EEUU dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela

18.11.20 - El subsecretario de la Oficina de Recursos Energéticos (ENR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francis R. Fannon, dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela y la intención gringa de frenar el desarrollo del país-.

Las declaraciones del funcionario se producen en medio del debate sobre los efectos nocivos de las sanciones contra la economía venezolana.

“Las sanciones contra Pdvsa fueron en parte porque el (gobierno) de Maduro ha utilizado los ingresos del petróleo para financiar su propia cleptocracia y otras malintencionadas actividades en la región”, aseveró el funcionario que trabajó en una parte del paquete de sanciones contra el gobierno de Venezuela y su principal empresa estatal.

El más reciente informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos estima que las sanciones "sí están generando repercusiones importantes" en su economía, "trayendo como consecuencia una pérdida importante de bienestar en la población".

"Luego de tres años, los resultados son bastante mediocres (...) la crisis ha empeorado y no se ha logrado el cambio político", señala el texto, tras remarcar que las sanciones no iniciaron la recesión económica ni el colapso financiero en el país pero sí han profundizado el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos.

Asimismo, aseguró que la asfixia contra el pueblo venezolano continuará hasta lograr derrocar al gobierno legítimo de Venezuela.

“Estas sanciones continúan porque el problema de Venezuela es Maduro, no nuestras sanciones, y esto lo hemos dicho alto y claro”, contó Fannon al finalizar una conferencia sobre el sector energético.

La idea, señaló el principal funcionario estadounidense en materia de política energética, era “eliminar cientos de miles de barriles de petróleo del mercado que él (Maduro) estaba utilizando para sus actividades ilegítimas”.

Tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente imaginario en enero de 2019, EEUU recrudeció su política de sanciones en contra del país, en especial, ahogando a su industria petrolera al bloquear sus activos que se encuentran en suelo estadounidense y prohibir las transacciones de individuos estadounidenses con la empresa.

Por: Aporrea. Viernes 20/11/2020

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Sábado, 14 Noviembre 2020 05:58

La insólita saga de los presidentes peruanos

La insólita saga de los presidentes peruanos

En un nuevo síntoma de la putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles que agudiza la crisis multidimensional que vive el país y consolida el altísimo descrédito hacia la clase política. La fragilidad democrática asombra ojeando el decadente ocaso de los últimos seis mandatarios: todos terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.

Faltando sólo cinco meses para las elecciones presidenciales, y en un segundo intento, se concretó la moción de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo de 2018 luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era su vice. La acusación bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral” se basó en presuntas coimas en la licitación de dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014), en una investigación que recién está en etapa preliminar. Quien impulsó la jugada fue el empresario ganadero Manuel Merino (foto), titular del Congreso ahora devenido en nuevo presidente, y fue ejecutada por un Parlamento que tiene 68 de los 130 legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. La turbia maniobra express instaló la idea de un golpe de Estado -al estilo de los derrocamientos parlamentarios que sufrieron Dilma en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay- y generó un masivo repudio en las calles con desenlace incierto.

El episodio no hizo más que acelerar la espiral autodestructiva de un sistema político cada vez más deteriorado, marcado por una corrupción endémica y un constante choque de poderes. Una profunda crisis política, moral, económica y encima sanitaria: Perú es el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Una trama compleja cuya expresión más nítida es el desdichado destino de los presidentes en los últimos 20 años:

* Alberto Fujimori (1990-2000): Símbolo de una época, devenido en dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax un día antes de que el Congreso aprobara su destitución. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

*Alejandro Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, Estados Unidos, donde fue arrestado en julio de 2019 y cumple arresto domiciliario mientras se espera su extradición.

* Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se pegó un tiro en abril de 2019 cuando la policía lo estaba por detener.

*Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, acusado de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Pese a estar en libertad condicional a la espera del juicio, anunció recientemente su candidatura presidencial para 2021.

*Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció un día antes de que el Congreso votara su destitución y se convirtió en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por la trama de corrupción de Odebrecht. Está bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero y por recibir 782 mil dólares de la empresa brasileña.

Vencedores vencidos

El capítulo Vizcarra, sexto presidente seguido que cae en desgracia, es diferente al resto y su salida huele más a golpe parlamentario. Si bien su breve gestión no se corrió de la continuidad neoliberal y su política exterior se mantuvo alineada a Washington, intentó impulsar algunas reformas anti-corrupción y en 2019 disolvió el cuestionado Congreso convocando a nuevas elecciones. Sin partido ni legisladores propios, Vizcarra quedó en la mira de una mayoría parlamentaria (electa en enero de este año) que le terminó pasando factura, apeando a la difusa figura de "vacancia por incapacidad moral” que sirve como mecanismo destituyente sin necesidad de largos debates ni mucha solidez argumentativa.

Se cierran dos décadas en las que el Perú fue noticia por los recurrentes escándalos que sacudieron a sus presidentes; espasmos de la crisis orgánica de un régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993. Se abre, en el corto plazo, el desafío de que en las elecciones de abril el descontento popular finalmente pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza. Se impone, como meta de largo aliento, el deseo de que el pueblo peruano, como en su vecino Chile, pueda tumbar esa pesada herencia fujimorista y empezar a escribir una nueva historia.

* Editor de NODAL. Autor del libro "América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista". Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

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Viernes, 13 Noviembre 2020 06:08

Golpe (rascuache y zafio) a la peruana

Manuel Merino

En tiempos de fake news y prensa embozada, el solo hecho de llamar las cosas por su nombre es valiente y útil. En Perú, únicamente dos medios –la revista IDL Reporteros y el diario La República– han definido como "golpe de Estado" lo que la mayoría de la prensa y las agencias internacionales han titulado asépticamente "Vacancia del presidente Martín Vizcarra por el Congreso de Perú".

Y es que la emboscada iba ya bien ensayada, con un intento fallido hace dos meses que utilizaba la misma causal de "incapacidad moral permanente" y parecía inspirado en la acción parlamentaria que derrumbó al presidente anterior, Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

Sobre la transformación del presidente del Congreso, Manuel Merino, en presidente de la República con una simple votación parlamentaria y sin ninguna acusación probada, se escribe en el editorial del martes de La República:

"El golpe no deja de ser golpe. El allanamiento de Martín Vizcarra a la decisión del Congreso no anula el grave acto perpetrado y el hecho de que un grupo conspirador se haya apropiado del gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción."

