equipos e infraestructuras nucleares— , y poco después el muy español Careto, un ciberespía usado contra Marruecos, pasando por el francés Babar.

Compañías como la italiana Hacking Team o la alemana GammaGroup se dedican abiertamente a estas tareas. Desarrollan todo tipo de malware que, insisten, sólo venden a gobiernos, nunca a particulares o grupos. Sin ir más lejos, Marruecos compró hace años un troyano a Hacking Team capaz de hackear una página web concreta, Mamfakinch ("no renunciaremos", la versión marroquí de la Primavera Árabe), de modo que a través de un formulario podía infectar un dispositivo y habilitaba un acceso remoto a todo su contenido.

Desde hace años existen informaciones sobre espionaje en los que aparece vinculada la compañía NSC Group. Ya en 2018 Citizen Lab alertó de una serie de ataques diversos en 45 países mediante Pegasus. Dos años antes salía a la luz que este software espiaba a activistas defensores de los derechos humanos.  En España, sin ir más lejos, este diario sacó a la luz que el spyware había sido comprado ilegalmente para espiar a políticos catalanes en 2015.

2) Cómo funciona: espía a fondo

Pegasus es un programa de espionaje (spyware) muy sofisticado que se puede instalar de forma remota en un teléfono inteligente directamente, es decir, no requiere ninguna acción por parte de su propietario. Es complicado explicar el funcionamiento técnico de este malware, que además es realmente esquivo: sabemos de su instalación en los móviles de algunos ciudadanos únicamente gracias a una filtración. Una vez instalado, es posible tomar el control absoluto del dispositivo, incluido el acceso a mensajes cifrados como los de WhatsApp y Signal, la geolocalización del teléfono, y el encendido de micrófono y cámara.

Actúa en silencio. El propio consorcio reconoce que no se puede saber si un número de teléfono específico que aparece en la lista está comprometido sin analizar el dispositivo asociado. Sin embargo, el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional pudo realizar análisis forenses en los teléfonos de más de una docena de estos periodistas (67 teléfonos en total), lo que reveló que muchos de ellos, incluso iPhones, estaban infectados, en algunos casos gracias a un agujero de seguridad hallado hace apenas un mes.

¿Cómo se han podido filtrar las más de 50.000 identidades espiadas, como afirman los autores de la investigación? Marcelino Madrigal, un incansable investigador de ataques a los derechos humanos en las redes, apunta a que este tipo de datos y recursos se venden en la Dark Web —el submundo invisible y paralelo a la red de internet pública—, y eso es lo que aparentemente sucedió en este caso: un ex empleado de NSO Group descontento sacó a la venta en 2017 la poderosa herramienta, capaz de explotar vulnerabilidades aún no publicadas (zero day exploits) incluso del muy seguro iOS (el sistema operativo del iPhone).

3) Te puede afectar: nadie está a salvo

Casos como el de Pegaso o el de la compañía Candiru, también israelí, muestran dos realidades que juntas se comprenden mejor y son, de alguna manera, más terroríficas: por un lado, aunque esas compañías vendan sus productos "exclusivamente" a estados y policías para luchar contra el delito, es evidente que puede usarse (y se usa) para otros fines contra la sociedad civil.

Por ejemplo, en el caso de México, al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador aparecen como posibles objetivos de espionaje cuando aún estaba en la oposición. "El Gobierno ya no espía a nadie, los opositores no son espiados", ha indicado el presidente desde el Palacio Nacional tras publicarse la investigación.

Asimismo, el negocio para espiar a ciudadanos —especialmente periodistas— es muy lucrativo y en él participan también los carteles, según un amplio dossier de Forbidden Stories publicado hace tiempo que recuerda la ola de asesinatos de periodistas en el país.

Por tanto, esas herramientas están cayendo en manos de grupos criminales sin que las compañías que desarrollan estos productos o sus clientes (los gobiernos) hagan nada al respecto. En una conversación con Público, Madrigal señala el dinero como la motivación más poderosa. "Para hacernos una idea, el precio que se paga en la dark web por el acceso a 10 números de teléfono es de 1,5 millones de euros", comenta, y añade: "Esas cantidades de dinero indican que alguien más puede estar detrás".

Nadie está a salvo precisamente porque la naturaleza de este tipo de spyware es su sigilo. Normalmente no requiere del afectado ninguna acción, como descargarse un archivo o pinchar en alguna dirección extraña en un correo spam. Los vectores de ataque que muestra la investigación del laboratorio técnico de Amnistía Internacional señala que explotar vulnerabilidades existentes (como una que existe en iMessage) o se cuela en los móviles a través de mensajes enviados a través de SMS o WhatsApp que contienen algún enlace a un sitio web malicioso para instalar el programa.

4) Las consecuencias: persecuciones y asesinatos

"¿Pero esto a mí qué más me da?", "no soy tan importante" o "no tengo nada que ocultar" son algunas de las reacciones más comunes ante este tipo de revelaciones. Sucedió cuando Wikileaks publicó los papeles secretos de la diplomacia estadounidense en el llamado Cablegatey se mostró al mundo el comportamiento real de la primera democracia del mundo y su "cinismo", así como en revelaciones posteriores. Simplemente se mató al mensajero.

La finalidad de este tipo de malware es variada según en manos de quién esté. Porque este tipo de herramientas son parte de las principales armas de la ciberguerra: espionaje, localización de la disidencia, perfilado social y, por supuesto, represión y asesinato. En una sociedad cada vez más polarizada, esta herramienta puede servir para luchar contra el crimen o el terrorismo, pero también para cercenar los derechos humanos.

En la lista de 'infectados', por ejemplo, se encuentran periodistas de Azerbaiyán, Hungría, India y Marruecos, países donde la represión contra los medios de comunicación independientes se ha intensificado. El spyware tuvo también como objetivo el teléfono del periodista Cecilio Pineda apenas unas semanas antes de su asesinato en 2017. Hay periodistas espiados en Associated Press, CNN, The New York Times y Reuters, e incluso aparece en esta lista Roula Khalaf, directora de Financial Times.

