¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se aleja de Maduro?

Aliado histórico del proceso bolivariano, el Partido Comunista de Venezuela se viene alejando del régimen de Nicolás Maduro, al que incluso acusa hoy de autoritario. La crisis económica, la pérdida de derechos laborales y las persecuciones a dirigentes sociales, sumadas a presiones de las bases y cálculos políticos, explican las tensiones actuales.

 

El apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, como líderes histórico y actual del movimiento chavista, se enmarcó en su estrategia clásica de «revolución por etapas»: una de «liberación nacional» y otra «socialista», de la que se deriva, para la primera etapa, una alianza catalogada como «frente nacional amplio patriótico», con un sector de la «burguesía nacional no monopólica y no asociada y ni dependiente del capital imperialista», al menos en su línea política vigente hasta 2017 (XIV congreso).

Entonces, en la concepción del PCV, su apoyo a los gobiernos chavistas tendría como objetivo respaldar el proceso de liberación nacional, en en que se define como enemigos principales al imperialismo, representado por Estados Unidos, y a la «fracción tradicional» de la burguesía venezolana. En esa primera etapa, la clase trabajadora debe acumular fuerza política y conquistar una ampliación de sus derechos laborales y sociales, pero sin trascender la relación capital-trabajo; porque lo fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas, para crear la base material que necesita la futura transición al socialismo.

Esta ha sido la política tradicional del PCV, que antes de su alianza con el movimiento chavista, lo ha llevado a apoyar a los gobiernos del general Isaías Medina Angarita (1941-1945) y del vicealmirante Wolfgang Larrazábal (1958), e incluso su posterior candidatura presidencial. También, a la realización de una alianza con militares nacionalistas para acabar con el segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), un estrecho aliado de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y, por último, a apoyar la candidatura de Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de 1993 y los dos primeros años de su segundo gobierno (1994-1998).

Maduro, como el liderazgo del movimiento chavista, también heredó de Chávez el apoyo del PCV, en medio de los llamados a unidad que proliferaron a partir de la última operación y muerte del líder histórico de la Revolución Bolivariana. Así, el PCV convocó de urgencia a su XII Conferencia Nacional y apoyó al «hijo de Chávez» como su candidato presidencial, asumió el programa gubernamental presentado por Chávez en 2012 (el llamado Plan de la Patria), y realizó críticas puntuales a la «corrupción» y «burocratismo» del aparato estatal. Esto, en el marco de la denominada amplia unidad patriótica antiimperialista.

Después de la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, el PCV planteó propuestas económicas como la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA), una central estatal de importaciones, aumento de los impuestos a la banca y suspensión de la asignación de divisas a la burguesía. Ya, en  2014, recomendó un aumento general y escalonado de salarios. Pero, a su vez, el partido realizó un giro para adaptarse al discurso oficial del gobierno acerca de la existencia de una «guerra económica» responsable de los altos índices inflacionarios y la escasez de mercancías, que provocó un deterioro sostenido del salario real. Así, empezó a exigir «cárcel para los especuladores, acaparadores y corruptos», en tanto expresiones de «una conspiración dirigida a profundizar las debilidades de la economía como instrumento que revierta el proceso político y social venezolano». 

En realidad, la recesión económica que comenzó en el 2014, acompañada de un incremento de la inflación y fenómenos como la escasez de mercancías, fue originada por la contracción unilateral de las divisas asignadas a las importaciones para dirigir esos recursos al pago de deuda externa del gobierno y los pasivos totales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ambos legados de Chávez. Una recesión económica que se agravó con el desplome del precio del petróleo en 2015 y con las primeras sanciones económicas estadounidenses en agosto de 2017. La aplicación de ese ajuste inflacionario desde 2013 inició el prolongado y profundo proceso de deterioro de la capacidad de compra de los salarios y pensiones, y afectó el acceso a bienes básicos como medicinas. No obstante, el encubrimiento o negación de esa política económica regresiva permitió al PCV mantener la alianza con el gobierno de Maduro para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en las que obtuvo una importante victoria la coalición de partidos de la oposición tradicional: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió dos tercios de la Asamblea Nacional. 

Esta victoria de la MUD, que canalizó el descontento por la depauperación de las condiciones de vida y el rechazo al gobierno de la mayoría de la población venezolana que ejerció su derecho al voto, fue explicada por el PCV como consecuencia de «no haber logrado que las masas adquirieran conciencia de la confrontación con el imperialismo y la oligarquía; es decir, existiría aún una incomprensión acerca de la agresión imperialista sostenida y multifacética». Por supuesto, en el marco de esa caracterización, el PCV defendió la declaración de desacato y revocación de las competencias a la Asamblea Nacional controlada por la oposición tradicional. Ello conllevó un cierre de facto del Parlamento y el establecimiento de un régimen político dictatorial por el gobierno de Maduro, a través del uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre 2016 y 2017.

Así, justificó la suspensión de derechos democráticos y recorte de libertades, que llevaron a la represión de las masivas protestas ocurridas en 2017, que comenzaron en defensa de la AN elegida en 2015, y después se convirtieron en una expresión de todo el descontento popular, con manifestaciones pacíficas y algunos hechos violentos. En sus palabras, «la ofensiva violenta reaccionaria podría ser neutralizada y derrotada con una acción eficaz, coherente y contundente de las instituciones y el pueblo». Claro, en la concepción del PCV, se enfrentaba simplemente a la «derecha fascista». Por eso, también, apoyó la imposición inconsulta de la Asamblea Constituyente en agosto de 2017, aunque solicitando retóricamente que fuera «revolucionaria».

Pero, más allá de ese respaldo político al gobierno, el agudo deterioro de los salarios y evidentes negocios de altos funcionarios y empresarios amigos con la asignación de dólares a un tipo de cambio oficial sobrevaluado, generó presiones en el PCV, y entonces en el mismo 2017 hubo un cambio de la línea política de ese partido, que es la base programática de la actual ruptura de la alianza con Maduro. Según el XV Congreso del PCV «se agudizan los conflictos en el bloque bolivariano, parte del cual ha cambiado su condición de clase para integrarse a los distintos sectores de la burguesía, produciendo contradicciones intercapitalistas no antagónicas». Y, también, resaltó la necesidad de organizar un «bloque popular revolucionario», que es el germen de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). 

Esos cambios programáticos no se tradujeron rápidamente en un ruptura con el gobierno. Por el contrario, el PCV apoyó a Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo 2018, porque, en su opinión, la agresividad de la escalada del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, pone en riesgo la perspectiva de la liberación nacional. Para intentar protegerse de las presiones de sus bases y algunos dirigentes, la dirección del PCV firmó un acuerdo programático con la presencia de Maduro, en su sede, que planteaba «jerarquizar el trabajo formal y con derechos» y «fortalecer el salario y restituirlo como componente principal y mayoritario del ingreso». Al contrario de lo suscrito con el PCV, el gobierno de Maduro comenzó entre julio y agosto de 2018 la aplicación del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que incluyó una megadevaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios, exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del impuesto sobre la renta para Pdvsa y el capital transnacional socio en las empresas mixtas, y una reforma laboral regresiva con el memorando 2792, emitido el 11 de octubre de ese año y firmado por el ministro de trabajo Eduardo Piñate. 

La ejecución del memorando 2792 ha sido central en el proceso de distanciamiento del PCV con el gobierno, ya que este promueve una destrucción de los ingresos salariales de la clase trabajadora y cambios regresivos en las relaciones laborales con la creación de una mesa técnica gubernamental encargada de evaluar la adaptación de los antiguos y nuevos contratos colectivos al salario mínimo, que ha implicado la violación del principio de progresividad, la afectación del concepto general de salario, el fin de facto de la negociación colectiva de los contratos laborales, despidos masivos e indirectos en empresas privadas mediante el uso de la figura de la suspensión de trabajadores con la continuidad del pago del salario mínimo pero sin recibir bonos compensatorios, y la eliminación del derecho a huelga al suprimir las salas de reclamos de las Inspectorías del Trabajo.

El resultado buscado, y logrado, fue la transformación en bonos a la mayoría de los ingresos salariales de la clase trabajadora, al mantener un depauperado salario mínimo en bolívares y establecer bonos en divisas. Esto, por supuesto, ha repercutido en el cálculo con base en el salario de incidencias como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales y horas extras y nocturnas. Desde 2018, los empresarios aplicaron esa bonificación salarial, con el pago de esos bonos en divisas de entre 50 y 30 dólares mensuales, los cuales tienen como objetivo evitar la masiva deserción de la fuerza de trabajo, parte de la cual ha migrado o se dedica al comercio informal. Ahora, en 2021, el gobierno de Maduro ha formalizado esa política laboral y empezó con un inconsulto contrato colectivo petrolero que establece una retribución de 137 millones de bolívares (74,11 dólares), con un salario que es de solo 5 millones de bolívares (2,7 dólares) y el resto son bonos de alimentación y transporte.

Las respuestas sindicales al memorando 2792 comenzaron en el mismo 2018 y fueron significativas, con la constitución y protestas de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) en noviembre de ese año. En esa confluencia sindical participaron importantes dirigentes de diferentes ramas económicas y miembros de organizaciones políticas del chavismo crítico, la oposición tradicional y la izquierda. El PCV no participó en la ITV, pero sí sectores políticos y sindicales aliados de su frente laboral. Esto aumentó la presión de las bases y algunos dirigentes a la dirección del partido para que se distanciara del gobierno, porque aunque la ITV según su concepción era conducida por «opositores» y «cierta izquierda antichavista» también había «participación de líderes obreros con militancia revolucionaria».

