La ONU en alerta ante la pasividad de los países contra el cambio climático

Tan solo 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales.

 

La Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (UNFCCC, por sus siglas en inglés) ha reclamado a los países que redoblen sus esfuerzos y aumentar su compromiso nacional de contribución a la lucha contra el cambio climático en 2021 si quieren cumplir con los objetivos del Acuerdo del Clima de París.

La organización ha publicado este viernes el 'Informe de Síntesis de los Compromisos Nacionales de Reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés)' que muestra como los niveles actuales de ambición climática están "muy lejos" de situarse en el camino con el que se pueden alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, según ha asegurado la secretaria Ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa.

De hecho el informe concluye tras analizar los compromisos expresados hasta el 31 de diciembre de 2020, que de momento 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales de efecto invernadero.

"Las decisiones para acelerar y ampliar la acción climática en todo el mundo debe ser adoptada. Esto subraya por qué la COP26 debe ser el momento en el que avancemos en la senda hacia un mundo más verde, limpio, saludable y próspero", ha afirmado.

El informe publicado fue solicitado a propuesta de las partes del Acuerdo de París para medir el progreso de los planes climáticos de cada país de cara a la próxima cumbre del Clima (COP26) que se celebrará el próximo mes de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido).

El informe muestra como la mayoría de estas naciones han aumentado sus niveles individuales de ambición para reducir las emisiones pero su impacto combinado les sitúa en la senda de lograr una reducción un 1% superior en 2030 comparado con los niveles de 2010.

En un comunicado, la UNFCCC explica que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático por su parte, ha indicado que los rangos de reducción de emisiones para llegar al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC debería ser incluso un 45% más bajos.

Espinosa ha aclarado que este informe de síntesis es una instantánea pero no da la fotografía completa dado que los retos que ha supuesto el COVID-19 ha supuesto un reto para numerosas naciones con respecto a como cumplir sus compromisos en 2020.

2021, una oportunidad "sin precedentes"

Para la secretaria ejecutiva, el año 2021 supone una oportunidad "sin precedentes" para hacer un progreso significativo en la lucha contra el cambio climático y urge a "todas las naciones" a construir un futuro tras el COVID-19 economías más sostenibles y más resistentes contra el cambio climático.

"Este es un extraño momento que no se puede perder", ha añadido Espinosa que señala que mientras se acomete la reconstrucción no se pude volver a la "vieja normalidad". "Los compromisos nacionales de contribución al cambio climático deben reflejar esta realidad, sobre todo los mayores emisores y en especial los países del G20 que deben liderar este camino", ha señalado.

El presidente entrante de la COP26, Alok Sharma, ha defendido que este informe debería servir para urgir una llamada a la acción. "Estoy pidiendo a todos los países, particularmente a los mayores emisores, que suscriban objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030", ha reclamado.

El Acuerdo de París está fallando

En la misma línea, la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, considera que el informe de síntesis de la secretaría de Cambio climático de la ONU dice una cosa "clara" y es que en este momento el Acuerdo de París está fracasando.

"Nos dirigimos hacia una catástrofe climática. Los gobiernos deben trabajar juntos para dar prioridad a las personas y al planeta sobre los intereses de los combustibles fósiles", ha insistido.

Por ello, exige a los mayores emisores del mundo, Estados Unidos y China, que presenten el mes que viene unas NDC que den "motivos de esperanza".

A su juicio, las "promesas rotas" del Acuerdo de París cuentan la historia de un sistema multilateral "rehén de los intereses de los combustibles fósiles, obstaculizando la acción climática y arriesgando el futuro de todos nosotros".

madrid

26/02/2021 17:49

Europa Press

Publicado enMedio Ambiente
Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

 

 

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Publicado enEdición Nº276
Viernes, 26 Febrero 2021 07:52

Estallidos o levantamientos

Estallidos o levantamientos

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que las clases dominantes, a las que el organismo sirve, esperan estallidos sociales en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

El trabajo Repercusiones sociales de la pandemia, publicado en enero, considera que la historia es una guía que le permite esperar estallidos que ponen de manifiesto fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos (https://bit.ly/3qVVhAV).

Gracias a sus amplios recursos, el FMI elaboró un índice de malestar social con base en un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, que reflejan 11 mil acontecimientos susceptibles de causar estallidos sociales. Lo que le permite adelantar que sobre mediados de 2022 comenzará una oleada de protestas que se busca prevenir y controlar.

Lo importante es que el organismo dice a los gobiernos y al gran capital que el periodo que se abre en los 14 meses posteriores al inicio de la pandemia, puede ser peligroso para sus intereses y que deben estar preparados, pero agrega que cinco años después los efectos de los estallidos serán residuales y ya no afectarán a la economía.

La ecuación parece clara: las clases dominantes esperan estallidos, se preparan para encararlos y neutralizarlos, porque por un tiempo pueden desestabilizar la dominación.

Un detalle: el estudio ni siquiera menciona los resultados de eventuales elecciones como riesgos para el capital, quizá porque más allá de quien gane, saben que los gobiernos surgidos de las urnas nunca han conseguido mellar el poder del capital.

Los movimientos anticapitalistas debemos tomar buena nota de las previsiones del sistema, para no repetir errores y prevenirnos de acciones que, a la larga, nos desgastan sin producir cambios. Propongo diferenciar estallidos de levantamientos, para mostrar que aquéllos no son convenientes, pero éstos pueden serlo si son fruto de una sólida organización colectiva.

