El Papa con el cardenal Wuerl, acusado de encubrir los hechos, en Washington en 2015

La Santa Sede se mostró tolerante ante algunos de los casos de pedofilia aunque es imposible saber si estaba al tanto de todos los detalles

La investigación de Pensilvania, que relata los abusos sexuales a más de 1.000 menores por más de 300 religiosos durante siete décadas, revela que desde al menos 1963 el Vaticano conocía algunos de esos casos y que se mostró tolerante, aunque es imposible saber si estaba al tanto de todos los detalles. Tras dos días de silencio, la Santa Sede mostró el jueves “su vergüenza” por los abusos “criminales” en Estados Unidos y señaló que “deberían asumirse responsabilidades”.


La palabra Vaticano aparece 45 veces en el escalofriante informe del gran jurado de Pensilvania, que destapa una maquinaria de silencio y encubrimiento ante los excesos de los curas. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de salvaguardar la correcta doctrina de la Iglesia católica, es mencionada 14 veces, y la Santa Sede, 11. Según se desprende del documento de 1.356 páginas, Roma fue informada en repetidas ocasiones tanto de las agresiones sexuales como del hecho de que la Iglesia estadounidense estaba encubriendo a curas pederastas.


Al desvelar el martes los hallazgos de la investigación, el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, advirtió de que los patrones de encubrimiento “se alargan en algunos casos hasta el Vaticano”. La primera vez que aparece mencionado el Vaticano en el informe es en 1963 y la última en 2015, cuando el papa Francisco ya estaba al frente de la máxima institución del catolicismo y se habían prometido reformas contra los abusos. En el caso de 2015, el Vaticano dio luz verde a una petición de apartar a un cura acusado de un delito de pornografía infantil. Un año antes, sin embargo, no puso en apariencia reparos a la decisión de la diócesis de Allentown de no apartar del sacerdocio a un religioso que, en los años ochenta, había tocado los genitales de un chico de 13 años.


El primer caso que conoció el Vaticano hace más de medio siglo concierne al cura Raymond Lukac, de la diócesis de Greensburg. En 1963, Lukac acumulaba al menos tres quejas conocidas de abusos sexuales y varias sobre trato inapropiado a menores en poblaciones distintas pese a haber prometido mejorar su conducta. Había tenido una relación con un organista de 18 años, se había casado siendo cura y había tenido un hijo con una chica que conoció cuando ella tenía 17, además de abusar de otra niña de 11 años.


Con estos antecedentes, el obispo de Greensburg, William Connare, se comunicó con el Vaticano en octubre de 1963. Lukac trabajaba entonces en un centro religioso a las afueras de Chicago y, por su mala conducta previa, no podía escuchar confesiones. Él le pidió a Connare que le fueran restauradas todas sus funciones y así lo solicitó este en persona a la Santa Sede, que dio su aprobación. “Mientras estaba en Roma, revisé los detalles de su caso con el Santo Oficio y obtuve esas facultades para el padre Lukac”, explicó Connare en una carta después, en la que matizó que era un permiso para al menos un año.


En su informe, el gran jurado de Pensilvania concluye que “los obispos que colaboraron para mantener a Lukac activo en el sacerdocio lo hicieron sabiendo que él suponía un riesgo para la población y fueron, por tanto, cómplices con el abuso que cometió”.


Hay otros ejemplos. El actual arzobispo de Washington, Donald Wuerl, escribió una carta al Vaticano en 1989 en la cual informaba de que curas de la que era entonces su diócesis, la de Pittsburgh, habían sido acusados de agredir sexualmente a menores. Conocido en la curia por su aparente tolerancia cero hacia los abusos y criticado fuera de ella por haber encubierto a curas pederastas, Wuerl definió la pedofilia como algo “incurable” y manifestó que los feligreses tenían derecho a más información.


Readmisiones


Pese a esta declaración al Vaticano “sobre la naturaleza seria y criminal del problema”, en la práctica Wuerl permitió que un cura pedófilo, Ernest Paone, quien había sido anteriormente obligado a cogerse una excedencia y alejarse de sus víctimas, fuera trasladado en varias ocasiones a otras diócesis. Wuerl acabó aceptando en 2003 la renuncia de Paone pero le permitió que cobrara su pensión.


En cambio, en 1988 Wuerl apartó a otro religioso después de que una víctima presentara una denuncia por abuso. Sin embargo, cinco años después, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, máxima instancia vaticana, ordenó que fuera readmitido aunque luego se desdijo. En la víspera de las revelaciones del informe de Pensilvania, el actual arzobispo de Washington señaló que el documento sería crítico con algunas de sus acciones pero defendió que “actuó con diligencia, preocupación por los supervivientes y para prevenir futuros abusos”.


Las técnicas usadas por los obispos de Pensilvania para acallar las voces críticas y las denuncias de afectados y familiares incluían el alejamiento de los curas pedófilos, su “secularización”, excedencias y tratamientos en centros de salud mental, entre otras cosas. Según el gran jurado, el Vaticano estuvo en contacto con varios obispos de Pensilvania y recibió información sobre los casos de abusos, pero el informe no siempre detalla qué repercusiones tuvieron estas comunicaciones. En 1988, por ejemplo, una mujer envió una carta a la diócesis de Pittsburgh y al Vaticano para pedir ayuda ante el abusador de su hijo, y nunca recibió respuesta.
Washington / Madrid 18 AGO 2018 - 05:18 COT

 

Publicado enInternacional
Lunes, 23 Octubre 2017 10:12

Crímenes sublimes

Crímenes sublimes

Capítulo 17

La lluvia ha disminuido considerablemente pero no se detiene del todo. “Bogotá es una ciudad acuática”, piensa Marlowe mientras conduce su auto por la avenida séptima hacia el centro. En el radio hablan del asesinato de la abogada Alcaba. Algunos periodistas especulan sobre una posible conspiración en contra del gobierno. Alcaba era reconocida por su cercanía con el Secretario Privado de la Presidencia y había apoyado diversos proyectos de ley propuestos por el actual Ministro del Interior. Entre ellos, una dura ley antiterrorista que parecía retroceder en la historia hasta los tiempos de la Guerra Fría.

Marlowe cambia la estación y deja una emisora de jazz donde Charlie Parker está tocando All the things you are. Esa música le trae recuerdos de su juventud en Santa Rosa, California. La imagen es la de un grupo de jóvenes sentados en una mesa de bar, riendo y conversando. Al lado de Marlowe hay una mujer de pelo negro, piel clara y ojos verdes. Están tomados de la mano y a cada cierto tiempo se lanzan miradas de complicidad. La mente de Marlowe se pierde en el recuerdo de aquella mirada y una sensación de bienestar se apodera de su espíritu. Pero esto sólo dura algunos segundos antes que su celular timbre de nuevo haciendo que Marlowe maldiga su suerte de mil maneras distintas y en por lo menos dos idiomas.

