El exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez (primero por la izquierda) y el expresidente de Venezuela Hugo Chávez en una visita a los trabajadores de PDVSA en Caracas en octubre de 2008.AFP PHOTO / THOMAS COEX

La fiscalía define por primera vez al cabecilla del saqueo de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal como “socio" del exministro

Rafael Ramírez

Se llamaban “empresas de maletín, carecían de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más de 2.000 millones de euros expoliados por una red de exministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) de la joya de la corona del país, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la trama que saqueó PDVSA, controló un tinglado de 100 compañías fantasma en Venezuela para ocultar la adquisición de propiedades en el país latinoamericano, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Por primera vez, el ministerio público venezolano sitúa a Salazar como “socio” de Rafael Ramírez, el que fuera presidente de PDVSA, ministro de Energía y Petróleo y hombre fuerte de los Gobiernos de Chávez.

La telaraña mercantil de Salazar se constituyó entre 2004 y 2016 y controló directamente 28 propiedades. Un apartamento junto a la paradisíaca playa de Tucacas, en el Estado de Falcón, brillaba en el emporio.

La maraña societaria tenía un denominador común: la mayoría de firmas compartían domicilio fiscal. Y 39 de ellas se encontraban en el centro de negocios de Salazar, un acristalado enjambre de oficinas en la Torre Edicampo del municipio de Chacao. Solo una de las compañías, Inversiones CS, cuyo accionista era Luis Mariano Rodríguez, primo de Salazar, tenía 11 locales comerciales a su nombre.

“La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los verdaderos propietarios”, indica la Fiscalía de Venezuela en un escrito de acusación contra Salazar y su primo José Enrique Luondo. El documento atribuye a los investigados los delitos de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales (blanqueo) y asociación.

Los investigadores descubrieron el tinglado empresarial ficticio durante las indagaciones del saqueo de la petrolera pública. Tirando del hilo, hallaron al registrar decenas de domicilios que las supuestas compañías ocupaban locales vacíos. Así lo reveló en 2017 una inspección policial a dos presuntas firmas controladas por Salazar en la Torre JWM El Rosal de Caracas.

Junto a Salazar y Luondo, las sociedades instrumentales tenían en sus órganos sociales a otros dos miembros del denominado clan Salazar, Rosycela Díaz Gil y Luis Mariano Rodríguez Cabello.

La Fiscalía de Venezuela sitúa a Salazar en el epicentro de una trama de cobro de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se valía para hacer caja de la relación con su primo Rafael Ramírez, que dirigió 12 años PDVSA. Durante este periodo, la petrolera estatal pagó 4,5 millones de euros por informes inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo.

La organización de Salazar blanqueó en Andorra –según la Fiscalía- un total de 1.347 millones entre 2011 y 2012. El dinero procedía de presuntas comisiones abonadas por compañías, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.

Contrato verbal de 10 millones

Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que otro de los miembros de la trama, el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA. Villalobos ordenó el pago a través de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un “acuerdo verbal” en enero de 2010. El exviceministro se comprometía en el acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10 millones. Parada solo cobró en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo que no deja rastro, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico procesó en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera.

A través de otra sociedad instrumental panameña, Josland Investments, Villalobos también transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, ex responsable de Proyectos de Corpolec, filial eléctrica de petrolera. Rodríguez justificó ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos servicios de asesoría. Como él, otros altos funcionarios del conglomerado energético venezolano esgrimieron este argumento para burlar los controles de prevención de blanqueo del banco. Una justificación que no convence a los investigadores.

Las pesquisas enmarcan estos pagos en un mecanismo de sobornos a cambio de adjudicación de obras. En esta línea, la trama desembolsó en la BPA 3,5 millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo del Ejecutivo de Chávez.

Un préstamo bajo sospecha

Las indagaciones también han aflorado sospechosas operaciones que tienen como protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA y PDVIC. La antigua empleada de la petrolera cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting. Los investigadores consideran que no existió tal préstamo, ya que la firma receptora del dinero tenía una liquidez de 5,8 millones. Las pesquisas conectan la transacción con un soborno. Matheus Baptista fue arrestada en España el pasado julio por su presunta conexión con la trama que saqueó la petrolera.

Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ha ordenado rastrear el patrimonio en el principado pirenaico del que fuera directivo de la filial de PDVSA Corporación Eléctrica Nacional (CADAFE), Carlos Enrique Luongo. El exdirectivo manejó una cuenta en la BPA donde cobró 172.544 euros entre 2013 y 2014 por supuestos servicios de asesoría. La magistrada también quiere cuantificar el supuesto botín en Andorra del que fuera primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pekín Luis Enrique Tenorio. La red de Salazar cobró presuntamente comisiones a empresas chinas para “facilitar” contratos en Venezuela.

La misteriosa caja fuerte de Salazar

Salazar fue arrestado en diciembre de 2017 en la cocina de una de sus tres oficinas de 600 metros de la Torre Edicampo de Chacao. Los investigadores encontraron en la caja fuerte de su dormitorio un documento de 14 páginas de un juzgado de Andorra del 30 de noviembre de 2012, cuando arrancó en el país pirenaico la investigación del expolio de la petrolera. Otro de los papeles revelaba que Salazar dio poderes en 2015 a Carlos Enrique Luongo para comprar el 80% de la firma de ingeniería de San Sebastián de los Reyes (Madrid) RLG Asociados.