Paralelamente, la aplicación de una política del gobierno de desalojo y entrega de tierras a viejos y nuevos terratenientes ha afectado a sectores campesinos y también fue otro factor que incidió en la futura ruptura del PCV con Maduro. En ese marco, el PCV participó en una marcha campesina a Caracas en julio de 2018, que ante la presión de sectores militantes del movimiento chavista fue recibida por Maduro. Igual, continuó la misma política de desalojo y falta de apoyo a los proyectos productivos de esos campesinos, en el contexto de una alianza del gobierno con productores agrícolas grandes y medianos cercanos al ministro de agricultura y tierra Wilmar Castro Soteldo, que los ha catalogado como una «burguesía revolucionaria». En este clima de conflictividad en el campo venezolano, en octubre de 2018 fue asesinado Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del PCV. Un crimen sigue impune. 

Entonces, en el transcurso de 2019 y hasta la creación de la APR en agosto de 2020, el PCV desarrolló una contradictoria y oportunista política de denuncias y protestas en contra de altos funcionarios como los ministros Piñate y Castro Soteldo, pero sin cuestionar al principal responsable de esas políticas laborales y agrarias: el presidente venezolano. Al mismo tiempo, apoyaba incluso las maniobras corruptas del gobierno para desmontar el intento de gobierno paralelo de Juan Guaidó, aliado de Estados Unidos, y defensor de repudiables sanciones económicas extranjeras, que en realidad agravan la depauperación de las condiciones de vida de las clases populares y son fuente de corrupción en las filas de la oposición tradicional. En enero de 2020, el PCV regresó a la AN elegida en 2015 y respaldó a Luis Parra, al que el gobierno de Maduro intentó imponer como presidente del Parlamento en alianza con un grupo de diputados que había sobornado para que rompieran con la política de la oposición tradicional.

Las denuncias y protestas focalizadas en sedes del Ministerio del Trabajo e Instituto Nacional de Tierra y pedidos de rectificación gubernamental del PCV, no revirtieron la aplicación por el gobierno de sus políticas estatales, que por un lado benefician a sectores empresariales y acentúan la destrucción del salario real. Al contrario, entre 2018 y 2020, la respuesta de Maduro fue la criminalización de las protestas laborales ocurridas en la industria petrolera, empresas básicas de Guayana, administración pública, sector salud y educación, que incluyeron paros nacionales de enfermeras y del magisterio en 2018 y 2019, respectivamente. Por ejemplo, fueron despedidos o jubilados forzosamente varios dirigentes laborales como Jairo Colmenarez, Deillily Rodríguez, William Prieto y José Bodas: Y peor, detenidos otros como Rubén González, Tania Rodríguez, Elio Mendoza, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Gil Mujica, Eudis Girot, Guillermo Zarraga y Robert Franco. Hasta hoy, la mayoría de esos dirigentes laborales siguen presos en celdas militares o en casa por cárcel.

En ese marco, presionado por sus bases y algunos dirigentes, e intentando canalizar el descontento de sectores de base del chavismo, el PCV constituyó a la APR en agosto de 2020, junto a otros partidos y organizaciones políticas chavistas, para participar en las también cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de ese mismo año. La respuesta de Maduro fue igualmente autoritaria, con la intervención de fuerzas chavistas como Patria para Todos (PPT) y Tupamaros, y su entrega a direcciones progubernamentales a través de sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Y, además, el despido de sus trabajos y la detención de candidatas y candidatos de la APR, en medio del inicio de una campaña en contra de la «izquierda trasnochada»”.

Esos ataques de Maduro a la izquierda trasnochada, ocurren a partir de las críticas de la APR y oposición de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad, a la llamada «ley antibloqueo», que fue legislada por la inconsulta Asamblea Constituyente, y que plantea en sus artículos 26 y 29 una profundización de la política gubernamental de privatizaciones. Así, al principio de 2021, como parte del intento de aplicación de la ley antibloqueo y apertura de una negociación pública con el gobierno de Joe Biden y la Unión Europea, la nueva y fraudulenta AN, controlada por Maduro, ha realizado reuniones con gremios empresariales tradicionales como Fedecamaras y Conindustria para negociar la repartición de empresas y activos estatales en proceso de privatización, pero exigiendo apoyo con el objeto de solicitar el levantamiento de las sanciones extranjeras económicas y personales. Mientras, siguen sus ataques al PCV, afirmando que son agentes de EEUU y prohibiendo el derecho de palabra, a su único diputado.

El 30 de enero de 2021, el PCV respondió con un comunicado que sin decirlo textualmente es una ruptura con Maduro. Allí denunció la aplicación de un «brutal ajuste neoliberal» en curso e instó «a corregir ese llamado a la intolerancia, al odio, la persecución y el irrespeto del ejercicio de los derechos políticos y democráticos». Pero, esas políticas que el PCV ahora rechaza totalmente, tienen origen en el ajuste inflacionario que comenzó en 2013, en los intentos para atraer capital transnacional con el decreto-ley de inversiones extranjeras y las zonas económicas especiales de 2014, y la ejecución del Arco Minero del Orinoco y la implantación de un régimen político dictatorial desde 2016. Ahora, el PCV reconoce las políticas autoritarias del gobierno de Maduro, y en el comunicado antes citado señala que ese camino «puede conducir al fascismo». No obstante, aunque es un avance, todavía reivindica solo las libertades y derechos democráticos de militantes y simpatizantes chavistas, como si el resto de la población venezolana de diferentes orientaciones políticas debería ser privada de derechos políticos; así también lo consideran los líderes gubernamentales del movimiento chavista.

El chavismo crítico del PCV, que reivindica a Chávez y sus aportes a la llamada liberación nacional, pero se opone a Maduro, ya ha fracasado antes, cuando fue intentado por Marea Socialista y Redes. El chavismo es un movimiento nacional-populista y de rasgos castrenses, con una lógica de mando-obediencia entre dirección y bases. El PCV lo único que puede canalizar es chavismo militante, por eso su pírrico resultado en las pasadas elecciones parlamentarias.

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Entre el desborde de la pandemia y las protestas, Mercosur se queja de EEUU y busca auxilio en China

Las palabras de los cancilleres del Mercosur deben haber caído como una bomba en los despachos de la Casa Blanca. "Sólo China está escuchándonos, China está golpeando nuestras puertas", dijo el uruguayo Francisco Bustillo, en la conferencia organizada por el centro de pensamiento Atlantic Council, con sede en Washington.

 

En el evento participaron además Felipe Solá, por Argentina, Ernesto Araújo de Brasil, Euclides Acevedo de Paraguay, completando los cuatro países fundadores del Mercosur (Mercado Común del Sur) cuando se cumplen los 30 años de fundación del bloque sudamericano.

Pese a las enormes diferencias ideológicas y políticas, los cuatro cancilleres reclamaron a EEUU que preste más atención a la región, que está siendo cautivada por China que ya es el principal socio comercial de varios de sus países.

Además de quejarse, pidieron ayuda con las campañas de vacunación. Al respecto, Bustillo enfatizó que "Estados Unidos debe escucharnos porque el único que nos presta atención es China, que golpea continuamente nuestras puertas porque el Mercosur somos una región muy rica. Es importante que EE.UU. reconozca que hay un bloque que apoya aún a Occidente, pero se deben preocupar y acercar más a nuestra región".

El argentino Solá, cuyo país ocupa la Presidencia pro témpore del Mercosur, enfatizó que "hay una reconfiguración del tablero internacional y no se puede desconocer el rol protagónico cada vez mayor de China".

En tanto, Bustillo pidió asistencia por el "tsunami económico" que está sufriendo la región por la pandemia de COVID-19. Pero fue el paraguayo Acevedo el más enfático a la hora de denunciar la escasez de vacunas. "Las vacunas deberían ser un bien común universal, pero no las obtenemos debido a la avaricia de algunos", señaló Acevedo.

En Paraguay estos días se registran importantes manifestaciones populares de una población cansada de la pandemia, donde la campaña de vacunación aún no ha comenzado.

Un reciente informe de la edición brasileña del diario El País, plantea la enorme desigualdad en la distribución de vacunas en la región, que se superpone a la que existe en el mundo. Hasta ahora América Latina recibió vacunas para inmunizar apenas el 2,8% de la región, pero el 87% de las dosis se concentran en cuatro países: Brasil, Chile, México y Argentina.

El presidente de la Cruz Roja argentina, Diego Tipping, destacó que "dos tercios de las vacunas fueron destinadas a los países más poderosos y apenas el 0,1% a los 50 países más pobres". En ese sentido, México llevó una demanda por mayor equidad en la distribución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

De los cuatro países del Mercosur, la mayoría de las vacunas recibidas provienen de Rusia y de China. Argentina viene vacunando con Sputnik V, AstraZéneca y Sinopharm. Brasil fabrica la Sinovac en el instituto Butantan y AstraZéneca en el instituto Fiocruz. En tanto, Uruguay vacuna prioritariamente con Sinovac y cuenta con algunas dosis de Pfizer. Por último, Paraguay recibió vacunas Sputnik V.

