Lula da Silva: "Yo ya probé que es posible construir un país mejor"

El expresidente de Brasil apuntó al actual mandatario y antagonista. "Tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

Escoltado por "brigadistas" del Movimiento de los Campesinos Sin Tierra Lula, Luiz Inácio Lula da Silva dejó la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba luego de 580 días de reclusión que lo convirtieron en el preso político más notorio del mundo. Eran las diecisiete y cuarenta y dos de un día histórico. "Lula guerrero, del pueblo brasileño" fue una de las consignas más repetidas por los militantes conmovidos de quienes el líder recibía abrazos, palmadas y palabras de aliento. Vistiendo saco y remera negros saludaba a sus compañeros con el gesto concentrado, probablemente escogiendo las palabras de su primera alocución en la que le apuntó a dos blancos preferenciales: Jair Bolsonaro y Sergio Moro. A ellos se refirió en el discurso pronunciado a unos cuantos metros del reclusorio policial y luego volvió a citarlos, durante un mensaje que envió desde el vehículo a bordo del cual dejó el evento acompañado por su novia Rosángela, con la que prometió casarse.

En el palco lo acompañaron la titular del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann y el ex candidato Fernando Haddad, su bendecido en las elecciones anómalas de octubre del año pasado, de las que fue proscripto.

"Salgo con mucha voluntad de volver a luchar".

"Vi en la televisión los datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), después de que fui preso Brasil empeoró, el pueblo no tiene más trabajo, el pueblo trabaja en Uber, el pueblo trabaja en bicicleta para entregar pizza, y me enteré de que no va a haber aumento del salario mínimo por dos años, yo no tengo rabia de nadie, tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

El diario Folha de San Pablo documentó que el mandatario miente o falsea datos una vez cada cuatro días desde que asumió en enero pasado. La última vez fue esta semana cuando anunció que tres multinacionales dejarían Argentina para instalarse en Brasil.

"Yo ya probé que es posible construir un país mejor, con más salario, con más calidad de enseñanza, yo tengo la convicción de que el pueblo pobre es la fuente para recuperar al país cuando se lo incluye en el presupuesto".

Citó al juez de Lava Jato, Sergio Moro, y el jefe de los fiscales de ese proceso, Deltan Dallagnol, incluyéndolos en "el lado podrido de la justicia, el lado podrido del ministerio público" conjurados para "criminalizar a la izquierda, al PT y a Lula".

El jueves el Supremo Tribunal Federal determinó por seis votos a cinco, que el exmandatario sea puesto en libertad durante una audiencia de casi ocho horas en la que no faltaron críticas, de algunos jueces, al "marketing" y los "abusos" de Moro y Dallagnol, funcionarios judiciales del interior proyectados a la escena nacional gracias a su condición de perseguidores de Lula.

Para ambos el fallo del Supremo significó una derrota considerable. Lo mismo cabe para Bolsonaro quien había prometido que su principal adversario político se iba a "pudrir en la cárcel". El regreso de su antagonista dejó sin palabras al dirigente ultraderechista que prefirió salir de Brasilia para encabezar un acto con cadetes de la policía federal en el estado de Goias. De aquí en más el presidente tendrá que enfrentar al único político capaz de galvanizar la oposición y plantarle cara.

Caravanas

Lula comenzó a delinear, en su primer discurso a cielo abierto, los puntos fuertes de su estrategia.

Necesitará calibrar la nueva realidad del país, de la disposición de lucha de los trabajadores, clases medias, estudiantes y las alianzas a ser construidas.

El Brasil actual no es el mismo del 7 de abril del año pasado cuando fue detenido con la complicidad del Supremo Tribunal Federal que esta semana permitió su excarcelación.

Este sábado volverá a San Bernardo do Campo para reencontrarse con sus compañeros del sindicato de los metalúrgicos a donde estuvo alojado hasta el momento de su detención por parte de efectivos de la policía federal. Allí se forjó como líder sindical en los años setenta antes de fundar el PT y lanzarse a la vida partidaria. Habrá que prestar atención a ese discurso y a los símbolos a los que eche mano este político sagaz. Su año y medio como preso político lo convirtieron en una leyenda y agigantaron su estatura internacional.

Se espera que en los próximos días o semanas retome las caravanas por el país suspendidas con su arresto. Fuentes del PT comunicaron que se adoptarán medidas de seguridad redobladas, y recordaron que el año pasado un convoy fue baleado mientras recorría el interior del estado de Paraná.

Desde su entorno dejan trascender la idea de construir un frente de fuerzas democráticas, en el que se contemplan incluso partidos de centro, para antagonizar con el régimen. Explican la importancia de impedir la deriva autoritaria a la que conduce Bolsonaro en su alianza con Moro, las "milicias" paramilitares y las corporaciones armadas aunadas para imponer manu militare un modelo neoliberal a la chilena. El propio Bolsonaro anunció haber dado instrucciones al Ministerio de Defensa para poner en alerta a las tropas a fin de responder a protestas como las que arrinconaron aSebastián Piñera. El chileno es uno de los pocos aliados latinoamericanos del ocupante del Palacio del Planalto.

Una de las preguntas surgidas por estas horas era si el jefe petista tendrá autorización judicial para asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández el 10 de diciembre en Buenos Aires. A la que no irá Bolsonaro, convertido en un paria de la comunidad internacional.

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Tribunal Supremo anula prisión en segunda instancia y Lula podría ser liberado

Por 6 votos contra 5, la Corte brasileña siguió el principio constitucional que garantiza presunción de inocencia

Por mayoría, el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó este jueves (7) la ejecución de pena después de condena en segunda instancia. Iniciado el 23 de octubre, el juzgamiento se cerró con un marcador de 6 a 5 a favor de la posición, expresa en la Constitución brasileña, de que la prisión de un acusado sólo puede ser autorizada después de agotar todas las instancias.

Considerada la decisión más importante de este año, podrá resultar en la liberación de casi 5 mil personas encarceladas sin condena en firme, entre ellas el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde abril del año pasado.

El Tribunal Federal Supremo deberá aún debatir como tal decisión será puesta en práctica. Hay divergencias, por ejemplo, sobre si la libertad debe ser decretada automáticamente por la propia Corte Suprema o evaluada por los jueces de ejecución penal caso por caso, pudiendo convertir el cumplimiento de pena en prisión preventiva.

Los votos

En la sesión de este jueves –la tercera de la Corte dedicada a analizar el tema–, iniciada con un marcador parcial de 4 a 3 a favor de la prisión después de segunda instancia, votaron Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello y el presidente de la Corte, Dias Toffoli.

