Miércoles, 30 Enero 2019 08:26

En marcha

En marcha

Una nueva componenda, para concretar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro está en marcha. Una sincronizada cascada de acciones da fe de ello:

 

1. Enero 4, reunión del Grupo de Lima –integrado por 14 países de la región, catalogando al gobierno venezolano como dictadura, desconociendo la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, por asumir su segundo mandato presidencial el 10 de enero. México no firma y opta por una vía que privilegia el diálogo.


2. Enero 10. Desconocimiento por parte del Consejo Permanente de la OEA del gobierno venezolano por “ilegítimo”. La resolución fue aprobada por 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia. Por otra parte, llama a todos los estados miembros y a los observadores permanentes de este organismo a adoptar las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren necesarias para contribuir “a la restauración del orden democrático en Venezuela” y a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en ese país.


3. Enero 11, Paraguay rompe relaciones con Venezuela al desconocer la legitimidad del gobernante venezolano. Igual proceder, en la práctica, han tomado todos los países firmantes de la declaración del Grupo de Lima, entre ellos Colombia que ha roto desde meses atrás los canales diplomáticos de contacto con el país vecino, asumiendo el liderazgo regional, junto a Mauricio Macri, presidente argentino, y el recién posesionado Jair Bolsonaro en Brasil, para provocar la caída de su par venezolano.


4. Enero 11. Autoproclomación de Juan Guaidó, presidente del parlamento venezolano cómo gobernante de Venezuela, dando paso con ello a la conformación de un gobierno paralelo o una dualidad de poderes que busca atizar un levantamiento militar y una confrontación civil en Venezuela.


5. De manera inmediata. el secretario General de la OEA, Luis Amagro, brindó su aval al autoproclamado presidente. La declaración no extraña, ya que en varias ocasiones, a lo largo del 2018, había llamado a dar un golpe contra Maduro.


6. Enero12. El gobierno de Brasil reconoce a Juan Guaidó. Por su parte el presidente de Colombia emite una declaración donde reconoce “[…] a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano democrático y legítimo que existe en ese país”. El presidente de esa Asamblea es el autoproclamado Guaidó.


7. De manera simultánea, todas las declaraciones de los países integrantes del Grupo de Lima aluden al gobernante venezolano como dictador, desatando una ofensiva en procura de crear en la opinión pública la inclinación por un golpe militar o similar en el país suramericano.


8. Como eco de esta acción, los informativos colombianos, de manera constante y sin brindar a sus radioescuchas, lectores o televidentes información de contexto, aluden al Presidente venezolano como dictador. La desinformación como norma gana espacio a todo nivel.

 

Como una acción previa para poner en marcha esta sincronizada arremetida, Mike Pompeo, secretario de Estados de los Estados Unidos y exdirector de la CIA, se había reunido los días 1 y 2 de enero con los presidentes de Colombia y de Brasil. Ya en abril de 2018 había estado presente en varios países de la región afinando compromisos en contra de Cuba, Nicaragua Bolivia y Venezuela.

 

Previo a la maniobra geopolítica en marcha, a lo largo del 2017 y 2018, la OEA intentó por varios conductos aislar a Venezuela del escenario regional, lo que motivó la misma renuncia a este organismo por parte del país suramericano. Intentos de bloqueo diplomático que fueron accionados al tiempo que se estimulaba un alzamiento social, el cual se prolongó por varios meses del 2017 y con especial énfasis en Caracas, a través de movilizaciones de todo tipo. Al final de esta confrontación, cientos de los manifestantes habían caído presos, algunos voceros de la oposición habían corrido igual suerte, y la coordinación de las fuerzas opuestas al gobierno venezolano estaba rota. Las contradicciones en cuanto a los resultados obtenidos, las acciones por proseguir y qué hacer ante las elecciones presidenciales que se avecinaban, terminaron por fracturarlos.


Llegada la campaña electoral –enero/abril de 2018–, la mayoría de los integrantes de la coordinación opositora se abstuvo de participar de la campaña presidencial. Al final de los comicios Maduro fue elegido con el 57 por ciento de los votos.

 

Soberanía popular

 

Que el gobierno de Nicolás Maduro y su dirección al frente de Venezuela está cuestionada, no hay duda, pero no por ello los gobernantes de la región pueden saltarse el derecho de cada pueblo a resolver sus problemas con autonomía, basados en el respeto a su soberanía y derecho a vivir en paz.

