Un policía golpea con un palo a un hombre por saltarse el confinamiento obligatorio impuesto en India. Prabhat Kumar Verma/ZUMA Wire/dpa/EP

La policía en Ecuador e India golpea a la población que no cumple el confinamiento, Hungría ha dado poderes especiales casi dictatoriales a su presidente y China o Rusia vigilan a la población con cámaras en las ciudades

La epidemia de coronavirus está otorgando a las autoridades poderes excepcionales que en países con democracias frágiles están agravando tensiones sociales o problemas que ya previamente estaban bajo la crítica internacional.

Guayaquil, la capital económica de Ecuador y uno de los principales focos de la epidemia en América Latina -la zona con más casos por detrás de Brasil-, ha sido testigo durante dos días de violencia policial contra la población más pobre de la ciudad, donde la gente vive del comercio ambulante, principalmente, hacinados en casas minúsculas y en ambientes de delincuencia y marginalidad. En Guayaquil, la población local denuncia las condiciones indignas que sufren las víctimas del virus y sus familias, con ataúdes que permanecen en casas durante días sin que nadie los traslade o cuerpos envueltos en sábanas que se acumulan en calles y cunetas.

En declaraciones a eldiario.es, Adrián Tarín, profesor español de comunicación social en la Universidad Nacional del Ecuador y periodista en un medio comunitario, relata que tras el anuncio de las medidas para paliar la progresión del virus, tanto en los barrios pobres como en los ricos nadie cumplía con las recomendaciones por lo que la policía decidió intervenir.

"Eran las propias fuerzas del orden las que grababan y colgaban las escenas en redes sociales, en las que se puede ver cómo los obligan a hacer ejercicio físico pero además lo combinan con golpes con látigos, palos o cinturones", explica. "Ha habido casos de gente a la que le pintaban la cara, le cortaban el pelo, en plena calle".

Después de que las imágenes empezaran a circular hacia otras partes del país dejaron de trascender. "Puede que siga pasando pero no hay constancia de ello porque tampoco se denuncia", apunta Adrián Tarín.

Ecuador empezó a aplicar medidas de confinamiento desde mediados de marzo y de forma progresiva ha ido aumentando las restricciones. Ahora hay toque de queda entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana. El resto de la jornada se permite la salida de personas para acudir a los puestos de trabajo esenciales y la compra de productos de primera necesidad, según el número de identificación, para evitar aglomeraciones. Además en Guayaquil hay una fuerte militarización de las calles y un cierre de la ciudad a la que solamente tienen acceso los transportes de abastecimiento.

En India, que la pasada semana anunció el confinamiento de 1.300 millones de personas, la policía está rociando a trabajadores que volvían de las grandes ciudades a sus lugares de origen para pasar la cuarentena con productos químicos en lo que parece un intento de desinfectarlos antes de entrar en sus localidades. Según el periódico local Indian Express, se utilizó una solución de hipoclorito sodio, producto utilizado para la limpieza de piscinas y que puede causar quemaduras en piel, ojos y pulmones.  

Pero este no ha sido el único caso, la policía india también ha recurrido a la violencia para reprimir a la gente que sale a la calle. Utilizan palos de bambú para golpear a los civiles que vulneran el confinamiento.

Desde que se impuso un toque de queda en Kenia el pasado 27 de marzo, varias organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional, vienen denunciando la brutalidad policial y del ejército y el uso de gases lacrimógenos contra quienes intentan volver a casa desde sus trabajos.

Según reporta EFE, las autoridades kenianas están investigando la muerte de un niño de 12 años que murió, supuestamente, a causa de un balazo de la policía mientras estaba en el balcón de su casa el pasado martes. 

Represión contra los presos políticos

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció la pasada semana que liberará a 100.000 de las cerca de 300.000 personas que están entre rejas en el país para evitar así la propagación del virus en las cárceles. Aunque la propuesta es todavía un borrador que necesita ser debatido en el parlamento, no permitiría la excarcelación de personas acusadas por terrorismo, una acusación utilizada en muchas ocasiones contra opositores políticos. De esta forma, y como denuncia Human Rights Watch, la medida supondría "una herramienta para atacar a los presos políticos".

Rusia anunció la semana pasada, según informa Foreign Policy, que cancelaba la amnistía anual que se concede para celebrar el aniversario de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial (aunque seguirán en pie los desfiles conmemorativos). De esta forma, quedarían en prisión las 230.000 personas que estaba planeado que fueran liberadas de cárceles rusas, por un supuesto "miedo" de la población a las infecciones que hay en las prisiones y que "podrían infectar a toda la población", según ha explicado el subdirector del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, un órgano consultivo dependiente del presidente ruso, Vladimir Putin.

Putin ha anunciado que extiende la declaración de no laborables todos los días hasta el 30 de enero, lo que ha provocado la cancelación de los servicios de paquetería, una consecuencia que se agrava también para la población carcelaria, que podía comer y recibir medicinas gracias a los paquetes que envían sus familiares, puesto que según denuncian "el gobierno no da acceso a medicinas la comida es de muy baja calidad".

Naciones Unidas ha pedido en un comunicado que los gobiernos eviten la puesta en marcha de medidas excesivas de seguridad que pudieran suponer una forma de acallar la disidencia. Varios expertos de la ONU en derechos humanos han recordado que las decisiones "deben notificarse a los órganos pertinentes" y "en ningún caso como un objetivo contra grupos particulares, minorías o individuos".

Poderes especiales frente al coronavirus

Esta semana el parlamento húngaro aprobaba una enmienda para dar más poderes al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, para gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus. La medida, criticada ampliamente por la oposición y organizaciones de derechos humanos, da la posibilidad al gobierno de suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones "que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa" (frente a la epidemia) y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.

En Filipinas, el parlamento también le ha otorgado "poderes especiales" al presidente, Rodrigo Duterte, durante la emergencia nacional declarada en el país por la epidemia. De esta forma, Duterte puede actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas.

Además, ha reducido el control del Departamento de Salud sobre las medidas a aplicar para colocar a las Fuerzas Armadas al frente de la gestión de la crisis. En las últimas tres semanas, según denuncia Human Rights Watch, han sido detenidas más de 17.000 personas por violar el confinamiento, además muchas de ellas han sido metidas en jaulas a pleno sol durante horas como forma de castigo.

En los últimos días, en barrios pobres de la capital, se han sucedido las protestas para pedir ayudas al Estado para sobrellevar la cuarentena, y este mismo jueves, el presidente ha ido un paso más allá y ha ordenado a las fuerzas de seguridad "disparar a matar" a todo aquel que se salte el confinamiento, informa EFE. "Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba", dijo en un mensaje televisado.

El coronavirus como excusa para la videovigilancia

China no solamente ha cerrado varias ciudades para evitar la propagación del coronavirus, también ha implementado una serie de medidas de seguridad para controlar a la población en un nuevo episodio de intromisión gubernamental en su privacidad: controles de acceso para entrar en casa, las operadoras móviles rastrean los desplazamientos de la población y las conversaciones, e incluso sistemas de reconocimiento facial capaces de distinguir entre la multitud a los que tienen fiebre o a los que no llevan la mascarilla.

Moscú, que ha ordenado el confinamiento para toda la población, está haciendo uso de las más de 170.000 cámaras que ya existen en la ciudad para controlar que los ciudadanos cumplen con las medidas. Solamente la semana pasada, la policía reportó 200 multas a personas que habían violado la cuarentena, detalla CNN. Además, pretenden utilizar la videovigilancia, igual que en China, para encontrar posibles casos de coronavirus, notificar a las autoridades sanitarias y a otras personas que pudieran haber tenido contacto con ellos.

En Israel, según ha informado The New York Times, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dio orden a la agencia de seguridad nacional de rastrear los dispositivos de personas que dieron positivo en la enfermedad COVID-19 y de poner en cuarentena a otras que tuvieron un contacto directo con los infectados. Según este mismo medio, la medida tenía que haber pasado por la subcomisión parlamentaria de Servicios Secretos, pero finalmente no fue así. Además, ha impuesto penas de hasta seis meses de prisión por saltarse la cuarentena y ha prohibido las visitas en las cárceles, incluidos los abogados defensores.

04/04/2020 - 20:37h

Publicado enInternacional
Elliot Abrahms, representante especial para temes relacionados con Venezuela, del Departamento de Estado de EU. Foto Afp

Ciudad de México. En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola  el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos  y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.

A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

 Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me  topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia  de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.

Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos.  Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo,  el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989,  en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una  “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los Soles.

Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015−  en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado  del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia,  y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.

En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia  militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

 Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015,  estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,  utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación  sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con  filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional  de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban  dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con  acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más allá de lo  enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como  fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido,  reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA. 