Carmen Lúcia reiteró su posicionamiento tradicional con relación al tema, votando a favor de la prisión después de condena en segunda instancia.

Gilmar Mendes presentó un voto en que explicó la evolución de su posición, ya que, en el pasado, votó a favor de la prisión en segunda instancia y, este jueves, consolidó sus críticas más recientes a la medida.

Siendo el único además de Toffoli en citar el “caso Lula”, Mendes, que se mostró simpático a la idea de prisión en tercera instancia, afirmó que la actuación del Superior Tribunal de Justicia en el proceso del petista también influenció en su cambio de posición.

“El caso Lula contaminó la discusión. Eso no contribuyó para el debate racional. Puedo ser sospechoso de todo, menos de ser petista. El caso Lula muestra como el sistema funciona mal. Y aún no estoy hablando deThe Intercept. El combate a la corrupción se debe hacer dentro de los marcos del debido proceso legal”, dijo.

Celso de Mello, que votó después de Mendes, también fue contrario a la prisión después de segunda instancia. El afirmó que, a pesar de la gravedad de la corrupción en el país, las directrices establecidas por la Constitución deben ser plenamente observadas, contrariando también algunos argumentos de defensores de la medida.

Dias Toffoli, último en votar por ser presidente de la Corte, inició su posicionamiento afirmando que la cuestión técnica en los presentes procesos es la adecuación de las reglas del Código de Proceso Penal a la Constitución.

En ese sentido, afirmó que la "voluntad de los representantes del pueblo" estaba de acuerdo con el texto constitucional al establecer el agotar todas las instancias como marco. Indicó, por otro lado, que no vería problema en caso de que el Congreso desee, a futuro, modificar ese momento procesal.

Lula

En una nota divulgada enseguida de terminada la sesión, la defensa del ex presidente informó que, con base en la decisión del STF, ingresará este viernes (8) un pedido de liberación inmediata de Lula. La decisión de ingresar el pedido habría sido tomada después de conversar con el ex presidente.

Por ley, Lula ya podría estar en régimen semiabierto, pero se había negado a pedir la conmutación de pena por entender que eso heriría su dignidad. "Quiero que sepan que no acepto regatear mis derechos ni mi libertad”, afirmó Lula en esa ocasión.

"Necesitamos recuperar el espíritu rebelde del pueblo", dijo Lula a BdF; lea la entrevista completa

Este jueves, los abogados del petista, Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins, también afirmaron que van a reiterar la solicitud para que el Tribunal Supremo juzgue los habeas corpus que piden la nulidad del proceso alegando la "improbidad del ex juez Sergio Moro y de los fiscales de la Operación Lava Jato, entre otras innumerables ilegalidades".

Primer día de votación

El relator del caso, Marco Aurélio Mello, votó contra la prisión después de condena en segunda instancia. En la ocasión, él afirmó que la armonia entre el Código de Proceso Penal y la Constitución es "completa", así, la prisión sólo es posible después de agotar todas las instancias, o sea, después del fin de todos los recursos.

Alexandre de Moraes presentó un posicionamiento divergente. El apuntó que la posición a favor de la prisión en segunda instancia prevaleció por veinticuatro años y comenzó con la promulgación de la Constitución de 88.

Edson Fachin y Luís Roberto Barroso siguieron la posición de Moraes y el primer día de votación cerró con marcador de 3 a 1.

Segundo día

En el segundo día de votación, 24 de octubre, la expectativa era en torno al posicionamiento de Rosa Weber. Eso porque, en el juzgamiento del habeas corpus del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ella cuestionó el tema.

“El STF es el guardián de la Constitución, no su autor. Cuando el juez es más rígido que la ley, es injusto. No fuimos investidos de autoridad para declarar inconstitucional a la propia Constitución”, dijo Weber al posicionarse hoy por agotar las instancias.

En la misma fecha, Luiz Fux votó por la prisión después de condena en segunda instancia, mientras que Ricardo Levandowski se alineó con Rosa Weber, conformando 4 votos a 3 contra la interpretación literal de la Constitución.

Prisión después de segunda instancia

La mayoría de los magistrados del Supremo decidió, en 2016, que la Justicia podría pedir la prisión de acusados cuya condena fuera confirmada en segunda instancia. El inciso 57 del artículo 5º de la Constitución afirma, mientras tanto que, “nadie será considerado culpable hasta agotar todas las instancias de sentencia penal condenatoria”.

En comunicación con Brasil de Fato, juristas calificaron la prisión después de la condena en segunda instancia como “violación expresa, clara y frontal” de la Constitución y del Código de Proceso Penal y hasta incluso como una interpretación que “viola la lógica” fruto de un “debate vulgar”.

Por Rafael Tatemoto

Brasil de Fato

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El pleno de la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. La votación para abrir al público las investigaciones fue de 232 demócratas a favor por 196 republicanos en contra. "De lo que se trata es de saber la verdad. Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia", sostuvo la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi.Foto Ap

Nueva York. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo cual se podrá ver por televisión en vivo.

Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, la resolución aprobada ayer establece los parámetros y procedimientos para abrir por primera vez la fase pública de las indagaciones.

La decisión del liderazgo demócrata de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.

La resolución adoptada ayer, por el voto dividido de 232 demócratas (dos votaron no) contra 196 republicanos presentes, establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que entregará al Comité Judicial.

Será ahí donde por primera vez, abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias. Según las reglas, el Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”.

Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached.

Pero eso sólo implica que fue formalmente acusado, no destituido. Lo segundo depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.

En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana.

Por ahora los pronósticos son que Trump será impeached, pero que el Senado lo absolverá y se mantendrá en el cargo, lo cual ocurrió en el caso de Bill Clinton, en 1998.

Vale subrayar que –como enfatizó la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi–, lo que se votó ayer no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, y con ello determinar si se procede hacia el juicio contra el mandatario.

Pelosi advirtió, al convocar el voto, que este es un paso "solemne". A la vez, ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, declaró que "no sé por qué los republicanos temen la verdad". En su discurso ante el pleno sobre el voto, afirmó: “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadunidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.

No sorprendió el que Trump usara su cuenta de Twitter para declarar que todo esto “es la Cacería de Brujas Más Grande en la Historia de America” –así, todo en mayusculas– mientras su Casa Blanca y múltiples republicanos calificaran el proceso de ilegítimo. "Los demócratas están intentando destituir al presidente porque temen no poder derrotarlo en las urnas", acusó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.