También aparece el periodista español Ignacio Cembrero, quien ha contado a Público que quizá cambie su teléfono debido a la complejidad técnica del ataque, tras asesorarse en una firma de seguridad informática. "Es prácticamente imposible extirpar Pegasus" del dispositivo infectado, comenta. El periodista afirma no haber recibido mensaje alguno de las autoridades españolas.

El propio Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, vio hackeado su móvil de aparentemente esta manera (y aceleró su divorcio). Precisamente la parte más importante de su compañía, Amazon Web Service, justo ahora ha anunciado el borrado en su 'nube' (sus centros de datos) de cualquier rastro de este spyware. Pero él parece estar a cosas más importantes.

5) Responsabilidades: espionaje, control y transparecia

Hoy en día estamos asediados por la vigilancia, tanto en el mundo real como en el digital. Y cada vez es más difícil detectar las intrusiones en la privacidad, que sigue siendo un derecho fundamental. Investigaciones como ésta ponen de relieve el grado de sofisticación al que están llegando los sistemas de vigilancia que, en este y otros muchos casos, son desarrolladas por compañías privadas.

El insuficiente control y la falta de transparencia de estos productos hacen que puedan ser usados para fines ilegítimos —algo parecido a lo que pasa en el mercado de las armas—, tanto por parte de los estados como desde grupos criminales de todo tipo. Como siempre cuando se destapa algo así, en realidad lo preocupante es lo que no sabemos. Por tanto, es importante exigir la máxima transparencia a nuestros representantes públicos.

De momento, la Justicia francesa ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de dos periodistas de Mediapart, cuyos teléfonos móviles podrían estar siendo espiados por Marruecos. Hay un millar de franceses o residentes en Francia que aparecen en las listas de teléfonos que pudieron ser también infiltrados por Pegasus, y varios de ellos también han anunciado que lo denunciarán a la Justicia, informa EFE.

Mientras, la reacción de NSC Group ha sido negar con rotundidad todo lo que revela este nuevo informe; En un comunicado, la empresa expresa a través de su abogado que la información publicada "no tiene base fáctica" y que los datos utilizados "se basan en una interpretación engañosa de datos de información básica accesible y abierta, como los servicios de búsqueda de HLR [Home Location Register, la base de datos principal de información de suscriptor permanente para una red móvi], que no tienen relación con la lista de objetivos de los clientes de Pegasus o cualquier otro producto".

"Estas acusaciones son tan escandalosas y están lejos de la realidad, que NSO está considerando interponer una demanda por difamación", amenaza el escrito, para puntualizar que su tecnología no está asociada al "atroz asesinato" del periodista Jamal Khashoggi y remarcar que la empresa israelí "vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de gobiernos examinados con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas".

20/07/2021 22:21 Actualizado: 21/07/2021 10:21

Por Pablo Romero@pabloromero

Sábado, 05 Junio 2021 06:18

El G7 rumbo a un pasaporte sanitario

El G7 rumbo a un pasaporte sanitario

Los ministros de salud buscan repartir más vacunas y crear una carta sanitaria mundial

Los ministros de Salud de los países integrantes del G7 acordaron este viernes desarrollar normas internacionales que permitan el reconocimiento mutuo de los resultados de test y certificados de vacunación para la covid-19 en todos los países. También preveen extender las medidas para otras enfermedades. “El uso de los certificados de vacunación debe basarse en las últimas pruebas científicas y en la situación epidemiológica actual”, precisaron en un comunicado conjunto.

“Nos reunimos en medio de la pandemia de covid-19, que sigue teniendo un impacto devastador en las vidas, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo”, señalaron los ministros. A una semana de la cumbre del G7 que se celebra del 11 al 14 de junio y que este año tiene como anfitrión al Reino Unido, los ministros de Salud de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se reunieron en la ciudad de Oxford. “Para reafirmar la importancia de la colaboración internacional en materia de salud, en el contexto de una importante crisis mundial”, escribieron en un comunicado emitido tras dos días de reuniones virtuales y presenciales.

Los funcionarios se comprometieron con un nuevo acuerdo internacional para facilitar y agilizar compartir los resultados de ensayos de vacunas y tratamientos para combatir la covid-19 y prevenir futuras amenazas para la salud, en referencia a la Carta de Ensayos Clínicos de Terapias y Vacunas del G7, publicada este viernes. “Establece nuestros principios compartidos para acelerar la velocidad con la que los ensayos clínicos generan pruebas sólidas y sus resultados puedan ser implementados en esta y futuras pandemias”, explican en la declaración conjunta.

“Apoyamos una mayor colaboración en ensayos internacionales a gran escala que permitan una mayor diversidad de participantes en los ensayos, que eviten la duplicación innecesaria de esfuerzos y produzcan pruebas clínicas que sean generalizables a un mayor número de poblaciones y lugares”, acordaron en relación con los ensayos clínicos. “Esto incluye una búsqueda más rápida de las necesidades específicas que reflejen la diversidad de todos los grupos de población, incluidos los niños y las mujeres embarazadas, y garantizar la participación de los ciudadanos para reforzar la confianza en la ciencia”, agregaron.

Por su parte, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, explicó de qué trata la Carta de Ensayos Clínicos de Terapias y Vacunas. "Contiene una serie de medidas para que todos estemos más seguros mediante la mejora de los ensayos clínicos, un acceso más rápido y amplio a vacunas seguras, un mejor uso de los datos, herramientas de vigilancia sanitaria más precisas y una mayor colaboración entre países", dijo Hancock a través de un comunicado. El acuerdo viene después de que los líderes de la industria farmacéutica se comprometieran a reducir el tiempo de desarrollo y despliegue de nuevos diagnósticos, terapias y vacunas a sólo 100 días.

