El capitalismo a la conquista del espacio

En pleno 50º aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, los motivos por los que no se ha vuelto a alunizar medio siglo después parecen dejarse de lado y el presidente de EEUU Donald Trump se ha marcado el objetivo de volver hacerlo en 2024: pretende liderar la nueva economía espacial.

 

En una reciente entrevista para la cadena CBS, el propio Administrador de la NASA Jim Bridenstine, exponía que los motivos para no haber vuelto a alunizar desde 1972 son más motivos políticos y económicos que técnicos. Algo que para Trump no parece representar ningún obstáculo ahora, dado que antes de que termine el segundo de sus mandatos –si revalida presidencia- está convencido de que verá ondear la bandera de EEUU en la superficie lunar.

El horizonte se sitúa en el año 2024, adelantándose cuatro años respecto a lo inicialmente planificado. Surge así la misión Artemisa –hermana gemela del dios Apolo-, que presenta algunas diferencias respecto a la del Apolo 11. Bridenstine ya ha avanzado que la misión que regrese a la Luna lo hará “de una manera sostenible, es decir, para quedarnos”. La Luna serviría de prueba piloto para aprender a vivir en el satélite antes de dar el salto a Marte. En realidad, se trata de un banco de pruebas para llegar al Planeta Rojo. Otra de las grandes novedades es que, según afirmó el responsable de la NASA, la primera persona que vuelva a plantar su huella en la superficie lunar será una mujer.

Sin embargo, hoy por hoy Artemisa es una misión muy incipiente, dado que ni siquiera se ha diseñado el aterrizaje lunar ni se han realizado prácticamente pruebas de vuelo, ni del cohete ni de la cápsula lunar. De hecho, se está construyendo y probando ahora la nave, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Aunque los primeros viajes serán no tripulados, la aeronave bautizada como Orion tendrá capacidad para cuatro personas aguantando hasta 21 días sin necesidad de reaprovisionarse de víveres.

Nueva carrera espacial

En el seno del Congreso estadounidense se ve con escepticismo esta aceleración de los plazos. Es el caso de la congresista por Texas Eddie Bernice Johnson, que preside el Comité de Ciencia Espacio y Tecnología. El pasado mes de abril negó la “carrera espacial” con la que el vicepresidente Michael Pence justifica la meta de 2024. Johnson señala que “ganamos esa carrera hace medio siglo, como deja en claro la conmemoración de este año del Apolo 11”, al tiempo que critica la “retórica anticuada de la Guerra Fría” que emplean Trump y los suyos.

La congresista llegó a afirmar que “sería el colmo de la irresponsabilidad llevar astronautas a la Luna dentro de cinco años sin saber cuánto costará, cuál será el alcance de ese programa y cómo impactará en los otros que desarrolla la NASA”. En este sentido, Johnson ha reclamado que se detalle por anticipado y año a año el coste de la nueva misión a la Luna. Sólo para el primer año de Artemisa, se anunció una modificación presupuestaria de 1.600 millones de dólares, lo que llevó a Johnson a volver a cuestionar la misión hace un par de meses.

Este mismo año, la NASA ha adjudicado contratos por valor de 253,5 millones dólares a las empresas Astrobotic, Intuitive Machines y Orbit Beyond con el fin de que desarrollen módulos robóticos de aterrizaje que se harán cargo de la logística a la superficie de lunar de la ciencia y la tecnología dentro del marco de Artemisa, con el primer desembarque previsto para 2020.

La carrera espacial que se dio en la década de los 60 con la Unión Soviética no se da del mismo modo en la actualidad. Entonces, Kennedy forzó la máquina para demostrar el poderío tecnológico y económico de EEUU –la misión de Apolo 11 acaparó el 4% de todo el presupuesto federal-; hoy, se han sumado a la carrera otros actores, como China o India. Tanto es así, que esta misma semana y apenas una hora antes de su lanzamiento, India suspendía Chandrayaan-2, su segunda misión a la Luna que esperaba explorar el Polo Sur del satélite.

La nueva economía espacial

Desde el punto de vista científico, la NASA lleva años convencida de que los polos de la Luna contienen millones de toneladas de agua helada, lo que a sus ojos representa energía y una vía para establecerse en el satélite aprovechando sus recursos humanos. Tanto es así que Artemisa alunizará donde nunca antes se ha hecho: en el Polo Sur de la Luna.

Los expertos de la agencia confían que una permanencia sostenida, no sólo de robots, sino también de seres humanos contribuirá a ampliar los conocimientos de nuestro propio planeta y del Sol, probando estructuras de cara a la conquista de Marte.

Por otro lado, desde el punto de vista más económico, la NASA sostiene que “la próxima revolución ocurrirá en el espacio”, con una “una economía espacial basada en la minería, el turismo y la investigación científica que potenciará y capacitará a las generaciones futuras”. De esta manera, si 2024 es la fecha para devolver al ser humano a la Luna, 2028 se espera que éste se establezca allí, “para culminar nuevos descubrimientos científicos, demostrar nuevos avances tecnológicos y sentar las bases para que las empresas privadas construyan una economía lunar”, según la propia NASA.

En junio de 2015, el Congreso de EEUU aprobó la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, en virtud de la cual se abría la puerta a que las empresas privadas pudieran, no sólo explorar, sino también explotar los recursos espaciales. Una de estas compañías es Moon Express, que considera a la Luna como el octavo continente de la Tierra.

El 20 de julio de 2016, Moon Express se convirtió en la primera compañía en recibir la aprobación del gobierno de EEUU para enviar una nave espacial robótica más allá de la órbita terrestre tradicional y hacia la Luna y ya ultima sus primeras misiones robóticas con las que espera “introducir un nuevo paradigma comercial para las misiones gubernamentales, democratizar la investigación y abrir el camino al transporte y la exploración comercial espacial más allá de la órbita de la Tierra”.

Dominio internacional

Desde la óptica del Derecho Internacional, no es posible colonizar el espacio. En diciembre de 1966 se aprobó el Tratado del Espacio Exterior, un documento visionario, suscrito por más de un centenar de países, con el que se intentaba regular la carrera espacial. Su Artículo II establece que “el espacio exterior, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, será libre de exploración y uso por todos los Estados sin discriminación de ningún tipo, sobre la base de la igualdad y, en general, de acuerdo con el derecho internacional, y habrá acceso gratuito a todas las áreas de los cuerpos celestes”.

En virtud de este Tratado, algunos expertos consideran que la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015 no se ajustaría a derecho. Sin embargo, esta postura no cuenta con el respaldo del consenso internacional; de hecho, once años antes (2004) de la polémica ley promovida por Trump, el Instituto Internacional de Derecho Espacial (IISL, por sus siglas en inglés) emitió una declaración que daba vía libre a la iniciativa privada, apoyándose para ello en el artículo VI del mismo Tratado del Espacio Exterior, que determina que "las entidades gubernamentales, incluidos los particulares, las empresas y las organizaciones, tienen derecho a realizar actividades en el espacio de conformidad con el derecho internacional del espacio, y están sujetas a la autorización y la supervisión continua del Estado Parte correspondiente".

En cierto modo, sería como la pesca en aguas internacionales, pero trasladada a los recursos naturales intergalácticos (minerales, agua, etc.). Sin embargo y dada la inseguridad que se desprenden de las lagunas legales existentes, en 2014, se creó el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de los Recursos Espaciales de La Haya (Hague Space Resources Governance Working Group), compuesto por líderes industriales, científicos, diplomáticos, políticos y expertos legales de todo el mundo. El objetivo de aquel foro fue discutir y proponer soluciones para resolver el vacío legal para el uso de los recursos espaciales, sentar al menos un marco legal regulatorio. Asimismo, la ONU cuenta con un capítulo especial en su organización para abordar asuntos relacionados con el espacio exterior, desde el uso de sus recursos, al despliegue de determinadas actividades o a la utilización de energía nuclear, entre muchos otros tratados.

El último dictamen del IISL, fechado en 2017, es tajante al afirmar que “teniendo en cuenta el equilibrio de los derechos y las prohibiciones del Tratado del Espacio Exterior, el uso de los recursos espaciales no está explícitamente prohibido siempre que se cumplan las demás obligaciones del tratado”. Entre las condiciones aparejadas a esta explotación de los recursos espaciales se encuentran, por ejemplo, que sea “para beneficio e interés de todos los países”, “sin discriminación de ningún tipo”, “de conformidad con el derecho internacional” o “guiado por el principio de cooperación y cooperación mutua”. El objetivo final, desde la óptica de IISL, es garantizar que las actividades espaciales, incluida la explotación, sirvan a toda la humanidad.