El caso de Uruguay es sintomático. Aunque el Gobierno de Luis Lacalle está alineado con Washington, está recibiendo casi dos millones de vacunas de Sinovac y apenas 50.000 de Pfizer, pese que la empresa estadounidense asegura que "Uruguay tuvo prioridad para recibir las vacunas".

Los principales países de la región están considerablemente atrasados en la vacunación. Brasil y Argentina se acercan al 5% con la primera dosis. En contraposición, Chile ya vacunó al 30%, pero Paraguay, Venezuela y Ecuador aún no llegan al 1%.

El viraje político más evidente fue el de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro había dicho que jamás compraría vacunas chinas. Esta semana, el Ministerio de Salud envió una carta al embajador de China para que "interceda ante la estatal Sinopharm para que libere 30 millones de dosis del inmunizante".

El Ministerio de Salud es consciente de que Brasil enfrenta una situación especialmente grave, como consecuencia de la variante P1, originaria de Manaos y mucho más contagiosa."El Ministerio de Salud está consciente de la importancia de contener esta cepa e impedir que se difunda por el mundo, recrudeciendo la pandemia", afirma la carta.

La llamada de auxilio de los cancilleres del Mercosur se relaciona con dos hechos de días que tienen un enorme poder desestabilizador, poniendo en jaque a los gobiernos.

El primero y más acuciante es el desborde literal del sistema de salud en Brasil y también en Paraguay. La mayoría de las ciudades brasileñas tienen más del 80% de las plazas de Unidades de Tratamiento Intensivo (UTI) ocupadas. En varias ciudades importantes, como Porto Alegre, el 111% de las camas de UTI están ocupadas, o que indica que hay enfermos esperando en los pasillos.

La desesperación del gobierno de ese estado lo llevó a firmar un convenio para la compra de 10 millones de dosis de Sputnik V para superar la inoperancia del Gobierno nacional.

El segundo problema se deriva directamente del anterior. Los sucesos de Paraguay, con enormes manifestaciones de jóvenes cansados de la pandemia y de la ineficiencia del Gobierno de Mario Abdó Benítez, provocó la renuncia de todo su gabinete para ganar tiempo y conseguir capear la crisis.

Sin embargo, las manifestaciones continúan y nada hace pensar que vayan a desactivarse. Paraguay recibió apenas 20.000 dosis de Sputnik V, entregadas por el Gobierno argentino. Pero hasta ahora vacunó apenas a 4.600 personas, el 0.06% de la población.

Lo que detonó las movilizaciones, según una referente de las ollas populares donde comen miles de paraguayos, "es la crítica situación de la salud, las familias que tienen familiares internados no tienen medicamentos, sin embargo se hizo un préstamo de 1.600 millones de dólares que se esfumó porque no se destinó a la compra de medicamentos, de insumos o equipamiento de hospitales y colapsó definitivamente".

Los demás gobiernos del Mercosur y de la región tienen que haber tomado buena nota de lo que viene sucediendo en Paraguay. No olvidan tampoco que cuando comenzó la pandemia, había protestas importantes en Chile, Ecuador y Colombia, y que en el medio de la pandemia se registró un levantamiento popular en Bogotá contra el abuso policial y otro en Perú contra un golpe parlamentario.

Nadie puede saber si en esta situación de cansancio, de mala gestión de la pandemia y de pobreza creciente, pueden producirse estallidos sociales. A mi modo de ver, esto está detrás de las críticas a EEUU y la pedida de auxilio a China.

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"Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI", señala Alicia Bárcena,

Una asignación de derechos especiales de giro (DEG)  beneficiaría a todos los países en desarrollo

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

 

El reciente llamamiento de la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, respecto de una nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Grupo de los Veinte (G-20) aprobó recientemente, y la reasignación de los DEG excedentes a los países de bajos ingresos, es una iniciativa muy bienvenida y necesaria. La acción internacional concertada y la solidaridad son los únicos medios para afrontar y superar la crisis de la covid-19.

Una respuesta verdaderamente multilateral y global a la pandemia debe extender los beneficios de esta iniciativa a todos los países en desarrollo, independientemente de sus niveles de ingreso, en particular los países de ingreso medio, que representan el 75 por ciento de la población mundial y aproximadamente el 30 por ciento de la demanda agregada mundial. Lo que es más importante, los países de ingreso medio representan el 96 por ciento de la deuda pública de los países en desarrollo (sin incluir China y la India). Los buenos resultados de estos países a la hora de afrontar la covid-19 son fundamentales para la recuperación y la estabilidad financiera mundiales.

Los países en desarrollo han sufrido, sin duda, el impacto social y económico más duro de la crisis actual. El aumento de las tasas de pobreza y de pobreza extrema, la pérdida de puestos de trabajo y el descenso del ingreso per cápita no tienen precedentes. Estos impactos no solo afectan a los países de bajos ingresos, sino también a los países de ingreso medio.

La región de América Latina y el Caribe ha sido la más afectada del mundo en términos de contracción del PIB real (-7,7 por ciento en 2020). A ello se suma el cierre de más de 2,7 millones de empresas y el aumento del número de desempleados, que ha llegado a 44,1 millones de personas, así como del número de personas que viven en la pobreza, que ha pasado de 185,5 millones a 209 millones, alcanzando el 33,7 por ciento de la población total. La pobreza extrema ha afectado a 8 millones más de personas y llega a 78 millones de ellas. A finales de 2020 el nivel del PIB per cápita era igual al de 2010, lo que representa, en todo sentido, otra "década perdida".

Los efectos de la pandemia y las políticas aplicadas como respuesta a ella han aumentado las necesidades de liquidez de los países en desarrollo, en particular los de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, las medidas fiscales de emergencia para contener la caída de la producción han provocado un aumento de los niveles de deuda que, si no se controlan cuidadosamente, pueden poner en peligro la recuperación y la capacidad de los países para construir un futuro mejor.

La región de América Latina y el Caribe es la más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda del gobierno general alcanzó en 2020 el 79,3 por ciento del PIB y el servicio de la deuda externa se situó en un 57 por ciento en relación con las exportaciones de bienes y servicios. A diferencia de lo que ocurre en las economías desarrolladas, las economías de América Latina y el Caribe, al igual que las demás economías en desarrollo, se enfrentan a un gran obstáculo para crear un espacio de política que permita aumentar sustancialmente sus niveles de deuda sin poner en peligro sus calificaciones crediticias, la estabilidad del tipo de cambio o incluso la posición de sus reservas internacionales.

El grueso de las medidas monetarias y fiscales contracíclicas mundiales para combatir la pandemia, que equivalieron, respectivamente, a 12 y 7 billones de dólares en 2020 (24 por ciento del PIB mundial), fueron puestas en práctica por países desarrollados.

Una nueva emisión y reasignación de una cantidad significativa de DEG es la manera más eficaz y expeditiva de garantizar suficiente liquidez a las economías en desarrollo y proporcionar el espacio de política necesario para enfrentar los efectos de la pandemia. Vincular la creación de nuevos recursos internacionales con las transferencias financieras a los países en desarrollo para atender sus necesidades de desarrollo es un reclamo de larga data. Ahora es más relevante que nunca: es indispensable para poner los Objetivos de Desarrollo Sostenible al alcance de los países en desarrollo.

El acceso a los DEG es un derecho inalienable de todos los miembros del FMI. Los DEG no generan deuda adicional ni suponen condicionalidades. Además, no están sujetos a trabajosas negociaciones sobre aumentos de cuota o acuerdos de préstamo. Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI (que actualmente asciende a unos 800.000 millones de dólares, es decir un tercio de las necesidades de financiamiento estimadas de los países en desarrollo) y ofrecería un mayor incentivo para que todos los países participaran en esta iniciativa; el apoyo financiero del FMI para enfrentar la covid-19 representa apenas el 12 por ciento de su capacidad de préstamo.

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

Dado que cualquier nueva emisión de DEG se asignaría principalmente a los países desarrollados (aproximadamente el 60 por ciento del total), debe establecerse un mecanismo para la reasignación voluntaria de DEG excedentes de los países desarrollados a los países en desarrollo. Debería considerarse seriamente la implantación de un mecanismo para poner en común los DEG en el marco de los mecanismos multilaterales existentes y su reasignación para fortalecer la capacidad financiera de los acuerdos de financiación regionales y otras instituciones financieras regionales como forma de aumentar la liquidez y poner los DEG al servicio del desarrollo económico y social.

Por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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Viernes, 12 Marzo 2021 05:22

Paraguay: reclaman un Estado soberano

Paraguay: reclaman un Estado soberano

La crisis política que se expresa en estas semanas en Paraguay como consecuencia del colapso de la política sanitaria que lleva días ininterrumpidos de movilizaciones, muestra algunos elementos novedosos y otros estructurales que indican, en parte, el carácter recurrente de las mismas y las configuraciones políticas de antaño.