Y añade: "La disposición de la Constitución es precisa respecto a la prohibición de acusar al presidente durante su mandato salvo las razones expresadas con detalle en el artículo 117. Esa prohibición ha sido violada groseramente para lo cual se ha forzado inconstitucionalmente la figura de la vacancia y la incapacidad moral utilizando declaraciones de aspirantes a colaboradores oficiales, fotos maquilladas y otros documentos que forman parte de un proceso de investigación sobre las actividades del presidente de la nación Martín Vizcarra. El papel desempeñado en esta alevosa operación por el presidente del Congreso lo cubre de vergüenza a él y a su partido. Manuel Merino será un presidente indigno que se aúpa al poder con métodos reprobables".

La acusación contra el presidente Vizcarra de que habría recibido coimas del llamado Club de la Construcción –una red mafiosa para ganar licitaciones– cuando era gobernador de Moquegua (2011-14), no ha sido probada por ningún juez o fiscal, y sólo se sostiene en las declaraciones de unos aspirantes a colaborar con la justicia, gente que con tal de salvar el pellejo declararía cualquier cosa.

Lo grotesco de la situación es que de los 109 congresistas (de un total de 130) que han votado el lunes por defenestrar al presidente, 68 –como ha recordado el propio Vizcarra frente al Congreso en su última alocución– tienen investigaciones judiciales en curso y denuncias por diversos delitos, pero ninguno de ellos ha dejado el cargo o renunciado a la inmunidad. Al contrario, este Congreso parece más un refugium peccatorum que un parlamento.

El traspaso de poderes ha encontrado un fuerte rechazo popular. En las principales ciudades del país, sin excepción, a partir de la capital, manifestaciones espontáneas han encontrado una represión policial desproporcionada, que no promete nada de bueno. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la vacancia, pero las ceremonias de investidura ya han sido oficiadas.

La difusión internacional de la noticia no explica claramente quién ha tomado el poder. Manuel Merino, actual presidente, es un empresario ganadero del norte cuya sóla acción política memorable es la de haber obtenido una condonación fiscal por el sector agropecuario de Tumbes. ¡Ah!, y también el intento fallido de golpe anterior, por el cual un grupo de ciudadanos lo ha denunciado "por los presuntos delitos de sedición, conspiración y usurpación de poderes".

Sus familiares obtuvieron contratos con el Estado durante su segundo mandato como congresista, lo cual es abiertamente ilegal.

A cinco meses de la elecciones generales, que deberían renovar las instituciones en ocasión del bicentenario de la independencia, con los graves problemas económicos y de salud pública que afligen a la población, parece sumamente irresponsable provocar una crisis política de esta gravedad. Todo por ambiciones e intereses personales.

Sin embargo, las manifestaciones crecientes de estos días hablan de una sociedad civil "hasta el gorro".

Fascinado por la idea de ser presidente interino, aunque sea por unos meses (las próximas elecciones generales serán en abril de 2021), animado por la masa de corruptos incrustada en las instituciones –hablando sólo de magistrados, 151 jueces y 183 fiscales involucrados en actos de corrupción, según datos oficiales– Manuel Merino ha logrado sin mucha dificultad juntar una mayoría parlamentaria para que proceda el pedido de vacancia presidencial.

Por Periodista italian, periodista peruano

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Viernes, 13 Noviembre 2020 05:33

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Bajo la presidencia de Manuel Merino tras el derrocamiento de Martín Vizcarra

El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador. El nuevo primer ministro fue acusado de racismo y el ministro de Defensa resultó denunciado por defender a escuadrones de la muerte.

 

La derecha ultraconservadora ha tomado el gobierno peruano. El gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino -que asumió el martes luego que el Congreso que él presidía destituyera a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, una decisión que ha gatillado protestas en todo el país- es encabezado por un miembro de la descreditada vieja guardia política, vinculado a la extrema derecha. El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador, varios de ellos relacionados al fujimorismo y al Partido Aprista del expresidente Alan García, que han sido gobierno y han estado envueltos en graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El gabinete del presidente Merino deja la sensación de un regreso al peor pasado. La derecha más dura celebra al nuevo gobierno, mientras las calles se agitan con las protestas. Merino y su aislado gobierno enfrentan las mayores movilizaciones antigubernamentales desde los últimos meses de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000.

Al tiempo que el nuevo presidente juramentaba a su gabinete, el destituido exmandatario Martín Vizcarra se presentaba ante la fiscalía para declarar por las acusaciones que se le hacen de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras cuando hace unos años era gobernador de la región de Moquegua. La fiscalía ha pedido se le impida la salida del país por dieciocho meses. “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada”, declaró Vizcarra.

El nuevo primer ministro es el abogado Antero Flores Aráoz, de 78 años, un ultraconservador que ingresó a la política como miembro del derechista Partido Popular Cristiano. En 1990 fue electo diputado por el frente de derecha que lanzó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa. Luego de largo tiempo en el Congreso, del que llegó a ser presidente, abandonó su partido y se unió al segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011) como ministro de Defensa. En 2016 intentó llegar a la presidencia, al frente de su propio partido, Orden, y quedó en último lugar con apenas un 0,4 por ciento. Ahora Merino lo ha resucitado.

En los últimos años, Flores Aráoz se había dedicado a firmar pronunciamientos con alegatos antiderechos como parte de la llamada Coordinadora Republicana, que reúne a lo más radical del conservadurismo peruano. Está relacionado a grupos ultraconservadores como “Con mis hijos no te metas”. Hace unos años, en unas declaraciones que pusieron en evidencia su racismo, dijo que no se le podía preguntar “a las llamas y a las vicuñas” cuando le consultaron si se debía someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En medio de las protestas, el Ministerio del Interior ha sido asumido por el exgeneral de la Policía Gastón Rodríguez, que ya ocupó ese cargo con Vizcarra entre abril y julio de este año y que no ha tenido problemas en subirse al régimen que acaba de tumbar al gobierno al cual él perteneció hace poco. Su breve gestión terminó cuando tuvo que dejar el cargo en medio de las críticas por haber nombrado como su asesor a un abogado que defiende a policías procesados por haber integrado un escuadrón de la muerte y a un general acusado de corrupción.

