Cada copa de vino representa una unidad de alcohol.

 

¿Es posible trabajar drogado o bajo los efectos del alcohol? Una polémica sentencia de la Corte Constitucional de Colombia ampara a los trabajadores que logren hacerlo sin que su rutina laboral o productividad se vea afectada. El fallo ha levantado pasiones y ha dividido a los expertos en un país donde en los últimos años ha repuntado la producción y el consumo de cocaína. El tribunal colombiano ha reinterpretado una parte de un artículo del Código del Trabajo que explicita la prohibición de “presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes”. ¿Por qué? Porque no siempre esas sustancias entorpecen el desempeño del trabajo diario, argumenta la corte. La sentencia aborda también una reflexión que equipara la adicción con una enfermedad laboral, pero la rectificación de ese supuesto de la legislación laboral se debe a que “la prohibición allí contemplada solo se configura cuando el consumo de alcohol, narcóticos o cualquier otra droga enervante afecte de manera directa el desempeño laboral del trabajador".

Esta decisión empezó a gestarse el año pasado en la facultad de Derecho de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga. Dos estudiantes presentaron un recurso de inconstitucionalidad apelando a una cuestión de principios. Según el escrito que enviaron a la Corte, ese precepto del Código del Trabajo chocaba con dos artículos de la Constitución. El primero consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y llama a la protección del Estado de “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”. El segundo artículo establece la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores.

El tribunal fija excepciones para “actividades que involucran riesgos para el trabajador, para sus compañeros de trabajo o para terceros”. "Un ejemplo de ello es lo que sucede con relación al personal aeronáutico", señala. En cualquier caso, aclara que "igualmente, respecto de actividades que impliquen un menor riesgo también puede exigirse el cumplimiento de la prohibición establecida en la norma demandada, en la medida en que es interés legítimo del empleador que los trabajadores presten de manera adecuada las labores contratadas". "Con todo, respecto de estos casos, no se podrán tomar medidas disciplinarias si no se demuestra por parte del empleador la incidencia negativa que el consumo de sustancias psicoactivas tiene sobre el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores", concluye el fallo.

La sociedad colombiana, los expertos y los políticos han encontrado otro motivo de polarización. El constitucionalista Juan Manuel Charry defiende la sentencia en conversación con EL PAÍS. "El solo hecho de estar bajo los efectos de una sustancia no puede ser sancionable si no hay daño o una negligencia de una conducta”, explica, poniendo el clásico ejemplo de un trabajador que toma dos copas de vino durante el almuerzo. “A uno no se le puede sancionar por cómo es o por cómo está, sino por lo que hace”, señala.

En las antípodas, la opinión de Augusto Pérez, terapeuta y director de la Corporación Nuevos Rumbos, dedicada a la investigación de las adicciones. Según su análisis, la sentencia “tiene consecuencias malas para la sociedad”. Aunque apunta que el fallo no abarca solo los casos de evidente embriaguez, lo considera “peligroso para los mismos empleados”, ya que sienta un precedente dudoso y da “patente de corso para que hagan lo que quieran”.

 

 

Publicado enColombia
Miércoles, 14 Diciembre 2016 07:10

La Justicia refrendó el proceso de paz

La Justicia refrendó el proceso de paz

Los magistrados del alto tribunal aprobaron el procedimiento legislativo especial, que sigue a la ratificación del acuerdo de paz por el mismo Parlamento el pasado 30 de noviembre.

 

La Corte Constitucional de Colombia aprobó ayer un mecanismo de vía rápida, conocido como “fast track”, para que el Congreso valide las leyes que permitirán aplicar el acuerdo de paz con la guerrilla FARC que le valió el Nobel al presidente Juan Manuel Santos.


La votación de los magistrados del alto tribunal quedó 8 a favor y 1 en contra de la aprobación del procedimiento legislativo especial, que sigue a la ratificación del acuerdo de paz por el mismo parlamento el pasado 30 de noviembre, informó la Corte Constitucional.


“Indudablemente la decisión de la Corte Constitucional es una gran noticia para el país, porque le va a permitir a los colombianos poder disfrutar la paz más rápidamente y al Congreso poder implementarla en tan solo seis meses’’, dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, tras conocer la noticia. ''Vamos a comenzar con la ley de amnistía (de los guerrilleros), que estoy seguro ser presentada o esta tarde o mañana (miércoles) en la mañana y otros proyectos de ley, que el gobierno ya tiene listos’’, explicó.


Los otros proyectos legislativos serán la jurisdicción especial para la paz, como se conoce al sistema de justicia transicional acordado con las FARC, la participación política de los rebeldes, y normas para ''lucha contra los paramilitares’’, cuyo accionar preocupa especialmente a los guerrilleros, según Lizcano. Desde Europa, donde se encuentra de gira tras recibir el sábado en Oslo el premio Nobel de la Paz, el presidente Santos había dicho la víspera que respetaría ''lo que la Corte decida’’ sobre el “fast track”, un mecanismo que su gobierno había tildado de clave para la efectiva implementación del pacto con las FARC.


El “fast track” prevé reducir a la mitad las discusiones parlamentarias necesarias para validar las leyes y actos legislativos relacionados con el acuerdo de paz alcanzado en noviembre. Además, estipula que los congresistas deberán aprobar o rechazar los textos de los proyectos de ley sin hacerles cambios, salvo con la venia del gobierno.


En la tarde de este martes, la Corte Constitucional tiene previsto dar una rueda de prensa para detallar los alcances de su decisión. El partido derechista Centro Democrático, del expresidente y actual senador Alvaro Uribe, había pedido al alto tribunal no aprobar el mecanismo porque a su juicio da ''un duro golpe a la democracia’’ al permitir que se ''introduzcan cambios sustanciales en la Constitución sin consultar al pueblo colombiano’’.


Uribe, férreo opositor al acuerdo con las FARC, fue también el líder de la campaña por el No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, cuando los ciudadanos rechazaron el acuerdo original pactado entre las FARC y el gobierno de centro-derecha tras cuatro años de negociaciones en Cuba. Esa votación, inesperada para el gobierno, llevó a las partes a renegociar puntos del acuerdo para incluir propuestas de la oposición y finalmente a promover su refrendación a través del Congreso, donde Santos cuenta con mayorías.


Colombia vive un conflicto armado en el que también han participado otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes estatales, con saldo de unos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados a lo largo de más de medio siglo.