A golpe de transferencias invisibles, la red de Salazar movió su botín a través de un enjambre de 40 empresas. De Andorra, un pequeño Estado en Europa blindado hasta 2017 por el secreto bancario, el dinero viajó a los paraísos fiscales de Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

Por Joaquín Gil

José María Irujo

Madrid - 12 jun 2020 - 12:47 COT

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El testaferro que desató una tormenta política en Colombia

La investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña de Iván Duque tiene al actual mandatario y al expresidente Álvaro Uribe contra las cuerdas

Un teléfono intervenido, una llamada y una presunta compra de votos en medio de la campaña presidencial de 2018 en Colombia. Son los ingredientes que han desatado una tormenta política que azota al Gobierno del presidente Iván Duque, que ganó esas elecciones en segunda vuelta. Detrás de este caso, que la Fiscalía ya está investigando, hay un narcotraficante, fallecido el año pasado, y sus presuntos vínculos con el uribismo, el ala más radical de la derecha colombiana agrupada en torno al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Todo empezó con una investigación periodística que dio a conocer la transcripción de una llamada en la que José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe y una mujer hablaban de presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. Hernández, que fue asesinado en un atraco en Brasil, era un narcotraficante que usaba como fachada negocios minoristas y la ganadería. Por entonces, estaba siendo investigado por un homicidio. En el marco de esas pesquisas, una de esas conversaciones sobre corrupción electoral quedó registrada.

El ñeñevirus, como también ha sido llamado en el país andino en referencia al coronavirus, hizo temblar los cimientos del partido que sostiene al Gobierno, el Centro Democrático, que llevó a Duque a la presidencia. El mandatario ha rechazado las acusaciones y se ha desmarcado de su relación con Hernández. Sin embargo, decenas de fotografías en eventos de la campaña publicadas por el propio narcotraficante en sus redes sociales muestran que los supuestos vínculos vienen de tiempo atrás. La prensa local, de hecho, llegó a publicar una parte del álbum privado del Ñeñe, donde aparece fotografiado junto al hoy presidente y a Uribe, entre otros políticos. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Y agregó: “Nunca supe que había investigaciones contra él y, si las hay, que las autoridades esclarezcan y rápido”.

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ganó en junio de 2018 las elecciones en segunda vuelta frente al izquierdista Gustavo Petro con un discurso centrado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El año pasado, el mandatario incluso llegó a apoyar —a diferencia de su mentor, Álvaro Uribe— una consulta contra la corrupción impulsada por la Alianza Verde y la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Además, el político adoptó un estilo de gobierno que evita el tradicional intercambio de favores entre formaciones políticas y el clientelismo, conocido como ‘mermelada’. Lo ocurrido demuestra que la relación con el expresidente Álvaro Uribe, que lleva décadas en política y tiene el control de las redes de poder, contradice el discurso público del mandatario. Y eso sucede en una etapa en la que la sociedad colombiana, que ha dejado atrás la guerra con las FARC aunque todavía convive con el problema de la violencia, busca renovarse y tiene cada vez menos tolerancia hacia la corrupción.

Primer paso

El escándalo ha ido creciendo poco a poco a medida que aparecen pruebas que muestran como el difunto narcotraficante se movía con soltura en círculos de poder. Una de ellas es que Hernández se trasladaba en aeronaves del Ejército. Las fuerzas militares emitieron un comunicado en el que admitieron este hecho, aunque se escudaron en que “para la fecha el señor Hernández era conocido como empresario del sector ganadero y miembro de una familia tradicional del Cesar (norte de Colombia)”. Se trata del mismo argumento al que recurrió el expresidente Uribe, que, cuando Hernández fue asesinado en Brasil, expresó su lamento a través de Twitter. “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera”, escribió.

Uribe, en cualquier caso, tuvo que reconocer que la mujer con la que habla Hernández en esa conversación intervenida era María Claudia Daza, una integrante de su equipo en el Senado. Poco después de que el expresidente admitiera el hecho, ella renunció y salió del país. Mientras tanto, los periodistas que destaparon el caso, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, denunciaron ser víctimas de espionaje y seguimientos.

Ante estas circunstancias, en las que aún hay muchas dudas que despejar, la justicia ya ha dado el primer paso. La Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, que es amigo personal de Duque, decidió abrir una investigación preliminar y envió copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral. El objetivo, de momento, es que estos organismos, “según sus competencias, indaguen sobre el contenido de varias interceptaciones hechas a un número telefónico vinculado a la investigación”.

La Procuraduría también abrió una investigación a propósito de los desplazamientos de Hernández en aeronaves de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, Duque, sobre quien arrecian las acusaciones de la oposición, acaba de volver de una gira internacional por Nueva York y México y trata de centrar la agenda en otros asuntos urgentes. Su Gobierno tiene que afrontar la emergencia del coronavirus y cabe esperar que en los próximos días toda la atención pública se concentre en esa crisis.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 11 mar 2020 - 22:50COT

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El gobierno venezolano ordenó la detención de dos gerentes de PDVSA

Los acusa de entregar información confidencial a Estados Unidos

Las sanciones de Washington contra la petrolera estatal constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano anunció este lunes la detención de dos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a quienes acusó de espiar para Estados Unidos y entregar a este país "información estratégica, sensible y de carácter confidencial". En ese sentido, la comisión presidencial denominada Alí Rodríguez Araque, le solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación penal sobre ambos funcionarios. Debido al fuerte impacto de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, la reorganización de la empresa estatal venezolana. Maduro también designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas importantes de la compañía. Las sanciones de Washington contra PDVSA constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente venezolano.

A través de un comunicado de la comisión Alí Rodríguez Araque, constituida hace casi dos semanas por el presidente Nicolás Maduro para reformar la industria petrolera venezolana, se informó que los detenidos responden a los nombres de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes eran "gerentes de operaciones especiales y de operaciones de crudos", respectivamente.

"Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de Estados Unidos (...) para con ello agredir a nuestra industria petrolera a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones", dice el comunicado.

De acuerdo al texto, las detenciones tuvieron lugar el pasado viernes 28 de febrero. A los detenidos también se los acusa de suministrar "datos" de las operaciones en Venezuela de los socios comerciales de PDVSA. Los dos gerentes "suministraron datos sobre las operaciones y capacidad logística de PDVSA, así como la actividad de venta y comercio del petróleo venezolano", agrega el documento.