“Aló”, dice Marlowe en tono seco. “Agente Marlowe, usted no me conoce personalmente, mi nombre es Flora Suskind. Necesito hablar con usted... Es sobre el caso de Eliseo Zubiría.” “¿Dónde puedo encontrarla?”. “Veámonos en el Café de la Librería Bucholz de la calle 82, en una hora”. “Estaré ahí”, dice Marlowe.

“Suskind, Suskind”, Marlowe trata de recordar dónde ha escuchado antes ese apellido. Marca un número de teléfono. “Alicia, antes de cualquier cosa, averíguame quien es Flora Suskind”. “¡Marlowe! el jefe te anda buscando como loco. ¿Cuándo vienes a la oficina?”. “Más tarde o mañana temprano, no se te olvide lo de Suskind”. “No tengo que averiguar nada, es una mujer famosa, ¿no ves televisión?”. “¿Ah, si?”. “Es la dueña de la revista Opinión, y tiene un programa de entrevistas en el canal 11”. Ahora Marlowe sabe por qué su nombre se le hacía tan familiar. ¿Pero qué puede tener que ver con el caso de Zubiría?

Publicado enEdición Nº240
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

 

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

Publicado enEdición Nº236
Viernes, 28 Abril 2017 15:19

Crímenes sublimes

Crímenes sublimes

Capítulo 11

 

Antes de subir a su auto Marlowe marca un número en su celular. “Alicia, ¿pudiste averiguar la dirección que te pedí?”. “Marlowe, no me digas que hoy tampoco vas a venir a la oficina. El jefe te anda preguntando”. “Dile que sigo en el último caso. ¿La dirección?”. “Mira, no fue fácil conseguirla, todo lo que rodea este tipo es bastante misterioso. La secretaria de la Facultad dice que no está segura que sea la dirección de su residencia, pero es a donde le envían la correspondencia: Calle 33, número 16-88”. “Gracias Alicia”, dice Marlowe y cuelga el teléfono.

 

Después de una hora luchando con otros conductores en medio a un tráfico infernal, Marlowe estaciona frente al lugar indicado. El número corresponde a una casa antigua de una sola planta con un pequeño jardín delantero. Las paredes del frente son de ladrillo a la vista y en algunos lugares están cubiertas por una hiedra mal cuidada. Las cortinas de las ventanas del frente están cerradas. Marlowe toca el timbre dos veces. Espera un poco pero no parece haber ningún movimiento en la casa, como lo esperaba. Intenta darle la vuelta a la cerradura pero no cede. Mira a ambos lados de la calle y no ve a nadie. Camina rodeando la casa hasta la parte posterior. Allí hay otro jardín más descuidado que el anterior. Dos sillas de madera a punto de quebrarse en medio a la hierba crecida completan la sensación de abandono y decadencia. Marlowe se acerca a la puerta de atrás de la casa e intenta abrirla pero tampoco cede. Se quita el sobretodo y le da varias vueltas alrededor de su brazo derecho. Luego le da un golpe con el codo a la ventana superior de la puerta quebrando el vidrio. Algunos restos caen al suelo haciendo un ruido seco que se pierde en el vacío del jardín. Marlowe mete la mano por el hueco de la ventana y le quita el seguro a la puerta.

 

La casa está en silencio y en penumbra. Hay un olor fuerte y desagradable, como si el aire no hubiera circulado en el lugar hace tiempo. A la derecha hay una cocina pequeña y desordenada. Hay platos sucios con algunos restos de comida. Dos cucarachas de tamaño considerable caminan tranquilamente sobre los platos. Cerca de la cocina hay una mesa de madera de cuatro puestos. Sobre la mesa hay varios libros y cuadernos abiertos y una máquina de escribir antigua. Un poco más adelante está la sala con un sofá de cuero y una poltrona junto a una lámpara de pie. A un lado del sofá hay un narguilé que aparenta bastante uso. Las paredes tienen estantes repletos de libros. Y hay varias columnas más de libros y periódicos por el piso. Hacia la derecha hay un corredor y dos puertas cerradas. Marlowe saca su pistola y le quita el seguro. Abre con cuidado la puerta de la derecha. Es el cuarto principal. Hay una cama de soltero en un extremo, más libros y ropa tirada por todas partes. Marlowe coloca su mano sobre la cama y la nota completamente fría. Sale del cuarto y abre la segunda puerta.

 


Marlowe no está incluido precisamente en la clase de personas que suelen asombrarse con facilidad pero la visión que tiene en frente logra causarle al menos un leve impacto. Todas las paredes del cuarto están repletas de fotografías de cuerpos ensangrentados o mutilados, noticias de crímenes, accidentes, masacres. Al lado de cada fotografía o de cada noticia de periódico hay papeles pegados a la pared con anotaciones a mano. Marlowe lee palabras como “sublime”, “perfecto”, “mediocre”, “grandioso”, “mal ejecutado”, “memorable”. Sobre un escritorio en la mitad del cuarto Marlowe ve un recorte de periódico con la noticia del asesinato de Zubiria y un signo de interrogación marcado a mano a un lado.

 

Antes de que pueda tomar el recorte de la mesa siente el caño frío de una pistola en su nuca. “Coloque el arma sobre la mesa”, dice una voz firme y contundente a su espalda. Marlowe obedece. “Identifíquese”. “Phillip Marlowe, detective de la policía Metropolitana”. El hombre revisa los bolsillos de Marlowe y saca su billetera. Después de confirmar la información baja el arma de su nuca y permite que Marlowe se voltee aunque no deja de apuntarle. Es un tipo alto, un poco más alto que Marlowe, de complexión gruesa. Tiene la piel clara y ojos verdes. El pelo muy corto, cejas espesas y nariz aguileña. “¿Qué está haciendo aquí?” le dice. “Estoy acostumbrado a ser yo el que hace las preguntas”, dice Marlowe. “No se ponga con chistes estúpidos”. “Investigo un asesinato ¿y usted?”. El hombre saca un radio del bolsillo, dice el nombre y el número de la placa de Marlowe. Espera un poco. “Está limpio”, se escucha que alguien dice al otro lado. El hombre baja la pistola. “Se puede ir”, le dice en tono de orden. Marlowe mide por un instante la posibilidad de dominarlo pero se da cuenta que sería inútil. “Sólo por curiosidad”, dice antes de salir del cuarto, “¿por qué el ejército está tan interesado en la muerte de un filósofo?”. El hombre no dice nada y con la pistola en la mano le señala el camino hacia la puerta de la casa.

Publicado enEdición Nº234
Jueves, 03 Noviembre 2016 07:00

La CPI, ¿"dos pesos, dos medidas"?

La CPI, ¿"dos pesos, dos medidas"?