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016.  Y para ello, Washington intensificó su política  de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del  ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses  imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición  de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el Cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

 

Por Carlos Fazio | sábado, 04 abr 2020

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Un grupo de personas hace cola para comprar alimentos en Venezuela durante la crisis del Covid-19. Euronews

En América Latina hacer frente al Covid-19 es especialmente complejo debido a la pobreza y las desigualdades económicas y sociales. Casi seis de cada diez personas trabajan en el mercado informal

 

Casi seis de cada diez latinoamericanos, según la Organización Internacional del Trabajo(OIT), forman parte del mercado de trabajo informal y representan un tercio de la economía. Para estas personas que viven al día, las drásticas medidas de cuarentena obligatoria, recomendadas por la OMS para enfrentar el Covid-19 y adoptadas por la mayoría de los gobiernos, suponen dejar de tener ingresos. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan en el sector informal. Sobrevivir a la cuarentena se convierte en un reto en sí mismo. En países como España o Italia, el confinamiento puede ser posible porque hay un espacio fiscal para subsidiar empresas y familias vulnerables. Sin embargo, en América Latina, con sectores públicos quebrados y un gran número de personas viviendo de la informalidad, la situación empuja a preguntarse si no será más peligroso “quedarse en casa” que el virus en sí. 

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Hector y Amparo fabrican artesanalmente unos tableritos didácticos para niños y niñas en Ibagué, Colombia. Normalmente los venden a librerías pero también reciben encargos y a veces los venden en la calle. Están a punto de jubilarse, con 61 y 60 años respectivamente, aunque ahora, con la falta absoluta de ingresos debido a la cuarentena del Covid-19, no pueden cotizar. “¿Qué vamos a hacer más de un mes sin recibir sustento?”, se pregunta Hector mientras cuenta que lo más importante es la comida y la salud, y lo difícil que le es conciliar el sueño. Cuando se le pregunta sobre los saqueos en Bogotá de estos días, resopla. “Yo entiendo a esa gente que no tiene, a los que venden su tintico (café), sus calditos… no están pudiendo vender”, dice por teléfono. “Ojalá que el gobierno nos vea”, repite. 

Antes del coronavirus, América Latina ya lidiaba con el estancamiento económico, la agitación política y social y la epidemia de dengue más grave de los últimos años –con más de tres millones de personas afectadas y 1.500 muertes. La caída del PIB latinoamericano a causa de los efectos del coronavirus se calcula que estará en casi el 2%. Y la recuperación dependerá en gran medida del restablecimiento de China al ser el segundo socio comercial, en algunos casos el primero, de la mayor parte de los países.

El lunes 16 de marzo las bolsas latinoamericanas se desplomaron por la bajada del precio del petróleo. Como también lo hicieron la industria relacionada con importaciones o exportaciones con China, los precios de otras commodities como el cobre y la multimillonaria industria del turismo en lugares masivos como Cuzco, Cancún o Buenos Aires. Comenzó el pánico. Las dificultades que ya venían de antes como resultado de la dependencia del mercado internacional y la inestabilidad de sus economías se sumaron a la crisis derivada del Covid-19.

Todavía no sabemos a ciencia cierta muchas cosas del virus: no conocemos su tasa de mortalidad, todas sus formas de contagio, si se genera algún tipo de inmunidad o el trastorno económico-social que causará. Hay algunos que ya hablan del periodo poscovid-19 como si hablaran de una posguerra. Lo que sí está claro es que sus consecuencias serán ecológicas, económicas y sociales. Es decir, convierte a la pandemia en un asunto político, y por lo tanto sistémico. Las dietas alimentarias deficitarias, la informalidad laboral, el hacinamiento urbano, los sistemas de agua residuales defectuosos o inexistentes, los sistemas de salud débiles, entre otros factores, hacen que la salida latinoamericana a la pandemia mundial quizás no sea seguir la misma receta que en Europa, Norteamérica o Asia. 

En la segunda mitad del año pasado América Latina, de Chile a Colombia, se levantaba indignada por la desigualdad social. Las clases medias se movilizaron denunciando una falta de recursos y dificultad de acceso en sanidad y educación en los diferentes procesos de privatización de la región. Es decir, con el aumento exponencial de infectados en coronavirus, el sistema sanitario se verá absolutamente desbordado: sólo Costa Rica y Uruguay destinan más del 6% del PIB a gasto público en salud,  como indica la Organización Mundial de la Salud. El gasto en España en sanidad sobre el PIB, por ejemplo, es del 8,9%. 

“La cuarentena desnuda desigualdades que ya estaban presentes”, señala Inés Nercesián, doctora en ciencias sociales y profesora de sociología histórica de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. El acceso a la vivienda, a la salud, a la tecnología, a la cultura y la educación, a la economía o al territorio son aspectos que se vuelven más crudos durante la cuarentena, “pero esto no es algo nuevo, es una herencia”, apunta la experta. 

La responsabilidad es individual y colectiva

Sita vive en la provincia de Buenos Aires con su hija de 15 años. Sus ingresos provenían en su totalidad de la venta de inciensos en ferias de la ciudad y desde que se impuso la cuarentena obligatoria no puede salir a trabajar. Ahora vivirá de ayudas del gobierno. La cuarentena “es un compromiso a nivel social que resulta difícil de cumplir para todos, algunos porque no les da la gana y otros por necesidad”, comenta Sita por teléfono. Estar en casa es más sacrificio justamente para los que menos tienen: no saldrían a la calle por irresponsabilidad sino por subsistencia, pero ¿qué otra manera hay de combatir el virus? 

La medida Quedate en casa impulsada con mayor o menor flexibilidad en toda la región latinoamericana se apoya en la posibilidad de realizar teletrabajo. El problema viene cuando la mayor parte de la población no tiene un trabajo que pueda realizarse desde casa vía online, o cuando su trabajo necesita de un transito callejero como pequeños comercios, taxistas, empleadas domésticas o vendedores ambulantes. El cese de las actividades cotidianas impide que puedan generar los ingresos suficientes para subsistir a una población ya de por sí vulnerable y carente de ahorros. 

En Colombia, por ejemplo, con más de un 60% de la población en el sector laboral informal, antes de la cuarentena oficial se impuso un simulacro “para aprender bien”. En un vídeo publicado en su cuenta de twiter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en principio sin el apoyo del presidente Iván Duque, pedía que los bogotanos se quedaran en casa “aprendiendo cómo hacer una cuarentena cuando nos toque, por ahora es solo un simulacro de cuatro días”.

 “En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de Gobierno español y leyendo en teleprónter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz”, sentencia la activista boliviana María Galindo en el blog de Radio Deseo, la emisora que codirige. Para poder quedarse en casa, primero hay que tener una casa y hay que estar a salvo dentro de ella. Para no salir de ella hay que tener el acopio suficiente de comida y para ello el suficiente dinero. Para seguir las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias hay que tener una serie de facilidades, como el acceso a agua, por ejemplo. “Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase” es el lema que circula por las redes sociales esta última semana. 

El primer caso registrado de Covid-19 en América Latina fue en Brasil el 26 de febrero. Hasta ahora es el país con más contagios y muertos y, sin embargo, el que menos medidas está tomando, al menos a nivel federal. Su presidente, Jair Bolsonaro, criticó la “histeria” global sobre la “gripecita”, mientras se hacía el test del virus al saberse que personal de su círculo estaba contagiado. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que la situación fuera similar a la de Estados Unidos, país en el que su presidente también ha desplegado una actitud negacionista, Bolsonaro contestó que “el brasileño tiene que ser estudiado, no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada”, aseguraba con la excentricidad que le caracteriza. 

Algunos estados como los de Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro tomaron algunas medidas, por ejemplo en Rio se prohibió el acceso a las playas. 

Según el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020, más del doble de lo estimado para el resto de América Latina. Al inicio de la semana pasada, el Gobierno anunció el apoyo a empresas afectadas por la crisis del virus, como Gol Linhas Aéreas, con 30.000 millones de dólares. A los trabajadores del sector informal, unas 38 millones de personas, a regañadientes por las críticas recibidas en un descontento social generalizado, el gobierno accedió a otorgarles una ínfima ayuda mensual de 200 reales (unos 35 euros). 

A pesar de haber registrado ya cincuenta muertes, México tampoco parece estar tomándose muy en serio las recomendaciones de la OMS. Algunas universidades y escuelas privadas han cerrado por iniciativa propia ya que el gobierno federal solo había propuesto la eufemística campaña Una sana distancia para evitar contactos cercanos. “Igualmente la gente se está quedando en sus casas, los restaurantes están cerrando, los lugares de turismo especialmente dedicado a norteamericanos también”, cuenta Ivonna, una artesana española que lleva años viviendo en Ensenada, al norte de México.

La falta de tránsito en las calles, la “cuarentena voluntaria” y el descenso de la actividad económica global están haciendo que el 53% de la población mexicana que trabaja de manera informal se vea especialmente afectada: por el lado económico pero también sanitario, al estar exponiéndose al contagio del virus. Ivonna nos explica que al no haberse implementado medidas fuertes a nivel federal, seguramente “el gobierno no va a ofrecer ayudas para los sectores más vulnerables”.

En Ecuador, el segundo país de América Latina al que más está afectando la pandemia, “las medidas adoptadas por el gobierno tienen un sesgo social de clase media-alta” advierte Diana Massa, trabajadora en gestión social en una organización en Quito. El 10 de marzo el gobierno lanzó unas medidas económicas ante la caída del petróleo a nivel mundial para intentar contrarrestar los posibles efectos del coronavirus. Estas medidas se parecían mucho a las que produjeron los levantamientos sociales a finales del año pasado: eliminar los subsidios a los combustibles y despidos y bajada de sueldos a funcionarios públicos. Esto lleva a muchas personas a trabajar en régimen de informalidad, que ya de por sí llega casi al 60% de la población ocupada.