La comisión calificó estos presuntos hechos como una "miserable traición", y solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación que determine responsabilidades para que se aplique "todo el peso de la ley". Por sus acciones de espionaje, Chirinos y Torrealba recibieron la calificación de "colaboradores de alto nivel" de parte del gobierno de los Estados Unidos. 

"Esta Comisión Presidencial manifiesta su compromiso en empeñar todo su esfuerzo en la necesaria transformación revolucionaria de nuestra industria petrolera (...) acciones de esta naturaleza son totalmente opuestas al compromiso patriótico de la clase trabajadora petrolera", concluye el documento.

En las últimas semanas, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Venezuela y PDVSA para intentar forzar la salida del poder del mandatario socialista. Una prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar con crudo venezolano permanece vigente desde abril de 2019.

Bajo la presión de las sanciones de Washington a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, que encabece una comisión destinada a reorganizar a la empresa venezolana. Ese mismo día declaró la emergencia de la petrolera estatal.

La nueva comisión también estará integrada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y su número dos, Remigio Ceballos, para que sumen "todo el poder" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y "además garanticen la seguridad de todas las instalaciones con un plan nuevo". El actual ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, también formará parte del equipo de trabajo.

En febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó por narcotráfico a El Aissami tras una larga investigación que llevó al Departamento del Tesoro a determinar que juega "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos" con destinos que incluyen México y Estados Unidos.

El sábado pasado, en otro intento por revalorizar PDVSA, Maduro designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas clave: exploración y producción, refinación, comercio y finanzas. La producción petrolera de Venezuela inició 2020 a la baja, al cerrar enero en 882 mil barriles por día, 25 mil menos que en diciembre, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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Vista aérea del Pentágono en Washington, DC, sede del Departamento de Defensa.Foto Afp

Las expuestas deudas colosales de EU, la de los millennials (https://bit.ly/37KbYVy) y del consumo (https://bit.ly/2wqTEUd) son un juego de niños frente al fantasmagórico cuan insólito "extravío" contable de 35 millones de millones de dólares (trillones en anglosajón) del Pentágono que devela Anthony Capaccio de Bloomberg (https://bloom.bg/2SV7OV9).

Capaccio expone que el "Pentágono realizó ajustes (sic) contables por 35 millones de millones de dólares solamente para el año pasado, un total mayor a la entera economía de EU", y subraya la "persistente dificultad del Departamento de Defensa para sus balances contables". El PIB de las dos principales economías mundiales: EU 22.32 millones de millones de dólares y China 15.27 millones de millones de dólares (https://bit.ly/328sBss).

El presupuesto militar de EU por 738 mil millones de dólares es casi nulo frente a la pantagruélica cifra del extravío contable por el Pentágono. Y eso que el financiamiento anual de las armas más sofisticadas y caras en el mundo “incluyen el avión F-35, nuevos portaviones, destructores y submarinos”.

También el gasto anual militar de EU está maquillado y alcanza el doble enunciado ya que la otra parte se oculta en la I&D de las universidades, según SIPRI (https://bit.ly/37Fv0fF).

Según Todd Harrison, experto del presupuesto del Pentágono en el CSIS, en tal "ajuste contable" existe "una buena cantidad de la doble, triple y cuádruple (sic) contabilidad del mismo (sic) dinero conforme es movido entre las cuentas". A ver qué facultad de Contabilidad en el mundo explica tal acrobacia contable.

El Pentágono reconoció que "fracasó en su primera (sic) auditoría en 2018 y luego de nuevo el año pasado".

El Departamento de Defensa "recibe más de la mitad de su gasto doméstico en forma discrecional (sic)".

Solamente en el último trimestre de 2018 el Pentágono operó 200 mil (sic) ajustes contables que alcanzaron 15 millones de millones de dólares. Según la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO), "por lo menos 96 por ciento de los ajustes automáticos del último trimestre del año fiscal de 2018 carecían de una adecuada documentación de soporte". ¿Cómo pueden operar "ajustes contables", sin contar con documentación apropiada?

Las insípidas "explicaciones" del Pentágono, así como las de los pusilánimes congresistas y auditores, son tan complejas y "técnicas" que parecen diseñadas para ocultar y no para transparentar lo que quizá sea el verdadero y subrepticio gasto militar cuando los 35 millones de millones de dólares representan casi 50 veces el tamaño del presupuesto del Pentágono de 2019.

Es tiempo que el Pentágono cambie a su equipo de auditores y usen la IA sin algoritmos preprogramados para que aparezcan los "ajustes contables", si es que no se fueron a un deliberado "agujero negro contable".

No es novedoso el extravío contable del Pentágono cuando el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, confesó la desaparición de 2.3 millones de millones de dólares la noche anterior al 11/9 que sirvieron quizá para el verdadero financiamiento de las guerras en Afganistán e Irak.

Un "cuento texano" relata que el avión que golpeó al Pentágono el 11/9 destruyó en forma selectiva su contabilidad (https://bit.ly/2V3oxZ2).

El muy eficiente "financierismo militar" alude y elude “el extravío de varios billones (sic) de dólares por el Pentágono gracias a la contable magia kosher de su contralor, el rabino (literal) Dov Zakheim (https://bit.ly/2B8Dukw). Comenté entonces que “en EU, ser inimputable contratista del gobierno en la sombra es más importante que un vulgar congresista controlado por la CIA (https://bit.ly/2P77ZLY)”.

Zakheim, de doble nacionalidad, a quien también se le extraviaron 2.3 millones de millones de dólares, le imputan sus alarmantes conexiones con el 11/9 (https://bit.ly/2V54o50).

El rabino Zakheim fue miembro de la "Comisión de las Contrataciones en Tiempos de Guerra en Irak y Afganistán". Dos años más tarde, fue premiado como vicepresidente de Booz Allen Hamilton, consultora tecnológica consagrada al espionaje electrónico, y ahora despacha sereno en el Atlantic Council. ¡Tutti contenti!

