Viernes, 03 Enero 2020 07:08

Estado poroso

Estado poroso
Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

En Colombia, la cadena de actos violatorios de los más elementales derechos humanos, en particular los que tienen que ver con el asesinato de actores y líderes sociales por parte de las Fuerzas Armadas, no son novedad, ya que así se presentan las cosas desde hace bastante tiempo. Tampoco lo es la explicación justificadora, exculpando a los responsables, sin asumir las consecuencias de estar formando, a pesar de sus nefastas consecuencias –refrendadas por la historia–, a los reclutas y la oficialidad con una cerril mentalidad anticomunista, y como parte de ello ver y asumir a la sociedad crítica como el “enemigo interno”.

Los civiles inconformes, quienes se reúnen y organizan para presentar soluciones alternativas al modelo social, político, económico, agrario, cultural, urbano, militar, etcétera, imperante, son calificados como enemigos. No son asumidos como ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, como actores y líderes que con su actuar y su ejemplo ayudan a construir un país en justicia, igualdad, solidaridad, con democracia real, no formal. Por ese acondicionamiento mental de las fuerzas del establecimiento, aquellos son vistos como subversivos –es decir, guerrilleros camuflados, según el decir castrense– y por tanto como blancos por ‘neutralizar’.

Reafirman esta realidad los casos más recientes: el de Dimar Torres, baleado el 22 de abril en Ocaña (Norte de Santander), y el de Flower Trompeta, igualmente baleado el 28 de octubre en la vereda La Laguna, municipio de Corinto (Cauca). Los dos perdieron la vida –como siempre dicen los voceros del alto mando o del poder civil mismo– “en confusos hechos”.

Como es de manejo de la opinión pública, si personas vinculadas a la comunidad donde ocurrieron los hechos no hubieran denunciado la realidad de lo sucedido, todo estaría cubierto por el manto de la “solidaridad de cuerpo”. Si no fuera por la denuncia ciudadana, todo quedaría como otros tantos ‘falsos positivos’.

Estos actos de violencia en contra de lo más sagrado en cualquier sociedad, la vida, también se presentan cuando por una u otra circunstancia hay altercados entre agentes de las Fuerzas Armadas (soldados o policías) y miembros de la sociedad civil, como lo recuerda el asesinato del joven Rafael Antonio Caro en hechos acaecidos el pasado 28 de julio en la base militar La Lizama, en la vía a Barrancabermeja. ¿Se puede alegar legítimamente como “en defensa propia” el uso de un fusil contra quien esgrime un arma blanca y puede ser desarmado si se les da prioridad a unos protocolos pacificadores y no violentos? La mentalidad de poder y ‘orden’ priman acá, recordando lo difícil que es para las Fuerzas Armadas convivir con civiles, pues se asumen como gente que debe ser controlada y sometida.

Ese proceder se extiende a todos los territorios y circunstancias como política de ‘seguridad’, que es de Estado, donde las personas vinculadas a una de las instituciones más numerosas que pagamos todos en Colombia, que se supone al servicio y para la protección de los millones que somos, en la práctica está es al servicio y para la protección de quienes controlan las riendas del poder: banqueros, industriales, líderes religiosos, comerciantes en gran escala, políticos –especialmente los afines a los partidos del poder–, multinacionales y representantes del capital internacional; es decir, para proteger y asegurar la ‘sacrosanta’ propiedad privada. Como todos lo sabemos, esta perspectiva de cosas se extiende a todos los países donde la ‘santa’ propiedad se transforma en fetiche, y se torna más importante que la vida misma de un poblador popular, o del inconforme con el actual orden de cosas: o simplemente más importante que quien expresa su rabia por una injusticia cometida contra él mismo o contra cualquier otra persona o ser viviente, como sucedió en el caso del joven Rafael Antonio Caro.

Tal proceder oficial, de persistir como parte de un burdo y ciego anticomunismo, hace cada vez más difíciles los escenarios de transformación real que hagan creíble avanzar hacia un período de paz y un país justo para todos. Y mucho más cuando, como parte de esa mentalidad potenciada por una doctrina militar guerrerista, ocultar, confundir, difamar, amenazar, dilatar, son algunas de las prácticas persistentes en la cotidianidad de las Fuerzas Armadas, aupadas por un Estado que no es trasparente sino poroso.

Tal política, como proceder y actuar, cubre todo el territorio nacional y sus grupos sociales. Las denuncias conocidas hace pocas semanas sobre el bombardeo de una escuela donde formaban futuros alzados en armas, en la que participaba un grupo de menores de edad, hacen parte de la preeminencia de la cuestionada doctrina vigente dentro de las Fuerzas Armadas, para la cual lo importante es lograr ‘positivos’, sin importar el precio que se pague por ello, en este caso la vida de los menores de edad, seguramente reclutados contra su voluntad.

Como es de común aceptación, los menores de edad no deben estar incursos en acciones de guerra, y eso obliga a las partes del conflicto que nos desangra. Preguntado en entrevista radial al por entonces ministro de Defensa encargado, general Luis Fernando Navarro J., si sabían de la presencia de menores a la hora del ataque contra la mencionada escuela, aseguró que no estaban al tanto. Le preguntan de nuevo: ¿Si hubieran conocido de tal presencia, habrían atacado? Su respuesta fue una y otra vez dilatoria, arguyendo que en cada caso hay que valorar*.

Lo que puede sentir el radioescucha ante la actitud del General es que “dar de baja” menores, y en otros casos la violación de una frontera –como sucedió hace unos años con Ecuador– y procederes similares son la norma cuando de alcanzar un propósito se trata, y acá el objetivo era un mando del grupo insurgente, sin importar los efectos colaterales, como dicen en este tipo de sucesos.

No puede ser una simple coincidencia que el operativo haya tenido lugar el 29 de agosto, el mismo día en que Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a la guerra. El operativo, bajo esas circunstancias, obliga a pensar que, más que a alias Gildardo Cucho, lo que tenía como objetivo era la opinión pública, en un intento por darle a esta el mensaje de que el Gobierno, pese a mostrar claramente sus intenciones de buscar, a como dé lugar, poner palos en la rueda del proceso de paz entre el Estado y las Farc, está en condiciones de responder el desafío. Los efectos colaterales eran lo de menos, y, a pesar de que el personero del municipio de Puerto Rico (Caquetá), Herner Evelio Carreño, había informado de la presencia de niños en los campamentos de los grupos armados de la zona, el bombardeo tuvo lugar sin miramientos, en una muestra de que la vida de los civiles, en este caso niños, es un asunto secundario, comparado con los intereses mediáticos de querer crear la imagen de control de un problema que ya supera el medio siglo sin solución.

En la opacidad y el sesgo con los cuales son manejados los asuntos más oscuros del Estado, no se debe olvidar el papel de la prensa y de los periodistas oficiosos, que, con la presentación de medias verdades, o con el ocultamiento o la distorsión absoluta de la realidad, contribuyen al sobredimensionamiento de las amenazas, el ocultamiento de las causas subyacentes o, en el peor de los casos, la absolución o el encubrimiento de los culpables. En la historia del periodismo, quizá nunca, pese a cierto papel de las redes sociales en la divulgación de algunas realidades, la doble moral y el lenguaje equívoco y direccionado con intención distorsionadora habían alcanzado el nivel que muestran hoy los medios masivos de comunicación. En el caso del asesinato de los niños en el bombardeo, ellos dejan de serlo, pues “seguramente no estaban recogiendo café”. Y a ningún periodista oficioso se le pudo ocurrir que, así estuvieran reclutados y/o lo hicieran ‘voluntariamente’, eran niños y por tanto víctimas dobles de la guerra. Se pudiera exculpar el hecho si hubieran muerto en combate pero no en una situación de indefensión absoluta, y con un cuaderno y un lápiz en la mano, más allá de que estuvieran escribiendo sobre cómo construir una trinchera.

Valga retomar acá un debate abierto en el país cuando la Escuela General Santander fue objeto de ataque por parte del Eln. Como podrá recordarlo el lector, por entonces se repitió una y otra vez que una escuela es un sitio de formación y no de operaciones, y, por consiguiente, debe estar excluida de tal tipo de ataques. Si así fuera, ¿por qué no se hace igual valoración cuando de atacar a la contraparte se trata, máxime si hablamos de niños? Como se deduce, en un caso el ataque es con carro-bomba y en otro vía aérea, aprovechando el factor sorpresa, basado en superioridad técnica, tanto de monitoreo de personal en tierra como en el uso de tecnología que garantiza precisión a la hora del ataque.

Es claro, como sucedió con la evidencia de los llamados ‘falsos positivos’, que una cualidad del Estado colombiano es su falta de transparencia, su manipulación de escenarios, el manejo acomodaticio que hace de la realidad, etcétera. Como ya lo anotamos, nos encontramos ante un Estado poco transparente y sí poroso, y por esos poros se filtra y persiste una doctrina que estimula la militarización de nuestra sociedad y la existencia de una institución para la cual son más importantes los resultados parciales que la vida misma y, con ella crear escenarios para una paz total.

* Caracol radio noviembre 7 de 2019

Publicado enColombia
Sábado, 30 Noviembre 2019 08:13

Chile: cómo se dañó la fiesta

Chile: cómo se dañó la fiesta

En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un modelo a seguir por otros países de latinoamérica y el mundo. Con un PIB per cápita que sobrepasa los 25 mil dólares, se cumple sin embargo el adagio del poeta Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo, ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Una gran mole de lucrativos negocios descansaba sobre una fractura social. El cimiento podía romperse. Y se rompió.

 

Martes 8 de octubre

 

Cuatro días después de que el Ministerio de Transportes anunciara una nueva alza para este año de la tarifa del Metro de Santiago, el presidente Sebastián Piñera brindaba una entrevista a la televisión y decía: "En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país: es un verdadero oasis, con una democracia estable" 1 . Aunque probablemente no lo sabía en ese momento, el día anterior, lunes 7 de octubre, se había desarrollado en la Estación Universidad de Chile un evento en apariencia insignificante: una jornada de evasión para responder a esta alza, convocada por estudiantes del Instituto Nacional --el colegio público más antiguo de Chile.

"Los estudiantes del Instituto webiando otra vez", probablemente pensó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri ese lunes. Aunque había allanado varias veces el colegio durante el año persiguiendo a estudiantes "violentistas" y había introducido el humo de las lacrimógenas dentro de los salones en plena clase, no había logrado extinguir el foco de desorden. Este mismo tratamiento lo había extendido a una decena de colegios (a cargo de la municipalidad desde la época de Pinochet), pero lo único que había logrado era instalar escenas de persecución en las calles de la comuna y a acostumbrar a los vecinos a las pedreas y al humo de las bombas lacrimógenas.

Según la versión de un portal noticioso digital2, fue una página de Instagram de estos estudiantes (que anuncia en su presentación "molestamos a fuerzas especiales [equivalente al Esmad de Colombia] pk nos sitiaron") la que llamó a la primera jornada de evasión masiva y la que luego fue documentando cada jornada sucesiva.

Lo que podría haber sido una nueva sucesión de manifestaciones de estudiantes y de la respectiva persecución violenta por parte de Carabineros enviados por el Alcalde fue sobrepasando el radio de la comuna de Santiago, hasta que el martes 15 de octubre se produjo una gigantesca jornada de evasión masiva y violenta represión, que terminó con el cierre de varias estaciones del metro. Ese día la situación "se instaló como preocupación en La Moneda [Palacio de gobierno] y en las policías. Entre el 7 y el 15 de octubre se registraron 52 casos de evasiones masivas"3.

El jueves 17 la espiral evasión-represión-más evasión-más represión se había extendido a toda la red del metro. Se cerraban estaciones, pero los pasajeros tumbaban las puertas, y se producían serios incidentes y destrozos tanto fuera como dentro de muchas estaciones. En varias de las estaciones terminales se producían grandes manifestaciones y enfrentamientos con carabineros. Aunque por dos semanas las acciones de represión no habían surtido efecto y a la inversa había producido una respuesta mayor, desde el Palacio de Gobierno Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, declaró que los evasores "son violentistas" y "grupos de delincuentes que se coordinan a través de las redes sociales"4, y amenazó a los padres de los evasores con hacerlos responsables de los daños, implicando tácitamente que esos “delincuentes” eran estudiantes.

