El expresidente de Bolivia, Evo Morales, es recibo por una mujer tras su arribo al aeropuerto de Buenos Aires. REUTERS

El Ejecutivo transitorio activó una orden de búsqueda y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición

El Gobierno transitorio boliviano incrementó la persecución al expresidente Evo Morales y sus colaboradores. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se presentó ante la prensa con un par de esposas en la mano y anunció que acababa de activarse una orden de busca y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición. “Que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar”, ironizó en su declaración. Por otra parte, se está revisando el patrimonio de todos los ministros, viceministros, directores, gobernadores y alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS). “Tenemos 600 personas investigadas, y es poco", afirmó Murillo. El propósito de esta investigación es encontrar cuentas o propiedades inexplicables que conduzcan a nuevos procesos por corrupción, además de los muchos que ya existen.

También fue aprehendido el dueño de un importante canal de televisión próximo al anterior Gobierno, luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito por parlamentarios del oficialismo. Y, para completar el cuadro, una mujer fue detenida en el aeropuerto de El Alto cuando intentaba viajar a Buenos Aires con 100.000 dólares no declarados. Se la acusa de ser cercana al exministro Juan Ramón Quintana, actualmente atrapado en la residencia diplomática de México en La Paz, y de intentar llevar el dinero a Morales para “financiar el narcoterrorismo”. Ella declaró que el dinero pertenecía a la filial boliviana de la empresa petrolera venezolana PDVSA y que lo llevaba con la intención de pagar cuentas de esta empresa en la Argentina. La Policía allanó las oficinas de PDVSA en La Paz.

Otro blanco de la persecución legal han sido los llamados “guerreros digitales”, jóvenes que en el pasado trabajaban haciendo propaganda masista en las redes sociales y que, en estos días, algunos de ellos, han continuado publicando mensajes contra el oficialismo desde las computadoras del Estado que todavía estaban en sus manos y desde otras privadas. Una acusación los sindica de provocar “animadversión” en contra de la presidenta interina Jeanine Añez.

Además de policial y judicial, la presión sobre el MAS también es política. Andrónico Gutiérrez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se hubiera cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, sugiriendo que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el ministro Murillo tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo... pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el Gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones. Evo Morales está acusado de terrorismo y sedición porque se lo considera el organizador, desde el exilio, del bloqueo de caminos campesino que, impidiendo que los alimentos llegaran a la ciudades, buscaba impedir que Añez se estabilizara en el poder.

Los grupos de ciudadanos que participaron en las movilizaciones contra Morales el año pasado, y que continúan movilizados, cumplen un papel activo en el arrinconamiento del MAS. En este momento, patrullas de vecinos continúan rodeando la residencia diplomática de México en La Paz, donde se encuentran refugiados varios exjerarcas de este partido, revisando a los automóviles que entran y salen del barrio, para evitar fugas. Otros grupos han cercado la casa del exministro de Gobierno, Carlos Romero, impidiendo que este salga de ella. Murillo señaló que sobre Romero no pende ninguna orden de detención, pero hasta ahora las autoridades no han hecho nada para impedir que los vecinos impongan su propia ley, de modo que el exministro se halla en una suerte de arresto domiciliario informal.

En otra ciudad del país, Cochabamba, las patrullas vecinales rodean las oficinas de la Defensoría del Pueblo, que consideran parcializada con el MAS, y también se manifiestan en contra de los concejales de este partido en la Alcaldía, pidiendo que renuncien.

Por FERNANDO MOLINA

La Paz 9 ENE 2020 - 16:54 COT

Publicado enInternacional
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enColombia
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enEdición Nº244
La guerra contra las drogas es la verdadera culpable

 

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

El 1 de julio de 2001, Portugal promulgó una ley que despenalizaba las drogas. Según esta ley, nadie puede ser detenido ni fichado por tenencia o consumo de narcóticos. Ni el consumo ni la posesión de drogas se considera un delito. En cambio, los usuarios pueden acceder a asesores y terapeutas que les ofrecen distintas opciones de tratamiento.

En 2008, siete años después de la aprobación de la ley, viajamos a Lisboa para estudiar sus efectos y elaborar uno de los primeros informes globales sobre esta política, que fue publicado por el Instituto Cato. Las conclusiones fueron claras y sorprendentes: este cambio radical en la legislación sobre drogas había obtenido un éxito substancial e innegable.

Mientras en la década de los noventa, Portugal (como la mayor parte de los países occidentales) se consumía debido a las muertes por sobredosis y a la por violencia y las enfermedades relacionadas con las drogas, cuando dejó de perseguir y tratar como delincuentes a los consumidores, alcanzó una de las primeras posiciones de todo tipo de estadísticas positivas. Estos resultados ofrecían un agudo contraste con los de los países que seguían usando el enfoque de la criminalización: cuantos más adictos detenían y más se insistía en la “guerra contra la drogas”, más empeoraban los problemas derivados de ella.

Con todo el dinero derrochado por Portugal en la persecución y detención de los consumidores de drogas ahora disponible para programas de tratamiento, y habiendo trocado el gobierno el miedo por la confianza, los que habían sido consumidores impenitentes empezaron a superar su adicción y a recobrar la salud, y los mensajes contra las drogas del gobierno empezaron a escucharse. El aumento previsto en los índices de toxicomanía nunca se llegó a producirse y, en algunas categorías demográficas, de hecho se redujo. El estudio de 2009 concluía que “los datos muestran que el modelo de despenalización de Portugal ha sido un éxito rotundo en prácticamente todas las variables”.

Durante el fin de semana, el enviado especial en Lisboa del New York Times, Nicholas Kristoff, revisó estas estadísticas, ahora más abundantes e incuestionables incluso que en 2009. Sus conclusiones fueron todavía más rotundas que las del informe Cato ocho años antes: Portugal había demostrado definitivamente lo ineficaz, irracional y contraproducente que es la prohibición de las drogas.

Esta conclusión se basa en el éxito absoluto obtenido por Portugal al descriminalizarlas, si se comparan sus datos con los trágicos fracasos de países como Estados Unidos y Brasil que continúan considerando la adicción como un problema moral y un delito más que como un problema de salud. Kristoff escribe:

“Después de más de 15 años de experiencia, es evidente qué enfoque funcionó mejor. El programa de narcóticos estadounidense ha fracasado espectacularmente y el país ha tenido tantas muertes por sobredosis (unas 64.000) como las que produjeron las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak todas juntas.

Por el contrario, Portugal parece estar ganando la guerra contra las drogas, dándola por finalizada. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad estima en unos 25.000 la cifra de consumidores de heroína en el país Cuando se inició el programa eran 100.00.

La cifra de muertos por sobredosis se desplomó más de un 85 por ciento antes de ascender ligeramente a consecuencia de la crisis económica de los últimos años. A pesar de ello, la tasa de mortalidad por drogas de Portugal es la más baja de los países de Europa Occidental: una décima parte de la británica o la danesa y alrededor de una quinceava parte de los datos más recientes en EE.UU.

Kristoff da una explicación a este triunfo: “Es incomparablemente más barato tratar a las personas que encarcelarlas”. Pero hay otras razones, incluyendo el hecho de que las iniciativas para persuadir a los adictos de someterse a una terapia “son mucho más sencillas cuando el consumo está despenalizado, porque ya no temen que les detengan”.