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Daniel Urresti, exgeneral y exministro fue el congresista más votado.  Imagen: AFP

Daniel Urresti ganó repitiendo sus mensajes de mano dura contra la delincuencia

Las elecciones legislativas dejaron preocupaciones: un exgeneral procesado por asesinato fue el candidato con más votos; un partido xenófobo y promotor de la pena de muerte quedó como tercera fuerza y una secta evangélica en segundo lugar. 

 

Las elecciones parlamentarias del domingo dejaron varias sorpresas y preocupaciones: un represor procesado por asesinato como el candidato más votado, la aparición como tercera fuerza en el Congreso de un partido radical xenófobo y promotor de la pena de muerte ligado al encarcelado ex militar Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, y la irrupción como segundos en la votación nacional de una secta evangélica ultraconservadora. Un escenario complicado para un nuevo Congreso atomizado, en el cual habría diez bancadas para 130 escaños. La primera fuerza parlamentaria, la centro derechista Acción Popular, tendrá solamente 24 legisladores.

El represor convertido en el congresista con mayor respaldo de votos es el exgeneral y exministro del Interior Daniel Urresti. Su oscura historia está ligada a los años del conflicto armado entre el Estado y el grupo maoísta Sendero Luminoso, que dejó 70 mil muertos. Urresti fue enviado en los años 80 como capitán del ejército a Ayacucho, zona andina donde nació Sendero y fue el epicentro del conflicto. Asumió la dirección de inteligencia, puesto clave en las operaciones militares. Eran tiempos en los cuales los secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y matanzas de comunidades campesinas, cometidas por militares y senderistas, eran cosa cotidiana en esa región.

En noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos fue asesinado por los militares. Fue acribillado y luego volado con una granada en un paraje rural de Ayacucho cuando iba en una moto a cubrir el asesinato de dos personas. Los militares, que sabían de su viaje, lo habían estado esperando. Varios testimonios involucran en el crimen a Urresti, que como jefe de inteligencia tenía un importante puesto de mando. Una campesina, que vivía cerca al lugar, lo ha acusado de haberla violado el mismo día del asesinato del periodista y amenazado con matarla si hablaba. El hoy congresista electo niega los cargos y califica a sus acusadores de “delincuentes” y “terroristas”.

Después de largos años de impunidad, Urresti fue procesado, pero en 2018 fue absuelto. Sin embargo, la Corte Suprema anuló el juicio por una serie de irregularidades y el militar deberá ser juzgado nuevamente, pero ahora eso no podrá ocurrir porque estará protegido por la inmunidad parlamentaria.

 Urresti fue ministro del Interior del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), cargo desde el cual empezó a construirse una imagen de luchador contra la inseguridad ciudadana, aspecto clave para su triunfo electoral del domingo. Se formó esa imagen con operativos policiales con más espectacularidad y difusión mediática, que efectividad. En octubre de 2018 postuló a la alcaldía de Lima, con un mensaje de mano dura contra la delincuencia, quedando segundo. Fue derrotado, pero había comenzado a construir una base electoral.

Ahora Urresti ha ganado la elección parlamentaria repitiendo sus mensajes de mano dura contra la delincuencia. Postuló como cabeza de lista por el partido Podemos Perú, agrupación nueva formada por el cuestionado empresario José Luna, que se ha hecho millonario con el negocio de la educación universitaria de baja calidad y que tiene varias acusaciones de corrupción. En sus primeras declaraciones como congresista electo, Urresti ha buscado acercarse al gobierno de Martín Vizcarra, ofreciéndole apoyo. Después de esta victoria electoral, el represor se posiciona como un posible candidato presidencial para las elecciones de abril de 2021.

Otro que aspira a ser candidato en 2021 es Antauro Humala. El partido Unión por el Perú (UPP), que respalda a Antauro, se ha convertido en la tercera fuerza del Congreso con 17 legisladores. Pero Antauro la tiene más complicada porque está en prisión cumpliendo una condena por el asalto a una comisaría que dejó cuatro policías muertos en enero de 2005, en un farsesco intento de derrocar al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Cumple su condena en 2024, por lo que no podrá ser candidato. Pero UPP ha anunciado que utilizará su fuerza en el Parlamento para pedir la excarcelación de Antauro y que se habilite su candidatura.

UPP sorprendió con su votación en las zonas andinas más empobrecidas. Antauro y los de UPP disparan contra el modelo neoliberal y se dicen de izquierda, pero asumen posturas que los ubican en la ultra derecha: tienen un discurso xenófobo -proponen prohibir que se les dé trabajo a los extranjeros-, exigen la pena de muerte y que los militares salgan a las calles para controlar la seguridad. Homofóbico, alguna vez Antauro habló de fusilar a los homosexuales. Este extraño personaje, entre pintoresco y peligroso, es el otro gran ganador, junto al represor Urresti, de las elecciones parlamentarias del domingo.

También está la sorpresa de la secta evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, que a través del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), dejó a todos mudos con su segundo lugar, con 8,9 por ciento. Hasta el domingo nadie los tomaba en serio. Se hace llamar “israelitas” y su mayor presencia está en las zonas rurales, especialmente amazónicas y andinas.

“Los homosexuales tienen el mal enquistado en su corazón y en su sangre, pero van a tener oportunidad de conocer el decálogo universal y mediante eso van a entrar en la moral. Nuestro señor Dios de Israel creó hombre y mujer. Promoveremos en los colegios una educación con moral”, han sido las declaraciones con las que el vocero de los israelitas, Wilmer Cayllahua, probable congresista, debutó luego de su inesperado segundo lugar en las elecciones. 

El fujimorismo, duramente derrotado, ya ha comenzado a moverse para buscar acuerdos con esta secta mesiánica y ultraconservadora.   