Los estallidos son reacciones casi inmediatas a los agravios, como los crímenes policiales; generan una enorme y furiosa energía social que se desvanece en pocos días. Entre los estallidos, está el sucedido durante tres días de septiembre en Bogotá, ante el asesinato por la policía de un joven abogado con nueve fracturas de cráneo.

La represión causó la muerte de más de 10 manifestantes y 500 heridos, alrededor de 70 por bala. La justa rabia se ubicó en los Centros de Atención Inmediata, sedes policiales en las periferias, 50 de las cuales fueron destruidas o incendiadas. Luego de tres días, la protesta se desvaneció y no quedaron colectivos organizados en los barrios más afectados por la violencia estatal.

Ejemplos de éstos hay muchos, pero me interesa destacar que los estados aprendieron a lidiar con ellos. Sobrexponen la violencia en los medios, crean grupos de estudio sobre las injusticias sociales, mesas de negociación para simular interés y hasta pueden separar a algunos uniformados de sus tareas, enviándolos a otros sitios.

Lo más común es que los gobiernos acepten que hay injusticias, en general, y que atribuyan la violencia de los estallidos a la precariedad del empleo juvenil y otras consecuencias del sistema, sin abordar las causas de fondo.

Levantamiento es algo diferente. Un cuerpo organizado decide su comienzo, traza los objetivos y los modos, los puntos de concentración y de repliegue, y en diálogo colectivo decide el momento en que el levantamiento finaliza. El mejor ejemplo es el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 en Ecuador. Duró 11 días, fue decidido por las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y se plegaron sindicatos y jóvenes de las periferias urbanas.

La violencia fue acotada por las guardias de las organizaciones, que impidieron saqueos inducidos por policías infiltrados. Se decidió finalizarlo en enormes asambleas en Quito, luego de que el gobierno de Lenín Moreno anuló el paquete de medidas neoliberales que generó la movilización. El parlamento indígena y de los movimientos sociales creado días después, fue el encargado de darle continuidad al movimiento.

Un levantamiento puede reforzar la organización popular. En Chile, donde prefieren decir revuelta y no estallido, se crearon más de 200 asambleas territoriales durante las protestas en casi todos los barrios populares.

La acción colectiva masiva y contundente debe reforzar la organización, porque es lo único que puede darle continuidad en el tiempo largo. Las clases dominantes aprendieron hace ya tiempo a capear los estallidos, porque saben que son efímeros. Si nos organizamos, las cosas pueden cambiar, pero nada lograremos si creemos que el sistema caerá con una sola trompada.

Publicado enSociedad
Viernes, 26 Febrero 2021 05:57

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

La discusión sobre el fin del mandato constitucional de Jovenal Moïse ha vuelto a incendiar Haití. Mientras, el presidente asume una deriva autoritaria y represiva. Pero, detrás de esta crisis, aparece un creciente control del territorio haitiano por parte de bandas armadas, con la complicidad del gobierno, y un Estado de tipo mafioso.

 

La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití.

Es imposible entender la tragedia que vive Haití sin preguntarse sobre el origen de semejante situación. En las líneas que siguen trataremos de explicarla recordando lo establecido en la Constitución haitiana de 1987 y describiendo cómo se pretende eliminar las conquistas democráticas logradas por el pueblo haitiano desde la caída de la dictadura de los Duvalier (1957-1986) e iniciar pues un proceso de desdemocratización con la complicidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias a las acciones de Helen La Lime, coordinadora de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), y de Michele Sison, embajadora de Estados Unidos en Haití, en apoyo de Moïse.

La relación con las leyes

La Constitución haitiana prevé en su artículo 134-2 que el mandato del presidente no comienza en la fecha de asunción sino de su elección. Es sobre esta base que debe considerarse el mandato de cinco años del Presidente de la República. Concretamente, el presidente debería haber asumido el 7 de febrero de 2016; por ende, ello hace que su mandato comience precisamente en esa fecha mediante esa ficción jurídica establecida por la carta Magna para mantener inalterables los periodos constitucionales. Esto significa que el mandato de cinco años de Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y no que terminará en febrero de 2022, como él sostiene debido a que tardó un año en asumir debido a las irregularidades en los comicios, las protestas subsiguientes y la repetición de las elecciones. Moïse fue elegido en octubre de 2015 con una participación del 20% del padrón electoral y las elecciones fueron repetidas en noviembre de 2016 (no obstante, la mayoría de los constitucionalistas coinciden en que se trata del mismo proceso electoral, de ahí que debería haber concluido su mandato). Cabe destacar también que el aún mandatario llegó a la presidencia con menos de 600.000 votos en un país con 11 millones de habitantes. Y Hoy denuncia que un golpe de Estado de «un pequeño grupo de oligarcas». Sectores opositores declararon al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis para liderar la transición, pero este no tiene reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Pero, ¿existe realmente un conflicto constitucional sobre su continuidad en el cargo? Aunque hay discusiones sobre el tema, Moïse las saldó al disolver la 50 Legislatura en enero de 2020 aplicando el mismo criterio que ahora dice que no rige para él. Así, ¿existiría una doble vara en la aplicación del artículo 134-2? A partir de entonces, gobernó sin Congreso y de manera cada vez más dictatorial. Por eso, es posible afirmar que estamos en presencia de un verdadero autogolpe, dado que el artículo 134-3 prevé que en ningún caso un presidente puede prorrogar su mandato. Un editorial de The Washington Post del 19 de febrero de 2021 señalaba con precisión: «El presidente niega ser un dictador pero sus acciones sugieren lo contrario. Su mandato expiró el domingo pasado [7 de febrero de 2021]. Sin embargo, dice que permanecerá en el poder un año más…». La Constitución haitiana fue justamente concebida para impedir cualquier veleidad de regreso a una dictadura, ya que los 30 años de la sangrienta y retrógrada dictadura de François y Jean-Claude Duvalier siguen representando una pesadilla para la generación de fines del siglo XX.