Los nuevos viajeros espaciales

Otro de los mercados emergentes que van ligados a esta nueva carrera espacial es la de los viajes comerciales espaciales. Durante el último mandato de Obama (2015), el Senado aprobó el proyecto de ley HR 2262 (Commercial Space Launch Competitiveness Act), conocida como la Ley Espacial de EEUU.

Empresas como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic son tres de las grandes beneficiadas; detrás de ellas, tres magnates como son el propietario de Tesla Elon Musk; el multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos, y el británico Richard Branson, fundador de Virgin.

Desde el punto de vista legal, hace descansar la responsabilidad de los vuelos espaciales privados en quienes los realizan, sin que exista una regulación estatal que salvaguarde a estas personas. En realidad, es una moratoria al periodo anterior que se había concedido previamente, que expiraba en 2012. Con la HR 2262, el llamado ‘periodo de aprendizaje’ exento de la estricta normativa de la FAA (Federal Aviation Administration) se amplía hasta el 30 de septiembre de 2023.

En ese periodo, la FAA tiene escaso margen, más allá de emitir las correspondientes licencias para los lanzamientos, así como para las aeronaves que vuelvan a la Tierra. Más allá de eso, las autoridades no pueden determinar el modo en que se han de construir las aeronaves; ni siquiera exigir medidas de seguridad específicas como sucede con la aviación comercial, de manera que los pasajeros espaciales han de firmar previamente un consentimiento dando fe del conocimiento que tienen del riesgo de muerte que afrontan en un viaje cuyos billetes rondan los 250.000 dólares. De hecho, el vehículo suborbital SpaceShipTwo de Virgin Galactic sufrió un accidente en 2016 que se cobró la vida del piloto.

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El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, participa en Buenos Aires de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. AP

Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos han creado un grupo de coordinación antiterrorista para vigilar la Triple Frontera entre los tres países latinoamericanos, una zona turbulenta donde, según diversos servicios de espionaje, la organización libanesa Hezbolá recauda fondos para sus actividades en el continente. El anuncio coincide con la visita a Buenos Aires de Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, y con la crisis entre Washington y Teherán. Hezbolá, que acaba ser incluido en la lista de organizaciones terroristas por el gobierno argentino, está directamente vinculado al régimen iraní.

Pompeo viajó a Buenos Aires para participar en la conmemoración de los 25 años del atentado contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el que murieron 85 personas. Tanto Estados Unidos como Argentina acusan a Hezbolá de haber cometido el ataque, impune hasta la fecha, y consideran que el responsable directo de la matanza fue el ciudadano libanés Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel Salman El Reda, miembro de Hezbolá y casado con una ciudadana argentina. El Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado que recompensará con siete millones de dólares a quien facilite información sobre el paradero de Salman, quien supuestamente se encuentra en Líbano.

Los gobiernos de Washington y Buenos Aires, ambos conservadores, parecen vivir un idilio intenso. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, elogió a Mauricio Macri por haber incluido a Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas, lo que permitirá bloquear cuentas corrientes vinculadas a la organización. Mike Pompeo, en Buenos Aires, afirmó que Hezbolá mantenía “una presencia fuerte y amenazante” en el cono sur latinoamericano y llamó a “todos los países a seguir el ejemplo argentino”. “Entramos en una nueva era en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos”, dijo. El grupo de cooperación antiterrorista en la Triple Frontera se reunirá antes de fin de año en Asunción (Paraguay) para establecer su estructura de funcionamiento.

El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Jorge Faurie, indicó que Hezbolá mantenía vínculos con la guerrilla colombiana y con los restos de Sendero Luminoso en Perú, y constituía “un peligro para la región entera”.

Todo hace pensar que la buena relación personal entre los presidentes Donald Trump y Mauricio Macri ha propiciado un intercambio de favores. El canciller Faurie agradeció en presencia de Pompeo “el apoyo de Estados Unidos durante nuestras dificultades financieras”. Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, que en septiembre pasado prestó 57.000 millones de dólares a Argentina (la mayor ayuda proporcionada nunca por el organismo) y desde entonces ha atendido todos los ruegos procedentes de Buenos Aires, en especial los referidos al uso de parte de los fondos concedidos para frenar la devaluación del peso respecto al dólar.

Mientras la Casa Blanca respalda a Macri, que necesita un mínimo de estabilidad macroeconómica para tratar de ser reelegido en las elecciones presidenciales de octubre, éste se alinea firmemente con la Casa Blanca en todas las cuestiones diplomáticas, incluyendo las iniciativas antiterroristas. Tradicionalmente, la proximidad a Washington no solía reportar buenos resultados electorales para los gobiernos argentinos; tal vez, como proclamó Mike Pompeo, “los tiempos están cambiando”.

La cercanía entre ambos gobiernos ha hecho que la Casa Blanca autorice la publicación de los datos de la CIA sobre el atentado contra la AMIA, lo que es considerado en Buenos Aires como una muestra de confianza. Según la CIA, no existen dudas acerca de la autoría de Hezbolá, “con el apoyo de Irán”. La CIA considera que personal diplomático iraní trabajó estrechamente con los tres grupos de Hezbolá (el de información, el de ejecución y el encargado de borrar pistas) que organizaron y cometieron el atentado de 1994.

El diario argentino Infobae informó de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había telefoneado al presidente Mauricio Macri para agradecerle la inclusión de Hezbolá en el listado de organizaciones terroristas.

Buenos Aires 19 JUL 2019 - 18:02 COT

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El conflicto entre Turquía y EEUU va más allá de los S-400 rusos

Las amenazas de Washington de aplicarle a Ankara la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de EEUU (CAATSA) si compraba los misiles S-400 rusos han caído en saco roto y Tayyeb Erdogan acaba de instalarlos en el suelo turco con el orgullo de haber añadiendo otro fracaso a la política exterior de Donald Trump. El Sultán turco tampoco ha declarado tres días de luto oficial por la suspensión de la venta de cazas F-35 por parte de EEUU, quien mira con la impotencia cómo se le escapa del control una de las principales piezas de la arquitectura de la OTAN en Eurasia.

Turquía no es el primer país de la Alianza Atlántica que adquiere armas rusas. Grecia, Eslovenia y Bulgaria compararon S-300 y el mundo no llegó a su fin. ¿A qué se debe, entonces, esta furia de EEUU contra Ankara?

Los turcos, ya en 2013, buscaban misiles no estadounidenses y lo negociaron con la compañía china CPMIEC, pero tuvieron que abandonar la idea por las sanciones que EEUU habia impuesto a esta empresa, acusada de proveer misiles a un Irán bajo las sanciones. Fue así como Rusia recibió el encargo tras un concurso de licitación: fue “el acuerdo más importante en la historia moderna [turca]” afirmó un Erdogan eufórico.

Las razones de Turquía

La profunda desconfianza de Erdogan (y la sociedad) hacia EEUU, que fue acentuada por a) el golpe de estado fallido de julio del 2016, organizado en la base militar de la OTAN en Incirlik, y el papel de Moscú en salvar la vida del propio presidente turco (el asesinato del embajador ruso en Ankara fue la represalia), y b) el Proyecto de Nuevo Oriente Próximo de los NeoCon, que consiste en desintegrar los poderosos estados de aquella región, y crear, de paso, un estado kurdo de los restos de Irak y Siria.

Que el Pentágono haya armado a los kurdos sirios con misiles antitanques Javelin y TOW, y Ankara a algunas facciones del Estado Islámico para combatir a los kurdos, significa que EEUU y Turquía ya están en guerra, aunque través de terceros -que hacen de carne de cañón-, y en el suelo de otra desgraciada nación. Rusia – el enemigo leal de Turquía -, ha neutralizado a Erdogan, permitiendo su ataque mortal a Afrin, la bastión kurda en Siria, para que se desgastara en el pantano sirio. El régimen islamista de Erdogan -que no reconoce las singularidades nacionales-, también aprovecha este rasgo en la teocracia chiita iraní para juntos perseguir a los kurdos de ambos países en el territorio iraquí, queriendo impedir un imposible estado kurdo unitario.

Diversificar sus proveedores de armas: El intento del golpe de estado del 2016 demostró a Ankara que, para derribar los aviones de guerra de EEUU en su cielo, necesita misiles de otro país. Cuando los F-16 bombardearon el Parlamento turco, Ankara no tenía ningún arma fuera del control de la OTAN. Turquía puede recuperar el acuerdo con China, suspendido en 2013, y comprar los misiles FD-2000 por los que iba a pagar 4.000 millones de dólares. ¡La independencia armamentística está siendo tan vital para los estados como la autosuficiencia energética o alimentaria!