En un comunicado, los trabajadores del metro emplazaron al gobierno "a no abordar este problema desde un punto de vista delictual"5, y el presidente del Sindicato propuso que "las estaciones no se cierren, porque eso genera un mayor descontento y mayores niveles de violencia contra otros trabajadores"6. Ubilla contestó: "Aquel que legítima la violencia y la delincuencia tiene una posición condescendiente con esos grupos"7.

Desde la mañana del viernes 18, diversas personalidades políticas comenzaron a cerrar filas detrás del gobierno, declarando que "la evasión es delincuencia" y llamando "a ser muy duro" con los "violentistas", mientras el Fiscal Nacional, Jorge Abott, denunciaba que "delincuentes son los que están dirigiendo las evasiones"8. La política que había empleado el alcalde de Santiago tenía plena continuidad en las distintas esferas del Estado. El sindicato del Metro advertía: "el gobierno está apagando el fuego con bencina [gasolina]"9.

El despliegue de las Fuerzas Especiales y sus procedimientos no lograron apagar el fuego, sino que efectivamente lo alimentó. En el curso del día se sucedieron los choques, abaleos con perdigones, incendios, lacrimógenas y finalmente al caer la tarde, barricadas en la Alameda (principal avenida de Santiago) y en las afueras de varias estaciones importantes. Se produjeron incendios en varias estaciones y saqueos en algunos locales comerciales. Saldo del día: todo el sistema del metro fuera de servicio, 77 estaciones afectadas. El sistema del metro terminó por colapsar y se anunció que no funcionaría durante el fin de semana.


En la noche del viernes el gobierno decretó estado de emergencia en la región de Santiago, trasladó de emergencia personal de carabineros de otras zonas a la capital y sacó al ejército a las calles. Aunque era difícil escalar aún más la situación, el gobierno lo logró, pues esta medida "pacificadora" consiguió que el fin de semana la protesta y la represión se intensificaran. Con ríos de gente en las calles, los disturbios se esparcieron por toda la ciudad y se extendieron a Valparaíso y Viña. Aunque el sábado el jefe de zona en Santiago decidió decretar toque de queda, los saqueos en supermercados, bodegas y farmacias se produjeron por centenares, acompañados de incendios en trenes y estaciones del metro, y se produjeron las primeras muertes.

Los funcionarios del gobierno, los políticos, los periodistas, miraban pasmados la televisión: El oasis del multimillonario presidente Sebastián Piñera ardía.

 

Domigo 20 de octubre

 

El domingo 20 de octubre el presidente se dirigió por televisión a la ciudadanía anunciando sombríamente que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite"10. No se trataba ya de estudiantes-delincuentes, sino del enemigo de una guerra.

En el transcurso de ese día empezó a circular por redes un audio de la esposa del presidente, Cecilia Morel, que muestra con mayor transparencia la sensación que se había apoderado del gobierno: "lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma y llamemos a la gente de buena voluntad que aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás"11.

¿Qué podía explicar el incendio del oasis? Sólo un poderoso, inescrupuloso y desalmado enemigo, que había logrado tomar por sorpresa al gobierno y a las fuerzas de policía.

El anuncio del presidente, sin embargo, parece haber sido la señal para que la acción de este enemigo se multiplicara. El ataque a este "enemigo poderoso" y sus huestes, utilizó balas, perdigones, bombas lacrimógenas, gas pimienta, propinó palizas y tomó cientos de prisioneros, le produjo varias bajas fatales y centenares de heridos en pocos días, pero sólo logró que su acción de protesta se extendieran a todo el país, con movilizaciones, cacerolazos y desafíos abiertos al toque de queda.

El relato de un cerebro escondido moviendo los hilos de la protesta no lograba explicar la fuerza y la decisión de las movilizaciones y protestas. Quizás el gobierno no captaba un factor decisivo y evidente: la indignación.

Una brecha se abrió desde el exterior cuando llegó una versión alternativa que rompía la uniformidad del discurso del gobierno. El periódico conservador inglés The Economist publicó ese domingo una nota sobre las protestas en Chile, diciendo que "la respuesta del gobierno fue inepta" y explicando que los chilenos "no sólo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo"12. Otros periódicos y otras voces empezaron a sumarse.

Desesperado por una situación completamente fuera de control, el gobierno decidió explorar esta veta que se salía del cauce de lo que había sido hasta ahora su política invariable, y el martes 22, el presidente declaró por televisión: "Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esa falta de visión"13 y anunció una "agenda social", que en realidad consistía en lo fundamental en una serie de subsidios del Estado a los menos favorecidos.

Las palabras conciliatorias, sin embargo, no fueron acompañadas por los actos correspondientes en las calles: los militares continuaron patrullando y el toque de queda no fue retirado, se multiplicaron las denuncias por la violación de los derechos humanos: disparos de perdigones a los ojos con estallido ocular, detenciones arbitrarias, torturas, palizas sistemáticas (una de ellas, con resultado fatal). Una violencia desmedida que no se dirigía a los saqueadores, sino a los manifestantes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh)14, 585 heridos (302 por armas de fuego: balas, perdigones y balines) y 2948 detenidos (318 de ellos, menores de edad), que se agregaban a los 19 muertos que reportaba Carabineros.

Cada acto de represión, de arbitrariedad, cada paliza, cada herido, en vez de lograr disuadir a los que protestaban, echaba más leña a la hoguera y daba más motivos y decisión para responder. Y no eran precisamente unos pocos “violentistas” los que respondían: el viernes 25 se desarrolló la concentración más grande de que se tenga memoria en Chile —comparable sólo con la que despidió al régimen cívico-militar—, estimada en 1.2 millones de personas sólo en Santiago.

 

Viernes 25 de octubre

 

"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado"15 (trino de Sebastián Piñera, 25 de octubre).

Como por arte de magia, al día siguiente de la marcha, sábado 26 de octubre, se levantó el toque de queda en todo el país y los militares comenzaron a regresar a sus cuarteles. El enemigo poderoso e implacable había desaparecido, al menos temporalmente, de las declaraciones oficiales. Millones de personas en las calles exigían otra aproximación.


Para hacerlo, se anunció un nuevo gabinete. Dos de estos nombramientos simbolizan un cambio de estilo: el ministerio del Interior, personaje de rancia estirpe pinochetista, fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Blummel, quien cuando comenzaba la nueva administración había anunciado "menos Excel y más Word". Cecilia Pérez, la vocera encargada de repetir el relato de que las evasiones y protestas eran dirigidas por delincuentes, fue sustituida por Karla Rubilar, quien había expresado su “emoción” con la marcha del 25.

Entre el 8 y el 25 de octubre, algo más de dos semanas, Chile había pasado de ser un oasis a un país en una sombría guerra y luego nuevamente a un país con futuro y esperanza, según su presidente. Brillaba el sol nuevamente.

Lo que ha sucedido entre ese viernes y el momento de escribir este reporte (14 de noviembre) hace ver este camino de esperanza más bien como una tupida selva, en particular porque debajo de los cambios abruptos en el tono del discurso del gobierno se sigue percibiendo la persistencia de una política inmemorial de las élites en Chile: el desprecio a esa “masa influenciable y vendible” a la que se refería Eliodoro Matte hace más de un siglo. El tratamiento a la protesta de esta “masa” con brutales medidas policiales, es sólo su corolario.Con esta arraigada forma de pensar no es raro que sólo hayan podido ver la evasión del Metro como obra de “delincuentes”. Es natural que hayan buscado frenéticamente un cerebro extranjero (o alienígena) detrás del estallido popular. No era concebible para ellos que la masa actuara con voluntad propia.

En una entrevista otorgada a El País de España el 7 de noviembre16, el presidente Piñera reafirmaba su concepto de Chile como oasis y atribuía el estallido social al… “malestar del éxito”. Este éxito del modelo chileno creó, según el presidente, una clase media amplia, pujante. “No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía [o sea, de esta clase media] por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos”. Este descubrimiento no explica, sin embargo, que las principales medidas anunciadas, sean básicamente subsidios para los menos favorecidos, o sea, precisamente para los que no forman parte de la clase media. La única respuesta concreta del gobierno para esta “clase media” que quiere una sociedad más justa y se moviliza políticamente son los perdigones en los ojos, que ya han dejado con pérdidas oculares a más de 200 jóvenes en Santiago, o sea, tratamiento de guerra, que sigue hasta la fecha de hoy aunque “hayamos cambiado”. 2.500 heridos, según la Cruz Roja o 7.000 lesionados, según el Ministerio de Salud, no expresan una transformación en el tratamiento policial a la protesta.

Por otro lado, sigue el presidente, “hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados”. “Hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás”. “Aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros”. O sea, dos semanas después de las declaraciones “hemos escuchado” y “se abren caminos de futuro”, el presidente confiesa que no cree que el estallido que tiene hoy a su gobierno en la cuerdo floja corresponda a una auténtica voluntad de esa masa que él también considera “influenciable y vendible”.

En una situación ingobernable, en que la economía comienza a caer en picada, el camino que abre el gobierno para salir de su crisis se dirige a buscar acuerdos con una clase política desprestigiada deseosa de “reencauche”, que renueven la gobernabilidad perdida.

Si las élites no se desprenden de este enfoque profundamente clasista —que llevan en realidad incorporado a su ADN— el camino para comprender que se enfrentan a una masa que no es “influenciable y vendible” será largo y escabroso. Y es este aprendizaje el que se abre hoy para Chile.

 


 

La indignación

Es normal que desde arriba se lean los eventos sociales desde las estadísticas, la economía o la sociología. Y es natural entonces que las explicaciones del estallido que circulan por los medios masivos mencionen la profunda desigualdad, los bajos salarios, las pensiones de hambre, etc., escuchando e interpretando en clave económica a los manifestantes.

Desde abajo, sin embargo, desde la alegría y la rabia de la calle, la voz de los manifestantes expresa indignación: “No son 30 pesos, son 30 años”. No son ingresos y gastos, es tiempo de vida, es vida.

 

¿Qué provoca esta indignación?

La lista es muy larga, pero si se rastrea entre las consignas, carteles, comentarios, incluso memes y bromas que se vuelcan a la calle, se pueden encontrar hilos que por lo general terminan en la Constitución vigente.
Esta Constitución, ideada en dictadura y luego defendida y ratificada en los sucesivos gobiernos posteriores, tiene un núcleo duro, que es un principio ordenador, no sólo del orden jurídico, sino de la vida política, social y económica chilena. En terminología académica, se le llama “principio de subsidiariedad”, pero en la vida cotidiana lo que se percibe es aquello que le da sentido a este principio: el predominio del criterio del lucro. En los términos establecidos en la Constitución, el Estado es subsidiario, o sea, el objeto de la organización estatal es apoyar o complementar la acción privada. Y esta acción es regulada por el mercado. De esta forma, el Estado garantiza que nada obstaculice el acceso a la salud, la educación, la seguridad social… brindada por particulares, que se guían por la búsqueda de ganancias.

Este es el principio básico sobre el que se constituyó lo que se conoce como “modelo chileno”, y que es fuente de inspiración de las políticas económicas de moda en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y cuando el criterio del lucro es el punto de vista con el que se aborda la vida social y las relaciones con los demás, el resultado es una sociedad como la chilena: donde los empleos son precarios; los salarios, bajos; la educación y la salud, mercancías (y entonces, estudiantes y enfermos, “clientes”); los recursos naturales, “nichos” de negocios (y entonces, saqueados sin misericordia)… y los cargos públicos, por supuesto, la oportunidad de oro para enriquecerse.

El lucro, convertido en el eje de la vida social, como modelo económico, y el Estado para protegerlo, como ordenamiento constitucional, son el núcleo de este modelo, y los manifestantes lo comprenden muy bien. Porque han sentido en los huesos esta lógica interna del modelo, la propuesta de una Asamblea Constituyente que replantee las cosas desde cero se ha convertido en su principal reivindicación.

Por supuesto, los beneficiarios del modelo y sus operadores ya maniobran para apoderarse de esta aspiración y controlar la puesta en práctica de algo que ya ven inevitable.

 


1 https://www.mega.cl/nacional/278153-sebastian-pinera-chile-oasis-latinoamerica-democracia.html

2 Ellibero.cl: “Las evasiones masivas partieron por un meme”, por Bastián Garcés, 18 de octubre. https://ellibero.cl/actualidad/las-evasiones-masivas-en-el-metro-de-santiago-partieron-por-un-meme/
La Tercera, 17 de octubre.