Publicado enColombia
Viernes, 29 Julio 2016 07:23

Plebiscito, Corte y Derechos

Plebiscito, Corte y Derechos


(Para el análisis de algunos temas sobre el plebiscito y el reciente fallo de la Corte Constitucional, nos remitimos, a falta de la sentencia, al comunicado de prensa de la propia Corte)

 

 
Normas y fallos a la medida

 

En el afán de correr, sin saber siquiera para dónde, pero siempre con el fin de obtener un resultado favorable, así sea sin un norte jurídico, en vez de utilizar los mecanismos institucionales ya existentes, el gobierno de turno ha decidido buscar atajos creando normas “especiales” a su medida, y ha obtenido de la corte constitucional (CC), también sentencias “especiales” a su medida, desconociendo la CC su propia jurisprudencia anterior sobre leyes estatutarias, que tal como están diseñadas en nuestra constitución, tienen control previo y definitivo de constitucionalidad, por lo que no es posible volver sobre ellas, ni siquiera para enmendar los “errores”, pues, constituyen cosa juzgada constitucional.

 

Cosa es de volverse locos: por la vía de la norma especial y de la excepción a la regla general, la excepción se está convirtiendo en regla general, y la regla general se ha convertido en excepción.

 

Esto es lo que ha sucedido con el umbral “especial” del plebiscito. La regla general, ley 134 de 1994, en su artículo 80 (que no fue declarado inconstitucional en la sentencia C-180 de 1994), dice: “Efecto de votación. El pueblo decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral”. Esta norma, a mi juicio, lo que quiere decir es que, si el censo electoral es de 34’729.241, la mayoría debería ser de 17’364.621 a favor del SÍ; en cambio, con la norma especial hecha a la medida, sólo se necesitan 4’514.802 votos, cuatro veces menos de lo legal, es decir, 12’849.818 votos, que le regaló la Corte al gobierno.

 

Pero éste no es el único regalo que le ha hecho la CC al Presidente: cuando éste buscaba el atajo por el camino del referendo, el Congreso expidió la ley “especial” estatutaria 1745 del 2014, recurriendo a la argucia de pegar la votación del referendo a las elecciones parlamentarias de ese año, es decir, a las votaciones de la clase política, cosa también prohibida por la ley 134, en su artículo 39, parte final donde dice: (...) “la votación no podrá coincidir con ningún otro acto electoral”.

 

La argumentación de la CC para hacer estos fallos a la medida del gobierno, se ha construido básicamente sobre dos premisas falsas: a) el “supremo valor de la paz” y b) que la constitución no tiene normas expresas sobre esos temas.

 

La primera premisa es una falacia, ya que nuestra constitución no tiene ningún “valor supremo”, ni un único valor; y como toda sociedad pluralista, tiene también pluralidad de valores: libertad, justicia, igualdad, seguridad, dignidad, paz, etcétera.

 

Si bien es cierto que la paz es un derecho fundamental, y no un gracioso regalo del gobierno y las Farc, existen otros derechos fundamentales (artículos 11 a 40 de la constitución), como el derecho al buen nombre, a la honra, a la libertad de conciencia, de pensamiento y de opinión, entre muchos otros, todos tan igualmente derechos humanos fundamentales como el de la paz, que tampoco pueden ser desconocidos, so pretexto de la paz.

 

Y eso de que la constitución no tiene normas expresas, como dice la propia CC, aparte de las normas que ya hemos señalado, repasemos estas otras:

 

- El preámbulo, que en ejercicio del poder soberano establece que el marco jurídico será democrático y participativo;

- El artículo 1º, que establece que Colombia es un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista;

- El artículo 2º, que es un fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en lavida económica, política, administrativa y cultural de la nación;

- El artículo 3, (el principal entre todos estos), que establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público);

- El artículo 40, que le da a todo ciudadano el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y en ejercicio de él, y para hacerlo efectivo, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos... Y otras formas de participación democrática.

 

 

La Corte viola principio democrático

 

Debemos mirar si se puede considerar “decisión del pueblo”, la decisión de una minoría, o es necesaria la participación de la mayoría, como se establece en la ley 134, atrás citada, para que sea verdaderamente democrática.

 

Desde Aristóteles (La Política), se sabe que una de sus cualidades fundamentales es que todos los ciudadanos decidan todos los asuntos del Estado: “En la democracia, es propio que todos los ciudadanos decidan de todos esos asuntos”; “Forzosamente tiene que ser soberana la muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo (lo que beneficie a la mayoría)”...

 

El ideal democrático sería que todos decidieran lo mismo (unanimidad), pero como en toda sociedad existe pluralidad de valores, es muy difícil lograr la unanimidad, y en consecuencia, la democracia se expresa por medio de la participación de las mayorías y de las minorías de todos los que conforman el cuerpo electoral estimado en 34’729.241 ciudadanos aptos para votar. La mayoría de ese cuerpo electoral es la mitad +1; esto es, 17’364.622 votos. Para que una decisión fuera verdaderamente democrática debería tener, por lo menos, ese número de votos a su favor.

 

Se podría discutir si es válida en una verdadera democracia que la decisión la adopte un número menor de la mitad +1 del cuerpo electoral. Y se podría aceptar, en gracia de discusión, pero con una condición sine qua non: que la participación alcance por lo menos la mitad +1 del cuerpo electoral.


Cualquier otra fórmula quedaría basada en una minoría, resultando por ende, antidemocrática, como sería el caso del plebiscito regido por un umbral especial del 13 por ciento.

 

Por eso es que en muchos países, para garantizar el principio democrático, se exige que participe por lo menos la mitad + 1 de integrantes del censo electoral (umbral). En Colombia, con una ley especial, y mediante un fallo especial de la corte constitucional, se ha bajado extremadamente el umbral, corriendo el riesgo de que sea una minoría la que apruebe o rechace el acuerdo de La Habana que daría paso a la construcción de una paz estable y duradera.

 

No hay duda de que ese umbral del 13% (37 por ciento más bajo de lo que exige una verdadera democracia), quedó muy lejos de la norma general. Ese es otro regalo que le ha hecho la Corte al gobierno de turno, olvidando que si la constitución en varios artículos define el Estado como democrático, la verdadera democracia exige que toda decisión sea tomada con la participación de por lo menos la mitad +1 de los miembros del cuerpo electoral.

 

Hace cerca de un año, la CC había aceptado esta tesis en la sentencia C-150 DE 2015, al encontrar constitucional la ley estatutaria 1757 de 2015, que en su artículo 41, establece: ... “La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando... “haya participado más del cincuenta por ciento (50%) del censo electoral vigente”. Como se ve, hace apenas un año la corte dijo cosa distinta a la que dice hoy: La regla establecida en el literal a) demanda la participación de la mayoría del censo electoral. Esta disposición, que regula el mínimo de participación, debe complementarse con el actual artículo 79 de la Ley 134 de 1994, encontrado exequible en la sentencia C-180 de 1994 y en el que se estableció que la decisión se adoptará por la mayoría del censo electoral. Se trata entonces de dos reglas complementarias.