Turquía sospecha que EEUU está atacando sus intereses en la región, en alianza con Arabia Saudita, Egipto, Bahréin, Israel y Emiratos Árabes Unidos: Libia ha sido la última parada de esta coalición anti-turca. Dice Ibrahim Karagul, editor en jefe del diario Yeni Safak, del partido gubernamental Justicia y Desarrollo que “desde los Balcanes hasta el norte de Siria, desde el Egeo hasta el Mediterráneo, desde la isla de Creta hasta Sudán, desde Libia hasta el Golfo Pérsico, se está implementando un plan extremadamente insidioso para limitar el área de influencia de Turquía…y luego ahogarnos en el Mediterráneo». Turquía, que ha fracasado en dos de sus intentos políticos en ganar ventajas en la región- provocando la crisis de refugiados, y revelar el crimen de Khashoggi-, ha instalado bases militares en el llamado «Triángulo de paz», Qatar, Somalia y en la isla de Sudakin, para “protegerse” de los enemigos.

Construir una política exterior multidimensional, desde que Europa le dio portazo: ahora Turquía intenta recuperar los viejos dominios-mercados del imperio otomano en el sur.

El descubrimiento de una bolsa de gas en las costas chipriotas, cuyo valor asciende a 35.000 millones de dólares, y que ha aumentado la tensión en el Mediterráneo Oriental entre Chipre, Egipto, Grecia e Israel. Turquía reclama su parte, mientras las autoridades grecochipriotas – que han otorgado la licencia de perforación ExxonMobil-, han emitido órdenes de arresto para la tripulación de barcos de perforación turcos, que son escoltados por los buques de guerra de este país. Siendo Grecia miembro de la OTAN e Israel equipado por armas estadounidenses Ankara sienten la necesidad de obtener un sistema de defensa no vinculado con la OTAN para defenderse ante una posible guerra.

 La negativa de EEUU a vender sus misiles Patriot a Turquía, y para más inri, retirar en 2015 los que habia instalado en la frontera turco-siria, bajo el pretexto del «alto costo de su despliegue». Erdogan se quejaba de que EEUU habia abandonado a Turquía ante un posible ataque de Siria o de los kurdos de este país.

Los motivos de la ira de Washington

El S-400 Triumf es el sistema de misiles antiaéreos capaz de identificar aeronaves o misiles a una distancia de hasta 600 kilómetros e interceptarlos a una velocidad de hasta 4.8 kilómetros por segundo. Turquía, después de China es el segundo país del mundo en recibir este artefacto ruso e India y Arabia Saudita serán los siguientes, mientras Rusia ya fabrica el sistema S-500 «Prometheus». La industria armamentística de EEUU pierde una suculenta venta de 2.200 millones de euros,  a pesar de que los S- 400 valen casi la mitad que sus homólogos Patriot. Además, al contrario de EEUU, Rusia y China no imponen condiciones para cómo, cuándo y dónde usar sus armas vendidas. Turquía ha acordado con Rusia la producción conjunta de los sistemas S-400, aunque lo más seguro es que el Sr. Putin sólo le asigne la fabricación de los tornillos de esta joya de la corona las armas rusas, por si se le ocurre a Erdogan la idea de ofrecer los secretos del invento a EEUU a cambio de recibir la cabeza de los kurdos de PKK.

La creciente relación entre Turquía y China: la posición geopolítica turca se ha unido al poder y la influencia china en la“Iniciativa del Corredor Medio» (Middle Corridor) que en el marco de la Nueva Ruta de la Seda une Anatolia a Asia Central y China, y a este espacio con el Corredor Internacional Transcaspiano (TITR), en el que participan también Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Polonia, Ucrania y Rumania. Una “pequeña” parte del diseño estratégico chino de comercio que supera la capacidad creativa de los políticos estadounidenses.

Infringir las sanciones impuestas al gas ruso: el gasoducto Turk Stream de 800 kilómetros construido en 2018 llevará el gas eslavo al mercado turco y de allí al sur y sureste de Europa.

La guerra comercial de EEUU con Turquía es la “pedagogía del terror”: ¡Será castigado quien desobedezca a Washington! La caída del valor de lira en un 30% el año pasado, y por ende, el aumento de los precios de las importaciones en Turquía, junto con la desaceleración de su economía (el crecimiento del 2.6% en 2018, comparando con el 7,4 del 2017), unidos a la corrupción y las políticas neoliberales del gobierno han golpeado la popularidad de Erdogan, derrotando a sus hombres en las elecciones de Estambul. El objetivo de EEUU, que ha anunciado el traslado de las fábricas de la construcción de piezas del F-35 de Turquía a otros países, es destrozar la economía turca.

La guerra entre ambas potencias continuará: Si EEUU deja de vender las piezas de repuestos para los aviones estadounidenses que posee Turquía, equivaldría a un desarme a toda regla. Por lo que, Erdogan, de momento no saldrá de la OTAN, aunque seguirá utilizando la retórica “anti-estadounidense”, y le culpará a Trump de todos los males del país. La mitad de la sociedad que es su electorado le creerá, y la otra mitad que es la oposición le apoyará por la “patria querida amenazada”. Según el Centro Universitario de Investigaciones Económicas y Sociales de Bahçeşehir de Turquía (BETAM), el 38% de los niños y las niñas menores de 15 años del país – unos 8 millones-, vivieron en 2016 en la situación de pobreza, con un aumento de 300.000 en comparación con 2015.

El colapso del orden regional, establecido en 1916 por el acuerdo Sykes-Picot, hoy se manifiesta en el fin de los estados árabes modernos: Irak, Libia, Siria. La nueva estructura regional, aunque tiene de protagonista a un ruidoso EEUU, se está trazando como siempre sin la participación de los pueblos, aunque bajo la supervisión de los viejos imperios: chino, ruso, persa y turco. Aquí, EEUU es, simplemente, irrelevante, aunque muy peligroso.

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China y la guerra comercial: una perspectiva amplia

La guerra comercial que ha desatado Donald Trump en contra de China no es un episodio pasajero que terminará en breve para ser rápidamente olvidado.

 

Esta es la segunda vez en la historia que Estados Unidos utiliza su poderío económico para frenar el auge de una potencia rival en Asia. Desde la restauración Meiji, que puso fin al shogunato de los Tokugawa en 1868, Japón desarrolló una exitosa política económica y tecnológica dirigida a alcanzar un desarrollo industrial comparable al de Inglaterra o Alemania. En los años 1930 presionó a sus vecinos en Asia para construir la "Gran esfera de coprosperidad", que le permitiría garantizar mercados para sus exportaciones y una fuente estable de recursos naturales. Estados Unidos, Inglaterra y Francia no vieron con buenos ojos el surgimiento del nuevo rival asiático. Sus esfuerzos por bloquear el ascenso de la nueva potencia rival fueron un factor importante, aunque no el único, en el surgimiento del militarismo japonés. También sirvieron para detonar la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

 

Hoy todo ha cambiado, pero en Asia surgió un nuevo rival. China se convirtió en pocas décadas en una potencia que Estados Unidos considera ya una amenaza. Después de años de guerra y ocupaciones extranjeras, el triunfo del Partido Comunista chino, en 1949, condujo a la creación de la República Popular China. En 1978, Deng Xiaoping introdujo una primera serie de reformas en la conducción de la economía. Entre 1979 y 2013, la economía china mantuvo una tasa promedio de crecimiento anual cercana a 10 por ciento. Al mismo tiempo, Pekín mantuvo la conducción estatal de la estrategia económica y una política industrial y tecnológica que llevó a profundas transformaciones estructurales. China, hoy, aspira a que su moneda sea reconocida como medio de pago y reserva de valor a escala internacional. Su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda es un proyecto de infraestructura y transporte que busca dar una proyección global al poderío económico chino.

 

Hoy, China se encuentra enfrascada en una guerra comercial con Estados Unidos. En el último año Washington y Pekín han impuesto aranceles hasta de 25 por ciento sobre flujos comerciales por más de 900 mil millones de dólares. Pero esta guerra comercial es, en realidad, otro teatro de batalla en una guerra de largo aliento.

