El laberinto de la economía venezolana

La economista venezolana Pasqualina Curcio explica por qué se llegó a esa situación

 

El PIB venezolano cayó cerca del 70% desde el 2013 hasta la fecha, y la economía está en estanflación. Pasqualina Curcio, economista venezolana, explica para Sptunik por qué se llegó a esa situación, qué ha hecho el Gobierno, y algunas de las disyuntivas principales que actualmente atraviesa el país.

Venezuela está bajo un proceso de estanflación, es decir recesión e inflación, desde el año 2013. Es la primera característica que indica Pasqualina Curcio, economista, profesora en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, autora de una serie de libros sobre el pasado y presente de la economía venezolana.

El producto interno bruto (PIB) cayó alrededor de 70% desde el 2013 hasta la fecha, explica Curcio. Además, con el «proceso inflacionario, incluso hiperinflacionario, hemos tenido variaciones de precios mayores al 50% mensual, donde solamente en 2018, que fue el pico, se llegó a 130.060%, según cifras oficiales».

El PIB y la inflación son, junto con el desempleo, algunos de los grandes indicadores de la economía. Este último, según el mensaje presidencial ante la Asamblea Nacional, se ubica en 8,8% para 2020, dos puntos más respecto al 2019, lo que, para Curcio, «a pesar de la caída importante del PIB, no es una cifra de desempleo alarmante».

Con esos números se obtiene una fotografía de una economía que tuvo grandes transformaciones. «Lo importante, además de la caracterización, son las causas», señala la experta, para quien existen varios elementos centrales que dan cuenta de la actual situación.

Las causas

A partir de 2013 —cuando comienza el Gobierno del presidente Maduro- «se intensifica el proceso de la guerra económica, que se enmarca en una guerra no convencional«, analiza Curcio.

El desarrollo de la guerra económica tuvo, desde esa fecha, varios momentos y elementos determinantes. Uno de los primeros fue «un desabastecimiento programado y selectivo de bienes, en 2013, 2014, 2015 hasta el 2016, que no fue producido por una caída de la producción, sino por una alteración de los mecanismos de distribución».

En paralelo a ese fenómeno interno, «y de manera encubierta», explica, comenzaron las acciones internacionales, como la «manipulación del índice financiero del riesgo país cuando Venezuela cumplía puntualmente con sus compromisos de deuda externa, y problemas para las transacciones financieras».

Un punto central de la escalada fue en agosto de 2017, coincidente con el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando comenzaron las medidas coercitivas contra la industria petrolera venezolana y la empresa estatal PDVSA, columna vertebral de la economía nacional. La agresión pasó entonces de encubierta a abierta.

PDVSA

«Iniciaron formalmente las trabas financieras, se le impedía a PDVSA que refinanciara su deuda, que realizara sus pagos, adquiriera repuestos e insumos para la producción, y en Venezuela PDVSA es la empresa que genera históricamente el 90% de los ingresos en divisas del país», explica Curcio.

 

El ataque a PDVSA desencadenó varias consecuencias: al caer la producción, con un mínimo de 400.000 barriles en el 2020, «cayeron las exportaciones, los ingresos en divisas, y en consecuencia tuvimos menos recursos para para importar bienes de consumo final, bienes, insumos, materia prima y repuestos para la producción no solo petrolera, sino del resto».

El impacto afectó además «la posibilidad de honrar los compromisos de deuda externa porque disminuyeron las divisas que estaban entrando, y afectó las reservas internacionales, nuestros ahorros, y, por lo tanto, al disminuir entonces hubo que disponer de la reserva». Las reservas internacionales pasaron de alrededor de 20.000 millones de dólares en 2013, a cerca de 6.000 millones en la actualidad.

Hundir la moneda

Otra de las armas que han aplicado, que explica particularmente la inflación, es el ataque al bolívar, explica Curcio, quien señala que, si bien los primeros ataques a la moneda empezaron en el año 2006, cuando «comenzaron a posicionar un supuesto precio del bolívar que no era el verdadero precio», el ataque central comenzó a partir del 2012-2013, hasta agudizarse en el 2017.

Eso es lo que ha generado una hiperinflación, desde el 2012 hasta hoy, según los portales que posicionan un supuesto precio del bolívar, esa supuesta depreciación de nuestra moneda, va por alrededor de un millón de millones por ciento». En el 2012, un dólar era equivalente a ocho bolívares, y actualmente equivale a 1.500.000 bolívares soberanos, es decir 150.000 millones en el bolívar antes de la reconversión del 2018.