Semanas atrás, los países de La Unión Africana demandaron ante la CPI suspender las acciones adelantadas contra los jefes de Estado en ejercicio. Antecedentes y posibles implicaciones de esta decisión.

 

Estamos ante una decisión preocupante, cuando menos. Pretoria anunció el pasado 21 de octubre su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI). De hecho, el anuncio fue público tres días después de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, acusado de violaciones graves de los derechos humanos, promulgara una ley denunciando el Estatuto de Roma. Desde su entrada en vigor (01/07/2002), ningún país en el mundo había tomado tal decisión. Gambia, un pequeño país de África Occidental, acaba de proponer lo mismo, yendo más lejos: se retira de la CPI y la llama "International Caucasian Court” (Corte Internacional Europea). Ironías de la vida, la actual fiscal de la CPI es de Gambia.


El Presidente de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma –base jurídica de la Corte Internacional–, señor Sidiki Kaba, ha llamado a los gobiernos de Sudáfrica y Burundi a reconsiderar sus posiciones. "A pesar de que la opción de retirarse de un tratado en virtud de la soberanía del Estado, es libre, sin embargo, ha lamentado estas decisiones”. Considera Kaba, que “[...] teme que esta señal perturbadora abra una cascada de retiros de otros países africanos, lo que socavaría el único tribunal penal internacional permanente encargado de juzgar [...] el genocidio, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión” (1)


Pierre Nkurunziza, el presidente que ha cambiado la Constitución de Burundi con el único fin de perennizarse en el poder, obviamente, no reconoce ninguna autoridad, que no sea la suya propia. Sin miedo, a pesar de las presiones externas, el Presidente de Burundi promulgó una ley que prevé la retirada de su país de la CPI. Próximamente comunicará su decisión a la ONU, para iniciar formalmente el proceso. Esta decisión está motivada en su valoración de que la Corte obedece dictados de las grandes potencias, algunas de las cuales ni siquiera hacen Parte o han ratificado el Estatuto de Roma. Burundi cree que es hora de que los países africanos dejen de ser Parte del Estatuto.


La decisión de Sudáfrica, seguramente encontrará eco importante en un continente en el que los políticos afirman que la Corte juega con "dos pesos, dos medidas". Lo deducen del hecho de que los jueces de La Haya han abierto 10 investigaciones en nueve países, ocho de ellos países africanos. Ellos consideran que la CPI "prefiere como objetivo los líderes de África y excluye otros que, se sabe, han cometido atrocidades en otros lugares". Esto lo denunció el ministro sudafricano de Justicia, Michael Masutha Viernes, confirmando la decisión tomada hace poco.


Sudáfrica había enviado una carta a la ONU denunciando su decisión de retirarse, la que será efectiva un año después de la recepción de la solicitud por parte del Secretario General de Naciones Unidas. En el pasado, el presidente sudafricano Jacob Zuma, había denunciado la falta de enjuiciamiento de la CPI contra los Estados Unidos, acusado de atacar a Irak por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, lo que nunca pudo demostrar, o en contra de Israel por sus crímenes contra los palestinos.


La voluntad de Pretoria de dejar la CPI gano en fortaleza después de la polémica visita, en junio de 2015, del presidente de Sudán, Omar al-Bashir a la cumbre de la Unión Africana en Johannesburgo. La violación de la decisión de un tribunal de Sudáfrica que ordenó su arresto, orden que las autoridades de Pretoria se negaron a ejecutar, significó que el líder sudanés, buscado por la CPI por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur, pudiera asistir a la Cumbre y regresar sin problemas a su país. La Corte, según el titular de Justicia, “obstaculiza la capacidad de Sudáfrica para cumplir con sus obligaciones de respetar la inmunidad diplomática".


Pretoria insiste en el respeto de la soberanía


Por primera vez, a principios de octubre, un presidente sudafricano realizó una visita a su homólogo keniata, Uhuru Kenyatta, quien en su momento fue acusado ante la CPI de ser responsable de la violencia ejercida durante las elecciones del 2007. Según David Hornsby, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, “el presidente y vicepresidente de Kenia, Uhuru Kenyatta y William Ruto, han hecho campaña feroz contra la Corte con el apoyo de la Unión Africana” (2).


Históricamente Sudáfrica ha abogado por la defensa de los derechos humanos, enfatizando en el respeto a la soberanía de cada país, aunque esto no ha sido tan visible desde que Mandela dejó el poder. Pretoria ha criticado en varias ocasiones la interferencia de las potencias occidentales, como Francia en Costa de Marfil en 2010, o en Libia en 2011. Dato curioso, los sucesivos presidentes de Sudáfrica siempre han tenido una actitud tolerante con su vecino, Robert Mugabe de Zimbabue, que ha sabido arreglárselas para quedarse en la presidencia por casi 30 años, a pesar de su papel en la represión de la oposición.


Importante anotar que el gobierno de Pretoria enfrenta una fuerte oposición por parte de organizaciones de la sociedad civil sudafricana. El principal partido de oposición, la Alianza Democrática (DA), también decidió tomar parte en la discusión buscando obtener la anulación de esta decisión por considerarla “inconstitucional e irracional". Esto se ha dado, según Ottilia Maunganidze, investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) en Pretoria, porque "el gobierno ha decidido enviar su solicitud a la ONU antes de consultar al Parlamento, lo que no es fiel al proceso democrático de costumbre”. La experta considera que esta batalla legal que podría ir a la Corte Constitucional, podría durar “varios meses o incluso años” (3).
Estas decisiones son más fuertes del lado político que jurídico. Sin embargo, con la amenaza de la Unión Africana de producir un retiro masivo, solamente ha logrado agrandar el problema.


Sobre los nueve países que son objeto de investigación por parte de la CPI, ocho son africanos. Es justamente esta estadística la que alimenta las acusaciones de “racismo” formulada por la Unión Africana. He aquí la lista.


RD Congo


El jefe rebelde Bosco Ntaganda, está acusado por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra cometidos cuando comandaba el movimiento FPLC, entre 2002 y 2003 en la región del Ituri al noroeste del país. Este proceso fue abierto en septiembre 2015.


El jefe de milicia congolés, Thomas Lubanga, fue el primer líder rebelde en ser condenado a 14 años de prisión en 2012, pena confirmada en apelación, por haber utilizado niños durante la guerra civil en la misma región del Ituri, y por la misma época.


Otro jefe “rebelde”, Mathieu Ngudjolo, fue absuelto en diciembre de 2012. Fue acusado concretamente por el ataque en 2003 a la población de Bogoro, en el extremo este del país,. Sin embargo, otro jefe de milicia, Germain Katanga fue condenado el 23 de mayo de 2014 a 12 años de prisión por los mismos hechos.