 

La guerra la inició Washington, pero no busca corregir un simple problema de desequilibrio comercial en algunos productos, como la soya, el aluminio o el complejo automotriz. Ni siquiera se trata de una guerra sobre el saldo de la balanza comercial, como ha dicho Trump. Se trata de una guerra cuyo fin es forzar a China a adoptar una política distinta sobre controles de capital, política industrial y propiedad intelectual. En el G20, en junio pasado, Xi Jinping y Trump acordaron un armisticio para volver a comenzar negociaciones comerciales. Pero este proceso va a durar mucho tiempo, porque la confrontación es casi a nivel existencial.

 

La tasa de crecimiento del PIB para el segundo trimestre del año (6.2 por ciento) es la más débil desde que comenzó a medirse esta variable, en 1992. Según Trump, este resultado muestra que la guerra comercial está afectando más a la economía china. La realidad es que China viene experimentando menores tasas de expansión desde hace ya varios años. Para empezar, la economía china no salió sin heridas de la crisis global de 2008: la caída de la demanda internacional en sus principales mercados contribuyó a un descalabro muy importante (la tasa de crecimiento del PIB alcanzó 6.6 por ciento en 2009). La autoridades económicas en Pekín respondieron rápidamente con un estímulo fiscal y una política monetaria laxa, lo que condujo a una recuperación en 2010-2011, pero desde entonces se ha mantenido una clara tendencia a menores tasas de crecimiento.

 

No es evidente el sendero que seguirá la economía china en los meses que vienen. Algunos analistas consideran que lo peor ya pasó y que en mercados internos importantes, por ejemplo la venta de automóviles, los números muestran estabilidad. Sin embargo, la mayoría de los indicadores clave (ventas al menudeo, demanda de energía, industria de la construcción) muestran que la economía china seguirá manteniendo una trayectoria de menor expansión económica. Además, como resultado de su política monetaria, hoy la economía entera se encuentra todavía tratando de reducir los efectos del sobrendeudamiento y esa es, quizás, la causa más importante de la caída en el ritmo de crecimiento.

 

Regresamos al punto de partida. Estados Unidos puede hacer mucho daño a la economía china, pero sin una guerra militar no podrá impedir su ascensión. En su intento por frenar el nuevo poderío chino, Estados Unidos pagará un costo muy elevado al convertirse en una sociedad cada vez más represiva. Los reflejos imperiales de Washington afianzarán en lo interno las tendencias dictatoriales y conducirán a la desaparición de lo que queda de la república.

 

Twitter: @anadaloficial

 

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El Gobierno de EE.UU. ha gastado casi 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos en la gestión de «niños extranjeros no acompañados» (UAC), desde que el presidente Trump asumiera dicha política. Foto: AP

La empresa norteamericana Caliburn además de ofrecer servicios en Irak, Afganistán y otras regiones, mediante su filial CHS recibe multimillonarios pagos por operar refugios de niños latinoamericanos migrantes no acompañados. Caliburn cuenta en su junta directiva con el exjefe del Comando Sur y exsecretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly. 

En abril de 2018, el entonces fiscal general de EEUU Jeff Sessions anunció la política de ‘tolerancia cero’ a la migración ilegal.

«El Congreso no ha aprobado una legislación efectiva que sirva al interés nacional, que cubra peligrosos huecos y financie completamente un muro a lo largo de nuestra frontera sur. Como resultado, ha estallado una crisis en nuestra frontera suroeste que requiere un esfuerzo mayor para procesar a quienes eligen cruzar ilegalmente nuestra frontera», dijo el fiscal general.

Asimismo advirtió que «entrar ilegalmente en este país no será recompensado», sino que se enfrentará a todos los poderes del Departamento de Justicia.

Dicha decisión hizo que miles de niños migrantes centroamericanos fueran separados de sus padres y alojados en instalaciones administradas por organizaciones no gubernamentales y empresas contratistas.

Como lo dispuso el Gobierno norteamericano, ésta política reemplaza cualquier política existente y si la adopción de la misma requiere recursos adicionales, cada oficina deberá identificar y solicitar dichos recursos. ​

Puertas giratorias

La política de «tolerancia cero a la migración ilegal» destina un multimillonario presupuesto a unas pocas organizaciones no gubernamentales, religiosas y empresas privadas, encargadas de administrar los refugios o albergues para niños, entre otras actividades.

Una de las beneficiarias es la compañía Caliburn International, mediante su filial Comprehensive Health Services, CHS, que administra las instalaciones más grandes para niños migrantes en Estados Unidos.

Antes de unirse a la Administración Trump, según la misma fuente, el exsecretario de Seguridad de EEUU, John F. Kelly ya era parte de la junta de asesores de DC Capital Partners, una firma de capital privado propietaria de Caliburn.

Recordemos que Kelly al fungir como jefe del Comando Sur de EEUU de 2012 a 2016 tuvo la responsabilidad de «velar por el mantenimiento de las fronteras y el combate contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas».

En 2017, el presidente Trump lo designó en el cargo de secretario de Seguridad Nacional. De 2017 hasta enero de 2019 se desempeñó como jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Queda claro que la información que posee Kelly y su entorno es colosal, en especial sobre los planes para frenar y disuadir la migración y sobre los métodos y negocios que giran alrededor de la problemática.

¿La Gran Muralla de Migrantes? El nuevo nicho de millones de dólares de empresas contratistas

Caliburn International ofrece consultoría e ingeniería en defensa nacional, salud, diplomacia internacional y seguridad nacional y sus clientes son tanto comerciales como gubernamentales.

Dicha compañía reconoció ante la Comisión Nacional del mercado de valores, SEC por su sigla en inglés, que identificó la política de inmigración como una oportunidad de crecimiento.

Reportó a la SEC que a través de su negocio de servicios médicos y humanitarios, están involucrados en la prestación de servicios médicos y de la vida diaria para los niños que son detenidos en la frontera de EEUU y que esperaban que «estas operaciones sean parte de nuestro negocio en el futuro y que nuestros niveles de operaciones en estas áreas puedan aumentar».

La compañía expresó en dicha ocasión su preocupación por la posible pérdida o reducción de sus contratos en Irak y Afganistán.

Advirtió que «si el Gobierno de EE.UU. cambiara su política con respecto al apoyo a estas regiones, ya sea por el aumento de las actividades insurgentes o la desestabilización, incluidos los disturbios civiles o la guerra civil en Irak o Afganistán, o el deterioro de las relaciones entre EEUU y estos países, nosotros podríamos estar imposibilitados de proporcionar servicios o nuestros contratos para proveer servicios podrían ser rescindidos».

«Cualquiera de los aspectos anteriores podría afectar negativamente nuestro rendimiento operativo y podría resultar en costos adicionales y pérdida de ingresos» se quejaron.

Ahora Caliburn y sus filiales han ampliado con mucho éxito su ámbito de negocio, y al parecer encontraron una fuente de recursos que no parará de fluir al menos en un corto plazo.

Según la agencia informativa CBSnews los registros de contratos federales muestran que la filial de Caliburn, CHS recibió al menos 222 millones de dólares para operar entre el 7 de julio de 2018 y el 20 de abril de 2019, y podría recibir mucho más.

Es decir que, en el transcurso de 270 días, recibió financiación de aproximadamente 800.000 dólares diariamente.

Entonces, no es para menos la alegría de James Van Dusen representante de Caliburn al decir que «con cuatro décadas de liderazgo militar y humanitario, una comprensión profunda de los asuntos internacionales y el conocimiento de los propulsores económicos actuales en todo el mundo, el general Kelly es una adición estratégica sólida para nuestro equipo».

Además de Kelly, Caliburn incluye a otros exmilitares de alto rango.

Contratos multimillonarios y sueldos exorbitantes

Una revisión de los datos de contratos referidos a atención de migrantes ilegales realizada por Sludge, encontró que el Gobierno de EE.UU. ha gastado casi 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos en la gestión de «niños extranjeros no acompañados» (UAC), desde que el presidente Trump asumiera dicha política.

Según la misma fuente los principales receptores de fondos son Southwest Key Programs (1.500 millones de dólares) y BCSF Health and Human Services (659 millones de dólares).

También reciben fondos las compañías privadas, como la firma de seguridad MVM (213 millones de dólares) y CHS Comprehensive Health Services (292 millones de dólares), la subsidiaria de la compañía donde John Kelly es miembro de la junta directiva.

La empresa CHS, según la misma fuente, cobra 750 dólares por persona por día, mucho más de lo que costaría un caro hotel, incluida la alimentación. La compañía opera otros tres refugios, todos en Texas, y tiene 292 millones de dólares en contratos gubernamentales en curso.

La investigación de Sludge indica que 10 de las entidades que reciben la mayor cantidad de dinero para las operaciones de UAC, pagaron a sus principales ejecutivos más de 300.000 dólares en compensación anual, hecho que habrían corroborado en documentos fiscales disponibles públicamente.