 

«Con toda responsabilidad, en Venezuela han pasado muchas cosas estos años en lo económico, lo político, pero jamás que pueda explicarse que el bolívar se haya depreciado un billón por ciento».

 

Ese ataque a la moneda fue confesado en diciembre del 2019 por el senador estadounidense, Richard Black, quien afirmó respecto a Venezuela: «Hemos desmonetizado su moneda, y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor, y luego vamos y decimos ‘miren lo malo que es este Gobierno, su moneda no vale nada’, bueno no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda».

Los efectos

El ataque sobre la moneda desencadenó efectos críticos en la economía. Al generar un proceso hiperinflacionario, con un «aumento de precios diariamente, de manera rápida y desproporcionada», se deterioró el salario real.

Con ese deterioro «se pierde el poder adquisitivo en los hogares, se establecen prioridades de consumo, se dejan cosas sin adquirir, y eso repercute sobre la producción, porque si no tienen quienes les compren no necesariamente producen, y genera contracción en la economía».

 

Un fenómeno similar ocurrió en la administración pública, el Estado, analiza Curcio. Allí, ante una inflación impredecible, «el presupuesto previsto no le alcanza al Estado, impacta sobre su desempeño en todos los servicios que presta desde electricidad, agua, telecomunicaciones, salud, educación, el servicio penitenciario, judicial», algo que es visible en la cotidianeidad venezolana, en particular fuera de la capital del país, Caracas.

Las respuestas

El Gobierno desarrolló varias respuestas a lo largo de los años. Ante el desabastecimiento, por ejemplo, fueron creados en el 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que permitieron generar un proceso de organización para distribuir alimentos subsidiados por el Estado.

A principios del 2018 «se anunció la creación del petro, que nació como una criptodivisa, principalmente para sortear el bloqueo del sistema financiero». Pocos meses después de su creación, el petro fue sancionado por una orden ejecutiva de Trump.

En agosto de ese año, el Gobierno anunció el Plan de Recuperación y Prosperidad Económica, «hizo un ajuste de los salarios de casi 3.700%, sin embargo, ese ajuste en septiembre ya comenzó otra vez a deteriorarse, comenzaron a atacar otra vez el bolívar, y en menos de un mes duplicaron el tipo de cambio».

El Plan incorporó otra medida central: la flexibilización del control de cambio. «Se lo hizo con la esperanza de que podrían venir inversiones extranjeras privadas, porque una de las excusas era que no tenían dónde transar las divisas de manera libre», explica Curcio. Sin embargo, «las inversiones no necesariamente han llegado, no porque no esté libre el sistema cambiario, sino porque están observando la situación estanflacionaria que genera inestabilidad en el momento de realizar inversiones».

La situación en el marco del bloqueo económico, llevó al Gobierno a aprobar en octubre del 2020 la Ley Antibloqueo, con el fin, entre otras cosas, de atraer capitales privados.

La Ley Antibloqueo

«Es necesaria una ley contra el bloqueo», afirma Curcio. Sin embargo, plantea dudas sobre su efectividad: «Ciertamente requerimos que ingresen divisas, pero hasta qué punto esas divisas, si es que ingresan, no se terminarán yendo en un escenario de libre cambio, en el marco de una depreciación inducida que continúa por el ataque al bolívar».

Aún es temprano para saber la efectividad de la Ley Antibloqueo, en particular porque sus cláusulas indican que el proceso de inversiones no es público. Pero Curcio, investigadora de la historia de la economía venezolana, sostiene que «pensar que ahora el sector privado y las inversiones privadas extranjeras son las que van a resolver el problema actual de Venezuela es ingenuo si vemos un comportamiento de más de medio siglo».

Según ella, «el Estado venezolano tiene recursos suficientes, no solo es el petróleo, también está el oro y otros minerales, de manera de poder enfrentar esta guerra económica, no significa que el capital privado no venga, si van a venir y se van a llevar las poquitas divisas como han estado acostumbrados, no estamos resolviendo el problema».

La disyuntiva

Finalmente, Curcio plantea un debate central: cómo se reparte la riqueza generada en el país.

«En procesos inflacionarios, y sobre todo hiperinflacionarios, la inflación a quien más termina afectando es a la clase obrera, trabajadora, por la vía del salario, porque mientras los dueños del capital tienen la posibilidad de fijar los precios en la correlación de fuerzas del mercado, sobre todo si son monopolios, pero el trabajador no tiene la posibilidad de fijar su salario».