Una orden de arresto fue emitida en julio de 2012 contra el jefe de los rebeldes de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), Sylvestre Madacamura, por crímenes cometidos en las provincias del Kivu, al Este del Congo entre 2009 y 2010
Uganda


En el año 2005, la CPI emitió órdenes de arresto contra Joseph Kony y otros altos responsables del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), particularmente por haber reclutado niños y esclavitud sexual, hechos sucedidos entre 2002 y 2004. Uno de estos responsables, Dominic Ongwen, se entregó y fue transferido a la CPI. Su proceso debe abrirse el 6 de diciembre de 2016.


Sudán


El presidente sudanés, Omar al-Bachir, y otros cinco responsables de su gobierno, son investigados dentro de un proceso adelantado en Darfur, región al oeste de Sudán que se desangra desde 2003 en una guerra civil que, según cifras de la ONU, ha producido más de 300.000 muertos. Omar al-Bachir tiene dos órdenes de arresto, una fechada en 2009 y otra de 2010 por crimen de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Pese a estas órdenes, continúa viajando por el continente sin afrontar molestía alguna.


Kenia


La CPI abrió investigación contra el presidente Uhuru Kenyatta, contra el vice-presidente William Ruto y contra un periodista, Joshua Arap Sang, por crímenes contra la humanidad, cometidos durante las violentas jornadas después de las elecciones de 2007-2008. La Fiscal de la CPI ha debido abandonar los cargos contra estas personas, por falta de pruebas. Este proceso había sido abierto en septiembre de 2013.


Costa de Marfil.


El primer jefe de Estado en ser transferido a La Haya fue Laurent Gbagbo, en compañía de su jefe de milicias, Charles Ble Goudé, por violencias cometidas entre diciembre de 2010 y abril de 2011, cuando el proceso electoral no les fue favorable. El primero, desde el 30 de noviembre del 2011 y el segundo desde marzo del 2014 están por cuenta de la CPI en La Haya.


La esposa de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, también es objeto de una orden de arresto por parte de la CPI. Pero ella ya fue condenada a 20 años de prisión en su país por atentar contra la seguridad del Estado; actualmente está sometida a juicio por crímenes contra la humanidad.


Libia


Seif al-Islam, hijo del dirigente Mouammar Gadafi, se encuentra actualmente detenido en Libia, objeto de una orden de arresto por crímenes contra la humanidad, cometidos durante el conflicto que provocó la caída y muerte de su padre en 2011. En este caso, Libia y la CPI se disputan el derecho de juzgarlo.


Centro África


Jean-Pierre Bemba, un antiguo líder rebelde del Congo, que luego de las negociaciones de paz en su país pasó a ser vice presidente de la RDC, fue condenado el 21 de marzo del presente año. La CPI lo declaró culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, sentenciándolo a 18 años de prisión por hechos cometidos, entre octubre de 2002 y marzo de 2003, por su milicia congolesa en República Centroafricana, donde habían ingresado para apoyar las tropas del presidente Patassé ante un golpe de Estado. Una segunda investigación se abrió en septiembre de 2014 con una lista interminable de “atrocidades” supuestamente cometidas por milicias en la República Centroafricana desde agosto de 2012. Este es solamente el cuarto juzgamiento en 14 años de existencia del Tribunal.


Mali


Resulta una novedad que la CPI se ocupe de los responsables de demoler los mausoleos, y toda clase de bienes, catalogados como patrimonio mundial de la humanidad. Es el caso del Touareg Ahmad Al Faqi Al Mahdi, que fue condenado a 9 años de prisión el pasado mes de septiembre, después de ser declarado culpable de la demolición del patrimonio cultural en Tombuctú. Es el primer proceso a un yihadista ante la CPI.


Fuera de estos casos-país, la CPI ha abierto exámenes preliminares contra otros países del continente como Gabón, Guinea Bissau, Burundi y Nigeria. Estas preliminares pueden desencadenar la apertura de una investigación formal.


Importante anotar que el retiro de Burundi de la CPI no tendrá ningún efecto sobre las diligencias preliminares iniciadas por la CPI.


El caso del Chad es igualmente importante. El ex dictador Hissane Habré fue acusado de ser el responsable de persecuciones étnicas, en diferentes etapas de su gobierno, contra grupos étnicos rivales. En septiembre del 2005, una Corte de Bélgica acusó a Habré de crímenes contra la humanidad, tortura, crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos. Él se refugió en Senegal, y tiempo después fue puesto bajo arresto domiciliario en Dakar. Aunque el Parlamento Europeo y la Unión Africana (UA) solicitaron a Dakar el envío de Habré a Bélgica para ser juzgado, no fue posible. Senegal creó su propia Corte especial de crímenes de guerra para juzgar a Habré, con el objetivo de disminuir la presión del parlamento europeo.


El 30 de mayo de 2016, la Corte Especial declaró a Habré culpable de crímenes contra la humanidad, violación, esclavitud forzada, homicidio voluntario, práctica masiva y sistemática de ejecuciones sumarias, secuestro de personas, torturas y actos inhumanos, por el cual cumplirá cadena perpetua.

Entre el deseo y la realidad


Con referencia a otras regiones, podemos decir que si bien la posibilidad de que algún día los responsables de la hecatombe en Irak, como Tony Blair, sean juzgado y llevados a prisió, son pocas, hay que destacar el posible efecto de la publicación del Informe Chilcot sobre la intervención británica en Irak en el 2003. Esto pone nuevamente sobre el tapete el caso de la cruenta invasión de este país. A resaltar que la Fiscal reabrió en mayo del 2014 el expediente que había sido cerrado por su predecesor. Falta aclarar que Bagdad no ha ratificado el Tratado de Roma.


Ucrania no hace parte del Estatuto de Roma, sin embargo el gobierno de este país depositó una declaración con base en el artículo 12-3 del Estatuto, por la cual le reconoce la competencia a la CPI para investigar diversos crímenes que habrían sido cometidos en su territorio entre el 21 de noviembre del 2013 y el 22 de febrero del 2014.


El examen preliminar de la situación en Ucrania fue anunciado el 25 abril 2014.


Mención especial merecen los innumerables intentos de inculpar a los responsables de la tragedia humana en Siria. Pero esta confrontación se ha convertido en una guerra de potencias que difícilmente dejara avanzar una investigación.


Comentarios


Tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia y China, no reconocen la competencia de la CPI para sus nacionales, lo mismo que Israel. Pese a ello, para que la Corte sea competente y actúe, solamente hace falta que un Estado que la haya reconocido levante cargos, o que los crímenes de los que es acusado alguién hayan sido cometidos en un Estado Parte.