Hace más de medio siglo, la ANR (Partido Colorado) centraliza el juego político e intenta monopolizar la representación de las crisis. Desde por lo menos el stronismo (la añeja dictadura paraguaya) hasta hoy, el Partido Colorado ha comandado el ordenamiento de todo el sistema político. La misma crisis que sacó al “dictador supremo”, comandó la transición a la democracia, habilitó y monitoreó al luguismo (2008-2012) y, en lo que parecía su fase final, salió en busca del empresario que, al igual que Stroessner, no pertenecía a esa “casta” política. Horacio Cartes (2013-2018) tenía como cualidad principal no formar parte de ninguna de las estructuras partidarias caducas -en efecto, en su campaña no hubo banderas coloradas- y, sin embargo, pudo salvar al partido. Creó su corriente interna, juntó voluntades, armó un padrón y hoy desafía en paridad a las elites políticas (propias y ajenas). En fin, la nueva derecha latinoamericana -pero también Trump- aprendió de las dificultades que implica lidiar con el partido y también a advertir que no alcanza con ser empresario, sino que es preciso controlar parte del Estado.

Fracasado el intento de reelección presidencial de Cartes, llegó Mario Abdo Benítez, el representante de la tercera posición. Un presidente prolijo y sin pretensiones, sin bases y sin control partidario, parte de esa burocracia agrietada que nadie desea, pero que todos necesitan. “Marito” el presidente de la transición del propio partido. Tono calmo, familia ensamblada, la Biblia y la prenda de la paz. Stronista por lazo filial, moderno por imposición de la época.

Claro está que el proceso no pasó a espaldas de una ciudadanía televidente o televisada. La política no es sólo juego de élites y en cada manifestación, el pueblo puso sus muertos. Desde aquella memoria colectiva del “marzo paraguayo”, cuando se produjeron masivas protestas contra el presidente Raúl Cubas Grau (1998-1999) y el general Lino César Oviedo tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, varios marzos parecen reactivarse. El marzo del 2017, con la quema del Congreso cuando el presidente Horacio Cartes intentó promover una enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, hasta el presente, donde la crisis sanitaria y el deficitario manejo gubernamental mostró con crudeza la capacidad política del actual presidente. Si la pandemia no vino a poner en crisis al capitalismo, sí vino a mostrarnos cómo funciona, siendo Paraguay un escenario privilegiado de esta tesis. No sólo tiene el último turno mundial para conseguir vacunas, sino que tiene un Estado diezmado, sin recursos, pero con una corporación empresarial que cada día tiene mayor capacidad de acumular. Al precio de la soja no le llegó el Covid. Pero la cuarentena hizo colapsar a una economía urbana y campesina mayoritariamente informal.

Si Mario Abdo Benítez llegó sin controlar el partido, mucho menos podía dirigir el Estado. Y la pandemia reclama estatalidad. Como las piezas endebles de un gobierno que no terminó de llegar, fueron cayendo los ministros de Salud y Educación, la ministra de la Mujer y el jefe de Gabinete.

No es la primera vez que, ante una crisis, las élites políticas apelan a la figura del juicio político -introducido con la reforma constitucional de la primavera democrática de 1992- para destituir presidentes. Pensada en su origen como una herramienta de control y regulación sobre el Poder Ejecutivo, se convirtió en una prenda de negociación entre las fuerzas partidarias como de condicionamiento del Poder Legislativo al Ejecutivo. El juicio político es la fantasía que conservan las elites políticas para dirimir conflictos de orden superestructural. Así, creyeron terminar con Fernando Lugo, hoy posicionado junto al Partido Liberal para un próximo round electoral. La pandemia aplazó las elecciones municipales (2020), pero todo indica que la postergación de estos comicios le dio un nuevo cariz, diluyéndolos en una prematura carrera presidencial ya en marcha (2023). De ella participan todos los que buscan erosionar el último ratio de legitimidad presidencial.

Paraguay vuelve a estar frente a su propia crisis. La continuidad de Mario Abdo Benítez quedará sellada por Horacio Cartes. En tanto, el pueblo sigue en las calles, reclamando la intervención de un Estado soberano.

Por Lorena Soler y Florencia Prego*

*Sociólogas (UBA-IEALC) . 

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Jueves, 11 Marzo 2021 05:38

Lula de vuelta al ruedo

Lula de vuelta al ruedo

Por primera vez desde su prisión, en abril de 2016, Lula da Silva hizo un largo pronunciamiento, casi hora y media, mostrando estar en plena forma: abordó un largo abanico de temas y aspectos de la tragedia vivida en Brasil, con énfasis en algunas iniciativas del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro y, en especial, relacionadas a la pandemia que diezmó a al menos 270 mil vidas y sigue en ascenso, ahora con la media de dos mil muertes diarias.

Al mismo tiempo, recordó logros de sus dos mandatos presidenciales y, en una clara muestra de que al recuperar sus derechos políticos también recuperó su espacio de lucha, lanzó señales sobre cómo serán sus pasos a partir de ahora. No se declaró candidato en 2022, pero actuó como si lo fuera.

Las duras críticas de Lula sobre la conducta errática, irresponsable y genocida de Bolsonaro tuvieron efecto inmediato: horas después y luego de 36 eventos oficiales en los que hizo alarde de no usar mascarilla, el mandatario apareció utilizando el protector. Y más: elogió las vacunas, pese a haber retardado de manera absurda su adquisición.

El discurso de Lula giró alrededor de cuatro ejes principales: la economía destrozada, el desempleo, la pandemia y la hartísima distribución de armas llevada a cabo por Bolsonaro.

“El pueblo no quiere armas, quiere empleo”, “el pueblo no quiere armas, quiere vacunas” fueron frases esparcidas lo largo del pronunciamiento de Lula, y también tuvieron inmediato efecto sobre el clan presidencial. Horas más tarde, el senador Flavio, primogénito de Bolsonaro, envió un mensaje a sus seguidores a través de las redes sociales: “Nuestra arma es la vacuna”. Hasta hace menos de 24 horas él, a ejemplo del papá presidente, despreciaba la inmunización.

Si el duro discurso de Lula, bien como su disposición de ir rápido al frente de batalla, creó semejante desconcierto en el clan presidencial, a punto de provocar un vuelco radical e inesperado, en el medio político se abren incógnitas sobre cómo reaccionarán la derecha y el centro-derecha. Ya la izquierda y el centro-izquierda empiezan a moverse rumbo a un frente amplio que, por lo que se entendió de las palabras de Lula, buscará cooptar sectores empresariales y también conservadores, a no confundir con reaccionarios, dispuestos al diálogo.

Además de partidos de derecha, otro sector que reaccionó mal a la vuelta al ruedo de Lula fue el de las Fuerzas Armadas. Varios altos mandos, algunos en el ápice de la carrera, aceptaron hablar con periodistas bajo la condición de anonimato, una manera de mandar un duro alerta al ex mandatario. Pese a que Lula les recordó que, bajo sus dos mandatos, las Fuerzas Armadas fueron ampliamente favorecidas, una vez más quedó patente que los uniformados activos –de los retirados mejor ni hablar– alimentan un odio visceral al PT. Es a raíz de lo que hizo la entonces presidente Dilma Rousseff,  instaurar la Comisión de la Verdad, que es considerado entre los castrenses una “medida puramente revanchista”.

Al menos en este primer momento, y hay indicios de que tanto Lula como los más altos dirigentes del PT lo preveían, se estableció una polarización entre Bolsonaro y el ex mandatario.

El discurso incisivo de Lula tuvo como respuesta del actual mandatario una serie de vaguedades de difícil comprensión. Si uno fue puntual y objetivo en sus denuncias, el otro pareció un barco a la deriva en sus respuestas para defenderse.

Todo eso ocurre en medio de la escalada trágica de la pandemia. Para la nochecita se supo que en las 24 horas anteriores el número de víctimas fatales pasó de dos mil. Considerándose el gran volumen de sub-notificaciones, algunos especialistas dicen que en verdad pueden haber sido más del triple.

Hay un colapso generalizado en hospitales de casi todo el país y el general en actividad al frente del ministerio de Salud gira sin rumbo, como si fuese un borracho en medio de una balacera.

Y también por la nochecita surgieron rumores relacionados a qué estarían tramando los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, frente al cada vez más palpable desgaste de su imagen en la opinión pública, gracias a su identificación con un gobierno genocida.

El rumor más intenso indica la disposición castrense para, de seguir el desgobierno del ultraderechista, patrocinar una especie de catapulta para extirparlo y ascender a su sillón al vice-presidente, el muy reaccionario general retirado Hamilton Mourão. Quien, por su vez, establecería un “gobierno de notables”, en substitución al amontonado de nulidades y patéticas y aberrantes figuras actuales, del cual saltaría una figura para, en 2022, disputar la presidencia con Lula.

Nada indica que eso venga a ocurrir a corto o mediano plazo. Pero todo indica el efecto explosivo de la vuelta de Lula al ruedo.


Lula el conciliador está de vuelta

Después de tres años de prohibición, cinco si contamos desde que se le impidió asumir como ministro de Dilma, Lula está de regreso. Su discurso de este miércoles en el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de São Bernardo marca una nueva etapa en la vida política nacional.

Thiago Flamé

La Izquierda Diario

En los últimos cinco años, la frágil democracia brasileña ha sido pisoteada por los agentes del capital financiero, por altos mandos militares, por los políticos del “centrão” que han pasado de lulistas a estafadores para garantizar el flujo de bolsas de dinero en tiempos del Lava Jato. Impusieron un techo al gasto estatal, la reforma laboral, la reforma previsional y ahora continúan con el PEC de Emergencia, un ajuste fenomenal al gasto público. El clan Bolsonaro, se ríe en la cara de la gente, que tiene a la pandemia, el desempleo y el hambre llamando a la puerta.