Pero tal vez el impacto más importante de abrir el proceso al público es que esto se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, Watergate en los años 70.

Nuevos testigos

Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.

La investigación de los demócratas en la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con más de una docena de testigos hasta la fecha –entre ellos diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca–, y documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera "el favor" de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.

Los investigadores de la cámara baja ahora han solicitado la comparencia del ex asesor de Seguridad Nacional y otros dos altos funcionarios de la Casa Blanca para la próxima semana, aunque pocos esperan que se presenten de manera voluntaria.

Próximamente se estrenará en vivo el proceso de impeachment, y Trump, el ex famoso conductor de su reality show El Aprendiz, que concluía cada noche con un concursante despedido por él, ahora será sujeto a otro tipo de programa con consecuencias reales que incluyen –aunque por ahora permanece como posibilidad muy remota– su propia despedida.

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“Nosotros no nos acomodamos a este Estado corrompido…”

Los daños ambientales ocasionados por el desastre de Hidroituango implican, además de los más evidentes, la revictimización de las comunidades que en 1997 fueron desplazadas por los paramilitares, a través del Bloque Minero; comunidades que ahora luchan por no desaparecer de sus territorios. Para los campesinos la organización y la persistencia son fundamentales para la permanencia en la región.

 

La primera vez que vi a don Pedro Fonnegra fue durante una de las sesiones de la mesa técnica instalada por la Fiscalía y la Procuraduría General frente al caso de Hidroituango*; allí también estaba don William de Jesús Gutiérrez (Ver recuadro). Escuchar las palabras hiladas con dolor, rabia y dignidad que pronunciaba don Pedro frente al Fiscal de turno y a los abogados de EPM, me hicieron olvidar que estábamos en ese lugar para cubrir la noticia para desdeabajo; cuando volví a conectarme con mi tarea, rápidamente comencé a grabar aquel discurso del que únicamente logré retener alguna parte:

“[…] Cuando yo nací en mi territorio, en el río Cauca, la abundancia de peces, ustedes que no lo vivieron no se lo imaginan, pero vea caballeros, ver una subienda de peces treinta años atrás era ver como las comunidades que esperábamos ansiosas esos bancos de peces saltábamos de alegría y podíamos tirar arrayaos de 40, 50 y 100 bocachicos que pesaban entre 3, 4 o 5 libras.

La contaminación que nos han arrojado las ciudades, las industrias, eso que ustedes llaman desarrollo, ha ido matando poco a poco el alimento de los miles que ustedes ven como miserables y que nos han sumergido en el olvido y que nos han despojado poco a poco mientras nosotros sobrevivimos en nuestros territorios.

Que tristeza es saber que seres eruditos y llenos de conocimiento, que adquieren en las grandes universidades, van desplazándonos y arrebatándonos poco a poco lo poquito que tenemos en nuestras tierras. A ustedes no les interesan las comunidades y mucho menos aquellos que han vivido como pescadores y barequeros ancestralmente.

Nosotros no nos acomodamos a este Estado corrompido que no respeta al niño, al joven, al anciano, que no respeta a nadie, porque el salario mínimo en Colombia da vergüenza, la salud da vergüenza, la educación también y la vivienda peor, o ¿es que ustedes no se han asomado a los rincones donde nos tienen viviendo en la miseria? Me imagino que no, porque esos medios de comunicación que ustedes financian simplemente presentan un país lleno de hermosura, y ustedes inflan las cifras para decir que el bienestar del pueblo colombiano es una maravilla.

¿No les da vergüenza ver como los corruptos que nos gobiernan se roban miles y miles de millones, y simplemente se les vencen los términos o les dan la casa por cárcel, mientras que nuestros compatriotas se mueren en las puertas de los hospitales porque no los atienden?

¡Hagan justicia para las comunidades que están sufriendo! ¿Ustedes se han dignado ir al bajo Cauca para mirar lo que quedó de nuestro querido Puerto Valdivia? Allá hay miles de compatriotas que lo perdieron todo, que, aunque tenían viviendas indignas, casi miserables, esas eran sus casas, ¿se imaginan lo que puede sentir un campesino o una campesina que pierda su vivienda por indigna que sea, pero que es lo único que tiene? ¿Cuántas serán las ganas que tienen de volver, pero que el miedo no los deja porque esa represa es una amenaza?
¡Hidroituango es una amenaza! Eso no es como dicen aquí, que allá en nuestra región no hay ningún problema. Es que coger una montaña a punta de dinamita, como cogieron en Ituango, eso nunca va a quedar lo mismo, ¿por qué no vacían esa represa para saber en que estado está? En medio de ese montón de agua ¿qué van a evaluar?”.

Ninguna persona en el auditorio podía expresar palabra o sonido alguno. El Fiscal, con los ojos desorbitados, trataba de retomar las riendas de la mesa técnica, mientras que los funcionarios de EPM se miraban entre sí quizás para evaluar el estado de sus cuerpos ante aquel tanque de misiles que por suerte no les destruyó ninguna parte física, pero quizás sí tocó un poco de su inconsciente humano.
La audiencia terminó y caminé para acercarme al grupo de delegados del Movimiento Ríos Vivos, allí Isabel Cristina Zuleta me presentó a don Pedro y a don William, cruzamos algunas palabras, organizamos los equipos de video, algunas maletas y nos fuimos de la Procuraduría para realizar una entrevista de la situación actual de Hidroituango y las comunidades que viven cerca a la represa**.

La muerte de un ser generacional

Aquella tarde bogotana, el viento soplaba tan fuerte que las manos recias y fuertes de aquellos pescadores temblaban de frío, pese a que se encontraban arropados con sus chaquetas y bufandas. La voz fuerte que habíamos escuchado en el auditorio flaqueaba ante el helado frío que lo azotaba, así que decidimos irnos para un apartamento.

La cámara y el micrófono no lo intimidaban en absoluto. Allí don Pedro nos volvió a sorprender con su palabra que nos trataba de explicar lo que significaba la muerte de una parte fundamental de la vida de los seres que habitamos el planeta:

“Soy del municipio de Valdivia-Antioquia, soy barequero, pescador de subsistencia, albañil, campesino y un eterno enamorado de la vida, de la naturaleza y de todo lo que la rodea. Hago parte del Movimiento Ríos Vivos y estamos en una lucha que nos ha generado no solo el conflicto social que vive el país sino contra Hidroituango que nos desgració la vida completamente con su llegada; nos arruinó como personas, no solamente a nosotros sino a nuestros descendientes, porque mataron a un ser vivo que nos ha alimentado por generaciones.