 

 
Orden público

 

La Corte vuelve a repetir la tesis falaz del exfiscal Montealegre, de que siendo el Presidente el responsable del orden público, puede él decidir nuestro futuro a nuestras espaldas. Se le olvida a la Corte que hace más de 2.500 años los griegos atenienses crearon la democracia, el poder y la soberanía del pueblo, como dijera Aristóteles : “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está por encima de las Leyes”; y que hace más de 230 años las revoluciones burguesas (americana y francesa), trasladaron la soberanía del gobernante al gobernado, de modo que el gobernante no es más que un empleado a sueldo de los gobernados, y que los hombres dejaron de ser súbditos, para convertirse en ciudadanos con derechos.

 

Se olvida también que al haberse establecido en la constitución del '91 la soberanía popular, en reemplazo de la soberanía nacional, trajo profundas consecuencias jurídico y políticas, pues, ahora somos ciudadanos soberanos con derechos: cada uno de nosotros es titular de una fracción de la soberanía, y también la tenemos cuando nos reunimos en el cuerpo electoral, a diferencia de la soberanía nacional, donde los individuos no son titulares de la soberanía y solo la tiene la reunión de estos con fines políticos: el denominado cuerpo electoral.

 

Tampoco es cierto, como afirma la Corte, que como el Presidente es responsable del orden público, es el dueño de la paz y puede imponernos el modelo de paz que él quiera. El Presidente de la República y la CC (que le hace la corte en este tema), no permiten que se presente otra visión de la paz; una visión alterna con justicia social y con derechos humanos, sino que dentro de ese contubernio pretenden mantener un sistema con violencia social, política y económica sobre el pueblo colombiano; sin desarrollo y sin ampliación de los derechos civiles, económicos y sociales de los más pobres que en realidad es una guerra: la guerra sistemática y cotidiana de Santos contra los derechos del pueblo; su guerra social y económica contra el pueblo.

 

Mi derecho fundamental a la paz no está constitucionalmente condicionado por el orden público. Al contrario, yo puedo ejercerlo en cualquier momento contra cualquier gobierno como éste que tradicionalmente ha sido su más grande violador; o contra cualquier otro sujeto público o privado que pretenda violarnos el derecho a la paz. Constitucionalmente, como derecho fundamental, es un derecho irrenunciable y no podemos desprendernos de él, aunque quisiéramos; es de aplicación inmediata, y ni siquiera el legislador puede restringir su núcleo esencial, mucho menos el gobierno.

 

De todo lo dicho sobre este tema, podemos inferir que, teniendo cada uno de nosotros su derecho a la paz, es constitucionalmente legítimo que cada uno pueda tener una visión de la paz distinta a la de Uribe y a la de Santos, una paz con justicia social y con derechos humanos plenos, que no se respetan, ni ahora en este gobierno de Santos ni antes en el de Uribe

 

 
El derecho al voto


Como cada uno de nosotros, a la luz de la soberanía popular consagrada en el artículo tercero de nuestra constitución, tenemos una fracción de la soberanía, en consecuencia, también el voto es un derecho que podemos ejercerlo o abstenernos de ejercerlo (abstención); y si decidimos ejercerlo, podemos ejercerlo legítimamente por una u otra visión de paz en un plebiscito, un referendo o una constituyente votando SÍ o NO, en Blanco o abstenernos, porque nadie puede impedirme que yo ejerza mi soberanía como quiera.

 

Como consecuencia de la fracción de soberanía que tenemos cada uno de los ciudadanos, el voto es un derecho, y por lo mismo, no se nos puede privar del derecho de elegir y ser elegidos, o de participar en las decisiones sobre nuestro destino; podemos darle órdenes a nuestros representantes e imponerle obligaciones; el gobernante tiene el deber de rendirnos cuentas periódicas de su gestión y, en el evento en que no estemos de acuerdo con lo que hace, o haya incumplido sus promesas electorales, podemos revocarle el mandato, llámense Presidente o congresista, o cualquier otro nombre que se le dé al elegido.

 

Por esta razón, es absurda la decisión de la Corte que sólo le permite a los titulares de la soberanía ejercerla de tres maneras: votar SÍ o NO o abstenerse. Un órgano constituido como la CC, no le puede impedir al pueblo soberano que ejerza su soberanía como él quiera. La Corte, en su afán de abrirle el atajo a Santos, al permitirle un umbral del 13%, le regaló el 37% de la abstención al gobierno, y quiso también, en una jugada a tres bandas, regalarle los votos de los demócratas que queremos la paz, pero que tenemos una visión de la paz distinta a la de santos, menos imperfecta, con más derechos, con justicia social, al no permitirnos una casilla para votar por la paz con derechos; por la constituyente que permitiera consagrarlos, y crear las instituciones para realizarlos. Nos toca decirle a la Corte, que vamos a ejercer nuestro derecho soberano, votando por esas opciones de derechos, o por otras; sabemos que al votar por los derechos, nos anularan el voto, pero que tendrán que contarlo; y que si gana el voto nulo, vamos a ejercer nuestro derecho soberano para reclamar una paz distinta, una paz con justicia social plena de derechos.

 

 

Zarpazos constitucionales


la Corte Constitucional, en su fallo excepcional y a la medida sobre la norma excepcional y a la medida de Santos, no sólo cambia su jurisprudencia, le regala el 37% del umbral, nos quita nuestro derecho fundamental a la paz; nos expropia nuestra fracción de soberanía al quitarnos el derecho de votar por la paz con derechos y por la constituyente o en blanco; permite que las minorías decidan por las mayorías, con lo que viola todas las normas sobre democracia que están en la constitución; sino que además, “blinda” al presidente ante una eventual derrota, al manifestar que si pierde su visión de la paz, nada le pasa, queda vivito y coleando, como si no hubiera perdido, y lo que es más grave, que no tiene que cambiar su política o visión de la paz, con lo que lo exime de toda responsabilidad jurídica y política; lo deja más inmune que a Pinochet, quien a pesar de ser un dictador declarado, tuvo que dejar el poder cuando perdió su plebiscito.

 

Como si fuera poco, la Corte le permite a la cohorte del Presidente, esto es a todos sus funcionarios públicos, que hagan política bajo el disfraz de la opinión, con lo que coloca en posición de privilegio la visión del gobierno y, como todo privilegio, rompe la igualdad en la competencia de las otras visiones sobre la paz. Privilegio perverso por cuanto la visión del gobierno, tiene lo que no tenemos quienes tenemos una visión de la paz con justicia social: esto es, contratos para repartir, puestos para dar, becas para entregar, obra pública para inaugurar; presupuesto del Estado para gastar, medios de comunicación oficiales y privados, fuerza pública para intimidar y organismos de seguridad para vigilar a quienes piensan distinto sobre la paz. Todo esto se le permite, sin que tenga que aplicarse la inocua e inicua ley de garantías.