Este paraíso para especuladores, grandes empresarios y militares, sin embargo, está sobre una olla a presión que aún no estalla, pero que acumula cada vez más energía y calor. El levantamiento popular en Paraguay incluso muestra que la olla puede explotar cuando menos se lo esperen. Los golpistas más lúcidos, que no han sido completamente cegados por su propio discurso triunfalista, comienzan a temer las consecuencias del cinismo y la soberbia bolsonarista. Temen que cuando se rompa la cuerda, no solo afecte a Bolsonaro, sino que se lleve consigo a todos sus cómplices directos e indirectos en los últimos cinco años. Campeón de anticipar los procesos de explosión social, sectores de la clase dominante brasileña comienzan a levantar su muro de contención: Lula.

Porque Lula nunca fue radical ni socialista. En cada momento decisivo, jugó un papel crucial en nombre de la paz social y en defensa del orden capitalista. Durante las grandes huelgas del ABC paulista de fines de los ’70, donde se proyectaba como líder nacional, Lula fue clave para evitar que el proceso se convirtiera en una lucha abierta por el derrocamiento de la dictadura, evitando que fueran el polo aglutinador de una huelga general que echara a los militares del poder. En los noventa, incluso en oposición al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Lula contribuyó decisivamente a poner fin a la huelga de los trabajadores petroleros que conmocionaba al país. Cuando ni los tanques del ejército que el gobierno envió a la puerta de las refinerías doblegaban a los petroleros, Lula el conciliador entró en escena para calmar los ánimos.

El mayor servicio de Lula, sin embargo, fue la propia elección de 2002, cuando fue fundamental para una salida pacífica de la crisis del neoliberalismo de los noventa, sin grandes estallidos de lucha de clases como sucedió en Argentina, Bolivia y otros países de la región. La crisis económica ha golpeado duramente a Brasil desde 1999, el gobierno de FHC se ha vuelto cada vez más impopular y ha estado plagado de varios escándalos de corrupción. Lula garantizó la confianza empresarial poniendo al industrial José Alencar como vice, selló un compromiso con el mercado financiero de que respetaría los aspectos fundamentales del Plan Real y eliminó el miedo a una rebelión masiva contra el neoliberalismo.

Apoyándose en el boom de las materias primas, pudo hacer un gobierno de conciliación, del que se jacta de que los bancos nunca ganaron tanto. Bajo el liderazgo del PT, los socialistas se reunieron en Vila Daslu con líderes populares para intercambiar experiencias. Collor de Mello, José Sarney y Paulo Maluf se convirtieron en partidarios de la “gobernabilidad”. Los militares tuvieron su lugar garantizado con la ocupación de Haití y la organización de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Y no faltó la represión para el movimiento obrero que se atrevió a romper los límites y rebelarse, como a los trabajadores de las obras del PAC, quienes sufrieron la intervención de la Fuerza Nacional creada por Lula.

Ahora Lula está de regreso, una vez más, proponiendo un camino de conciliación. Se acerca a los políticos del centrão y abre un camino de retirada para los generales. Asegura al mercado financiero de diferentes maneras que no retrocederá en las medidas económicas que impusieron desde el golpe institucional de 2016, las contrarreformas y las privatizaciones, como tampoco deshizo en su momento las privatizaciones de FHC. Los redactores de los principales periódicos redescubren que Lula puede ser la mejor alternativa para la recomposición del centro bajo sus alas. Al mismo tiempo, recibió el apoyo de Arthur Lira y Guilherme Boulos.

Luchamos en todo momento contra el golpe que llevó a Lula a perder sus derechos políticos, porque también apuntaba contra la clase trabajadora. Ahora, señalamos que la rehabilitación de Lula es la mejor apuesta de la clase dominante para una retirada ordenada, que mantenga los ataques que lograron imponer en los últimos años, sin provocar una gran revuelta de masas. Pero el discurso conciliador de Lula no resolverá ninguno de los problemas que afectan a la clase obrera y al pueblo brasileño, no cancelará reformas y privatizaciones. Solo la clase obrera y la lucha popular pueden revertir los enormes ataques de los últimos años. Lula perdonó a los golpistas, la gente no perdonará.

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Abdo Benítez, flanqueadopor sus flamentes ministros de la Mujer y de  Educación. Imagen: AFP

Sin un claro liderazgo, los paraguayos se movilizaron por sexto día consecutivo

"Las dos gotas que hicieron rebalsar el vaso fueron la vacuna que nunca llega y los medicamentos que tienen que comprarse los familiares de enfermos de covid-19, porque en los hospitales no se consiguen", aseguró el politólogo Marcello Lachi. 

 

El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez tomó juramento este miércoles a los nuevos ministros de Educación y de la Mujer en un nuevo intento por frenar la crisis que atraviesa su gobierno, jaqueado por una fallida estrategia frente a la pandemia de coronavirus. En paralelo, las manifestaciones se repitieron en el país por sexto día consecutivo. "Este gobierno ha sido muy malo desde el principio, y la gente hace rato quería movilizarse pero no podía hacerlo por la pandemia. Las dos gotas que hicieron rebalsar el vaso fueron la vacuna que nunca llega y los medicamentos que tienen que comprarse los familiares de enfermos de covid-19, porque en los hospitales no se consiguen", aseguró en diálogo con Página/12 el politólogo Marcello Lachi. 

Este miércoles Juan Manuel Brunetti asumió la titularidad de la cartera educativa en reemplazo de Eduardo Petta, que dejó una gestión muy criticada por sindicatos, docentes y estudiantes. Brunetti es vicepresidente de la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay. "El anterior ministro era un incompetente, pero en su lugar Abdo pone a un tipo que no está muy lejos. Terminó siendo el único que le dijo que sí, lo que da una muestra de la crisis que atraviesa su gestión", advirtió Lachi al respecto.

En tanto Celina Esther Lezcano, que proviene del sector gremial y dijo no estar afiliada a ningún partido político, ocupará el cargo dejado por Nilda Romero, antigua militante del conservador Partido Colorado. La renuncia de Romero fue exigida a fines de febrero por colectivos feministas que la consideraron incapaz ante un aumento de los femicidios en el país.

Este miércoles las manifestaciones pacíficas convocaban a participar de un "libelo acusatorio ciudadano contra el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez". La convocatoria virtual invitaba a la población a acercar sus críticas al gobierno paraguayo a partir de las 18 horas frente al Congreso Nacional de Asunción. El martes, en el quinto día consecutivo de protestas frente a la residencia presidencial, Abdo completó los primeros cambios de su gabinete y le tomó juramento a Julio Borba como ministro de Salud. 

Sin un liderazgo claro y motorizadas por distintos sectores, las movilizaciones no se detienen en Paraguay bajo la consigna "Hasta que se vaya Marito", nombre con el que se conoce popularmente al mandatario de 47 años porque su padre, secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, también se llamaba Mario. 

El país declaró la alerta roja sanitaria ante el aumento de casos y la fragilidad de la estructura sanitaria. Poco parece haber quedado del país que supo ser ejemplo en la región por su rápida reacción frente a la pandemia.

 "La única cosa que puede apuntarse como un mínimo de éxito en este gobierno fue haber interpretado la gravedad de la pandemia sobre todo considerando que Paraguay tiene un sistema de salud muy escaso. Hasta hace poco los paraguayos viajaban a Argentina a curarse", remarcó Lachi. "El ministro de Salud convenció al presidente de cerrar todo e implantar una cuarentena fuerte. Y eso funcionó", manifestó el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Siena.

El ciclo fue virtuoso hasta que empezaron a llover denuncias por corrupción. "Paraguay tomó 1.600 millones de dolares y la mitad de esa plata tenía que ir a salud para mejorar el sistema de terapia intensiva, comprar respiradores, etc. Pero enseguida se comprobó que se estaban comprando cosas que no servían, se sobrefacturaba, y ese combo debilitó la imagen de la cartera de Salud", reconoció Lachi.

Hasta ahora Paraguay recibió apenas 4 mil dosis de la Sputnik V para inocular a 2 mil trabajadores de primera línea en la lucha contra el coronavirus. Además cuenta con otras 20 mil unidades de CoronaVac donadas por el gobierno chileno. El país sudamericano está en la cola de la región en la campaña de inmunización, y el pueblo se lo hace saber en las calles a un gobierno que no para de tropezar.

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Andrey Martyanov afirma que las élites de EU no tienen cultura, son maleducadas y están hipnotizadas por su propia propaganda. En la imagen, la Casa Blanca. Foto Afp

La "desintegración" de EU es un tema que ha sido manejado por varios autores al más alto nivel estadunidense – Las 9 naciones de Norteamérica, de Joel Garreau en 1989 (https://amzn.to/3btzafA), y en 2011, Colin Woodard, Naciones estadunidenses: La historia de las 11 (sic) regiones culturales rivales de Norteamérica (https://amzn.to/2AxEzmr)”– y foráneo: en 2008, el decano diplomático ruso Igor Panarin vaticinó la balcanización de EU en seis pedazos (https://on.wsj.com/3fzwYlR.) y el noruego Johan Galtung, quien previó la disolución de la URSS y llegó hasta a vaticinar la fecha del colapso de EU, en 2020 (https://bit.ly/3rz88Jk).

Recientemente, la Casa Blanca publicó su Guía Interina de Seguridad Estratégica Nacional, que se nota muy a la defensiva, donde promueve la "estabilidad estratégica" de EU con China y Rusia (https://bit.ly/3rx6xnf).