En Guayaquil, la ciudad ecuatoriana con el 80% de los contagiados de coronavirus, el gobierno ha recogido más de trescientos cadáveres de personas que ni siquiera llegaron a ser atendidas en centros médicos. La falta de infraestructura básica, servicios y equipamientos sanitarios ha quedado totalmente al descubierto. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una fosa común en vista de los muertos que empezaron a aprecer en las calles, las aceras y los barrios. Mientras, el presidente Lenin Moreno, habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa. La ministra de salud, Catalina Andramuño renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. Y, el director de cultura de Guayaquil publica en sus redes un texto donde culpabiliza de la expansión de la pandemia a “gente extramadamente ignorante”, “primitiva”, “de corto criterio y capacidad de análisis”, entre los que incluye a la migración venezolana “que viven como parásitos”. 

Mientras el presidente ecuatoriano habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa, la ministra de salud, Catalina Andramuño, renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. 

Venezuela impuso el aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, y con ello se suspendió el pago de servicios como luz, gas, o agua, y de alquileres durante los próximos seis meses. El Sistema Patria anunció el pago de las nóminas de las pymes y un bono para los trabajadores informales, unos 12 millones de personas aproximadamente. Ante el miedo al desbordamiento del sistema público de salud, que suma las enfermedades provocadas por el Covid-19 a la crisis humanitaria venezolana ya existente, el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de lo que históricamente había criticado el chavismo, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI. Esta institución lo rechazó.

En Perú, casi siete de cada diez personas no cuenta con trabajo formal, ni con seguro social, ni pensión, ni en la mayoría de las ocasiones con pago fijo (salvo algunas excepciones como empleadas domésticas). El Gobierno de Martín Vizcarra impuso una cuarentena total y obligatoria, cerró las fronteras y sacó el ejército a la calle para mantener a la gente en sus casas. Según sus propias estimaciones, “nueve millones de personas forman parte de una familia donde si no se trabaja no se come mañana”. Por ello, el Ejecutivo anunció una medida extraordinaria: un bono de 308 soles (unos 100 euros). Varios colectivos han apuntado que esta medida no llega a las personas que no siendo “pobres de solemnidad” no podrán realizar sus trabajos con normalidad a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.

¿Son más peligrosos los efectos de la cuarentena que el virus?

En Argentina ya de por sí muchos de los trabajadores informales son pobres: “La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”, asegura el economista Jorge Colina en el informe IDESA (Instituto de Desarrollo Social Argentino). Para él, en este país, con aproximadamente un 45% de las familias viviendo en la informalidad, parar la actividad económica y aislar a la población es un remedio que tiene costos sociales más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad. “El remedio será peor que la enfermedad”, sentencia Colina ante la situación del sector público argentino endeudado y sin mucho margen de actuación.

Para hacer frente a la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino presentó un bono de 10.000 pesos (140 euros) para tres millones y medio de familias que viven de ingresos laborales informales. Además de que la cantidad no es suficiente si se tiene que pagar un alquiler, la ayuda excluye a las personas migrantes que no lleven más de dos años regularizadas en el país. Los trabajadores migrantes se llevan así la peor parte: “Somos vistos como enemigos internos”, critica Jorge, miembro del Bloque de Trabajadores Migrantes. La falta de posibilidades de radicación legal y los entorpecimientos burocráticos les condenan a trabajos informales y especialmente precarizados. 

La gran mayoría de los bolivianos –el 83%, según la OIT– viven al día de los productos que venden en la calle, de las pequeñas tiendas y de otros empleos no regularizados: sin la actividad de tránsito diaria están condenados a la inanición. A raíz de la cuarentena establecida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, los conflictos no se han hecho esperar. El domingo 22 de marzo, durante la hora del mercado, miembros de la policía intentaron en la ciudad de Oruro “hacer cumplir la cuarentena” impidiendo el comercio con normalidad y fueron apedreados. “Es muy lamentable de esta urbanización que no le gusta acatar las normas que se lanzan”, denunció el jefe de la Unidad de Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Oruro para el canal de televisión ATB Digital

El anuncio de la presidenta para mitigar los posibles efectos del confinamiento obligatorio fue la dotación de una canasta familiar gratuita valorada en 400 bolivianos (un poco menos de 60 euros) que beneficiará a un millón y medio de personas de las nueve millones que se verán gravemente afectadas. Además, por causa del coronavirus, se reforzó la presencia policial y militar en las calles y se aplazaron las elecciones presidenciales del 3 de mayo, que pondrían fin al gobierno de facto que destituyó a Evo Morales el año pasado.

Dilema de la humanidad

Esta crisis pone en tela de juicio a todo el mundo: a la economía, con sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, más o menos precarizados, la salud, la forma de relacionarnos y la forma de proyectarnos hacia el futuro. El gran reto al que ya de por sí se enfrentan los gobiernos y las sociedades de los países más afectados por el Covid-19 cobra particularidades especialmente complejas en América Latina por las desigualdades sociales estructurales y su dependencia a los países centrales. Para el futuro hay más preguntas que respuestas y casi todas nos llevan al gran dilema: ¿de qué manera se afrontará esta crisis?, ¿cómo se resolverán los impagos de deuda?, ¿nos esforzamos por salvar la economía y a la minoría adinerada o al resto de la sociedad?, ¿pondrán en el centro la vida o los mercados?, ¿es esto un falso dilema y hay otras vías que no estamos viendo?, ¿serán los Estados los que salgan fortalecidos de la crisis?

Organismos internacionales, como el FMI en Ecuador, ya han desembarcado tras el acuerdo firmado el año pasado, ahora con el especial cometido de “subvencionar” la lucha contra la recesión económica en América Latina causada por el coronavirus. “Yo esperaría que con los fondos internacionales que han llegado, se tomen medidas de protección social: se entregue comida, se instalen nuevos albergues, se subvencione o abarate el costo del examen del coronavirus”, dice Diana Massa desde Quito. Además, la experta, no descarta algún tipo de movilización social en las próximas semanas: “Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”.

La socióloga Inés Nercesián, desde Buenos Aires, mucho más optimista, resalta la idea de que no hay ni A ni B: “Hay que resolver todo junto y al mismo tiempo”. América Latina debe reconstruir redes y lazos de solidaridad, usar la imaginación para sobreponerse a esta crisis, algo para lo que tiene sobrada capacidad y experiencia. “Que esto sirva de enseñanza a la humanidad”, decía el presidente de Argentina Alberto Fernández en uno de sus discursos televisados. Para reconstruir el esquema social y político, Nercesián aboga por el trabajo conjunto de ciencia, tecnología, conciencia ciudadana, seguridad y mecanismos para contener la economía bajo otros formatos. “Esperemos que a raíz de este tipo de crisis revisemos cuestiones que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza y poder de algunos grupos en detrimento de otros”.

por Beatriz Hernández Pino Buenos Aires , 4/04/2020

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Netanyahu negó que sus advertencias sobre colapso en el sector salud busquen apanicar a la gente en Israel para retener su cartera de primer ministro.Foto Ap

En un abordaje multidimensional/plural/dialéctico, impactaron dos declaraciones incendiarias del primer ministro israelí Bibi Netanyahu –con cargos criminales a cuestas(https://bit.ly/34f9wpU)–, debido a sus estrechos lazos con el eje Trump/Kissinger/Jared Kushner, además de sorprendentes juegos de poder en Israel, que en su conjunto reflejan la dinámica de los "nuevos órdenes" locales/regionales/global.

Dejo para otra ocasión el artículo de Kissinger al WSJ –dislocado, a mi juicio– sobre el nuevo orden mundial post-Covid-19 (https://on.wsj.com/2wTuRZO).

Algo muy fuerte debió haber ocurrido tras bambalinas para que el general y ex jefe del Estado mayor, Benny Gantz (BG), seleccionado por el presidente Reuven Rivlin para formar el nuevo gabinete, haya preferido presidir el Congreso. Quienes conocemos el Medio-Oriente, a sus países y actores, entendemos que no es común que un general, de la talla de BG, haya sucumbido a muy fuertes presiones del eje Trump/Kissinger/Jared Kushner cuando Israel y su complejo militar industrial son tan dependientes de la ayuda de EU.

El mismo eje "nacionalista" Trump/Kissinger/Jared Kushner, en franca confrontación con los banqueros globalistas Rothschild y George Soros, fustigan a los respectivos “ Deep State” de EU e Israel.

El hijo de Trump ha comentado que “solamente un ‘loco (sic)’ niega al “ Deep State” (https://bit.ly/3aLjUb4)”.

Netanyahu –cuyo hijo expuso el control globalista de George Soros(https://bit.ly/39KdS9B)–, comentó a puerta cerrada que en Israel "no existe democracia" ya que está controlado por el “ DeepState”: un "gobierno de burócratas y juristas", según el rotativo opositor Haaretz, muy cercano a Soros, que se burla de sus “teorías conspirativas (https://bit.ly/39Cbemc)”.