 

Es tan contradictoria la decisión de la CC que no existe ninguna correspondencia lógica entre las premisas del fallo y la conclusión a la que se llega en este tema. La premisa fundamental por la cual la propia Corte se sustrae ella misma (y de paso al Congreso) de la decisión del plebiscito, es porque se trata de un acto exclusivamente político: “La Corte consideró que estos efectos tienen un carácter exclusivamente político, dice en el comunicado. Pues, bien: si es un acto exclusivamente político, toda opinión que se emita sobre él, a favor o en contra, es también política y los funcionarios públicos que participen, estarían participando en una actividad política y haciendo política. En qué quedamos: ¿es un acto de opinión o es un acto político?

 

 
Transparencia democrática


Si en la democracia, la soberanía es del pueblo, y el soberano es el titular del poder constituyente, que crea los órganos constituidos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el pueblo debe saber siempre qué hacen esos órganos constituidos; debe poder mirarlos permanentemente; observarlos en su actuar; vigilarlos... Con razón, Norberto Bobbio define la democracia, como el gobierno del poder público en público; y como consecuencia, uno de los principios fundamentales del Estado constitucional es que la publicidad sea la regla, y el secreto, la excepción.

 

Se infiere de la definición de Bobbio, la necesidad de que el poder público de la justicia, actúe en público, de frente al pueblo y vigilado por éste, con mayor razón en cuanto que en cada proceso que se tramita ante la justicia, están de por medio los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

Por esta razón, los jueces deben ser capaces, honestos y, lo que es más relevante, imparciales e independientes. Sobre todo, esta última característica debe estar presente en todos, sin excepción, puesto que es la garantía de los derechos de los ciudadanos. Si los jueces no tienen independencia y autonomía, los ciudadanos no cuentan con las garantías de que alguien defenderá sus derechos cuando se los violen los poderosos. Cuando el Estado de derecho hace a los jueces independientes e imparciales, no es con el fin de otorgarles un gracioso privilegio a ellos sino una rigurosa garantía a los ciudadanos: la garantía de que si uno de sus derechos le ha sido violado por un poderoso, no importa que su poder sea económico, militar o político, ese poderoso puede ser llevado ante un juez independiente e imparcial que, mirando los hechos y las pruebas de la violación, condena al violador poderoso y restablece el derecho del humilde.

 

 

Reforma a la Corte Constitucional


En realidad, la imparcialidad o la independencia de los jueces se puede quebrar de distintas maneras: a veces por corrupción o politiquería; por amistad o enemistad, y a veces por temor.

 

Como a veces esa imparcialidad trata de ser doblegada por la descarada intervención de poderes constituidos externos a la propia Corte, como fue el caso de la intervención presidencial con motivo de la conmemoración de los 25 años de la Corte Constitucional pidiendo que se le aprobara el plebiscito, precisamente, con el fin de hacer más independiente a la CC es que proponemos algunos temas de reforma de ella:


Primero.- Que se le quite al Presidente de la República la facultad de ternar tres magistrados de la CC, para evitar su injerencia externa e interna.

Segundo.- Como la democracia es el gobierno del poder público en público; de frente al público, y por otro lado, todo poder constituido debe dar cuenta de su gestión al poder constituyente del pueblo soberano, proponemos que las deliberaciones y las decisiones de la Corte Constitucional se tomen en público, como se hace en otros países, como México, donde la Corte Suprema sesiona de cara al público.


Tercero.- Que se abra un libro, como en la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde los magistrados deben anotar los nombres de todas las personas que les hablen sobre algún tema sometido a su competencia, y establecer como causal de destitución, el no registrar inmediatamente el hecho.


Cuarto.- Que en la página web de la Corte, y en algún lugar de la Secretaría General, se registre la familia nuclear (esposo-a o compañero-a permanente; hijos del magistrado o magistrada, con sus yernos o nuera si los tuvieren), con la información sobre su actividad laboral y especialmente, si es funcionario público, dónde trabaja y cómo se vinculó a la administración pública.


Quinto.- Que se asigne un porcentaje del presupuesto nacional, por derecho propio, para la Corte Constitucional, y para toda la rama judicial, similar a lo que se hizo en el plebiscito de 1957 en materia de educación, de manera que la rama judicial deje de mendigar ante el gobierno central cada año los recursos para su normal funcionamiento.

 

Con estas y con otras propuestas que habrá que debatir, podremos fortalecer la independencia de la Corte Constitucional y, por esa vía, garantizar mejor los derechos de todos los colombianos.

 

Publicado enColombia
La declaratoria de inexequibilidad del acuerdo militar Colombia-EUA, por parte de la Corte Constitucional, y las revelaciones de Wikileaks sobre cómo se fraguó aquél, muestran además la capacidad del gobierno Uribe para acomodar la realidad del país a los intereses guerreristas del ex presidente. Santos tiene implícito el compromiso de no permitir que las relaciones internacionales de Colombia vuelvan a resquebrajarse.

Malaventurados los que en el gobierno
ocultan tras la bondad de las palabras la
impiedad para los hombres de su pueblo,
porque ellos serán señalados con el dedo de
la ignominia en las páginas de la historia.
 Jorge Eliécer Gaitán1

Una de las decisiones de política exterior y seguridad más polémicas del gobierno de Uribe fue la firma, el 30 de octubre de 2009, de un Acuerdo de Cooperación Militar entre la República de Colombia y Estados Unidos de Norteamérica.

Conocida la noticia sobre la instalación de siete bases norteamericanas en territorio colombiano, hubo un total rechazo de académicos, dirigentes políticos y periodistas independientes, conscientes de la gravedad en materia de soberanía y de facilitar así la política de agresión militar del gobierno de Uribe. Pero el acuerdo se firmó, violando el mandato constitucional de desarrollar una política en pro de la integración latinoamericana.

La política exterior de Uribe fue una extensión de su posición guerrerista interna y estuvo al borde de provocar un conflicto regional ante la posibilidad de atacar militarmente territorios de países hermanos, en contra del derecho internacional2. El Acuerdo causó un rechazo unánime de los países latinoamericanos. El gobierno de Uribe y sus áulicos defendieron el acuerdo, argumentando que se requería para afrontar una supuesta amenaza del gobierno de Hugo Chávez, alegando además que se trataba de desarrollar tratados de cooperación anteriores.