 

Según números del Banco Central de Venezuela, en el 2014, el capital privado se apropiaba del 31% del PIB, 36% era para los asalariados, y el Estado obtenía 13%. Ese número, en el 2017 —datos más actualizados— se modificó a favor de los privados, que pasaron a obtener el 50%, y en detrimento de los trabajadores con 18% y el Estado con 9%.

Así, en el proceso de reducción del PIB, el total se fue repartiendo de forma cada vez más desigual en favor de «los dueños del capital». Los salarios reales, del 2018 a la fecha, cayeron 99%, y, si bien el Estado mantuvo cerca del 75% del presupuesto destinado a la inversión social, ese monto fue sobre un total más reducido percibido por el Estado.

Curcio insiste en que «no puede ser la clase trabajadora la que reciba el mayor impacto de la guerra económica». Uno de los primeros pasos es aumentar los salarios, y una de las vías es a través de impuestos, «los más progresivos, los impuestos sobre la renta y las grandes fortunas (…) es un tema de redistribución, son capitales que se están llevando más de lo que se llevaban antes de la torta, e históricamente no han pagado suficientes tributos».

Por eso, Curcio, plantea que exista una gran disyuntiva: «O aumento el dinero para aumentar el salario de los trabajadores y con eso reactivo la demanda y el consumo para reactivar la producción, o simplemente dejo que sigan aumentando los precios independientemente de lo que pase con los salarios y que siga cayendo la producción».

Por Marco Teruggi | 28/01/2021

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Fotografía: Hernán Ayala / Noname, 9 de septiembre /2020.

Aunque las restricciones impuestas con la pandemia limitaron la movilización social, esta se abrió camino en distintos momentos de 2020. Sin embargo, no se consiguió articular un movimiento social como el perfilado a finales del año anterior. Existe una dificultad para articular el descontento social expresado en las protestas, que se explica por factores como el incremento de la represión y por ciertas disonancias entre lo social y lo político.

El paro nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 produjo un fenómeno inédito de movilización social en la historia reciente del país, solo comparable con el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Las grandes manifestaciones tuvieron una naturaleza interclasista, articulando a actores de clase media y media alta, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados y, mayoritariamente, jóvenes.

Como consecuencia, las demandas iniciales, en contra del “paquetazo” neoliberal –las reformas tributaria, laboral y pensional del gobierno Duque– se enriquecieron con diversidad de reclamos transversales y no solo sectoriales, convergentes en la implementación del Acuerdo de paz. Así mismo, las organizaciones convocantes, principalmente las centrales obreras en el Comité de Paro, resultaron desbordadas, de manera que muchas de las acciones de protesta fueron descentralizadas y “auto convocadas”, esparciéndose por las ciudades, rompiendo con la tradición de protestar en las plazas centrales y acogiendo repertorios de acción como el cacerolazo.

Sin embargo, en 2020 el ímpetu de las movilizaciones se moderó considerablemente. Tras los frustrados diálogos entre el gobierno y el Comité de Paro hubo varios intentos de reactivar la protesta, con jornadas de paro nacional el 21 de enero y el 21 de febrero que no alcanzaron el carácter masivo ni la intensidad de las protestas del año anterior. La jornada programada para el 25 de marzo finalmente no contó con ninguna posibilidad por el comienzo de la emergencia sanitaria producto del arribo del covid-19 al país.

Así pues, la dinámica de movilización fue interrumpida por las restricciones de la pandemia y el miedo al contagio. No obstante, la protesta social se abrió camino aún en estas circunstancias, incluso en denuncia/rechazo de las medidas autoritarias de los gobiernos nacional y locales en demanda de asistencia para enfrentar las cuarentenas. Informes de observatorios como el Cinep señalan que no hubo una disminución drástica de la protesta. Esto quiere decir que el descontento se mantiene constante, expresándose en un número importante de protestas aunque sin lograr articularse en un movimiento social como el del año anterior. ¿Por qué se produce este fenómeno?

Las limitaciones del movimiento que emergió a finales de 2019, más que por las restricciones de la pandemia se explican por problemas a la hora de enfrentar el contexto político, especialmente la represión, la cooptación y la imposibilidad de enfrentar los discursos criminalizantes, y de su dinámica endógena, particularmente la incapacidad para articular el descontento social a causa de las divisiones que produce el desencuentro entre lo social y lo político.