Andrey Martyanov (AM) –director del laboratorio aeroespacial y anterior oficial naval en la ex URSS (https://bit.ly/3cfvBZR)– publicó su impactante primer libro La pérdida de la supremacía militar: La miopía de la planeación estratégica de EU (https://amzn.to/2vD6bk8)”.

Luego, AM publicó un segundo libro La real revolución en asuntos militares (https://amzn.to/3qwisR9).

Ahora, en su tercer libro, Desintegración: Indicadores del colapso que viene de EU, que aparecerá el primero de mayo (https://amzn.to/3ciNOFB), evoca que EU atraviesa por una profunda transformación cuando se ha rezagado en cada una de las categorías que definen el "poder" debido al ascenso de Rusia y China.

Paul Craig Roberts, anterior secretario asistente del Tesoro con Ronald Reagan, hoy muy crítico del globalismo financierista, exalta el impecable diagnóstico de AM sobre EU: "muestra que la desintegración de EU es irreversible debido a que las élites dominantes forman parte orgánica de las fuentes calamitosas de disfunción que han destruido al país".

AM excava la etiología del declive catastrófico de EU en todos los ámbitos, donde destaca la desindustrialización de su economía mientras el único estímulo que le queda para su crecimiento, la industria del petróleo lutita (shale oil) y su “ fracking caníbal (https://bit.ly/3v9TACb)”, está llegando a su final.

Ignoro si AM aborda el espectacular descenso del robot Perseverance a Marte y la transición energética de Biden en los próximos 30 años.

AM invoca el ominoso riesgo de la "desin­tegración física" de EU cuando arrecian sus divisiones étnicas e ideológicas.

A su juicio, la más profunda placa tectónica es "cultural": entre las élites "autoproclamadas" de las costas y su dominante wokenismo y el supremacismo rural de los WASP.

AM abreva mucho del célebre colapsólogo Dmitry Orlov y comenta que el "colapso de EU" ya se está experimentando (https://bit.ly/3t3xaRd).

Bajo el nom de plume The Saker, el autor considera que este tercer volumen de la trilogía de AM demuestra que EU cesó de ser el “ hegemón mundial” y que vive un proceso de "colapso de amplio espectro" cuyas manifestaciones de "desintegración" se exhiben en 10 "esferas": 1. Consumo; 2. Affluenza (malestar sicológico que afecta a los jóvenes pudientes); 3. Geoeconomía; 4. Energía; 5. Making Things (la manufactura); 6. Élites occidentales; 7. Perdiendo la carrera armamentista; 8. El imperio über alles (sobre todos), incluyendo a los estadunidenses; 9. Ser o no ser, y 10. Conclusión: no es excepcional, no es libre, no es próspero. ¿No es EU?

AM exhibe a las "élites dominantes" que mienten a su población sobre la verdadera situación, que se parece al hundimiento del Titanic que era "imposible", y describe que "el colapso de la URSS y la catástrofe económica que siguió enseñó mucho a los rusos y también dejó un sabor de boca de la humillación de perder el poder: un proceso por el que pasa ahora EU".

Concluye que "la crisis de EU es sistémica (sic)" y "sus élites no tienen cultura, son maleducados y están hipnotizados por décadas de su propia propaganda que aceptan como realidad".

La ciber-bancocracia de la plutocracia de EU es más ciega que rica.

Nada nuevo: todos los imperios declinan.

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Otro Brasil, con las causas contra Lula anuladas

El ex presidente recupera sus derechos políticos y podría ser candidato en 2022

El juez Fachin, un partidario de la causa del Lava Jato, sorprendió a todos anulando el fallo armado por el ex juez y ex ministro Sergio Moro. La furia de Bolsonaro, el vuelco en las encuestas y la opinión de la derecha expresada con una caída de la Bolsa.

 

Lula de regreso. El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva, que de ese modo recuperó los derechos políticos que perdió debido a las condenas mañosas del Lava Jato y podría enfrentar a Jair Bolsonaro en los comicios del año próximo. El magistrado Luiz Edson Fachin, del Supremo, dejó sin efecto las sentencias contra el expresidente debido a que no corresponde sustanciar el Lava Jato en la sala 13 del juzgado federal de primera instancia de Curitiba, que fuera el feudo del exjuez Sergio Moro. Las causas serán tramitadas de aquí en más en la justicia federal de Brasilia. Quedaron sin efecto las condenas viciadas de intenciones políticas y carentes de pruebas consistentes, por las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) debió purgar 580 días en una celda solitaria del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, entre abril de 2018 y marzo de 2019.

"Recibimos con serenidad la decisión del ministro Fachin que acogió el habeas corpus que presentamos en noviembre de 2020", dijo el abogado defensor, Cristiano Zanin Martins a través de una nota.

No se descarta que la decisión de Fachin sea apelada por la Procuraduría General de la República, sumisa a la voluntad de Jair Bolsonaro, y elevada al Plenario del Supremo compuesto por once miembros, divididos en dos alas: lavajatistas y antilavajatistas. O, si se prefiere, simpatizantes y adversarios de la lawfare y Sergio Moro.

Fachin, considerado un juez lavajatista, sorprendió a políticos y magistrados con esta decisión que, como casi todas las del STF, están inspiradas en motivos más políticos que judiciales.

Lo real es que con la recuperación de sus derechos el jefe petista logró la más importante victoria después de cinco años de encarnizada batalla contra el Lawfare en los que siempre aseguró ser inocente. Y renunció, incluso, a convites para dejar el país o asilarse en alguna embajada.

A pesar de sus años de encarcelamiento y haber sido condenado al silencio por parte de las empresas periodísticas dominantes, conserva una resilente popularidad, como lo demostró un sondeo publicado el domingo en el diario conservador O Estado donde su potencial de votos se ubica en torno al cincuenta por ciento, contra el 38 por ciento de Bolsonaro con vistas a las presidenciales de 2022.

Con Lula en el campo no hay otro candidato más fuerte para derrotar al régimen bolsonarista entre las fuerzas democráticas y populares. Es prematuro asegurar que será candidato por sexta vez (lo fue en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006). Pero nadie pone en duda que esta decisión del STF lo robustece sea como aspirante presidencial, sea como avalista de algún candidato petista o de un eventual frente electoral.

La titular del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que "la anulación de las condenas responde a un pedido de justicia de la sociedad brasileña y la comunidad internacional, de la lucha de nuestra militancia y los que creyeron en la inocencia de Lula (..) a pesar de las barbaridades cometidas por Moro".

BOLSONARO Y MERCADO, CONTRARIADOS

A poco de conocida la noticia sobre el restablecimiento de los derechos políticos de Lula, el presidente Bolsonaro acusó al juez Fachin de mantener "fuertes vínculos con el PT" y retomó parte de su discurso proselitista de 2018, al asegurar que el "pueblo" no querrá volver a tener un gobierno de izquierda.

Se trata de un discurso remanido, que fue exitoso cuando el antipetismo estaba en su apogeo, pero de dudosa eficacia en los tiempos que corren cuando el público vive en carne propia las peripecias de este gobierno militar-cívico.

Tener de vuelta en el ruedo a Lula significa un revés para el Ejército cuya presión, a través de su excomandante el general Eduardo Villas Boas, influyó para que el jefe petista fuera proscripto tres años atrás.

Un ministro militar le dijo el lunes por la noche a la CNN Brasil, ocultando su identidad, que el retorno del petista al poder "no sería bueno para el país".

Tampoco el mercado se alegró con el regreso del extornero mécanico, decepción expresada en la pronunciada baja del 3,9 por ciento de la Bolsa de Valores de San Pablo y una suba del 1, 6 por ciento del dólar. Vale precisar que la Bolsa ya operaba en baja desde primera horas de la tarde y será necesario aguardar los próximos días para calibrar mejor su comportamiento ante el nuevo escenario político.

DOS GOLPES

Surgida en 2014, la causa del Lava Jato vertebró una coalición de fuerzas del campo conservador unidas en pos de acabar con el ciclo de gobiernos del PT.

Las maniobras de Moro, amplificadas por el multimedios Globo, contribuyeron a intoxicar el ambiente político y el ánimo popular hasta desembocar en el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en mayo de 2016.

Ese conato era sólo el primer paso de un plan mayor: cuyo objetivo último era impedir la candidatura en 2018 y el posible tercer mandato de Lula, procesado con base en pruebas inconsistentes, testimonios de arrepentidos que fueron coaccionados y maniobras articuladas con los procuradores de Curitiba.

Esta asociación ilítica, conocida como "Grupo de Tareas de Curitiba", quedó al desnudo a partir de julio de 2019 cuando el sitio The Intercept comenzó a publicar las transcripciones y los audios de las conversaciones de Moro con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. No quedan dudas de que cada movimiento apuntó a que el político permaneciara en prisión y quedara fuera de la carrera hacia el Planalto. Finalmente Bolsonaro fue electo gracias a unos comicios anómalos, a una operación que fue la continudad del golpe de 2016 o un golpe en sí mismo. Moro cobró a buen precio su papel en la conjura siendo nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad.


¿Qué hay detrás de la anulación de las condenas a Lula en Brasil?

La decisión del juez Fachin es sobre una cuestión de procedimiento y no absuelve a Lula pero se puede entender como un intento de salvar un régimen político altamente cuestionado.