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Mario Vargas Llosa ha sido mencionado en escándalos financieros como los Panama Papers y en adeudos fiscales en España.Foto Afp

A sus 83 años, el cacofónico palafrenero del agónico neoliberalismo global Mario Vargas Llosa se especializa en el blanqueo en los paraísos fiscales y en su vulgar evasión tributaria.

Hace tres años, Vargas, de doble nacionalidad peruano-español, fue atrapado con sus cuentas espurias en los Panama Papers (https://bit.ly/2Pjmz2k).

Ahora, Vargas "tiene una deuda con la Dependencia Regional de Recaudación Especial de Madrid" por 2.1 millones de euros, ¡Vargas no paga impuestos!

Para lidiar con el fisco, el escritor hipotecó su casa, que no tiene a su nombre, sino al de una sociedad holandesa Jurema BV, de la que es accionista mayoritario.

Lo más bizarro es que dicha sociedad holandesa tiene un activo de 1.5 millones de euros, que es menor a su adeudo de 2.5 millones de euros con la Hacienda española (https://bit.ly/369mDIJ).

El felón Vargas opera la técnica fraudulenta del sándwich holandés: donde Holanda queda en medio como el queso del sándwich cuando "los dividendos salen legalmente de España a una sociedad holandesa, donde no tributan y de ahí pagando sólo 2 por ciento van a un paraíso fiscal como las Antillas Holandesas", sin dejar rastro alguno.

Contrató un influyente bufete de abogados que le aconsejó “mantener la deuda suspendida y pleitear (sic) con Hacienda por la vía administrativa”, por lo que tuvo que "pedir una hipoteca privada con el fisco por la cantidad que se le exige".

Es experto en nombres ficticios que usa para evadir al fisco, como el caso de sus infectos Panama Papers, donde aparece como dueño de Talome Services Corp., –radicada en las Islas Vírgenes Británicas– que compró al pestilente bufete panameño Mossack Fonseca (https://bit.ly/358E6kJ).

Vargas está vinculado al sionismo financierista jázaro y recibió el Premio Jerusalén (http://goo.gl/nBS5kV) del ex premier Ehud Ólmert, quien fue enjaulado por corrupción en Israel (https://bbc.in/2YoiVbH).

En forma hilarante, el megacorrupto Vargas comentó que "la democracia no sobrevive a la corrupción". ¡No, bueno!

Dejo de lado su nauseabunda postura contra el feminismo que desprecia como "nueva inquisición" y “el más resuelto enemigo (sic) de la literatura (https://bit.ly/343or4Q)”. ¡Ya le pesan sus 83 años a Vargas!

Él no oculta su fervor por el filósofo Karl Popper, gurú del megaespeculador George Soros. ¡Los círculos se cierran! No son su fuerte ni la epistemología política –fue derrotado en la elección presidencial por el nipón Fujimori– ni la economía tout court, salvo en su evasiva tributación plutocrática.

Lo más hilarante de su presencia en México, esta vez, fueron su confesión y confusión –en su entrevista a un mercantil comentarista filosionista/arabófobo en un museo anti-palestino del odio y la mentira–, de que "no entendía (sic) lo de Chile" y que, para su ininteligibilidad económica,"fue sorprendente (sic)" su muy cantada erupción volcánica (https://bit.ly/2Rz5vIe).

En pleno delirio alucinatorio, Vargas expectoró que "Chile iba a ser un país de primer mundo". Jajajá.

En su caso, esta alucinación es muy grave porque Chile ostenta 168 km de frontera con Perú, cerca de su ciudad natal Arequipa, donde padeció el abandono de su padre, su notorio complejo de Edipo y las vivencias traumáticas de su adolescencia.

Chile es “el modelo a no seguir (https://bit.ly/2qxC5zm)”, ya que resultó un artefacto de la procaz propaganda pinochetista/neoliberal.

Como escribí hace tres años, llama la atención que “sus tres aliados en el México neoliberal itamita” hayan sido atrapados también en blanqueos y saqueos (https://bit.ly/2Pjmz2k).

Su presunto deterioro mental profundo y su insípida megalomanía obnubilan a Vargas de que no pertenece a la realeza española, sino que siempre fue el bufón peruano del Rey castellano en turno, quien ahora lo desecha al basurero tributario, por hacer llorar más que reír, cuando le exige pagar sus adeudos fiscales.

Vargas padece lastimosamente un doble Alzheimer político y económico que lo incapacita de entender la legítima “revuelta de los millennials y del coeficiente Gini” en Latinoamérica.

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:51

La resaca de Guaidó

La resaca de Guaidó

Ya nadie parece acordarse de la crisis humanitaria en Venezuela. En nombre de ella, a comienzos de 2019, el “mundo democrático”, encabezado por los halcones de Estados Unidos y apoyado por Trump, puso “todas las cartas sobre la mesa”, incluida una que vendían como muy probable: la invasión militar y multinacional al país caribeño.

Pero también hay policías buenos. Una de esas cartas tenía una imagen humanitaria y salvadora que llevó al productor inglés Richard Branson a organizar el Venezuela Aid Live, un concierto multitudinario en la frontera colombiana con Venezuela y que convocó al mainstream musical mundial, el 23 de febrero de este año. Entre los presentes también estuvieron un Sebastián Piñera que aún lucía joven y dinámico, el colombiano Iván Duque, recién electo, y el autojuramentado Juan Guaidó, quien salió de manera “heroica” de Venezuela, burlando a las fuerzas represivas “de la dictadura”. No podía faltar tampoco Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

Lo que nadie había imaginado es que ese acto –transmitido en vivo y directo por varias televisoras del mundo y en el que diversas personalidades aportarían ingentes cantidades de dinero para apoyar “la lucha contra el tirano”– terminaría siendo la principal causa del deslave de las fuerzas de Guaidó y de la oposición en general, quienes ahora se ven involucradas en varias denuncias por el manejo de esa ayuda humanitaria.

¿QUÉ PASÓ AYER?