No se puede afirmar que luego de 14 años de existencia, la CPI haya tenido al menos un éxito discreto. Es claro que el Fiscal puede decidir perseguir de manera discrecional y sobre base de criterios subjetivos, pero la selección que se percibe en la práctica aparece como bastante sospechosa. Ningún crimen internacional que implique, directa o indirectamente, las potencias ha sido objeto de la menor investigación, ni siquiera de apertura de diligencias preliminares. Mirése no más que desde abril del 2015, cuando le concedieron el derecho a Palestina de ser miembro de la CPI, transmitió una serie de documentos al Fiscal implicando a Israel por la construcción de viviendas en Cisjordania, en una maniobra detestable de colonización. Hasta hoy, silencio total.


Según el mandato, esta es una jurisdicción complementaria de las jurisdicciones nacionales; por tanto, sólo es competente si las investigaciones son imposibles de adelantar en el respectivo país, sea porque las autoridades no tienen la voluntad o porque el sistema judicial nacional no está en capacidad de administrar justicia. Complementariedad considerada como una regla discriminatoria. Se considera que los países investigados son los más mal administrados y principalmente los del continente africano. Hasta el año 2015, los procedimientos solo conciernen a los africanos.


Por todas estas razones fue, con ocasión de Cumbre de la Unión Africana el 31 de enero del 2016 en Addis-Abeba, que se aceptó estudiar la idea de un retiro colectivo de todos sus Estados miembros de la CPI, decisión que ahora se está revisando, si bien no de manera colectiva, si de manera individual.
La actual fiscal, la señora Besouda, ciudadana gabonesa, se limita a reclamar paciencia, indicando que muchas otras investigaciones serán adelantadas. Argumenta que la falta de medios, los testimonios contradictorios y poco convincentes, las informaciones obtenidas a través de otras personas, de testigos indirectos, llevan necesariamente a abandonar las instrucciones. Hay dos ejemplos claros de esto: la liberación del congolés Mathieu Ngudjolo y del keniata Francis Muthaura, que por estos razones escaparon de la justicia internacional.


Si tenemos en cuenta los principios que sustentaron la concepción de la CPI como una “Corte de Seguridad, un tribunal que no cumple solamente una función judicial, sino que se concibió para ejercer una finalidad pacificadora, puesto que los crímenes que son de su competencia son considerados como una amenaza para la paz, la seguridad de todo el mundo”, hay que obrar para que los buenos propósitos se tornen en hechos, dándole a la Corte no solo visos de imparcialidad, sino que sea, en efecto, un tribunal veraz, puntual e imparcial.


Es cierto que hay casos, como el del presidente Gbagbo, que ilustran muy bien la instrumentalización de la justicia internacional, al punto que el actual presidente Ouattara decidió que ningún otro ciudadano de Costa de Marfil será transferido a la CPI. El caso del Presidente sudanés, y el más reciente del Presidente burundés, en efecto muestran que para los líderes africanos el principio de solidaridad está antes que el principio de justicia. Podríamos hablar de cinismo pero que, para muchos de los casos, podría estar justificado.


Conclusion


Catorce años después de su constitución, la CPI no puede argumentar la falta de experiencia. Sin embargo, solamente ha producido cuatro sentencias entre las cuales, una absolución, 29 órdenes de arresto. Sobre los 18 sospechosos que han comparecido a La Haya, seis se beneficiaron de la no apertura de investigación. “Un balance poco glorioso si tenemos en cuenta que la CPI recibe cada año entre 100 y 130 millones de euros de los Estados Miembros” (4).


Si la CPI continúa sorda a los llamados de todo el mundo, de actuar con total imparcialidad, y se obstina en no abrir causas contra otros presuntos responsables, será considerada como un tribunal internacional puramente simbólico y todos los esfuerzos invertidos en su creación, de toda índole, serán en vano.

Notas

1. Entrevista a la AFP, sabado 22 de octubre 2016
2. Carta Semanal, Human Rights Watch, Region / Pais África África del Sur, 21 de octubre del 2016.
3. Carta Semanal, Human Rights Wacht, Region/ País África, África del Sur, , 21 de octubre del 2016.
4. Benvenuto Maria, Francesca, abogada de la Corte en Paris, entrevista en Le Monde Diplomatique, sábado 22 de octubre 2016

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Mujeres salvadoreñas en el Monumento a la Memoria en San Salvador.

 

La norma impedía la investigación, procesamiento y sanción de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil

 

 

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró el miércoles inválida la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. La norma impedía la investigación, procesamiento y sanción de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1980-1992).


El fallo de la CSJ establece que la amnistía es contraria a la protección de los derechos fundamentales, porque impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a esos derechos.


Durante la guerra civil salvadoreña se ocasionaron cerca de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, la mayoría civiles. El conflicto provocó también una diáspora de un millón de refugiados. La mayoría se marchó a distintas ciudades de Estados Unidos, en especial a Los Ángeles, Texas y Washington.


“Este es el primer paso que llevará a El Salvador a la verdadera reconciliación; para que las instituciones funcionen y que se lleve a la justicia a quienes cometan delitos, independientemente de quienes sean”, afirmó el abogado Benjamín Cuéllar, uno de los abanderados en la lucha por declarar nula la Amnistía de 1993. Por otro lado, el general David Mungía Payés, apuntó que “declarar la inconstitucionalidad” no debería convertirse en una “cacería de brujas”. La Fuerza Armada tendrá ahora la obligación de abrir sus archivos, hasta ahora vedados a las víctimas, sobre sus operaciones en la contienda bélica.
El fallo judicial de la Sala indica además que “los autores materiales o directos generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras militares, paramilitares y guerrilleras a las cuales pertenecían. Todo lo cual implica una necesaria responsabilidad penal tanto de los ejecutores directos como de aquellos que dieron las respectivas órdenes violatorias de derechos fundamentales”.


Crímenes que conmovieron al mundo como el del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en 1980; la masacre de El Mozote de 1981, cuando fueron asesinados más de 1.000 campesinos, así como la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, no se han juzgado al ampararse los jueces en la citada amnistía de 1993.


La Sala también establece que la citada amnistía reviste la inconstitucionalidad debido a que “contradice el derecho a la indemnización por daño moral, pues obstaculiza e impide una forma de reparación o remedio que la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sí garantizan en los casos de graves violaciones a los derechos fundamentales”.


En declaraciones a periodistas en Washington, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, aseguró que la Fiscalía “respeta” la sentencia y que la “cumplirá” con lo que le corresponda hacer, aunque subrayó que todavía no ha recibido una notificación oficial del texto, informa Silvia Ayuso.


“Nosotros respetamos desde el punto de vista institucional esta sentencia”, sostuvo Meléndez. “Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a cumplir nuestras atribuciones constitucionales”, adelantó al término de un viaje de trabajo a Washington en el que acompañó al canciller, Hugo Martínez, y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Landaverde. Ninguno de estos altos funcionarios quiso pronunciarse sobre el fallo, argumentando que no habían podido estudiarla aún. Meléndez también se mostró cauto, aunque subrayó que la sentencia demuestra que “los órganos del Estado están funcionando”.