 

Más allá de los resultados de los comicios de abril pasado, la economía y la prolongada crisis social de su país son quienes le han colocado a Maduro el Inri de impopular. No es para menos. Más allá del bloqueo económico emprendido por los Estados Unidos y el conjunto de medidas internacionales para llevar a este país a la ingobernabilidad, están las medidas del propio gobierno y de la dirigencia venezolana, incapaces de desatar el liderazgo social y emprender una gestión de verdad revolucionaria para encarar los destinos de su patria. Imaginación, audacia, autogestión, poder popular, soberanía alimentaria, industrialización autónoma que rompa la matriz petrolera del país, ingresos dignos, estos y otros retos son los que tendría que resolver el liderazgo social, más allá del gobierno.

 

Contrario a ello, una gestión cada vez más burocrática y enclaustrada, aislada de las dinámicas diarias de los millones de connacionales que padecen una inflación inimaginable y un desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, con una presencia cada vez más autoritaria del Estado, es la que cuestiona al líder venezolano, así como a todo el equipo que lo acompaña, con las Fuerzas Armadas como soporte y sustento, de cuya cohesión depende la continuidad del jefe de Estado.

 

Por ahora, con el doble gobierno en marcha, con el llamamiento a las Fuerzas Armadas a fracturarse, así como la instigación al alzamiento social, lo que está en marcha es una peligroso y arriesgada maniobra por parte de los Estados Unidos y sus países satélites, que más allá del destino que corra Maduro puede terminar en una confrontación civil interna.

 

Alineada Venezuela cada vez más con China y Rusia, países que le apuestan a la recuperación y estabilidad económica del país suramericano, invirtiendo para ello significativas sumas de dinero y comprometiendo acompañamiento a todo nivel, decisión que aruña con evidencia el patio trasero y última retaguardia del otrora incuestionable imperio gringo, provocan, no sin cálculo, la furia de su enemigo del Norte, lo que puede desatar en este territorio una disputa geopolítica global, tipo Siria, que terminaría por descuadrar el mapa regional americano, en especial el de Sur y Centro América, así como El Caribe, algo que no depararía nada bueno para todos nuestros pueblos, incluido el colombiano.

 

El que juega con candela, puede desatar incendios. Duque y todos aquellos a quienes él representa, el poder real a la sombra hoy en Colombia y en la región, pueden terminar como pirómanos.

Publicado enColombia
Martes, 29 Enero 2019 15:51

En marcha

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Una nueva componenda, para concretar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro está en marcha. Una sincronizada cascada de acciones da fe de ello:

 

1. Enero 4, reunión del Grupo de Lima –integrado por 14 países de la región, catalogando al gobierno venezolano como dictadura, desconociendo la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, por asumir su segundo mandato presidencial el 10 de enero. México no firma y opta por una vía que privilegia el diálogo.


2. Enero 10. Desconocimiento por parte del Consejo Permanente de la OEA del gobierno venezolano por “ilegítimo”. La resolución fue aprobada por 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia. Por otra parte, llama a todos los estados miembros y a los observadores permanentes de este organismo a adoptar las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren necesarias para contribuir “a la restauración del orden democrático en Venezuela” y a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en ese país.


3. Enero 11, Paraguay rompe relaciones con Venezuela al desconocer la legitimidad del gobernante venezolano. Igual proceder, en la práctica, han tomado todos los países firmantes de la declaración del Grupo de Lima, entre ellos Colombia que ha roto desde meses atrás los canales diplomáticos de contacto con el país vecino, asumiendo el liderazgo regional, junto a Mauricio Macri, presidente argentino, y el recién posesionado Jair Bolsonaro en Brasil, para provocar la caída de su par venezolano.


4. Enero 11. Autoproclomación de Juan Guaidó, presidente del parlamento venezolano cómo gobernante de Venezuela, dando paso con ello a la conformación de un gobierno paralelo o una dualidad de poderes que busca atizar un levantamiento militar y una confrontación civil en Venezuela.


5. De manera inmediata. el secretario General de la OEA, Luis Amagro, brindó su aval al autoproclamado presidente. La declaración no extraña, ya que en varias ocasiones, a lo largo del 2018, había llamado a dar un golpe contra Maduro.