Decirle que nos están matando al río sería algo que suena muy liviano porque si usted hubiera visto lo que a mi me tocó ver seria muy distinto este diálogo, porque es que la vida que generó el río Cauca es algo que no tiene el ser humano palabras para expresarlo. Si yo que ya lo conocí sucio me tocó conocer bagres de 75 kilos, doradas de 12 a 15 libras, picudas, barbudos, blanquillos, comelones, moncholos, mazorcos, arencas, bocachicos, jetudos, mejor dicho, un poco de especies que en este momento básicamente están que desaparecen.

A mí siempre me ha encantado la pesca, y más que comer lo que me gusta es pescar, y aunque soy un campesino que muy pocos estudios tuvo, básicamente nada, he tenido como ese sentir que la misma naturaleza me dio de respetar los animales, entonces yo siempre que voy al río suelto el pescado más pequeño, solo cojo el que me voy a comer, o sea siempre trato de ser muy respetuoso”.

No solo nos contó eso, también nos dijo que se sentaba horas en medio del río para observarlo y sentir el fluir del agua mientras pescaba. También, aunque sin quedar registro de ello, nos contó que el río tiene música en su interior y que de él nacen canciones.

Ser vocero y la construcción de la organización social

A don Pedro no tuvimos que hacerle muchas preguntas sobre lo que pensaba, él iba tejiendo con su palabra las respuestas de muchas cosas que queríamos saber, por ejemplo, nos fue explicando lo que para él significaba ser un vocero, así como su visión del país:

“Aquí todos tenemos todas las ganas de vivir, las ganas de luchar y las ganas de servirle a una comunidad de desarraigados, de ninguneados, de pisoteados que no tienen voz; poder ser un vocero de las comunidades, y poder decirles a estos verdugos lo que sentimos las comunidades por lo que nos están haciendo, para mí es muy satisfactorio.
Desde mi forma de mirar, lo que hay en Colombia es una farsa, aquí se dice ser un país demócrata pero la democracia no existe, aquí el pueblo no manda, aquí los que mandan son los mandamases, esos que nos mandan a asesinar. Yo vivo en un territorio donde la vida no vale nada, y claro que a uno le da miedo, pero ya como que uno se acostumbró a vivir con el miedo.

Yo siempre fui muy inquieto, desde muy joven, pero siempre guardé silencio y me comí el cuanto de que la sociedad va a cambiar. Cada cuatro años les creía a esos personajes que hacían política y nos prometían que íbamos a tener salud, educación, que ahora sí se iba a componer la vivienda y que por fin íbamos a vivir muy bueno, pero hace algunos años deje de creerles.

Las comunidades nos hemos visto obligadas a ser parte de una organización social. Cuando llegó Hidroituango a nuestras zonas no nos quedó otro camino que organizarnos como comunidades. Este proceso ha sido muy complicado porque en el encuentro vamos encontrando muchas diferencias como personas, y como hemos recibido esa educación de sometimiento, esa educación de un arraigo a unos colores políticos que son los que mandan, a un tipo de religión que nos enseñaron, entonces pareciera que nos da briega crecer como organización, porque tenemos mucho arraigo en lo que nos han impuesto como pueblo.

Entonces, el Movimiento Ríos Vivos ha sido muy beneficioso dentro de las comunidades porque, poco o mucho, hemos aprendido y estamos en ese proceso, aquí ninguno nació aprendido, míreme a mí que ya casi soy viejo y estoy aprendiendo”.

Un aliento para la vida

Al terminar la entrevista con don Pedro, don William e Isabel, quedamos asombrados de la dura lucha que han tenido que llevar estas comunidades que hoy se enfrentan a parte del poder económico del país y de la región antioqueña. Luego de esta conversación empacamos nuestros equipos y nos despedimos con una inmensa alegría, pues era alentador ver como en medio de sus palabras de tristeza y dolor existía una profunda rebeldía y dignidad que se empecina por cuidar los territorios y defender la vida.

Conocer a estas personas, poder escucharlas y conversar con ellas, me permitió conocer a un movimiento frágil, pero con raíces profundas que van abriendo camino para otros mundos. Sus historias son el reflejo de una Colombia herida que lleva siglos tratando de encontrar los caminos para por fin vivir una realidad distinta. Nuestra labor terminó con la importante tarea de seguir juntando historias y procesos, generar confianzas para así ir avizorando otros futuros posibles para este pueblo que tanto lo necesita.

 

* En esta mesa ambas instituciones analizan los impactos ambientales, irregularidades contractuales del proyecto, con el fin de definir la continuidad o suspensión del mismo. En las sesiones participan representantes de la comunidad afectadas por Hidroituango y que hacen parte del Movimiento Ríos Vivos, y también funcionarios que representan a la empresa EPM.
** Para ver entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=m6hI3ZjTiJ0

 


 

Recuadro


Guardián del río Cauca

 

Don William de Jesús Gutiérrez, es el presidente de la Asociación de Mineros y Pesqueros Artesanales de Puerto Valdivia, y hace parte de los guardianes del río Cauca. Él nos respondió cuáles son las principales afectaciones que dejó Hidroituango y lo que más extraña de su región.

“Las afectaciones son demasiadas, acabó con la parte moral, psicológica, el arraigo de las personas en la zona, acabó con la pesca, el bareque, la fauna, el ambiente, con la parte ancestral –como las yerbas medicinales–, porque nosotros ahí teníamos de toda clase de yerbas para tratar nuestras enfermedades y en este momento no hay nada. Cuando hablan de afectaciones me confundo, porque es que son tantas...

El Estado nos tiene abandonados, nos tiene repitiendo una clase de afectaciones. Nosotros somos desplazados de 1997 por el Bloque Minero y ahorita nos desplaza Hidroituango, y el Estado no ha puesto manos en el asunto […]; el desplazamiento del Bloque Minero fue duro, pero la gente volvió al territorio, con miedo, pero volvió, pero es que ahorita no hay formas, este desplazamiento saca gente es sacada, perdiendo todo lo que dejó en su territorio […], a las gentes y a las comunidades aguas abajo nos tienen abandonadas, no nos tienen acabadas porque ahí estamos dando la lucha y la pelea.