“La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, está emitiendo sentencias de alguna manera fuertes y directas sobre algunos temas. Otras entidades que nos consideramos independientes estamos haciendo nuestro trabajo, estamos haciendo las cosas de conformidad a la ley”, insistió.

 

 

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Argentina y Chad: condenas históricas contra dictadores en juicios de alcance internacional

Fue una mala semana para los dictadores, pero buena para la justicia internacional. Dos brutales dictadores que contaron con el apoyo de Estados Unidos cuando gobernaron hace décadas fueron condenados por delitos que cometieron mientras se encontraban en el poder. En África, Hissène Habré tomó el control de Chad en 1982 y desató un régimen terrorista contra su propio pueblo durante el cual fueron asesinadas unas 40.000 personas, hasta su derrocamiento en 1990. Por su parte, Reynaldo Bignone fue general del Ejército argentino y fue el último dictador de la junta militar que gobernó ese país entre 1976 y 1983, período durante el cual se estima que "desaparecieron", es decir, fueron asesinadas, unas 30.000 personas que se oponían al régimen de facto. Es muy probable que ambos hombres pasen el resto de su vida en prisión. Estos fallos no traerán de regreso a las decenas de miles de personas torturadas y asesinadas, pero ojalá precipiten el fin de la era moderna de impunidad para quienes cometen violaciones de los derechos humanos. Y también para sus cómplices.

La condena que recibió Bignone esta semana por su participación en el plan represivo de alcance regional conocido como Plan Cóndor no es la primera que recibe. Bignone fue uno de los generales argentinos que participó del derrocamiento del Gobierno constitucional de ese país en 1976 y fue uno de los responsables de la puesta en funcionamiento y dirección de varios de los cientos de centros clandestinos de detención adonde eran llevadas las personas que el régimen sospechaba que eran comunistas o de izquierda, quienes, en la mayoría de los casos, eran torturadas y asesinadas. En esos años, Argentina fue gobernada por una sucesión de dictadores militares, de los cuales Bignone fue el último y gobernó entre 1982 y 1983. Bignone dispuso la destrucción de documentación y otras pruebas que podrían haberlo implicado a él y a otros integrantes del Gobierno militar en violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Dispuso además total inmunidad para él mismo y otros, poniéndose así al amparo de eventuales procesos judiciales. Posteriormente, la amnistía fue derogada y Bignone fue condenado en 2010 por los numerosos secuestros, actos de tortura y asesinatos que supervisó.

El reciente fallo de culpabilidad de Bignone fue por su participación en el Plan Cóndor, en el cual seis dictaduras de América del Sur, las de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que contaban con el apoyo de Estados Unidos, conspiraron para rastrear y secuestrar o asesinar a sus opositores en diversos lugares del mundo. Bignone tiene 88 años de edad y se le han sumado 20 años a la condena a cadena perpetua que cumple actualmente. Con conocimiento del gobierno de Estados Unidos y, en particular, del secretario de Estado de aquel momento, Henry Kissinger, el Plan Cóndor se coordinaba desde Chile, gobernado en ese entonces por el dictador Augusto Pinochet.

Chad es un país mayormente desértico ubicado al norte de África que permaneció bajo el dominio colonial de Francia entre 1900 y 1960, tras lo cual se desató una larga guerra civil. El presidente de Estados Unidos Ronald Reagan apoyó el golpe de Estado en Chad liderado por Hissène Habré a pesar de conocer su historial de crueldad. Habré tenía una fosa común en el fondo de su residencia. Gobernó Chad desde 1982 hasta 1990 y aterrorizó a quienes lo cuestionaban, ya sea de verdad o en su imaginación. Más de 40.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas torturadas en la tristemente célebre "Piscina", un centro de detención y tortura ubicado en una piscina reformada especialmente para tal uso.

En 2001, once años después de que Habré huyera a Senegal, llevándose con él la mayor parte del tesoro nacional de Chad, un audaz abogado de derechos humanos llamado Reed Brody ingresó a las instalaciones abandonadas de la infame fuerza policial secreta de Habré, la DDS. Lo que encontró allí fue impactante: decenas de miles de documentos, cubiertos de polvo y olvidados, que detallan arrestos, tortura y asesinatos de más de 13.000 de las víctimas de Habré. Esta prueba documental, junto con la incansable lucha de las propias víctimas, de personas como Souleymane Guengueng, que sobrevivió a las prisiones de Habré, llevaron al primer juicio que se realiza en un país africano de un ex jefe de Estado de otro país africano. En el pasado, juicios así se llevaban a cabo en tribunales internacionales, fuera del continente. Pero en esta oportunidad, Senegal conformó un tribunal especial para llevar a cabo su juicio.

Tras la lectura del fallo, Souleymane Guengueng, declaró:"Me duele que muchos de mis compañeros hayan muerto en el camino. No pueden estar aquí para ver el resultado y es por eso que me sentí conmovido y rompí en lágrimas. Hissène Habré fue condenado a cadena perpetua. Terminará su vida en prisión y eso era lo que queríamos. Espero que esto sirva de lección a todos los demás dictadores que hay por allí".

El abogado de Human Rights Watch Reed Brody explicó lo sucedido a Souleymane Guengueng durante el Gobierno de Hissène Habré: “Souleymane era un empleado público de profundas convicciones religiosas. Como sabrán, fue llevado a prisión en base a acusaciones falsas. Como la gente moría a su alrededor en la celda en que se encontraba recluido, hizo un juramento ante Dios de que si lograba salir, lucharía por la justicia. Y cuando Idriss Déby derrocó a Hissène Habré y se abrieron las puertas de la prisión, Souleymane reunió a otros ex detenidos, fundó la primera asociación de víctimas y lucha desde entonces. Muchos de los cómplices de Habré permanecieron y permanecen aún en Chad: alcaldes, jefes de policía, gobernadores, que comenzaron a amenazar de muerte a Souleymane y lo obligaron a exiliarse en Estados Unidos”.

Ni Bignone o el gobierno militar argentino, ni Hissène Habré podrían haber cometido las atrocidades que cometieron sin el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado, John Kerry, calificó el fallo de Habré como "una oportunidad para que Estados Unidos reflexione y aprenda de su propia vinculación con los sucesos que tuvieron lugar en Chad". No caben dudas de que Estados Unidos debería reflexionar y aprender de estos fallos de culpabilidad, pero también deberíamos investigar, presentar cargos y llevar a juicio a los funcionarios del Gobierno estadounidenses que colaboraron y fueron cómplices de estas dictaduras. Es preciso que exista una justicia uniforme que se aplique por igual en todas partes del mundo.

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Protesta contra la violación a una adolescente por al menos treinta hombres en Rio de Janeiro y la violencia contra las mujeres,
La adolescente violada por al menos treinta hombres en Rio de Janeiro sacó a la luz un problema estructural de la sociedad brasileña que diversos antropólogos denominan “naturalización de la violación”. Políticos amenazan con violar a ministras, músicas y telenovelas que normalizan este crimen, y una Policía que pone trabas para investigarlo.