6. Enero12. El gobierno de Brasil reconoce a Juan Guaidó. Por su parte el presidente de Colombia emite una declaración donde reconoce “[…] a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano democrático y legítimo que existe en ese país”. El presidente de esa Asamblea es el autoproclamado Guaidó.


7. De manera simultánea, todas las declaraciones de los países integrantes del Grupo de Lima aluden al gobernante venezolano como dictador, desatando una ofensiva en procura de crear en la opinión pública la inclinación por un golpe militar o similar en el país suramericano.


8. Como eco de esta acción, los informativos colombianos, de manera constante y sin brindar a sus radioescuchas, lectores o televidentes información de contexto, aluden al Presidente venezolano como dictador. La desinformación como norma gana espacio a todo nivel.

 

Como una acción previa para poner en marcha esta sincronizada arremetida, Mike Pompeo, secretario de Estados de los Estados Unidos y exdirector de la CIA, se había reunido los días 1 y 2 de enero con los presidentes de Colombia y de Brasil. Ya en abril de 2018 había estado presente en varios países de la región afinando compromisos en contra de Cuba, Nicaragua Bolivia y Venezuela.

 

Previo a la maniobra geopolítica en marcha, a lo largo del 2017 y 2018, la OEA intentó por varios conductos aislar a Venezuela del escenario regional, lo que motivó la misma renuncia a este organismo por parte del país suramericano. Intentos de bloqueo diplomático que fueron accionados al tiempo que se estimulaba un alzamiento social, el cual se prolongó por varios meses del 2017 y con especial énfasis en Caracas, a través de movilizaciones de todo tipo. Al final de esta confrontación, cientos de los manifestantes habían caído presos, algunos voceros de la oposición habían corrido igual suerte, y la coordinación de las fuerzas opuestas al gobierno venezolano estaba rota. Las contradicciones en cuanto a los resultados obtenidos, las acciones por proseguir y qué hacer ante las elecciones presidenciales que se avecinaban, terminaron por fracturarlos.


Llegada la campaña electoral –enero/abril de 2018–, la mayoría de los integrantes de la coordinación opositora se abstuvo de participar de la campaña presidencial. Al final de los comicios Maduro fue elegido con el 57 por ciento de los votos.

 

Soberanía popular

 

Que el gobierno de Nicolás Maduro y su dirección al frente de Venezuela está cuestionada, no hay duda, pero no por ello los gobernantes de la región pueden saltarse el derecho de cada pueblo a resolver sus problemas con autonomía, basados en el respeto a su soberanía y derecho a vivir en paz.

 

Más allá de los resultados de los comicios de abril pasado, la economía y la prolongada crisis social de su país son quienes le han colocado a Maduro el Inri de impopular. No es para menos. Más allá del bloqueo económico emprendido por los Estados Unidos y el conjunto de medidas internacionales para llevar a este país a la ingobernabilidad, están las medidas del propio gobierno y de la dirigencia venezolana, incapaces de desatar el liderazgo social y emprender una gestión de verdad revolucionaria para encarar los destinos de su patria. Imaginación, audacia, autogestión, poder popular, soberanía alimentaria, industrialización autónoma que rompa la matriz petrolera del país, ingresos dignos, estos y otros retos son los que tendría que resolver el liderazgo social, más allá del gobierno.

 

Contrario a ello, una gestión cada vez más burocrática y enclaustrada, aislada de las dinámicas diarias de los millones de connacionales que padecen una inflación inimaginable y un desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, con una presencia cada vez más autoritaria del Estado, es la que cuestiona al líder venezolano, así como a todo el equipo que lo acompaña, con las Fuerzas Armadas como soporte y sustento, de cuya cohesión depende la continuidad del jefe de Estado.

 

Por ahora, con el doble gobierno en marcha, con el llamamiento a las Fuerzas Armadas a fracturarse, así como la instigación al alzamiento social, lo que está en marcha es una peligroso y arriesgada maniobra por parte de los Estados Unidos y sus países satélites, que más allá del destino que corra Maduro puede terminar en una confrontación civil interna.