3 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

4 Ibídem.
5 Cooperativa.cl: “Trabajadores de Metro por evasiones masivas: esto no se resuelve cerrando estaciones”, 17 de octubre.
https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

6 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

7 ibídem.

8 https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

9 https://www.chvnoticias.cl/trending/presidente-del-sindicato-de-trabajadores-de-metro-el-gobierno-esta-apagando-el-fuego-con-bencina_20191018/

10 https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/cronologia-de-una-crisis-los-hitos-que-han-marcado-el-peor-momento-del/2019-10-27/004116.html

11 https://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/filtran-audio-de-cecilia-morel-en-el-que-asegura-que-lo-que-viene-es/2019-10-21/233040.html

12 http://lanacion.cl/2019/10/21/the-economist-de-londres-critico-respuesta-inepta-y-discurso-divisivo-de-pinera/

13 https://elpais.com/internacional/2019/10/23/america/1571801980_305291.html

14 https://twitter.com/inddhh/status/1187544227045097473?s=08

15 https://twitter.com/sebastianpinera/status/1187887888069025794?s=20

16 https://elpais.com/internacional/2019/11/09/actualidad/1573313845_751195.html

 

Publicado enColombia
Gobierno Duque obstaculiza Ley de amnistía del Acuerdo de Paz

Aunque parezca increíble –manifestación máxima de saboteo tanto del actual, como del anterior gobierno, del proceso de paz–, 451 excombatientes farianos, de un total de 3.041 reportados a la hora del Acuerdo Final, permanecen aún presos. Dilaciones oficiales y precariedad en la articulación institucional, son parte de las explicaciones para una realidad que solo la explica la ausencia de voluntad política en el alto gobierno.

 

 

Es elemental: si una organización alzada en armas firma con sus enemigos la paz lo mínimo que debe lograr es que sus combatientes en prisión salgan de la misma. Pero por sorprendente que parezca en Colombia no es así, y luego de tres años de acordada y firmada tal paz, 451 de las personas alzadas en armas y por lo tanto firmantes de tal Acuerdo a través de su Comandante máximo, permanecen sometidos al suplicio de las mazmorras (Ver gráfico).

Es tanto el tiempo trascurrido, las dilaciones padecidas, la ausencia de voluntad por parte del gobierno nacional como de los jueces para concretar algo que no requiere ninguna sustentación que no sea política*, que si esos guerreros, hombres y mujeres, tuvieron en algún momento esperanza de que el encierro concluiría pronto, tal sentimiento, como niebla, debe de haberse diluido. Igual la confianza en una paz que solo les lleva a sus calabozos noticias de compañeros y conocidos asesinados.

Según el Acuerdo de Paz, punto 3, para garantizar la excarcelación en cuestión, en particular solucionar el tema de la ley de amnistía 1820 de 2016, se acordó un mecanismo tripartito conformado por delegado de las Farc, por el Gobierno que recae en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

desdeabajo entrevistó a Jhon León, integrante de la Corporación Solidaridad Jurídica, que trabaja en la representación jurídica de las personas privadas de la libertad recluidas por motivos políticos –prisioneros políticos–. Esta organización participa en las construcciones del punto 3 de la agenda de conversaciones del Acuerdo de Paz, punto que establece, entre otros aspectos, el inicio de la reincorporación a la vida civil de los excombatientes.

da. ¿Cómo se está aplicando la ley de Amnistía?
JL. Se estableció un ámbito de aplicación que podría resumirse en dos condiciones. 1: Las personas que son reconocidas en los listados entregados y elaborados por las Farc y suministrados a la Oacp para no solo surtir el proceso de excarcelación sino empezar la reincorporación y tránsito a la legalidad, como quedó establecido en el Acuerdo. 2: Podrían ser beneficiarias de esa ley de amnistía las personas que se encuentran procesadas o condenadas por las conductas que los vinculan como integrantes de las Farc, o porhechos relacionados con su participación en el conflicto armado colombiano independiente o no de estar en el listado de las Farc.

da. ¿A 3 años de expedida la ley, por qué permanece privados de la libertad un número importante de excombatientes farianos?
JL. Hay distintas razones y responsabilidades. El primer semestre de 2017 una parte de la rama judicial entró a un paro y básicamente puso la traba al gobierno nacional de poner en práctica la ley de amnistía, lo que llevó a que la primera amnistía se diera 6 meses después de expedida la ley. Después el gobierno nacional expidió un comunicado unilateral, sin consultar a las instancias como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) donde fijó el 17 de agosto de 2017 como fecha límite a la entrega de los listados, lo que significó que muchos excombatientes –tanto privados de la libertad como no– quedaron fuera de los listados.

da. Sobre este tema de los listados, según el Gobierno había una fecha fija en el Acuerdo de Paz, y después del cierre de la fecha quedaron 1.000 excombatientes de las Farc fuera del proceso de reincorporación, ¿qué fue lo sucedido ahí?
JL. Hay que aclarar que no existía ninguna fecha límite para la entrega del listado, puesto que en el Acuerdo final de Paz, en la página 285 “Acuerdo la ejecución del cronograma del proceso de dejación de armas alcanzado mediante acuerdo de 23 de junio de 2016”, en los numerales 8 y 9 que trata el tema de los listados, no estaba escrita una fecha fija para su entrega. Se han tenido que reda 3 decretos reglamentarios de la ley 1820 porque supuestamente no estaba claro cuál era el procedimiento y en la ley sí lo está.

da. Entonces, ¿por qué siguen presos excombatientes que estuvieron en ese listado del 2017?
JL. El gobierno nacional recibió los listados y acreditó a unos, a otras los excluyó bajo el supuesto de no pertenecer a las Farc. El Gobierno, con el Comité Técnico Interinstitucional convocado por la Oacp–que reúne distintas agencias de inteligencia– dice que esas personas son del Eln, capos del narcotráfico o no están vinculadas con las Farc. Ahora, después de tantos años no solo de guerra militar sino de confrontación judicial, los gobiernos de turno acusaron a los miembros de las Farc de narcotraficantes y hoy dice que como están acusados de narcotráfico entonces no son de Farc.
da. Es decir, ¿El gobierno solo le aplica la ley de amnistía a los excombatientes Farc que fueron procesados por rebelión?
JL. Hoy los prisioneros políticos que están acusados por rebelión son muy pocos y la mayoría son víctimas de montajes judiciales –como el profesor Miguel Ángel Beltrán. Como tal la naturaleza y filosofía del delito político en Colombia fue negada cuando en 1997 se puso en marcha la doctrina de la rebelión y el terrorismo. Entonces, procesalmente hablando, a un guerrillero lo condenan por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y uso de prendas privativas –que son conductas propias de un rebelde–, pero están siendo individualmente condenadas. No se les olvide que la rebelión la utilizaron los gobiernos de turno para judicializar a los campesinos, estudiantes, líderes indígenas y al movimiento social.

da. Entonces, ¿por qué siguen negando las solicitudes de los excombatientes para aplicar a la ley de amnistía?
JL. En un encuentro nacional del equipo de abogados de la Corporación Solidaridad Jurídica concluimos que el 90 por ciento de las solicitudes para aplicar la ley de amnistía han sido negadas por un criterio supremamente restrictivo de la ley 1820, por ejemplo: una persona privada de la libertad que no tiene ninguna pieza procesal o en su expediente no se hace mención de que perteneció a Farc. Se desconoce por parte de la magistratura el contexto y realidad del país antes de firmar el Acuerdo de Paz, porque si un miembro de las Farc en esa época tuvo la oportunidad procesalmente de negar su vinculación a la insurgencia lo hacía para evitar procesos y cargos más grandes. Ahora, en éstos casos excomandantes de lasFarc han reconocido a éstas personas como miembros de la organización.

da. ¿Cuál es el caso de los excombatientes de lasFarc presos en el extranjero? ¿Se aplica la ley de amnistía también para ellos?
JL. Si no se aplica en Colombia mucho menos en otros países están interesados en aplicarla. Nosotros no trabajamos en esos procesos, pero están los casos de Simón Trinidad e Iván Vargas, presos en Estados Unidos. Adicional a ellos hay un caso de un señor, que fue mando del décimo frente, otro caso en Venezuela y otro en Panamá. Esos países deberían aplicar la ley de amnistía en respaldo al proceso de paz. Pero ya sabemos que Estados Unidos lo que hace son montajes, fabricar pruebas, para llevarse a los que firmaron el Acuerdo.

da. ¿Ya se han desactivado las órdenes de captura hacia excombatientes de las Farc por parte de la Policía Nacional y la Interpol?
JL. Las bases de datos de la Policía Nacional y la Interpol no han sido actualizadas y excombatientes que han sido excarcelados han vuelto a las cárceles por ésta falta de articulación.

da. ¿Cuál es el caso de los extranjeros, excombatientes de las Farc, presos en Colombia?
JL. Tuvimos el caso de dos ecuatorianos que estuvieron presos y ya salieron.

da. ¿Cuál es el caso con las mujeres excombatientes Farc?
JL. Todas fueronexcarceladas, pero algunas siguen en detención domiciliaria o con dispositivos de vigilancia electrónica, y otras están bajo la figura de la libertad condicionada,es decir, la libertad que otorgabanlos juzgados penales ordinarios, la figura de libertad condicional,que es distinta a la que otorga el proceso de paz. No están privadas de la libertad, pero su situación jurídica no está resuelta del todo.

da. ¿Algún caso con menores de edad excombatientes Farc presos(as)?
JL. No. Antes de la firma del Acuerdo de Paz en un gesto de confianza y voluntad, se sacaron a todos los menores de los centros de reclusión.

da. Para finalizar, ¿cuáles son los pasos a seguir para que se solucione el tema con los excombatientes presos que figuran en los listados y los que no?
JL. Nosotros insistimos en que el gobierno nacional tiene facultades para aplicar la ley de amnistía, pero falta voluntad política. Le estamos haciendo seguimiento a la reciente aprobada ley estatutaria 1957 de 2019, que se creó para regular el sistema de justicia transicional, producto del Acuerdo de Paz. En el artículo 63 de dicha ley,inciso octavo, estableció la potestad de la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de incorporar excepcionalmente a los listados personas que por motivos de fuerza mayor no hubieran sido incluidos en los listados acreditados por el gobierno nacional. Ahora, ¿cómo se desarrollará? Eso todavía no está claro, pero nosotros jurídicamente hablando daremos la pelea.

 

 

* Y así lo entiende la ley de marras, en la cual quedó establecida con una palabra en latín Iure que significa ‘por derecho’, por oposición a de facto, ‘por hechos’; una ley que funciona de oficio y no ha solicitud. Es decir, si se reúnen unas condiciones los jueces de ejecución de penas y las autoridades ordinarias deben hacerla cumplir. Sin embargo el tiempo indica lo contrario.
Fuente: Corporación Solidaridad Jurídica

 

 

Publicado enEdición Nº263
Miércoles, 27 Noviembre 2019 10:46

Chile: cómo se dañó la fiesta

Chile: cómo se dañó la fiesta

En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un modelo a seguir por otros países de latinoamérica y el mundo. Con un PIB per cápita que sobrepasa los 25 mil dólares, se cumple sin embargo el adagio del poeta Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo, ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Una gran mole de lucrativos negocios descansaba sobre una fractura social. El cimiento podía romperse. Y se rompió.

 

Martes 8 de octubre

 

Cuatro días después de que el Ministerio de Transportes anunciara una nueva alza para este año de la tarifa del Metro de Santiago, el presidente Sebastián Piñera brindaba una entrevista a la televisión y decía: "En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país: es un verdadero oasis, con una democracia estable" 1 . Aunque probablemente no lo sabía en ese momento, el día anterior, lunes 7 de octubre, se había desarrollado en la Estación Universidad de Chile un evento en apariencia insignificante: una jornada de evasión para responder a esta alza, convocada por estudiantes del Instituto Nacional --el colegio público más antiguo de Chile.

"Los estudiantes del Instituto webiando otra vez", probablemente pensó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri ese lunes. Aunque había allanado varias veces el colegio durante el año persiguiendo a estudiantes "violentistas" y había introducido el humo de las lacrimógenas dentro de los salones en plena clase, no había logrado extinguir el foco de desorden. Este mismo tratamiento lo había extendido a una decena de colegios (a cargo de la municipalidad desde la época de Pinochet), pero lo único que había logrado era instalar escenas de persecución en las calles de la comuna y a acostumbrar a los vecinos a las pedreas y al humo de las bombas lacrimógenas.