Catorce meses después, Wikileaks reveló que el cuestionado acuerdo había sido suscrito a súplica del gobierno colombiano según los reportes enviados por el embajador William Brownfield en 2009, y que Colombia insistió en que el texto no se debatiera en nuestro Congreso y que no se hablara públicamente sobre las bases militares, escribió la Silla Vacía sobre los correos de Wikileaks3.

Según cables revelados, la desinformación incluyó declaraciones de Paola Holguín, asesora de Seguridad de Uribe, comparando la situación del gobierno de Venezuela con la dictadura argentina cuando invadió las islas Malvinas y provocó una guerra con el Reino Unido, como distracción sobre los conflictos internos.

Gracias a Wikileaks, hoy se conocen muchos detalles de las negociaciones del acuerdo militar, que se remontan a las celebraciones por la ‘operación Jaque. Según esta agencia, el 15 de julio de 2008, el embajador Brownfield escribió un cable en el que contaba que el Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, había felicitado a Uribe por la ‘operación Jaque’ (“Estados Unidos está orgulloso de tener a Colombia como aliado”) y éste había aprovechado el triunfo para anunciar que acabaría con el rol de facilitadores que les había otorgado a Suiza, Francia y España; que aumentaría los ataques a la farc y el eln; que pediría a Venezuela ayuda para capturar a ‘Iván Márquez’ y ‘Timochenko’; y que el Tlc ayudaría a despegar la economía colombiana. Al final, les dejó a los gringos una petición: “Uribe dijo que el gobierno de Colombia considera el establecimiento de una “Cooperative Security Location” (CSL), y espera concluir un acuerdo para ésta lo más pronto posible”.

Papel de la semántica en la entrega del país

Acogiendo la inusitada petición uribista, los gringos elaboraron un primer borrador que le entregaron el 13 de agosto de 2008 a la Cancillería. Revisada la propuesta por Uribe, su ministro Santos de Defensa y el ministro Jaime Bermúdez, la Cancillería le respondió a Estados Unidos el 23 de agosto siguiente, proponiendo cambiar la palabra “base” y ‘venderlo’ como “acuerdo suplementario” de los anteriores, evadiendo el debate en el Congreso por entregar territorio colombiano a una potencia extranjera. A ninguna de las dos cosas se opuso el gobierno de Obama. “Si podemos conseguir el acceso y las facultades que necesitamos sólo con cambiar el título, recomendamos cambiar el título”, escribió Brownfield.

La Embajada no aprobaba todas propuestas colombianas, en especial aquellas dirigidas a amarrar el tratado a un compromiso estadounidense de defender a Colombia en caso de agresión de Venezuela, el interés principal de Uribe y Santos. La Embajada de Estados Unidos estuvo en desacuerdo con que en el tratado se dijera que ambos gobiernos se comprometían a “confrontar amenazas comunes hacia la paz y la estabilidad”. Para los norteamericanos, era mejor una frase menos comprometedora, como “Se comprometen a estudiar cómo confrontar” o “se comprometen a considerar cómo confrontar”. Al final, Brownfield impuso el criterio gringo, y quedó que las partes “acuerdan profundizar su cooperación”. Los gringos, dice el cable, no querían un verbo “tan vinculante”.

Tampoco estuvieron de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 4, sobre acceso y uso que pueden hacer los militares estadounidenses de las instalaciones militares colombianas. Para la Embajada (así se impuso en el texto final), el acuerdo no podía decir que, en caso de amenaza a la seguridad nacional de Colombia, Estados Unidos debía garantizar los bienes y servicios necesarios para enfrentarla. La razón para eliminar esa frase era, según el cable, “evitar que el material de Estados Unidos sea utilizado en un posible conflicto regional”.

Pero el punto más importante tuvo que ver con el sistema de defensa aérea que el gobierno de Uribe esperaba conseguir de Estados Unidos con el acuerdo de las bases. Aunque el canciller Bermúdez dijo que los vecinos no debían temer porque este acuerdo era simple continuación del ‘plan Colombia’, los cables filtrados por Wikileaks dicen que para Uribe eran un “garantía disuasiva” contra un eventual ataque venezolano.

“En el borrador, el Colombia –escribe Brownfield al Departamento de Estado– pide que, dos años después de firmado el acuerdo, Estados Unidos instale un sistema de defensa aéreo (Comprehensive Aerial Defense Systems) con el objetivo de proveer la seguridad necesaria en las facilidades acordadas”. Agrega, dice en los cables, que la solicitud colombiana está vinculada con amenazas externas, específicamente las de Venezuela. Se establece con claridad que los estadounidenses juzgan absurda esta solicitud por el costo y las implicaciones regionales, por lo cual se idea un plan alterno en caso de que Colombia insista en este punto, que era básicamente dejarlo impreciso.

Brownfield sugiere establecer que Estados Unidos se comprometerá a “estudiar la solicitud” o explícitamente que ellos, en materia de defensa, sólo se encargarán de sus aviones y el personal de Estados Unidos (pero no de las instalaciones), y dejan una pregunta para responder en privado: “Finalmente, debiéramos comenzar a preguntarnos silenciosamente si estamos preparados para proveer equipos de defensa aérea a Colombia si ese es el precio por firmar este acuerdo”.

Según el cable, el gobierno colombiano ofreció que las inmunidades y privilegios concedidos a los diplomáticos gringos en el Acuerdo de 1974 se extendieran, mediante el artículo 4, a los contratistas privados involucrados en hechos punibles. Al grotesco ofrecimiento no se opusieron los gringos. En el texto final se establece que Estados Unidos se compromete a investigar crímenes de su personal oficial (militar o diplomático), informando a Colombia sobre las investigaciones. Pero el juzgamiento y condena era asunto exclusivo de Estados Unidos y no de Colombia. Los contratistas privados fueron excluidos de las inmunidades.

Cuando el periódico El Espectador reveló que, luego del desmantelamiento de la base de Manta (Ecuador), se negociaba un nuevo acuerdo militar Colombia-Estados Unidos que autorizaba el uso por éste de siete bases militares colombianas, el 5 de febrero de 2009 Brownfield reportó a su gobierno las palabras con las que el ministro Santos de Defensa desmintió la noticia, que entonces causaba una crisis regional: “Yo le diría a aquellos que critican que se informen mejor porque no habrá ninguna base”4.

¿Colombia, con Uribe, Israel de América Latina?

Pero, además de mentirosa la afirmación de Santos –y Uribe–, estaban de acuerdo en permitir el aterrizaje de aviones norteamericanos en las bases colombianas, buscando que Estados Unidos se involucrara directamente en la guerra en apoyo a Colombia, en caso de conflicto regional, a semejanza de la ayuda a Israel en la guerra de Yom Kippur (1978).