Se sabe de denuncias de maltratos y abusos en varias de estas instalaciones de ‘refugio’, lo cual hace más indignante conocer los montos de los ‘honorarios’ de sus administradores, peor aun cuando se sabe que los consiguen a costa de niños, de la nacionalidad que fuera.

Queda claro que al negocio no le importa otra cosa que no sea lucrarse con la tragedia diaria.

Para enrarecer más el panorama, un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. emitido el 2 de julio pasado advierte sobre el «hacinamiento peligroso» y la «detención prolongada» en varias instalaciones de procesamiento de migrantes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

A menudo se escucha en los medios de comunicación a las autoridades gubernamentales de distintos países y de organismos internacionales referirse a la migración como un «fenómeno», casi natural, y lo grave es que nos estamos acostumbrando a ello.

En este caso no se trata de un proceso regular de movilidad humana. La región centroamericana sufre una guerra solapada que expulsa miles sino millones, y que los convierte en parias, ante la mirada impávida de algunos políticos de turno y la ausencia o pasividad de organismos multilaterales.

En tanto, otros disfrutan de sus prósperos negocios, fruto de esa tragedia.

12 julio 2019

(Tomado de Rebelión)

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Presenta la Usaid estrategia contra la "influencia maligna del Kremlin"

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) publicó ayer una estrategia con el título: Contrarrestar la influencia maligna del Kremlin (CMKI, por sus siglas en inglés), lo cual recibió el rechazo de Moscú.

 

"La estrategia de la Usaid responde al desafío que representa la influencia maligna del Kremlin, construye una resistencia democrática y económica en los países contra los que apunta (la influencia) y trabaja para mitigar los intentos del Kremlin de socavar una serie de instituciones clave", dice el documento, publicado en el sitio web de la agencia estadunidense.

 

El plan se centra en cuatro objetivos: defender la labor de las instituciones democráticas y el imperio de la ley, resistir la manipulación de la información, reducir las vulnerabilidades energéticas, así como las económicas.

 

En particular, la iniciativa busca eliminar la vulnerabilidad de los procesos electorales y políticos ante la injerencia externa.

 

Respecto al sector energético, la estrategia prevé aumentar la seguridad de los países socios y disminuir la dependencia de las fuentes de energía "controladas por el Kremlin".

 

En cuanto al aspecto económico, recomienda diversificar las exportaciones y asegurar la competitividad de las empresas en los mercados occidentales.

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia repudió este sábado la estrategia estadunidense para luchar contra la presunta "influencia maligna" del Kremlin.

 

"El nombre sugiere que la Usaid no pretende en absoluto crear un ambiente de cooperación en el escenario mundial, sino que sirve de instrumento de la lucha ideológica y de propaganda", denunció el ministerio en un comunicado.

 

Subrayó que el documento busca atizar la rusofobia en el mundo, sobre todo entre los países vecinos.

 

Subrayó "el carácter constructivo" de la reciente reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, en la cumbre del G-20 en Osaka.

 

"Es obvio que los influyentes funcionarios de Washington se esfuerzan por todos los medios para impedir que se normalicen las relaciones ruso-estadunidenses".

 

La cancillería lamentó que "la propaganda antirrusa desde Washington, que aspira al dominio global", anule todos los esfuerzos que se toman.

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Sábado, 06 Julio 2019 06:47

La guerra eterna es un buen negocio

La guerra eterna es un buen negocio

El mejor negocio que hicieron las fuerzas armadas de Estados Unidos en su vida fue la guerra contra el terror. Los extremistas que destruyeron las torres gemelas y Osama bin Laden le solucionaron a los militares un problema que parecía imposible, cómo hacer que los presupuestos de defensa aumentaran eternamente sin importar si había guerra o paz, si se combatía una amenaza existencial o una insurgencia. Desde 2001, Washington se considera en guerra y los demócratas decidieron ser tan “patriotas” como la derecha. El gasto militar norteamericano se fue totalmente de madre y nadie tiene la menor idea de cómo frenar un proceso ruinoso.

Las cifras involucradas en este proceso son espectaculares. El presupuesto de defensa votado en 2018 tocó la barrera simbólica de los 700.000.000.000 de dólares. En este 2019, propios y ajenos le levantaron la mano obedientes a Donald Trump y votaron 716.000 millones. Y para el año que viene ya se discute darle a los de uniforme 750.000. Esto es mucho, mucho más de lo que gastan en armarse las ocho siguientes naciones más gastadoras: China, Arabia Saudita, Rusia, Francia, India, Gran Bretaña, Alemania y Japón. Y eso que Rusia es el único país capaz de materialmente exterminar a los Estados Unidos con su arsenal nuclear.

Quienes defienden esta madre de todas las batallas presupuestarias señalan que el Tío Sam es tan rico que puede darse estos lujos y muchos más. Técnicamente, es cierto, porque el gasto en defensa apenas llega al cuatro por ciento del PBI nacional y en términos históricos es bajo. Hacia el final de la segunda guerra mundial, Estados Unidos gastaba el cuarenta por ciento del PBI en derrotar al Eje. En la guerra de Corea se gastaba nada menos que el quince por ciento, y al comienzo de la de Vietnam se ponía con el diez por ciento, una baja que mostraba cuánto había crecido la economía.

Pero esto, cierto como es, es también un truco contable. Para comenzar, hay que tener en cuenta que si un país tiene una buena década y crece, digamos, el treinta por ciento, no tiene por qué subir su gasto militar treinta puntos. Si no hay amenazas claras, puede seguir gastando la misma cifra fija y bajar el porcentaje del PBI que se le va en esas cosas. Es lo que explica la diferencia entre Corea y Vietnam: una década de gran crecimiento para los americanos. Y es lo que explica que al terminar Corea el ejército se achicó y el presupuesto bajó un veinte por ciento en dinero constante, como lo hizo un treinta después de Vietnam y 26 puntos al terminar la guerra fría en 1990. Esa reducción, junto a la eliminación de 600.000 tropas para ahorrar, fue llevada a cabo por halcones como George Bush padre, Dick Cheney y Colin Powell, nada menos.

Lo que sabían estos duros conservadores es que no importa realmente cuánto se gasta del PBI sino cuánto se gasta del presupuesto nacional. Y aquí viene el milagro: el gobierno de los Estados Unidos gasta ahora casi exactamente el 60 por ciento de su presupuesto de libre disponibilidad en los militares. Esto quiere decir que fuera de lo que está obligado a hacer por ley –pagar los sueldos, atender la deuda nacional, pagar las jubilaciones oficiales- sesenta centavos de cada dólar se van a los uniformes.

Hay que imaginar la situación: todo lo demás que hace un gobierno se lleva el vuelto. La Nasa, el FBI, la CIA, los parques nacionales, el servicio diplomático, la guardia costera, la guardia de fronteras, los entes de seguridad de alimentos, de telecomunicaciones y de medicamentos, los entes que supervisan aerolíneas, bancos y bolsas, toda la infraestructura nacional, la justicia federal, la ayuda humanitaria, migraciones y el largo etcétera de tareas de un gobierno nacional, viven de lo que les dejan los militares. A dólares valor constante, ajustados por inflación y corrigiendo el valor adquisitivo desde 1945, es de lejos el mayor presupuesto militar desde la rendición de Hirohito.

Y aquí hay que anotar que este presupuesto no incluye la vasta red de servicios médicos a los ex combatientes, que tiene su propia Secretaría y fondos, ni las importantes sumas que reciben universidades y otras instituciones públicas y privadas para investigar y desarrollar tecnologías de uso militar o mixto. Esto también se paga, y bien, por cuerda separada.

¿Cómo puede ser que se gaste tanto? Una razón es que Estados Unidos descubrió que defenderse, aunque sea de fantasmas, es un espectacular negocio para gente bien conectada. Así, un portaaviones nuclear llegó a costar trece mil millones de dólares, un trece seguido de nueve ceros. Un avión de combate F35, sale por apenas noventa millones, con lo que se compran como si fueran caramelos. Nadie tiene ya la menor idea de cuánto deberían valer estos sistemas de armamentos y cualquier comparación con armas similares rusas o chinas es descartado con un “los nuestros son mejores”. Es cierto, pero ¿tanto mejores?

El Estado no sólo es socio de la industria de armas como comprador y como inversor en el desarrollo técnico de estas armas, sino que vive presionando a propios y ajenos para que las compren. Eso explica que los sauditas, tan quemados últimamente, sean bien recibidos en la Casa Blanca, donde llegan portando enormes cheques para comprar armas que ellos tampoco necesitan.