El grupo de ministros también expresó su intención por homogeneizar las bases de dato de información de salud para facilitar que o también expresan su intención de homogeneizar las bases de datos de información de salud para facilitar que sea compartida por "proveedores sanitarios en diversos países".

También hicieron hincapié en la colaboración para mejorar la vigilancia mundial del coronavirus y la detección de futuras amenazas sanitarias. En este sentido, reafirmaron el papel central de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que Estados Unidos regresó el pasado enero con la llegada de Biden a la Casa Blanca tras la decisión del expresidente Donald Trump de sacar a EE.UU. en julio de 2020.

Sobre el reparto de vacunas contra la Covid-19, los ministros de Sanidad se comprometieron a compartir las dosis con las naciones en desarrollo a través del dispositivo internacional Covax. Este punto está en el centro del debate con llamamientos a los países ricos para que incrementen sus esfuerzos. Desde instituciones científicas y organizaciones humanitarias le pidieron al primer ministro británico y anfitrión de la cumbre del G7, Boris Johnson, donar el 20 por ciento de las vacunas que tiene el Reino Unido en un esfuerzo por salvar vidas y evitar la propagación de nuevas variantes de la covid-19.

Johnson recibió una carta de parte de Jeremy Farrar director del Wellcome Trust -una organización con sede en Londres que financia investigación científica- y del director ejecutivo de Unicef en el Reino Unido, Steven Waugh. "En el Reino Unido, el despliegue de la vacunación ha sido un éxito fenomenal y ya ha salvado innumerables vidas", escriben. "Sin embargo, en todo el mundo hay demasiados países que aún carecen de dosis para proteger a los trabajadores sanitarios y a los más vulnerables"

"Como presidente del G7, el Reino Unido tiene la oportunidad de marcar la pauta para la acción global en el reparto de dosis. Hace tres meses, usted prometió con orgullo que el Reino Unido compartiría las vacunas con el mundo. Ahora le pedimos que convierta esta promesa en realidad", señalaron Farrar y Waugh en la misiva

05 de junio de 2021

Publicado enInternacional
Un palestino sostiene a una niña herida que espera atención médica en el Hospital Al-Shifa, tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, ayer. Foto Afp

La enésima guerra de Netanyahu contra los palestinos de Gaza –máximo "campo de concentración" del planeta (papa Francisco dixit)– es un simple eslabón en la larga cadena operativa de 104 ( sic) años que implementa el proyecto del “ Gran Israel” del río Éufrates al río Nilo (las 2 franjas azules de su bandera): desde su planeación con el canciller británico Arthur Balfour en 1917, pasando por su creación en 1948 con la bendición de los banqueros Rothschild, hasta su hoy irredentismo consolidado militarmente con más de 200 bombas nucleares clandestinas.

Con su nueva guerra en Gaza, Netanyahu pretende ganar una quinta elección cuando, después de cuatro elecciones consecutivas, Israel no cuenta con un nuevo gobierno y se encuentra muy fracturado.

En mi perspectiva cronogeopolítica, desde Balfour, pasando por los banqueros Rothschild, hasta Netanyahu, el objetivo final es erradicar gradualmente la homogeneidad, cohesión e identidad del pueblo palestino –mediante el invento artificial de cuatro "subtipos" de palestinos bajo dominio israelí– y despojarlos/enajenarlos de sus territorios (reconocidos por las pletóricas resoluciones de la ONU) y sus propiedades catastrales –sobre todo en la parte oriental de Jerusalén para su “ judaización” al precio de "limpiezas étnicas" ocultadas por sus multimedia que controlan globalmente–, lo que en su conjunto desembocó de facto en “ cuatro Palestinas” deliberadamente atomizadas e inconexas entre sí (https://bit.ly/3bmv5t8).

El confeso supremacismo israelí de Netanyahu, avalado por el talmúdico Jared Kushner, yerno de Trump, alcanzó su paroxismo cuando sentenció en Dallas, Texas, que “los palestinos son para los israelíes lo que los mexicanos ( sic) son para los blancos de EU (https://amzn.to/2R3E6kc)”.

El grave problema y la suprema contradicción de la tríada sagrada de Derechos Humanos/Libertad/Democracia, que enarbola y pregona EU contra sus "autocracias" rivales, es que cesa de practicarla y aplicarla flagrantemente cuando se trata del estado apartheid/racista/paria de Israel (https://bit.ly/3o4Sgxq).

La "amenaza demográfica", cuando los palestinos ya son mayoría (https://bit.ly/3eDleBt), obligó a los minoritarios israelíes a inventar a su antojo cuatro "subtipos" de palestinos que hoy discrimina Israel, según la CIA (https://bit.ly/3y66TF6) y que expuse en mi reciente ponencia sobre Al-Quds (https://bit.ly/3xXGuJF):

  1. “CisJordania está ocupada por Israel con el estatuto actual sujeto al acuerdo interino israelí-palestino: el estatuto permanente será determinado en futuras negociaciones”.
  1. “El estatuto de la Franja de Gaza todavía tiene que ser resuelto con negociaciones”.
  1. EU con Trump/Kushner “reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 2017 sin tomar una posición específica sobre los límites específicos ( sic)” de la seudosoberanía de Israel, y
  1. "Los asentamientos judíos se encuentran en todas partes, particularmente en el noreste, centro-norte y alrededor de Jerusalén".

Quienes menos saben del contencioso palestino-israelí –los “ Goyim”: calificados con desprecio de "bestias" por el Talmud– son arrojados al ruedo propagandista a "defender lo indefendible" y hoy contrastan ridículamente con la postura de los judíos progresistas de EU como el admirable "judío antisionista" Bernie Sanders (https://bit.ly/3eD9ajD).

La postura de los israelíes en EU y la de los "israelíes judíos" del Estado hebreo no es homogénea, como la distorsionan sus propagandistas Goyim.