Días antes de su espectacular arreglo con BG, Netanyahu lo instó a "salvar a Israel" conforme los "países se hunden como Titanics".

Esta declaración no es menor, debido a los lazos estrechos de Netanyahu con el eje Trump/Kissinger/Jared Kushner y, también, debido a la omnipresencia de sus servicios secretos en varias naciones de Latinoamérica y Europa, en estrecha alianza con su diáspora que lo mantiene muy bien informado.

Netanyahu advirtió que "los sistemas de salud de los países en el mundo (sic) enfrentan un inminente colapso (sic)" cuando planea la "mayor amenaza a la humanidad desde la Edad Media (sic)".

Su rival, líder de la oposición, BG del partido "Azul y Blanco" finalmente sí escuchó la imploración de Netanyahu para formar un "gobierno de unidad de emergencia".

En su entrevista al Canal 12, Netanyahu emitió "una serie de predicciones terribles sobre el posible (sic) impacto global del virus", cuya precisión no puede ser definitivamente determinada en esta fase, pero negó que estaba intentando apanicar al público israelí para retener su cartera de primer ministro, según The Times of Israel (https://bit.ly/34bcpYx).

A diferencia de los diletantes funcionarios de otros países que tardaron "en cerrar sus fronteras", Netanyahu considera que "Israel, que cerró sus fronteras, se encuentra en una mucho mejor situación".

Juzga que "nadie sabe" –y nadie es nadie– los alcances devastadores del virus y aceptó que "como van las cosas, estamos destruyendo la economía", por lo que su "objetivo es realizar el máximo número de pruebas, para establecer que las personas que desarrollen anticuerpos para resistir el virus sean liberadas del aislamiento".

Cuando fue cuestionado de exagerar el peligro para permanecer en el poder, Netanyahu adujo que estaba “navegando entre icebergs” y que “detrás de él, habían otros países hundiéndose como Titanics”. !Qué fuerte!

Llama profunda y perturbadoramente la atención que hable del hundimiento de muchos países como Titanics con sus alcances simbólicos y metafóricos, naciones indestructibles en el papel y que acabaron por desaparecer, lo cual converge con la afirmación del ideólogo ruso Alexander Dugin, muy cercano al zar Vlady Putin y a los militares, quien advirtió sobre la extinción de muchos países (https://bit.ly/39GcdSs). ¿Será?

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El irresistible retorno de los militares en América Latina

En América Latina sonó la hora de las Fuerzas Armadas. En todos los países han recuperado protagonismo en ancas de la pandemia de coronavirus, acelerando una tendencia que se venía perfilando en los últimos años, con seguridad desde la crisis financiera de 2008.

Una tendencia que ahora se agudiza con el anuncio de Donald Trump de lanzar una vasta "operación de gran alcance contra el narcotráfico en el hemisferio occidental con el despliegue en el mar Caribe y el Pacífico sur de refuerzos militares de la armada y la fuerza aérea"

La excusa de la Casa Blanca es que los cárteles de la droga pueden aprovechar la situación para avanzar en su negocio, por lo que dispuso la movilización del Comando Sur, con sus 22 países aliados, y de la Guardia Costera para detener cargamentos ilegales. Sin embargo, también movilizó sus enormes buques-hospitales para atender la epidemia en Nueva York y Los Ángeles.

No estamos ante una tendencia que pueda reducirse a los objetivos estratégicos del Pentágono, ya que involucra a todos los gobiernos, a la oposición de izquierda o de derecha e, inclusive, abarca a sectores amplios de la población que sienten que los uniformados pueden aportarle la seguridad que la pandemia pone en riesgo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, militante de izquierda (Frente Amplio), reclama la presencia de las Fuerzas Armadas para asegurar la "distancia social" en supermercados y bancos, ya que se han producido algunas aglomeraciones en esos establecimientos.

En Guayaquil, Ecuador, donde la pandemia se ha cobrado cientos de víctimas, se militarizó la ciudad para intentar recomponer una situación caótica, en la que todas las mañanas aparecen cadáveres abandonados en las calles y las morgues y cementerios están colapsados.

El clima de caos crece sin cesar, aunque en ninguna ciudad llega al extremo de Guayaquil. Sin embargo, en Bogotá, Colombia, se pueden ver trapos rojos en las ventanas que representan pedidos de auxilio ya que la familia que la habita, no necesariamente pobre, no tiene recursos para enfrentar la situación.

Sucede que el coronavirus está llegando a una región donde más de la mitad de la población, o sea más de 300 millones, viven en la informalidad: venden en mercados y calles, recogen basura, escombros y cartón para revender, ofrecen servicios del más diverso tipo, desde reparto a domicilio hasta traslado de personas y mercancías. Esos millones no pueden estar ni una semana sin trabajar, ya que no tienen ahorros, viven en casas precarias y, por supuesto, no cuentan con seguridad social.

En contra de la voluntad del ministro de Economía, Paulo Guedes, el gobierno de Brasil se vio obligado a conceder un subsidio mensual de 120 dólares a 30,6 millones de trabajadores informales, durante tres meses, ya que no perciben ningún ingreso. Aunque Brasil luce como potencia emergente, hay tantos trabajadores formales como informales, algo que sucede en todos los países de la región.

 

La presencia militar llegó incluso a un país como Argentina, donde los uniformados tienen un muy bajo prestigio social luego de la derrota en la Guerra de Malvinas (1982). En las villas miseria del conurbano de Buenos Aires, se registraron días atrás escenas de aplausos masivos cuando llegan los camiones militares cargados de alimentos para los más pobres.

En Brasil se hablaba abiertamente de golpe de Estado para apartar a Bolsonaro, porque rechaza la cuarentena y mantiene una política errática y desafiante. El 30 de marzo, los comandantes de las FFAA decidieron que el general del Ejército

Braga Netto, que había sido nombrado por Bolsonaro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete), se haga cargo de coordinar el Gobierno de Bolsonaro con una nueva función, la de "Jefe de Estado Mayor de Planalto", y lo denominan como un "presidente operacional", que tomará las principales decisiones y que puede, incluso, contrariar las declaraciones de Bolsonaro. En otros tiempos, se hablaría claramente de golpe de Estado.

¿Por qué los militares están ocupando un lugar tan destacado en la política latinoamericana?

Creo que hay que observarlo desde diferentes ángulos.

En primer lugar, para las élites económicas y políticas el mayor temor en una coyuntura como la actual es la posibilidad de un enorme estallido social si llegaran a desbordarse hospitales y hubiera una gran mortandad por la pandemia. Esto es posible por la acumulación de pobreza, precariedad del sistema sanitario y una tradición de luchas sociales muy importante en el continente.

Téngase en cuenta que en 2019 hubo estallidos sociales en Haití, Chile, Ecuador y Colombia, concentrados en el último trimestre, además de gigantescas protestas sociales protagonizadas por las mujeres contra los feminicidios y por el derecho al aborto, a las que deben sumarse demandas de casi todos los sectores, en particular contra la minería, las políticas neoliberales y las condiciones de vida.

En suma, un estallido en medio de una pandemia no sería nada extraño, ya que el clima social de revuelta esta muy presente en la región. Por eso, los militares cada vez juegan un papel más importante como guardianes de la estabilidad social.

En segundo lugar, un sector las clases medias de la región viven una situación de gran precariedad, con el enorme temor de caer en situación de pobreza o de perder parte de su estilo de vida. Esto ya lo vivieron las extensas clases medias argentinas en la crisis de 2001 y las brasileñas en 2013, aunque unas y otras se expresaron políticamente en sentido opuestos.

En tercer lugar, para una parte de los sectores populares los militares pueden ayudarles a paliar los problemas de sobrevivencia más aguda, o bien son referentes de orden como sucede en Brasil, Colombia y Venezuela, en todos los casos con opciones políticas divergentes.

En síntesis, las FFAA están siendo visualizadas, por las élites económicas y amplios sectores de las clases medias y de la población más pobre, como un principio de orden. En una situación compleja, eligieron la seguridad antes que la libertad, como venían haciendo en las últimas décadas de forma menos evidente.

19:44 GMT 03.04.2020

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La pandemia amenaza con dejar entre 14 y 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica

El coronavirus aleja aún más el objetivo de erradicar la carestía extrema, según la Cepal. En el horizonte más optimista, el 5,7% de su población estará en esa situación en 2030; en el más pesimista, el 11,9%

 Del bajo crecimiento a la recesión, sin solución de continuidad. El coronavirus ha transformado el sombrío horizonte económico en América Latina en el peor en más medio siglo, como recuerda a EL PAÍS el jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la región, Alejandro Werner. El brazo económico de Naciones Unidas para el desarrollo del subcontinente, la Cepal, se ha sumado este viernes al pesimismo sobre el frenazo de la actividad a escala global y sobre el golpe que va a hacer en una región siempre expuesta a los vaivenes de las materias primas, la manufactura, el turismo y las remesas. El choque será especialmente fuerte en una métrica clave del desarrollo social: la pobreza extrema. Según las cifras del organismo, si el avance de la pandemia provocase una caída del 5% en el ingreso medio de la población activa, el número de latinoamericanos en pobreza extrema pasaría de los 67,5 millones actuales a 82 millones. Si la merma de ingresos para la población económicamente activa fuese del 10%, esa cifra se dispararía hasta los 90 millones de personas.