La posición de Santos había llevado a Venezuela y Bolivia a acusar a Colombia de ser el “Israel de América”, a lo cual Santos ripostó en una entrevista a El Espectador: “Inclusive nos han acusado: ‘ah, es que ustedes son los israelíes de América Latina’, lo cual a mí personalmente me hace sentir muy orgulloso”.

En 1º marzo de 2009, en conmemoración del primer año de la muerte de Raúl Reyes y 25 personas más en el bombardeo colombiano al campamento guerrillero en Angostura (Ecuador), Santos dijo que “golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así éstos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa”5.
Las palabras de Santos preocupaban al embajador y el gobierno gringos, lo que llevó a pedirle al entonces ministro de Defensa colombiano, Gabriel Ospina, abstenerse de realizar ataques fronterizos antes de firmar el acuerdo. Silva manifestó que entendía la preocupación y que frenaría tales operativos.

Ahora que Wikileaks revela estos peligrosos planes agresivos contra la paz continental, Uribe admite que estaba “preparado para actuar en Venezuela sobre las farc”. Y del cable se deduce que los planes eran muy reales y que el gobierno estadounidense no estaba de acuerdo, por lo menos con el timing o que lo hicieran sin aviso previo. Esto llevó a que el ministro Silva se comprometiera a enviarle a Brownfield un protocolo que delineara cómo utilizarían las armas que Colombia acababa de conseguir con fondos del programa de asistencia militar extranjera de Estados Unidos, incluyendo “el compromiso de consultarles previamente para cualquier uso transfronterizo (an assurance for prior consultation before any cross-border use)”. Es decir, si Colombia pensaba incursionar en Ecuador o Venezuela a finales de 2009, no podría hacerlo sin el visto bueno gringo, bajo el entendido de que utilizaba dineros aportados por el Imperio.

Argumentando un ataque venezolano en razón a que Chávez había comprado en Rusia 100 carros de combate T-72 y otras armas, Colombia le solicitó al gobierno norteamericano la realización de una “actividad simbólica y visible de los militares de Estados Unidos” (maniobras militares) en Colombia, quizás en la base de Palanquero. “La embajada no planea actividad alguna en Palanquero hasta firmar el acuerdo”, escribió Brownfield. Silva también le contó a éste que la cancillería brasileña quería conocer el acuerdo antes que fuera público, pero le aseguró al embajador gringo que no tenían intenciones de compartir el texto.

El gobierno colombiano no quedó satisfecho con la redacción final del acuerdo firmado, y le reclamó al gobierno estadounidense por su falta de compromiso con Colombia si había un conflicto con Venezuela. “El canciller Bermúdez le expresó al embajador su preocupación sobre la posición del gobierno de Estados Unidos en la disputa con Venezuela. Le dijo que la neutralidad de Estados Unidos no era la posición que el gobierno colombiano estaba esperando y predijo que Uribe le diría esto al Subsecretario Steinberg”, dice el cable de Brownfield al Departamento de Estado del 20 de noviembre de 2009.

Si bien Estados Unidos había elaborado el borrador primario, Colombia, mediante las modificaciones propuestas, pretendía convertir el acuerdo inicial propuesto en un “pacto militar”, en que Estados Unidos se comprometía a apoyar irrestrictamente a Colombia en caso de conflicto militar, con armas y logística, e incluso con su abierta participación en las operaciones, cuando el gobierno Uribe preparaba ataques a las farc en territorio venezolano, lo que podía desembocar en un conflicto regional. Aunque no se firmó el pacto militar que pretendía Uribe, que protegiera su agresiva política exterior, el acuerdo militar sí convirtió a Colombia en un ‘portaaviones’ del ejército y el gobierno norteamericanos.

Las argucias del gobierno colombiano para inducir al estadounidense a un apoyo al de Colombia en un posible conflicto con Venezuela fueron de tal desvergüenza que se llegó a acusaciones temerarias, como las de la asesora de Seguridad de Uribe, de que “el gobierno venezolano había asesinado a nueve colombianos, un peruano y un venezolano, cuyos cuerpos fueron hallados en el estado fronterizo de Táchira 24 de octubre de 2009, lo que probaba la crueldad del gobierno de Venezuela para provocar una guerra con Colombia”, relató Brownfield a su gobierno. Los burdos argumentos del gobierno Uribe fueron descartados, y Brownfield escribió al Departamento de Estado un cable para desestimar la crisis como no genuina, calificando al gobierno colombiano de paranoico.

La constitucionalidad del mencionado acuerdo fue demandada por un grupo de colombianos, y contó con la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otros ciudadanos colombianos que solicitaron la declaratoria de inexequibilidad del mismo, por considerar que constituía un nuevo tratado bilateral cuyo contenido debió haberse sometido a aprobación del Congreso colombiano, demanda resuelta el 17 de agosto de 2010 por una mayoría de seis votos contra tres.

Al decidir, la Corte Constitucional descarta que el tratado entre Colombia y Estados Unidos el 30 de octubre de 2009 fuera un “acuerdo simplificado”, extensivo de lo acordado en 1952, 1962 y 1974, como lo sostuvieron el gobierno Uribe, y las universidades Externado y Nueva Granada, y concluye que es inexequible por involucrar nuevas materias, inmunidades y privilegios, constituyéndose en un nuevo tratado que debió someterse a aprobación del Congreso y al control automático de constitucionalidad antes de entrar a regir, condicionamiento que debía haber sido vertido en una declaración interpretativa cuando el Gobierno manifiestara consentimiento ante el Tratado Internacional de Cooperación6, descartando inhibirse de fondo sobre las demandas, como lo solicitaron la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, por ineptitud de las demandas.

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el tratado bilateral de cooperación militar restablece el orden jurídico y sienta bases para el entendimiento con los países latinoamericanos, dejando en evidencia que la política exterior de Uribe violaba el orden jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno. De allí se establece que también hace falta un juicio político y penal al gobierno de Uribe por su criminal política exterior.