La falta de límites a este desmadre económico es ya un sistema bien armado, en el que el Congreso sólo piensa en quedar bien con sus votantes locales. Es lo que explica que no se pueda cerrar una base en territorio soberano, aunque no sirva para nada, porque cada base provee empleo directo o indirecto a los vecinos. Y es lo que explica que los militares ya no sepan cómo pedirle al Congreso que deje de obligarlos a comprar tanques: ya tienen más de seis mil, muchos más de los que van a necesitar jamás, más de los que tenía Hitler para invadir la Unión Soviética. Cada tanque es caro de comprar, de mantener y hasta de usar.

Los militares, por su parte, se acostumbraron a este desmadre y ni se molesta en rendir cuenta. Ya en 1990, el primer presidente Bush firmó una ley que ordenaba a cada ministerio presentar una contabilidad exacta de sus gastos a partir de 1992. Los militares lo lograron recién el año pasado, después de hacerle un contrato a una firma civil de 450 millones de dólares. El informe muestra un panorama caótico, un Pentágono básicamente incapaz de saber cuánto gasta y en qué, con una burocracia monstruosa. Los norteamericanos tienen uno de los ejércitos menos eficientes del mundo y son casi campeones en eso de tener el mayor número de no combatientes respecto a las tropas de combate.

De alguna manera, no asombra que en los 18 años de guerra en Afganistán e Irak, Estados Unidos haya gastado más que en derrotar a los alemanes y los japoneses, incluyendo el desarrollo de la bomba atómica, nuevamente en dólares ajustados. Y tampoco asombra que después de tanto gasto, haya tan poco que mostrar como resultado.

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Domingo, 30 Junio 2019 06:32

La nueva carrera armamentística

La nueva carrera armamentística

Sin que se hable demasiado del asunto, hay en marcha una nueva carrera armamentística que puede cambiar por completo el equilibrio militar del mundo. Se trata de armas relativamente simples, imposibles de detectar o de interceptar, que pueden dejar en la obsolecencia más completa a objetos como los portaaviones y los buques de guerra. La nueva vedette de las industrias bélicas son las armas hipersónicas, micromisiles tan veloces que ningún sistema de defensa actual alcanza a reaccionar. Son tan poderosos, que ni siquiera necesitan llevar explosivos para ser letales.

La barrera del sonido se alcanza cuando un avión, un misil o un cohete llegan a los 1235 kilómetros por hora, o 342 metros por segundo. Como el sonido viaja distinto de acuerdo a la altura y la temperatura del aire, la medida que se usa como standard –a nivel del mar y a 20 grados de calor- puede variar, aunque en un porcentaje pequeño. Ya hay varias armas supersónicas, incluyendo aviones de combate y una amplia familia de cohetes y misiles que viajan a más de 1235 kilómetros por hora, o Mach Uno. Pero hipersónico implica velocidades de tres, cuatro o más Mach, lo que crea fenómenos físicos particulares.

Por ejemplo, un misil hipersónico que viaje Mach 5, algo más de seis mil kilómetros por hora, tendría una tal energía kinética que sólo con estrellarse contra algo causaría una explosión equivalente a entre 300 y 400 toneladas de dinamita. No hace falta tener una gran imaginación para entender lo que le haría esto a un portaaviones o a un tanque: hundirle de inmediato o prácticamente vaporizarlo, respectivamente. Para lograr este resultado, basta que el misil sea una pieza de modestos tres metros de largo y un peso de 300 kilos.

En esta carrera de alta velocidad, Rusia y sus socios tecnológicos están muy adelantados. En marzo, los rusos probaron una nueva familia de misiles hipersónicos, los Kinzhai, Dagas, que son los primeros en operar desde un avión. Los test probaron el arma desde un Mig 31 con buenos resultados. Moscú anunció que el modelo naval de los Kinzhai, los Zircón, empezaría a instalarse en buques de guerra el año que viene. Ambas series tienen un alcance de 800 kilómetros.

Estos son los desarrollos tácticos, de armas lo suficientemente pequeñas como para llevarse en aviones de caza o buques de mediano porte. Rusia ya tiene en operaciones un sistema, el Avangard, que se lanza desde un misil. Esta máquina se transformó en el paradigma de la nueva tecnología: el misil, convencional, se eleva y acelera antes de soltar el Avangard; éste sólo tiene un motor de maniobra y gana más velocidad planeando hacia el blanco desde una altura que supera el alcance de los sistemas actuales de intercepción, como el Aegis. El alcance de este tipo de misil hipersónico depende de la capacidad de carga del cohete-madre, con lo que teóricamente hasta puede ser intercontinental.

Rusia tiene un socio en el desarrollo de esta tecnología, la India. La marina india ya está equipando sus naves con el Brah-Mos, coproducción con el Kremlin que tiene su feo nombre por los ríos Brahmaputra y Moscú. El Brah-Mos viaja a 4800 kilómetros por hora y antes de fin de año se anuncia la versión aérea, con un rendimiento similar. India anunció para 2020 la producción del modelo II, que puede llegar a la alucinante velocidad de 10.000 kilómetros por hora, con un alcance de 600 kilómetros.

Rusia también está desarrollando variantes de estos misiles con socios franceses, mientras que los japoneses y australianos preparan juntos sus modelos, y la Unión Europea investiga aplicaciones civiles, por ejemplo para llevar pasajeros, cumpliendo el sueño del presidente Carlos Menem de llegar a Japón en dos horas. China, con gran discreción, desarrolló misiles aéreos y de base terrestre con lo que definieron como “un éxito importante”. Para superar ciertos problemas tecnológicos, los chinos se concentraron en desarrollar sistemas de corto alcance, más sencillos.

Es que el problema de construir estas armas es justamente la velocidad, que no perdona la menor imperfección en las carcasas. El margen de tolerancia del carenado aumenta en proporción inversa a la velocidad, lo que explica que sea tan sencillo en una moto y mucho más exigente en un avión a chorro con velocidad crucero de mil kilómetros por hora. Cuando se quiere construir un objeto que no se desintegre al viajar a 12.000 kilómetros por hora, se está cambiando de paradigma.

Por eso es que el centro del desarrollo tecnológico de las armas hipersónicas pase por materiales como cerámicos, fibras de carbono y super-aleaciones de níquel y cromo. Con estos nuevos materiales se puede aspirar a un altísimo grado de perfección en las superficies, lo que evite vibraciones que destruyan al misil. También está el problema de la enorme fricción generada por el aire a tales velocidades, que pueden quemar casi todo material convencional.

Al superar estos problemas se logra un arma notable. Un objeto que cae a tamaña velocidad es difícil de detectar con las tecnologías disponibles y si se lo detecta es muy difícil saber exactamente cuál es su objetivo. Una hipersónica lanzada desde un misil puede estar acelerando desde los ochenta mil metros de altura, con lo que una mínima corrección de rumbo puede significar que impacte en una ciudad o en otra. Ni hablar si el objetivo es un ejército o una flota.

Como se dijo, a estas velocidades la simple masa del misil lo hace capaz de desintegrar un tanque y destrozar un portaaviones. Es fácil imaginar la capacidad destructiva de agregar una mínima carga explosiva. Y una hipersónica puede acabar además con el actual equilibrio del terror atómico, portando una bomba nuclear que sólo puede ser detectada prácticamente cuando está llegando y que es imposible de interceptar.

Estados Unidos y Rusia tienen cada uno 6500 cabezas nucleares montadas en todo tipo de transportes, una baja histórica desde las 31000 que llegaron a tener en el pico de la guerra fría. Con cien alcanza para crear una masacre épica que nos deje al borde de la extinción por el hambre y el invierno nuclear que nos exponga a los rayos ultravioletas. Las lanzaderas hipersónicas pueden tener a cierta gente.

Con lo que extraña que Estados Unidos venga tan de atrás, con el anuncio de que esta semana probaron el modelo AGM-183A que podría producirse a partir de 2022 y entraría en servicio desde una base terrestre recién en 2023. Por supuesto, este prototipo ya costó varios miles de millones de dólares…

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Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores de México, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, junto a Andrés Manuel López Obrador / Foto: AFP, Alfredo Estrella

 

México desplegó esta semana unos 15 mil miembros de la Guardia Nacional en su frontera norte, que se suman a los cerca de 6 mil ya apostados en el sur. El objetivo: contentar a Donald Trump y su electorado antinmigrante. Al ritmo de las amenazas y las extorsiones de Washington, la legalidad humanista cede terreno a la noción de seguridad nacional. Nuevo estilo de negociación para la vieja empresa de control colonial.