Nicolás Daneri

La Izquierda diario

Lunes 8 de marzo | 21:27

Este lunes el Juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, anuló la condena que pesaba sobre el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva aduciendo que la justicia del estado de Paraná es incopetente para juzgar el caso. Esta acción restituye los derechos políticos al líder del Partido dos Trabalhadores (PT), que podrá volver a presentarse como candidato, en un momento en que todo el régimen nacido del golpe institucional a Dilma Rousseff y la operación Lava Jato están cuestionadas, aún a pesar de que el ultraderechista Jair Bolsonaro goza de alta popularidad.

Según Fachin, responsable en la Corte Suprema de la operación anticorrupción Lava Jato, esos casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de ellos.

En dos de esos procesos, Lula fue condenado a casi 25 años de cárcel, de los cuales cumplió 580 días hasta ser liberado por una decisión del propio Supremo, que alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona sólo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

De todas maneras es importante señalar que la decisión de Fachin sólo se refiere a cuestiones de procedimiento, y no absuelve a Lula. El sistema legal del país permite que los jueces del STF tomen decisiones unilaterales que luego pueden o no ser apeladas. La Procuraduría General de la República ya ha indicado que apelará, lo que hace que la decisión sea incierta, aunque es poco probable que se revierta. Pero detrás de la decisión, el ministro desplegó una maniobra que termina por salvar a Sergio Moro, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la segunda instancia.

Moro es el ex juez que dirigió toda la operación Lava Jato que fue la que permitió que Lula fuera encarcelado y, por tanto, impedido de participar en las elecciones de 2018 en las que se perfilaba como el candidato más popular. Moro fue nombrado Ministro de Justicia por Jair Bolsonaro luego de asumir la presidencia, como premio por los “servicios prestados” pero renunció en abril del año pasado.

El juez Edson Fachin es el mismo que corroboró activamente las decisiones del STF para impedir que Lula fuera candidato en 2018. Las maniobras del poder judicial fueron decisivas para la victoria del Bolsonaro y fueron parte clave de todas las desgracias que aquejan al pueblo brasileño desde entonces, principalmente la pandemia de la que Bolsonaro es un negacionista extremo. El STF que movió los hilos para que el golpe institucional se produjera sin mayores problemas, ha venido avalando las privatizaciones y reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Temer y Bolsonaro y, ahora, en una decisión unilateral, posa de democrático para salvar el pellejo del golpista Sergio Moro.

La defensa de Lula presentó numerosas medidas de habeas corpus durante los procesos cuestionando la conducta de la justicia. La decisión de Fachin implica que pierden su razón de ser y deben ser archivados. Una de esas medidas se basaba en los mensajes revelados por The Intercept Brasil que muestran las maniobras entre los jueces de la Lava Jato y la parcialidad con la que se juzgo a Lula. Estas revelaciones ponen en cuestión la actuación del ex ministro Moro. La maniobra de Fachin puede ser entendida como un control de daños.

Es imprescindible reconocer estas maniobras para no poner un ápice de confianza en el STF ni en el poder judicial que viene actuando para recomponer un régimen podrido, un régimen golpista que es responsable de todos los ataques a los trabajadores, a los jóvenes y al pueblo pobre en general.

Mientras tanto, Bolsonaro denunció al juez Fachin por tener “un gran vínculo con el PT” y dijo estar convencido de que "el pueblo brasileño ni siquiera querría tener un candidato como ese en 2022 y mucho menos pensar en votarlo", porque "al final de cuentas, todos los escándalos que hubo en su Gobierno están claros frente a toda la sociedad".

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La nueva ola brasileña de coronavirus es un peligro para el país y un riesgo para el mundo

Con nuevos récords diarios de muertes, una nueva cepa más contagiosa, un sistema de salud al borde del colapso y una campaña de vacunación con retrasos, Brasil se está convirtiendo en el mayor centro mundial del difusión de la COVID-19

 

Las dos cifras llegaron al mismo tiempo, el mismo miércoles. La primera es el precio pagado por la segunda: el alto número de muertes que hizo que el PBI brasileño fuese el que cayera menos en la región -menos incluso que el 5,3% negativo vaticinado por el FMI-. Quienes en Brasil piensan que pagaron carísimo lo que finalmente resulta demasiado poco son cada vez más. Pero si hay alguien que todavía parece situarse en un horizonte remotamente lejano a esta persuasión, y que no parece que vaya a acercarse ni un palmo en el futuro próximo, es el propio presidente brasileño. Más aún, Jair Bolsonaro es un creyente de estricta observancia en que existe un salto cualitativo y una diferencia categorial infranqueable entre la pandemia y la cuarentena.

Desde hace más de un año, cuando el 26 de febrero de 2020 Luiz Henrique Mandetta, entonces ministro de Salud, informó del primer caso de COVID-19 en Brasil, Bolsonaro ni cambió de opinión, ni la varió. Su doctrina tiene la ventaja de ser simple e inamovible. La nueva enfermedad contagiosa virósica es una gripe como las anteriores. Así como llegó, se irá, y dejará su tendal de muertes. Las medidas de aislamiento que el Gobierno pueda disponer en contra son inútiles por artificiales, por limitadas, o son ensayos de cuyos resultados ignoramos todo de antemano salvo lo que sabemos a ciencia muy cierta: la cuarentena daña irreparablemente a la economía nacional.

Según los datos del miércoles del Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Brasil es el país con más contagios de Latinoamérica: casi 11 millones (10.718.63).  Y más muertes: más de un cuarto de millón (259.271), el país del mundo con más muertes después de EEUU. Y el miércoles el record de muertes diarias se acercó a dos mil por día (1912), después de semanas de un millar de muertes diarias. El mismo miércoles, el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informó que la tasa de crecimiento económico del año pasado ha sido la menor desde 1996: el PBI de 2020 cayó 4,1% respecto a 2019. Incluso así la economía brasileña ha sido también la que menos ha caído entre todas las del hemisferio. Pero sobre las dos cifras pesa la amenaza mayor y arrolladora de que la crisis sanitaria brasileña se vuelva una crisis global, alimentada a su vez en su aceleración por la mayor velocidad de contagio y letalidad por la nueva cepa nacida justamente en Brasil.

El primer caso brasileño era un hombre de negocios paulista de 61 años, internado en el Hospital Israelita Albert Einstein, donde había presentado los síntomas ahora clásicos de tos seca, fiebre, dolor de garganta y secreción nasal. Había regresado, en avión, de un viaje que había hecho por su trabajo y que lo había llevado a la más rica región de Italia, Lombardía, cuya demografía de promedio etario elevado fue la mayor víctima y el mayor foco de contagios y muerte del país.

Ese primer caso brasileño fue también el primer caso latinoamericano, en un momento en que esta región y la antártica eran las dos únicas a las que todavía no había afectado la pandemia. Tras el anuncio, la bolsa brasileña se derrumbó un 5% por el temor a los efectos que podría tener el virus en los mercados. A lo largo del año, la pandemia que había llegado para quedarse creció en Brasil, y no sólo por este ‘paciente cero’, sería la salud pública la que se vería más dañada, en un crecimiento que conoció pocas treguas, y menos, aunque sólo proporcionalmente, la economía.

En países como Brasil o regiones como Lombardía (Italia), una pandemia como la de la COVID-19, cuya mayor mortalidad se da entre las personas de mayor edad y beneficiarias del sistema público de pensiones, o, como acaba de revelarse el jueves en el informe de World Obesity, personas con obesidad como comorbilidad, con las demandas de atención especial que ejercen sobre la seguridad social, el pago de las erogaciones que significan sus jubilaciones, pensiones y servicios se ha discontinuado con los fallecimientos, aunque la demanda y presión sobre el sistema hospitalario haya aumentado.

Un campo de batalla

Para algunos científicos, como para el neurocientista brasileño Miguel Delelis de Duke University, en diálogo con el diario británico The Guardian, la comunidad internacional debe intervenir en la crisis sanitaria brasileña. Si se permite proliferar al virus en los niveles en que está proliferando, favorecerá la aparición de nuevas mutaciones y de variantes aún más letales, es el pensamiento de Delelis, que pasó la mayor parte del año pasado confinado en su departamento del oeste de San Pablo, monitoreando la enfermedad.

El origen de la variante brasileña particularmente preocupante ha sido encontrado en Manaos, en la capital del estado de Amazonas, y ciudad más importante de la región amazónica brasileña, con más de dos millones de habitantes, que en enero sufrió un aumento de las internaciones, la ocupación total de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), y, lo que aún era peor, la carencia de tubos de oxígeno, al punto de que las UTI habían sido equiparadas con cámaras de asfixia. Una decena de casos de esa variante había cruzado el Atlántico y llegado a Gran Bretaña. En buena parte, la Zona comercial Franca de Manaos (ZFM), con su tránsito aéreo internacional, es responsable de la dispersión de los contagios.

“Es un campo de batalla”, según dijo Luiz Antônio Nasi, superintendente médico del Hospital Moinhos de Vento, el mayor de la red privada en Porto Alegre, al noticiario local de la red Globo. No sólo en el Amazonas hace estragos la crisis sanitaria brasileña, también en los estados del Sur, los más ricos del país. Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, con 46 millones de habitantes, es también el que cuenta con mayor número de muertos (60.014) y de casos (2 millones desde el inicio de la pandemia, de entre los 10,6 millones de contagios registrados en todo Brasil). El gobernador paulista, João Doria, decretó el miércoles el retorno durante dos semanas a la "fase roja" de restricciones.