*    Abogado del CSPP, defensor de presos políticos y profesor universitario.
1    Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, 7 de febrero de 1948.
2    Artículo 9 de la Constitución Nacional.
3    http://www.lasillavacia.com/historia/asi-se-cocino-el-acuerdo-de-las-bases-militares-segun-wikileaks-20825.
4    El Espectador, 22 de julio de 2009. http://www.elespectador.com/juan-manuel-santos/articulo151950-no-protestamos-cuando-chavez-quiso-armarse-hasta-los-dientes-santos
5    http://www.ecuadorenvivo.com/2010060752039/internacional/santos_se_siente_-muy_orgulloso-_de_que_a_colombia_se_le_compare_con_israel_.html.
6    Corte Constitucional, Auto 288 de 2010, Sala Plena, que reafirma la Sentencia C-379/09 Corte Constitucional.
Publicado enEdición 166
¿Cumplirá la nueva funcionaria la tarea de impulsar los procesos contra los responsables de la corrupción y la violación de los derechos humanos?
En la sociedad donde la justicia
reina hay luz y alegría; donde ella
pierde vigencia hay oscuridad y dolor.
Jorge Eliécer Gaitán

El pasado 2 de diciembre, al filo de la medianoche, la abogada Viviane Morales Hoyos fue elegida Fiscal General de la Nación. Esta decisión se tomó luego de 25 votaciones en las cuales la Corte Suprema de Justicia no logró ponerse de acuerdo para elegir de las dos ternas de abogados conformada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte había argumentado que los ternados no reunían los requisitos para Fiscal General, debido a que “no eran penalistas”. Otros comentarios publicados en los medios hacían alusión a que la Corte no escogía el Fiscal por las contradicciones entre ésta y Uribe, que se manifestó en ataques, montajes y chuzadas ilegales por los ocupantes de la “Casa de Nari”.

La designación de una tercera terna por el gobierno de Santos había sido criticada por juristas cercanos al uribismo, diciendo que el Ejecutivo no tenía facultades para conformar una nueva, pues esta facultad se había agotado y sólo se podía hacer si renunciaban los ternados, amenazando con demandar su conformación. A estas críticas les salió adelante el nuevo ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien informó que el Gobierno le había solicitado concepto a la Sala Civil del Consejo de Estado, que conceptuó que el Gobierno tenía facultad para cambiar la terna, por lo cual la decisión se hallaba blindada.

Por todo lo anterior, la elección de Viviane Morales dio la sensación de alejamiento, e incluso de confrontación, del nuevo gobierno de Santos con su antecesor. La opinión pública, hastiada de la corrupción galopante y la confrontación con el poder judicial, celebró la nueva terna y la elección de la Fiscal, que auguraban una entidad independiente de la anterior administración, lo que supondría garantizar que ahora sí se adelantarán las investigaciones judiciales por la exacerbada corrupción, el pillaje, el fraudes y demás carruseles de delitos del anterior gobierno.

La impunidad como oficio

La Fiscalía en la era Uribe no podía haber sido más desastrosa para la justicia. Durante el primer gobierno de Uribe, estuvo presidida por Luis Camilo Osorio, quien actuó como aliado del paramilitarismo. Desde su llegada, desvertebró la Unidad Nacional de Derechos Humanos, despidiendo a connotados fiscales que contra viento y marea adelantaban procesos por centenares de desapariciones y masacres, a lo cual se sumó la participación de la fuerza pública en esta diabólica alianza que posibilitó el desarrollo del paramilitarismo y la realización de miles de crímenes.

Las primeras víctimas de este protector del paramilitarismo fue el equipo de fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que investigaba al ex general Rito Alejo del Río y había ordenado su captura. Por este golpe al “pacificador del Urabá”, sobre quien recae un mayor número de muertos y crímenes atroces que sobre el general Pablo Morillo, fueron destituidos por el fiscal Osorio, quien entonces se desempeñaba como Vicefiscal, Pablo Elías González, quien tuvo que asilarse en Canadá; Pedro Díaz Romero, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos; Virgilio Hernández, quien había coordinado la Unidad de Derechos Humanos; Lucía Luna Prada, Carmen Maritza González, fiscales que habían recopilado un conjunto de declaraciones en las que se afirmaba que el general Del Río había participado en la conformación de grupos paramilitares. Y también Fernando Niño, quien dirigía la central de información del CTI y estuvo al frente de la detención del ex general.

El paso siguiente del fiscal Osorio fue asumir directamente la investigación contra Del Río y encargar de su trámite al entonces fiscal delegado ante la Corte, Guillermo Mendoza Diago, quien proyectó la preclusión contra el ‘pacificador’ que firmó el fiscal Osorio, dejando en la impunidad todo el proceso del criminal desarrollo del paramilitarismo en Urabá en tiempos de Uribe como gobernador de Antioquia y Rito Alejo del Río como comandante de la XVII Brigada con sede allí.

La impunidad del paramilitarismo en tiempos de Osorio fue total. Entre las muchas investigaciones que no se hicieron en estos ocho años, se cuenta la entrega de las fiscalías al paramilitarismo en muchos departamentos, como sucedió en Norte de Santander con Ana María Flórez, designada jefe de Fiscalías de Cúcuta, ahora prófuga e investigada también por vínculos con los ‘paras’, por homicidios, aun el de su propio esposo, y de integrantes del CTI de aquella ciudad; o el caso de Antioquia, con Guillermo León Valencia Cossio (hermano de Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior de Uribe), destituido director de Fiscalías de las ciudades de Medellín y Tunja, procesado por vínculos con la ‘oficina’ de Envigado, y el paramilitarismo en Córdoba, Sucre y otros departamentos.

Al terminar su período Luis Camilo Osorio, asumió la Fiscalía el doctor Mario Iguarán, quien ejerció funciones entre agosto de 2005 y 2009, para ser reemplazado como encargado –desde el 29 de julio de 2009 y durante 14 meses– por el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien deja un balance poco satisfactorio, pese a que durante su gestión se evidenciaron algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos, como fueron los más de 2.500 homicidios fuera de combate cometidos por integrantes del ejército nacional; las chuzadas, amenazas terroristas, seguimientos y montajes por el DAS contra la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, y el escándalo por la entrega irregular de miles de millones de pesos a los amigos del presidente Uribe y sus ministros de Agricultura, el pincher Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, a narcotraficantes y hasta reinas de belleza, a cambio del apoyo a sus candidaturas políticas.

Pocas capturas se produjeron por estos macroescándalos hasta el momento de abandonar su cargo Mendoza Diago, y, lo peor, sus responsables, los ex ministros de Agricultura (Agro Ingreso Seguro), de Defensa, y comandantes militares (miles de muertos fuera de combate) siguen orondos, sin ser procesados, capturados y condenados por sus graves crímenes; y la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado (chuzadas, seguimientos, montajes e intimidaciones a la Corte) anda huyendo (ante la negligencia del fiscal Mendoza de imputarle delitos y solicitar su captura) en Panamá, donde el gobierno igualmente corrupto le brinda protección diplomática a solicitud de su amigo Uribe Vélez. El fiscal Mendoza Diago aparenta hacer justicia con las capturas de algunos corruptos de baja categoría, mientras les garantiza impunidad a los cabecillas, como los ex ministros Arias y Palacios, a comandantes militares como Mario Montoya, a ex funcionarios de la Casa de Nari como Bernardo Moreno y Edmundo del Castillo, o ex asesores presidenciales como José Obdulio Gaviria.