Incluso antes de la llegada del Covid-19, la región no iba en buena dirección para acabar con la lacra de la pobreza extrema una década vista, tal como marcaba la hoja de ruta de la ONU. Tras una década larga de mejora, la tasa de población en situación de carestía extrema en América Latina —de por sí la región más desigual del mundo— lleva algo más de un lustro encadenando aumentos sobre unas bases ya muy altas: del mínimo de 2012 (8,2%) se ha pasado hasta superar con creces el doble dígito. El bajo crecimiento y la menor pujanza redistributiva de muchos Gobiernos de la región ya se habían dejado sentir en los últimos tiempos en un indicador clave del avance social, pero la pandemia es la puntilla: sin el efecto Covid-19, este indicador habría alcanzado el 10,7% a finales de este año; con el coronavirus ya en el mapa de riesgos, se disparará hasta el 13,3%.

En el nuevo escenario, los cálculos más optimistas (que contemplan una reducción de la desigualdad del 1,5% y un aumento del PIB por habitante del 5%) apuntan a una pobreza extrema en el entorno del 2,9% en 2030; y en el más pesimista (sin cambio en el patrón distributivo y con un crecimiento per cápita del 1%), ligeramente inferior al 9%. Pero la sacudida del virus sobre los cimientos mismos de la economía es la puntilla: hoy el cálculo más optimista apunta a una pobreza extrema del 5,7% de la población en 2030 y en el más pesimista, el 11,9%.

“El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo”, ha subrayado este viernes la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en la presentación de un monográfico sobre las secuelas económicas y sociales del virus en el subcontinente. “El mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia y la reactivación económica va a tomar su tiempo. No es una crisis financiera, sino de salud y bienestar. Y va a ser imprescindible el rol del Estado y no el del mercado: es el Estado, lo público, lo que nos va a sacar de esta crisis. No podemos volver a transitar por los mismos caminos que no han traído a estas grandes brechas”, ha dicho desde Santiago de Chile. “Estamos ante un cambio de época, de paradigma. Y tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo”.

En el plano macroeconómico, la Cepal prevé un golpe múltiple para América Latina, fundamentalmente a través de seis canales: la disminución de la actividad económica en sus principales socios (Estados Unidos, Europa y China), abaratamiento de las materias primas, interrupción de las cadenas mundiales de valor, menor actividad turística, reducción de las remesas e intensificación de la aversión al riesgo en los mercados mundiales. “Estamos ante una profunda recesión”, ha alertado. Todavía es pronto para poner cifras, pero la Cepal cree que la previsión inicial de impacto, del 1,8% del PIB, ya se ha quedado obsoleta. “Si le sumamos el impacto que está teniendo en EE UU y Europa, más allá de China, ya hablamos del 3% o el 4%”. Aunque la dentellada económica de las medidas de distanciamiento social va a ser fuerte, Bárcena ha hecho un llamamiento a mantener o aumentar las medidas aplicadas hasta ahora: “Si no cumplimos las cuarentenas en América Latina y el Caribe el impacto económico será mucho mayor”, ha sentenciado.

Como respuesta a este nuevo panorama económico, ha dicho la jefa de la Cepal, “la integración regional es crucial para enfrentar la crisis, más allá de las diferencias políticas. Lo más urgente es reconstituir las cadenas regionales de valor para disminuir la volatilidad externa. Es, quizá, una oportunidad para mirarnos hacia dentro”. Esta vez “el salvavidas no van a ser las materias primas: el impulso va a venir de los paquetes fiscales”. Y América Latina “carece del espacio suficiente" para responder a la coyuntura con el mismo brío que las economías avanzadas. Ante esa tesitura, ha agregado, la opción más conveniente sería que la comunidad internacional apoyase a los países de renta media mediante un “recorte o reperfilamiento” de su deuda. “Necesitamos medidas que están fuera de la caja, innovadoras: necesitamos que el FMI y el Banco Mundial nos ayuden”.

En el plano puramente sanitario, Bárcena ha recordado que el nivel de camas de hospital disponibles en la región está muy lejos del de Europa, donde el coronavirus está haciendo estragos y está exhibiendo que ningún sistema de salud es lo suficientemente fuerte como para resistir un choque de esta magnitud. En la región, los únicos países que tienen un nivel de disponibilidad de camas similar al de la Unión Europea son, según los datos de la Cepal, Cuba y dos pequeñas naciones caribeñas: Barbados y San Cristóbal y Nieves. Y el gasto público sanitario medio del área supera por poco el 2,2%, la tercera parte de lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Madrid - 03 ABR 2020 - 15:50 COT

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Sábado, 04 Abril 2020 06:04

Perú legaliza la impunidad

Perú legaliza la impunidad

Policías y militares eximidos de toda responsabilidad si abren fuego contra civiles

 

En medio de la grave crisis por la pandemia del coronavirus se metió el viejo virus de la mano dura y del autoritarismo. Hace unos días, con el país militarizado para controlar la cuarentena general y las garantías suspendidas por el estado de emergencia, se promulgó una ley de gatillo fácil. La norma tiene carácter permanente, no se limita al actual estado de emergenci y, exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que utilicen sus armas contra la población “en cumplimiento de sus funciones". Los uniformados no podrán ser detenidos si matan o hieren a alguien, y no se exige que haya proporcionalidad en su respuesta. Es decir, quedan en libertad de disparar contra una persona desarmada. 

Esta ley fue promulgada por el nuevo Congreso unicameral, que entró en funciones hace unos días. Un mal, y preocupante, debut. Desde el gobierno han optado por minimizar la gravedad y los riesgos de esta ley. En cambio, han redoblado su respaldo a las fuerzas armadas y a la policía, ahora empoderadas por el discurso oficial en medio del estado de excepción y el temor por el Covid-19. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos exigen su derogatoria.

El origen de la ley de gatillo fácil viene del anterior Congreso, disuelto constitucionalmente en septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra. Era un cuerpo dominado por la extrema derecha fujimorista y sus aliados, que la aprobaron con el clásico discurso de la mano dura contra la delincuencia y pensando también en proteger la represión contra las protestas sociales. El Ejecutivo no promulgó la ley en ese momento, pero tampoco la había observado cuando el Congreso fue cerrado. El asunto quedó en el limbo. 

El nuevo Parlamento, donde ya no domina el fujimorismo, pero otros partidos de derecha son mayoría y el presidente Vizcarra no tiene bancada porque no tiene partido propio, decidió estrenarse promulgando esta ley. El argumento fue que al no haber sido observada por el Ejecutivo, el Congreso quedaba habilitado para ponerla en vigencia. Así lo hizo, para escándalo y preocupación de muchos.

El presidente peruano hace presentaciones televisadas diarias  junto a sus ministros en las que responde preguntas enviadas por internet. Un pregunta fue sobre esta ley y sus consecuencias de impunidad en violaciones a los derechos humanos. Vizcarra evadió el asunto y pasó la palabra a su primer ministro y a su ministro de Justicia. Ambos coincidieron en hacer algunos “cuestionamientos técnicos” a la ley en poner el énfasis en respaldar a las fuerzas de seguridad. “Existe un respeto irrestricto de las fuerzas armadas y la policía a los derechos fundamentales”, dijo el titular de Justicia, Fernando Castañeda, tratando de sonar convincente. Palabras que los hechos de la historia reciente no respaldan. Todo lo contrario.

Las fuerzas armadas han tomado las calles junto a la policía para vigilar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, que se inició el 16 de marzo y debe concluir el 12 de abril, y del toque de queda, que ahora va de seis de la tarde a cinco de la mañana. En veinte días de cuarentena hay más de 40 mil detenidos por violar la restricción de salir. Hasta ahora no ha ocurrido ningún caso de algún herido o fallecido por disparos de las fuerzas de seguridad. Lo que sí ha habido son denuncias de abusos a detenidos.

Un caso de abuso especialmente notorio ha sido el de un capitán del ejército que golpeó repetidamente en el rostro a un muchacho que fue detenido en la calle, mientras lo insultaba y amenazaba a gritos. La agresión se conoció por la difusión de un video. El gobierno reaccionó separando del patrullaje al oficial. Pero días después, en declaraciones a un medio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, salió en apoyo del capitán, justificó el abuso cometido y anunció que el oficial sería repuesto para volver a las calles. En el gobierno hubo silencio. Las fuerzas armadas han difundido un amenazante video en el que recuerdan que están autorizadas a usar sus armas.

Esta ley que abre las puertas para los abusos y la impunidad se ha metido cuando toda la atención y el temor están puestos en el avance del coronavirus. Los contagios llegan a 1595 y las muertes a 61. La curva se acelera hacia arriba. En los últimos tres días los nuevos casos sumaron 530. El presidente Vizcarra ha admitido que hasta ahora la cuarentena no ha dado los resultados esperados, pero ha asegurado que sin ella la situación sería mucho peor. Los expertos coinciden con eso. Frente a esta situación, el gobierno ha reforzado las restricciones y ha anunciado que se endurecerán las acciones para hacerlas cumplir. 