Para lograr dirigir el país solo y sin controles, Moïse puso en práctica otro método: no celebrar las elecciones legislativas y municipales de cuyo desarrollo era responsable. Se convirtió a la vez en poder ejecutivo y legislativo, y emitió unos cuarenta decretos, y transformó a los alcaldes en «agentes interinos del ejecutivo». Mientras tanto, redujo por decreto las facultades de control del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le permite realizar gastos a su antojo, especialmente para consolidar su poder dictatorial. Yendo aún más lejos en el desprecio por las leyes del país, Moïse creó un consejo electoral compuesto únicamente por miembros de su partido (Tèt Kale [cabezas calvas]), al que le confió la facultad de organizar un referéndum para elaborar una nueva Constitución a su medida, que podría, por ejemplo, abolir el Senado. Al estar prohibida la reforma de la Constitución por referéndum, Moïse declaró que lo que hará será redactar una nueva Carta Magna, no reformar la actual.

Al gobierno le quedaba controlar los tribunales de casación. Simulando un golpe de Estado precisamente la noche anterior al fin de su mandato (del 6 al 7 de febrero), Moïse hizo detener ilegalmente en plena noche a un juez de casación junto a otras 23 personas acusadas de complicidad. Otros tres jueces de casación fueron destituidos ilegalmente.

Las prácticas represivas 

Ninguna dictadura puede funcionar sin una panoplia de prácticas represivas. Se trata ante todo de silenciar al pueblo y a los eventuales opositores. Es exactamente lo que los Duvalier debieron hacer para permanecer tres décadas en el poder. El desmantelamiento de las instituciones y el desprecio por las leyes van de la mano con la destrucción física de los opositores. Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe. 

El fenómeno de las bandas que se propaga actualmente a todo el país es apoyado abiertamente por el poder: suelen pasearse con armas de guerra con la protección cómplice de la policía. Incluso reciben armas del Ministerio del Interior, tal como sucedió especialmente durante la masacre de La Saline en la que fueron ejecutadas sesenta personas, entre ellas mujeres y niños. Estas masacres fueron documentadas por las asociaciones de derechos humanos (Red Nacional de defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Fundación Jékléré, Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH)), así como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con alianzas de bandas armadas como la denominada G9, los secuestros se vuelven habituales, al punto que nadie sabe en qué momento puede ser secuestrado y torturado en calabozos dispuestos en las zonas liberadas. Solo en el mes de enero, se registraron al menos sesenta secuestros, y en 2020, 786, en los cuales se pidieron rescates extremadamente elevados. 

Entre los decretos más cuestionados emitidos por Moïse, descubrimos la famosa Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) integrada por agentes que están por encima de justicia, la policía y la administración, en el sentido de que se les prohíbe comparecer ante la justicia, ya que solo rinden cuentas al presidente de la República. Siempre ávido de grupos armados, Moïse reconstruyó al ejército (desmantelado en 1994 con el retorno del exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide) proveyendo armas a 485 hombres a los que les ha asignado tareas de policía. Más recientemente, lanzó un grupo denominado Brigada de seguridad de áreas protegidas (BSAB), que pueden usar sus armas para defender al gobierno. En cuanto a la policía, devino en gran medida una policía política, ya que algunas secciones son indiscernibles de los delincuentes, a tal punto que estos últimos llevan el uniforme de la policía mientras realizan secuestros.

«Economía de violencia»

Moïse llegó al poder en 2017 luego de elecciones cuestionadas tras haber sido elegido por el ex presidente Michel Martelly como candidato de su partido, con el fin de asegurarse la impunidad. ¿Por qué? Resulta que durante el mandato de Martelly se descubrió la dilapidación de más de 4.000 millones de dólares, un préstamo ofrecido por Venezuela para ayudar a Haití a salir de la pobreza. Los primeros reclamos presentados al gobierno de Moïse exigían el inicio de un proceso judicial por el robo del Fondo Petrocaribe, tras la publicación, por parte del Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo, un informe detallado en el cual el propio Moïse estaba mencionado.

Diversas asociaciones defienden en todo el país la necesidad de un proceso judicial por el Fondo Petrocaribe, ya que remite al mismo tiempo a un sistema de corrupción que atraviesa todos los secretos del Estado y en el cual participan varios miembros del partido Tèt Kale. Este poder sirve como un escudo contra cualquier rendición de cuentas. Para debilitar los reclamos populares, fue necesario primero mantener aterrorizadas a las masas de desocupados de los barrios marginales a través de las reiteradas masacres que bandas armadas pueden realizar con total impunidad con el apoyo de policías y el Ministerio del Interior.

En el momento de escribir este artículo, casi todas las fuerzas vivas del país, de diferente signo ideológico, se oponen a la permanencia de Moïse en el poder. Ya sean los sindicatos en su conjunto, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante, todas las asociaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, la Federación de Colegios de Abogados, el Consejo Superior del Poder Judicial, movimientos campesinos, y todos los partidos políticos con excepción, desde luego, de Tèt Kale. La respuesta de Moïse consiste en utilizar gases lacrimógenos y a veces balas reales contra los manifestantes que protestan contra los secuestros, la corrupción y las violaciones de la Constitución, de manera tal que suelen registrarse muertos durante las manifestaciones. El asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, sigue sin resolverse, mientras el gobierno rechaza todo apoyo a una investigación independiente internacional.