Según la versión de un portal noticioso digital2, fue una página de Instagram de estos estudiantes (que anuncia en su presentación "molestamos a fuerzas especiales [equivalente al Esmad de Colombia] pk nos sitiaron") la que llamó a la primera jornada de evasión masiva y la que luego fue documentando cada jornada sucesiva.

Lo que podría haber sido una nueva sucesión de manifestaciones de estudiantes y de la respectiva persecución violenta por parte de Carabineros enviados por el Alcalde fue sobrepasando el radio de la comuna de Santiago, hasta que el martes 15 de octubre se produjo una gigantesca jornada de evasión masiva y violenta represión, que terminó con el cierre de varias estaciones del metro. Ese día la situación "se instaló como preocupación en La Moneda [Palacio de gobierno] y en las policías. Entre el 7 y el 15 de octubre se registraron 52 casos de evasiones masivas"3.

El jueves 17 la espiral evasión-represión-más evasión-más represión se había extendido a toda la red del metro. Se cerraban estaciones, pero los pasajeros tumbaban las puertas, y se producían serios incidentes y destrozos tanto fuera como dentro de muchas estaciones. En varias de las estaciones terminales se producían grandes manifestaciones y enfrentamientos con carabineros. Aunque por dos semanas las acciones de represión no habían surtido efecto y a la inversa había producido una respuesta mayor, desde el Palacio de Gobierno Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, declaró que los evasores "son violentistas" y "grupos de delincuentes que se coordinan a través de las redes sociales"4, y amenazó a los padres de los evasores con hacerlos responsables de los daños, implicando tácitamente que esos “delincuentes” eran estudiantes.

En un comunicado, los trabajadores del metro emplazaron al gobierno "a no abordar este problema desde un punto de vista delictual"5, y el presidente del Sindicato propuso que "las estaciones no se cierren, porque eso genera un mayor descontento y mayores niveles de violencia contra otros trabajadores"6. Ubilla contestó: "Aquel que legítima la violencia y la delincuencia tiene una posición condescendiente con esos grupos"7.

Desde la mañana del viernes 18, diversas personalidades políticas comenzaron a cerrar filas detrás del gobierno, declarando que "la evasión es delincuencia" y llamando "a ser muy duro" con los "violentistas", mientras el Fiscal Nacional, Jorge Abott, denunciaba que "delincuentes son los que están dirigiendo las evasiones"8. La política que había empleado el alcalde de Santiago tenía plena continuidad en las distintas esferas del Estado. El sindicato del Metro advertía: "el gobierno está apagando el fuego con bencina [gasolina]"9.

El despliegue de las Fuerzas Especiales y sus procedimientos no lograron apagar el fuego, sino que efectivamente lo alimentó. En el curso del día se sucedieron los choques, abaleos con perdigones, incendios, lacrimógenas y finalmente al caer la tarde, barricadas en la Alameda (principal avenida de Santiago) y en las afueras de varias estaciones importantes. Se produjeron incendios en varias estaciones y saqueos en algunos locales comerciales. Saldo del día: todo el sistema del metro fuera de servicio, 77 estaciones afectadas. El sistema del metro terminó por colapsar y se anunció que no funcionaría durante el fin de semana.


En la noche del viernes el gobierno decretó estado de emergencia en la región de Santiago, trasladó de emergencia personal de carabineros de otras zonas a la capital y sacó al ejército a las calles. Aunque era difícil escalar aún más la situación, el gobierno lo logró, pues esta medida "pacificadora" consiguió que el fin de semana la protesta y la represión se intensificaran. Con ríos de gente en las calles, los disturbios se esparcieron por toda la ciudad y se extendieron a Valparaíso y Viña. Aunque el sábado el jefe de zona en Santiago decidió decretar toque de queda, los saqueos en supermercados, bodegas y farmacias se produjeron por centenares, acompañados de incendios en trenes y estaciones del metro, y se produjeron las primeras muertes.

Los funcionarios del gobierno, los políticos, los periodistas, miraban pasmados la televisión: El oasis del multimillonario presidente Sebastián Piñera ardía.

 

Domigo 20 de octubre

 

El domingo 20 de octubre el presidente se dirigió por televisión a la ciudadanía anunciando sombríamente que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite"10. No se trataba ya de estudiantes-delincuentes, sino del enemigo de una guerra.

En el transcurso de ese día empezó a circular por redes un audio de la esposa del presidente, Cecilia Morel, que muestra con mayor transparencia la sensación que se había apoderado del gobierno: "lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma y llamemos a la gente de buena voluntad que aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás"11.

¿Qué podía explicar el incendio del oasis? Sólo un poderoso, inescrupuloso y desalmado enemigo, que había logrado tomar por sorpresa al gobierno y a las fuerzas de policía.

El anuncio del presidente, sin embargo, parece haber sido la señal para que la acción de este enemigo se multiplicara. El ataque a este "enemigo poderoso" y sus huestes, utilizó balas, perdigones, bombas lacrimógenas, gas pimienta, propinó palizas y tomó cientos de prisioneros, le produjo varias bajas fatales y centenares de heridos en pocos días, pero sólo logró que su acción de protesta se extendieran a todo el país, con movilizaciones, cacerolazos y desafíos abiertos al toque de queda.

El relato de un cerebro escondido moviendo los hilos de la protesta no lograba explicar la fuerza y la decisión de las movilizaciones y protestas. Quizás el gobierno no captaba un factor decisivo y evidente: la indignación.

Una brecha se abrió desde el exterior cuando llegó una versión alternativa que rompía la uniformidad del discurso del gobierno. El periódico conservador inglés The Economist publicó ese domingo una nota sobre las protestas en Chile, diciendo que "la respuesta del gobierno fue inepta" y explicando que los chilenos "no sólo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo"12. Otros periódicos y otras voces empezaron a sumarse.

Desesperado por una situación completamente fuera de control, el gobierno decidió explorar esta veta que se salía del cauce de lo que había sido hasta ahora su política invariable, y el martes 22, el presidente declaró por televisión: "Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esa falta de visión"13 y anunció una "agenda social", que en realidad consistía en lo fundamental en una serie de subsidios del Estado a los menos favorecidos.

Las palabras conciliatorias, sin embargo, no fueron acompañadas por los actos correspondientes en las calles: los militares continuaron patrullando y el toque de queda no fue retirado, se multiplicaron las denuncias por la violación de los derechos humanos: disparos de perdigones a los ojos con estallido ocular, detenciones arbitrarias, torturas, palizas sistemáticas (una de ellas, con resultado fatal). Una violencia desmedida que no se dirigía a los saqueadores, sino a los manifestantes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh)14, 585 heridos (302 por armas de fuego: balas, perdigones y balines) y 2948 detenidos (318 de ellos, menores de edad), que se agregaban a los 19 muertos que reportaba Carabineros.

Cada acto de represión, de arbitrariedad, cada paliza, cada herido, en vez de lograr disuadir a los que protestaban, echaba más leña a la hoguera y daba más motivos y decisión para responder. Y no eran precisamente unos pocos “violentistas” los que respondían: el viernes 25 se desarrolló la concentración más grande de que se tenga memoria en Chile —comparable sólo con la que despidió al régimen cívico-militar—, estimada en 1.2 millones de personas sólo en Santiago.

 

Viernes 25 de octubre

 

"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado"15 (trino de Sebastián Piñera, 25 de octubre).

Como por arte de magia, al día siguiente de la marcha, sábado 26 de octubre, se levantó el toque de queda en todo el país y los militares comenzaron a regresar a sus cuarteles. El enemigo poderoso e implacable había desaparecido, al menos temporalmente, de las declaraciones oficiales. Millones de personas en las calles exigían otra aproximación.


Para hacerlo, se anunció un nuevo gabinete. Dos de estos nombramientos simbolizan un cambio de estilo: el ministerio del Interior, personaje de rancia estirpe pinochetista, fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Blummel, quien cuando comenzaba la nueva administración había anunciado "menos Excel y más Word". Cecilia Pérez, la vocera encargada de repetir el relato de que las evasiones y protestas eran dirigidas por delincuentes, fue sustituida por Karla Rubilar, quien había expresado su “emoción” con la marcha del 25.

Entre el 8 y el 25 de octubre, algo más de dos semanas, Chile había pasado de ser un oasis a un país en una sombría guerra y luego nuevamente a un país con futuro y esperanza, según su presidente. Brillaba el sol nuevamente.

Lo que ha sucedido entre ese viernes y el momento de escribir este reporte (14 de noviembre) hace ver este camino de esperanza más bien como una tupida selva, en particular porque debajo de los cambios abruptos en el tono del discurso del gobierno se sigue percibiendo la persistencia de una política inmemorial de las élites en Chile: el desprecio a esa “masa influenciable y vendible” a la que se refería Eliodoro Matte hace más de un siglo. El tratamiento a la protesta de esta “masa” con brutales medidas policiales, es sólo su corolario.Con esta arraigada forma de pensar no es raro que sólo hayan podido ver la evasión del Metro como obra de “delincuentes”. Es natural que hayan buscado frenéticamente un cerebro extranjero (o alienígena) detrás del estallido popular. No era concebible para ellos que la masa actuara con voluntad propia.

En una entrevista otorgada a El País de España el 7 de noviembre16, el presidente Piñera reafirmaba su concepto de Chile como oasis y atribuía el estallido social al… “malestar del éxito”. Este éxito del modelo chileno creó, según el presidente, una clase media amplia, pujante. “No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía [o sea, de esta clase media] por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos”. Este descubrimiento no explica, sin embargo, que las principales medidas anunciadas, sean básicamente subsidios para los menos favorecidos, o sea, precisamente para los que no forman parte de la clase media. La única respuesta concreta del gobierno para esta “clase media” que quiere una sociedad más justa y se moviliza políticamente son los perdigones en los ojos, que ya han dejado con pérdidas oculares a más de 200 jóvenes en Santiago, o sea, tratamiento de guerra, que sigue hasta la fecha de hoy aunque “hayamos cambiado”. 2.500 heridos, según la Cruz Roja o 7.000 lesionados, según el Ministerio de Salud, no expresan una transformación en el tratamiento policial a la protesta.

Por otro lado, sigue el presidente, “hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados”. “Hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás”. “Aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros”. O sea, dos semanas después de las declaraciones “hemos escuchado” y “se abren caminos de futuro”, el presidente confiesa que no cree que el estallido que tiene hoy a su gobierno en la cuerdo floja corresponda a una auténtica voluntad de esa masa que él también considera “influenciable y vendible”.

En una situación ingobernable, en que la economía comienza a caer en picada, el camino que abre el gobierno para salir de su crisis se dirige a buscar acuerdos con una clase política desprestigiada deseosa de “reencauche”, que renueven la gobernabilidad perdida.

Si las élites no se desprenden de este enfoque profundamente clasista —que llevan en realidad incorporado a su ADN— el camino para comprender que se enfrentan a una masa que no es “influenciable y vendible” será largo y escabroso. Y es este aprendizaje el que se abre hoy para Chile.

 


 

La indignación

Es normal que desde arriba se lean los eventos sociales desde las estadísticas, la economía o la sociología. Y es natural entonces que las explicaciones del estallido que circulan por los medios masivos mencionen la profunda desigualdad, los bajos salarios, las pensiones de hambre, etc., escuchando e interpretando en clave económica a los manifestantes.

Desde abajo, sin embargo, desde la alegría y la rabia de la calle, la voz de los manifestantes expresa indignación: “No son 30 pesos, son 30 años”. No son ingresos y gastos, es tiempo de vida, es vida.

 

¿Qué provoca esta indignación?

La lista es muy larga, pero si se rastrea entre las consignas, carteles, comentarios, incluso memes y bromas que se vuelcan a la calle, se pueden encontrar hilos que por lo general terminan en la Constitución vigente.
Esta Constitución, ideada en dictadura y luego defendida y ratificada en los sucesivos gobiernos posteriores, tiene un núcleo duro, que es un principio ordenador, no sólo del orden jurídico, sino de la vida política, social y económica chilena. En terminología académica, se le llama “principio de subsidiariedad”, pero en la vida cotidiana lo que se percibe es aquello que le da sentido a este principio: el predominio del criterio del lucro. En los términos establecidos en la Constitución, el Estado es subsidiario, o sea, el objeto de la organización estatal es apoyar o complementar la acción privada. Y esta acción es regulada por el mercado. De esta forma, el Estado garantiza que nada obstaculice el acceso a la salud, la educación, la seguridad social… brindada por particulares, que se guían por la búsqueda de ganancias.