Según Nicolelis, el fracaso de Bolsonaro para detener el rebrote, que sigue a los días de celebraciones clandestinas de un carnaval que sí fue prohibido, por primera vez en la historia del país, se une el fracaso para lanzar una campaña masiva y sostenida de vacunación. Todo esto contribuye para que la nación más poblada de Latinoamérica se hunda en la pandemia en condiciones de las que parece poco verosímil que se levante hasta fines de 2022, pero a la vez emerja como punta de lanza de una crisis global. Nicolelis anticipa que en marzo del año que viene ya se habrá superado la frontera del medio millón de muertes. En un mundo, dice, donde las cumbres de tragedia fueron las de Bergamo en Lombardía y la de Manaos hace unas semanas, lo que ocurra en Brasil en los próximos meses tendrá un protagonismo de la catástrofe cuyos contornos y profundidades nos rehusamos a ver hoy.

Enemigo, amigo

En un país federal como Brasil, la creación de una comisión nacional de respuesta al COVID-19 y una cuarentena nacional de tres semanas son las propuestas de Nicolelis. El presidente Bolsonaro sigue denunciando las cuarentenas. La crisis nacional se vuelve global en la medida en que el gobierno de Brasil se ha vuelto un riesgo exterior y no sólo interior. Después de la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre, Bolsonaro, quien como su colega, modelo y aliado se enfermó y se curó de la COVID-19, y quien como él ha saboteado la distancia social, ha promocionado, como si fueran curas mágicas, remedios de efectos benéficos no demostrados como la la hidroxicloroquina, y ha menospreciado o subvalorado el uso de barbijos, parece merecer sin exageración el título que le confieren pasacalles y pancartas de los opositores que piden su impeachment, el de enemigo global número 1 de la pandemia. O amigo, según se mire.

Sin embargo, Bolsonaro cuenta con apoyos clave, en las Fuerzas Armadas, en el Congreso, pero también en sus bases. Este ex diputado derechista y ex capitán del Ejército debe su llegada al poder en las presidenciales de 2018 a una campaña antipolítica en contra de la vieja partidocracia brasileña y muy en especial en contra del recuerdo de los años de Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y de Dilma Rousseff. Es con el mismo argumento que defiende Bolsonaro su posición ante la pandemia: todo lo que hice, insiste, lo hice para defender a la economía de Brasil y la vida y el bolsillo de los brasileños. "Desde marzo del año pasado, no hubo ni una sola cosa en la que me equivocara", les dijo a sus partidarios esta semana el presidente de 65 años de edad.

No sólo en las calles piden el impeachment de Bolsonoro. Otras figuras del mundo de la política y de la salud pública también piden su cabeza. Ministro de Salud Pública de Brasil durante la pandemia de fiebre porcina de 2009, José Gomes Temporão sostiene que el desempeño de Bolsonaro ha sido tan deficiente que tanto el presidente como los mayores responsables de su administración deben ser llamados por el Congreso o la Justicia a rendir cuentas de sus actos.

No hay un plan nacional en el Ministerio de Salud sobre cómo combatir la COVID-19 en todo el territorio. Después del ensayo con el laboratorio chino Sinofarm, el gobierno de Bolsonaro no se aseguró la provisión de dosis suficientes ni firmó contratos con empresas como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Hasta ahora, sólo el 3,3% de la población brasileña está vacunada, en comparación con el 15,2% de EEUU y el 18% de Chile. 

Por Alfredo Grieco y Bavio / elDiarioAR

Primero faltó espacio para tumbas, ahora falta en Brasil lugar en las morgues para los cadáveres

6 de marzo de 2021 13:13h

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Luz verde en Estados Unidos para un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares

El rescate para contrarrestar los efectos de la pandemia fue impulsado por presidente Joe Biden

El senado estadounidense aprobó un plan de rescate para reactivar la economía, estimular la producción de vacunas y facilitarla reapertura de escuelas. El plan de estímulo volverá la Cámara de Representantes, donde ya fue votado y el presidente cuenta con una sólida mayoría, para aprobar las modificaciones que introdujo el Senado. Se espera que la aprobación final llegue la próxima semana.

 

El senado estadounidense aprobó un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para reactivar la economía de uno de los países más fuertemente azotados por la pandemia de coronavirus. El presidente, Joe Biden impulsó el proyecto que la próxima semana pasará a la Cámara de Representantes. "El 85 por ciento de los hogares estadounidenses recibirán los pagos directos de 1.400 dólares por persona", aseguró Biden horas después ante la prensa. "Es absolutamente esencial para revertir la situación, hacer que los niños vuelvan a la escuela en total seguridad, ofrecer un salvavidas a las pequeñas empresas y derrotar al coronavirus", afirmó.

"Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante para cumplir la promesa que hice a los estadounidenses cuando llegué al poder hace 45 días, de que la ayuda estaba en camino", afirmó Biden ante la prensa en la Casa Blanca.

El plan de rescate incluye la entrega de cheques de estímulo de 1.400 dólares para millones de estadounidenses con ingresos inferiores a los 80 mil dólares anuales. Además de 350.000 millones en ayudas a los Estados y municipios, vacunas y reapertura de escuelas. El proyecto prevé destinar miles de millones para fomentar la investigación del tratamiento y diagnóstico de coronavirus y aumentar el ritmo de vacunación.

"Calculamos que este plan resultará en la creación de unos 6 millones de trabajos, aumentará nuestro PIB en un billón de dólares y pondrá a nuestro país a ganar la competición al resto del mundo, porque el resto del mundo se está moviendo, China en particular", dijo Biden sobre el plan de rescate.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también elogió el paquete legislativo."Esta ley brindará más ayuda a más personas que cualquier cosa que haya hecho el gobierno federal en décadas", afirmó justo antes de la votación final .

El debate se prolongó durante casi 11 horas luego de que el senador republicano por el estado de Wisconsin, Ron Johnson, forzara la lectura en voz alta de las 628 páginas del proyecto de ley. Finalmente, luego de intentos por parte de los republicanos y algunos senadores demócratas de realizar enmiendas, el texto fue aprobado por 50 votos a favor y 49 en contra.

Desde la oposición del viejo gran partido criticaron el plan de estímulo al que catalogaron de “excesivamente costoso”. Además, consideraron que era muy pronto para aprobarlo porque aún están entregando los fondos del último plan de estímulo aprobado en diciembre, aunque éste finaliza en ocho días.

El ala del partido Republicano en el congreso se mantuvo en bloque. El total de los 49 votos en contra vino de ese partido. “El Congreso nunca había gastado 2 billones de dólares de manera tan inconsistente o a través de un proceso poco riguroso” sostuvo el líder de la minoría republicana y senador por el estado de Kentucky, Mitch McConnell. Los senadores republicanos intentaron ofrecer cifras menores al billonario plan de estímulo de los demócratas. La senadora republicana por el estado de Maine, Susan Collins, ofreció bajar el plan a 650.000 millones de dólares.

El proyecto ahora volverá a la Cámara de Representantes, donde fue aprobado la semana pasada, para votar las modificaciones que introdujoel Senado. En la Cámara baja, donde los demócratas cuentan conun a sólida mayoría, se estima que el paquete será aprobado rápidamente para que el presidente pueda promulgarlo antes del 14 de marzo, cuando finalizan las prestaciones por desempleo del último paquete de ayudas.. A pesar del estrecho margen de votos con el que fue aprobada la ley y al que Biden no se refirió en su discurso ante la prensa, esta es la primera victoria legislativa del presidente demócrata.

Uno de los puntos más críticos que no se pudo debatir fue el aumento al salario mínimo federal, una enmienda que propuesta por el senador demócrata Bernie Sanders. Por razones reglamentarias, la enmienda finalmente quedó eliminada. Actualmente el salario mínimo federal está en 7.25 dólares por hora y el aumento que impulsaba Sanders lo iba a llevar a 15 dólares por hora.

"La clave es que el pueblo estadounidense apoya rotundamente lo que estamos haciendo", afirmó Biden en referencia a encuestas sobre el plan de estímulo que han mostrado el respaldo de entre 60 y 70 por ciento de los ciudadanos. "Este plan nos pone en camino de derrotar el virus y dar la ayuda que necesitan a las familias que más están sufriendo", recalcó.

El plan de rescate es el tercero que aprueba el Senado de EEUU desde que comenzó la crisis por la pandemia de covid-19. El primero fue en marzo de 2020 por 2,2 billones de dólares, luego uno de 900.000 millones de dólares en diciembre de 2020 y que vence el próximo 14 de marzo.

En la actualidad unos 18 millones de estadounidenses cobran una prestación tras haber perdido su trabajo o gran parte de sus ingresos mensuales. En febrero se crearon un total de 379 mil puestos de trabajo, principalmente en bares, restaurantes y otras actividades vinculadas al ocio. También se registraron contrataciones en servicios de salud, ventas minoristas, así como en la industria manufacturera.

Mientras tanto EE.UU., el país que ha sostenido el mayor número de contagios por covid-19, registró más de 62 mil nuevos casos en las últimas 24 horas. Además, registró 2.405 muertes en la última jornada.

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