La oficina de la ONU Derechos Humanos ha señalado que está recibiendo “información inquietante” sobre la represión policial a las protestas contra Merino. A pesar de la represión, y la pandemia, las movilizaciones contra el nuevo gobierno, al que los manifestantes califican de “usurpador”, crecen y se replican en las principales ciudades del país. El nuevo gobierno intenta minimizar las protestas, pero las calles lo desmienten. Ayer las movilizaciones fueron multitudinarias. Flores Aráoz ha negado la represión policial que todos han podido ver y acusó a los medios de comunicación de “magnificar” las manifestaciones y “exacerbar los ánimos” por informar de las protestas.

Como era de esperar, el nuevo gabinete garantiza la continuidad del modelo económico neoliberal, vigente en el país desde hace treinta años. Como ministro de Economía asume el economista José Arista, que fue viceministro de Haciendo en el segundo gobierno de Alan García.

En Salud, ministerio clave en esta coyuntura, asume el médico Abel Salinas, militante del Partido Aprista. Salinas ya estuvo al frente de este sector en los dos últimos meses del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, cuando éste enfrentaba acusaciones de corrupción, por las que renunció en marzo de 2018. Los promotores de la destitución de Vizcarra, con Merino a la cabeza, lo acusaron de haber tenido “un pésimo manejo de la pandemia”, pero en una muestra de incoherencia le pidieron a la ministra de Salud del gobierno saliente, Pilar Mazzetti, que se quede en el cargo. Mazzetti rechazó el ofrecimiento. Salinas es el cuarto ministro de Salud desde que estalló la pandemia.

En el resto del gabinete se suman otros personajes ligados al aprismo --entre ellos un exministro de Transportes y Comunicaciones del primer gobierno de Alan García (1985 – 1990) que vuelve a ese cargo--, al fujimorismo, al partido de Merino Acción Popular, que está dividido entre su apoyo y su rechazo al nuevo gobierno, y a otros sectores de derecha.

Los grupos parlamentarios que apoyaron la llegada a la presidencia del nuevo jefe de Estado comienzan a repartirse influencias y poder en el nuevo gobierno. Entre sus intereses está evitar el avance de los procesos anticorrupción que complican a varios de sus principales dirigentes -Keiko Fujimori y varios más-, y que el gobierno de Vizcarra había impulsado.

También corre riesgo la continuidad de una reforma educativa considerada fundamental, que ha cerrado universidades de baja calidad convertidas en millonarios negocios. Dos de los partidos que votaron por la destitución de Vizcarra y han puesto a Merino en el poder son dirigidos por empresarios vinculados a este negocio. Flores Aráoz, ligado a esos intereses, declaró, luego de ser nombrado jefe del gabinete ministerial, que las universidades cerradas por ser consideradas una estafa a los estudiantes “merecen una segunda oportunidad”.

El izquierdista Frente Amplio, que se sumó a esa coalición de derecha que sacó a Vizcarra y puso a Merino en el poder, ahora critica el rumbo derechista del nuevo gobierno, algo previsible que no debería haber sorprendido a nadie. 

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Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú. Mario Colán

"Quien ha quedado a la cabeza del Parlamento, Luis Valdez, cuenta con más de 50 procesos de investigación abiertos", señala la candidata de Juntos por el Perú sobre la reciente destitución del expresidente Martín Vizcarra

 

Estaba aún en Bolivia, invitada a la toma de posesión de Luis Arce, cuando se enteró de la noticia. Verónika Mendoza, la única precandidata presidencial de la izquierda peruana, dice que estaba "compartiendo la alegría del pueblo boliviano por la recuperación de su democracia" cuando supo que en su país "ocurría todo lo contrario". En Perú, el Congreso de la República consiguió el lunes su ansiado proyecto de vacar al presidente Martín Vizcarra, ahora investigado por graves denuncias de corrupción. Lo hicieron pese a que casi el 80% de la población estaba de acuerdo en que, no obstante las investigaciones en marcha, se le dejara acabar su mandato.

Solo quedaban cinco meses para las próximas elecciones y el país, sumido en una crisis económica galopante y con la cifra oficial de 70.000 muertos por COVID, no estaba para otra debacle más. Aún así el Congreso lo hizo, nombró a Manuel Merino como nuevo presidente y el estallido popular no se ha hecho esperar. Ayer, desde la mañana hasta la noche, por todas las ciudades del Perú, miles de personas expresaron su repudio en medio de la represión y las detenciones arbitrarias.

En los medios internacionales se ha hablado casi exclusivamente de que hay un cambio de gobierno por la incapacidad moral de Vizcarra, pero poco se sabe de quiénes están detrás de esta jugada política que, según la mayoría de peruanos entre los que se incluye Mendoza, se ha disfrazado de compromiso con la lucha contra la corrupción cuando se trata de algo muy distinto. La presidenciable de Juntos por el Perú desde Cuzco, su ciudad natal y a donde voló de inmediato para ser partícipe "de la indignación y de la movilización de la gente", asegura que no reconoce a este gobierno al que considera ilegítimo y propone un cambio de constitución para acabar de una vez por todas con el legado del dictador Alberto Fujimori.

¿Qué está pasando en Perú?

Lo que está pasando es que efectivamente se han destapado una serie de denuncias contra el señor Martín Vizcarra que según nuestro punto de vista ameritan investigación, pero que, como señalaba la gran parte de la ciudadanía, correspondía en plena pandemia y a cinco meses de las elecciones que el señor Vizcarra concluyese su mandato y que al día siguiente se enfrentara a la justicia. Sin embargo, de espaldas a la ciudadanía, de manera absolutamente cínica y desvergonzada, un Congreso que tiene una mayoría de congresistas igualmente procesados por corrupción e inclusive por asesinato, decidió vacar al presidente de la Republica, configurándose en un gobierno ilegítimo.

Pero esto se enmarca en una crisis más profunda y más grave que podríamos calificar de crisis de régimen que lleva 30 años desde que en 1992 Alberto Fujimori decidiera imponer una constitución neoliberal con un golpe de Estado que precarizó el Estado, que mercantilizó derechos como la salud y la educación, que dejó a los peruanos sin un sistema de pensiones, que dejó la política y la democracia en las manos de los grupos de poder económico, que permitió que fuera capturada por grupos de presión, mafiosos y corruptos, que nos ha llevado a esta situación de descomposición política dramática y que se revela en estos síntomas sucesivos: todos nuestros presidentes vivos están procesados por corrupción, vacados o renunciaron.