Pero tal vez la prueba más contundente del éxito portugués no sean los datos empíricos, sino la realidad política: a pesar de que la ley resultó muy polémica cuando fue aprobada hace 16 años, ahora apenas hay grupos políticos que promuevan su derogación o aboguen por una prohibición del consumo.

Esta evidencia es de crucial importancia para los ciudadanos de cualquier país que siga considerando a los consumidores y adictos como delincuentes. Es totalmente inadmisible romper las familias, obligar a los hijos a estar separados de los padres recluidos en prisión y convertir a los toxicómanos en delincuentes no aptos para el trabajo, cuando los datos demuestran que dichas políticas logran los resultados opuestos a los que pretenden.

Pero, cuestiones morales aparte, la violencia relacionada con las drogas que está arrasando Brasil, y en concreto la terrible guerra que está devorando la favela de Río de Janeiro Rocinha –apenas unas semanas después de que se declarara su “pacificación”– subrayan la importancia y la urgencia de que los brasileños y los ciudadanos de cualquier país consideren el tema (¿?). Brasil ha sido testigo de repetidos estallidos de gran violencia en las favelas de sus mayores ciudades, muchas de las cuales llevan tiempo gobernadas por bandas de narcotraficantes bien armadas. Pero la guerra de la pasada semana [18-24 de septiembre] en Rocinha (y eso es exactamente: una guerra), favela situada en mitad de la Zona Sul de Río, barrio de moda, ha sido particularmente impactante.

Las bandas rivales han “invadido” la favela y han mantenido una guerra abierta por el control del narcotráfico, forzando al cierre de las escuelas, a que los residentes se refugiaran en sus casas y a que las tiendas permanecieran cerradas. Tal y como informó Misha Glenny en The Intercept, “la causa inmediata de la violencia es la continua lucha entre facciones e incluso entre miembros de la misma facción”, pero la violencia presagia una guerra general por el control del comercio de drogas.

Cuando nos enfrentamos a la violencia relacionada con las drogas, existe la tentación de agarrarse a la solución aparentemente más sencilla: intensificación de la guerra, más arrestos de traficantes y de adictos, más policía y más prohibición.

Quienes propugnan este enfoque quieren que la gente se trague una secuencia lógica bastante simplona: la causa de los problemas relacionados con las drogas, como la violencia de las bandas de narcotraficantes, son las drogas. Por tanto, debemos eliminar las drogas. Por tanto, cuantos más problemas tengamos por las drogas, más empeño ponemos en deshacernos de ellas y de quienes las venden y las consumen.

Pero esta mentalidad se basa en una trágica y evidente falacia: que la guerra contra las drogas y su criminalización conseguirá eliminarlas o, al menos, reducir su disponibilidad. No obstante, décadas de fracasos demuestran la falsedad de esta hipótesis; más bien se produce el efecto contrario. Como en Estados Unidos, en Brasil existen cientos de miles de ciudadanos encarcelados por delitos relacionados con las drogas –la mayor parte de ellos, pobres y no blancos– y, aún así, el problema no ha hecho sino empeorar. Cualquier persona con un mínimo de sensatez tendría que admitir que este razonamiento es falso.

Apoyar una política fracasada con la esperanza de que algún día funcione por arte de magia es irracional por definición. En el caso de las leyes sobre drogas ­que generan miseria y sufrimiento, no solo es irracional sino cruel.

Un informe de 2011 del Comité Global de Política Antidrogas (que incluye a múltiples líderes mundiales entre los que están el exsecretario general de la ONU Kofi Annan y el expresidente de Brasil Henrique Cardoso) estudió todas las pruebas relevantes y fue muy claro: “La guerra global contra las drogas ha fracasado y ha provocado consecuencias devastadoras para individuos y sociedades de todo el mundo”.

El dato primordial de esta conclusión es de vital importancia. La causa fundamental de todas las patologías relacionadas con las drogas –en particular la violencia entre bandas del tipo que ahora devasta Rocinha– no son las propias drogas, sino la política de criminalización de las mismas y la guerra librada en su nombre.

La propia naturaleza de las drogas –su pequeño tamaño, la facilidad para traficar con ellas, el atractivo que tienen para los humanos– supone que nunca podrán ser eliminadas o reducidas significativamente mediante la fuerza. Únicamente los cambios en el comportamiento humano, que pueden producirse mediante el tratamiento prolongado y profesional, pueden promover esta mejora. El único resultado de la criminalización de las drogas, aparte del enorme despilfarro humano y financiero que supone encerrar a los adictos, es el aumento del poder y el enriquecimiento de las bandas de narcotráfico, al asegurarles que los beneficios que reporta la venta de un producto ilegal sigan siendo irresistiblemente elevados.

Por ese motivo, los más fervientes adversarios de la legalización o descriminalización son las propias bandas de narcotráfico. Nada conseguiría eliminar el poder de las bandas (como las que se enfrentan en Rocinha) tan rápida y radicalmente como la despenalización de las drogas. Los traficantes, como buenos empresarios que son, lo saben bien.

En 2016, el periodista Johann Hari, autor de uno de los libros más influyentes sobre adicción a las drogas, escribió un artículo en el Huffington Post titulado: “Lo único a lo que tienen miedo las bandas y los cárteles de las drogas es a la legalización”. En sus propias palabras:

“Cuando se penaliza una droga que cuenta con un gran mercado, esta no desaparece. El comercio, simplemente, se desplaza de los locales autorizados, las farmacias y los doctores a las bandas armadas de delincuentes. Con el fin de proteger su parcela y sus rutas de abastecimiento, dichas bandas se pertrechan y matan a cualquiera que se cruce en su camino. Se puede ver cualquier día en las calles de los barrios pobres de Londres o Los Ángeles, donde las bandas de adolescentes se apuñalan o disparan para conservar el control de un producto que ofrece márgenes de 3.000 por ciento de beneficios.

Hay una analogía histórica perfecta que demuestra este punto: la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años veinte. La ilegalización del alcohol no provocó su desaparición. Lo único que cambió fue el control de su venta y distribución: de la tienda de comestibles de la esquina a las bandas violentas del tipo a la que hizo famoso a Al Capone.

Es decir, la ilegalización del alcohol no hizo que la gente dejara de consumirlo. Lo que hizo fue aumentar el poder de las bandas del crimen organizado, capaces de hacer cualquier cosa o matar a cualquiera para proteger los enormes beneficios obtenidos por su venta.

Lo que finalmente acabó con esas peligrosas bandas de la prohibición no fue la policía ni la reclusión de los comerciantes o consumidores ilegales; durante la prohibición, cuando las bandas no podían sobornar a la policía, la disparaban. Lo que acabó con ellas fue la legalización del alcohol. Al regularizar su venta, el fin de la prohibición restó relevancia a las bandas, y estas desaparecieron.

Las bandas del narcotráfico no temen la guerra contra las drogas sino todo lo contrario. Como señala Hari, les encanta. Es la criminalización lo que hace su comercio tan rentable. Hari cita a un veterano agente antinarcóticos de Estados Unidos: “En la grabación encubierta de una conversación, el máximo jefe de uno de los cárteles, Jorge Román, se mostraba agradecido por la guerra contra las drogas y la calificaba de ‘una farsa montada de cara al contribuyente estadounidense´ que resultaba en realidad ‘buena para los negocios´.