Ron Dermer, anterior embajador de Israel en Washington, formula que “Israel debe invertir la mayor parte de su energía para alcanzar a los “apasionados ( sic)” evangélicos de EU, que a los judíos ( sic) quienes se encuentran en forma desproporcionada ( sic) entre nuestros críticos”: "25% de estadunidenses son evangélicos", mientras “menos de 2% son judíos (https://bit.ly/3o6kKqo)”.

La "amenaza demográfica" de los cuatro "subtipos" de palestinos ahora ha alcanzado a la mayoría de los "judíos" en EU.

Próximamente abordaré las “ cuatro Palestinas” que ha engendrado Israel de forma maligna.

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Datos biométricos y capitalismo de vigilancia

La reciente creación de un Padrón Nacional de Usuariosde Telefonía Móvil, que obliga al registro de los datos biométricos de todos los usuarios, ha abierto un debate necesario sobre sus impactos potenciales. No obstante, faltan elementos de contexto fundamentales.

La conversión de nuestras características personales y de identificación a datos digitales, son un componente clave del capitalismo actual, llamado atinadamente "capitalismo de vigilancia" por Shoshana Zuboff. Los datos biométricos, especialmente rasgos faciales e iris, no sólo identifican a una persona, también son de enorme relevancia para interpretar emociones, lo cual es esencial para la lucrativa industria de venta de "futuros conductuales", o sea, la apuesta y manipulación de nuestras conductas para empujarnos a hacer lo que deseen las empresas / gobiernos que lo paguen. Además, son fundamentales para el reconocimiento facial desde cámaras de vigilancia, incluso en aglomeraciones, sea con fines de control, represión o comerciales.

Todo se hace más grave porque el volumen de datos que implica este tipo de registro en poblaciones enteras sólo se puede almacenar y manejar en enormes nubes de computación, un sector brutalmente concentrado en pocas empresas. Más de la mitad del mercado global lo tienen las estadunidenses Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e IBM, seguidas de la china Alibaba. También Oracle y Dell tienen porcentajes significativos. Las tres primeras, junto a Apple y Facebook, controlan, además, más de la mitad del mercado global de plataformas electrónicas, y junto a las chinas Alibaba y Tencent, más de dos tercios. Aunque las grandes empresas telefónicas colecten los datos –y los puedan usar para sus negocios– la mayoría, como Telcel y Telmex, contratan servicios de las anteriores.

Peor aún, varios niveles de gobierno, desde el federal a estados y municipios, albergan los datos electrónicos de parte o todas sus actividades –incluso registros de población o sectores de ésta (como estudiantes, pacientes, derechohabientes de diversos sistemas)– en esas mismas nubes, conectadas a sus plataformas. Dirán que hay regulaciones sobre acceso de éstas a los datos que almacenan, gestionan y/o dan servicio, pero además de muy insuficientes, no pueden controlar realmente lo que hacen estas gigantes. Hay ejemplos de abuso con impactos tremendos, como el de Cambridge Analytica que resultó en la elección de Trump, Macri, Bolsonaro y otros.

Esta nueva forma de organización capitalista se basa en la digitalización en todos los rubros industriales, junto a la plataformización electrónica de relaciones sociales, transacciones de comercio, financieras, compras domésticas y otras. También la instalación de mecanismos cada vez más avanzados de vigilancia dentro y fuera de los hogares, para avanzar en la conexión de todos los aparatos, para conocer –y sugerir, persuadir, empujar– nuestras conductas.

Todo ello ha causado múltiples impactos sociales, económicos, políticos, ambientales, laborales, en la salud; la mayoría negativos. Con la pandemia, la invasión electrónica de nuestra vida y trabajo se expandió enormemente e incorporó masivamente aspectos esenciales como educación, atención de la salud y reuniones de todo tipo.

Aunque la vigilancia con fines de control y represión por parte de gobiernos y autoridades es un efecto extraordinariamente magnificado y facilitado en esta nueva era capitalista, el interés principal de las empresas es la vigilancia de nuestra vida cotidiana para poder influir y manipular nuestras elecciones de consumo, políticas, sociales y educativas.

La extracción y almacenamiento de datos de las personas (además de ciudades, ecosistemas, territorios) que son cruzados con otros registros, manejados e interpretados con algoritmos de inteligencia artificial son una de las principales fuentes de ganancia de las gigantes tecnológicas. Es tan cuantiosa que nueve de las 10 mayores empresas con más alto valor bursátil son tecnológicas, varias con valor de mercado mayor que todo el PIB de México.

Ese lucro se basó en la primera generación de extracción y explotación de nuestros datos.

El siguiente paso fue no sólo vender datos agrupados por segmentos de interés para los anuncios de las empresas, sino vender la predicción y la modificación de las conductas de esos grupos. Para ello, la cantidad y calidad de datos que se puedan agregar y cruzar entre sí –como ubicación geográfica, educación, nivel de ingresos, preferencias de consumo, estado de salud, etcétera, son fundamentales. Por ello han crecido vertiginosamente las industrias de biometría y reconocimiento facial, porque permiten vigilar, interpretar y manipular mejor las emociones, un producto de alto valor para las empresas.

Pese a la alta penetración de esta realidad, la discusión social de los impactos del capitalismo de vigilancia es muy limitada, pero hay un debate importante desde organizaciones y activistas de base (https://tinyurl.com/vwmf4wzb).

Las regulaciones nacionales e internacionales necesarias para controlar y/o prohibir estas actividades, cuestionar los monopolios, etcétera, son ridículamente insuficientes o no existen. Refieren, además, a opciones y derechos individuales, cuando se trata de una explotación global y poblacional a la que necesitamos responder con debates y derechos colectivos. En este difícil contexto, hacer obligatoria la entrega de nuestros datos biométricos –sueño de las gigantes tecnológicas– es una pésima idea.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

¿Conspiparanóicos o seudociencia y biofascismo?