Lo que no deja de asombrar a los observadores de la crisis actual en Haití es la manera en la que algunas instancias internacionales, en particular la BINUH y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostienen la permanencia en el poder de Moïse. En verdad, Moïse solo tiene un objetivo: asegurar el retorno al poder de su mentor Martelly y conservar al mismo personal político que actúa cada vez más como una mafia que usufructúa las ventajas de poseer el aparato estatal que hace de Haití un espacio para hacer negocios y no un país que dispone de reglas, leyes y una Constitución que deben respetarse.

En este marco, el sistema termina convirtiéndose en lo que el economista Fritz A. Jean denomina una «economía de violencia». Es este tipo de economía el que habría que entender y que es probablemente el espíritu del neoliberalismo presente en Haití desde el terremoto del 12 de enero 2010. Actualmente, el país se hunde en la mayor de las miserias: 4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y una enorme inseguridad alimentaria. Sin embargo, la familia de Andy Apaid acaba de obtener 8.600 hectáreas de tierras cultivables y 1,8 millones de dólares a través de un decreto del 8 de febrero con vistas a producir stevia para la empresa Coca Cola. Sería conveniente que las numerosas ONG en Haití aprendieran a reflexionar sobre las fuentes del empobrecimiento de los  haitianos. Masacres, secuestros, robo de dinero público son en Haití la expresión de un Estado mafioso que retoma -para perdurar- el modelo de la dictadura de los Duvalier. «Estamos asistiendo a la creación de una Somalia en las Américas», dijo Ralph P. Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. Moïse era un aliado de Donald Trump, con quien se alineó frente a Nicolás Maduro;  ahora su permanencia en el cargo pone a prueba al nuevo gobierno de Joe Biden.

Traducción: Gustavo Recalde

Publicado enInternacional
Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

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El desmantelamiento de la democracia y ciudadanía

Desde los años setenta del siglo XX, se está produciendo un  ataque concéntrico a la democracia.  Su objetivo, romper la ciudadanía mediante la  despolitización de los procesos de toma de decisiones  y la  desideologización de la gestión pública.  El primer envite recayó en la bautizada Internacional del capitalismo allá por el año 1973. La Trilateral.  En su interior, se dan cita empresas  trasnacionales, banqueros, políticos liberales, conservadores o  socialdemócratas, de Japón, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Su objetivo refundar el capitalismo y realizar una crítica de fondo al concepto de la democracia acuñada por el keynesianismo.

La Trilateral,  fue el buque insignia desde la cual  se lanzaron  las directrices  para encarar  las reformas neoliberales. Así se inició el desmontaje de los acuerdos nacidos tras la segunda guerra mundial para enfrentar la pobreza, el subdesarrollo, el hambre y la injusticia social. La carta de los derechos humanos, 1948, había sido el referente. El acceso  a la vivienda, la salud, la seguridad social, la educación, condición sine qua non para construir una democracia representativa, a la par  que un como proyecto de sociedad incluyente, fue cuestionada. El capitalismo con rostro humano perdía fuerza.

A inicios de los años setenta, con la primera crisis el petróleo, se dudó del sentido y los principios sobre los cuales se definía la democracia.  La trilateral introdujo un argumento espurio.  La extensión de los derechos democráticos ponía en riesgo la propia democracia y con ello el capitalismo.  La ampliación de la ciudadanía dirán,   hace ingobernable la democracia. Si los ciudadanos exigen un aumento del gasto social, subidas salariales, jubilaciones dignas,  es imposible que el capitalismo subsista a largo plazo. Hay que  actuar de forma rápida y quirúrgicamente. Limitar las libertades y redefinir la democracia. Da igual el color del gobierno, socialdemócrata, liberal, conservador o democristiano. Hubo coincidencia. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Felipe Gonzalez,  Miguel de la Madrid,  Alan García, o el tirano Augusto Pinochet, todos coincidían. La democracia era un problema. Abrir las fronteras, flexibilizar el mercado laboral, quitar barreras arancelarias, y construir una economía de mercado eran los nuevos retos. Fueron la reforma del Estado y el proceso de gobernabilidad los pilares sobre los cuales comenzó el desmontaje de los derechos de ciudadanía y la jibarización de la democracia.  En 1979,  el hoy,  ex director de El País, Joaquín Estefanía publicó su ensayo La Trilateral, internacional del capitalismo. El poder de la trilateral en España. En el interior  aparece el nuevo significado de la democracia trilateral como: "una profundización e impulso a la internacionalización del capital (…) y una defensa  de las democracias autoritarias, o lo que Poulantzas ha denominado ‘estatismo autoritario’, consistente  en el recorte  de las libertades primarias dentro de un legitimador Estado de derecho".

Ha trascurrido medio siglo y las democracias restringidas, protegidas u ordenadas se han expandido en el mundo de la mano de las políticas neoliberales y la reforma del Estado. Privatizar, desregular y descentralizar, han sido los  argumentos para destruir  la ciudadanía. Lentamente se han  perdido derechos democráticos.  La inversión pública tiene topes constitucionales,  la sanidad, la educación, la vivienda son trasformados en negocios rentables para fondos de riesgos. Igualmente los trabajadores han visto disminuir los salarios, criminalizar sus organizaciones sindicales, cuando no ver crecer contratos basura y el despido libre. Las desigualdades, la pobreza y el desempleo, se han cronificado. Se procedió a  rematar y desmantelar el sector público, llevando a miles de ciudadanos a la indigencia, aumentando el número de pobres, junto a los suicidios por depresión.