Lo que más extraño de mi territorio son los llegaderos. Yo me acuerdo que cuando tenía 10 años mi papá nos decía “bueno muchachos, vamos para el pueblo”, entonces ensillábamos unas bestias y otras llevaban el café, el frijol y el maíz, y llegábamos a una parte que se llama la Guamera –entre los límites de Valdivia e Ituango–, ahí había un llegadero, entonces mi papá decía “bueno, vamos a rejuntar las cargas aquí”, y lo bonito era que en una hora que estábamos allí llegaban diferentes arrieros y poníamos las mulas a descansar y todos destapábamos las jarapas que nos echaban de la casa. Hoy en día yo paso por ese sitio y me da nostalgia, y mucha tristeza. porque eso se veía bonito, me da nostalgia saber que ya no voy a volver a estar ahí sentadito con todos los arrieros comiéndonos la jarapita que nos echaban con arroz, yuca, plátano y gallina”.

Publicado enEdición Nº262
El cardenal cardenal Angelo Becciu y el papa Francisco

Por primera vez en la historia, la Gendarmería vaticana ha requisado documentos en la Secretaría de Estado para investigar un fondo de inversión británico alimentado con dinero de la Iglesia. Se trata del desvío de millones de euros del Óbolo de San Pedro, que las iglesias dan al Vaticano para caridad, hacia una sociedad con sede en Luxemburgo. La trama señala al poderoso cardenal Angelo Becciu y ya ha provocado la dimisión del jefe de seguridad del Papa.

Sloan Avenue, 60. Barrio de Chelsea, Londres. El ladrillo reluciente de este remozado palacio en uno de los barrios más caros de la ciudad es el epicentro de una trama corrupta digna de El Padrino, que por el momento se ha cobrado la dimisión del jefe de seguridad vaticana, Domenico Giani, después de veinte años siendo la sombra de tres papas. El edificio londinense, propiedad del Vaticano, costó 200 millones de euros. 200 millones que salieron del dinero de la Iglesia católica para los pobres .

Los dineros vaticanos siempre han estado rodeados de misterio, luchas de poder, odio e incluso muerte. También en Londres, el 18 de junio de 1982 apareció ahorcado en el puente de Blackfriars Roberto Calvi, apodado 'el banquero de Dios', después de haber financiado, junto al todopoderoso arzobispo Marcinkus, fondos del IOR (Banco Vaticano) y el Banco Ambrosiano que, en muchas ocasiones, se destinaron a la mafia o las operaciones anticomunistas que Juan Pablo II fomentó en Polonia. Este sangriento episodio aparece retratado en la última entrega de la trilogía de Francis Ford Coppola, en 1990.

Bertone, Becciu y la AIF, involucrados

37 años después, la capital británica vuelve a ser protagonista de intrigas vaticanas. Este escándalo financiero implica el dinero del Óbolo de San Pedro, que las iglesias de todo el mundo entregan al Vaticano para obras de caridad del Papa y que se desviaron para negocios turbios que involucran el pontificado de Benedicto XVI –y a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone–, pero también al actual prefecto de Causas de los Santos, Angelo Becciu. Resucitan además otra polémica de comienzos del papado de Francisco: el 'Vatileaks II', que llevó a juicio al español Lucio Ángel Vallejo Balda y a su colaboradora Francesca Chaouaqui, así como a dos periodistas italianos, Gianluiggi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, acusados de filtración de documentos.

Este último ha sido quien destapó el último escándalo desde las páginas de L'Espresso, a través de los máximos responsables del IOR y de la Oficina del Revisor General vaticano. Ellos advirtieron en junio al Papa de posibles delitos financieros que podrían implicar a varios trabajadores de la Secretaría de Estado y de la Autoridad Internacional Financiera (AIF), órganos que supuestamente estarían detrás del trabajo de transparencia financiera del Vaticano.

De hecho, entre los acusados está Tommaso Di Ruzza, presidente de la Agencia de Información Financiera, encargada de controlar los blanqueos de capitales. Los lazos entre los responsables del dinero vaticano y los poderes económicos italianos es evidente. Ruzza es yerno del ex gobernador de la Banca d’Italia, Antonio Fazio.

Otro investigado es monseñor Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación, los 'ojos' del Vaticano para sintetizar lo que sucede fuera y para orientar al departamento de Comunicación.

Carlino fue hasta el año pasado secretario del cardenal Becciu. Los otros tres encausados son Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; y una empleada de la administración, Caterina Sansone.

El 'pecado' de la filtración

"Al día siguiente de la divulgación de la nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las personas sometidas a las investigaciones han sido objeto de un verdadero escándalo mediático con la publicación de sus fotos, a pesar de que todavía no se han determinado las posibles responsabilidades", lamentó oficialmente el Vaticano. "Las personas involucradas en la investigación tenían y tienen derecho a ser respetadas por su dignidad como hombres y mujeres, ya sean sacerdotes o padres y madres de familia", sostiene.

El Papa se mostró furioso por la publicación de la noticia sobre la investigación, que llegó a ser calificada de 'pecado mortal'. El Vaticano mantiene una difícil relación con Fittipaldi, el periodista que la publicó, desde que fue exonerado de ser juzgado en el caso Vatileaks II.

De hecho, la filtración de los nombres de los investigados provocó la renuncia de Domenico Giani como Comandante de la Gendarmería Vaticana. Fuentes cercanas al Papa ven su cese como una estrategia para eliminar a algunos colaboradores del Pontífice, entre los que se encontraba Giani, y miran al cardenal Becciu y al 'clan de los italianos' como artífices de una trama para evitar perder el control de la Curia, y de sus fondos.

En todo caso, Francisco ha querido dejar clara su confianza en Domenico Giani, a quien visitó en su casa, y que podría ayudarle a continuar con su política de transparencia en la Santa Sede, bien desde fuera, bien desde algún puesto pontificio creado específicamente para él.

Fondos de inversión en Italia, Rusia, Malta o Jersey

¿Pero qué ha sucedido en Roma para que, por primera vez en la Historia la Gendarmería vaticana entrara en la Secretaría de Estado y se incautara de cientos de folios de documentación, ordenadores, tablets y teléfonos móviles? La investigación apunta a un fondo británico, gestionado por oscuros monseñores vaticanos, que tras el referéndum del Brexit sufrió pérdidas millonarias.

No sólo eso: está detrás de transacciones financieras entre Roma, Londres y Luxemburgo en los últimos ocho años, que llevaron el dinero vaticano a fondos de inversIón controlados en Italia, Rusia, Malta y Jersey. Según apunta Fittipaldi, entre unos y otros llegaron a invertirse hasta 800 millones de euros provenientes del Óbolo de San Pedro y el Fondo Pablo VI, para la sociedad WRM y la inversora Athena Capital Found, ambas con sede el Luxemburgo. Es ésta última la que logra el contrato para invertir los 200 millones de euros en distintos inmuebles, entre ellos el palacio del barrio de Chelsea. Becciu y el anterior responsable de los fondos de la Secretaría de Estado, monseñor Alberto Perlasca, podrían haber ejercido como intermediarios con Athena.