Este es el principio básico sobre el que se constituyó lo que se conoce como “modelo chileno”, y que es fuente de inspiración de las políticas económicas de moda en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y cuando el criterio del lucro es el punto de vista con el que se aborda la vida social y las relaciones con los demás, el resultado es una sociedad como la chilena: donde los empleos son precarios; los salarios, bajos; la educación y la salud, mercancías (y entonces, estudiantes y enfermos, “clientes”); los recursos naturales, “nichos” de negocios (y entonces, saqueados sin misericordia)… y los cargos públicos, por supuesto, la oportunidad de oro para enriquecerse.

El lucro, convertido en el eje de la vida social, como modelo económico, y el Estado para protegerlo, como ordenamiento constitucional, son el núcleo de este modelo, y los manifestantes lo comprenden muy bien. Porque han sentido en los huesos esta lógica interna del modelo, la propuesta de una Asamblea Constituyente que replantee las cosas desde cero se ha convertido en su principal reivindicación.

Por supuesto, los beneficiarios del modelo y sus operadores ya maniobran para apoderarse de esta aspiración y controlar la puesta en práctica de algo que ya ven inevitable.

 


1 https://www.mega.cl/nacional/278153-sebastian-pinera-chile-oasis-latinoamerica-democracia.html

2 Ellibero.cl: “Las evasiones masivas partieron por un meme”, por Bastián Garcés, 18 de octubre. https://ellibero.cl/actualidad/las-evasiones-masivas-en-el-metro-de-santiago-partieron-por-un-meme/
La Tercera, 17 de octubre.

3 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

4 Ibídem.
5 Cooperativa.cl: “Trabajadores de Metro por evasiones masivas: esto no se resuelve cerrando estaciones”, 17 de octubre.
https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

6 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

7 ibídem.

8 https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

9 https://www.chvnoticias.cl/trending/presidente-del-sindicato-de-trabajadores-de-metro-el-gobierno-esta-apagando-el-fuego-con-bencina_20191018/

10 https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/cronologia-de-una-crisis-los-hitos-que-han-marcado-el-peor-momento-del/2019-10-27/004116.html

11 https://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/filtran-audio-de-cecilia-morel-en-el-que-asegura-que-lo-que-viene-es/2019-10-21/233040.html

12 http://lanacion.cl/2019/10/21/the-economist-de-londres-critico-respuesta-inepta-y-discurso-divisivo-de-pinera/

13 https://elpais.com/internacional/2019/10/23/america/1571801980_305291.html

14 https://twitter.com/inddhh/status/1187544227045097473?s=08

15 https://twitter.com/sebastianpinera/status/1187887888069025794?s=20

16 https://elpais.com/internacional/2019/11/09/actualidad/1573313845_751195.html

 

Publicado enEdición Nº263
Miércoles, 27 Noviembre 2019 10:36

Estado poroso

Estado poroso

En Colombia, la cadena de actos violatorios de los más elementales derechos humanos, en particular los que tienen que ver con el asesinato de actores y líderes sociales por parte de las Fuerzas Armadas, no son novedad, ya que así se presentan las cosas desde hace bastante tiempo. Tampoco lo es la explicación justificadora, exculpando a los responsables, sin asumir las consecuencias de estar formando, a pesar de sus nefastas consecuencias –refrendadas por la historia–, a los reclutas y la oficialidad con una cerril mentalidad anticomunista, y como parte de ello ver y asumir a la sociedad crítica como el “enemigo interno”.

Los civiles inconformes, quienes se reúnen y organizan para presentar soluciones alternativas al modelo social, político, económico, agrario, cultural, urbano, militar, etcétera, imperante, son calificados como enemigos. No son asumidos como ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, como actores y líderes que con su actuar y su ejemplo ayudan a construir un país en justicia, igualdad, solidaridad, con democracia real, no formal. Por ese acondicionamiento mental de las fuerzas del establecimiento, aquellos son vistos como subversivos –es decir, guerrilleros camuflados, según el decir castrense– y por tanto como blancos por ‘neutralizar’.

Reafirman esta realidad los casos más recientes: el de Dimar Torres, baleado el 22 de abril en Ocaña (Norte de Santander), y el de Flower Trompeta, igualmente baleado el 28 de octubre en la vereda La Laguna, municipio de Corinto (Cauca). Los dos perdieron la vida –como siempre dicen los voceros del alto mando o del poder civil mismo– “en confusos hechos”.

Como es de manejo de la opinión pública, si personas vinculadas a la comunidad donde ocurrieron los hechos no hubieran denunciado la realidad de lo sucedido, todo estaría cubierto por el manto de la “solidaridad de cuerpo”. Si no fuera por la denuncia ciudadana, todo quedaría como otros tantos ‘falsos positivos’.

Estos actos de violencia en contra de lo más sagrado en cualquier sociedad, la vida, también se presentan cuando por una u otra circunstancia hay altercados entre agentes de las Fuerzas Armadas (soldados o policías) y miembros de la sociedad civil, como lo recuerda el asesinato del joven Rafael Antonio Caro en hechos acaecidos el pasado 28 de julio en la base militar La Lizama, en la vía a Barrancabermeja. ¿Se puede alegar legítimamente como “en defensa propia” el uso de un fusil contra quien esgrime un arma blanca y puede ser desarmado si se les da prioridad a unos protocolos pacificadores y no violentos? La mentalidad de poder y ‘orden’ priman acá, recordando lo difícil que es para las Fuerzas Armadas convivir con civiles, pues se asumen como gente que debe ser controlada y sometida.

Ese proceder se extiende a todos los territorios y circunstancias como política de ‘seguridad’, que es de Estado, donde las personas vinculadas a una de las instituciones más numerosas que pagamos todos en Colombia, que se supone al servicio y para la protección de los millones que somos, en la práctica está es al servicio y para la protección de quienes controlan las riendas del poder: banqueros, industriales, líderes religiosos, comerciantes en gran escala, políticos –especialmente los afines a los partidos del poder–, multinacionales y representantes del capital internacional; es decir, para proteger y asegurar la ‘sacrosanta’ propiedad privada. Como todos lo sabemos, esta perspectiva de cosas se extiende a todos los países donde la ‘santa’ propiedad se transforma en fetiche, y se torna más importante que la vida misma de un poblador popular, o del inconforme con el actual orden de cosas: o simplemente más importante que quien expresa su rabia por una injusticia cometida contra él mismo o contra cualquier otra persona o ser viviente, como sucedió en el caso del joven Rafael Antonio Caro.

Tal proceder oficial, de persistir como parte de un burdo y ciego anticomunismo, hace cada vez más difíciles los escenarios de transformación real que hagan creíble avanzar hacia un período de paz y un país justo para todos. Y mucho más cuando, como parte de esa mentalidad potenciada por una doctrina militar guerrerista, ocultar, confundir, difamar, amenazar, dilatar, son algunas de las prácticas persistentes en la cotidianidad de las Fuerzas Armadas, aupadas por un Estado que no es trasparente sino poroso.

Tal política, como proceder y actuar, cubre todo el territorio nacional y sus grupos sociales. Las denuncias conocidas hace pocas semanas sobre el bombardeo de una escuela donde formaban futuros alzados en armas, en la que participaba un grupo de menores de edad, hacen parte de la preeminencia de la cuestionada doctrina vigente dentro de las Fuerzas Armadas, para la cual lo importante es lograr ‘positivos’, sin importar el precio que se pague por ello, en este caso la vida de los menores de edad, seguramente reclutados contra su voluntad.

Como es de común aceptación, los menores de edad no deben estar incursos en acciones de guerra, y eso obliga a las partes del conflicto que nos desangra. Preguntado en entrevista radial al por entonces ministro de Defensa encargado, general Luis Fernando Navarro J., si sabían de la presencia de menores a la hora del ataque contra la mencionada escuela, aseguró que no estaban al tanto. Le preguntan de nuevo: ¿Si hubieran conocido de tal presencia, habrían atacado? Su respuesta fue una y otra vez dilatoria, arguyendo que en cada caso hay que valorar*.

Lo que puede sentir el radioescucha ante la actitud del General es que “dar de baja” menores, y en otros casos la violación de una frontera –como sucedió hace unos años con Ecuador– y procederes similares son la norma cuando de alcanzar un propósito se trata, y acá el objetivo era un mando del grupo insurgente, sin importar los efectos colaterales, como dicen en este tipo de sucesos.

No puede ser una simple coincidencia que el operativo haya tenido lugar el 29 de agosto, el mismo día en que Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a la guerra. El operativo, bajo esas circunstancias, obliga a pensar que, más que a alias Gildardo Cucho, lo que tenía como objetivo era la opinión pública, en un intento por darle a esta el mensaje de que el Gobierno, pese a mostrar claramente sus intenciones de buscar, a como dé lugar, poner palos en la rueda del proceso de paz entre el Estado y las Farc, está en condiciones de responder el desafío. Los efectos colaterales eran lo de menos, y, a pesar de que el personero del municipio de Puerto Rico (Caquetá), Herner Evelio Carreño, había informado de la presencia de niños en los campamentos de los grupos armados de la zona, el bombardeo tuvo lugar sin miramientos, en una muestra de que la vida de los civiles, en este caso niños, es un asunto secundario, comparado con los intereses mediáticos de querer crear la imagen de control de un problema que ya supera el medio siglo sin solución.

En la opacidad y el sesgo con los cuales son manejados los asuntos más oscuros del Estado, no se debe olvidar el papel de la prensa y de los periodistas oficiosos, que, con la presentación de medias verdades, o con el ocultamiento o la distorsión absoluta de la realidad, contribuyen al sobredimensionamiento de las amenazas, el ocultamiento de las causas subyacentes o, en el peor de los casos, la absolución o el encubrimiento de los culpables. En la historia del periodismo, quizá nunca, pese a cierto papel de las redes sociales en la divulgación de algunas realidades, la doble moral y el lenguaje equívoco y direccionado con intención distorsionadora habían alcanzado el nivel que muestran hoy los medios masivos de comunicación. En el caso del asesinato de los niños en el bombardeo, ellos dejan de serlo, pues “seguramente no estaban recogiendo café”. Y a ningún periodista oficioso se le pudo ocurrir que, así estuvieran reclutados y/o lo hicieran ‘voluntariamente’, eran niños y por tanto víctimas dobles de la guerra. Se pudiera exculpar el hecho si hubieran muerto en combate pero no en una situación de indefensión absoluta, y con un cuaderno y un lápiz en la mano, más allá de que estuvieran escribiendo sobre cómo construir una trinchera.

Valga retomar acá un debate abierto en el país cuando la Escuela General Santander fue objeto de ataque por parte del Eln. Como podrá recordarlo el lector, por entonces se repitió una y otra vez que una escuela es un sitio de formación y no de operaciones, y, por consiguiente, debe estar excluida de tal tipo de ataques. Si así fuera, ¿por qué no se hace igual valoración cuando de atacar a la contraparte se trata, máxime si hablamos de niños? Como se deduce, en un caso el ataque es con carro-bomba y en otro vía aérea, aprovechando el factor sorpresa, basado en superioridad técnica, tanto de monitoreo de personal en tierra como en el uso de tecnología que garantiza precisión a la hora del ataque.

Es claro, como sucedió con la evidencia de los llamados ‘falsos positivos’, que una cualidad del Estado colombiano es su falta de transparencia, su manipulación de escenarios, el manejo acomodaticio que hace de la realidad, etcétera. Como ya lo anotamos, nos encontramos ante un Estado poco transparente y sí poroso, y por esos poros se filtra y persiste una doctrina que estimula la militarización de nuestra sociedad y la existencia de una institución para la cual son más importantes los resultados parciales que la vida misma y, con ella crear escenarios para una paz total.

* Caracol radio noviembre 7 de 2019

Publicado enColombia
Miércoles, 27 Noviembre 2019 09:32

Estado poroso

Estado poroso

En Colombia, la cadena de actos violatorios de los más elementales derechos humanos, en particular los que tienen que ver con el asesinato de actores y líderes sociales por parte de las Fuerzas Armadas, no son novedad, ya que así se presentan las cosas desde hace bastante tiempo. Tampoco lo es la explicación justificadora, exculpando a los responsables, sin asumir las consecuencias de estar formando, a pesar de sus nefastas consecuencias –refrendadas por la historia–, a los reclutas y la oficialidad con una cerril mentalidad anticomunista, y como parte de ello ver y asumir a la sociedad crítica como el “enemigo interno”.