La primera revolución neoliberal consiguió su objetivo, reformar el Estado y desarticular la democracia como una forma de vida, la redujo a una técnica procedimental. La democracia son, ahora,  simplemente reglas del juego, un modelo normativo, un cascaron vacío.  Democracias sin demócratas y ciudadanos sin ciudadanía. De esta guisa emerge una definición de mínimos, los ciudadanos mutan  en consumidores. Von Mises, teórico,  junto a Hayek, exponente del liberalismo y la economía de mercado, aclara en  La mentalidad anticapitalista, que debemos entender por democracia: "la democracia de mercado se desentiende del ‘verdadero mérito, de la íntima santidad, de la personal moralidad, de la justicia ‘absoluta’. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos, en cada momento, con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos".

Hayek por su parte, en un artículo publicado en 1976, ¿A dónde va la democracia? , señala como  su significado  ha degenerado y se ha vuelto un problema para las elites gobernantes: "democracia, un método saludable para llegar a tomar decisiones políticas (…) se ha convertido en pretexto para imponer fines sustancialmente igualitarios" Una democracia  de mercado, no debe verse influenciada por decisiones éticas, ni valores igualitarios. Para Hayek, la justicia social o las políticas destinadas a favorecer a los sectores más vulnerables y  desprotegidos son distorsionan las leyes del mercado y no forman parte de la democracia capitalista.

La democracia ha dejado de ser una práctica política, una forma plural de control y ejercicio del poder, mediado por el bien común y el interés general.  Hace ya décadas, el mandar obedeciendo del sentir democrático se ha extraviado. Ya no es un proyecto de vida, de ciudadanía, de dignidad, de compromiso ético, de responsabilidad colectiva. Si hablamos de democracia, al decir de Pablo Gonzalez Casanova,  deberíamos preguntarnos qué tal andamos de participación, de representación, de mediación, de negociación y de coacción.  La democracia no puede ser un método, una forma sin contenido.  Es un proyecto vital de ciudadanía, posee una dimensión social, de género, cultural, étnica y política. Es un acto de responsabilidad, su ejercicio tiene consecuencias.  Hoy, sufre un proceso de involución. La pandemia deja al descubierto los múltiples rostros de la injusticia social, la pérdida de derechos. En definitiva, hoy morirse de hambre se ha convertido en un hecho auténticamente democrático.

Por Marcos Roitman Rosenmann

Sociólogo y analista político

22/02/2021

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Lunes, 22 Febrero 2021 05:51

¿Posneoliberalismo?

¿Posneoliberalismo?

Las tres notas principales en la primera plana del New York Times de ayer resumen casi a la perfección la coyuntura estadunidense: 500 mil muertes por Covid-19, la crisis invernal de Texas que revela una nación vulnerable a la catástrofe ante el cambio climático y el mayor desafío del sistema de justicia, así como que la mayor amenaza a la seguridad nacional es el extremismo de derecha.

Las crisis discriminan: son los pobres, las minorías y, sobre todo, los migrantes, los más afectados por el coronavirus, los que se congelaron y se quedaron sin electricidad y agua en Texas (mientras su senador huyó al calor de Cancún), las víctimas de crímenes de odio racial o que se suman a filas neofascistas por desesperación.

Lo que no cuentan las notas es que todo lo referido son saldos directos de cuatro décadas de políticas neoliberales dentro de la primera potencia del mundo. Nada de esto es sorpresa: todo fue pronosticado, no sólo por opositores del orden neoliberal, sino incluso por algunos líderes e intelectuales de las cúpulas política y económica que advertían que se necesitaba reformar tantito al sistema para proteger su juego a largo plazo.

Pero el sistema neoliberal de avaricia es perverso y obsceno. Ejemplo de ello son las expresiones felices de un empresario texano de gas, al hablar con sus accionistas (el dueño de los Cowboys es el mayor accionista) sobre las maravillosas ganancias que acaban de lograr con la alza astronómica del precio por la crisis en Texas: Es como ganar la lotería, gritó, mientras millones sufrían las consecuencias de la emergencia humanitaria.

Y durante la peor crisis de salud pública en un siglo, con su ahora medio millón de fallecidos (más que el total de estadunidenses muertos en combate en la Primera y Segunda Guerra Mundial y Vietnam combinados, y durante algunos periodos con más del saldo del 11-S cada día) en gran medida a consecuencia del manejo irresponsable y la falta de un sistema de salud pública efectivo (según The Lancet, 40 por ciento de las muertes eran evitables) y mientras sus consecuencias económicas incluían millones de desempleados y un incremento dramático del hambre, los 660 multimillonarios más ricos del país incrementaron su riqueza por más de un billón de dólares, un alza de 40 por ciento desde el inicio de la crisis de la pandemia (https://inequality.org). Para este sistema, los desastres humanos y naturales también son negocio.

Movimientos progresistas dentro de Estados Unidos que han luchado contra la agenda neoliberal durante décadas, junto con los que continúan la lucha histórica de siglos contra el racismo sistémico, fueron claves en la derrota electoral del neofascismo.

Son parte de la razón por la cual el nuevo gobierno de Joe Biden –al cual no le tienen gran confianza y saben que debe ser obligado a cumplir a través de la continuación de la movilización social y política– ha tenido que adoptar una agenda progresista, que incluye rehacer parte del estado de bienestar social, reconocer que se tiene que responder ahora a la crisis del cambio climático y atender las raíces históricas del racismo sistémico.