Desde ayer se ha separado por género las salidas permitidas para comprar alimentos, medicinas o ir al banco: los hombres lo pueden hacer los lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábado. Los domingos no sale nadie. Todos los que salgan ahora están obligados a usar mascarillas para cubrirse la boca y nariz. Con estas nuevas medidas se espera bajar el crecimiento de los contagios, que si continúa al ritmo actual en unos diez días podría rebasarse la capacidad del precario sistema de salud.

Siempre ha habido sectores que apuestan por la represión como solución a todo. Pero con el miedo por el Covid-19 encima, los aplausos -y también los silencios- suicidas por esta ley de gatillo fácil se sienten con más fuerza que en otras circunstancias. El presidente Vizcarra ha dejado peligrosamente abierta la puerta a la posibilidad de que las fuerzas armadas sigan en las calles después que se levante la cuarentena por el coronavirus. 

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Se duplicó la ventas de armas en Estados Unidos

Largas colas en armerías de todo el país

Los estadounidenses compraron en marzo pasado 1,9 millones de armas, el doble que el mes anterior y el segundo mayor pico de la historia. Los medios atribuyeron estos números al temor de que se produzcan grandes desórdenes por el brote de coronavirus. A medida que estallaba la pandemia las filas en las armerías del país se duplicaban o incluso triplicaban en estados como Michigan, según reportaron medios estadounidenses. El diario The New York Times comparó la compra de armas con la acumulación de papel higiénico o latas de conservas.

Las cifras son una estimación en base a los controles de antecedentes que el FBI realiza a los compradores. Aunque hay estados y ferias en los que no es necesario ese trámite, por lo que el número puede ser sensiblemente mayor. El pico anterior en la venta de armas ocurrió en 2013, tras la matanza en la escuela primaria Sandy Cook de Conectticut, que dejó 26 muertos. Ese momento coincidió con los esfuerzos del ex presidente Barack Obama por imponer restricciones a la compra de armas. "La gente está nerviosa de que haya un cierto desorden civil que podría surgir si un gran número de personas enferman y un gran número de instituciones dejan de funcionar con normalidad", evaluó el profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia, Timothy Lytton, en declaraciones a The New York Times. Agregó que la gente puede tener ansiedad por protegerse si los organismos del Estado comienzan a erosionarse.

En los locales de venta minorista aseguraron que la mayoría de las ventas son a personas que por primera vez tienen un arma. Desde los organismos encargados de controlar el manejo de armas expresaron su preocupación"Si no creías que necesitabas un arma antes de marzo de este año, ciertamente no necesitas salir corriendo y obtener una ahora", manifestó David Chipman, asesor del Giffords Gun Control Group.

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Al borde del desastre. Venezuela entre el conflicto político y la crisis del sistema de salud.

El sistema de salud venezolano llega a la coyuntura actual en una situación dramática. Mientras, el régimen y la oposición dejan escapar otra oportunidad para lograr una tregua y Estados Unidos recrudece sus ataques.

Desde Caracas.El coronavirus estuvo a punto de lograr lo impensable: un acuerdo entre la oposición y el gobierno venezolanos. En pleno escándalo mundial por la pandemia, Henrique Capriles, excandidato presidencial, abrió, el 25 de marzo, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre oposición y gobierno para enfrentar la situación. Esa misma noche hubo dos reacciones casi paralelas. Nicolás Maduro aceptó: “Estoy de acuerdo con el planteamiento de Capriles”. Y entonces pidió al nuncio apostólico que sirviera de mediador y prestara la sede del Vaticano en Venezuela para entablar una reunión, lo más pronto posible, con los diferentes actores de la oposición. Pocos minutos más tarde, Juan Guaidó dijo estar dispuesto a hacer todo lo necesario, en un reconocimiento implícito de la necesidad de llegar a un acuerdo, aunque mantuvo reservas y planteó condiciones en torno a la distribución de la ayuda humanitaria, que, según él, debe ser realizada por organismos multilaterales y no por el gobierno de Maduro.

Previamente había habido gestos de distensión. Henry Ramos Allup, presidente de Acción Democrática, el principal partido de oposición, anunció el 10 de marzo que abandonaría la línea radical y abstencionista seguida hasta el momento y acudiría a las elecciones parlamentarias de este año. También en el ámbito internacional se vislumbra un nuevo panorama: el 23 de marzo la Unión Europea hizo público su pedido de que el Fondo Monetario Internacional financie a Venezuela e Irán en esta coyuntura y cesen las sanciones estadounidenses contra Caracas y Teherán. Sanciones que, en palabras de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, “les impiden obtener ingresos por la venta de petróleo”. El secretario general de la Onu, António Guterres, también pidió que se ceda en las medidas coercitivas. Hasta allí parecía sobrevenir un apaciguamiento en la escalada de ataques y un posible escenario de diálogo, aunque fuera mientras durara esta coyuntura mundial.

Trump, otra vez 

A pocas horas de abierto ese escenario, el día 26 de mañana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, en una conferencia de prensa del fiscal general William Barr, la presentación en tribunales de cargos contra el presidente Maduro y algunos de sus colaboradores por delitos de “narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y tenencia de armas y otros artefactos destructivos”. Acto seguido, puso precio a la cabeza del mandatario venezolano y a las de otros funcionarios y exfuncionarios. Como era de esperarse, la declaración del fiscal, luego corroborada por Trump en pleno vendaval viral, canceló cualquier intento de negociación y disparó discursos radicales de las partes enfrentadas en Caracas.

El gobierno de Trump pasó así de activar su radar financiero para bloquear a Venezuela en recursos, compras y ventas de petróleo, a dar luz verde a todo tipo de acción violenta que busque asesinar o capturar a Maduro y los suyos. Más que una salida militar, se trata de revivir las opciones parapoliciales a las que nos acostumbran las películas de la industria cultural más comercial. Esto sucede al lado de Colombia, un país sembrado de fuerzas irregulares, y a pocos días de que el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones confesara a las autoridades colombianas (luego del decomiso de un arsenal en el noreste de ese país) que planeaba invadir Venezuela junto con asesores estadounidenses para derrocar a Maduro. Paradójicamente, el general aparecía en la lista de personeros buscados por el Departamento de Justicia y a los pocos días viajó bajo arresto de Colombia a Estados Unidos.

A riesgo de que la situación resulte aún más esquizoide, a los pocos días, el 31 de marzo, con un planteo más civilista pero igual de prepotente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso la conformación en Venezuela de un consejo de Estado conformado por el chavismo y la oposición, sin Guaidó ni Maduro, que se encargue de fijar nuevas elecciones. La figura no está contemplada en la Constitución venezolana y ya ha sido rechazada por el canciller Jorge Arreaza.

La respuesta de Miraflores no se ha hecho esperar. La fiscalía venezolana citó a Guaidó para que declare el jueves 2 de abril. Es posible que el líder opositor quede preso bajo sospecha por el caso de las armas incautadas en Colombia. Con Guaidó detenido sólo cabría esperar una escalada mayor entre Caracas y Washington.

No debe perderse de vista que, aunque la actitud belicosa de la administración Trump luce desproporcionada en la actual coyuntura sanitaria mundial, la campaña presidencial en Estados Unidos sigue en marcha. El tema Venezuela es clave en el voto latino del estado de Florida, un territorio relevante en cuanto a lo electoral.

En ese contexto deben leerse las palabras de Carrie Filipetti, subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, quien ha dicho en los últimos días que Venezuela es un riesgo para la región y puede convertirse en un foco de la pandemia y un peligro para los países vecinos. Es un discurso llamativo en boca de una representante del gobierno estadounidense si se tienen en cuenta los datos oficiales sobre el covid-19: al cierre de esta edición, Venezuela tenía 150 casos y tres muertes por coronavirus, mientras que Estados Unidos tiene 240 mil casos y 5.600 muertes.

Colapso del sistema de salud

De todos modos, estos enfrentamientos se producen no sólo en el marco de las elecciones estadounidenses, sino también con un telón de fondo marcado por la objetiva debilidad de Venezuela en materia de salud pública. La salud venezolana ya estaba en una profunda crisis y podría verse desbordada rápidamente con la propagación del coronavirus.

Algunas relatorías de la Onu, como la publicada en noviembre de 2019 por el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, plantean que “el sistema de salud venezolano está al borde del colapso y muchos hospitales carecen de la infraestructura básica de agua y electricidad”. “Los pacientes hospitalizados, muchos de los cuales ya están gravemente enfermos, corren un alto riesgo de perder la vida a causa de las nuevas infecciones que adquieren mientras están en el hospital, ya que no es posible realizar una limpieza y de-sinfección básicas. Esto se agrava por la falta de medicamentos y la escasez de médicos y enfermeras para administrarlos. Enfermedades prevenibles, como el paludismo y la difteria, han vuelto con mucha fuerza. Las personas con enfermedades crónicas están entre las más vulnerables.”