En el marco de la pandemia de Covid-19 millones de seres humanos asisten de manera pasiva a la instauración de un totalitarismo tecno-sanitario-plutocrático integral de tal magnitud, que hace que las distopías de ciencia ficción de George Orwell (1984) y Aldous Huxley (Un mundo feliz) se queden cortas, y que los totalitarismos clásicos parezcan apenas ejercicios de aprendices primitivos.

Según Naomi Wolf (Ten Steps to Fascism: Authoritarianism in a Pandemic), Estados Unidos transita ya el "décimo" de los 10 pasos hacia el fascismo: el Estado ha fusionado al gobierno con las megacorporaciones financieras, tecnológicas y farmacéuticas de una manera similar a la del fascismo italiano, utilizando la crisis sanitaria como vehículo para justificar la supresión/abolición de los derechos humanos inalienables y civiles; pero no es sólo una guerra contra la libertad sino contra los seres humanos.

Antes Soshana Zuboff había acuñado la noción "capitalismo de vigilancia" y Cédric Durand, con su libro Tecno-feudalismo, colocó la economía política de la "dominación digital" en el contexto de la evolución histórica del capitalismo, demostrando cómo el "Consenso de Was­hington" terminó haciendo metástasis con la "ideología californiana" de los pioneros del Silicon Valley; una ideología parecida a la revolución schumpeteriana de "destrucción creativa", pero con ­esteroides.

Según Durand, las plataformas del big tech se han convertido en "feudos" que se benefician de un vasto "territorio digital" poblado de datos con servicios que hoy se consideran indispensables; con una lógica extractivista aplicada al desarrollo del big data, los señores feudales que controlan Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Uber han construido de facto un imperio online. Dominan sus haciendas y también al Estado y, a decir de Durand, "el futuro caníbal del liberalismo parece estar dominado por la era de los algoritmos".

En el capitalismo de vigilancia, los datos, convertidos por algoritmos en inteligencia artificial (IA), constituyen el factor ordenador de la economía y la principal fuente de poder y riqueza. Lo que en la época feudal representaba la tierra, y posteriormente el capital industrial y la propiedad intelectual, hoy son los datos de la vida personal (emociones, hábitos, gustos, movimientos corporales, pensamientos íntimos), que, recopilados y transformados por la IA en productos de predicción, se venden en mercados de futuro del ­comportamiento.

Volviendo a los "10 pasos" que según Naomi Wolf conducen al fascismo (entre ellos, la invocación de una amenaza externa o interna, el desarrollo de una fuerza paramilitar, las restricciones a la prensa, la subversión del Estado de derecho), desde marzo del año pasado, montado y usando como pretexto una crisis sanitaria, Estados Unidos ha llegado a ese estadio.

Autora de best-sellers, entre ellos El fin de América: carta de advertencia a un joven patriota e Indignación: sexo, censura y criminalización del amor, Wolf ha mostrado cómo las epidemias de enfermedades infecciosas (cólera, tifus) fueron explotadas en el siglo XIX por el imperio británico para aplastar libertades e invadir la intimidad de las personas, como ocurre ahora con las medidas de excepción de los "regímenes corona", basadas en el abuso de la prueba PCR y el viciado protocolo Drosten (ver cormandrostenreview.com y https://cutt.ly/MbxbjYQ).

Al respecto, Wolf ha criticado las medidas y leyes de emergencia en muchas entidades estadunidenses, que con el sello de un "estado policial" suspendieron el debido proceso legal; cerraron empresas, escuelas, parques y playas ; impusieron multas a quien no llevara mascarillas al aire libre y restricciones al derecho de reunión; proyectan "pasaportes de vacunas" que se saltan la Cuarta Enmienda de la Constitución, permitiendo al gobierno y a las corporaciones tecnológicas ( big tech) inmiscuirse en la privacidad médica y crear un estado de vigilancia digital integral.

Ha cuestionado también la supresión de la libertad de expresión, la censura, las amenazas, la marginación y el ataque a la reputación de médicos y científicos que disienten con los experimentos masivos en seres humanos con vacunas basadas en genes sin un consentimiento informado (Código de Nuremberg), por las grandes corporaciones tecnológicas y el magnate Bill Gates, así como el "secuestro" de la ciencia en aras del "biofascismo" y para beneficio de grandes intereses farmacéuticos.

Según Wolf, para servir a los intereses de ese biofascismo –representado por la "nueva normalidad" del Foro Económico Mundial de Davos, el "paso 10" médico-fascista−, las plataformas del Proyecto de Seguimiento Covid y la Universidad Johns Hopkins, patrocinadas por Michael Bloomberg y Bill Gates con respaldo de la Organización Mundial de la Salud, han manipulado la verdad y proporcionado datos no verificados que afectan directamente a los mercados de valores. Y lo más grave, el nuevo biofascismo "es una guerra contra los seres humanos y las cualidades que nos hacen humanos"; las mascarillas –que pueden producir severos daños físicos, síquicos y sociales, ver doi.org/10.3390/ijerph18084344−, rompen la capacidad de relacionarnos cara a cara y disfrutar del contacto humano, e implementar la escuela vía plataformas de aprendizaje a distancia de big tech, viola los derechos de los niños y garantiza que no sepan cómo comportarse en el espacio humano, un espacio no mediado o vigilado por la tecnología.

Hoy, las amenazas a la libertad, que en 2001 se justificaban con el terrorismo y antes con el comunismo, tiene un nuevo vestido: la pandemia sanitaria con mutaciones estacionales ad eternum… De allí que, a juicio de Wolf, recuperar el espacio y la cultura "analógicos" −el contacto humano− sea hoy la gran fuerza revolucionaria de resistencia a esa forma de biofascismo integral y para recuperar la libertad humana.