Verónika Mendoza: "Rodos nuestros presidentes vivos están procesados por corrupción, vacados o han renunciado".

¿Se ha quebrado el orden constitucional? ¿Estamos ante un golpe de Estado y un gobierno ilegítimo? 

Claramente, porque todos los argumentos usados para consumar la vacancia se basan en falacias. Y aunque sus ejecutores se han llenado la boca con lucha por la democracia y la lucha anticorrupción, más de la mitad de ellos también están siendo investigados por corrupción. Quien ha quedado a la cabeza del Parlamento, Luis Valdez, cuenta con más de 50 procesos de investigación abiertos. Dentro de sus intereses está reformar la ley de educación para poder seguir con sus negocios de universidades truchas sin regulación del Estado. Y controlar el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder judicial para frenar las investigaciones que varios de estos políticos tienen en su contra, poder seguir apoyándose en su inmunidad parlamentaria y así evadir la justicia. Pero también están los que buscan sabotear el proceso electoral para atornillarse en el poder.

¿Qué hay detrás de estos actores políticos que parecen nuevos y no lo son?

No hay un programa común entre los que han echado al presidente, sino una confluencia de intereses particulares y corporativos. Sin embargo detrás de los actores directos, sí que hay una serie de sectores de la ultraderecha, conservadores, neoliberales, que han sido cómplices. Prueba de ello es el eventual nombramiento de Antero Flores Araoz como presidente del Consejo de Ministros, que es el mejor representante de la vieja política: conservador, de ultraderecha, racista, machista, quien hace algunos años calificó a los ciudadanos del Ande como llamas o vicuñas incapaces de emitir opinión. Es, además, abogado de quienes defienden los negocios universitarios de parte de la bancada. Merino es solo un títere de éstos.

¿Qué se puede hacer ante este escenario y qué le corresponde hacer ahora a la ciudadanía?  ¿Cuáles son los pasos a seguir legal, social y políticamente? ¿Cuál es la salida? 

Yo creo que corresponde que el Tribunal Constitucional analice esta decisión y evalúe su constitucionalidad, pero más allá de lo formal. Para la ciudadanía este Gobierno es ilegítimo, por lo tanto hay decisiones fundamentales para el país que no puede tomar, como la elección del Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver además la constitucionalidad de este acto de vacancia. Querrán intervenir el Ministerio Publico y el Poder judicial para frenar investigaciones contra sus propios miembros, cuando deberían levantar la inmunidad de los que ya están pedidos por la justicia. Querrán modificar los plazos y procedimientos del calendario electoral.

Lo que deberían hacer es preocuparse en primer lugar por la salud de los peruanos y por la economía de las familias. La única manera de fiscalizarlos es la ciudadanía organizada y movilizada de manera permanente. Y, por otro lado, este es el momento de que los ciudadanos, colectivos, organizaciones sociales, sindicales, feministas, indígenas, iniciemos un diálogo desde abajo y desde adentro respecto a qué tipo de Estado, qué tipo de democracia, de economía creemos que merece nuestro país, de cara a una nueva constitución que debería ser la que construyamos en el bicentenario de nuestra independencia que se conmemora el próximo año. Esa nueva constitución no la va a promover esta clase política de espaldas a la gente. Nos corresponde a los ciudadanos impulsarla y empezar a construir desde ya ese nuevo pacto social que refunde el Perú.

¿Quién lidera ahora mismo las movilizaciones?

La gente, los jóvenes que han salido movidos por su indignación, por un lado, pero también por su amor a la patria. Eso es lo correcto. A quienes aspiran a ser líderes o conductores de la movilización, lo que hay que responderles es que quien está conduciendo la movilización es la propia ciudadanía. Y me parece absolutamente legítimo y lo mas adecuado para recordarnos que la democracia no es solamente procesos electorales, no es solamente partidos y líderes políticos; la democracia es esencialmente protagonismo popular y ciudadano. Y esto es lo que estamos empezando a ver en el Perú y a mi me llena de esperanza. Seremos parte de esa ola democrática en defensa de nuestros derechos.

Ningún gobierno ha reconocido todavía a Merino como presidente. La economía está maltrecha. En este contexto, ¿qué es lo primero que toca cuidar o garantizar?

Lo primero y más urgente es cuidar la vida y cuidar la paz. Lo digo porque ayer ya ha habido una dura represión. Y me temo que por las características de este Gobierno ilegítimo y por el perfil del que va a adoptar su presidente de consejos de ministros hay un alto riesgo de que la represión y la violencia de Estado se recrudezcan, razón por la cual hago un llamamiento a la comunidad internacional para cuidar la vida y exigir que se respete el legítimo derecho de protesta. Que sea el pueblo peruano con su voto el que elija su próximo gobierno y no como pretenden ellos ahora con leguleyadas desde el Parlamento.

Como candidata mujer, la única feminista, ¿ve riesgos para los derechos de las mujeres con este Gobierno de facto? 

Me preocupa que el señor Merino haya juramentado en nombre de la Iglesia católica, institución que yo respeto, pero que creo que no debe mezclarse en lo absoluto con los asuntos de Estado. Y me preocupan los sectores conservadores que se están aupando a este Gobierno ilegítimo que probablemente también pretendan retroceder a nivel de derechos humanos y en particular en materia de derechos de las mujeres.

Lo que vamos a tener es un Gobierno ortodoxo en materia económica que no va a contribuir a reactivar los bolsillos de las familias que es lo que ahora los peruanos necesitamos. Es un Gobierno que va a reprimir, que va a criminalizar, que no va a defender la salud y la educación como derechos, sino como negocios, pero además son conservadores, homófobos y machistas y amenazan los derechos de las mujeres y pueblos indígenas –negando la participación ciudadana en los asuntos ambientales–. Existe el riesgo de que ese Gobierno comandado por Flórez Araoz empuje irresponsablemente la reactivación de actividades económicas sin los cuidados y protocolos necesarios para cuidar la salud y la vida.

¿A quién hace responsable de la represión de este martes? 

Al no haber un ministro del interior nombrado, toda la responsabilidad le atañe al señor Merino, de lo que ocurrió ayer y de lo que podría ocurrir en lo días siguientes porque la movilización va a continuar. Se tendrán que señalar las responsabilidades políticas y el mayor responsable político es él.