En ese escenario, la Federación Médica Venezolana y otras organizaciones sociales alineadas con la oposición han señalado que los 46 hospitales públicos designados por el gobierno para encargarse de los casos de coronavirus no cuentan con las condiciones necesarias para atender a los pacientes. Lo cierto es que, por más que el gobierno se vanaglorie de una supuesta fortaleza en la esfera de la salud debido al apoyo de sus aliados (Cuba y China, entre ellos), el sistema sanitario sufre un gran deterioro. Si extrapolamos a Venezuela el nivel de demanda médica generada por el coronavirus en España e Italia, ya no estaremos hablando de un colapso, sino de un desastre en todos los planos de la vida nacional.

2 abril, 2020

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Covid19 y la doctrina del shock en los mercados financieros

A la vez que ha quebrado las cadenas de producción globales, covid19  ha revelado las graves disfunciones de los mercados financieros internacionales. La respuesta sin precedentes de los bancos centrales en favor de las grandes corporaciones, entre ellas las más contaminantes, no hará más que agravar la crisis climática.

 

Hace algo más de un mes, el 20 de febrero, el principal índice de la Bolsa de Nueva York, el Standard and Poors 500, alcanzaba sus máximos históricos. Los mercados de valores confirmaban así la visión de un ciclo eterno de prosperidad de la economía estadounidense. Las cotizaciones de las compañías parecían no tener límites, impulsadas por un crecimiento ininterrumpido del PIB durante 11 años —el más largo desde que se tienen registros—, una política monetaria complaciente y grandes rebajas de impuestos a las empresas. Y ello pese a que desde marzo de 2009 el S&P 500 se había revalorizado un 398%.

En realidad, y aunque con sus altibajos, no solo la bolsa americana ha disfrutado de una década prodigiosa. Los bonos o títulos de renta fija emitidos tanto por Estados como por empresas para obtener financiación de los mercados han alcanzado valoraciones nunca vistas. La razón principal han sido los estímulos monetarios implementados por los bancos centrales en forma de bajadas de tipos de interés y compras masivas de bonos o  Quantitative Easing (QE).

Básicamente, los QE crean dinero, pero en lugar de hacerlo el Estado emitiendo deuda pública —Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones, dependiendo de su plazo— para financiar gasto público, lo hace el Banco Central comprando deuda pública ya existente a bancos y fondos de inversión que la tienen en sus carteras. La diferencia es que en el primer caso el Estado decide en qué gastar el dinero, y en el segundo el dinero se destina a proporcionar liquidez a los inversores. No es poca diferencia.

Estas medidas, que inicialmente se diseñaron como extraordinarias y encaminadas a salir de la gran recesión de 2009, se han convertido en la receta fácil ante cualquier perturbación en los mercados. Episodios como el estallido de las primas de riesgo de los países periféricos de la UE en 2012, el Brexit o las guerras comerciales de Trump han provocado caídas de las bolsas que se han tratado sistemáticamente con intervenciones de los bancos centrales inyectando liquidez y comprando activos en mercado.

Estas compras de los bancos centrales hicieron que el precio de los bonos se disparase, y el precio es inverso a la rentabilidad. Cuanto más se paga por algo que “rinde” la misma cantidad, menos rentable es esa inversión. El precio de los bonos subió tanto que su rentabilidad se volvió negativa en la mayor parte de Europa —hasta -0,80% anual en el bono alemán a diez años—. Para las grandes corporaciones estas intervenciones han significado un inmenso regalo, llegando muchas de ellas a emitir bonos a tipos negativos, es decir, a recibir dinero por endeudarse.

La necesidad de conseguir rentabilidad se ha convertido en ansiedad. Con las bolsas y los bonos disparados, se ha ido empujando a los inversores a buscar nuevos tipos de activos en los que colocar su dinero. Algunos ya eran típicamente objeto de inversión, como el sector inmobiliario, donde los precios en muchos segmentos han superado a los de la anterior burbuja. Otros han empezado a serlo o han sufrido una financiarización extrema.

Infraestructuras de todo tipo, desde autopistas, puertos o aeropuertos hasta megaproyectos de energías renovables, pasando por residencias privadas de estudiantes. Todo tipo de servicios públicos diseñados bajo fórmulas de colaboración público-privada para ser empaquetados y vendidos a grandes inversores. Y por supuesto los recursos naturales, incluso el agua, entendida como un recurso cada vez más escaso y por lo tanto valioso, se han convertido en productos de inversión. Y si un día te encuentras en apuros descuida, siempre habrá un banco central a quien vendérselo.

Hasta las criptomonedas aprovecharon la ola, y aunque pincharon antes, llegaron a tener una capitalización de 800.000 millones en 2018 —ahora es menos de una cuarta parte—. Proyectos como Tron, que en septiembre de 2017 salió al mercado captando de inversores 58 millones de dólares a los cuatro meses valía 13.392 millones. Se multiplicaron los unicornios de internet, empresas que alcanzan la barrera de 1.000 millones de dólares de valoración sin haber llegado en muchos casos a generar beneficios.

Hasta se han creado fondos para invertir en los litigios de multinacionales contra Estados derivados de los nefastos Tratados de Comercio e Inversión, financiando las demandas a cambio de un porcentaje del resultado. Todo, absolutamente todo, es objeto de especulación por el enorme exceso de liquidez que es necesario rentabilizar.

En definitiva, ese océano de liquidez creado por los bancos centrales con el argumento de favorecer el crédito a empresas y familias ha servido para inflar artificialmente el precio de múltiples activos. Se ha extendido además a lugares muy diversos, financiarizando actividades controvertidas y creando graves distorsiones en los mercados como reconocen hasta sus propios participantes.

Cada rincón del planeta se ha convertido actualmente en algo sujeto a la especulación financiera en gran medida por la actuación de los bancos centrales, instituciones públicas, ajenas además a cualquier escrutinio democrático ni rendimiento de cuentas. Merece la pena recordar que el todopoderoso Mario Dragui fue uno de los directivos de Goldman Sachs que diseñó los mecanismos para que Grecia ocultase la dimensión real de su endeudamiento, años antes de tener rescata por el propio Dragui.

El cisne negro

Volviendo a Estados Unidos, ese 20 de febrero en que sus bolsas alcanzaron los máximos de todos los tiempos, ya existía algo llamado coronavirus y ya hacía un mes que se había decretado el confinamiento total de millones de personas en la región de china de Wuhan.

Desde ese día, las bolsas comienzan a retroceder, y sufren su mayor caída semanal desde 2008. La Reserva Federal (la FED) reacciona bajando los tipos de interés del 1,50% al 1,00%.

Entre el miércoles 10 y el viernes 13 de marzo la Bolsa estadounidense sufre la caída más rápida de toda su historia. De repente se ha tomado conciencia de que el covid19 que va confinando país tras país es un “cisne negro”, en el argot financiero un evento tan extraño que no sucede nunca. Hasta que sucede.

El domingo 15 la Reserva Federal vuelve a responder rebajando los tipos del 1% hasta el 0%. El lunes la bolsa vuelve a sufrir una caída histórica del 13%. Durante los siguientes siete días la FED lanza cada día una nueva medida con el encabezado siempre de “con el objetivo de facilitar el flujo del crédito a familias y empresas…”. Son en todos los casos facilidades para los bancos, desde proveerlos de liquidez por diversas vías hasta rebajarles requerimientos regulatorios y de información.

Entre estas medidas, retoma un QE que tenía congelado hace tiempo. El importe previsto son 700.000 millones de dólares, similar a los 750.000 millones de euros anunciados en paralelo por el Banco Central Europeo esa misma semana. Se destinarán a comprar en mercado tanto bonos del Tesoro como bonos hipotecarios —emisiones compuestas por paquetes de hipotecas—. Se trata de una medida para generar confianza a los inversores y a los bancos, demostrándoles que la FED está ahí para que puedan deshacer sus carteras si lo desean.

La primera semana la FED compró 125.000 millones de dólares al día. A ese ritmo en seis días agotaría el programa. Supone comprar en mercado cada diez días el equivalente al PIB anual de España.

Y los mercados siguieron cayendo. A mayor caída más se eleva la presión y las expectativas de intervenciones de los bancos centrales. El mercado lanza órdagos en forma de pánico a los reguladores. El viernes 20 de marzo la bolsa de EE UU había perdido un tercio de su valor desde aquel resplandeciente 20 de febrero de máximos históricos.

Durante el fin de semana todo tipo de bancos de negocios, expertos, y hasta miembros de la propia FED hicieron declaraciones anunciando cifras de paro, caídas del PIB, cuya lectura dejaba en estado absoluto de shock.

En tan solo una semana Goldman Sachs ha pasado de estimar una caída del PIB de EE UU del 5% a una caída del 24%. A 31 de marzo su última estimación es de un 34%.

La mayor intervención monetaria de la Historia

El lunes, tras abrir los mercados de nuevo a la baja, la FED anunció por sorpresa un nuevo QE. Y esta vez no pensaba defraudar. Incluía dos novedades muy importantes: la primera es que su importe es ilimitado. Tal cual. Parece un sinsentido que en un planeta de recursos finitos lo único ilimitado sea el dinero. En los medios financieros la llaman irónicamente QEternity.