En 2015, Danielle Allen, una teórica política de la Universidad de Harvard, escribió una columna de opinión en el Washington Post titulada “Por qué la guerra contra las drogas genera violencia”. En ella explicaba que una de las principales razones para despenalizar las drogas era el hecho de que su combate producía crímenes violentos, lo que a su vez aumentaba la cifra de reclusos y generaba otras consecuencias sociales indeseadas”. Según ella: “Es imposible interrumpir el manejo de 100.000 millones de dólares de un producto ilegal sin llevar a cabo un montón de operaciones armadas y homicidios. Esto debería ser fácil de entender o defender”.

¿Por qué Rocinha está llena de armas y controlada por bandas capaces de actuar con tanta violencia? ¿Cómo puede un influyente político brasileño, relacionado con algunas de las figuras más poderosas del país, contratar a un piloto previamente detenido por transportar un alijo de cocaína valorado en millones de dólares en un helicóptero propiedad de dicho político, y todo ello sin que nadie tenga que rendir cuentas?

La respuesta es evidente: porque las leyes que ilegalizan las drogas garantizan que el tráfico sea una actividad extremadamente rentable, lo que a su vez permite a las bandas del crimen organizado armarse y asesinar para mantener el control. Es lógico que Rocinha, situada en medio de la Zona Sul y con salidas fáciles, se convierta en un refugio de la droga para turistas ricos, profesionales de clase media y adictos empobrecidos. Las enormes sumas de beneficios que procura la guerra contra las drogas aseguran que las fuerzas de policía no solo estén pobremente armadas sino también que sean tan corruptas que sus acciones fracasen inevitablemente.

Ahora ya es indudable que es la propia guerra contra las drogas la que provoca la continua violencia relacionada con las drogas.

Si le horroriza la violencia que se ha adueñado de Rocinha o de lugares similares en el resto del mundo, lo último que debería hacer es respaldar nuevos programas que alimenten la violencia: a saber, la criminalización y la guerra contra las drogas. Hacerlo es como quejarse del cáncer y animar a la gente a fumar. Las estadísticas con las que contamos son suficientes para afirmar que quienes respaldan la actual criminalización son cómplices de esta violencia relacionada con las drogas y los problemas de adicción y sobredosis que conllevan.

Puede parecer ligeramente paradójico a primera vista, pero los datos no dejan lugar a dudas: la única manera de evitar violencia como la de Rocinha es la despenalización total de las drogas. Ya no es necesario que sigamos especulando sobre el tema. Gracias a Portugal, los resultados están ahí; y no podían ser más claros.

 

Glenn Greenwald es cofundador de The Intercept y veterano periodista e investigación, ganador de múltiples premios y difusor de las filtraciones de Snowden por todo el mundo.

David Miranda está casado con el anterior y es concejal del Ayuntamiento de Río de Janeiro.

 

Fuente:https://theintercept.com/2017/09/26/brazils-latest-outbreak-of-drug-gang-violence-highlights-the-real-culprit-the-war-on-drugs/

 

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se nombre a sus autores, a su traductor y Rebelión como fuente de la traducción

 

 

Publicado enPolítica
Martes, 26 Septiembre 2017 15:31

Con licencia para explotar y matar

Con licencia para explotar y matar

A medida que el negocio de explotación de la naturaleza aumenta, el asesinato de quienes se oponen a esta realidad se expande por todo el mundo. Un modelo que no se detiene ante sus efectos sobre el medio ambiente ni ante los intereses y derechos de comunidades locales. Una fórmula que se repite en varios países. Promesas inversionistas, gobiernos corruptos, criminalización de la defensa local del territroio y el ambiente, y la muerte de líderes sociales. Este es el modelo de desarrollo que nos quieren imponer.

“Defender la tierra”, así se titula el más reciente informe de Global Witness, una Ong dedicada a sistematizar las agresiones sufridas por los defensores del medio ambiente y de tierras comunitarias. Allí confirma que “el año pasado en el mundo, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, siendo el año con mayores muertes registradas [...]. Esta tendencia no está sólo creciendo, se expande, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países”1. Sus estadísticas relacionan que desde 2010 y hasta el 2017, casi se completan 1.000 asesinatos.

 

Entre los países más peligrosos para quienes legítimamente se empoderan para oponerse a los grandes megaproyectos y monocultivos aparecen Brasil, Honduras, Nicaragua, Filipinas, India, República del Congo y, obviamente, Colombia.

 

Violencia soterrada y abierta

 

El capitalismo es un modelo depredador, su afán de lucro no mide consecuencias ante la explotación. Desarrollo que mata, ese es el rostro que siempre ha tenido. Ahora que no funciona la eterna e incumplida promesa del “desarrollo” y el “bienestar colectivo”, es cada vez más común el uso de la fuerza para imponer proyectos extractivos, saltándose el derecho comunitario y colectivo a la consulta previa.

 

Uso de la fuerza y desconocimiento de derechos que no pasa impune; las comunidades, conscientes del peligro que corren sus territorios activa su legítima defensa, se movilizan, denuncian, encontrando como respuesta gubernamental la criminalización de sus liderazgos locales y de la misma protesta. Caen sobre ella, entonces, arbitrariedades, abusos y homicidios por parte del capital voraz. La metáfora histórica colonial de civilizado vs salvaje, sigue viva. El 60 por ciento de estos homicidios recaen sobre comunidades indígenas, hermanos mayores que luchan contra la idea de progreso.


Es una lucha desigual. La “incapacidad” estatal para garantizar los derechos y bienestar colectivo, se pasa por la faja la soberanía local, facilitando así que empresas nacionales y extranjeras impongan sus intereses. Lo que ilustran las estadísticas, es que son numerosos los procesos anómalos de consulta, que no son libres, ni previas, ni suficientemente informadas, ni logran el consentimiento colectivo. Los gobiernos presentan, cada vez más, acusaciones penales falsas contra activistas, sometiéndolos, a padecer allanamientos policiales, detenciones ilícitas, multas y encarcelamientos. La resistencia social termina convertida en delito penal.

 

Periscopio

 

Los Estados Unidos no registran muertes de defensores, pero su tarea cada vez es más obstaculizada y criminalizada, como denuncian sus comunidades indígenas, opuestas al fracking, a la construcción de oleoductos y a los monocultivos. Las leyes van en contra de la protesta, ilegalizándola; así lo constata el informe en cuestión, el mismo que registra alarmantes casos en África (República del Congo), donde los asesinatos afectan de manera notable a los guardabosques. En Asia (India), con grandes proyectos mineros y de tala de bosques, el mecanismo de violencia procede a través de una policía cada vez más vendida, lo cual la convierte en el cuarto lugar más mortal para los defensores del planeta.

 

En América Latina, en el 60 por ciento de los asesinatos de estos líderes están implicados los bancos, por ser inversionistas en las explotaciones de bosques, aguas y similares. Las muertes registradas durante el 2014 –con un promedio de dos a la semana– sumaron las tres cuartas partes de todos los asesinatos registrados en todo el mundo. Para el 2015, con un total de 122 asesinatos2, la región registró el peor de los años.

 

Resalta de manera preocupante en este informe, los casos de Nicaragua, donde 11 defensores fueron asesinados, convertido así en el país, percapita, más peligroso del mundo. Sólo una de estas muertes no pertenecía a comunidades indígenas centroamericanas. Un genocidio selectivo producto del interés por el canal interoceánico, bajo el dominio de la empresa china Hong Kong Canal Development Group (Hknd), con una concesión de 100 años de operación de un megaproyecto tres veces más grande que el Canal de Panamá, el que implicará el desplazamiento de 120.000 indígenas.