 

Alineada Venezuela cada vez más con China y Rusia, países que le apuestan a la recuperación y estabilidad económica del país suramericano, invirtiendo para ello significativas sumas de dinero y comprometiendo acompañamiento a todo nivel, decisión que aruña con evidencia el patio trasero y última retaguardia del otrora incuestionable imperio gringo, provocan, no sin cálculo, la furia de su enemigo del Norte, lo que puede desatar en este territorio una disputa geopolítica global, tipo Siria, que terminaría por descuadrar el mapa regional americano, en especial el de Sur y Centro América, así como El Caribe, algo que no depararía nada bueno para todos nuestros pueblos, incluido el colombiano.

 

El que juega con candela, puede desatar incendios. Duque y todos aquellos a quienes él representa, el poder real a la sombra hoy en Colombia y en la región, pueden terminar como pirómanos.

Publicado enEdición Nº253
La crisis humanitaria en La Guajira y nuestras instituciones de papel. ¿Será que hay esperanza?

El pasado cinco de marzo, una nueva comisión (desde el 2013 han asistido otras comisiones de diferentes entes del Estado) visitó el departamento de La Guajira. Esta vez la visita fue por parte de la Procuraduría General de la Nación, a través de su oficina Delegada para las Minorías Étnicas, en atención a las denuncias presentadas por el movimiento Nación Wayuu, debido a la muerte de niños por causas asociadas a la desnutrición severa, denuncias elevadas desde 2013, no solo por la Nación Wayuu, sino por fundaciones, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, sin que sean efectivas las acciones para hacer visible una mejora en las condiciones del vida del Departamento y. en especial. de los niños wayuu. El recorrido se desarrolló en medio de los conflictos e irregularidades que la Nación Wayuu viene denunciando en la asignación de cupos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), encargado de velar por la vida de estos niños.

La visita se desplazó por los municipios de Manaure, Uribia, Maicao, y los corregimientos de Matitas y Piyaya, entre otros corregimientos de la región. En las inspecciones oculares y visitas de campo, se hallaron niños en condiciones muy precarias, en recintos sin ventilación y sin el mínimo vital, ya que el agua que consumen no es potable ni apta para el consumo humano. Se encontraron centenares de niños sin atención y con evidentes signos de estado de desnutrición.


Según informaciones de los padres de familia y los líderes de la zona, el Icbf-Regional Guajira no les ha prestado atención, a pesar de los múltiples requerimientos realizados. Todo lo anterior, debido a que, tal como lo manifestó José Silva, líder del movimiento Nación Wayuu, en los últimos tiempos se han presentado cierres arbitrarios de los centros de atención por parte de las Fundaciones contratistas de Icbf y por otro lado se han dado, sin justa causa, exclusiones a la atención de los niños.


En medio de estos hallazgos que presentan una vulneración de los derechos humanos fundamentales por parte del Estado colombiano a la Nación Wayuu, renació una luz de esperanza en las instituciones y la justicia colombiana, ya que nuevamente el Tribunal Superior de Riohacha, admite Incidente de Desacato, por el no cumplimiento a la sentencia ratificada por la Corte Constitucional en contra de Icbf, Gobernación de la Guajira y otros, por incumplimiento a la sentencia STC4406-2017 en donde a les demandados les exigen amparar los derechos fundamentales de consulta previa, etno-educación, transporte escolar y salud de la niñez wayuu, así como también su derecho al idioma wayuunaiki, autonomía cultural y diversidad étnica.


La Procuraduría Delegada Para las Minorías Étnicas, luego de su vista, regresó a la ciudad de Bogotá preocupada por todos los hallazgos y la omisión del Icbf y los entes territoriales frente a la atención de la niñez wayuu, en donde muy probablemente estarán tomando las acciones disciplinarias correspondientes frente a estos hechos.

Las preguntas que me quedan son: ¿Cuántos otros informes y trámites burocráticos serán necesarios? ¿Cuánto tiempo más se tiene que esperar? ¿Cuántos niños más tendrán que morir para que el Estado colombiano y sus instituciones restituyan los derechos fundamentales de acceso al agua, a la salud con pertinencia cultural, la educación, la autonomía y el territorio de esta etnia? ¿A quién más hay que acudir a nivel internacional, si ni siquiera las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido suficientes para que los municipios afectados por la falta de agua tengan acceso al mínimo del líquido vital? (Según la OMS el mínimo es 50 litros por persona, cuando en La Guajira cada persona vive con 0.7 litros al día, muchas veces agua contaminada, no apta para consumir) ¿Qué tipo de mecanismos quedan, si los institucionales y de ley no han logrado resolver la situación?