 

El panorama

 

Ciertamente, las restricciones a la vida diaria causadas por la pandemia y las medidas autoritarias del gobierno limitaron seriamente las posibilidades de movilización y protesta. Los movimientos sociales tienen como base el tejido social de la cotidianidad y las organizaciones especializadas en promover la acción colectiva en favor de una causa determinada, de manera que la limitación de las relaciones y la movilidad de la población reducen las posibilidades de agenciar acciones colectivas. Por eso se promovieron repertorios de acción alternativos a la protesta callejera, como el cacerolazo, implementado con éxito a finales de 2019, aunque sin resultados similares.

Sin embargo, la afectación de las movilizaciones producto de la pandemia fue relativa. En enero y febrero se presentaron varios intentos de retomar su impulso siempre con la vista puesta en el memorable 21 de noviembre de 2019. Las restricciones operaron sobre todo durante los meses de confinamiento obligatorio, entre marzo y agosto. Pero incluso en este período se registraron protestas como las de abril en Bogotá, en demanda al gobierno Distrital de auxilios económicos para enfrentar la cuarentena.


El 7 de septiembre se trató nuevamente de retomar el hilo de las protestas de 2019 con una caravana contra las políticas del gobierno nacional. Esa misma semana se presentaron las protestas contra el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que arrojaron un saldo de 13 ciudadanos asesinados y 305 heridos, en Bogotá. Desde el 10 de octubre se manifestó la Minga del pueblo Nasa que, ante la negativa del presidente Duque a dialogar en Cali, marcha hacia Bogotá para unirse al paro nacional previsto para los días 19 y 21 del mismo mes.

En suma, si bien la pandemia generó grandes restricciones, sobre todo mientras estuvo vigente el confinamiento, no se cerraron por completo las posibilidades de la movilización social. Sin embargo, la fortaleza o debilidad del movimiento social no solo debe ponderarse en función del número de protestas sino también en términos de su capacidad para articular y generar discursos o marcos de sentido alternativos. El que existieran grandes manifestaciones, como la Minga, indica que el problema de articulación del descontento no se explica por la pandemia.

Precisamente, la desarticulación práctica y discursiva se expresó en la incapacidad de los actores sociales para romper con la representación oficial de la crisis sanitaria, que ofrece como “soluciones” al problema el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la medicina, en particular las vacunas, omitiendo el hecho innegable de que la magnitud de la crisis tiene fundamentalmente una explicación política, pues desnuda la precariedad del derecho a la salud bajo el modelo de desarrollo neoliberal, que lo ha subordinado por completo al negocio privado y, particularmente en nuestro caso, a la especulación financiera. Así, la falta de articulación imposibilitó disputar la transformación del modelo de desarrollo, punto en que convergen las demandas de diversas protestas, en la coyuntura en que se mostró su faceta más perversa.

 

Las constantes: represión y criminalización

 

En parte, las dificultades para articular el descontento ciudadano en una propuesta alternativa se explican por las constantes de la criminalización y la represión, agudizadas bajo el gobierno de Duque al menos por tres grandes razones.

Primero, porque Duque sigue el libreto de Uribe: tanto antes como durante la pandemia ha basado su legitimidad en la construcción de un enemigo interno que juegue el mismo papel que en los gobiernos de la “seguridad democrática” jugaron las Farc. De ahí su apuesta por una política antidrogas represiva, un marcado antagonismo con el gobierno de Venezuela y la criminalización de toda protesta, mediante el mote de “vandalismo”, que despolitiza los reclamos colectivos, o tratando de asociar las manifestaciones con la guerrilla y las “disidencias” en un reencauche de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional.

En segundo lugar, porque en buena medida el descontento social sintetiza las demandas de cambio estructural insertas en el Acuerdo de paz, cuya implementación ha sido escamoteada por este gobierno, sin ahorrar esfuerzos para “hacerlo trizas” por distintas vías y cuya política ha beneficiado sistemáticamente a las clases cuyos privilegios se verían afectados de implementarse el mismo: piénsese, por ejemplo, en la reforma rural integral.

Y, finalmente, porque ante el lento pero persistente declive político del uribismo, expresado en el constante “abandono del barco” por muchos de sus adeptos en el escenario político y, sobre todo, por el vistoso descenso en la popularidad tanto del expresidente Uribe como del mismo Duque, su gobierno depende cada vez más de la “mermelada”, esto es, de la distribución de recursos entre los integrantes de su coalición de gobierno y los sectores sociales que aún lo respaldan. Aprovechando la situación excepcional de la emergencia sanitaria, Duque desplegó iniciativas para solidificar vía recursos públicos esos respaldos, de manera que la única amenaza seria a la legitimidad de su gobierno fue la protesta social. Eso explica no solo la criminalización y la represión sino así mismo las constantes iniciativas del gobierno para “regular” ese derecho ciudadano.