La economía, uno de los puntos negros de Bergoglio

Todos las miradas apuntan al cardenal Becciu, quien hasta hace poco fue Sustituto de la Secretaría de Estado. De hecho, es su sucesor, el venezolano Edgar Peña Parra, quien habría impulsado la investigación, tras comprobar algunas irregularidades en los archivos de su antecesor. En el trasfondo, una lucha de poder entre los afines a los cambios propugnados por Francisco que, en el ámbito económico, supondrán que los fondos de todas las congregaciones habrán de pasar por el control de la Secretaría de Estado, acabando así con el descontrol financiero de la Curia vaticana.

Según se desprende de la investigación, Becciu era la firma que autorizaba las inversiones investigadas por la Gendarmería vaticana, y que podrían superar los 200 millones de euros. Tal y como explica Financial Times, pudo haber jugado un papel fundamental en las reformas financieras del Vaticano, protagonizando enfrentamientos con el entonces 'superministro de Economía' vaticano, George Pell, hoy condenado por pederastia en Australia.

En todo caso, la operación de la Gendarmería deja en punto muerto el trabajo que la AIF estaba llevando a cabo para fomentar la transparencia financiera del Vaticano, y se une a las caídas de otros personajes que en su día trataron de hacerse cargo del poder económico romano. Desde el español Vallejo Balda al cardenal Pell, condenado por pederastia en Australia y que durante años ejerció como 'superministro de Economía' vaticana, pasando por el anterior revisor general, Libero Milone, despedido tras haber sido sorprendido en operaciones cuando menos sospechosas. Todos ellos fueron nombrados por Francisco: algo que sus enemigos están utilizando para atacar al pontífice argentino y su supuesta ineficacia para gestionar la todopoderosa maquinaria financiera de la Iglesia católica .

Más información en religiondigital.org

Por Jesus Bastante

eldiario.es

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Arranca un juicio clave para el futuro de Lula

La máxima corte de Brasil deberá resolver si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

La liberación del líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros presos por corrupción en la Operación Lava Jato puede definirse a partir de mañana cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, resuelva si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

El juicio, que podría prolongarse durante más de una sesión, es de extrema complejidad jurídica y hasta política, pues puede suponer la libertad de hasta 190,000 de las 800,00 personas que forman la población carcelaria de Brasil, incluyendo una decena de empresarios y políticos condenados por la operación Lava Jato contra la corrupción, que para muchos de los brasileños permitió castigar por primera vez a los poderosos.

La expectativa de la prensa es que por 6 a 5 la Corte elimine el artilugio legal creado en 2016 por el propio tribunal al calor de la popularidad del entonces juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, de que la detención era obligatoria tras una condena en segunda instancia, sin pasar por todo el proceso en todos los niveles. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, convocó para mañana a debatir la crucial cuestión, que está detenida desde el año pasado y provoca tensión en el debate político, sobre todo por parte de los bolsonaristas.

El autodenominado filósofo Olavo de Carvalho, gurú de la extrema derecha brasileña y de la familia Bolsonaro, declaró sobre el juzgamiento: "Sólo una cosa puede salvar al Brasil, la unión indisoluble entre pueblo, presidente y Fuerzas Armadas". El empresario Allan dos Santos, amigo de la familia presidencial y creador de un blog ultraderechista referencia mediática del gobierno llamado Terça Livre, sostuvo que el establishment y el pueblo no permitirán "una soltura en masa".

La constitución brasileña sostiene que nadie puede ser detenido -salvo que signifique un peligro social o acusado de asesinatos o violaciones- sin que haya sido juzgado por todas las instancias. En 2016, la Corte aceptó un pedido de la Operación Lava Jato para que se detengan a los condenados con fallo de cámara, lo cual continúa en vigor y permitió la detención del líder del Partido de los Trabajadores (PT) el 7 de abril de 2018 tras haber sido condenado por Moro.

Lula, su ex jefe de gabinete José Dirceu, el ex director de Petrobras Renato Duque y otros 5.000 detenidos, una veintena de Lava Jato, pueden beneficiarse con el fallo de la corte. El caso del ex presidente es el que llama la atención en la esfera política, ya que su encarcelamiento lo quitó de la lista electoral vencida por Bolsonaro en octubre pero toda la credibilidad de Lava Jato quedó afectada a raíz de que se revelaron las conversaciones de Moro y los fiscales conspirando contra el PT.

Durante tres meses, el sitio The Intercept Brasil reveló junto con grandes medios asociados a su investigación la trama secreta de Lava Jato, sobre todo a partir del chat del app Telegram del fiscal federal Deltan Dallagnol. Lula, condenado a 8 años y 10 meses de prisión, puede salir actualmente porque ha cumplido un sexto de la pena pero rechazó el beneficio ya que espera ser absuelto por las altas cortes.

Esto está en juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal, que tiene 'dormido' un habeas corpus de Lula buscando que se declare parcial a Moro, convertido en uno de los principales dirigentes de la llamada nueva derecha y que disputa con su jefe Bolsonaro las intenciones de voto para las presidenciales de 2022. 

Es clave en el Supremo Tribunal Federal la posición de la jueza Rosa Weber, quien el año pasado rechazó en un 6-5 contra Lula un habeas corpus, horas después de que el jefe del Ejército de entonces, general Eduardo Villas Boas, amenazara por Twitter con una intervención militar. Hoy Villas Boas es asesor personal en el gobierno del presidente Bolsonaro y su nombre es vivado por los bolsonaristas que se programaron para protestar contra el STF y pedir el juicio político de sus miembros en caso de que la Operación Lava Jato sea deshilachada.

La Operación Lava Jato específicamente recibió un duro revés de la Corte el mes pasado, tras la anulación de dos sentencias dadas por Moro por error de procedimiento al negarle a la defensa acceso a las delaciones premiadas que fueron claves para dictar condenas. Todo el sistema de Lava Jato está bajo revisión en la Corte, lo cual genera amplias tensiones entre los llamados 'bolsonaristas-lavajatistas". El espacio oficialista vive una división en el gobernante Partido Social Liberal por la investigación contra sus dirigentes, enfrentados con el presidente.