Los civiles inconformes, quienes se reúnen y organizan para presentar soluciones alternativas al modelo social, político, económico, agrario, cultural, urbano, militar, etcétera, imperante, son calificados como enemigos. No son asumidos como ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, como actores y líderes que con su actuar y su ejemplo ayudan a construir un país en justicia, igualdad, solidaridad, con democracia real, no formal. Por ese acondicionamiento mental de las fuerzas del establecimiento, aquellos son vistos como subversivos –es decir, guerrilleros camuflados, según el decir castrense– y por tanto como blancos por ‘neutralizar’.

Reafirman esta realidad los casos más recientes: el de Dimar Torres, baleado el 22 de abril en Ocaña (Norte de Santander), y el de Flower Trompeta, igualmente baleado el 28 de octubre en la vereda La Laguna, municipio de Corinto (Cauca). Los dos perdieron la vida –como siempre dicen los voceros del alto mando o del poder civil mismo– “en confusos hechos”.

Como es de manejo de la opinión pública, si personas vinculadas a la comunidad donde ocurrieron los hechos no hubieran denunciado la realidad de lo sucedido, todo estaría cubierto por el manto de la “solidaridad de cuerpo”. Si no fuera por la denuncia ciudadana, todo quedaría como otros tantos ‘falsos positivos’.

Estos actos de violencia en contra de lo más sagrado en cualquier sociedad, la vida, también se presentan cuando por una u otra circunstancia hay altercados entre agentes de las Fuerzas Armadas (soldados o policías) y miembros de la sociedad civil, como lo recuerda el asesinato del joven Rafael Antonio Caro en hechos acaecidos el pasado 28 de julio en la base militar La Lizama, en la vía a Barrancabermeja. ¿Se puede alegar legítimamente como “en defensa propia” el uso de un fusil contra quien esgrime un arma blanca y puede ser desarmado si se les da prioridad a unos protocolos pacificadores y no violentos? La mentalidad de poder y ‘orden’ priman acá, recordando lo difícil que es para las Fuerzas Armadas convivir con civiles, pues se asumen como gente que debe ser controlada y sometida.

Ese proceder se extiende a todos los territorios y circunstancias como política de ‘seguridad’, que es de Estado, donde las personas vinculadas a una de las instituciones más numerosas que pagamos todos en Colombia, que se supone al servicio y para la protección de los millones que somos, en la práctica está es al servicio y para la protección de quienes controlan las riendas del poder: banqueros, industriales, líderes religiosos, comerciantes en gran escala, políticos –especialmente los afines a los partidos del poder–, multinacionales y representantes del capital internacional; es decir, para proteger y asegurar la ‘sacrosanta’ propiedad privada. Como todos lo sabemos, esta perspectiva de cosas se extiende a todos los países donde la ‘santa’ propiedad se transforma en fetiche, y se torna más importante que la vida misma de un poblador popular, o del inconforme con el actual orden de cosas: o simplemente más importante que quien expresa su rabia por una injusticia cometida contra él mismo o contra cualquier otra persona o ser viviente, como sucedió en el caso del joven Rafael Antonio Caro.

Tal proceder oficial, de persistir como parte de un burdo y ciego anticomunismo, hace cada vez más difíciles los escenarios de transformación real que hagan creíble avanzar hacia un período de paz y un país justo para todos. Y mucho más cuando, como parte de esa mentalidad potenciada por una doctrina militar guerrerista, ocultar, confundir, difamar, amenazar, dilatar, son algunas de las prácticas persistentes en la cotidianidad de las Fuerzas Armadas, aupadas por un Estado que no es trasparente sino poroso.

Tal política, como proceder y actuar, cubre todo el territorio nacional y sus grupos sociales. Las denuncias conocidas hace pocas semanas sobre el bombardeo de una escuela donde formaban futuros alzados en armas, en la que participaba un grupo de menores de edad, hacen parte de la preeminencia de la cuestionada doctrina vigente dentro de las Fuerzas Armadas, para la cual lo importante es lograr ‘positivos’, sin importar el precio que se pague por ello, en este caso la vida de los menores de edad, seguramente reclutados contra su voluntad.

Como es de común aceptación, los menores de edad no deben estar incursos en acciones de guerra, y eso obliga a las partes del conflicto que nos desangra. Preguntado en entrevista radial al por entonces ministro de Defensa encargado, general Luis Fernando Navarro J., si sabían de la presencia de menores a la hora del ataque contra la mencionada escuela, aseguró que no estaban al tanto. Le preguntan de nuevo: ¿Si hubieran conocido de tal presencia, habrían atacado? Su respuesta fue una y otra vez dilatoria, arguyendo que en cada caso hay que valorar*.

Lo que puede sentir el radioescucha ante la actitud del General es que “dar de baja” menores, y en otros casos la violación de una frontera –como sucedió hace unos años con Ecuador– y procederes similares son la norma cuando de alcanzar un propósito se trata, y acá el objetivo era un mando del grupo insurgente, sin importar los efectos colaterales, como dicen en este tipo de sucesos.

No puede ser una simple coincidencia que el operativo haya tenido lugar el 29 de agosto, el mismo día en que Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a la guerra. El operativo, bajo esas circunstancias, obliga a pensar que, más que a alias Gildardo Cucho, lo que tenía como objetivo era la opinión pública, en un intento por darle a esta el mensaje de que el Gobierno, pese a mostrar claramente sus intenciones de buscar, a como dé lugar, poner palos en la rueda del proceso de paz entre el Estado y las Farc, está en condiciones de responder el desafío. Los efectos colaterales eran lo de menos, y, a pesar de que el personero del municipio de Puerto Rico (Caquetá), Herner Evelio Carreño, había informado de la presencia de niños en los campamentos de los grupos armados de la zona, el bombardeo tuvo lugar sin miramientos, en una muestra de que la vida de los civiles, en este caso niños, es un asunto secundario, comparado con los intereses mediáticos de querer crear la imagen de control de un problema que ya supera el medio siglo sin solución.

En la opacidad y el sesgo con los cuales son manejados los asuntos más oscuros del Estado, no se debe olvidar el papel de la prensa y de los periodistas oficiosos, que, con la presentación de medias verdades, o con el ocultamiento o la distorsión absoluta de la realidad, contribuyen al sobredimensionamiento de las amenazas, el ocultamiento de las causas subyacentes o, en el peor de los casos, la absolución o el encubrimiento de los culpables. En la historia del periodismo, quizá nunca, pese a cierto papel de las redes sociales en la divulgación de algunas realidades, la doble moral y el lenguaje equívoco y direccionado con intención distorsionadora habían alcanzado el nivel que muestran hoy los medios masivos de comunicación. En el caso del asesinato de los niños en el bombardeo, ellos dejan de serlo, pues “seguramente no estaban recogiendo café”. Y a ningún periodista oficioso se le pudo ocurrir que, así estuvieran reclutados y/o lo hicieran ‘voluntariamente’, eran niños y por tanto víctimas dobles de la guerra. Se pudiera exculpar el hecho si hubieran muerto en combate pero no en una situación de indefensión absoluta, y con un cuaderno y un lápiz en la mano, más allá de que estuvieran escribiendo sobre cómo construir una trinchera.

Valga retomar acá un debate abierto en el país cuando la Escuela General Santander fue objeto de ataque por parte del Eln. Como podrá recordarlo el lector, por entonces se repitió una y otra vez que una escuela es un sitio de formación y no de operaciones, y, por consiguiente, debe estar excluida de tal tipo de ataques. Si así fuera, ¿por qué no se hace igual valoración cuando de atacar a la contraparte se trata, máxime si hablamos de niños? Como se deduce, en un caso el ataque es con carro-bomba y en otro vía aérea, aprovechando el factor sorpresa, basado en superioridad técnica, tanto de monitoreo de personal en tierra como en el uso de tecnología que garantiza precisión a la hora del ataque.

Es claro, como sucedió con la evidencia de los llamados ‘falsos positivos’, que una cualidad del Estado colombiano es su falta de transparencia, su manipulación de escenarios, el manejo acomodaticio que hace de la realidad, etcétera. Como ya lo anotamos, nos encontramos ante un Estado poco transparente y sí poroso, y por esos poros se filtra y persiste una doctrina que estimula la militarización de nuestra sociedad y la existencia de una institución para la cual son más importantes los resultados parciales que la vida misma y, con ella crear escenarios para una paz total.

* Caracol radio noviembre 7 de 2019

Publicado enEdición Nº263
Miércoles, 27 Noviembre 2019 08:38

Cataluña: la disputa por la lógica democrática

Cataluña: la disputa por la lógica democrática

El pasado 14 de octubre, tras aproximadamente dos años de juicio, el Tribunal Supremo español dio a conocer la Sentencia por medio de la cual juzgó a diversos líderes del proceso independentista catalán por la organización y realización de un referéndum de autodeterminación. Lo duro de las sentencias no deja dudas de sus pretensiones.

 

Noventa y nueve (99) años de prisión, este es el total de años que suma la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo español en contra de líderes políticos y soliciales del proceso indepedentista catalán. Todo un exhabruto.

Sin duda, estamos ante una decisión judicial que niega la realidad política de un conflicto territorial, por el derecho a la soberania de los pueblos, y con la cual, se expresa un poder autoritario que pretende mantener la unidad del Estado español a las malas, más allá de la realidad.

Entre las condenas proferidas, la más alta afecta a Oriol Junqueras, ex-Vicepresidente de Cataluña, condenado a trece años. Asimismo, destacan penas como la de la anterior presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, quien deberá cumplir once años y medio. Y no solamente cargos políticos electos han sido juzgados y condenados, sino también líderes sociales como Jordi Sánchez o Jordi Cuixart (pertenecientes a las organizaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural respectivamente), cada uno delos cuales deberán cumplir nueve años tras las rejas.

Lo decidido por los jueces, que condenan principalmente por delito de sedición, ha generado un importantísimo rechazo por parte de las instituciones catalanas así como por parte de las organizaciones sociales y los movimientos populares. Se destaca que ha sido un juicio político, a todas luces con una resolución desproporcionada que ha condenado las ideas de los acusados y no sus actos, y que ha buscado más la venganza que la justicia.

 

El Procés

 

Pero todo esto tiene su antecedente. Con el nombre de Procés se conoce al proceso social y político que desde 2012 reivindica la posibilidad de que Cataluña decida libremente, a través de un referéndum de autodeterminación, si quiere mantenerse vinculada al Estado español o si, por el contrario, prefiere independizarse y formar un Estado propio en forma de República.

Desde 2012 este movimiento de carácter soberanista no ha hecho más que crecer, tanto en el ámbito social (en el cual se ha mostrado un apoyo popular masivo, unitario y basado en la no-violencia como herramienta de transformación) como en el ámbito institucional (donde se han conseguido diversas mayorías parlamentarias inequívocamente independentistas).

En todo el tiempo transcurrido el soberanismo catalán ha interpelado constantemente al Estado español para buscar una solución pactada al conflicto territorial. Nunca se ha encontrado, sin embargo, con un interlocutor dispuesto a dialogar y acordar una solución política (cosa que sí se ha hecho con toda normalidad en otros lugares como por ejemplo en Quebec o Escocia). Esto ha ido suponiendo, como es lógico, una creciente desafección y un deterioro de los vínculos políticos y sociales entre Cataluña y España.

Con esta situación de bloqueo político se decidió, desde las instituciones políticas catalanas, realizar un referéndum de forma unilateral, el cual fue previsto para el día 1 de octubre de 2017,el que, defendido masivamente por la población catalana, se llevó a cabo en unas condiciones especialmente anómalas de represión desproporcionada. Recordemos: este uso de la fuerza se ejercía simplemente porque la ciudadanía quería votar. Más allá de la postura de cada cual hay en todo esto, por lo tanto, una disputa por el sentido y la calidad de la democracia en el Estado español. 

Aquella jornada marcó un punto de inflexión y de ruptura que tuvo como principales consecuencias la intervención de la autonomía política de Cataluña (a través del Artículo 155 de la Constitución española) y el inicio del proceso judicial al que aludimosal inicio de este artículo. Esta judicialización, cabe destacar, supuso el exilio de diversos cargos políticos, entre ellos el ex-presidente de Cataluña, Carles Puigdemont).