Parece momento para hablar de proceso constituyente con el impulso chileno.

Nosotros lo veníamos plateando desde la campaña anterior en el 2016. Lo que vemos es que se va convirtiendo cada vez más en un sentido común. Mucha de la gente que se manifestó ayer no solo expresó su repudio al Gobierno, sino también demandaba nuevas reglas de juego en una nueva constitución. La crisis política de los últimos años evidenciaba casos de corrupción que involucran a prácticamente toda la clase política. Por otro lado, la pandemia ha desnudado la perversidad del modelo neoliberal, que ha evidenciado la inviabilidad de este Estado decrépito, atado de pies y manos para defender derechos. Creo que esto hace que mucha más gente tome conciencia y se plantee la posibilidad más temprano que tarde.

Se reunió en los últimos días con los presidentes de Bolivia, Argentina y el vicepresidente español. ¿Qué le dijeron?

Lo que todos coinciden es en la expectativa de que el Perú también recupere su democracia y se impulse un proceso constituyente. Nos corresponde a nosotros los peruanos definirlo e impulsarlo.

¿Parece que en esta campaña ya no le van a hablar de Venezuela? 

Van a seguir estigmatizándonos con estos temas, pero la diferencia es que hoy calan mucho menos en la ciudadanía. La gente se da cuenta de que este tipo de ataques sin sustento, como vincularnos a regímenes con los que no tenemos ningún vínculo o pretender tacharnos de terroristas o enemigos del desarrollo, son simplemente intentos de la clase política tradicional para silenciar las voces que planteamos un cambio.

¿En qué tiene usted que trabajar para ser la alternativa de izquierda de estas elecciones?

Hace tiempo venimos haciendo esfuerzos por dialogar y debatir con distintas fuerzas políticas de izquierda y progresistas, distintas organizaciones sociales y sindicales para construir un programa común, reconociendo nuestra diversidad de historias, nuestros énfasis programáticos pero poniendo por delante la necesidad de un cambio profundo en el país. Hemos logrado un importante proceso de articulación en Juntos por el Perú en torno a la bandera de una nueva constitución y esperamos seguir confluyendo en torno a estas banderas.

¿Elecciones anticipadas sí o no?

Estamos a cinco meses de las elecciones y el calendario electoral ya es bastante apretado. Por procedimiento me parece difícil ya adelantarlo, lo que corresponde es garantizar que sea un proceso electoral lo mas limpio y libre posible. Pero para nosotras esto trasciende el proceso electoral. Ayer estuve en Puno conversando con unos comerciantes que me decían que para ellos un presidente u otro da igual, porque ahí no hay Estado, solo supervivencia. Y eso es expresión de lo que el Perú necesita: no solo un cambio de Gobierno sino un nuevo pacto social.

Por Gabriela Wiener

11 de noviembre de 2020 22:54h

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Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA con EPN de 2012 al 2018 (Foto: FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, versiones extraoficiales señalan que los cargos en su contra son por narcotráfico en su modalidad de distribución

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el ex Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, refirió el canciller sobre quien estuviera al frente de la SEDENA con Enrique Peña Nieto.

La revista Proceso, Milenio y el periodista Víctor Hugo Michel confirmaron que Cienfuegos Zepeda está acusado de cargos por narcotráfico y el caso está radicado en Nueva York, pues en esta ciudad habría llegado la droga que el general en retiro colaboró para distribuir. El proceso radica en la misma Corte donde fue enjuiciado Joaquín el Chapo Guzmán y actualmente se desarrollan las acusaciones contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

El periodista Víctor Hugo Michel reportó que fue la Administración de Control de Drogas (DEA) quien ordenó la detención del ex funcionario. Aunque ninguna autoridad ha dado más detalles. . Se trata del primer funcionario de este rango que en la historia de México fue detenido en EEUU por cargos de narcotráfico.

En su cuenta de Twitter, Ebrard agregó que ofrecerá más información en las próximas horas sobre este hecho.

“La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó el titular de la SRE.

“Si lo detuvieron por petición de la DEA es porque ya hay una acusación sólida sobre eso, hay que esperar porque sin duda tiene múltiples implicaciones”, dijo a Infobae México, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor y analista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede).

Aunque se trate de un ex secretario de la administración anterior, el analista aseguró que tiene varias repercusiones, la principal tiene que ver con el prestigio de las fuerzas armadas, “porque esto no sólo es un tema de Secretaría de Marina (Semar) o Sedena sino de las fuerzas armadas de México. En segundo plano, empodera al ala civil de la administración pública actual porque esta detención se da en una coyuntura donde se estaba disputando el papel de los militares en seguridad pública, evidentemente este es un golpe que mina la credibilidad institucional”.

Señaló que otra variable es cómo lo tomará el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la cercanía con las fuerzas armadas, “pero sin duda es un elemento que tienen múltiples repercusiones en la vida política nacional”.

Cabe destacar que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional es sorpresiva, pues no se tenía conocimiento de investigaciones o delitos que le involucraran, aunque tendrá la asistencia consular correspondiente, de acuerdo con Ebrard.

Ante el arresto, algunos políticos se han apresurado a señalar el vínculo con Peña Nieto y posibles delitos, por ejemplo, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Pero otros han apelado a la prudencia, pues se desconocen los cargos.

“Esta información nos agarró indudablemente de sorpresa a todos, nadie sabía nada de esto. Pero antes de apresurarnos a comentar más, debemos saber de qué tipo de delitos se le pueden imputar. Mientras tanto, yo quiero reconocer a las Fuerzas Armadas, que son una institución muy respetable y reconocida”, dijo el senador Salomón Jara, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Raúl Benítez, analista en temas de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que primero la DEA tendría que aclarar oficialmente la razón de su detención y si ya tiene algún caso en su contra o su arresto es para iniciar una investigación en su contra.

“Todos los generales deben estar muy asustados sin saber cómo reaccionar y yo creo que les va a bajar el empoderamiento de imagen que tienen de ellos mismos”, aseguró el analista.

Sobre la posible reacción del presidente López Obrador, el analista señaló que es mejor que se abstenga de emitir algún comentario hasta que no se conozca a fondo cuáles son las acusaciones y aseguró que es el primer militar de este nivel que es arrestado en el país.