 

En Honduras, los asesinatos ejecutados durante el 2016 se elevaron a 14, crímenes que sumados desde el 2007, y hasta la fecha, alcanzan a 127. Desde el asesinato de Berta Cáceres –3 de marzo de 2016– han consumado otros siete homicidios, transformando a éste en el país más peligroso para el activismo ambiental. Ante estas acusaciones el gobierno presentó acciones legales en contra de Global Witness, apoyado para ello en los voceros de las industrias, básicamente criticando y cuestionando su labor por frenar el desarrollo del país y tener fines conspirativos.

 

mapa p7

 

 

Grafico p6

 

Colombia

 

Datos escandalosos los de estos países vecinos, pero el nuestro no rompe con el crimen en contra de este tipo de activistas sociales: acá el número de asesinados durante el 2016 creció en un 40 por ciento. Los 37 casos conocidos y documentados superan los registrados en Honduras y Nicaragua. Global Witness se pregunta por semejante cifra en tiempos de acuerdos de paz. La “debilidad” estatal es cómplice del poder de grupos locales; 22 de estas muertes son atribuidas a los paramilitares. Y el gobierno insiste en que no existe un fenómeno sistemático.

 

Entre los homicidios más recientes, es necesario recordar que el pasado 17 de enero fue encontrada muerta, apuñalada y baleada, con su esposo, la lideresa de Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios –Conpaz– Emilse Manyona, que denunciaba a paramilitares e intereses internacionales mineros y agroindustriales en el Valle del Cauca, en especial en territorio correspondiente al municipio de Buenaventura. Las presiones sobre las comunidades continúan: hace unos meses Jakeline Romero, lideresa de la comunidad Wayuú, comenzó a recibir amenazas por oponerse a la solicitud de las empresas del Cerrejón Glencore BHD Biliton y Anglo American para desviar el río Ranchería.


El capital no atenúa su voracidad. Ahora las comunidades ya no comen el cuento del “desarrollo”, que cual espejo busca deslumbrar. Y entonces, ahora el capital pretende desconocer los mecanismos de participación autónoma local, activando un modelo estatal que busca la criminalización de quienes asumen la legítima defensa de sus territorios. ¡Qué escenario de impunidad para el asesinato sistemático y selectivo de docenas de personas!


Nuestro futuro, colectivo, sin naturaleza ni defensa alguna, es incierto. Futuro envolatado ante un supuesto “desarrollo” que en realidad es destrucción ambiental, violencia contra las comunidades, desplazamiento de miles, sometimiento de los negados de siempre.

 

Estamos ante mundo civilizado que muestra su verdadero y salvaje rostro.

 

1 Global, Witness. (2017) “Defender la tierra. Asesintaos globales a defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016” Paág. 6 disponible: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/.
2 Global Witness. (2016) “Entreno peligroso” disponible https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/

 


Recuadro


¿Cuál es la causa de los ataques?

 

La lucha entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness. En algunos casos, identificamos a los sectores específicos que las personas defensoras habían o a los que se habían opuesto antes de su asesinato:

 

Sector Total
Minería y petróleo33
Explotación forestal 23
Agroindustria 23
Caza ilegal18
Agua y represas 7
Otros 4

 

 

Publicado enEdición Nº239
Por Leonardo Fernandes

 

Fabiana Braga tiene 22 años y está en la cárcel ilegalmente, por ser campesina, mujer y luchar por el derecho a la tierra. Creció en campamentos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, Brasil) y a los 18 años se fue a probar suerte a la ciudad. Allí se terminó de convencer que su lugar estaba en la vida campesina, con el MST en la lucha por la tierra y por la dignidad como joven, mujer y campesina. A los 20 años se integró con su compañero en el asentamiento Tomás Balduíno, en Quedas de Iguazú, Paraná, donde coordina el Colectivo de Mujeres y es parte del Colectivo de Juventud. El asentamiento está en tierras públicas recuperadas por el MST para la reforma agraria, pero que la maderera Araupel se había apropiado fraudulentamente, en connivencia con autoridades. En 2014, el MST consiguió que un tribunal otorgara el reconocimiento legal de que esas tierras debían ser destinadas para la reforma agraria, con lo que la empresa aumentó las agresiones. En abril 2016 una banda de pistoleros disparó contra miembros del asentamiento, asesinando a dos compañeros. La policía, en lugar de actuar contra los pistoleros y la empresa, comenzó la Operación Castra, que como su burdo nombre indica, tiene la meta de “castrar” al MST, criminalizándolo.

En el marco de esta funesta Operación, Fabiana fue detenida en noviembre 2016, junto a Claudelei Lima, locutor de la radio comunitaria del asentamiento. La operación no se quedó allí, sino se desplegó en varios estados. La Escuela Nacional Florestán Fernández del MST en São Paulo fue invadida sin orden de allanamiento y con armas de fuego, en nombre de la misma operación, supuestamente buscando “acusados”. Fabiana y Claudelei siguen presos, mucho más allá de los límites legales de las medidas de “prisión preventiva” con la que fueron detenidos. Hay una campaña internacional del MST, donde se puede firmar por su liberación: Meucrimeelutar.com.br

Estas operaciones de criminalización han recrudecido en Brasil contra los movimientos sociales, intentando presentarlos como delincuentes, cuando su único “delito” es luchar por sus derechos. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Brasil, informó que en 2016, se cometieron 61 asesinatos por conflictos en el campo, la mayor cifra desde hace 25 años, exceptuando el año 2003. En el mismo año aumentó 185 por ciento el número de personas del medio rural presas por defender sus derechos, tierra, agua y territorio. En 2017, ya han sido asesinadas 20 personas, incluyendo 9 militantes del MST atacados en su propio asentamiento, en Mato Grosso.

La CPT afirma que la criminalización y persecución de los que luchan por sus derechos en el campo ha llegado a límites sin precedentes en Brasil, con el aumento de asesinatos y agresiones impunes comandados por empresas y latifundistas junto a la represión y encarcelamiento legalizado por parte de fuerzas públicas. Un hecho particularmente ignominioso fue el uso de la Ley 12.850/2013, contra el MST en Goiás para detener a varios de sus militantes, porque tipifica al movimiento como organización criminal. Luego de casi un año de prisión ilegal, el MST consiguió que un juez decretara que el MST no es una organización criminal y que debían ser liberados, pero aún sigue preso un compañero: Luiz Borges.

Este método de acusaciones falsas y uso de leyes (anti-terroristas o contra crimen organizado) para criminalizar y reprimir a los movimientos y a quienes luchan por sus legítimos derechos, también se usa contra las comunidades mapuches en Chile y Argentina, contra campesinos e indígenas en Paraguay y en otros países del continente, incluyendo por supuesto, México.

En Argentina, sigue la renovada guerra de extinción contra las comunidades originarias, ahora con la detención en Formosa del líder indígena wichí Agustín Santillán el 14 de abril, que se suma a la anterior de Bautista Macedonio y Roberto Frías. Varias organizaciones argentinas denuncian este proceso de criminalización y estigmatización de la lucha de los pueblos indígenas, pidiendo su inmediata liberación, según informa Darío Aranda.