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Viernes, 30 Abril 2021 05:27

Pasaporte covid a la exclusión

Pasaporte covid a la exclusión

 La ONG Access Now, dedicada a la defensa de los derechos digitales, ha encendido las luces de alarma ante la inminente puesta en marcha del pasaporte COVID, que desde gobiernos como el de España se está impulsando. En un reciente informe titulado Protocolo de exclusión: Por qué los "pasaportes" de la vacuna contra el COVID-19 amenazan los derechos humanos, Access Now destaca los riesgos que supone, no sólo para la privacidad y seguridad de millones de personas, sino también la ventana que se abre a la exclusión y la discriminación. La propia OMS (Organización Mundial de la Salud) se opone a esta fórmula, alertando de cómo se aislará a los más pobres.

No es casual que los países como España, que más dependen del turismo, sean los que más impulsan este tipo de salvoconductos digitales. El objetivo principal es salvar la economía pero, al hacerlo se privilegia a ciertos grupos sociales en detrimento de otros. La desigualdad en el acceso a las vacunas por una mera cuestión económica no sólo está creando ciudadanos de primera y de segunda en todo el mundo, sino que está extendiendo el riesgo global para la salud, como demuestran variantes como la sudafricana o la india, en cuya generación el escaso acceso a las vacunas que existe en esos países tiene mucho que ver.

La libertad de movimientos quedará restringida para un elevado porcentaje de la población mundial. No sólo eso, sino que incluso internamente en los países se producirá situaciones de discriminación en el acceso a los servicios. Como destaca el informe, ya está  sucediendo en países como Dinamarca o Israel, en los que para acudir a un bar, una peluquería, al dentista o al cine es preciso contar con uno de estos pasaportes COVID.

Más allá –aunque no es un tema menor- de que se está realizando una vacunación obligatoria encubierta (o te vacunas o te quedas sin acceso a los servicios), incluso quienes sí quieran vacunarse podrán quedar excluidos. Varias organizaciones están alertando ya en España de la exclusión sanitaria que se está dando en nuestro país, dejando fuera de la vacunación a colectivos vulnerables. Con el pasaporte COVID, además de estar más expuestos al coronavirus, sufrirán la discriminación social impidiéndoles acceso a servicios. Sobre quienes más han sufrido las peores consecuencias de la pandemia será donde más riesgos de exclusión caerán con el pasaporte COVID.

La privacidad amenazada

Access Now comparte también su preocupación por el modo que se recopilarán y procesarán masivamente todos estos datos de salud, abriendo nuevos riesgos a la privacidad de las personas. Tal y como expone en su informe, los sistemas centralizados de identidad digital conllevan riesgos de vigilancia, elaboración de perfiles, exclusión, violaciones de la privacidad y amenazas de ciberseguridad.

La directora adjunta legal de Access Now, Carolyn Tackett, indica que "los gobiernos de todo el mundo se están apresurando a implementar nuevas tecnologías como la solución general para volver a la normalidad tras la pandemia. Sin embargo, en su precipitación, muchos han descartado o ignorado los riesgos de estas herramientas de seguimiento rápido, incluidos los certificados digitales de vacunación".

Además de garantizar una vacunación universal, una de las primeras medidas que reclama la ONG es aumentar la transparencia sobre este tipo de herramientas digitales, permitiendo las auditorías tanto de su diseño como de su implantación. No parece muy coherente confrontar la voluntariedad de las vacunas con la obligatoriedad de entrar en estos nuevos sistemas de identidad digital centralizados que pueden vulnerar Derechos Humanos (DDHH).

En cuanto al acceso a los servicios, Access Now tiene claro que la privacidad y protección de los datos personales han de garantizarse, velando porque existan cláusulas de caducidad y periodos estrictos de retención de datos. Los temores de que la implantación de pasaportes COVID sirva para ampliar la vigilancia y restringir derechos fundamentales como el de reunión o libre circulación ya se han puesto encima de la mesa. El propio gobierno español, según destaca el informe, al tiempo que ha asegurado que estos salvoconductos digitales respetarán escrupulosamente la legislación sobre protección de datos ha afirmado que compartirá estos datos sensibles con otros socios europeos.

30 abril, 2021

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Nuevas formas de segregación y control social
 
 La segregación siempre fue una forma de dominación, al separar a las personas por su pertenencia de clase, de color de piel, de opciones sexuales y geografías. Los trabajadores siempre vivieron en barrios separados de las clases medias y altas, en áreas con menos servicios, peor calidad del aire y del agua, y con mucha menor cantidad de espacios verdes.

Los pueblos originarios y negros han sido despojados de sus territorios, proceso que se ha profundizado en las últimas décadas, condenándolos a vivir en las tierras menos productivas, a menudo en pendientes y zonas rocosas, como sucede con los nasa y misak, del Cauca colombiano.

Hay muchas más formas de segregación, pero ahora aparecen nuevas, con la excusa de la pandemia. Se perfilan pasaportes sanitarios para atravesar fronteras, incluyendo o excluyendo las vacunas que las multinacionales prefieren o rechazan.

Por ejemplo, un latinoamericano no podrá ingresar a Europa si fue vacunado con Sinovac, aunque es uno de los biológicos más difundidos en la región (https://bit.ly/3nebLmH). No sólo exigen vacunación, sino que discriminan por la geografía de donde proviene la persona, en una geopolítica sanitaria que agrava la segregación.

Estamos ante una ventana de oportunidades para quienes, con la excusa de la pandemia, buscan cercenar libertades engordando códigos penales. En Uruguay, el parlamento está a punto de aprobar una ley que crea el delito de peligro sanitario, que se aplicará a quienes incumplan las normas sanitarias.

Si el nuevo delito suena grave, el que se pueda penar con tres a 24 meses de prisión sin la necesidad de comprobar que la persona contagió a otra (https://bit.ly/3v94CqI), es muestra de la discrecionalidad con que se pretenden establecer las penas.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, calificó la ley de absolutamente fascista, pues considera un error inventar un delito en estas circunstancias y para este momento (https://bit.ly/3tDaHLr). Como sucedió durante la dictadura militar, otra vez va a caer sobre los jóvenes la punición de su conducta, algo que no tiene ninguna relación con la salud, sino con el disciplinamiento de generaciones enteras que no aceptan la imposición de conductas por el Estado y la policía.