Como se recordará, durante el evento musical se pretendió generar un conflicto fronterizo que subiera la escalada de la crisis venezolana. La ayuda humanitaria recibida, transportada en tres camiones, debía ser ingresada por la fuerza, debido a que el gobierno de Nicolás Maduro no la quería dejar pasar. Pero, en palabras de Guaidó, la comida y enseres donados por la agencia estadounidense Usaid entrarían “sí o sí” a Venezuela.

Finalmente, en la subsecuente refriega entre opositores y tropas venezolanas en el puente fronterizo, los camiones con la ayuda fueron incendiados antes de llegar a Venezuela, lo que para la oposición era una prueba irrefutable del “talante genocida” de Maduro. Al mes, sin embargo, el New York Times publicó una investigación minuciosa en la que demostraba que habían sido quemados con bombas molotov por los propios seguidores de Guaidó (10-III-19). Y a los seis meses, salieron a la luz fotografías de Guaidó junto a famosos paramilitares y narcotraficantes colombianos, algunos armados, quienes le habrían ayudado a cruzar la frontera para asistir al Venezuela Aid Live (véase Brecha, 20-IX-19).

Hasta allí un verdadero desastre. Pero lo peor llegaría a comienzos de este mes, cuando Humberto Calderón Berti, excelso opositor de vieja data nombrado por Guaidó como embajador en Colombia, prendió un poderoso ventilador de denuncias de corrupción. Cesado de sus funciones por Guaidó el 26 de noviembre, debido, según el autoproclamado, a “modificaciones con relación a nuestra política exterior”, Calderón se despachó en una rueda de prensa en Bogotá acusándolo de haber engavetado las pruebas que él le envió durante los últimos meses sobre mal uso y robo de la ayuda humanitaria. El diplomático dijo a los periodistas que nunca supo qué se hizo con la totalidad de lo donado durante el concierto de febrero, pero presentó ante la fiscalía colombiana pruebas del uso indebido de una parte de ese dinero: en prostitución, licores y fiestas, pagadas por un grupo de enviados de Guaidó en Colombia, entre los que figuran su prima Rossana Barrera y otras figuras de su entorno. Otra arista de las denuncias del ahora “ex embajador” es su acusación contra Leopoldo López, el jefe de Voluntad Popular, quien según Calderón no habría actuado en contra de las personas involucradas en los hechos de corrupción, a pesar de que también tenía en sus manos las pruebas que él le había enviado.

Esta cadena de acontecimientos infaustos ha dividido a la oposición en varios toletes. Este lunes 9, unos 70 diputados opositores presentaron una querella para investigar a Guaidó. Algunos legisladores de Voluntad Popular han salido del partido y otros han sido expulsados. López, líder apadrinado por Estados Unidos, ha caído en una espiral de descrédito, especialmente en las filas de la oposición radical, su nicho principal, donde ahora se lo considera “cohabitando” con Maduro a raíz de las negociaciones entre el gobierno y la oposición que coordinara Noruega en meses pasados. Además, la generación de dirigentes opositores a la que pertenece Guaidó, que se había mantenido fuera de cargos importantes en los últimos años y, por lo tanto, era vista como un bastión de reserva moral, hoy es señalada y acusada como corrupta en un caso especialmente sensible: el saqueo de donaciones humanitarias hechas por varios artistas y empresarios.

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Pelosi ordena formular cargos para destituir a Trump lo antes posible

Nueva York. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó la formulación de cargos para la destitución del presidente lo antes posible –algunos creen que se podrían aprobar antes de Navidad–, con el argumento de que Donald Trump ha puesto en peligro nuestra república.

En breve declaración desde el Capitolio, la demócrata más poderosa de Washington afirmó que las conclusiones de las pesquisas realizadas por la cámara en los últimos dos meses dejaron claro que Trump abusó de su poder, violando su juramento al promover la interferencia extranjera en las elecciones estadunidenses. Proclamó que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley.

Justificó el paso veloz del proceso al señalar que el presidente no nos deja otra opción que actuar, porque está intentando corromper, una vez más, la elección para su propio beneficio. Subrayó que es nuestra democracia lo que está en juego.

El Comité Judicial de la cámara baja, encargado de elaborar los cargos formales conocidos como “artículos de impeachment” (aunque otros comités podrían participar en el proceso), anunció que está convocando a una audiencia para el lunes con el fin de que sus abogados y los del Comité de Inteligencia presenten la evidencia de la investigación, apuntando hacia cargos de abuso de poder y soborno en torno al manejo de la relación de Trump con Ucrania, así como los intentos de obstrucción tanto del proceso legislativo como de la investigación sobre la mano de Rusia en las elecciones de 2016 encabezada por el fiscal especial Robert Mueller.

De hecho, Pelosi señaló que aunque el enfoque de las investigaciones ha sido sobre la presión presidencial al gobierno de Ucrania para obtener un favor en beneficio de los objetivos electorales de Trump, esto no se trata de Ucrania; esto se trata de Rusia, ya que la presión empleada por Trump fue congelar asistencia militar, algo que benefició a Moscú. Nuestro adversario es Rusia, indicó.

Si todo procede a ese ritmo, hay quienes calculan que es posible que se logre elaborar y presentar los artículos de impeachment ante el pleno para un voto y aprobar el juicio contra el presidente antes del 20 de diciembre, último día de sesiones (por ahora) del Congreso este año.

Los demócratas están intentando destituirme sobre NADA, tuiteó Trump y, en tono desafiante, solicitó que los opositores, a quienes calificó de locos, apresuraran el proceso, para que podamos tener un juicio justo en el Senado. Trump sigue confiado en que la cámara alta, controlada por republicanos, lo absolverá.

Por ahora la estrategia republicana es hacer lo posible para entorpecer el proceso en la cámara baja, y descalificar su validez constantemente, sin la participación de representantes legales del presidente y esperar que esto culmine –y se anule– en el Senado.