En México, con el segundo lugar en muertes violentas a nivel mundial, solamente detrás de Siria, las autoridades y bandas criminales -con una difusa línea divisoria entre ambas– se usan todos los métodos anteriores y otros.

La constante en todas partes es que estos procesos de criminalización, represión, muertes y desapariciones forzadas o por bandas criminales, siempre terminan abriendo territorio a transnacionales y megaproyectos, beneficiando a grandes empresas.

En la semana pasada, se sumó al dolor y la rabia, el asesinato de Miriam Rodríguez, madre cuya hija fue desaparecida y que habiendo develado el caso de su hija, se sumó al activismo con otras madres y familiares de desaparecidos en Tamaulipas, México. Como en Argentina, con las Madres de Plaza de Mayo, a varias de las cuales también asesinaron por el delito de buscar a sus hijas e hijos.

Pero como dice la frase surgida de la búsqueda y resistencia de madres, padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos (y otros asesinados) de la escuela rural de Ayotzinapa, “querían enterrarnos pero no sabían que éramos semilla”.

Un sentido que como gramínea crece por abajo y vuelve a germinar todo el tiempo y en todas partes, a través de tiempos y espacios diversos. Un ejemplo reciente fue la manifestación masiva con pañuelos blancos , en Argentina el 10 de mayo, con y junto a las Madres de Plaza de Mayo, contra el intento de perdonar a los genocidas en ese país.

A veces surge como enormes manifestaciones, muchas más veces en actos más pequeños, en el trabajo cotidiano de grupos y colectivos barriales y comunitarios en la denuncia, en la defensa de derechos, en la resistencia y también en la construcción permanente, en las muchas formas de seguir construyendo la vida. Siempre vuelve a germinar.

 

Silvia Ribeiro

Periodista y activista uruguaya, directora para América Latina del Grupo ETC, con sede en México.

 

 

 

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Lunes, 06 Junio 2016 09:45

Algunas lecciones de 6 días de Minga

Algunas lecciones de 6 días de Minga


Tres indígenas asesinados, 162 víctimas de detenciones arbitrarias, al menos 179 personas heridas, 6 amenazas proferidas en el contexto de esta protesta, son las cifras parciales arrojadas en el marco de la Minga nacional, agraria, campesina, étnica y popular en desarrollo en Colombia desde el pasado 31 de mayo.

 

Este es el lenguaje, real, directo, sin tapujos, con que responde el gobierno nacional ante las exigencias de los diversos pobladores del campo que reclaman cumplimiento con los compromisos contraídos años atrás por parte del Gobierno, en el marco de otras protestas de los pobres de Colombia, y para que asuma sus compromisos históricos como administrador del Estado nacional.

 

Mientras así actúan, mientras prolongan su proceder guerrerista y de control social violento, por diversos medios de comunicación, ministros, viceministros y hasta el mismo Presidente no paran de afirman que están dispuestos al diálogo y la concertación. Día y noche. Así actúa el poder: con las palabras tratan de confundir a la sociedad colombiana y con los hechos intentar intimidarla, dividirla, destruirla.

 

Comportamiento ni raro ni extraordinario, pues es la continuación histórica de un proceder ceñido a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la luz de la cual quien protesta y exige sus derechos fundamentales es un enemigo interno, un insurgente, y así debe ser tratado. Policías uniformados y de civil, Esmad, unidades del Ejército Nacional, agentes de inteligencia, todos a una arremeten contra los grupos sociales que en su levantamiento por vida digna están obligados a ocupar calles y autopistas, cerrar vía, levantar fogatas, como únicos y últimos recursos para ser tenidos en cuenta.

 

En su afán por romper la unidad social los representantes del poder oligárquico colombiano –a pesar de que supuestamente se avanza hacia la paz– no reparan en métodos: inundan con gases lacrimógenos los sitios de las protestas, aturden con sus bombas de estruendo, golpean con palos y canicas disparadas en las capsulas recalzadas de las bombas lacrimógenas, lanzan sus carros contra los manifestantes, dirigen sus chorros de agua contaminada en contra de quienes los enfrentan, toman fotos y diversos registros de quienes se atreven a levantar su voz de protesta, empadronándolos en sus oscuras listas de las que luego podrán salir desaparecidos, hostigados y muertos y, como lo registran de manera cruda los asesinados, disparan contra personas desarmadas.

 

Es esta realidad la que ha impedido que las reuniones de negociaciones entre las delegaciones de la Minga y del Gobierno avancen hacia resultados concretos. Valga resaltar que el 5 de junio en la primera reunión de acercamiento entre las partes se habían logrado tres acuerdos fundamentales:

 

“1. Garantías en Derechos Humanos y legitimidad de la protesta en términos de no más agresiones de la fuerza pública a las personas movilizadas en todo el territorio nacional.


2. Reactivación de la Comisión de Derechos Humanos conjunta con Ministerio del Interior mañana en la mañana en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas


3. Intercambio de propuestas para la instalación y metodología de negociación para la Mesa Única el día de mañana”.

 


Sin embargo, informan desde la Minga, “desde las horas de la mañana tenemos fuertes hostigamientos, represión y abusos de autoridad por parte de la fuerza pública (Esmad, Ejército y Policía) con armas convencionales y no convencionales en contra las comunidades concentradas en los diferentes puntos del país, entre ellos los más críticos: Cauca: Quinamayó-Santander de Quilichao, El Túnel-Cajibío, Los Robles-Timbío, en Cesar: San Martín, Besotes, Agua Chica, La Mata, La Gloria, en Santander: La Lisama, Barrancabermeja, en Norte de Santander: Berlín, en Valle: La Delfina, Buenaventura, en Nariño: Pedregal-Ipiales, en Huila: Bruselas-Pitalito, El Hobo, Uraba Antioqueño; escenarios donde aún no ha llegado la presencia de la defensoría del pueblo y las entidades de derechos humanos internacionales como se acordó ayer con Gobierno Nacional en el primer punto; haciéndose evidente el incumplimiento del gobierno y agudizándose así la afectación y violación de los derechos humanos y el derecho legítimo de los pueblos a la movilización social, ahora víctima de la fuerza pública (...) la cual ha venido dándole un tratamiento de guerra a la manifestantes”.

 

A renglón seguido, precisa el comunicado de la Minga: “Sumado a ello nos encontramos con diferentes posturas y declaraciones de gobierno nacional que buscan dividir y desinformar a la opinión pública afirmando que tienen toda la disposición pero que es la Cumbre Agraria la que está dividida y que no está lista para iniciar el diálogo; RECHAZAMOS Y DESMENTIMOS CATEGÓRICAMENTE ESAS AFIRMACIONES Y DECLARAMOS NUESTRA DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO con presencia de garantes de la Cumbre, ONU, Defensoría del Pueblo, Congresistas y la Iglesia, así como las condiciones acordadas en términos de garantías humanitarias y logísticas para la movilización, manifestamos nuestra posición de UNIDAD, COHESIÓN Y TRABAJO CONJUNTO DE CARA A UN ESCENARIO ÚNICO DE NEGOCIACIÓN”.

 

 

Ante esta realidad la negociación quedó en punto muerto.