 

 


RÍO DE JANEIRO.- Parece difícil creer que las imágenes de un vídeo en la que una menor aparece inconsciente, desnuda, con sus genitales ensangrentados y con un hombre afirmando que por ese “túnel pasaron treinta”o “treinta la hemos embarazado” no sean suficientemente contundentes para entender que esa joven ha sido violada. Tampoco lo es que la propia víctima reconozca que la forzaron sexualmente y que cuando se despertó se vio rodeada por al menos treinta hombres con fusiles en mano.

 

Ni la palabra de la víctima, ni las imágenes que están en manos de la policía suponen según el comisario Alessandro Thiers, encargado de la Comisaría de Represión de Delitos Informáticos (DRCI) pruebas suficientes para solicitar un mandato de prisión: “La policía solo va a pedir algún tipo de prisión si se demuestra la existencia del delito y si hay necesidad", dijo Thiers el pasado viernes al diario Folha de São Paulo.

 

Las palabras del comisario y la forma que llevó a cabo los interrogatorios provocaron que la abogada de la víctima de Rio de Janeiro, Eloisa Samy, solicitara que Thiers abandonara el caso “por conducta inapropiada”. Según la abogada y también activista de Derechos Humanos, en el caso de una violación bastaría con la palabra de la víctima: “Si hubiera sido el robo de un teléfono o de un reloj esto no sucedería”, decía a El País Brasil. Samy se refiere a la habitual política policial basada en la detención de sospechosos sin pruebas, especialmente cuando se trata de jóvenes negros de origen humilde. La periodista Verónica Goyzueta decía en su cuenta de Facebook: “La policía de Rio que dispara al sospechoso en cuanto pone su mano en el bolsillo, que mata a niños en las puertas de sus casas porque los confunde con traficantes, que ametralla a jóvenes en su coche cuando vuelven de una fiesta, ahora duda de una violación vista y compartida por todo el mundo. Debo ser muy burra pero no lo entiendo”. El periodista Luis Nassiff ironizaba: “Quiénes son estos policías que no pegan un tiro antes de preguntar. Parece que en este caso la Policía brasileña se preocupa por cumplir la ley”, refiriéndose a las palabras del Jefe de Policía Civil de Rio de Janeiro, Fernando Veloso, que insiste que sólo se podrá saber si fue una violación si se examina el cuerpo del delito.

 

Las diferencias en el trato policial ante un robo o ante una violación forman parte de lo que la antropóloga Heloisa Buarque de Almeida describe como “la naturalización de la cultura de la violación”, donde se da por hecho la desigualdad entre hombres y mujeres y se crea un relato “en el que el hombre no se puede contener”, explicaba la antropóloga en una entrevista en el diario Folha de São Paulo. Según Buarque de Almeida tanto los anuncios de publicidad, como las telenovelas o algunas músicas populares forman parte de la producción cultural del país en el que se naturaliza la violación y donde su víctima siempre es cuestionada. Según datos del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada al menos el 58% de los brasileños considera que si “las mujeres se supieran comportar se podrían evitar muchas violaciones”.

 

Dicha naturalización llega a las comisarías cuando los propios delegados preguntan a las víctimas sobre la ropa que llevaban, si habían bebido, si era de noche, en qué región se encontraban y por último si realmente estaban seguras de que no habían querido tener sexo: “Las delegaciones de policía tienen la tradición horrorosa de imputar la culpa sobre las víctimas de la violación”, asegura el periodista Luis Nassif. Esta práctica se extiende hasta el poder judicial que deja libre al 99% de los acusados por violación. “Si la víctima conoce al criminal las posibilidades de que su proceso judicial continúe caen drásticamente”, explicaba Ana Paula Meirelles Lewin, coordinadora del Núcleo de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Defensoría Pública de São Paulo. Esta situación suele ser la más habitual ya que el 70% de las víctimas son menores de edad, conocen a sus violadores, y la violación se produce en sus propias casas o en las de sus familiares, aseguran datos del ministerio de Sanidad.

 

Dentro de este contexto la gran mayoría de las mujeres decide no denunciar su caso ante la Policía. Según el Anuario del Forum Brasileño de Seguridad Pública al menos 50.000 mujeres son violadas al año en el país, lo que supone una violación cada 11 minutos. Pero este organismo también reconoce que en este tipo de crimen se suelen notificar apenas el 10% de los casos, lo que llevaría a pensar que la cifra podría alcanzar medio millón de mujeres al año.

 


La violación como arma política

 

El mismo día que se dio a conocer la violación en masa sufrida por la joven carioca, el nuevo ministro de Educación del gabinete interino de Michel Temer, el minisro Mendonça Filho, recibía en su despacho a la estrella del porno Alexandre Frota, conocida también por haber narrado en un programa en directo cómo habría violado a una mujer a la que había dejado inconsciente. Ese narración tuvo lugar hace dos años y fue aplaudida por el público y recibida con indignación por buena parte de la población, pero en ningún momento la Policía investigó los hechos descritos por el actor, que nunca fue acusado de nada. La imagen de Frota en el ministerio, donde acudió para ofrecer propuestas que ayudasen a“revolucionar” la Educación “y evitar que los comunistas sigan adoctrinando a los niños”, dejó perpleja a la mayoría de la sociedad. “La visita de Frota no es para hacer bromas, debería servir para denunciar la cultura de la violación que hay en el país. Estos lapsus y olvidos sobre la figura de este tipo legitiman una cultura en la que treinta hombres creen divertido violar a una chica”, decía la antropóloga brasileña Rosana Pinheiro-Machado.

 

Diversos colectivos feministas recordaban que la aparición de Frota se produce dentro de un nuevo gabinete en el que por primera vez desde la dictadura de Brasil ni una sola mujer ocupa un cargo ministerial, y en el que el nuevo presidente, Michel Temer, ha decidido acabar con la Secretaría de la Mujer dentro de su paquete de recortes. A su vez la misma semana en que se producia la brutal violación, la Cámara de los Diputados aprobaba un proyeco para criminalizar el aborto también en casos de violación, una de las pocas excepciones que había hasta ahora.

 

El crimen de la semana pasada también puso sobre la mesa como la violencia contra la mujer y la “cultura de la violación” abarca todas las esferas políticas. De este modo políticos como Jair Bolsonaro, el diputado más votado en Rio de Janeiro en 2014, le dijo hace dos años a la ministra Maria do Rosário que no la violaba “porque no lo merecía”; y el alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apoya como su sustituto para las elecciones del próximo mes de septiembre a Pedro Paulo Carvalho, político acusado de maltratar a su ex mujer.