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:46

Uribe en el banquillo de los acusados

Uribe en el banquillo de los acusados

En un giro judicial inesperado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, declaró hoy ante la Corte Suprema en un proceso judicial inédito en la historia de su país. En un giro judicial inesperado Uribe pasó de acusador a acusado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, al que acusaba de manipular testigos es su contra. Pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe de esos cargos. Es la primera vez que un expresidente colombiano responde ante la Corte Suprema.

El Palacio de Justicia de Bogotá amaneció rodeado por un fuerte operativo policial. Hasta allí se acercó el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) franqueado tanto por grupos de seguidores como contrarios a su figura. Lo esperaba la Corte Suprema de Justicia para testificar en las causas que ayer lo tenían como denunciante.  Es que en 2012 Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda. El expresidente y senador desde 2014, sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos- contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de grupos de ultraderecha, que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir este año la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar las declaraciones que lo comprometen con paramilitares.

De ese modo, se abrieron dos investigaciones contra el ex presidente de Colombia. Una por presionar a ex paramilitares para que hablaran en contra de Cepeda. Otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Según algunos de los testigos del caso, Uribe y su hermano Santiago ayudaron a fundar en los años 90 el Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Monsalve formaba parte de este grupo armado. El ex paramilitar le aseguró a Cepeda que en "Guacharacas", una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Declaraciones que fueron negadas por el ex mandatario.

Más tarde, Monsalve redactó en prisión una carta que hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia en la que se retractaba de lo dicho. Pero al final anotó que lo hacía "bajo presión". Se sospecha que la carta fue producto de la presión del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes. También es señalado de haber visitado cárceles para convencer a ex paramilitares presos de declarar a favor de Uribe. Según el expediente, Uribe habría intentado influir en el testimonio de Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vincula con el nacimiento de las AUC.

Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad en masacres. Catorce de ellos están en manos de la Corte Suprema. Es el líder del partido Centro Democrático, que llevó al poder al actual presidente de Colombia, Iván Duque. Actualmente ocupa el cargo de senador, que obtuvo en las elecciones de 2014, y encabeza la campaña al lado de sus candidatos para los comicios del 27 de octubre donde se elegirán alcaldes y gobernadores.

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Jueves, 03 Octubre 2019 06:26

“La Merlano”

“La Merlano”

Aída Merlano Rebolledo es la protagonista del penúltimo capítulo del realismo mágico colombiano.

Sin entrar a valorar su calidad como política, como actriz “la Merlano” parece tener un futuro prometedor. La excongresista barranquillera estaba presa en la cárcel del Buen Pastor de la capital colombiana cumpliendo una condena de quince años por fraude y compra de votos. El uno de octubre tenía una cita en un centro médico de Bogotá y, cual actriz de película, tal vez una comedia de Dago García, huyó deslizándose por una cuerda desde el consultorio situado en el segundo piso hasta la calle. Ahí la esperaba una persona al mando de una motocicleta a la que tranquilamente se subió de parrillera y se marchó del lugar como si tal cosa mientras intentaba colocarse el casco reglamentario.

No necesitó de los poderes de la capitana Marvel ni del ajustado disfraz de Catwoman, elegantemente vestida de blanco se escapó sin un tiro y sin más efectos especiales que atar una soga a un mueble de la consulta odontológica y dejarse caer hasta el suelo. Por cierto, las informaciones indican que el médico de la clínica odontológica de la que escapó es un oficial del ejército retirado.

Parece ser que la cita médica no era por ningún problema bucal, sino para uno de esos tratamientos de cirugía estética tan de moda en los que te construyen la sonrisa. Gran sonrisa la que se le habrá dibujado sin necesidad de intervención quirúrgica y gran cara de asombro y estupidez la de quienes estaban encargados de su custodia.

De momento, el papel protagonizado por la política metida a actriz, o viceversa, ya se ha cobrado las tres primeras víctimas en la figura del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), un general de la Policía, y de la directora y la subdirectora del centro penitenciario en el que “la Merlano” cumplía su condena. Los papeles de estas tres personas serán cubiertos por otros actores que no permitan que se cambie el guion sin conocimiento de la dirección.

La abogada Merlano ascendió rápidamente en la escala social de la política, pasando de líder barrial que busca votos a senadora del Congreso de la República por el Partido Conservador hasta convertirse en la primera congresista del país en ser condenada por compra de votos.

Según el periódicoEl Espectador la fuga de Aída Merlano Rebolledo favorece a las “casas políticas de los Char y los Gerlein” y a otros personajes de la costa atlántica que habrán recuperado la calma al saber que alguien que podía declarar en contra de sus manejos políticos ya no está encarcelada.

Como cualquier película de fugas que se precie, la excongresista ya ha conseguido que se ponga “precio a su cabeza” y se ofrecen 50 millones de pesos colombianos por información sobre su paradero.

El mismo día de su huida, la ahora prófuga de la Justicia había concertado cita con su abogado y con la Fiscalía para solicitar una reducción de pena a cambio de colaborar con la Ley. Para hacer esta película más increíble, se dice tenía comprado un pasaje aéreo para una isla caribeña. Supongo que a alguna de las que no tenga tratado de extradición con Colombia.

Hasta los medios El Espectador y Caracol han elegido como protagonista de su habitual consulta virtual a esta actriz de la política al preguntar a sus lectores y televidentes “¿Cree que Aída Merlano será recapturada?”. La sabiduría popular piensa mayoritariamente que NO, un 63,94 % de los ocho mil doscientos ochenta votos emitidos hasta las 22:00 horas del 2 de octubre así lo confirman.

El cierre a esta comedia es que una gran parte de esa misma población terminará convirtiendo a “la Merlano” de política mediocre en actriz secundaria y finalmente en heroína popular. Bienvenidas y bienvenidos, esto no es Colombia magia salvaje sino puro realismo mágico.

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 Martín Vizcarra, presidente de Perú, durante el anuncio de la disolución del Congreso, el lunes pasado, desde el Palacio de Gobierno, en Lima.Foto Ap/Oficina de prensa de la presidencia peruana

Lima. El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó ayer en el poder tras disolver el Congreso, medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, de mayoría opositora, que en respuesta tomó protesta a la vicepresidenta Mercedes Araoz como gobernante interina.

El choque de trenes ocurrió luego de que tras disolver el Congreso, controlado por la oposición fujimorista del partido Fuerza Popular, Vizcarra, de la formación Peruanos por el Kambio, indicó que convocaría a elecciones el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.

Diputados de la oposición acusaron al gobernante de dar un autogolpe de Estado y la noche del lunes el Congreso declaró la vacancia temporal del Ejecutivo nombrando como presidenta interina a la vicemandataria Araoz, quien renunció anoche.