 

El levantamiento de miles de personas que habitan el campo colombiano prosigue y, superando el proceder del Gobierno, proyecta señales de que se extenderá por varios días más. La apuesta gubernamental es a desgastar la protesta vía prolongación y dilación de las negociaciones, atemorizar a quienes se atreven a salir a protestar violentándolos por todas las formas posibles, y confundir a la sociedad colombiana frente a las raíces de la protesta, la validez de las exigencias de indígenas, campesinos, afrodescendientes, y la supuesta voluntad de diálogo guernamental. Juegan con candela, pero no les importa, pues su propósito es uno solo: defender los intereses de los más ricos, favorecer a los terratenientes e industriales del campó, legislar a favor de las multinacionales para que continúen comprando tierras en el país, garantizar la impunidad para quienes violan los derechos humanos de sus connacionales e incluso sus vidas.

 

La protesta continúa en el Cauca, Chocó, Nariño, Arauca, santanderes, Córdoba, Guajira, Bolívar, y otros muchos puntos del país. El afán gubernamental es romper la misma en sus puntos más fuertes para así obligar a la dispersión de los restantes.

 

En el marco de la inconformidad creciente que registra Colombia, se anuncia que el lunes 6 en horas de la noche, varios gremios de camioneros entran en la protesta. ¿Servirá este nuevo factor para que las negociaciones oficiales con la Minga ganen nuevo ritmo y concreten resultados tangibles?

 

 

 

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Miembros de la Policía Militar de Brasil en el Complejo de la Maré.
 
A medida que se acerca la fecha de inauguración de los Juegos Olímpicos, la violencia aumenta en estas comunidades. La Policía Militar custodia los 'morros' cariocas mientras las violaciones de derechos humanos se multiplican.
 

 

RÍO DE JANEIRO.- Mientras algunos cuentan los días para ver a los astros olímpicos saltar a las arenas de Río 2016, una gran parte de la población está asustada. Las personas que viven en los morros (cerros), en las famosas, y últimamente hasta turísticas favelas, sabe lo que les espera cuando un gran evento internacional llega a la ciudad.

 

Cuando se jugaron los Panamericanos de Río de Janeiro en 2007, fue el año más violento de la última década en la capital carioca. La Policía Militar asesinó a 1.330 personas en acciones que fueron catalogadas como "derivadas de la intervención policial", algo así como homicidios en defensa propia. También fue el año de la conocida “Matanza del Pan” (en referencia a estos Juegos) que surgió de una operación policial en la favela del Complejo del Alemán donde se registró el asesinato de 19 jóvenes (once de ellos no tenían que ver con el tráfico de drogas), aunque los cálculos extraoficiales hablaban de al menos cuarenta muertos.


Río de Janeiro es el Estado que históricamente tiene las tasas más altas de letalidad en el transcurso de las operaciones policiales. En los últimos 10 años las cifras ascienden a un total de 8.000 personas asesinadas durante la invasión de las favelas. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis años la Policía carioca ha sido responsable de entre un 13% y un 21% de los asesinatos totales de la ciudad. En 2015 una de cada cinco personas fallecidas murió por “homicidio derivado de acción policial”. El presidente de Amnistía Internacional Brasil, Atila Roque, advierte de que ese número “podría ser más elevado” ya que muchos de los asesinatos son registrados como “homicidios”, una etiqueta genérica que sirve para no culpar a las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que sucedió con el menor de apenas 10 años, Eduardo Jesús, asesinado por la Policía en abril de 2015 en la puerta de su casa, mientras esperaba que su hermana volviera de la escuela: “Así como maté a tu hijo puedo matarte a ti también, porque él era un hijo de bandido”, le espetó el policía a la madre de Eduardo Jesús, mientras ella le gritaba desesperada.

 

La Copa del Mundo de 2014 también trajo consigo un disparo en la tasa de homicidios “derivados de acción policial”. En Río de Janeiro subió un 40% y en Sao Paulo llegó a aumentar un 80%. El Complejo de la Maré, una comunidad formada por 16 favelas cariocas donde viven alrededor de 140.000 personas, fue invadida por la Policía Militar poco antes de que empezara el Mundial. La previsión inicial era que se quedaran mientras durara el evento, pero los militares no se marcharon hasta un año después. Los habitantes de la comunidad denunciaron todo tipo de abusos desde asesinatos extra judiciales, palizas, invasiones de sus casas en las que se incluía el robo de objetos y dinero bajo amenaza de fusil.

 


Militarización de las favelas


La Policía Militar abandonó el Complejo de la Maré en julio de 2015 y en estos días está a punto de volver. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro, Jose Mariano Beltrame, anunció que 60.000 policías y 20.000 militares ocuparían la ciudad para actuar durante los Juegos Olímpicos. No apuntó cuántos de ellos subirían a las favelas, ni tampoco dejó claro cuánto tiempo se quedarían allí, pero a medida que se acerca la fecha las operaciones policiales han aumentado. En las primeras semanas de abril al menos once personas fueron asesinadas en el Complejo del Alemán y otras tantas (no hay datos hasta el momento) fueron heridas después de horas de disparos en la zona. En mayo fueron las favelas de Jacarezinho, Manguinho, Acari y una vez más el Complejo del Alemán, donde murieron otra decena de vecinos en el intercambio de tiros entre Policía y facciones del tráfico de drogas, entre ellos un menor de cinco años que también jugaba en la puerta de su casa cuando le alcanzó la bala.


Las políticas de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro se basan en la militarización de las favelas. Por un lado desde las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y por otro, desde las operaciones de guerra con tanques y armas letales. La diferencia entre ambos tipos de control policial apenas existe: “Las UPP eran una buena idea y se convirtieron en un fracaso porque no trabajan como policía comunitaria sino como unidades militarizadas de control y represión”, cuenta a Público, Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.

 

Después de diez años de UPP el balance de los vecinos es desalentador: “Los militares que suben son muy jóvenes, sin experiencia, se ponen a pegar tiros en cualquier momento, entran en nuestras casas, nos roban, nos amenazan, es una pesadilla”, denuncia Irone Santiago, cuyo hijo fue tiroteado por la Policía y hoy se encuentra parapléjico y con una pierna amputada. “Tenemos miedo y vivimos con ansiedad porque sabemos que en cualquier momento van a subir y volveremos a vivir bajo tiros”, dice Santiago, habitante de la favela de la Maré desde hace más de treinta años.


El pasado mes de abril el secretario de Seguridad, José Mariano Beltrame, advirtió que quien “se atreva a disparar a un policía va a recibir un tiro”. La polémica frase la dijo tras el entierro de un miembro del BOPE (Batallón de Operaciones Espaciales que sube a las favelas) asesinado por narcotraficantes en el transcurso de una operación. Las muertes de policías también han aumentado en un momento donde el Estado de Río de Janeiro se encuentra en quiebra total y los policías reciben sus salarios, de por sí son bastante bajos, atrasados.


“El policía por un lado es un verdugo, porque mata a una escala inaceptable, pero también es una víctima. La mayoría tienen el mismo perfil que sus víctimas, son negros o pardos, jóvenes y de origen humilde”, explica Roque. Desde Amnistía Internacional reconocen que la precariedad que sufre la Policía de Río de Janeiro por la crisis económica del Estado hace que “aumente el estrés y también la violencia”. Pero dejan claro que no pueden seguir usando argumentos para vulnerar los derechos humanos: “No puede haber un estado de excepción para justificar la seguridad en los Juegos Olímpicos”, dice Atila Roque. El presidente de Amnistía Internacional no sólo se refiere a la militarización de las favelas y el aumento de asesinatos, sino también a la nueva normativa de Ley Antiterrorista (al estilo de la Ley Mordaza) que criminaliza cualquier manifestación que se produzca en determinados puntos de la ciudad desde el 4 de junio y a lo largo de todo los Juegos Olímpicos. “Durante el Mundial fue lo mismo, hubo periodistas y activistas de derechos humanos presos e incluso heridos, no podemos permitir que nos quiten la libertad de expresión”, sentencia Roque.