La reducción de la protesta social a “vandalismo” fue la estrategia privilegiada contra las protestas desde finales de 2019, incluso se llegó a afirmar que se trataba de un “complot” internacional y en días previos al 21 de noviembre se desplegaron allanamientos y detenciones de activistas. Los abusos en que incurrió la fuerza pública en esta coyuntura, uno de cuyos desenlaces fue el asesinato el sábado 23 de noviembre en Bogotá del estudiante Dilan Cruz, mientras participaba de una movilización no violenta, motivaron incluso un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020, en el que condenó las agresiones sistemáticas de la fuerza pública contra los ciudadanos y el uso desproporcionado de la fuerza, ordenándole al gobierno disculparse públicamente, proteger el derecho a la protesta y reestructurar el ejercicio de la fuerza, prohibiendo además el uso del tipo de arma con que el joven fue asesinado.

Sin embargo, la criminalización y la represión no son únicamente agenciadas por el gobierno de Duque. Se trata de un marco discursivo mucho más amplio, compartido incluso por quienes protestaron a finales de 2019. Incluso una de las consignas del concierto que cerró las protestas el 8 de diciembre de ese año fue el rechazo del “vandalismo”. Ese hecho evidenció los límites intrínsecos de una convocatoria hecha por una ciudadanía cuya cultura política está hegemonizada por el discurso político dominante, hasta el punto de adoptar parte de la estrategia de contención de la protesta desplegada por el propio Estado.

Igualmente, la alcaldía de Claudia López adoptó el mismo marco discursivo contra la protesta en las jornadas del 16 y el 21 de enero, así como del 21 de febrero, en las cuales la represión corrió por cuenta del Esmad, pese al protocolo que por entonces ensayaba la administración distrital.

 

El desencuentro entre lo social y lo político

 

El otro factor que explica la dificultad para articular el descontento es el desencuentro entre lo social y lo político, particularmente entre los sectores críticos y de izquierda que animan en parte los movimientos sociales. La persistencia de las protestas a pesar de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y de un contexto adverso de intensa represión, permite apreciarla pervivencia de un gran descontento social que no está debidamente representado en el escenario político.

La gran mayoría de las demandas, expresadas mediante protestas, hacen referencia a problemas estructurales cuya resolución ha sido aplazada o reprimida por la guerra, como la redistribución de la propiedad de la tierra, la disminución de la pobreza y la desigualdad social, el fin de la exclusión política vía genocidio o el abandono del modelo económico neoliberal, e irrumpieron en el ámbito político gracias al proceso de paz. Sin embargo, hoy por hoy en el escenario político institucional tales demandas están infrarrepresentadas.

De hecho, en buena medida la retórica contra la “polarización”, que caracteriza la discusión pública en el país desde las elecciones de 2018, ha estado orientada a proscribir del escenario político las mencionadas demandas, concebidas por la derecha y el autodenominado “centro” como transformaciones muy radicales y generadoras de “odio de clases”. Así, la denuncia de la “polarización” evidencia un intento de acotar la construcción de paz a la implementación del Acuerdo, garantía de que los privilegios sociales no serán tocados.

Este desencuentro entre lo social y lo político también se expresa entre los actores que agencian y que potencialmente podrían articular el descontento social. En el ámbito político no existe un proyecto alternativo, más allá de la oposición abstracta al uribismo, capaz de aglutinar ese descontento. Los frecuentemente llamados sectores “alternativos” se dividen entre las variopintas facciones de la izquierda y los actores emergentes que se auto identifican como “centro” político, muchos de ellos provenientes de los antiguos partidos tradicionales y del mismo uribismo.

Ese desencuentro también se puso en evidencia en las elecciones de alcaldes y gobernadores, pues mientras las demandas de las grandes protestas plantean un rechazo decidido al modelo neoliberal, en varias ciudades principales como Bogotá y Medellín, el electorado se decantó por opciones que no se apartan en lo fundamental de dichas políticas. Aún más, la cooptación de buena parte de sus críticos potenciales por la alcaldía de Claudia López ha significado un freno importante a la hora de generar protestas en Bogotá, desalentando las acciones colectivas para no perjudicar su gobernabilidad, sin mencionar el silencio cuando se trata de denunciar la represión y el discurso criminalizante en que la alcaldesa ha incurrido al replicar el anatema de “vandalismo” y la asociación de las protestas con la insurgencia armada y las “disidencias”.