Los dos años que van desde la realización del referéndum hasta la actual sentencia judicial condenatoria han supuesto un tiempo marcado por la situación de prisión provisional para todos aquellos políticos y líderes sociales acusados que decidieron no ir al exilio. Esta medida carcelaria, cabe destacar, ha sido denunciada como excesiva por parte organismos reputados y prestigiosos como por ejemplo Amnistía Internacional. Más allá de este hecho, estos dos años han transcurrido como un período de recomposición de fuerzas donde ha reinado una calma tensa.

 

Sin tregua

 

Esta aparente tranquilidad, sin embargo, se ha visto completamente desbordada tras la Sentencia. La sociedad civil de Cataluña ha respondido masivamente exigiendo la inmediata puesta en libertad de los presos políticos. Las acciones se han dado en todo el territorio catalán desde el mismo día en que se hizo pública la sentencia, y han supuesto multitud de protestas descentralizadas, tales como concentraciones, acampadas, marchas o cortes de carretera.

En la organización de estas acciones cabe destacar a Tsunami Democrático. Esta ha liderado (de forma anónima, sin estructura organizativa conocida y mediante comunicados a través de redes sociales y app’s) las principales y más contundentes movilizaciones, entre las que destaca la ocupación del aeropuerto de Barcelona (que supuso la cancelación de más de un centenar de vuelos) o el boicot que forzó la suspensión del ‘clásico’ del futbol, el Barcelona - Real Madrid, el cual debía jugarse en la capital catalana.

La respuesta de estas y muchas otras acciones no han supuesto cambio alguno en el Estado español, que ha seguido abogando por la vía represiva y judicial. Así pues, como consecuencia de las jornadas de protesta, ha habido en el último mes centenares de detenidos y hasta veintiocho personas que se encuentran actualmente en prisión provisional. Cabe destacar, además, un gran número de represaliados que han sufrido abusos y excesos de violencia por parte de las fuerzas policiales.

Lo hasta aquí narrado permite sacar dos conclusiones interesantes. La primera: el Estado español sigue negando el sentido de la política y, manteniendo su actitud demofóbica, se muestra incapaz de usar la negociación y el pacto como herramientas de resolución. Por el contrario, ha puesto (y seguirá poniendo) todos sus instrumentos de judicialización y represión al servicio de la (supuestamente) indisoluble unidad de España.

La segunda: cuando la ciudadanía ha trabajado de forma masiva y unitaria, a través de la desobediencia y la no-violencia, ha conseguido desbordar democráticamente al Estado. Solo así, con el poder de la gente organizada, los derechos son conquistados y la democracia puede ser ejercida.Ante esto la política institucional catalana debe estar a la altura y saber acompañar a su ciudadanía en este proceso de autodeterminación.

Esperemos que la comunidad internacional, que hasta el momento ha hecho oídos sordos en esta cuestión, termine también por ayudar a fundamentar una respuesta a este conflicto que, por más que se pretenda judicializar, siempre tendrá una naturaleza eminentemente política y exigirá una lógica democrática.

Publicado enEdición Nº263
La crisis de Honduras y las responsabilidades históricas de EU
El pasado 31 de mayo, manifestantes hondureños intentaron incendiar la entrada de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el marco del paro nacional convocado por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación. Ese mismo día Donald Trump anunció que impondría un impuesto de 5 por ciento a los productos mexicanos, como represalia por no parar la migración centroamericana. En su cuenta de Twitter escribió: Los aranceles tienen que ver con detener las drogas e inmigrantes ilegales. Este vínculo forzado entre los dos fenómenos: migración y narcotráfico, es parte de las campañas de estigmatización y xenofobia contra migrantes que Trump ha venido promoviendo.

Las amenazas del mandatario y la ignorancia de la ciudadanía estadunidense en torno a las responsabilidades históricas de su país en la crisis económica y la violencia que se vive en Honduras, contrasta con los análisis que los familiares de migrantes desaparecidos y masacrados. Integrantes del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), me explicaron de manera clara y reflexiva, cómo el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, contra el presidente Manuel Zelaya, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, es un antecedente fundamental para entender el presente éxodo de hondureños, ya que representó un parteaguas en la crisis de derechos humanos que desde entonces se vive en ese país. En los pasados 10 años Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ecologistas y defensores de los derechos humanos, siendo también la tercer nación más desigual del planeta, sólo atrás de Sudáfrica y Haití. La dudosa elección presidencial de Juan Orlando Hernández, en 2014, vinculó a un importante sector del gobierno hondureño con el narcotráfico y ha profundizado las políticas económicas neoliberales que atentan contra el sistema médico y de salud, dejando a 64.5 por ciento de la población hondureña en situación de pobreza.

Pero el intervencionismo estadunidense en Honduras tiene una larga historia, desde finales del siglo XIX cuando la United Fruit Company controlaba la economía bananera de ese país, poniendo y quitando presidentes según sus intereses. Esta historia incluye también el uso de bases militares estadunidenses en territorio hondureño como centros de entrenamiento de los contrarrevolucionarios nicaragüenses, y de detención de activistas hondureños, con el objetivo de evitar el contagio revolucionario. Los organismos de derechos humanos han reportado que durante la década de los 80 hubo más de 3 mil activistas asesinados y desaparecidos. Algunos de ellos aparecieron años más tarde en fosas comunes de la base militar estadunidense en Palmerola.

Muchos de los integrantes de los cárteles que ahora controlan las rutas migratorias en México cobrando derecho de tránsito, asesinando y desapareciendo migrantes, son ex integrantes de las tropas de élite centroamericanas que fueron entrenadas en la Escuela de las Américas en Estados Unidos. Se trata de una cultura militarista de muerte que ha globalizado técnicas de tortura y pedagogías del terror que tuvieron su origen en manuales contrainsurgentes estadunidenses y que hoy son retomados por narcotraficantes como Los Zetas. Muchas de las armas usadas por el crimen organizado y las fuerzas de seguridad que se han coludido con ellos llegaron a México entre 2006 y 2011 vía Estados Unidos, en el contexto de una operación legal de venta de equipo militar conocida como Rápidos y Furiosos, que luego se perdió y fue a dar a manos equivocadas según explicación oficial de ambos gobiernos.

Si la gente de Honduras ahora cruza las fronteras en caravanas es porque la migración se ha convertido en un riesgo de vida, como lo demuestran las masacres de San Fernando 1 y 2 en 2010 y 2011, y la de Cadereyta en 2012. Estados Unidos ha contribuido a desestabilizar gobiernos democráticamente electos en Centroamérica, ha apoyado con armas y entrenamiento a la formación de una cultura de muerte que ahora es retomada por los cárteles de la droga, ha promovido a través de organismos financieros el desarrollo de reformas estructurales y políticas económicas que profundizan la pobreza y la desigualdad. Los migrantes hondureños que intentan cruzar la frontera norte, sólo quieren un trabajo digno y recuperar un poco de lo mucho que el intervencionismo estadunidense les ha quitado.

 

*Investigadora de CIESAS

En memoria de las víctimas de Caderyta y en solidaridad con sus familias

Publicado enInternacional
Martes, 15 Agosto 2017 06:54

Buscando “aislar a Venezuela”

Buscando “aislar a Venezuela”

El vicepresidente norteamericano dijo que espera encontrar “una solución pacífica” y concertada con sus aliados de América latina para la crisis venezolana. Tras su visita a Colombia llega a la Argentina.

 

Estados Unidos espera encontrar una “solución pacífica” y concertada con sus aliados en América Latina para la crisis en Venezuela, afirmó ayer el vicepresidente Mike Pence tras reunirse con el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. Sus palabras llegan después de que el gobierno venezolano recibiera amplios respaldos en la región tras la amenaza de Donald Trump de intervenir militarmente.


“El presidente (Trump) tiene confianza que, al trabajar con nuestros aliados en América latina, vamos a poder lograr una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano”, dijo Pence a través de un intérprete, en la ciudad de Cartagena de Indias, adonde llegó ayer en el marco de una gira regional.


Pence matizó la advertencia que lanzó el viernes el presidente republicano acerca de una “posible opción militar” contra el gobierno de Nicolás Maduro, fuertemente criticado por instalar una Asamblea Nacional Constituyente en medio de la severa crisis política y económica en Venezuela.


Según el vicepresidente estadounidense, Washington seguirá empleando “el poder político y económico” contra el gobierno de Maduro hasta que se restaure la democracia en Venezuela. “Venezuela está camino a la dictadura y, como dijo el presidente Trump, Estados Unidos no va a quedarse quieto. Vamos a seguir trabajando con las naciones del hemisferio hasta que se restaure la democracia para el pueblo venezolano”, enfatizó.


El funcionario norteamericano se refirió a las recientes sanciones adoptadas por Washington contra miembros del gobierno venezolano, incluido Maduro, y dijo que puede haber más. “Vamos a seguir tomando acciones hasta que el régimen de Maduro restaure la democracia, celebre elecciones y les dé libertad a los opositores políticos”, afirmó.
Y continuó Pence: “Vamos a seguir con nuestros esfuerzos para aislar a Venezuela económica y diplomáticamente y supongo que va a haber sanciones adicionales bastante pronto”.


El vicepresidente estadounidense añadió que su gira por Colombia, Argentina, Chile y Panamá busca precisamente aunar esfuerzos para “lograr la restauración de la democracia de Venezuela por medios pacíficos”.


Previamente, Santos le había pedido a su invitado desechar la posibilidad de una opción militar frente a Maduro. “Le expresé al vicepresidente Pence que la posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada. Ni Colombia ni América latina –desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia– podrían estar de acuerdo”, afirmó el mandatario colombiano.


Es que desde el Mercosur hasta México, desde los países aliados de Maduro hasta los socios de Washington, la región en su conjunto no dudó en rechazar la declaración belicosa e intervencionista de Trump.


Otro de los temas que trataron Santos y Pence fue el del aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, que, según la Casa Blanca, alcanzaron en 2016 la cifra record de 188.000 hectáreas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas. Al respecto el jefe de Estado colombiano reconoció el incremento en las siembras ilegales, lo cual definió como “una preocupación”.


Aunque inicialmente se había informado de que la visita de Pence a Colombia incluía también a Bogotá, finalmente se aclaró que de Cartagena viajará directamente hoy hacia Argentina. Anoche, Santos y Pence acudieron a una cena en la que participaron miembros del Consejo de Negocios Colombia-Estados Unidos, creado en mayo de este año.
La gira, que llevará igualmente a Mike Pence a Chile y Panamá, busca reforzar la estrategia de Washington de aislar a Venezuela con el apoyo de sus aliados.


La agenda de EE.UU. con Colombia

Coca, paz y Caracas

Por Katalina Vásquez Guzmán


Los Estados Unidos están con Colombia. Fueron las primeras palabras de Mike Pence en una declaración conjunta realizada desde Cartagena, tras el encuentro de ambos gobiernos. Venezuela, cultivos de coca, seguridad en el posconflicto y alianzas comerciales fueron los temas de la agenda del vicepresidente de Estados Unidos en Colombia. Mike Pence pasó por el país en visita oficial como parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. Para muchos, su presencia en medio de la crisis en Venezuela trajo un mensaje directo que recuerda al gobierno bolivariano con quién está tomado de la mano Estados Unidos en este continente.


Tras la reunión de casi dos horas que sostuvieron Pence y Santos, el Presidente destacó que el funcionario arriba justo en momentos en que está terminando la dejación total de las armas de las FARC. “Eso constituye -ni más ni menos- el fin de la guerra. Y ya emprendimos un proceso de reintegración de los antiguos integrantes de esa guerrilla a la vida civil”, le explicó Santos destacando el apoyo que Estados unidos ha brindado al proceso. También el mandatario colombiano fue enfático en decir que ambos países tienen una “responsabilidad compartida” en la cadena del narcotráfico, aludiendo a que esa potencia es una de las principales consumidoras de cocaína en el mundo. Santos le precisó a Pence que, en una primera fase de erradicación forzosa la cual está siendo rechazada por los cultivadores, se acabará con unas 100 mil hectáreas de coca. De esas ya van 27 mil, aseguró, diciendo que 12 mil hectáreas se sustituirán de forma voluntaria. También le recordó al funcionario estadounidense que la llegada de norteamericanos aumentó en 16% el año 2016 en Colombia, y por tanto es preciso continuar fortaleciendo relaciones. Más aún en momentos en que en Venezuela arrecia la violencia.