Fuerza Popular es el partido de Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori y quien actualmente está en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.

Vizcarra, quien asumió el 23 de marzo de 2018, fue vicepresidente del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió tras 20 meses en el poder por su involucramiento en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El clima de tensión se centró la jornada de ayer en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que ayer estaban fuertemente custodiados por la policía.

La moneda peruana cerró ayer en su menor nivel en un mes y el índice selectivo de la bolsa limeña sufrió su mayor baja en 22 meses como consecuencia de la inestabilidad que reina en el país que, al parecer, tiene dos jefes de Estado.

La organización de empresarios privados, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresó su enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático perpetrado por el presidente, que ha sumergido al país en una grave incertidumbre.

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático.

El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya postura es rechazada por casi 90 por ciento de la ciudadanía, según sondeos.

Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso al advertir que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que el proceso estuviera dominado por la oposición.

El Congreso hizo caso omiso de la petición del mandatario y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, por motivo de incapacidad temporal como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Araoz, quien se distanció del mandatario.

Fue la tercera vez en menos de un año que el Congreso negó al Ejecutivo ejercer un voto de confianza. Vizcarra argumentó que el proceso de elección de jueces era poco transparente. La Constitución peruana prevé que el presidente está facultado para disolver el Congreso si se le niega en tres ocasiones ejercer un voto de confianza.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales, así como de la Asociación de Alcaldes.

Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht.

Estos mandatarios, acusados de recibir sobornos y apoyos de campaña ilícitos de dicha empresa son, además de Kuczynski: Ollanta Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, Alejandro Toledo, mandatario de 2001 a 2006, y Alan García, quien tuvo dos mandatos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Este último se suicidó el 17 de abril de un disparo en la cabeza cuando estaba a punto de ser arrestado en su domicilio y dejó una carta en la que proclamaba su inocencia.

En un mensaje a la nación Vizcarra sustentó su decisión diciendo que el cierre del Congreso busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando desde hace más de tres años.

Sostuvo que su iniciativa busca dar paso a una nueva elección parlamentaria, y que sea finalmente el pueblo el que decida a quién da la razón, si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto, o si le da la razón al Ejecutivo, eligiendo una nueva mayoría.

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori encabezó lo que fue calificado de autogolpe y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Vizcarra, en cambio, invocó la Constitución para dar este paso.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por el uruguayo Luis Almagro, apremió al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, y aconsejó que la polarización política sea resuelta por el pueblo en las urnas.

Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo con la ley.

Los legisladores cesados no pueden postularse a la relección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios. El congresista Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos en el aeropuerto de Lima cuando presentó su pasaporte oficial, pues ahora debe tramitar uno ordinario.

Araoz, economista y ex ministra del difunto Alan García rindió protesta la noche del lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea, pero anoche se informó de su dimisión.

Ayer, la política dijo que ha tenido conversaciones informales con algunos organismos internacionales como la OEA, para ver el camino más adecuado para salir de la incertidumbre, pero no dio detalles.

Indicó que le encantaría poder hablar con Vizcarra, pero que no ha podido pues el mandatario dio la instrucción de que no se le permita el ingreso al Palacio de Gobierno.

De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.

La crisis política en Perú se gestó hace tres años, cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori en las elecciones.

Aunque perdió la presidencia, el partido de Keiko Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018 por acusaciones de corrupción.

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Un choque de poderes causa la mayor crisis política de este siglo en Perú

El presidente Martín Vizcarra ha anunciado la disolución del Congreso para poner fin a la crisis que lo enfrenta con la oposición, dominada por el fujimorismo

Una facción del Congreso ha hecho oídos sordos a la disolución: ha tomado juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y ha suspendido a Vizcarra

El país celebrará elecciones legislativas el 26 de enero de 2020

Una crisis política sin precedentes en las últimas décadas ha estallado este lunes en Perú, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción de este en rebeldía votara la "suspensión" del mandatario y jurara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

La larga, tensa y convulsa jornada que ha vivido el país ha dejado muchas heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron.

Elecciones en 2020

El gobierno del país ha anunciado este lunes, mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, tras la disolución del Parlamento.

El decreto supremo cita el artículo 134 de la Constitución, que establece que el presidente está facultado a disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, y que debe convocar elecciones legislativas a celebrarse en los cuatro meses siguientes a la disolución.

El actual Congreso fue elegido en los comicios del 2016 para un periodo que terminaba en 2021, quinquenio que debía cumplir el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el año pasado por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Crisis política

El decreto fue firmado por el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos, quien ha jurado este lunes en reemplazo del saliente Salvador del Solar. Vizcarra ha anunciado la disolución "constitucional" del Congreso peruano con el objetivo de poner fin a la crisis política que lo enfrentaba con la oposición dominada por el fujimorismo.

Vizcarra ha anunciado la disolución del Congreso, tras recibir una tercera negativa de confianza del Parlamento, en el punto más álgido del enfrentamiento político que mantuvo el Legislativo con el Gobierno, desde la elección del actual Ejecutivo en 2016.

Nombramiento de Aráoz

No obstante, una facción del Congreso ha hecho oídos sordos a la disolución y ha tomado juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, como "presidenta en funciones" del país, después de que ese grupo votara la suspensión del gobernante Martín Vizcarra por un periodo de 12 meses. La mayoría opositora en el Parlamento ha acusado al presidente de golpista.

Los máximos jefes de las fuerzas armadas de Perú han acudido al Palacio de Gobierno para dar su respaldo a Vizcarra tras el anuncio de la disolución del Congreso. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional "reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente", según informa la Presidencia de la República.

Manifestaciones ciudadanas

Miles de peruanos celebraron este lunes en los exteriores del Palacio Legislativo la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas con gritos como "sí, se pudo" o "Perú, te quiero, por eso te defiendo". Con carteles y banderas rojiblancas en mano, miles de jóvenes, adultos, integrantes y simpatizantes de sindicatos y colectivos civiles llegaron hasta la céntrica avenida Abancay "emocionados" por celebrar lo que para ellos "es lo mejor que le ha podido suceder al Perú".

Así lo señaló a Efe el ciudadano Miguel Márquez, de 60 años, que llegó "emocionado por los cambios que va a haber" tras la medida constitucional. "Ojalá que sea el comienzo del inicio de un Gobierno más decente para el país", señaló abrigado con una bandera peruana en la espalda y sobre una motocicleta con la que se adentró hasta las avenidas del centro histórico de Lima, custodiadas por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por EFE

01/10/2019 - 07:49h

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