El diputado Felipe Macías Olvera, del PAN (Partido Acción Nacional), coincidió en lo sorpresivo de la noticia y dijo que es algo muy grave, pues se trata de quien fuera titular de una de las instituciones prestigiosas y respetadas.

“Al mismo tiempo, reconocemos la seriedad con que las autoridades de Estados Unidos trabajan, esperemos también a que se confirme que se trata de la DEA la que solicitó la captura”, añadió Macías Olvera quien pidió respeto al debido proceso y no hacer especulaciones por la presunción de inocencia.

Acerca de la asistencia consular, Macías Olvera precisó que no se trata de que las autoridades ayuden en la defensa de Cienfuegos Zepeda, sino que se trata de cosas como proporcionar intérpretes y facilitar la comunicación entre el detenido con su familia o las personas que considere cercanas.

Sobre si esta detención afectará la imagen de las Fuerzas Armadas, espera que no. “Creo que el prestigio va más allá de una sola persona, hoy por hoy la ciudadanía tiene plena confianza en la labor del Ejército, eso trasciende más que una persona”; finalizó.

Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 noviembre 2018. Ingresó al ejército el 23 de enero de 1964 y actualmente tiene 72 años, según su perfil oficial. Se graduó del Colegio Militar en 1967, a sus 19 de edad. Llegó al máximo grado en su carrera al obtener las cuatro estrellas de general Secretario de la Defensa Nacional.

Anunció su retiro de las fuerzas armadas durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la secretaria de la Defensa Nacional el primero de diciembre del 2018.

El 20 de septiembre del 2018 fue premiado en Washington por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry.

15 de Octubre de 2020

Por Manuel Gonzáles y Juliana Fregoso


Salvador Cienfuegos, el encubridor de crímenes de lesa humanidad

Rosalía Vergara 16 octubre, 2020

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda (2012-2018), jugó un papel importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Con 72 años de edad, el extitular de la Sedena detenido hace unas horas en Estados Unidos, comenzó su carrera en el Ejército el 23 de enero de 1964. Cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional y obtuvo el grado de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional y cursó estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Guerra.

Nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México e ingresó la Ejército el 23 de enero de 1964. Estuvo activo durante 54 años.

Fue oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, comandante de la VII Región Militar en Chiapas, comandante de la I Región Militar en la Ciudad de México, comandante de la IX Región Militar en Guerrero, comandante de la V Región Militar en Jalisco, comandante de la 15/a Zona Militar en Jalisco, comandante de la 14/a Región de Infantería de Jalisco.

También fue subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subdirector general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, como director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica del Heroico Colegio Militar.

Obtuvo Condecoraciones de Perseverancia institucional, extraordinaria, especial, de primera hasta quinta Clase, de Perseverancia por la patria, al Mérito facultativo de primera y segunda Clase, al Mérito Docente y Legión de Honor.

El 20 de septiembre del 2018, en el ocaso de su mandato y en medio de escándalos y acusaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de México, Cienfuegos Zepeda, como titular de la Sedena, recibió en Washington un premio por su “liderazgo en la defensa hemisférica”.

Otorgada por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry por su contribución a la seguridad estratégica del continente, la presea le fue entregada por Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los escándalos de Cienfuegos

La madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares del 102 Batallón de Infantería, a bordo de un vehículo oficial, circulaban por la carretera Dederal número 2. Habían sido incorporados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto, al Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir al narcotráfico.

Esa noche se detuvieron en una bodega en obra negra, sin puertas, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Se registró un enfrentamiento entre militares y personas armadas que, según versiones, se rindieron.

Sin embargo, casi al amanecer, más militares llegaron al lugar, obligaron a los detenidos a hincarse, decir su apodo, edad y ocupación antes de ejecutarlos. Se contaron 22 cuerpos, según versiones de testigos de los hechos.

Cienfuegos Zepeda trató de ocultar un crimen de lesa humanidad, pero las presiones del gobierno de Estados Unidos lo orillaron a admitir que los militares a su cargo cometieron graves actos contra el derecho humano internacional.

Desde el teniente encargado hasta Cienfuegos Zepeda ocultaron las ejecuciones extrajudiciales, y aunque después aceptó que los militares cometieron exesos, no quiso investigar ni castigar a los responsables, solo removió al comandante del Batallón, el coronel Raúl Castro Aparicio, y le quitó mando operativo al comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León.

En cuanto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aunque no existe aun evidencia clara sobre la participación de miembros del Ejército durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando policías municipales desaparecieron a los estudiantes, Cienfuegos Zepeda hizo una defensa intensa del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, pues no estuvo de acuerdo en que fueran interrogados como recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en 2015.

“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué saben mis soldados? Está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, alegó entonces.

(Con información de Jorge Carrasco Araizaga y Jesús Esquivel)

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Un informe denuncia a grandes bancos por el blanqueo de sumas millonarias

Lapidario reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

Una filtración de más de dos mil documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos reveló cómo algunos de los mayores bancos del mundo permitieron que se transfirieran sumas millonarias por todo el mundo de manera fraudulenta. El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgado el domingo a partir de las mencionadas filtraciones denuncia la preocupante falta de regulaciones del sector. 

"El lucro de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos", dice la investigación realizada por 108 medios de 88 países. Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.

La investigación se basa en miles de reportes de actividad sospechosa enviados por bancos de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos. "Esos documentos, compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen la oquedad de las salvaguardas bancarias y la facilidad con que las explotan los criminales", escribió el medio digital Buzzfeed, el primero en dar a conocer el informe.

La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros. 

El más cuestionado es JPMorgan, que transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN. El análisis del ICIJ mostró además que el banco procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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El exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez (primero por la izquierda) y el expresidente de Venezuela Hugo Chávez en una visita a los trabajadores de PDVSA en Caracas en octubre de 2008.AFP PHOTO / THOMAS COEX

La fiscalía define por primera vez al cabecilla del saqueo de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal como “socio" del exministro

Rafael Ramírez

Se llamaban “empresas de maletín, carecían de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más de 2.000 millones de euros expoliados por una red de exministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) de la joya de la corona del país, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la trama que saqueó PDVSA, controló un tinglado de 100 compañías fantasma en Venezuela para ocultar la adquisición de propiedades en el país latinoamericano, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Por primera vez, el ministerio público venezolano sitúa a Salazar como “socio” de Rafael Ramírez, el que fuera presidente de PDVSA, ministro de Energía y Petróleo y hombre fuerte de los Gobiernos de Chávez.