Como ciudadanía debemos estar pendientes de los resultados del informe de la Procuraduría, y de las fechas y cronogramas, proyectos y planes específicos a los cuales se comprometan las entidades encargadas, pues como ciudadanos estamos dispuestos a llevar a cabo toda la veeduría a dichos compromisos, en uso de nuestro derecho constitucional de participación ciudadana.

Confirmamos el apoyo a la lucha de la Nación Wayuu, que cumple 450 días de resistencia pacífica en Katsaliamana, al lado de la línea férrea del tren de Carbones el Cerrejón, que extrae 36 millones de toneladas de carbón al año, y cuyo impacto sobre las comunidades es, y ha sido avasallador por la alteración de sus métodos tradicionales de subsistencia.

La Protesta en Katsaliamana pide por la supervivencia y respeto de nuestra etnia wayuú, amparada por la Constitución, por tratados internacionales, y que representa a través de su cultura, sus tejidos, sus palabreros, sus autoridades tradicionales, sus curanderos, sus territorios de impactante naturaleza y belleza, de sus tradiciones orales, su música, su idioma, y su raza, un legado invaluable que es parte de nuestra raíz como pueblo y como nación.

 

A continuación los informes de visitas anteriores por parte de instituciones del Estado colombiano, así como las Medidas Cautelares de la CIDH. 

Procuraduría pide declarar el Estado de cosas institucionales en la Guajira. Marzo 2017.
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-pide_declarar_estado_de_cosas_inconstitucionales_por_crisis_en_La_Guajira.news 
LA GUAJIRA: Pueblo Wayuu, con hambre de dignidad, sed de justicia y otras necesidades insatisfechas. Procuraduría General de la Nación. 2016
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe(1).pdf 
Medidas Cautelares de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2015. Pide al Estado Colombiano: “Proteger la vida e integridad personal del pueblo wayuu.
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf 
Crisis Humanitaria en La Guajira. 2014, Defensoría del pueblo.
http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialguajira11.pdf 
Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Contraloría General de la Nación. 2013.
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/01/mineria-en-colombia-contraloria-vol-ii.pdf 

Publicado enColombia
El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
Los sobrevivientes dicen que hay más personas desaparecidas de otros barcos
 
Hay cifras, imágenes de barcazas hundiéndose y de la desesperación humana que se repiten en los últimos años mientras la Unión Europea cierra las fronteras internas y externas. La Guardia Costera de Italia coordinó el rescate de miles de refugiados.

 

 

En la última semana al menos 700 migrantes murieron al intentar cruzar el Mar Mediterráneo en precarias embarcaciones desde el norte de África a Italia, informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) registró en su cuenta de la red social Twitter que “alrededor de 900 personas podrían haber muerto en el Mediterráneo Central en la última semana”. La cifra difundida por Acnur es estimada, está basada en testimonios de sobrevivientes y corresponde a los tres naufragios consecutivos del miércoles, jueves y viernes pasado, dijo la vocera de la agencia de Naciones Unidas, Carlotta Sami.

 

La portavoz precisó que 550 personas que se encontraban a bordo de un barco que naufragó el jueves están desaparecidas, otras 100 aproximadamente podrían estar atrapadas en la bodega de un barco que se hundió el miércoles y un número desconocido de personas está desaparecido tras un naufragio ocurrido el viernes.

 

Los sobrevivientes dijeron, de acuerdo a datos de Acnur, que hay más personas desaparecidas de otros barcos. “Si sumamos estos terribles números, calculamos que hay al menos 700 víctimas, aunque no estamos seguros en cuanto a las cifras y la identidad de las víctimas”, explicó Sami. Los últimos días fueron intensos para la Guardia Costera de Italia, encargada de coordinar el rescate de casi 13.000 personas en diversas operaciones desplegadas en el Mediterráneo, concretamente en el Canal de Sicilia, que separa la isla homónima de la costa norafricana de Túnez.

 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de los 13.000, poco menos de 1700 refugiados llegaron a la costa italiana, se encontraron 50 cadáveres y fueron rescatadas en altamar más de 10.000 personas. Los refugiados y migrantes rescatados están llegando progresivamente a distintos puertos italianos: sólo ayer arribaron a Messina, Sicilia, 382 personas y a Palermo, unas 600.