 


“Soy un tipo normal”


Víctor Santiago nació en la Maré, en una de las muchas zonas de Río de Janeiro a las que el Estado no llega si no es en forma de fusil o de tanque. Insiste en que siempre fue un “hombre normal”, pagaba sus cuentas, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde un módulo para ser técnico de seguridad. Explica todo esto para justificar “el absurdo” de lo que le sucedió la madrugada de aquel sábado de febrero de 2015. Víctor volvía a casa en el coche de un amigo cuando un primer control militar les paró para pedir documentación. Todo normal y siguieron adelante. Poco antes de llegar a su casa se toparon con un segundo control. Esta vez los militares sin intercambiar palabra comenzaron a disparar contra el vehículo. El conductor recibió un tiro y Víctor Santiago dos disparos. “Mi hijo se despidió diciéndole a mi nieta que al día siguiente la llevaría a la playa, pero sólo vino 98 días después”, cuenta la madre de Víctor, Irone Santiago, con lágrimas en los ojos. Su hijo estuvo una semana en coma, y casi tres meses hospitalizado con el pulmón perforado y sesiones de hemodiálisis. Las dos balas que recibió le dejaron parapléjico y con una pierna amputada.


A sus 30 años Santiago responsabiliza al Estado de Río de Janeiro de lo que le pasó: “Fue culpa de la incompetencia de los gobernantes que tenemos a quienes no les importamos nada”. Asegura que uno de las cosas que más le dolió fue salir del hospital en silla de ruedas y verse sin ningún tipo de ayuda: “El Estado no me ha dado ni una tirita”, repite.

 

La silla de ruedas con la que se mueve, la cama de hospital en la que pasa prácticamente las 24 horas del día y los pañales que usa para sus necesidades son donaciones de los vecinos de la comunidad. Su madre dejó su trabajo de costurera para cuidarle y se ha convertido en una activista dentro de la favela mientras lucha con poco éxito para que el caso de su hijo sea juzgado: “Tan sólo un año después de los hechos vino la Policía Federal para hacer una pericia del cuerpo de Víctor, y lo más absurdo de todo es que en el caso mi hijo constaba como testigo y no como víctima”.

 

Irone dice no tener miedo de posibles represalias, sabe que la Policía suele amenazar a los familiares de las víctimas, pero hasta ahora nadie le ha dicho nada. Asegura que como su hijo hay otras muchas personas que tienen miedo a hablar: “No se imagina la cantidad de gente mutilada que hay en la Maré, por no hablar de los asesinatos. Una vecina que tenía un comercio salió por la ventana para pedir a su ayudante que cerrara la tienda y le pegaron un tiro, así de simple. Quieren acabar con todos nosotros, no tenemos derecho a nada”.

 

 

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Colombia: A las puertas de un nuevo genocidio político

Un fantasma recorre Colombia: el del exterminio de la Unión Patriótica. Esta organización, gestada como salida del conflicto armado en el marco de los procesos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC a mediados de los años ochenta, sufrió en su corta y trunca existencia como propuesta civil, una arremetida paramilitar que -en estrecha complicidad con las instituciones estatales- trajo como saldo trágico el asesinato de más de 3000 de sus militantes. Desde campesinos, estudiantes, trabajadores y activistas de base en general, hasta candidatos presidenciales, alcaldes, concejales y senadores, el exterminio casi total de la UP llegó a ser catalogado por diversos organismos de derechos humanos como un verdadero genocidio político. Las negociaciones de paz se vieron así clausuradas por la muerte, el exilio y la desaparición forzada de quienes aspiraron en aquel entonces a transitar hacia una vida democrática con plena participación civil, en un sistema político que ha resultado refractario a las opciones por fuera del binomio impuesto, a sangre y fuego, por conservadores y liberales desde los tiempos de la llamada “Violencia”, década que dejó como saldo decenas de miles de muertos y desplazados, y que tuvo como hito previo catalizador al asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.

 

Solo en lo que va del año 2016, alrededor de 40 activistas de plataformas civiles como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han sido asesinados, más de la mitad de ellos perpetrados en el mes de marzo. El 1 de abril, la referente de derechos humanos y ex senadora Piedad Córdoba, sufrió un intento de atentado contra su vida por parte de sicarios, luego de haber denunciado el peligro de que en Colombia se viva un nuevo genocidio equivalente al de la Unión Patriótica. En esta misma zona del Chocó, recientemente han incursionado cerca de mil paramilitares, imponiendo el terror en las comunidades rurales. Esta escalada del paramilitarismo quedó en evidencia días atrás, con la imposición de un “paro armado” en cuatro Departamentos de Colombia, que incluyó asesinatos y la quema de transportes públicos. Pero la arremetida contra el proceso de paz no solo tiene a estos actores paraestatales como protagonistas. Si bien no ha logrado demasiado eco, el partido uribista Centro Democrático instó a salir a las calles el pasado 2 de abril, para repudiar las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana y a las que ahora se le suman las anunciadas en forma pública por el gobierno y el ELN en Caracas.

 

Aunque pueda resultar paradójico, estas negociaciones de paz, lejos de aplacar la criminalización de los movimientos sociales en Colombia, la han agudizado. Basta decir que dos de los principales referentes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, Huber Ballesteros, dirigente rural de FENSUAGRO y de la Central Unitaria de los Trabajadores, y Feliciano Valencia, autoridad de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, han sido condenados a prisión violándose los más elementales derechos y garantías (en este último caso, luego de una larga lucha, se ha logrado que Feliciano pueda cumplir su reclusión en un resguardo indígena). A esto se le suma la persecución al pensamiento crítico, que tiene como caso testigo al profesor e investigador universitario Miguel Angel Beltrán, preso en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, bajo la acusación sin pruebas concretas de ser colaborador “ideológico” de la guerrilla. Resulta escandaloso que actualmente la cantidad de presas y presos políticos en Colombia ascienda a más de 9.500 personas.

 

Nada dicen de ellos y ellas los medios hegemónicos, que bombardean de manera constante y cínica con noticias y denuncias sobre la situación de supuestos “presos políticos” en Venezuela o Cuba. El proceso de paz en Colombia transita por uno de sus momentos más críticos. Vale la pena recordar que gran parte de aquellos homicidios perpetrados contra la Unión Patriótica aún se encuentran impunes, al igual que la mayoría de los asesinatos de militantes populares ocurridos en los últimos años en el país. Solamente de Marcha Patriótica -plataforma civil surgida a la vida pública en abril de 2012- han sido aniquilados 116 de sus miembros. Por lo tanto, sin la garantía de no repetición -uno de los puntos centrales impulsado por las insurgencias de las FARC y el ELN en las mesas de diálogo- y sin el desmonte definitivo y la condena efectiva del paramilitarismo -que aún se mantiene activo en gran parte del país y cuenta con un considerable apoyo de sectores desestabilizadores de ultraderecha-, no cabe pensar en que las negociaciones lleguen a buen puerto.