 

La violación también ha servido como instrumento de oposición y protesta. Lo usaron contra la presidenta Dilma Rousseff hace un año cuando se eleboraron una serie de adhesivos para colocar en el coche, alrededor de la tapa del depósito de gasolina, en los que a través de un montaje aparecía Rousseff con las piernas abiertas, de modo que al cargar el coche pareciera que penetraban a la presidenta.

 


Criminalización de la pobreza

 

Además de culpabilizar a la víctima, el caso de la joven de Rio de Janeiro ha servido para sacar a la luz todo tipo de clichés acerca de las de violaciones. Los rumores y diferentes versiones del crimen sucedido el pasado 21 de mayo, señalan que la víctima estaba relacionada con el tráfico de drogas, que iba a muchas fiestas funk (música popular en las favelas) que bebía y que se acostaba con muchos hombres. Los grandes medios fueron algunos de los primeros en hacer esa asociación lo que ha generado una oleada de relatos en las redes sociales donde mujeres de clase media y alta han contado como fueron violadas por blancos y ricos, a veces por varios hombres al mismo tiempo: “Cuando fui violada por tres hombres a los 13 años, no había bailes funk, no vivía en una favela, ni usaba pantalón corto. Si la culpa de las violaciones tuviesen que ver con el funk no sucederían también en las facultades de Medicina de las universidades nobles del país. (...)El problemas es enorme, estrucutural y cultural, independientemente de clase social o poder adquisitivo, está en todos los lugares”, relataba en su cuenta de Facebook, Clara Averbuck.

 

En la noche del sábado al menos 70 policías subieron al Morro de Burão para entrar en la casa donde se había cometido el crimen. Una gran operación policial calificada por las asociaciones de derechos humanos como “exclusivamente mediática” que acabó con tiros, sin heridos y ningún detenido. A lo largo del fin de semana la policía interrogó a tres sospechsoos que reconocieron haber estado ese día con la chica, dos de ellos negaron haberla violado y un tercero aseguró que mantuvieron relaciones consentidas. Este último, Rai de Souza, de 20 años, salió de la comisaría con los brazos en alto a modo de celebración y una sonrisa de victoria.

 

En Piauí, al norte del país, donde la semana pasada otra menor fue violada por cinco hombres, el Juez Eliomar Rios Ferreira decidió soltar el viernes a cuatro de ellos (menores de edad) bajo la justificación de “tener buenos antecedentes y no suponer ningún riesgo para la población”. Mientras, en Rio de Janeiro, los colectivos feministas celebran que el policía Alessandro Thiers acaba de ser apartado del caso de la joven carioca, tal y como había pedido la abogada de la víctima, y reavivan la esperanza de que realmente se busque a los culpables, a sabiendas de que la lucha “contra la cultura de la violación” será un arduo trabajo al que enfrentarse.

 

 

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Domingo, 04 Octubre 2015 06:50

Exigen publicar el acuerdo

Exigen publicar el acuerdo

El negociador rebelde dijo que es necesario publicar el texto completo del acuerdo, a lo que se opone el gobierno, que quiere divulgarlo una vez que los abogados de ambas partes se reúnan para concretar los elementos pendientes.

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) advirtieron que no será viable firmar la paz para Colombia en el plazo fijado de seis meses si el gobierno pretende reducir el acuerdo de justicia a un comunicado. Ambas partes, que desde 2012 están negociando en La Habana los términos para acabar el conflicto armado interno de medio siglo, tienen diferencias sobre los alcances del acuerdo sobre justicia suscripto el 23 de septiembre en presencia del presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder rebelde, Timoleón Jiménez, alias Timochenko.


El comandante Carlos Antonio Lozada, vocero de las FARC en las negociaciones, dijo que la guerrilla quiere honrar sus compromisos, especialmente el acordado oralmente sobre la necesidad de concluir las conversaciones de paz en un plazo máximo de seis meses. "Las FARC manifiestan su perplejidad ante la posición adoptada por el gobierno, pretendiendo sustituir el acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz por el comunicado elaborado para dar a conocer dicho acuerdo", afirmó. Lozada indicó que la guerrilla está de acuerdo con las normas del pacto sobre "Jurisdicción especial para la paz", pero dijo que hay que evitar que ellos pretendan utilizarse para subvertir el contenido de los mismos. El negociador rebelde dijo que es necesario publicar el texto completo del acuerdo, a lo que se opone el gobierno, que quiere divulgarlo una vez que los abogados de ambas partes se reúnan para concretar los elementos pendientes. "No sería viable si el gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado". El texto completo del acuerdo de 75 puntos no fue publicado, solo se dio a conocer el 23 de septiembre una nota informativa de diez puntos.

"La claridad no admite interpretación, y un 'comunicado' sobre distintos aspectos de las conversaciones es solo eso, un comunicado. De hecho, tres de los diez puntos del comunicado no hacen alusión alguna a la Jurisdicción especial para la paz, sino a otros temas", afirmó Lozada. "No haremos más polémicas sobre un asunto trascendental para la reconciliación que solo aclara con la publicación del acuerdo", concluyó.


Para los insurgentes, la explicación brindada el viernes por el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, en la cual puso de relieve que el grupo jurídico que redactó el acuerdo aún debe terminar su tarea, puede reflejar que se está pretendiendo sustituir el acuerdo de creación de una Jurisdicción especial para la paz por el comunicado elaborado para dar a conocerlo. "El gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado", indicó De la Calle. De esta forma, contradijo a los rebeldes, que sostienen que el acuerdo de justicia está cerrado.


El líder negociador del gobierno hizo estas afirmaciones después de que su contraparte, Iván Márquez, dijera que la guerrilla seguirá negociando sin alterar lo ya acordado el 23 de septiembre, cuando ambas partes fijaron las bases para juzgar los crímenes cometidos a lo largo del conflicto armado. Además, Márquez afirmó que el acuerdo de justicia transicional incluye a todos los involucrados en el conflicto. "En ninguna parte del acuerdo se habla de inmunidades especiales para nadie. Invitamos a leer el artículo 27 del Estatuto de Roma", publicó en su cuenta de Twitter. "Una de las formas más nocivas de atacar los acuerdos alcanzados en La Habana es tergiversarlos. Se debe cumplir la palabra empeñada". De esta forma, le respondió al presidente Santos, quien aseguró que en dicho acuerdo no se habla de alterar el régimen del fuero presidencial que contempla la Constitución, por lo que no se abrirían procesos contra los ex presidentes.


Ambas partes se comprometieron el mes pasado en la capital cubana, en presencia del mandatario de ese país, Raúl Castro, a firmar la paz antes del 23 de marzo del año que viene. Luego de esa fecha, las FARC tienen un plazo de 60 días para iniciar su desarme. Este acuerdo de justicia –el tema más espinoso del proceso de paz– contempla la creación de un tribunal especial y juicios de penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

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