La telaraña mercantil de Salazar se constituyó entre 2004 y 2016 y controló directamente 28 propiedades. Un apartamento junto a la paradisíaca playa de Tucacas, en el Estado de Falcón, brillaba en el emporio.

La maraña societaria tenía un denominador común: la mayoría de firmas compartían domicilio fiscal. Y 39 de ellas se encontraban en el centro de negocios de Salazar, un acristalado enjambre de oficinas en la Torre Edicampo del municipio de Chacao. Solo una de las compañías, Inversiones CS, cuyo accionista era Luis Mariano Rodríguez, primo de Salazar, tenía 11 locales comerciales a su nombre.

“La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los verdaderos propietarios”, indica la Fiscalía de Venezuela en un escrito de acusación contra Salazar y su primo José Enrique Luondo. El documento atribuye a los investigados los delitos de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales (blanqueo) y asociación.

Los investigadores descubrieron el tinglado empresarial ficticio durante las indagaciones del saqueo de la petrolera pública. Tirando del hilo, hallaron al registrar decenas de domicilios que las supuestas compañías ocupaban locales vacíos. Así lo reveló en 2017 una inspección policial a dos presuntas firmas controladas por Salazar en la Torre JWM El Rosal de Caracas.

Junto a Salazar y Luondo, las sociedades instrumentales tenían en sus órganos sociales a otros dos miembros del denominado clan Salazar, Rosycela Díaz Gil y Luis Mariano Rodríguez Cabello.

La Fiscalía de Venezuela sitúa a Salazar en el epicentro de una trama de cobro de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se valía para hacer caja de la relación con su primo Rafael Ramírez, que dirigió 12 años PDVSA. Durante este periodo, la petrolera estatal pagó 4,5 millones de euros por informes inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo.

La organización de Salazar blanqueó en Andorra –según la Fiscalía- un total de 1.347 millones entre 2011 y 2012. El dinero procedía de presuntas comisiones abonadas por compañías, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.

Contrato verbal de 10 millones

Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que otro de los miembros de la trama, el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA. Villalobos ordenó el pago a través de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un “acuerdo verbal” en enero de 2010. El exviceministro se comprometía en el acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10 millones. Parada solo cobró en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo que no deja rastro, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico procesó en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera.

A través de otra sociedad instrumental panameña, Josland Investments, Villalobos también transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, ex responsable de Proyectos de Corpolec, filial eléctrica de petrolera. Rodríguez justificó ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos servicios de asesoría. Como él, otros altos funcionarios del conglomerado energético venezolano esgrimieron este argumento para burlar los controles de prevención de blanqueo del banco. Una justificación que no convence a los investigadores.

Las pesquisas enmarcan estos pagos en un mecanismo de sobornos a cambio de adjudicación de obras. En esta línea, la trama desembolsó en la BPA 3,5 millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo del Ejecutivo de Chávez.

Un préstamo bajo sospecha

Las indagaciones también han aflorado sospechosas operaciones que tienen como protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA y PDVIC. La antigua empleada de la petrolera cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting. Los investigadores consideran que no existió tal préstamo, ya que la firma receptora del dinero tenía una liquidez de 5,8 millones. Las pesquisas conectan la transacción con un soborno. Matheus Baptista fue arrestada en España el pasado julio por su presunta conexión con la trama que saqueó la petrolera.

Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ha ordenado rastrear el patrimonio en el principado pirenaico del que fuera directivo de la filial de PDVSA Corporación Eléctrica Nacional (CADAFE), Carlos Enrique Luongo. El exdirectivo manejó una cuenta en la BPA donde cobró 172.544 euros entre 2013 y 2014 por supuestos servicios de asesoría. La magistrada también quiere cuantificar el supuesto botín en Andorra del que fuera primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pekín Luis Enrique Tenorio. La red de Salazar cobró presuntamente comisiones a empresas chinas para “facilitar” contratos en Venezuela.

La misteriosa caja fuerte de Salazar

Salazar fue arrestado en diciembre de 2017 en la cocina de una de sus tres oficinas de 600 metros de la Torre Edicampo de Chacao. Los investigadores encontraron en la caja fuerte de su dormitorio un documento de 14 páginas de un juzgado de Andorra del 30 de noviembre de 2012, cuando arrancó en el país pirenaico la investigación del expolio de la petrolera. Otro de los papeles revelaba que Salazar dio poderes en 2015 a Carlos Enrique Luongo para comprar el 80% de la firma de ingeniería de San Sebastián de los Reyes (Madrid) RLG Asociados.

A golpe de transferencias invisibles, la red de Salazar movió su botín a través de un enjambre de 40 empresas. De Andorra, un pequeño Estado en Europa blindado hasta 2017 por el secreto bancario, el dinero viajó a los paraísos fiscales de Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

Por Joaquín Gil

José María Irujo

Madrid - 12 jun 2020 - 12:47 COT

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El testaferro que desató una tormenta política en Colombia

La investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña de Iván Duque tiene al actual mandatario y al expresidente Álvaro Uribe contra las cuerdas

Un teléfono intervenido, una llamada y una presunta compra de votos en medio de la campaña presidencial de 2018 en Colombia. Son los ingredientes que han desatado una tormenta política que azota al Gobierno del presidente Iván Duque, que ganó esas elecciones en segunda vuelta. Detrás de este caso, que la Fiscalía ya está investigando, hay un narcotraficante, fallecido el año pasado, y sus presuntos vínculos con el uribismo, el ala más radical de la derecha colombiana agrupada en torno al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Todo empezó con una investigación periodística que dio a conocer la transcripción de una llamada en la que José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe y una mujer hablaban de presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. Hernández, que fue asesinado en un atraco en Brasil, era un narcotraficante que usaba como fachada negocios minoristas y la ganadería. Por entonces, estaba siendo investigado por un homicidio. En el marco de esas pesquisas, una de esas conversaciones sobre corrupción electoral quedó registrada.