 

El buen tiempo y las condiciones propicias del mar empujaron esta semana a miles de refugiados e inmigrantes a probar suerte y arriesgar su vida para cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, lo que evidencia con cada vez más claridad la magnitud de la emergencia migratoria. El cierre de las fronteras internas y externas de la Unión Europea (UE) para frenar el avance de los refugiados hacia los países más ricos y desarrollados del norte europeo, y el acuerdo firmado entre el bloque regional y Turquía para deportar masivamente a los refugiados, forzaron a miles de personas a volver a utilizar la ruta desde África, una vía mucho más peligrosa. La situación no es nueva.

 

Hay cifras, imágenes de barcazas hundiéndose y de la desesperación humana que se repiten en los últimos años, a medida que el verano anuncia su llegada en el hemisferio norte. En octubre de 2013, cuando murieron 366 refugiados y migrantes cerca de Lampedusa, a 100 kilómetros de Túnez, los líderes de la UE prometieron que nunca permitirían que volviese a producirse una tragedia similar. Sin embargo, el panorama cada vez resulta más sombrío.

 

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, advirtió ayer que el problema sólo puede cortarse de raíz, con apoyo al desarrollo y a la seguridad que evite que los refugiados y migrantes salgan de sus países. “Salvarlos en el mar sin una estrategia para África no es una solución. Necesitamos ayudarlos en casa, para empezar, invirtiendo en ayuda internacional al desarrollo”, dijo Renzi en una entrevista publicada ayer por el diario católico Avvenire.

 

Tres días antes, durante la cumbre del G7 en Japón, Renzi dijo que incluso la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) podría empezar a rescatar refugiados y migrantes en el Mediterráneo, pero insistió en que el mar es el peor lugar para salvarlos. El funcionario italiano sugirió que la UE ofrezca a las naciones africanas dinero y cuotas de acceso de trabajadores, estudiantes e investigadores a cambio de que esos países endurezcan sus controles fronterizos.

 

“O Europa sigue estas propuestas o tendremos que hacerlo en solitario. No hay tiempo que perder”, insistió el premier italiano al tiempo que pidió negociar con Libia un acuerdo serio para intentar contener las salidas de los migrantes, propuesta que parece similar a la que la UE selló con Turquía para frenar la otra gran ruta de refugiados. Según el director de la misión libia de la OIM, Othman Belbeisi, en su país hay entre 700.000 y un millón de refugiados, aunque “nadie sabe cuántos quieren ir a Europa”.

 

 

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Boaventura de Sousa: "Sin el colonialismo no se podría entender la crisis de los refugiados"

La encrucijada de Podemos, la posibilidad de un cambio de rumbo en las políticas europeas o la crisis de los refugiados, son algunos de los temas que preocupan a Boaventura de Sousa, que estuvo en Madrid para hablar de Procesos Constituyentes en un encuentro internacional.


Puede ser cosa de ese Sur metafórico del que habla en su obra, pero Boaventura de Sousa (Coímbra, 1940) se presenta siempre con una sonrisa en sus entrevistas. El sociólogo portugués, comprometido con los movimientos populares y de emancipación social, ha estado en Madrid para participar en el encuentro internacional Procesos Contituyentes, organizado por la Fundación de los Comunes y el Museo Reina Sofía. Para de Sousa es momento de escuchar el mandato constituyente del pueblo, de recuperar su soberanía, radicalizar la democracia y defender derechos y no olvidar que las constituciones que se quieren realmente transformadoras no lo son por sí mismas sino que requieren del apoyo de la gente. Como recuerda en un momento del diálogo, urge constituir nuevos órdenes pero también deconstruir otros autoritarios.


¿En qué consistiría un constitucionalismo transformador en el caso de España en un momento como el actual en el que parecen abrirse brechas en el régimen del 78? ¿Pasa por la moderación que vivimos, incluso por parte de los partidos del cambio, que hablan de tan solo reformar la Constitución y de segundas transiciones?