Algo que se pretende penalizar son las fiestas y encuentros juveniles que producen aglomeraciones, figura que la policía está empeñada en criminalizar.

Meses atrás, el parlamento uruguayo aprobó una ley sobre un artículo de la Constitución, por la cual se suspendieron por cuatro meses las aglomeraciones de personas que pueden generar un notorio riesgo sanitario. Sin embargo, cuando se le pidió al gobierno que definiera lo que entiende por aglomeración y cuánta gente incluye, respondió que eso corresponde definirlo a la policía en el momento y sobre el terreno.

En suma, es la policía o el golpe de Estado permanente, en palabras de Michel Foucault, la que tiene la potestad para definir si existe riesgo sanitario cuando grupos de jóvenes se juntan. En los últimos meses, la policía ha llegado a disolver más de 100 aglomeraciones diarias, en un país de apenas 3 millones de habitantes (https://bit.ly/3sHS7jX). En algunos casos se trataba de grupos de apenas cinco personas en una playa, como muestran las redes sociales (https://bit.ly/2P7Kaaa).

De lo que se trata es de apretar las clavijas del control social, prohibiendo manifestaciones (la del 8M ya ha sido acusada en todo el mundo de expandir la pandemia), recortar derechos y libertades permitiendo el ingreso de la policía a las viviendas particulares, incluso por la noche, si hay una denuncia por riesgo sanitario.

Entiendo esta situación como parte de la militarización de nuestras sociedades. El control a gran escala, con policías, cámaras de seguridad y drones, se complementa con un control capilar, que invade todos los rincones de la sociabilidad popular.

En este asunto también hay clases y geografías. Para disipar cualquier acusación de conspirativismo, un estudio sobre movilidad en Montevideo (1.5 millones) con datos de Google, dice que cayó 51 por ciento la movilidad en plazas, parques y playas; bajó 48 por ciento en restaurantes, cafeterías y centros comerciales, y más de 40 por ciento en el transporte público; pero aumentó 10 por ciento en las zonas residenciales, o sea en los barrios de clase media alta y alta (https://bit.ly/3n83SiB).

¿No estamos acaso ante un panóptico a cielo abierto, una gigantesca cárcel cuyos barrotes son poco visibles, porque sus guardianes son nuestros vecinos, y hasta nosotros mismos? ¿Cómo se escapa de una cárcel así?

No lo sabemos, porque las formas de dominación van mutando, las nuevas se superponen a las viejas, sin sustituirlas. Lo seguro es que no hay salidas individuales y sin estar organizados. Lo demás habrá que improvisarlo, probando, errando y volviendo a probar, hasta abrir brechas.

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Viernes, 09 Abril 2021 06:25

La militarización del Estado

La militarización del Estado

Para alargar su decadencia, el sistema capitalista patriarcal está militarizando el Estado, y de modo especial algunas de sus funciones "sociales", como la salud y la educación. Brasil se ha convertido en un laboratorio de políticas para exportar, del mismo modo que la guerra antidrogas fue exportada desde Colombia a México, entre otros.

El Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes), de Brasil, acaba de publicar un expediente titulado Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza (https://www.andes.org.br).

El sindicato pertenece a la coordinación sindical Conlutas y el documento denuncia la militarización del gobierno de Jair Bolsonaro. Destaca que los militares ocupan ocho de los 22 ministerios, además de áreas estratégicas y de empresas estatales, como la petrolera Petrobras, donde controlan el directorio.

En Brasil hay 6 mil 157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento de 108 por ciento respecto de 2016, año en que fue ilegítimamente destituida la presidenta Dilma Rousseff.

Esos militares son comisionados a esos cargos o tienen contratos temporales, acumulando funciones en las más diversas áreas de la administración pública. Según el expediente, se trata de "la militarización del servicio público federal, de las estatales y de diversos órganos", entre los que merece especial destaque la "militarización de la salud, especialmente en la coyuntura de la pandemia".

En los principales escalones del sistema de salud han aterrizado cientos de militares que controlan todo, aunque están fracasando estrepitosamente en la atención a la pandemia, con hospitales y centros de tratamiento intensivo desbordados.

Días atrás saltó el escándalo de que 85 por ciento de las unidades de terapia intensiva de los hospitales militares están vacías, pero no permiten que las ocupen civiles, pese a que son mantenidos con dineros públicos (https://bit.ly/3sZSNlN).

Además, hay 99 militares en órganos federales responsables de la gestión del medio ambiente, como la Fundación Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Según datos del instituto Transparencia Brasil, casi la mitad de esos militares son originarios del Ejército, seguidos de ex policías militares. Se trata de los dos sectores que se han destacado por el apoyo al presidente ultraderechista.

El sindicato de docentes menciona una escalada autoritaria que conduce a "una nueva fase de contrarreforma del Estado, militarizando el primer escalón de las empresas estatales, de los órganos estratégicos del gobierno en áreas de salud y socioambiental".

Sostiene que la escalada de militarización está centrada en el sistema educativo básico, con la creación de "escuelas cívico-militares", y en la educación superior, por la sistemática intervención en instituciones de enseñanza para vetar y controlar la elección de rectores y demás autoridades.

El gobierno se propone crear 216 escuelas primarias cívico-militares hasta el fin de este año, implementando "el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares" (p. 34).

Una breve incursión en la página del Ministerio de Educación dedicada las escuelas cívico-militares (http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/) es suficiente para hacerse una idea del alcance de la iniciativa.

La escalada autoritaria en la educación, está llegando al punto en el que el gobierno de Bolsonaro nombra rectores en las universidades impuestos desde arriba, sin consulta con la comunidad académica y en contra de sus propuestas. Se trata de un ataque a la autonomía universitaria y el "silenciamiento de voces disonantes" en instituciones que son "locus de producción del conocimiento crítico y creativo" (p. 30).