 

El pasado 30 de mayo, cuando el presidente Donald Trump amenazó en un tuit a México con imponerles aranceles punitivos a todas sus exportaciones en un plazo de 11 días si no frenaba el éxodo de refugiados hacia Estados Unidos, las relaciones bilaterales entraron en la más grave crisis político‑diplomática desde los años ochenta.

En la coyuntura, el autócrata de la Casa Blanca necesitaba otra guerra. Inmerso en un conflicto global de tarifas y financiero con China, amenazó a India, a Turquía y a las 28 naciones de la Unión Europea; fintó con Corea del Norte, después con una invasión y un golpe de Estado en Venezuela, y luego el objetivo fue y sigue siendo Irán, al que amenazó con la aniquilación total. Como encontró resistencias, adelantó su campaña por la reelección y, abusando de la asimetría de poder, eligió a México como blanco de una guerrita económica espléndida a golpes de tuits, dislates verbales y amenazas mediáticas. Fabricó una crisis y obligó a su contraparte a sentarse a la mesa con una pistola en la cabeza. Es decir, utilizó una lógica de “negociación” mediante chantaje. Una guerra sin misiles, con aranceles punitivos virtuales, que, de concretarse, podrían destruir industrias y 900 mil puestos de trabajo del lado mexicano.

En rigor, la guerra de migrantes por aranceles fue política: el mitómano de la oficina oval necesitaba consolidar su imagen de supremacista blanco y xenófobo para exacerbar las actitudes chovinistas de su base electoral. Como en su campaña de 2015‑2016, México y los centroamericanos que huyen del horror y quieren ingresar a Estados Unidos vuelven a ser parte de la estrategia de la presidencia imperial y la extrema derecha en el poder; son consustanciales a la narrativa nativista fundacional de campaña del populista Trump, de cara a los comicios del 3 de noviembre de 2020.

MÉXICO, UN EXTRAÑO ENEMIGO.

Las razones esgrimidas para lanzar esa ofensiva coercitiva no fueron comerciales. Trump insistió en que el éxodo méxico‑centroamericano  a Estados Unidos constituye un problema de seguridad nacional. Justificó su guerra de aranceles contra México con base en la ley de poderes económicos de emergencia internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), que desde 1977 permite a los inquilinos de la Casa Blanca intervenir de manera extraordinaria en asuntos económicos en caso de una “amenaza internacional inusual y extraordinaria”. Es una ley que se aplica contra países considerados “enemigos”. Jimmy Carter la utilizó contra Irán cuando la crisis de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en 1979. Se ha empleado contra Corea del Norte, Siria y Sudán, y varias órdenes ejecutivas de Trump para sancionar y desestabilizar a Venezuela han sido justificadas con base en la Ieepa.

Así, México pasó de aliado y socio comercial subordinado de Estados Unidos a país enemigo, que pone en riesgo la seguridad nacional de la superpotencia. Un exabrupto. Además, para imponer su agenda a los enviados del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Trump usó trampas de crupier de casino, donde la casa siempre gana. Lo que fue combinado con una estrategia de máxima presión: el viernes 7 de junio, durante una reunión de 12 horas en el tercer día consecutivo de “negociaciones”, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y su comitiva fueron despojados de laptops, celulares y otros aparatos electrónicos, para evitar grabaciones secretas (que, por lógica, sí hicieron funcionarios del Departamento de Estado).

¿Resultado? México aceptó enviar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional (en formación) a ejercer funciones de vigilancia, control y verificación migratoria en la frontera de 240 quilómetros con Guatemala; criminalizar y perseguir a quienes huyen del terror y buscan asilo o refugio, y acelerar la instrumentación del programa Remain in Mexico (Quedate en México) para combatir los flujos migratorios (lo que viola la ley de asilo estadounidense y el principio de la no devolución), con la condición de que si en 45 días estos no decrecen de manera significativa, el “tercer país seguro” regresa a la mesa junto con la imposición de aranceles punitivos.

En el corto plazo, Trump –a la cabeza de un Estado canalla (rogue state), que no se considera obligado a actuar de acuerdo con las normas internacionales– coaccionó a México para que hiciera el trabajo sucio al interior de sus fronteras. Y ahora, el eslabón más débil de la relación tiene una presión migratoria en forma de pinza: en la frontera norte con Estados Unidos, por la devolución de unos 60 mil centroamericanos, que deberán esperar en México mientras se tramita su asilo en tribunales estadounidenses, y, en la frontera sur, por el ingreso de unos 100 mil refugiados guatemaltecos.

Trump pretende un Acuerdo de Tercer País Seguro (Atps) con México, para que resuelva su ineficiente y lento sistema de asilo –que, como ha sido documentado, incluye virtuales campos de concentración para niños, niñas y mujeres–, ante la falta de republicanos y demócratas para reformarlo. Se estima que 80 por ciento de los casos de asilo son negados después de un año o más de espera. Estados Unidos está negociando un Atps con Guatemala, para crear de jure un cerco jurídico internacional que lo aísle del éxodo de refugiados centroamericanos. México es la otra pieza clave.

Pero no deja de ser contradictorio que Estados Unidos nombre a México como tercer “país seguro” (véase Brecha, 14‑VI‑19), cuando el propio Trump considera la frontera sur del imperio como una de las más peligrosas del mundo. Al respecto, cabe consignar que la migración no es la única carta que tiene Trump. En abril pasado difundió una serie de tuits en los que decía que estaba buscando una sanción económica para “los 500.000 millones de dólares en drogas ilegales que son enviadas y contrabandeadas a través de México” por la frontera sur de Estados Unidos. Dio un año para revertir esa situación. A mediados de junio volvió a insistir en que 90 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos lo hace desde México y que en 2018 hubo 60 mil muertos por sobredosis de opiáceos, de los cuales 15 mil fallecieron por sobredosis de heroína o sus derivados ingresados desde México.

 No queda duda de que la política de estilo macartista de Trump pegó en la línea de flotación del discurso humanista de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque, como reveló The New York Times, el acuerdo migratorio del 7 de junio contiene acciones que México ya había aceptado previamente, resulta evidente que el gobierno mexicano expandió y aceleró su ejecución con un despliegue de personal y equipo sin precedentes en la zona sur del país, en particular en la porosa, desordenada y violenta frontera con Guatemala, donde para los lugareños, a ambos lados de una línea divisoria surcada de aldeas, ejidos y caseríos, el Estado es un concepto difuso.

MIGRACIÓN, REFUGIO, DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIOS.

La migración es un derecho humano reconocido en el derecho internacional. A su vez, el derecho internacional de refugiados se rige por la Convención de 1953 de la Organización de las Naciones Unidas, que aplica dicho estatus a toda persona que tenga “un temor fundado por su vida”, debido, principalmente, a la persecución de orden político, étnico, racial o religioso. Otras motivaciones para tipificar la condición de refugiado, recogidas en la Declaración de Cartagena de 1984, son la violencia generalizada, la hambruna, el cambio climático y la violencia intrafamiliar, preceptos que fueron incorporados por México en la nueva ley de refugiados de 2011. A su vez, según el artículo 2 de la ley de migración mexicana, “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito”.

No obstante, las acciones ordenadas por López Obrador indican una visión de migración basada en una noción de seguridad nacional. Es decir, una política migratoria de corte militar, punitiva y violatoria de derechos humanos. Según Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y correligionario de Amlo, con su “nativismo histérico” Trump logró “desplazar el muro de la frontera norte (de México) hasta Chiapas y utilizar a la Guardia Nacional como border patrol. Y agregó: (Trump) quisiera exhibir a nuestro país como una jaula frente al electorado estadounidense”.

En ese contexto, López Obrador considera que el fenómeno migratorio responde a carencias materiales y a la inseguridad en regiones marginadas de México y Centroamérica. Cierto. Pero nunca dice que la pobreza, la marginación y la violencia extrema –delincuencial y estatal– son generadas por el sistema capitalista, clasista y expoliador. Un capitalismo criminal y militarizado, que en el marco de políticas de “libre comercio” (¡vaya eufemismo de ocasión!) convirtió a México, Guatemala, El Salvador y Honduras en países extractivistas y maquiladores, que de manera masiva expulsan seres humanos de sus territorios.