El concepto constitucionalismo transformador fue desarrollado con la Constitución de Sudáfrica en 1993, que acababa con un tipo de colonialismo muy duro como era el apartheid y transformaba la sociedad al terminar con la discriminación racial. Hoy sabemos que las constituciones que se quieren transformadoras no lo son por sí mismas. Son solo una hoja de papel que, muchas veces, se convierte rápidamente en papel mojado. Tenemos que tener claro cuál es el mandato constituyente, para qué se va a hacer ese proceso y quién lo hace, quién tiene la iniciativa y quién lo controla. Desde 2011 y la irrupción de la Primavera árabe, los movimientos Indignados, Occupy, etc. estos constitucionalismos se piensan como algo transformador y no de repetición de lo que está o de arreglos mínimos. En España en concreto, se ha mirado de cerca los procesos de Bolivia y Ecuador, aunque en otros países de Europa del Este se ha mirado a la derecha.


¿Cree que España puede formar parte de ese entramado que simboliza el Sur en su trabajo, de ese impulsor de proyectos constituyenyes y transformadores y seguir en la Unión Europea, sometido a la Troika y a los intereses de los países del Norte que la forman?


Es cierto que la gran problemática de los procesos constituyentes en Europa es que desde la crisis de 2008 y sobre todo desde la crisis griega, hemos visto que ya tiene lugar un proceso constitucional autoritario antidemocrático desde arriba. La pregunta entonces es si estamos en un periodo constituyente o deconstituyente, ya que algunas normas europeas vienen a atacar principios de nuestras constituciones nacionales. No obstante, es cierto que aunque las nuevas constituciones nacionales tengan que ser más activas para defenderse mejor de estos ataques, puede iniciarse un proceso constituyente a nivel europeo con movimientos como el de Varoufakis, que yo mismo he apoyado, hablan de la necesidad de otra Europa democrática. Se ha creado la idea de que para ser europeísta tienes que ser de derechas, pero eso no es cierto. Es incluso compatible, en el caso del Estado español, con la cuestión nacional. La Transición pactada no permitió que las identidades existentes en el país se transformaran en sujetos políticos dentro del Estado. La herida no curada ha vuelto ahora ha vuelto con toda su fuerza y por eso ahora en España hay un doble proceso constituyente que abarca la cuestión nacional y la europea.


¿Es precisamente la cuestión nacional la que, a diferencia de lo que ocurrió en Portugal con el Partido socialista y el Bloco, ha hecho que el PSOE no se entendiera con Podemos?


Son varias razones, pero si de algo estoy seguro es que la falta de entendimiento es culpa del PSOE. Portugal y Grecia son países pequeños, un 2% del PIB cada uno de ellos, pero España es un país grande en el que ha habido una gran presión interna y externa de las clases dominantes y las instituciones europeas para que no sea posible un gobierno de izquierdas que impulsase precisamente ese proceso constituyente. Pero estoy convencido de que el Partido socialista y Podemos están condenados a articularse de alguna manera en el futuro para garantizar una gobernabilidad progresista. Ni PSOE ni Podemos podrán hacerlo solos durante un tiempo.


¿Cree que el vaciamiento de los movimientos en pro de una preocupación por ocupar las instituciones que está sucediendo pueda impedir que esa gobernabilidad progresista y los procesos constituyentes funcionen?


Esa es la clave. Quién tiene el poder constituyente, cuál es el sujeto político que lo ejerce. No me parece que los partidos políticos sean el poder de nuestro tiempo. Va a ser un sujeto político que quizá en algunos casos puede combinar partido y movimiento como Podemos en su origen, pero también muchos otros movimientos.


He leído que dice que producimos ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias. ¿Conlleva esto la imposibilidad de llevar a cabo un cambio desde las instituciones, mientras estas sean elegidas democráticamente pero socialmente fascistas como asegura usted?


No del todo. Existen grupos municipales progresistas por ejemplo en el Estado español que están haciendo una revolución anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal dentro de sus municipios. Tenemos movimientos urbanos y rurales en el Estado español que están transformando la vida de la gente. En pequeños grupos, sí, pero son lo que llamamos zonas liberadas de capitalismo al menos en lo que a voluntad política se refiere. Son esos los que tienen un alma transformadora que puede llevar adelante un proceso constituyente.


Dice que la democracia representativa no es suficiente para el cambio, que vivimos un momento “post-institucional” y que los movimientos sociales fuertes son esenciales para el control democrático de la sociedad. ¿Cómo se pueden conjugar democracia participativa y democracia representativa? ¿Cree que partidos como Podemos tendrían que volver a sus orígenes de movimiento, más participativos y democráticos?