La reacción contra ese movimiento progresista, incluyendo las expresiones ultraderechistas, son los últimos gritos de un país que ya está dejando de existir, pero también son fruto del deterioro poltico, económico y social. El nominado como procurador general, el juez Merrick Garland, comentará este lunes en su audiencia de ratificación ante el Senado que su prioridad será combatir a los supremacistas blancos violentos y otros terroristas domésticos, incluyendo el caso contra cientos de los participantes en el asalto al Capitolio el mes pasado. Resulta que la mayor amenaza a la seguridad de esta democracia ya no es externa, sino proviene desde muy adentro de este país y habla inglés americano.

Estas múltiples crisis, se dice, son existenciales para este sistema y están marcando el fin de la era neoliberal en Estados Unidos. Lo que sigue en ese país es justo lo que está en disputa, con implicaciones y tal vez esperanzas para todos en el planeta.

Ani DiFranco Which Side Are You On. https://open.spotify.com/track/15pEgms CoyHwwO1Hlgaqb9?si=p3w2WE7 dQiCaVqWrh-gMjQ

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Una calle en llamas en Puerto Príncipe después de una protesta contra el presidente Jovenel Moise el pasado 14 de febrero. VALERIE BAERISWYL / AFP

El mundo después de la covid

 

El máximo riesgo de crisis política es a los dos años del pico de la pandemia

 

Verano del 2022. Justo cuando los gobiernos piensan que lo peor ya ha pasado tras llevar a cabo una campaña exhaustiva de vacunas y paquetes billonarios de reactivación económica, el mundo, de repente, se enciende. Hay batallas campales en cientos de ciudades entre manifestantes y policías antidisturbios vestidos al estilo de Robocop . Imágenes de edificios en llamas se proyectan en millones de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas.

No es la próxima entrega de la serie distópica Years and years sino un escenario que dibuja lo que podría pasar tras la pandemia a partir de un análisis realizado por los sesudos técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 “Desde la plaga de Justiniano en el siglo VI y la Peste Negra del siglo XIV hasta la gripe española del 1918, la historia está trufada de ejemplos de epidemias que tienen fuertes repercusiones sociales: transforman la política, subvierten el orden social y provocan estallidos sociales”, afirman Philip Barrett y Sophia Chen en su informe Las repercusiones sociales de las pandemias (enero del 2021). Y el periodo tras la covid no tiene por que ser muy diferente.

¿Por qué? Una posible explicación es que una pandemia “pone de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”, sostienen los técnicos del FMI.

A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, el FMI ha elaborado un índice de malestar social que permite cuantificar la probabilidad de una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde las años ochenta. Estos incluyen desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así como epidemias.

Utilizando complejas ecuaciones algebraicas, los expertos descubren “una relación positiva y significativa” entre desastres y estallidos sociales. Concretamente, “existe una relación positiva entre los estallidos sociales y las epidemias”, afirman Barrett y Chen en su informe.

Como suele ocurrir con los estudios económicos, la relación entre desastres y protestas es algo que tal vez mucha gente, sin necesidad de ecuaciones matemáticas, entenderían intuitivamente. Pero lo interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identifica entre las epidemias y los estallidos sociales. Hay un importante efecto retraso. Muchos meses, hasta dos años, separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones.

Efectivamente, ha habido pocas protestas durante esta pandemia. Más bien, en los últimos meses “el numero de manifestaciones físicas de malestar social ha caído a su nivel mas bajo en casi cinco años”. La excepción es el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato a manos de policías de George Floyd en Minneapolis, que desencadenó una oleada de protestas en EE.UU.

Pero mas allá de este resultado inmediato pacificador de las epidemias, “a más largo plazo, la frecuencia de estallidos sociales se dispara”, se sostiene en el informe del FMI, de tono mucho más frío y distanciado que la información que analiza sobre disturbios en millones de indignados artículos de prensa a lo largo de las décadas.

A partir de la información obtenida sobre diferentes clases de protesta, los investigadores del FMI demuestran que, con el tiempo, “el riesgo de disturbios y manifestaciones contra el gobierno va en aumento” . Es más, “sube el riesgo de graves crisis políticas (acontecimientos que pueden derribar gobiernos), que normalmente ocurren en los dos años posteriores a la epidemia grave”, resumen los técnicos de la institución multilateral de sede en Washington.

El informe llega a la conclusión de que “el malestar social era elevado antes de la covid y se ha moderado durante la pandemia pero, si la historia nos sirve de guía, es razonable esperar que, conforme la pandemia se disminuya, los estallidos sociales emergerán de nuevo”.

Otro informe del FMI titulado Cómo las pandemias conducen a la desesperación y al malestar social (octubre del 2020), de Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu, utiliza metodología similar para determinar con precisión este efecto retraso. “Las epidemias severas que provocan elevada mortalidad aumentan el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales”, explican. Estos “eventos pandémicos generan un riesgo de desorden civil significativamente más elevado después de 14 meses”. Cinco años después de la pandemia todavía existe un “efecto cuantitativamente significativo sobre la probabilidad de estallidos sociales”. Los brotes de ébola en el Oeste de África entre el 2014 y el 2016, por ejemplo, “provocaron un aumento de la violencia civil superior al 40% al cabo de un año y su efecto sobre el malestar social persistía varios años después”.

Aunque la chispa de la violencia no tiene por qué estar relacionada con la pandemia, el trauma social y el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria está detrás de las
repetidas instancias de protestas.