Los territorios son el centro estratégico de la competencia mundial (doctrina Monroe 2.0) y las relaciones de poder. La historia de la colonización es a la vez la del reparto de territorios. No obstante, el colonialismo actual ocurre también mediante un adoctrinamiento integral neosocialdarwinista y el sometimiento violento de quienes oponen resistencia; abarca tanto los territorios como los sentidos o las percepciones y las construcciones semióticas y culturales. México y Centroamérica son parte de los territorios de las guerras interimperialistas, de las guerras por territorios, bienes naturales, mercados y mano de obra barata. Y para la guerra se necesita soldados, marinos y guardias nacionales militarizadas, y, más importante aun, ganar “las mentes y los corazones” mediante la guerra psicológica.

ÉMULO DE AL CAPONE EN LA CASA BLANCA.

Según el Financial Times, críticos estadounidenses de Donald Trump lo comparan a menudo con un gángster. El propio ex jefe del Fbi James Comey, despedido por Trump, dijo que su trato con él le recordó su empleo anterior “como fiscal antimafia”. Y en verdad los gestos y el estilo gansteril de Trump recuerdan a los personajes de El padrino y Los Soprano. En particular, su tendencia a tratar las alianzas como una forma de estafa de protección: pagás o dejo de proteger el vecindario. Pero también su forma de conducir la política exterior, con énfasis en las relaciones personales y una disposición a cambiar de manera repentina de las palabras cálidas a las amenazas, y viceversa.

¿Un ejemplo? Ante las amenazas del don de la Casa Blanca, el 17 de junio México ya había sellado su frontera con Guatemala con la Guardia Nacional. Tres días después, durante una entrevista con Telemundo, Trump dijo que López Obrador “le gusta” y quisiera reunirse con él. Interrogado sobre si consideraba a México un país aliado o enemigo, riéndose, respondió: “Esta semana lo considero amigo”. Negó que México haga el “trabajo sucio” y añadió que “han estado haciendo un trabajo excelente”. “Firmamos un acuerdo hace una semana y media, colocaron 6 mil efectivos en la frontera sur… Hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Si no hubiera sido así, hubiéramos impuesto sanciones.”

Dicho eso, y apenas a dos semanas de haber alcanzado un acuerdo migratorio preliminar con México, filtraciones anónimas del Departamento de Seguridad Nacional reproducidas en medios estadounidenses dieron cuenta de la próxima puesta en marcha de un operativo (“megarredadas” lo llamaron) para deportar a familias completas de migrantes que residen en las principales ciudades del país. Para complacer a sus bases retrógradas, Trump amenazó con una nueva cacería antinmigrante. Mientras tanto, a López Obrador le está corriendo su tiempo de gracia. Y si algo exhibe la coyuntura, son los nexos del padrino Donald Trump con los magnates (robber barons), los banqueros de Wall Street y el Estado profundo, dominado por los servicios de inteligencia y el Pentágono. Por lo que, por donde se las mire, en el largo camino hacia las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos, las relaciones entre Trump y López Obrador estarán llenas de sobresaltos y no terminarán bien.

Por Carlos Fazio

27 junio, 2019

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Integrantes de la coalición Answer se manifiestan frente a la Casa Blanca en rechazo a una guerra contra Irán y que no se interfiera en Venezuela.Foto Ap

Mike Pompeo anuncia que viajará a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos para crear una coalición global contra la república islámica

 

Jerusalén. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió ayer a Irán que no confunda la prudencia de su país con debilidad, en momentos en que el secretario de Estado, Mike Pompeo anunció que viajará a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos a fin de construir una coalición global ante Irán.

 

“Ni Irán ni ningún otro actor hostil deben confundir la prudencia y la discreción de Estados Unidos con debilidad (…) Nadie les ha dado (a los iraníes) licencia de caza en Oriente Próximo”, declaró Bolton antes de reunirse en Jerusalén con el primer ministro israelí, el ultraderechista Benjamin Netanyahu.

 

Como dijo el presidente (Donald) Trump, nuestro ejército está reconstruido, nuevo y listo para partir, añadió Bolton al aludir que declaraciones del mandatario cuando explicó el viernes pasado que dio la orden de atacar a la república islámica en represalia por el derribo de un dron el jueves pasado, y canceló a última hora cuando le dijeron que morirían 150 iraníes.

 

Sin embargo, Bolton, un antiguo promotor de políticas más enérgicas contra Irán, enfatizó que Estados Unidos se reservó el derecho de atacar en un momento posterior. También dijo que se espera que hoy se anuncie una nueva serie de sanciones contra Irán.

 

Antes de viajar a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos para organizar una coalición global ante Irán, Pompeo acusó a Teherán de sembrar desinformación pura y evidente sobre el derribo de un dron de vigilancia estadunidense RQ-4A Global Hawk, el jueves pasado.

 

Pompeo añadió que el mapa tuiteado ayer por el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, que pretendía mostrar la trayectoria del dron estadunidense dentro del espacio de Irán es infantil y que los servicios de inteligencia estadunidenses “no deben dejar lugar a ninguna duda sobre la localización real del vehículo.

 

Requerimos que cada servicio de noticias y quienes estén observando esto, distingan qué es verdadero y qué es lo que el régimen iraní desea hacernos creer, indicó Pompeo.

 

El funcionario estadunidense recordó que habrá nuevas sanciones contra Irán a partir de hoy, reconoció que 80 por ciento de la economía de Teherán ya fue sancionada, y reiteró que Estados Unidos desea negociar con la república islámica sin precondiciones.

 

Les negaremos los recursos que necesitan para construir un arma nuclear “de este modo mantendremos seguros los intereses americanos y a los estadunidense alrededor del mundo”, añadió Pompeo.

 

El emisario estadunidense para Irán, Brian Hook, exhortó desde Kuwait a todos los países a convencer a Irán de desactivar la tensión en el Golfo. En conferencia de prensa, el diplomático aseguró que Estados Unidos no tiene ningún interés en una confrontación militar con Irán. Reforzamos nuestro dispositivo en la región por razones sólo defensivas.

 

En tanto, funcionarios estadunidenses revelaron que las fuerzas militares cibernéticas de Estados Unidos lanzaron un ataque contra los sistemas informáticos militares iraníes, en respuesta al derribo del dron de vigilancia estadunidense por parte de Teherán.

 

Al citar a fuentes cercanas al asunto, The Washington Post reportó que los ataques cibernéticos que fueron aprobados por Trump, paralizaron los sistemas de computadores iraníes usados para controlar lanzamientos de cohetes y misiles.

 

Dos funcionarios bajo anonimato dijeron a la agencia Associates Press que el ataque, dirigido específicamente contra el sistema informático del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue adoptado como opción después de que fuerzas iraníes detonaran artefactos explosivos en dos barcos petroleros a principios de mes. Por otra parte, Yahoo! News, aseguró que uno de los ataques apuntó a una red de inteligencia iraní encargada de vigilar el paso de barcos en el estrecho de Ormuz.

 

El Pentágono rehusó realizar cualquier comentario al respecto.

 

En Irán, la agencia de prensa Fars indicó que Teherán no había reaccionado a estas informaciones de prensa estadunidenses.

 

No está claro si los ataques han sido o no realizados, agregó Fars, dando a entender que estas informaciones desde Estados Unidos podrían ser un farol destinado a la opinión pública para mejorar la imagen de la Casa Blanca tras la destrucción del dron estadunidense por parte de Teherán.

 

Irán informó ayer de la intrusión de un avión espía sin tripulación en su espacio aéreo en mayo.

 

En un nuevo tuit, el canciller Zarif escribió que el primer incidente de intrusión fue protagonizado por un aparato MQ9 (código del dron de vigilancia y ataque estadunidense Predator B), el 26 de mayo y publicó un mapa del itinerario del dron espía MQ9 en esa fecha.

 

“Más pruebas –incluyendo la incursión de un dron espía MQ9 el 26 de mayo, la compra de lanchas rápidas y las llamadas telefónicas que buscan atribuir los ataques contra buques a Irán– muestran que el ‘equipo B’ sólo estaba a unos instantes de conducir a Donald Trump a una guerra”, añadió Zarif, quien constató que la prudencia lo evitó y advirtió que el terrorismo económico causa tensión.

 

Zarif incluye en el llamado ‘equipo B’ a Bolton; Netanyahu; el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, y el príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan.

 

En ese contexto, la vicepresidenta iraní para Asuntos Legales, Laya Yoneidi, informó que su país emprenderá acciones legales contra Estados Unidos por violar su espacio aéreo el pasado jueves cuando derribó un dron estadunidense en el estratégico estrecho de Ormuz.

 

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a evitar cualquier escalada de tensión en el golfo Pérsico.

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