El problema de Podemos es saber si el olvido de las bases de Podemos es un olvido definitivo o coyuntural. Es un partido reciente, sin gran consolidación en sus bases, y por ello no tiene condiciones de dar la lucha institucional y hacer trabajo de base a la vez. Me gustaría pensar que es coyuntural y debido a las elecciones, porque la gran virtud, el gran cambio de Podemos es que no es un partido como los otros, es un partido-movimiento que ha logrado introducir, dentro de la democracia representativa de partidos, un fuerte componente de democracia participativa. Si se pierde esto, se perdería también el alma de Podemos.


Cuando estuvo en España hace un año hablaba esperanzado de Grecia. ¿Qué podemos aprender de su aceptación final del memorándum?


A pesar del fracaso en las políticas, los griegos volvieron a votar a Syriza porque es un cambio. Es una clase política distinta. Van a llevar a cabo la misma política de la austeridad pero no son corruptos. Para mí Syriza ha sido un cordero sacrificial, pero ahora es importante que se mantenga en Grecia, porque en España más tarde o más temprano vamos a tener una solución de izquierda, como ya tenemos en Portugal. Muchas veces dicen que la izquierda no aprende. En Portugal por ejemplo, tras cuatro años de un partido de derechas reaccionario que hizo todo tipo de recortes en políticas sociales y que era más Troika que la Troika, el Partido comunista y el Bloco de Esquerda decidieron apoyar, por primera vez desde hace 40 años, a los socialdemocrátas. Esta confluencia es la que está incomodando en Europa, que ahora está frenando la coalición de la izquierda en el Estado español.


Y hablando de derecha reaccionaria, ¿cree que lo que está sucediendo en América Latina es un fin de ciclo?


Mi corazón ahora mismo está muy apesadumbrado por la manifestación del domingo en Brasil y la petición de prisión preventiva para el expresidente Lula sin que haya ninguna culpa formada. Es una movilización política. La derecha cuando quiere el poder es cada vez más ofensiva y agresiva. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, decía que como la izquierda avanzó en América Latina, la derecha tendría que desplazarse un poco a la izquierda si quisiera reconquistar el poder. Pero se equivocaba: la derecha viene más revanchista que antes. El mejor ejemplo es Argentina. Y ahora Brasil y Venezuela. El neoliberalismo global tiene amigos fuertes en Washington. 50 años después de los golpes militares dirigidos por Estados Unidos, tenemos hoy una forma que no es de intervención para golpe, pero sí de contribución para acabar con las democracias más progresistas y esta pasa por afirmar que aquellas son una amenaza.


Usted resalta la necesidad histórica de rescatar nuestros saberes y pensarnos desde el Sur ¿Qué lecciones extraería del papel de los populismos de Latinoamérica?


El populismo interpretó un cortocircuito histórico que es el de la inclusión en América Latina en un contexto altamente excluyente de oligarquías diferente al de Europa. Aquí ya había habido una inclusión social mayor, con crecimiento de la clase media que ahora se derrumba. Aquí ya hay una institucionalidad imperante, mientras que allí había que construirla dentro del marco liberal existente, con todas las limitaciones que ello conlleva. Lo que si debemos aprender es que si no logramos transformar la economía política, regular los mercados financieros en un marco europeo, no vamos a volver a la normalidad anterior, porque el modelo económico actual es extractivista. En América Latina extrae recursos naturales y aquí recursos humanos como salarios, pensiones, aspiraciones de vida, etc. a través de una mercantilización furiosa.


¿Cree que, en el caso del paradigma europeo, la cuestión de los refugiados entraña la irrupción del colonizado, del Sur, en el campo político y social del colonizador?


Los refugiados son un espejo de lo que es y ha sido Europa. Condujo todo un proyecto colonial y ahora estamos asistiendo al regreso de lo colonial. Sin la responsabilidad histórica del colonialismo no se podría entender la crisis de los refugiados. Europa, que no se descolonizó a sí misma se está comportando como una potencia colonial, que quiere que sus fronteras sean bien definidas y defendidas. Todo lo que es valioso y nuestro está en la sociedad metropolitana. Lo demás, el 'ellos', los colonizados, las mujeres, los refugiados incluidos, son los que valen menos, los subhumanos. Europa ahora utiliza un país europeo como Turquía para servir de depósito de ese 'ellos' que Europa colonial no quiere reconocer como suyos.

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