Pero la pandemia tampoco es la causa inicial sino un catalizador. El primer eslabón del efecto dominó es la desigualdad y la percepción de injusticia, explican los analistas del FMI. “Los resultados de nuestro estudio indican que la desigualdad elevada está relacionada con más estallidos sociales (…) y el malestar social será mayor cuanto más elevada la desigualdad de renta al inicio”, sostienen.

Las pandemias detonan la bomba de relojería “porque reducen el crecimiento económico y elevan la desigualdad” y crean “un círculo vicioso en el que el crecimiento más lento, la subida de la desigualdad y el aumento de malestar social se refuerzan el uno al otro”.

 

Andy Robinson

Madrid

21/02/2021 00:02Actualizado a 21/02/2021 08:42

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Consejo Electoral de Ecuador concluye el conteo de votos, 12 días después de las elecciones: Arauz y Lasso irían al balotaje

El órgano procesó y computó el 100 % de las 39.985 actas del binomio presidencial. Aún faltan por contabilizarse paquetes del exterior de la elección de asambleístas, por lo que los resultados finales serían proclamados el fin de semana.

Este viernes, luego de 12 días de los comicios presidenciales y legislativos del 7 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador concluyó el conteo de los votos.

 

Con el 100 % de las actas procesadas y computadas, el organismo electoral —que espera proclamar los resultados el fin de semana, según anunciaron sus autoridades— determina que los candidatos presidenciales Andrés Arauz y Guillermo Lasso se enfrentarán en una segunda vuelta, que se disputará el próximo 11 de abril.

Este balotaje se da luego que ninguno de los 16 candidatos que se presentaron a los comicios consiguiera los votos requeridos —50 % de los sufragios más uno o al menos el 40 % y una diferencia mayor de 10 puntos sobre el segundo— para ser proclamado ganador en primera vuelta. A la segunda van los dos más votados.

De acuerdo a los resultados publicados, Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza, que aglutina al correísmo, consiguió 3.032.906 votos, el 32,72 % del total, consagrándose ganador de esta ronda; mientras Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), alcanzó el 19,74 %, 1.829.378 sufragios a su favor.

En tercer lugar, muy cerca del segundo, quedó Yaku Pérez, del partido indigenista Pachakutik, con 1.796.542 votos (apenas 32.836 votos menos que Lasso), el 19,38 % del total.

Una vez que concluyó el conteo de las actas, el movimiento CREO festejó los resultados que sitúan a Lasso en la segunda vuelta, tras vencer a Pérez.

En estos comicios, hubo 80,97 % (10.613.040 votantes) de participación; y los votos nulos y blancos alcanzaron el 12,65 %.

El órgano electoral procesó y computó el 100 % de las 39.985 actas. No obstante, aún faltan por contabilizarse los paquetes del exterior sobre la elección de asambleístas nacionales, por lo que el CNE no ha podido proclamar los resultados finales. 

El consejero del CNE, José Cabrera, informó este viernes que el órgano prevé proclamar los resultados preliminares de la elección entre el sábado 20 y el domingo 21 de febrero.

Una vez que se proclamen los resultados preliminares de la primera vuelta, las organizaciones políticas pueden presentar reclamos ante el CNE o por medio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE)

Denuncias de fraude y un acuerdo

Durante estos días, Pérez denunció que se fraguó un fraude en su contra para impedirle el paso al balotaje.

Ante ello, y por solicitud de este candidato, se realizó una reunión en la sede del CNE en Quito, donde, además de él, estuvo Lasso, los cinco representantes principales del órgano electoral y observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ese encuentro, que se realizó el viernes 12 de febrero, Pérez pidió que se abrieran las urnas de votación en las 24 provincias de Ecuador, para hacer un recuento total de los votos. Aunque un día antes solo pedía que se hiciera en siete entidades: Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar.

La propuesta de Lasso, por su parte, fue la apertura del 100 % de las urnas en la provincia de Guayas, para que el aspirante del partido indigenista no tuviera "ninguna duda de que el proceso fue transparente".

Finalmente, se alcanzó un acuerdo y el CNE anunció que se revisaría el 100 % de las actas de Guayas y el 50 % en otras 16 provincias, que no se especificaron en el momento. Además, se estableció que la proclamación de los resultados de esa primera vuelta se haría luego de este proceso.

El martes 16 de febrero, el CNE realizó una plenaria para someter a votación el informe que permitiría jurídicamente reabrir las urnas de votación y hacer el recuento de los sufragios; sin embargo, no se consiguieron los votos suficientes para su aprobación. De los cinco representantes principales del CNE, dos votaron a favor, uno en contra, otro se abstuvo y el consejero Luis Verdesoto abandonó la sesión, tras pedir el retiro del documento por presuntos "errores" y "omisiones".

Un día después, el miércoles 17, las organizaciones indígenas iniciaron una movilización, en la ciudad de Loja, al sur del país, que se dirige hacia Quito, donde prevén llegar el martes 23 de febrero, para continuar su reclamo por el recuento de los votos.

Ese día, en la capital ecuatoriana se les unirá el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), según anunciaron sus dirigentes este viernes.

¿A quién acusan del fraude?

Pérez y la organización Pachakutik acusaron de estar detrás del fraude a un presunto "pacto oligárquico", que incluye a al expresidente Rafael Correa, así como a su contendiente político Lasso y el aliado de este Jaime Nebot, del PSC.

El exmandatario respondió a estas acusaciones, que calificó de "ridículas", y le recordó a Pérez que el CNE es manejado por una exmilitante de su partido, Pachakutik, mandato bajo el cual le impidieron su participación en estos comicios.