La segunda novedad es que comprará no solo deuda pública e hipotecaria como hasta ahora sino también de empresas. Crea toda una batería de nuevos programas de entre los que destaca uno destinado eufemísticamente a “grandes empleadores”, esto es, para las grandes corporaciones. Permite a la FED prácticamente cualquier cosa, desde comprar en mercado bonos corporativos ya existentes hasta suscribir emisiones nuevas creadas ad-hoc solo para vendérselas a la FED. Incluso pueden recibir préstamos directos de la FED, con diferimiento del pago de intereses y de capital si así lo desean.

Es un rescate en toda regla a las grandes corporaciones, con dos diferencias frente a un rescate “tradicional”: puede aprovecharse de sus ventajas cualquier compañía, sin necesidad de estar en dificultades, y no exige absolutamente nada a cambio, a diferencia de lo que suele suceder en los rescates “tradicionales”.

Resultado: la Bolsa estadounidense tuvo la mayor subida diaria desde 1933. La subida que ha continuado varios días hasta alcanzar un 20% a cierre de marzo desde los mínimos de la caída. Y ello, coincidiendo de manera lacerante con el desbordamiento de contagios y fallecimientos por covid19 por todo el país

Un detalle, que ya no extraña en esta época de distopías. La FED ha delegado la ejecución del QE en Blackrock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo. Es decir, ha privatizado la intervención del organismo supervisor en los mercados. Soberbio. El conflicto de interés que supone ser a la vez un participante del mercado y el brazo ejecutor de intervenciones billonarias del banco central es inconcebible.

Todas estas intervenciones de la Reserva Federal han ido en paralelo al paquete de ayudas aprobado por el Senado, que asciende a 2 billones de dólares. Es dos veces y media el equivalente lanzado para combatir la recesión de 2009.

Aunque la medida que más se ha publicitado es el helicóptero del dinero que explicaba Yago Álvarez hace unos días, un cheque directo de 1.200 dólares para cada adulto y 500 dólares para los menores, esto solo representa un 14,5% del paquete. Una vez más se desvían cantidades ingentes de dinero público hacía las grandes corporaciones. No es de extrañar siendo Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que trabajó 17 años para Goldman Sachs y fundó posteriormente su propio hegde fund o fondo de alto riesgo especulativo.

La principal medida adoptada por Mnuchin en la administración Trump hasta la fecha ha sido el masivo recorte de impuestos a las empresas realizado en 2017, rebajando entre otros un 40% el impuesto de sociedades. El caso de Fedex es paradigmático: encabezando el lobby anti impuestos, la compañía pasó de tributar 1.500 millones de dólares en 2017 a cero el año siguiente.

A principios de 2020 Mnuchin anunció que estaba trabajando en una segunda oleada de rebajas de impuestos, y como la primera, tendrá el doble efecto de impulsar el precio de las acciones en Bolsa —una de las razones que llevó a Wall Street alcanzar máximos históricos en febrero—, a la vez que se debilitan las arcas públicas.

Entre las partidas de este paquete de ayuda ya firmado por Trump, hay una partida específica de 61.000 millones para apoyar a las aerolíneas. Otra partida de 17.000 millones se dirige a “compañías estratégicas en situación complicada”, que se presume está destinada a Boing. Tan claro es su destino que Boing ha declarado que solo la utilizará cuando se eliminen algunas de las obligaciones que conlleva.

Crisis financiera frente a crisis climática

Marzo de 2020 ha sido un mes vertiginoso en los mercados financieros. Algunas bolsas mundiales llegaron a perder un 40% de su valor, como en el caso del Ibex 35, y el apoyo con todos sus medios de bancos centrales y gobiernos han provocado recuperaciones de hasta un 20%.

Pero no han sido solo las bolsas. El coronavirus, al igual que ha quebrado por completo las cadenas de producción globales, ha expuesto nítidamente las múltiples disfunciones de los mercados financieros también globales hoy en día. Tipos de interés, divisas, oro, materias primas, todos están sufriendo en mayor o medida colapsos.

A lo largo del planeta se están ejecutando agresivas intervenciones para literalmente mantener el sistema funcionando. Algunas de ellas superando claramente la capacidad de un banco central en solitario, como la realizada el 15 de marzo que ejecutaron de manera coordinada el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo. O tan extrañas como la anunciada el 31 de marzo por la FED, en la que ante la escasez de dólares a nivel mundial por haberse convertido en moneda refugio, ofrece cantidades ilimitadas de dólares a cambio de bonos del Tesoro de EE UU a cualquier otro banco central del mundo. Porque además sin dólares no hay comercio internacional, aunque ahora esté congelado.

Todas las herramientas que la Reserva Federal y el Gobierno de EE UU fueron desplegando paulatinamente a lo largo de meses e incluso años para salvar a los mercados y salir de la recesión tras la caída de Lehman Brothers, las han utilizado hora en dosis muy superiores en apenas tres semanas.

La inmensidad de los recursos públicos cedidos a las empresas privadas hace no solo criticable las intervenciones desde el punto de vista moral, sino que muchos piensan que será peor el remedio que la enfermedad.

Pero sobre todo, a día de hoy nos enfrentamos a una crisis climática que requiere transformaciones inmediatas y radicales en los sistemas productivos, sociales y económicos. Todos estos programas e intervenciones para soportar a los mercados de valores apuntalan un sistema productivo y refuerzan principalmente a las grandes corporaciones en general, y a algunas de las industrias más contaminantes del planeta en particular.

En EE UU, sin pudor ninguno la primera industria que se ha propuesto rescatar “aprovechando” el coronavirus es la de las exploraciónes pretroliferas y fracking. Y en Canadá exactamente lo mismo.

Aprovechando el coronavirus estamos viviendo una aplicación acelerada de la doctrina del shock o capitalismo de desastre. Como relata Naomi Klein en su última entrevista virtual con El Salto y en el inspirador Decir NO no basta, y anticipando muchas de las medidas adoptadas estos días, el actual vicepresidente Mike Pence fue quien encabezó una lista de propuestas que Bush aprobó en respuesta a la catástrofe del huracán Katrina. En el plano ambiental Pence “consiguió” derogar las regulaciones ambientales en la costa del Golfo y que se diese luz verde a las extracciones petrolíferas en el Ártico.

Es estas pocas semanas de crisis, además de rescatar a la industria del fracking y otros combustibles fósiles —hundida por la guerra de precios Arabia Saudí-Rusia—, los enormes programas de estímulos han dejado completamente al margen al sector de las energías renovables, suspendiéndose o no renovándose incluso incentivos fiscales ya existentes con anterioridad. Tampoco es de extrañar siendo el director de la Agencia de Protección de Medioambiente Andrew Wheeler, quién trabajó entre 2009 y 2017 en un lobby enfocado a rebajar la legislación medioambiental y a defender específicamente a la industria del carbón.

Y como ha confirmado Mnuchin el 1 de abril, ya está trabajando en un segundo paquete de otros dos billones de dólares, enfocado en la construcción de infraestructuras, lo que sin duda será un nuevo desastre en términos medioambientales.

En Europa, el QE anunciado por el Banco Central Europeo tiene el triste nombre de Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Dispone de 750.000 millones de euros, que se destinarán en gran parte como ha denunciado Ecologistas en Acción, a comprar bonos de las principales corporaciones del continente —aquí la lista completa—. Entre los beneficiarios se encuentran algunas de las empresas de combustibles fósiles más contaminantes, como Enel, Total, Repsol, Shell, Naturgy, o ENI.

El importe del nuevo QE supone 12,5 veces el presupuesto anual de la Unión Europea para crecimiento sostenible. Y puesto en perspectiva global es una partida inferior a la destinada al rescate de aerolíneas en EE UU.

En el momento actual las medidas monetarias y fiscales que están adoptando frente al coronavirus bancos centrales y gobiernos tienen una escala tan enorme, un sesgo tan acentuado hacia las corporaciones frente a las personas y están dejando tan de lado la transición energética que chocan contra los límites del planeta.

¿El fin de los mercados financieros?

Las intervenciones en auxilio de las compañías cotizadas con la excusa de evitar el colapso en los mercados financieros están teniendo unas dimensiones tan desproporcionadas, que paradójicamente podrían acabar con ellos tal como se han entendido en la historia del capitalismo.

De hecho, llaman la atención comentarios incluso desde el sector financiero preguntándose qué sentido tienen los mercados de valores cuando prácticamente todo estará garantizado por la Reserva Federal y el Gobierno de EE UU.

Y mientras, en Europa empiezan a lanzar globos sonda sobre la posibilidad de que el BCE compre directamente acciones de las compañías, como lleva haciendo el Banco de Japón diez años en su paranoia monetaria. De hecho, está entre los primeros diez accionistas en la mitad de las compañías cotizadas de su país, renunciando además a sus derechos de voto como accionista y por tanto a la capacidad de apoyar medidas contra la crisis climática o de buen gobierno corporativo.

El estado de confinamiento físico hace necesario más que nunca el escrutinio colectivo del uso de los fondos públicos y de las políticas monetarias y fiscales. De lo contrario, cuando salgamos la doctrina del shock, real y financiera, puede haber acabado con todo.

3 abr 2020 06

Publicado enEconomía
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