Sin embargo, todos están conscientes de que podrían darse más sorpresas que tienen el potencial de descarrilar los planes. La especulación es incesante sobre si habrá más altos funcionarios que decidan arriesgarse al revelar más actos ilícitos, si ex aliados del presidente decidan abandonarlo, o si se descubren más comportamientos corruptos del mandatario y sus asesores más cercanos, algunos de los cuales estaban abajo investigación como su abogado personal Rudy Giuliani, el más prominente.

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Lula da Silva: "Yo ya probé que es posible construir un país mejor"

El expresidente de Brasil apuntó al actual mandatario y antagonista. "Tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

Escoltado por "brigadistas" del Movimiento de los Campesinos Sin Tierra Lula, Luiz Inácio Lula da Silva dejó la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba luego de 580 días de reclusión que lo convirtieron en el preso político más notorio del mundo. Eran las diecisiete y cuarenta y dos de un día histórico. "Lula guerrero, del pueblo brasileño" fue una de las consignas más repetidas por los militantes conmovidos de quienes el líder recibía abrazos, palmadas y palabras de aliento. Vistiendo saco y remera negros saludaba a sus compañeros con el gesto concentrado, probablemente escogiendo las palabras de su primera alocución en la que le apuntó a dos blancos preferenciales: Jair Bolsonaro y Sergio Moro. A ellos se refirió en el discurso pronunciado a unos cuantos metros del reclusorio policial y luego volvió a citarlos, durante un mensaje que envió desde el vehículo a bordo del cual dejó el evento acompañado por su novia Rosángela, con la que prometió casarse.

En el palco lo acompañaron la titular del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann y el ex candidato Fernando Haddad, su bendecido en las elecciones anómalas de octubre del año pasado, de las que fue proscripto.

"Salgo con mucha voluntad de volver a luchar".

"Vi en la televisión los datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), después de que fui preso Brasil empeoró, el pueblo no tiene más trabajo, el pueblo trabaja en Uber, el pueblo trabaja en bicicleta para entregar pizza, y me enteré de que no va a haber aumento del salario mínimo por dos años, yo no tengo rabia de nadie, tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

El diario Folha de San Pablo documentó que el mandatario miente o falsea datos una vez cada cuatro días desde que asumió en enero pasado. La última vez fue esta semana cuando anunció que tres multinacionales dejarían Argentina para instalarse en Brasil.

"Yo ya probé que es posible construir un país mejor, con más salario, con más calidad de enseñanza, yo tengo la convicción de que el pueblo pobre es la fuente para recuperar al país cuando se lo incluye en el presupuesto".

Citó al juez de Lava Jato, Sergio Moro, y el jefe de los fiscales de ese proceso, Deltan Dallagnol, incluyéndolos en "el lado podrido de la justicia, el lado podrido del ministerio público" conjurados para "criminalizar a la izquierda, al PT y a Lula".

El jueves el Supremo Tribunal Federal determinó por seis votos a cinco, que el exmandatario sea puesto en libertad durante una audiencia de casi ocho horas en la que no faltaron críticas, de algunos jueces, al "marketing" y los "abusos" de Moro y Dallagnol, funcionarios judiciales del interior proyectados a la escena nacional gracias a su condición de perseguidores de Lula.

Para ambos el fallo del Supremo significó una derrota considerable. Lo mismo cabe para Bolsonaro quien había prometido que su principal adversario político se iba a "pudrir en la cárcel". El regreso de su antagonista dejó sin palabras al dirigente ultraderechista que prefirió salir de Brasilia para encabezar un acto con cadetes de la policía federal en el estado de Goias. De aquí en más el presidente tendrá que enfrentar al único político capaz de galvanizar la oposición y plantarle cara.

Caravanas

Lula comenzó a delinear, en su primer discurso a cielo abierto, los puntos fuertes de su estrategia.

Necesitará calibrar la nueva realidad del país, de la disposición de lucha de los trabajadores, clases medias, estudiantes y las alianzas a ser construidas.

El Brasil actual no es el mismo del 7 de abril del año pasado cuando fue detenido con la complicidad del Supremo Tribunal Federal que esta semana permitió su excarcelación.

Este sábado volverá a San Bernardo do Campo para reencontrarse con sus compañeros del sindicato de los metalúrgicos a donde estuvo alojado hasta el momento de su detención por parte de efectivos de la policía federal. Allí se forjó como líder sindical en los años setenta antes de fundar el PT y lanzarse a la vida partidaria. Habrá que prestar atención a ese discurso y a los símbolos a los que eche mano este político sagaz. Su año y medio como preso político lo convirtieron en una leyenda y agigantaron su estatura internacional.

Se espera que en los próximos días o semanas retome las caravanas por el país suspendidas con su arresto. Fuentes del PT comunicaron que se adoptarán medidas de seguridad redobladas, y recordaron que el año pasado un convoy fue baleado mientras recorría el interior del estado de Paraná.

Desde su entorno dejan trascender la idea de construir un frente de fuerzas democráticas, en el que se contemplan incluso partidos de centro, para antagonizar con el régimen. Explican la importancia de impedir la deriva autoritaria a la que conduce Bolsonaro en su alianza con Moro, las "milicias" paramilitares y las corporaciones armadas aunadas para imponer manu militare un modelo neoliberal a la chilena. El propio Bolsonaro anunció haber dado instrucciones al Ministerio de Defensa para poner en alerta a las tropas a fin de responder a protestas como las que arrinconaron aSebastián Piñera. El chileno es uno de los pocos aliados latinoamericanos del ocupante del Palacio del Planalto.

Una de las preguntas surgidas por estas horas era si el jefe petista tendrá autorización judicial para asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández el 10 de diciembre en Buenos Aires. A la que no irá Bolsonaro, convertido en un paria de la comunidad internacional.