 

En el monumental libro La violencia en Colombia, el sociólogo y militante Orlando Fals Borda caracterizó la historia reciente de su país en los términos de “una tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política nociva de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se ha perpetuado en el poder a toda costa, desatando el terror y la violencia. Esta guerra insensata ha sido prolífica al destruir lo mejor que tenemos: el pueblo humilde”. La posibilidad concreta que se ha abierto con las mesas de paz entre el gobierno y las insurgencias de las FARC y el ELN, es un primer paso para conjurar más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en un país donde 14 millones de campesinos viven en la pobreza y más de un millón de familias rurales carecen de tierras, donde 6 millones de personas han sufrido desplazamientos forzados de sus territorios y la represión contra las luchas populares continúa, resulta iluso hablar de “posconflicto”, como pretenden hacer por estos días desde el gobierno y los medios hegemónicos. Sin erradicar las bases estructurales que han dado lugar durante décadas a una violencia social y política endémica, la paz resultará más un anhelo que una realidad.

 

 

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Sábado, 07 Mayo 2016 08:06

La criminalización del pensamiento

La criminalización del pensamiento

Pensar trae consecuencias. Su ejercicio no ha sido una facultad bien vista. Hoy está en peligro de extinción. Resulta significativo que entre los crímenes de lesa humanidad figure la persecución ideológica y política. Desde el castigo bíblico hasta nuestros días, la acción de pensar se castiga. Dos esferas de la realidad política son las más afectadas. La educación y el periodismo. En ambas, sus representantes son objeto de las iras del poder institucional y la violencia. Las universidades, en tiempos de dictaduras militares o cívico-militares, sufren las consecuencias de la criminalización del pensamiento. Maestros y profesores han sido perseguidos y asesinados. Durante la segunda República en España se expulsó a miles de las aulas del magisterio y qué decir del México actual. En cuanto al periodismo, se mata directamente al mensajero. El más reciente informe de la Federación Latinoamericana de Periodistas destaca que sólo en México, durante 2015, fueron ultimados 14 informadores. La lista es larga. Honduras presentó 10 casos, Brasil ocho, Colombia cinco y Guatemala tres. Al mismo tiempo, la Federación Internacional de Periodistas apunta que de 1990 a 2015 se contabilizaron 2 mil 297 asesinatos de comunicadores. En esa lista vuelve a destacar México con 120 casos, Rusia reporta 109 y Brasil 62.

 

Todos los días nos enteramos, por los medios de información, de las arbitrariedades del poder político a la hora de criminalizar cualquier opinión discrepante. Sobre todo si en ella se vierten críticas al orden social, a la violación de los derechos humanos y a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado. Basta con que la policía emita informes imputando a organizaciones, personas o movimientos sociales de propagar ideologías disolventes para que sus dirigentes sean detenidos, investigados y encarcelados. Asimismo, cualquiera puede levantar falso testimonio y lograr credibilidad cuando la acusación deriva en el ámbito del pensamiento y las ideas.

 

Si en los siglos XIX y XX el apelativo de terrorista recayó en los movimientos anarquistas y anarcosindicalistas, extendiéndose a socialistas y comunistas, en pleno siglo XXI se han roto dichas fronteras ideológicas. Ya no asistiremos a un montaje judicial para justificar la persecución ideológica. No hace falta encubrir el motivo. Abiertamente se imputa al políticamente incorrecto la condición de antisistema. Basta recordar el reciente caso del cómico alemán Jan Böhmermann, acusado de injurias por el presidente de Turquía, Recep Erdogan, al haber escrito un poema satírico. Lo peor no es la acusación, sino el consentimiento de Angela Merkel, canciller de Alemania, de facilitar la apertura de un proceso judicial por injurias. En la persecución del pensamiento no hay fronteras. En una sociedad de ciegos, el tuerto no es el rey, está preso.

 

En la sociedad occidental, democrática y civilizada se criminaliza la crítica y el pensamiento se tilda de subversivo y antisistémico. Adjetivos que predisponen al uso de la violencia y la razón de Estado para su represión. En Colombia, la Escuela Nacional Sindical entregó un estudio detallado a congresistas estadunidenses subrayando que entre el 7 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2015 habían perdido la vida en atentados 105 militantes pertenecientes a diferentes sindicatos. Asimismo, la Confederación Sindical Internacional, en su informe anual sobre los derechos sindicales en el mundo, denuncia que fueron asesinados 101 trabajadores por ejercer actividades del gremio. De esos 101 asesinatos casi la mitad, 48, se registraron en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en República Dominicana, tres en Filipinas, uno en India, otro en Irak y uno más en Nigeria. Dicho texto no considera las amenazas e intentos fallidos de ejecuciones.

 

El miedo y la violencia, al igual que la autocensura, se apoderan de quienes emiten opiniones contrarias al poder dominante. Desde los atentados a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, el fantasma del terrorismo se convirtió en excusa para controlar la crítica política y el ejercicio de la libertad de expresión. En el saco del terrorismo se incorporan todo tipo de acciones y pensamientos. La vara de medir está bajo mínimos. Cuando más democracia y libertades se dicen reconocer, más se reprime la facultad de pensar. Ya no se diferencia entre pensamiento crítico y terrorismo. El poder no distingue y, lo que es peor, no quiere ejercer dicha distinción.

 

La crítica teórica y la reflexión han sido materialmente despreciadas, su praxis se condena, constituyen una amenaza. El poder político se siente propietario de las formas de pensar y actuar. Quienes practican la noble actividad de pensar a contracorriente, militantes políticos, sindicales, deportistas, científicos, periodistas, escritores, actores, artistas plásticos, grupos musicales, etcétera, son objeto de escarnio y presiones. Existe una guerra declarada al pensamiento en todas las dimensiones de la vida social.

 

El ejercicio crítico de pensar subvierte el orden y cuestiona el statu quo. Personas y medios que lo impulsan son atacados por el poder. Las medidas aplicadas van de la censura a la clausura de medios de prensa, programas de radio y televisión. Todo es bienvenido si con ello se acallan las voces discordantes. Hoy, los servicios de inteligencia y los aparatos de seguridad del Estado realizan la búsqueda de irredentos. Intervienen correos electrónicos, teléfonos móviles, graban en aulas de clase, restaurantes y centros comerciales. Ningún espacio público está exento de vigilancia. El pensamiento crítico debe ser controlado en corto. Quienes lo denuncian son objetivo militar y político. Es el caso de Julián Assange, fundador de Wikileaks, quien pidió asilo a la República de Ecuador por temor a ser extraditado a Estados Unidos, bajo acusaciones falsas de violación. Lleva recluido desde el 19 de junio de 2012 en la embajada de Ecuador en Londres. Otro ejemplo es el de Edward Snowden, ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, quien hizo públicos los programas de vigilancia masiva a escala mundial desarrollados por la SNA y la CIA. Perseguido y acusado de criminal, se exilió en Rusia, donde reside actualmente. Su vida está en peligro.

 

Las guerras del siglo XXI amplían el espectro de los genocidios civilizatorios. Tecnologías de muerte. Drones y armamento de última generación se utilizan para acallar voces e imponer valores imperiales. Pensar se ha convertido en delito, su ejercicio se ha criminalizado y sus defensores han sido condenados.

 

 

 

 

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