“América es un continente de paz. Manténgamoslo así” insistió Santos a Pence para no realizar una salida militar en el vecino país. Por su parte, Pence aseguró que “seguiremos trabajando directamente con el Gobierno de Colombia para reforzar el sistema judicial, y poder afrontar estos temas de manera más eficaz” también que eStados unidos seguirá tomando decisiones para abordar la demanda que nuestro país tiene en temas de drogas. También en lo relativo a seguridad fronteriza. Lo que dejó lugar a muchas interpretaciones. “Colombia hoy en día representa el futuro de América Latina’, agregó el vicepresidente norteamericano echándole flores a la gestión de Santos en cuyo “liderazgo”, dijo “Colombia hoy en día representa el futuro de América Latina”. Para Estados Unidos, se trata de “un futuro de libertad, seguridad y también prosperidad, y Estados Unidos está junto a ustedes”. Pence dijo que Colombia tiene en Estados Unidos al mejor socio recalcando que seguirán apoyando la paz de este país hoy en momentos de esperanza y de oportunidades para el pueblo colombiano. Y mientras Estados Unidos se pavoneaba en Colombia, en Venezuela Nicolás Maduro ordenó ejercicios militares “ante amenaza de Trump”. Los ordenó para el próximo 26 y 27 de agosto pero sin detallar en qué lugares. “Trump go home, que se escuche hasta Washington”, gritó Maduro.

 

Publicado enInternacional
“La izquierda social y política debe formar un solo contingente...”


Larga y polémica es su trayectoria. Hace parte del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, desde su fundación el 17 de noviembre de 1986, cuando fue elegido secretario general. Según Pedraza, “la paz, debe estar en las calles, en las plazas públicas y en los foros donde quiera que haya debate [...] no dejar solo en la opinión, el interés de los partidos que controlan esta nación”.

 

El logro de una paz mayúscula, la crisis política, económica y social ofrece ocasión no sólo para discursos y cálculos particulares. Es momento para promover una conciencia del trabajador y del obrero, con alcance en su condición de ciudadano, de habitante. Un reto y panorama frente al cual responde:

 

desdeabajo (da). El voto mayoritario del No en el plebiscito, desató una crisis del régimen político. ¿Cómo ve la CUT, esta situación?
Luis Aeljandro Pedraza (LAP). Consideramos dos cosas: de una parte, la desinformación que el Centro Democrático trabajó en su campaña tuvo éxito. En el activismo social no hicimos las denuncias oportunas. De otra, si bien la decisión es democrática, el porvenir del país queda de nuevo en manos del establecimiento y de la derecha. Por eso, llamamos a las organizaciones sociales en Colombia –a través del Comando Nacional de Organizaciones Sociales– a fortalecer la movilización, la protesta y la exigencia a la participación en los asuntos de futuro inmediato. Futuro que no quede solo en manos de los partidos, especialmente los tradicionales; que están buscando un acuerdo para mantener el control del poder y el futuro de la nación.

 

da. El presidente Santos llamó a reunió con el Centro Democrático, ¿por qué no, a los comités de impulso del Sí?
LAP: El establecimiento mira a los movimientos sociales, los tiene como patio trasero para recurrir a ellos cuando el poder está en riesgo del control del Estado. Sinembargo, cuando se trata de tomar decisiones de gran trascendencia, siempre hacen mesa solos, con sus instrumentos de control de la nación: los partidos políticos que representan, obvio, a los gremios económicos o industriales, contexto general del modelo. Por esa razón, nosotros consideramos que nuestra presencia activa por la paz es imprescindible –no propiamente en la Mesa de La Habana– sino desde el punto de vista de la opinión y del contraste a la reacción.

 

da. Este es el foco y aspecto fundamental por el cual atraviesa el país, pero, el final de año está cerca, ¿cómo procederá la CUT respecto al salario mínimo próximo?
LAP: Desde el comienzo de la campaña del plebiscito, sin detrimento de la paz, tomamos la decisión de no olvidar que hay graves problemas en el mundo del trabajo, y para la subsistencia del movimiento sindical. Incluso, acerca de la presencia de organizaciones sociales haciendo valer no solo su representación, sino el cumplimiento de las agendas que duermen en el escritorio del Estado. Por esa razón, reactivaremos acciones de movilización en el sector minero energético, con el planteo de una huelga de la CUT por intermedio de la USO...

 

da. ...la ADE y el sector de la educación plantean una movilización...
LAP. ...claro, por el incumplimiento del gobierno a los trabajadores estatales y se avecina otra negociación de salario, ya se cumplió el periodo anterior; pero además, el tema de la salud es un asunto apremiante. También tuvimos la reunión nacional de organizaciones sociales que determinó un paro nacional para finales de octubre.

 

da. ¿Es posible articular estas movilizaciones en una sola, que recoja todas las reivindicaciones de los sectores, o eso es imposible?
LAP. Efectivamente, con los quince puntos que el presidente Santos no ha atendido. Reúne los asuntos de los estudiantes que exigen una reforma educativa y el fortalecimiento de la inversión del Estado en la educación pública. La agenda de maestros y maestras por sus derechos vulnerados con tendencia a desaparecer, como son el tema de la salud y el de la calificación. Éste último, acordado para mejorar las políticas pedagógicas, y no, en relación con la pretensión del gobierno, que era una calificación para botar a los trabajadores de la educación dependientes del Estado y reemplazarlos por los contratos de servicios.

 

da. ¿Sólo una agenda de reivindicaciones de estudiantes, maestros?
LAP. También, el tema del transporte pesado. Los camioneros incluyeron sus puntos, y en este momento, vuelve a tomar fuerza –por el incumplimiento que el gobierno les hizo– un plan de organización para irse a un nuevo paro nacional. Está asimismo, el tema de la Cumbre Agraria que hizo un paro, con unos acuerdos que nos dicen también fueron incumplidos. Es decir, hay convergencia plena en la posibilidad de una acción unificada, y no compartimentada, como pasó una vez se constituyó el Comando Nacional de Organizaciones Sociales. Aunque se preveía el paro de los camioneros y se respetó su dinámica autónoma, la Cumbre Agraria ya traía un proceso de organización...

 

da. Por aparte, cada sector puso la hora cero.
LAP. La diferencia que hubo con dos eventos, nos indica que tenemos que unificarlos en una sola movilización, un sólo paro nacional por los quince puntos que nos integran a todos. Ya el proceso es técnico y metodológico, de cómo cada sector trabaja sus temas con el gobierno. Cada sector tiene un criterio profesional de su oficio. Es decir, los camioneros saben cuáles son sus problemas y cómo y hasta dónde tratarlos y negociar; los educadores igual; los campesinos y los indígenas igual.

 

da. Si el gobierno trabaja por sectores, ¿provocaría la individualización de las marchas o de los procesos?
LAP. No. Dentro del movimiento de organizaciones sociales debemos habilitar un mecanismo que impida la separación y fisuras por medio de las cuales el gobierno pueda intervenir para desarticular la gran convergencia social, “unidad de acción” en torno al pliego.

 

da. Un documento de la Organización por la Cooperación de la Economía Solidaria, Ocde, dice que el salario mínimo en Colombia es el más alto de la región, ¿qué piensa la CUT?
LAP. ¿Qué es el más alto?, ¡falso! Colombia es el segundo país de mayor inequidad en América Latina. Circunstancia vergonzosa que es causante, precisamente, de la precariedad del salario mínimo y de los salarios convencionales. Por esa misma razón la CUT planteó en 2015 un incremento del 14 por ciento.

 

da. ¿Un porcentaje, con base en cuáles factores?
LAP. La caída del peso y valorización del dólar, junto con la caída de los valores del petróleo, hacen que la inflación reciba un coletazo alrededor del 9 por ciento. Nosotros planteábamos el 9 por ciento más cinco puntos de indexación. Esos cinco puntos, en razón a los estudios que hicimos con la Universidad Nacional y el equipo del doctor Giraldo que indicaban, que en el último quinquenio el salario mínimo perdió cinco puntos. El tema no se puede considerar comparando el número de dólares que conciernen al salario de cada nación. Mejor, debe reflejar la real capacidad y poder adquisitivo de ese salario. Para el caso, en Uruguay puede ser un salario mínimo en dólares similar al que tenemos en Colombia, pero allá la capacidad adquisitiva del salario mínimo es absolutamente superior a la nuestra.

 

da. ¿Por cuál motivo?
LAP. Por el tipo de modelo económico y de plan de desarrollo social que tienen, que es radicalmente opuesto al nuestro. Allá, especialmente en el gobierno de Mujica, se democratizó la economía de tal forma que hay una redistribución con ejemplo para América Latina y para el mundo, así sea un país pequeño. En el caso nuestro, la tendencia es a concentrar más la riqueza en unos pocos capitalistas, a costa, de incrementar más la miseria social.

 

da. Bajo el proyecto del gobierno: bajan las importaciones, el salario pierde capacidad adquisitiva, ¿cuál propuesta hará la CUT frente a esta crisis del modelo?
LAP. Está vigente el trabajo de movilización social que desarrollamos en conjunto con las demás organizaciones sociales, con más fuerza ahora, después el plebiscito. Siempre hemos planteado que el gobierno tiene que renegociar los tratados de libre comercio, y no seguir en la línea de priorizar los intereses de las multinacionales. De priorizar, los intereses de los grandes grupos económicos de la nación y considerarnos consumidores, frente a una realidad en la que Colombia dejó de ser país productor de alimentos. Pasó a ser un país importador. Eso tiene 8 millones de campesinos desplazados a centros urbanos. Independiente de reconocer que los factores de violencia y abandono del estado, contribuyeron a ese desplazamiento.

 

da. El Gobierno está arrodillado ante la Ocde.
LAP. Por supuesto, acata las directrices a favor de ese círculo de privilegiados, sin importarle profundizar las brechas de inequidad social, la antidemocracia en el desarrollo de la tenencia de la tierra, sin otra política que la prevista en los Acuerdos de La Habana. Así las cosas, la pequeña y mediana industria desaparece...

 

da. Es muy grave...
LAP. ...para la tesis neoliberal del gobierno, los pequeños y medianos empresarios deben alcanzar capacidad no solo económica sino administrativa para hacerse competitivos. Deben hacerlo sin ningún compromiso oficial para financiar ese tipo de política, y los pequeños y medianos empresarios no tienen recursos. Por tanto, su tendencia es a desaparecer. Mientras tanto, las grandes asociaciones industriales, como la Andi, aprovechan. Los grandes industriales han absorbido los renglones productivos que tenía la pequeña y la mediana industria. Eso genera una mayor informalidad en el mundo del trabajo, porque los pequeños comerciantes, pequeños productores de insumos para la industria nacional, desaparecieron convertidos en una informalidad a manera de política de subsistencia.

 

da. El escenario político pasa entre dos acciones: de una izquierda en autocrítica, que se recomponga y salga a liderar este proceso o, que siga igual, sin abrir perspectiva...
LAP. Anhelamos un camino común, de unidad de la izquierda. Independiente de las diferentes concepciones respecto al porvenir del país. Nosotros no podemos seguir contribuyendo al desorden del país con la dispersión de la izquierda. Tenemos que construir una corriente fuerte con capacidad de neutralizar e incidir en los asuntos que el establecimiento nos está imponiendo. Es decir, ser verdadera alternativa con concepción de poder.

 

da. ¿Cómo, cuándo domina la inercia de plegarse al establecimiento, con la idea de obtener cargo en un “gobierno de coalición”?

LAP. No podemos seguir cayendo en la falacia de que la izquierda es un elemento negativo para la construcción de la democracia y para la construcción de equidad social. En Colombia tenemos que formar un solo contingente, con presencia capaz de movilización oportuna, en el Congreso y en los centros donde toman las grandes decisiones. Contribuir de este modo, a la construcción de una democracia real. No en la restringida, sometida al criterio y capricho de dos antagonistas por el poder. En este caso, Santos representante de la alta aristocracia y lo más emblemático de la burguesía colombiana, y Uribe que siempre mantiene una concepción caudillista, con tendencia igual o peor que Santos en materia de conducción del estado.

Publicado enEdición Nº229
Página 1 de 2