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Tribunal Supremo anula prisión en segunda instancia y Lula podría ser liberado

Por 6 votos contra 5, la Corte brasileña siguió el principio constitucional que garantiza presunción de inocencia

Por mayoría, el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó este jueves (7) la ejecución de pena después de condena en segunda instancia. Iniciado el 23 de octubre, el juzgamiento se cerró con un marcador de 6 a 5 a favor de la posición, expresa en la Constitución brasileña, de que la prisión de un acusado sólo puede ser autorizada después de agotar todas las instancias.

Considerada la decisión más importante de este año, podrá resultar en la liberación de casi 5 mil personas encarceladas sin condena en firme, entre ellas el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde abril del año pasado.

El Tribunal Federal Supremo deberá aún debatir como tal decisión será puesta en práctica. Hay divergencias, por ejemplo, sobre si la libertad debe ser decretada automáticamente por la propia Corte Suprema o evaluada por los jueces de ejecución penal caso por caso, pudiendo convertir el cumplimiento de pena en prisión preventiva.

Los votos

En la sesión de este jueves –la tercera de la Corte dedicada a analizar el tema–, iniciada con un marcador parcial de 4 a 3 a favor de la prisión después de segunda instancia, votaron Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello y el presidente de la Corte, Dias Toffoli.

Carmen Lúcia reiteró su posicionamiento tradicional con relación al tema, votando a favor de la prisión después de condena en segunda instancia.

Gilmar Mendes presentó un voto en que explicó la evolución de su posición, ya que, en el pasado, votó a favor de la prisión en segunda instancia y, este jueves, consolidó sus críticas más recientes a la medida.

Siendo el único además de Toffoli en citar el “caso Lula”, Mendes, que se mostró simpático a la idea de prisión en tercera instancia, afirmó que la actuación del Superior Tribunal de Justicia en el proceso del petista también influenció en su cambio de posición.

“El caso Lula contaminó la discusión. Eso no contribuyó para el debate racional. Puedo ser sospechoso de todo, menos de ser petista. El caso Lula muestra como el sistema funciona mal. Y aún no estoy hablando deThe Intercept. El combate a la corrupción se debe hacer dentro de los marcos del debido proceso legal”, dijo.

Celso de Mello, que votó después de Mendes, también fue contrario a la prisión después de segunda instancia. El afirmó que, a pesar de la gravedad de la corrupción en el país, las directrices establecidas por la Constitución deben ser plenamente observadas, contrariando también algunos argumentos de defensores de la medida.

Dias Toffoli, último en votar por ser presidente de la Corte, inició su posicionamiento afirmando que la cuestión técnica en los presentes procesos es la adecuación de las reglas del Código de Proceso Penal a la Constitución.

En ese sentido, afirmó que la "voluntad de los representantes del pueblo" estaba de acuerdo con el texto constitucional al establecer el agotar todas las instancias como marco. Indicó, por otro lado, que no vería problema en caso de que el Congreso desee, a futuro, modificar ese momento procesal.

Lula

En una nota divulgada enseguida de terminada la sesión, la defensa del ex presidente informó que, con base en la decisión del STF, ingresará este viernes (8) un pedido de liberación inmediata de Lula. La decisión de ingresar el pedido habría sido tomada después de conversar con el ex presidente.

Por ley, Lula ya podría estar en régimen semiabierto, pero se había negado a pedir la conmutación de pena por entender que eso heriría su dignidad. "Quiero que sepan que no acepto regatear mis derechos ni mi libertad”, afirmó Lula en esa ocasión.

"Necesitamos recuperar el espíritu rebelde del pueblo", dijo Lula a BdF; lea la entrevista completa

Este jueves, los abogados del petista, Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins, también afirmaron que van a reiterar la solicitud para que el Tribunal Supremo juzgue los habeas corpus que piden la nulidad del proceso alegando la "improbidad del ex juez Sergio Moro y de los fiscales de la Operación Lava Jato, entre otras innumerables ilegalidades".

Primer día de votación

El relator del caso, Marco Aurélio Mello, votó contra la prisión después de condena en segunda instancia. En la ocasión, él afirmó que la armonia entre el Código de Proceso Penal y la Constitución es "completa", así, la prisión sólo es posible después de agotar todas las instancias, o sea, después del fin de todos los recursos.

Alexandre de Moraes presentó un posicionamiento divergente. El apuntó que la posición a favor de la prisión en segunda instancia prevaleció por veinticuatro años y comenzó con la promulgación de la Constitución de 88.

Edson Fachin y Luís Roberto Barroso siguieron la posición de Moraes y el primer día de votación cerró con marcador de 3 a 1.

Segundo día

En el segundo día de votación, 24 de octubre, la expectativa era en torno al posicionamiento de Rosa Weber. Eso porque, en el juzgamiento del habeas corpus del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ella cuestionó el tema.

“El STF es el guardián de la Constitución, no su autor. Cuando el juez es más rígido que la ley, es injusto. No fuimos investidos de autoridad para declarar inconstitucional a la propia Constitución”, dijo Weber al posicionarse hoy por agotar las instancias.

En la misma fecha, Luiz Fux votó por la prisión después de condena en segunda instancia, mientras que Ricardo Levandowski se alineó con Rosa Weber, conformando 4 votos a 3 contra la interpretación literal de la Constitución.

Prisión después de segunda instancia

La mayoría de los magistrados del Supremo decidió, en 2016, que la Justicia podría pedir la prisión de acusados cuya condena fuera confirmada en segunda instancia. El inciso 57 del artículo 5º de la Constitución afirma, mientras tanto que, “nadie será considerado culpable hasta agotar todas las instancias de sentencia penal condenatoria”.

En comunicación con Brasil de Fato, juristas calificaron la prisión después de la condena en segunda instancia como “violación expresa, clara y frontal” de la Constitución y del Código de Proceso Penal y hasta incluso como una interpretación que “viola la lógica” fruto de un “debate vulgar”.

Por Rafael Tatemoto

Brasil de Fato

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