El ñeñevirus, como también ha sido llamado en el país andino en referencia al coronavirus, hizo temblar los cimientos del partido que sostiene al Gobierno, el Centro Democrático, que llevó a Duque a la presidencia. El mandatario ha rechazado las acusaciones y se ha desmarcado de su relación con Hernández. Sin embargo, decenas de fotografías en eventos de la campaña publicadas por el propio narcotraficante en sus redes sociales muestran que los supuestos vínculos vienen de tiempo atrás. La prensa local, de hecho, llegó a publicar una parte del álbum privado del Ñeñe, donde aparece fotografiado junto al hoy presidente y a Uribe, entre otros políticos. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Y agregó: “Nunca supe que había investigaciones contra él y, si las hay, que las autoridades esclarezcan y rápido”.

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ganó en junio de 2018 las elecciones en segunda vuelta frente al izquierdista Gustavo Petro con un discurso centrado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El año pasado, el mandatario incluso llegó a apoyar —a diferencia de su mentor, Álvaro Uribe— una consulta contra la corrupción impulsada por la Alianza Verde y la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Además, el político adoptó un estilo de gobierno que evita el tradicional intercambio de favores entre formaciones políticas y el clientelismo, conocido como ‘mermelada’. Lo ocurrido demuestra que la relación con el expresidente Álvaro Uribe, que lleva décadas en política y tiene el control de las redes de poder, contradice el discurso público del mandatario. Y eso sucede en una etapa en la que la sociedad colombiana, que ha dejado atrás la guerra con las FARC aunque todavía convive con el problema de la violencia, busca renovarse y tiene cada vez menos tolerancia hacia la corrupción.

Primer paso

El escándalo ha ido creciendo poco a poco a medida que aparecen pruebas que muestran como el difunto narcotraficante se movía con soltura en círculos de poder. Una de ellas es que Hernández se trasladaba en aeronaves del Ejército. Las fuerzas militares emitieron un comunicado en el que admitieron este hecho, aunque se escudaron en que “para la fecha el señor Hernández era conocido como empresario del sector ganadero y miembro de una familia tradicional del Cesar (norte de Colombia)”. Se trata del mismo argumento al que recurrió el expresidente Uribe, que, cuando Hernández fue asesinado en Brasil, expresó su lamento a través de Twitter. “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera”, escribió.

Uribe, en cualquier caso, tuvo que reconocer que la mujer con la que habla Hernández en esa conversación intervenida era María Claudia Daza, una integrante de su equipo en el Senado. Poco después de que el expresidente admitiera el hecho, ella renunció y salió del país. Mientras tanto, los periodistas que destaparon el caso, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, denunciaron ser víctimas de espionaje y seguimientos.

Ante estas circunstancias, en las que aún hay muchas dudas que despejar, la justicia ya ha dado el primer paso. La Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, que es amigo personal de Duque, decidió abrir una investigación preliminar y envió copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral. El objetivo, de momento, es que estos organismos, “según sus competencias, indaguen sobre el contenido de varias interceptaciones hechas a un número telefónico vinculado a la investigación”.

La Procuraduría también abrió una investigación a propósito de los desplazamientos de Hernández en aeronaves de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, Duque, sobre quien arrecian las acusaciones de la oposición, acaba de volver de una gira internacional por Nueva York y México y trata de centrar la agenda en otros asuntos urgentes. Su Gobierno tiene que afrontar la emergencia del coronavirus y cabe esperar que en los próximos días toda la atención pública se concentre en esa crisis.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 11 mar 2020 - 22:50COT

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El gobierno venezolano ordenó la detención de dos gerentes de PDVSA

Los acusa de entregar información confidencial a Estados Unidos

Las sanciones de Washington contra la petrolera estatal constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano anunció este lunes la detención de dos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a quienes acusó de espiar para Estados Unidos y entregar a este país "información estratégica, sensible y de carácter confidencial". En ese sentido, la comisión presidencial denominada Alí Rodríguez Araque, le solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación penal sobre ambos funcionarios. Debido al fuerte impacto de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, la reorganización de la empresa estatal venezolana. Maduro también designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas importantes de la compañía. Las sanciones de Washington contra PDVSA constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente venezolano.

A través de un comunicado de la comisión Alí Rodríguez Araque, constituida hace casi dos semanas por el presidente Nicolás Maduro para reformar la industria petrolera venezolana, se informó que los detenidos responden a los nombres de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes eran "gerentes de operaciones especiales y de operaciones de crudos", respectivamente.

"Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de Estados Unidos (...) para con ello agredir a nuestra industria petrolera a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones", dice el comunicado.

De acuerdo al texto, las detenciones tuvieron lugar el pasado viernes 28 de febrero. A los detenidos también se los acusa de suministrar "datos" de las operaciones en Venezuela de los socios comerciales de PDVSA. Los dos gerentes "suministraron datos sobre las operaciones y capacidad logística de PDVSA, así como la actividad de venta y comercio del petróleo venezolano", agrega el documento.

La comisión calificó estos presuntos hechos como una "miserable traición", y solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación que determine responsabilidades para que se aplique "todo el peso de la ley". Por sus acciones de espionaje, Chirinos y Torrealba recibieron la calificación de "colaboradores de alto nivel" de parte del gobierno de los Estados Unidos. 

"Esta Comisión Presidencial manifiesta su compromiso en empeñar todo su esfuerzo en la necesaria transformación revolucionaria de nuestra industria petrolera (...) acciones de esta naturaleza son totalmente opuestas al compromiso patriótico de la clase trabajadora petrolera", concluye el documento.

En las últimas semanas, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Venezuela y PDVSA para intentar forzar la salida del poder del mandatario socialista. Una prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar con crudo venezolano permanece vigente desde abril de 2019.

Bajo la presión de las sanciones de Washington a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, que encabece una comisión destinada a reorganizar a la empresa venezolana. Ese mismo día declaró la emergencia de la petrolera estatal.

La nueva comisión también estará integrada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y su número dos, Remigio Ceballos, para que sumen "todo el poder" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y "además garanticen la seguridad de todas las instalaciones con un plan nuevo". El actual ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, también formará parte del equipo de trabajo.

En febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó por narcotráfico a El Aissami tras una larga investigación que llevó al Departamento del Tesoro a determinar que juega "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos" con destinos que incluyen México y Estados Unidos.

El sábado pasado, en otro intento por revalorizar PDVSA, Maduro designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas clave: exploración y producción, refinación, comercio y finanzas. La producción petrolera de Venezuela inició 2020 a la baja, al cerrar enero en 882 mil barriles por día, 25 mil menos que en diciembre, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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