Era tan evidente la complacencia de la Fiscalía con la parapolítica, que los congresistas investigados y capturados por la Corte Suprema de Justicia renunciaban inmediatamente al fuero, a sabiendas de que Mendoza Diago les garantizaba la detención domiciliaria o la libertad inmediata. Al respecto, basta recordar la desfachatez respecto a los procesos contra Mario Uribe (primo del presidente Uribe), Zulema Jattin, Miguel Pinedo Vidal y decenas más que se acogieron a la benevolencia de Mendoza Diago, como lo hizo en los estertores de su mandato con sus paisanos sucreños del grupo Nule, a quienes también les permitió huir a Miami y Panamá, adonde iba a negociar con ellos los principios de oportunidad en vez de solicitarlos en extradición.

Ahora, una Fiscal

Con estos antecedentes, con un ambiente de abierta desconfianza ante la efectividad de la justicia, ocurre la elección de Viviane Morales como Fiscal General por un período corto de dos años y medio. De inmediato, la elección sembró esperanzas de una gestión transparente que haga justicia sobre los escándalos de corrupción y crímenes del pasado gobierno. Pero tales esperanzas, a pocos días de su posesión, tienden a desvanecerse. Es cierto que hay que dejarla actuar, pero algunos procederes chocan contra aquello que dicen “es lo último que se pierde”, y el pueblo colombiano necesita justicia para que disminuyan el crimen y la corrupción, y para que renazca la esperanza.

Sin embargo, han aflorado circunstancias que ponen en duda su independencia del uribismo, sobre las que deben recaer las investigaciones hacia lo pasado. Sobre las actuaciones del actual gobierno Santos, se abre también un compás de espera, ya que no se puede juzgar lo que todavía no ha sucedido, y ojalá no suceda, pero, si sucede, será difícil que investigue al gobierno que la ternó. La Constitución no da otra opción para elegir Fiscal.

Hoy se sabe que Uribe Vélez había considerado a Viviane Morales para incluirla en la terna enviada a la Corte Suprema de Justicia, pero que había declinado por petición del cruzado y fanático Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación, quien la habría vetado por no ser católica sino cristiana, en un acto ilegal de discriminación religiosa. Pero también resulta preocupante pensar que Uribe Vélez no tenía distancia jurídica ni política con la presunta candidata. Ya antes la había designado en una comisión para proponer reformas políticas.

Igualmente, resulta preocupante, como se supo a posteriori, que la terna enviada por el presidente Santos a la Corte Suprema de Justicia hubiera sido consultada con Uribe, lo que explica que no se rompiera la “luna de miel”, como lo advirtió el presidente del Congreso, el uribista Armando Benedetti. Es preocupante asimismo que incondicionales líderes uribistas como Juan Lozano, presidente del partido de la U, respaldaran la nueva terna y luego la escogencia de la Fiscal.

Esperanzas nacionales, retos fiscales

De todos modos, se espera de Morales una buena labor, que debe consistir en perseguir el delito y buscar la sanción de quienes se han apropiado de los dineros públicos, e igualmente a quienes han desplazado a cinco millones de colombianos, apoderándose de seis millones de hectáreas de tierra para criar ganado, sembrar palma africana o banano, o han determinado y perpetrado miles de “falsos positivos”, desapariciones o asesinatos, cuya cifra exacta no se conoce por falta de compromiso de la Fiscalía con el pueblo, compromiso que muchos fiscales sí han tenido con los perpetradores y victimarios.
La parálisis en la elección de Fiscal General, que parecía una negativa a nombrarle funcionario de bolsillo a Uribe Vélez para que le cuidara su espalda, al parecer también tuvo su origen en la puja de algunos magistrados amigos de Uribe y el uribismo de garantizar que las vacantes fueran ocupadas por afectos a sus intereses. Al respecto, ahora se denuncia que el grupo de magistrados que lidera Francisco Ricaurte se opuso a la elección del Fiscal General y la escogencia de vacantes de cuatro magistrados hasta garantizar la de Gabriel Miranda como nuevo magistrado. Ricaurte asistió a actos sociales de Javier Cáceres (preso por parapolítica en la cárcel La Picota) y José Obdulio Gaviria, ideólogo del régimen uribista.

Al respecto, señala la periodista Cecilia Orozco Tascón: “Si la inclusión de este personaje (Miranda) en el Tribunal es parte del pacto Santos-Corte y fue el costo que pagamos por tener Fiscal, el precio es muy alto: el envilecimiento clientelista de una institución que paradójicamente se abstuvo de cumplir con el acto elemental de justicia de elegir como magistrado principal al investigador más valiente de Colombia: Iván Velásquez”.

Debemos recalcarlo: Colombia merece una suerte mejor que lo que hemos vivido en el pasado. Sus pobladores fincamos la esperanza en que Viviane Morales, pese a la oposición y la resistencia que puedan ejercer los empresarios y políticos corruptos (de todos los partidos), los terratenientes y ganaderos victimarios, los violadores de derechos humanos, por su formación ética y profesional, y por su capacidad de liderazgo, tenga la suficiente voluntad personal y política para depurar la Fiscalía y adelantar los procesos contra los responsables de la inmensa corrupción y las grandes injusticias que han azotado a este país.

Abogado, especialista Derecho Constitucional UN, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Defensor Público, Profesor UPTC y Universidad Republicana.

Perfil

La Fiscal se ha desempeñado como conjuez de la Corte Constitucional y senadora de la República entre 1998 y 2002 por el partido cristiano “Movimiento Independiente Frente de Esperanza”, así como representante a la Cámara para los períodos comprendidos entre 1991 a 1994, y 1994 a 1998 por el Partido Liberal. A su paso por el Congreso, Morales fue autora de importantes iniciativas que se convirtieron en leyes de la República, entre las que se destacan la Ley estatutaria de la libertad religiosa, la Ley de las acciones populares y de grupo y la Ley Estatutaria de cuotas para la participación de la mujer en la administración pública. Además, ha sido profesora de la Universidades de El Rosario, Nacional y Jorge Tadeo Lozano. También fue asesora de la Asamblea Nacional Constituyente y viceministra en la cartera de Desarrollo Económico. En resumen, ha sido una destacada profesional que se graduó con honores, y es cristiana en un país de ‘católicos’ y cristianos minoritarios pero fanáticos.
Publicado enEdición 165
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