Estamos ante un cambio de época. La clase dominante ha blindado el Estado, empezando por sus instituciones armadas, con especial cuidado de los ejércitos que son la fuerza que mayor contacto puede tener con la población. Esto forma parte de una estrategia diseñada muy arriba, por las instituciones del imperio, que no puede admitir experiencias como las vividas por los ejércitos de Perú y Ecuador en los años 60 y en Venezuela ahora.

Proceden a la militarización de los servicios básicos como la salud y la educación, para evitar que esos espacios sean utilizados por fuerzas opositoras. En Brasil las instituciones indígenas, ambientales y de reforma agraria habían jugado un papel relativamente positivo, pero ahora están siendo férreamente controladas por los militares.

Un doble proceso en marcha: blindar el Estado y usarlo como martillo contra los disidentes. Quien de ahora en más aspire a ocupar cargos estatales debe saber para quiénes trabaja.

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La comunicación en la era de internet

Cada avance tecnológico suscita un sueño utópico y una pesadilla distópica. La invención de internet hacia 1990 generó expectativas entusiastas. Su propio comienzo fue utópico. Su creador Tim  Berners-Lee se negó a registrar las patentes que lo hubieran hecho multimillonario, para ponerlas a disposición de la humanidad. Un dispositivo al principio apropiado por el complejo militar industrial como red  subterránea invulnerable al ataque atómico, devino instrumento aparentemente a disposición de todos para el libre intercambio de mensajes y conocimientos. Si en la era que vivimos el bien más preciado es la información, un canal que prometiera multiplicarla y comunicarla de manera prácticamente gratuita y universal parecía puerta abierta hacia Utopía.

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Esta  perspectiva optimista fue prontamente clausurada. Así como todos los bienes a disposición de la humanidad –tierra,  aguas,  minerales,  organismos biológicos- no tardaron en ser acaparados, internet no demoró en caer bajo el poder y los planes de los operadores. La red concebida para transmitir mensajes no tardó en encontrar quien quisiera hacerse dueño de éstos  y a través de ellos de sus emisores. En la actualidad, cerca del 70% del PIB global es producido por el sector terciario (finanzas, investigación, educación, publicidad, informática, entretenimiento) que a su vez se maneja mediante la Red. Desde el siglo pasado, Estados Unidos desarrolló el sistema de espionaje Echelon para decodificar ofertas en las licitaciones y hacer que las ganaran las empresas estadounidenses. La información, como la plusvalía, es expropiada de la sociedad  que la crea, y tiende a concentrarse en un número cada vez menor de manos. Dominar la Red es dominar la economía.

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Todo control sobre la economía deviene control social. Internet y las  redes acumulan membrecías que superan con mucho a las ciudadanías de muchos de los Estados soberanos. A principios de 2021, usan internet 4.660 millones de personas: el 59,5% de la población mundial. Emplean teléfonos celulares 5.200 millones, el 66,6% de los habitantes del planeta. Están atrapadas en las redes sociales 4.200 millones de personas: el 53,6% de los terrícolas. En estas redes, sólo Facebook junta 2.740 millones de seres; You Tube, 2.291; Whats App, 2.000. Los usuarios de internet invierten en ella  en promedio seis horas  y 54 minutos diarios: la duración usual de una jornada de trabajo (https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo/). Estas desmesuradas clientelas son mercados inconmensurables que incesantemente aportan a sus operadores datos invalorables y reciben a cambio publicidad y propaganda.

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Imaginemos que un servicio postal por el mero hecho de transmitir correspondencia se atribuyera el derecho de abrir todas las cartas que transmite y de utilizar su contenido libremente. Tal servicio no tardaría en ser denunciado como  inadmisible instrumento de tiranía y en perder la totalidad de sus usuarios. Tal es el caso de internet. Desde los primeros tiempos, primero los gobiernos, y luego los operadores de la Red se atribuyeron abusivamente ambos privilegios. Hoy en día, el usuario puede tener la casi seguridad de que todos sus mensajes son abiertos, escrutados y utilizados para sus propios fines por las organizaciones que los transmiten y sus cómplices. Programas de análisis de contenido detectan la presencia de ciertas palabras o construcciones claves y alertan a mecanismos de vigilancia que aplican estrechos controles sobre los emisores del mensaje. En un avance del cerco, los canales instalan en los computadores de los usuarios cookies, programas espías que informan detalladamente sobre el contenido de los ordenadores y de los mensajes que emiten. Estos mecanismos acercan a todos los usuarios de internet a un mundo de control total, frente al cual parece un juego de niños la televisión de dos vías imaginada por George Orwell, que no sólo transmitía imágenes al espectador, sino que además vigilaba todos los actos de éste.

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El espionaje emplea todo tipo de dispositivo capaz de registrar información. Edward Snowden decidió desertar de los servicios de inteligencia estadounidenses cuando advirtió que éstos espiaban los teléfonos, y que el número de dispositivos de espionaje dedicados a vigilar ciudadanos estadounidenses era mayor que el de los aplicados contra el resto del mundo. Ya es casi imposible abrir una página web sin que ésta nos informe que usa cookies para servirnos mejor –en realidad, para espiarnos mejor- y que el mero hecho de utilizar la página equivale al consentimiento para alojar un espía en el aparato del cual depende nuestra comunicación con el mundo. Algunas, de manera inocente, nos piden de entrada la clave de nuestro correo electrónico, que es como solicitarnos a la vez la llave de la casa, del auto y de la caja fuerte. Pero nuestros llamados servidores ya las tienen: en realidad somos sus sirvientes. Las páginas web, las redes sociales se atribuyen explícita o implícitamente  el derecho de utilizar para sus propios fines todos los contenidos que los usuarios hagan circular en ellas. Es como si un servicio postal se atribuyera la propiedad de cuantos mensajes y objetos le fueran confiados. Fácil es comprender lo que esto significa en un mundo donde el bien económico fundamental es la información. Apropiarse de la información es apropiarse del mundo. 

Por Luis Britto García | 29/03/2021

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