"La presidenta del Consejo Nacional Electoral (Diana Atamaint) es de Pachakutik, me impidieron ser candidato, por todos los medios quisieron impedir la participación de nuestro binomio, impidieron los spots con mi imagen, con mi voz, los jingles", mencionó Correa.

Faltaron papeletas

Además de elegir al nuevo mandatario, los ecuatorianos votaron para escoger al vicepresidente, a los 173 integrantes de la Asamblea Nacional (Congreso) y a cinco parlamentarios al Parlamento Andino, órgano de la Comunidad Andina de la que forma parte Ecuador.

En algunos recintos del exterior, como en Bruselas, Bélgica, y en ciudades de España, los ecuatorianos no pudieron votar para elegir a los cinco parlamentarios andinos, puesto que las papeletas para esa dignidad no llegaron.

Hervas, de lo nuevo a lo viejo

Una de las sorpresas de estos comicios fue el candidato Xavier Hervas, de Izquierda Democrática, quien quedó en cuarto lugar según el resultado final.

Hervas, quien hasta el 16 y 17 de enero, cuando se llevó a cabo el debate de los candidatos presidenciales, era poco conocido, logró conseguir 1.453.460 votos, el 15,68 % de los sufragios. Durante la campaña, la encuesta que más puntos le dio llegó a 8 %, a finales del mes pasado.

Se trata de un ingeniero en Producción Agroindustrial guayaquileño, que concentró su campaña en las redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok, muy popular entre los jóvenes. De ahí, muchos le pusieron el mote de 'tiktokero'.

"Le hemos quitado el sueño a los políticos tradicionales", dijo en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales la noche del domingo.

Hervas se presentó en la campaña como "gente nueva". Una vez conocidos los resultados que dieron la mayoría de votos a Arauz, señaló que no apoyaría a ningún candidato a la segunda vuelta; no obstante, poco después, invitó a Pérez y a Lasso a unirse en un "Pacto por Ecuador" para "impulsar votos por el país para evitar el regreso (de la) izquierda extrema, populista y corrupta", cayendo así en el discurso de los políticos tradicionales.

Publicado: 19 feb 2021 20:27 GMT

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Inversión extranjera, mayor producción petrolera y renegociación de deuda: Las claves del decreto de emergencia energética de Venezuela

Maduro enfatizó que está abierto a inversionistas estadounidenses en el sector hidrocarburos, en una relación "ganar-ganar".

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes que su país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera, a pesar de las sanciones coercitivas impuestas por el gobierno de EE.UU.

En esa línea, Maduro recalcó que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo.

El mandatario indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales en Venezuela, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de negocio.

"Quiero decirle a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó. 

Asimismo, el mandatario firmó un Decreto Presidencial que extiende por 12 meses la declaratoria de la emergencia energética en el sector petrolero, gasífero y petroquímico, así como la existencia de una Comisión Presidencial, denominada "Alí Rodríguez Araque", para avanzar en la recuperación de la industria.

Negociar deudas

Este viernes, Maduro adelantó que el Ejecutivo está listo para reactivar las negociaciones con los tenedores de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que dejaron de cobrar sus participaciones debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la industria por la Administración de Donald Trump.

El mandatario, que el año pasado planteó una nueva reestructuración de deuda con los acreedores, indicó que los tenedores dejaron de percibir 110.000 millones de dólares de deuda de la República y de PDVSA, a causa de las sanciones de EE.UU.

"Ratifico a todos los tenedores que estamos listos para reactivar toda relación del sistema crediticio y tenemos una oferta muy fuerte para honrar los compromisos de Venezuela con el mundo. Hago la oferta pública a tenedores de deuda de Pdvsa y de la República", reiteró Maduro.

Asimismo, el jefe de Estado venezolano denunció el bloqueo de las cuentas de PDVSA para comprar y pagar deudas, además de las restricciones financieras a la industria petrolera para acceder a créditos internacionales.

Más producción

Por su parte, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, aseveró que durante este 2021 la industria prevé alcanzar una producción de 1.508.000 barriles día de crudo y 6 millones de pies cúbicos de gas.

El Aissami señaló que, a un año de haberse declarado la emergencia energética, se logró la desaceleración de la caída abrupta de la producción petrolera con estrategias innovadoras para estabilizar el sistema de extracción de crudo que, para el cierre de enero de este año, ya supera los 600.000 barriles diarios.

Según la autoridad petrolera, el país también avanzó la recuperación progresiva del sistema de refinación, procesando más de 250.000 barriles de crudo y realizando grandes esfuerzos para rescatar la operatividad de las refinerías afectadas por las restricciones al acceso de partes y repuestos, a raíz de las sanciones estadounidenses.

El Aissami detalló que las sanciones implicaron la paralización de actividades de socios estratégicos y la reducción del número de taladros, lo que impidió la perforación de nuevos pozos y la rehabilitación de yacimientos inactivos. Esta situación, apuntó el ministro, fue la responsable de "una brutal caída de la producción petrolera, de 2,4 millones de barriles en el año 2015, a menos de 400.000 barriles en 2020".

A principios de febrero, el gobierno informó que las sanciones aplicadas por Washington en contra PDVSA, a partir de 2019, incidieron en que Venezuela cerrara el 2020 con una producción de apenas 339.000 barriles por día. En total, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. en contra del país suramericano han ocasionado la pérdida de ingresos brutos por el orden de los 102.000 millones de dólares, de acuerdo a los más recientes datos oficiales.

Publicado: 20 feb 2021 02:13 GMT

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