Por esa razón, nadie exigió que la mandataria local asumiera una responsabilidad política por la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre, sino que se terminó por responsabilizar únicamente a la Policía y al gobierno nacional, aunque López no explicara con suficiencia quién dio las órdenes de abrir fuego contra civiles en el puesto de mando unificado o si se desobedecieron sus órdenes expresas. Nunca se aclararon las razones de su tardía reacción, mucho después de que en las redes sociales se vertieran denuncias sobre las conductas de la Policía.

La llegada de la Minga a Bogotá el 18 octubre es otro ejemplo de la misma problemática. La participación de la Alcaldesa en los actos de bienvenida, incluso arengando la movilización desde una tarima, ubicó la manifestación en un marco de sentido de corrección política análogo al concierto realizado contra el “vandalismo” en diciembre de 2019. De esa manera se desplegó todo un dispositivo simbólico para impedir que la protesta se desbordara. La alcaldía de Bogotá adoptó así el rol de “policía bueno” y terminó siendo funcional a la indolencia de Duque, pues le restó radicalidad y potencial de afectación a la Minga. Así, aunque el objetivo de la gran movilización era hacer que el presidente accediera a negociar, al final los mingueros tuvieron que retornar al Cauca sin ser atendidos por el gobierno nacional.

El mismo desencuentro entre lo social y lo político resalta, finalmente, en la enorme división de la izquierda, cuya consecuencia es la imposibilidad de articular el descontento social. Un ejemplo anecdótico basta para comprender el problema. Tras la masacre, el 10 de septiembre, el senador Gustavo Petro hizo un llamado a las centrales obreras, vía redes sociales, a convocar un paro nacional. La respuesta de Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, e integrante del Moir y del Comité de Paro, fue “cada loro en su estaca”, paradójicamente afirmando que las centrales eran “organizaciones autónomas” y no se subordinarían a ningún movimiento político.

 

¿Qué podemos esperar?

 

Más que las restricciones impuestas con ocasión de la crisis sanitaria, los problemas de los movimientos sociales provienen de factores contextuales, como la represión y criminalización agudizadas bajo el gobierno Duque, y endógenos, como la incapacidad de articular el descontento social expresado en un número importante y creciente de protestas que, sin embargo, se suceden de manera fragmentada.

Una clave explicativa de tal situación es el desencuentro entre lo social y lo político, especialmente la manera como la división de las fuerzas “alternativas” y de izquierda se refleja en el terreno de los movimientos sociales. Si este diagnóstico es correcto, en el corto plazo será muy difícil resolver el problema de la desarticulación, puesto que esas divisiones se expresarán con mayor ahínco en un año pre-electoral.

Por lo tanto, lo que cabe esperar es la expresión fragmentada, sin un norte, una identidad y unos antagonismos políticos claramente definidos, del descontento ciudadano, el cual no solo será una constante sino que incluso se incrementará por cuenta de la creciente pobreza, injusticia y desigualdad que está dejando la pandemia.

Una de las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria son los jóvenes, que constituyen cerca del 70 por ciento de la población del país (aquella comprendida entre 15 y 64 años), dejándolos sin empleo, haciéndolos responsables por otros miembros de sus familias o sin posibilidad de acceder a canales de autorrealización como la educación superior. Esta población es la que más hace presencia en las protestas, porque dispone del tiempo necesario para invertir en ese tipo de apuestas colectivas, experimenta con mayor intensidad las formas de opresión y explotación del mundo contemporáneo, por ejemplo mediante la precarización laboral, pero también la necesidad de establecer vínculos sociales fuertes y realizar experiencias que excedan el mundo virtual que subsume sus vidas.

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El primer acontecimiento global en la historia de la humanidad

A pesar de que algunos analistas consideran que ha comenzado un fenómeno de desglobalización, la pandemia muestra todo lo contrario. Esta crisis impulsará la globalización del trabajo.

La actual pandemia es el primer acontecimiento global en la historia de la especie humana. Cuando digo «global» quiero decir que ha afectado a casi todos, sin importar cuál sea su país de residencia o clase social. Si en un par de años –cuando, esperemos, la pandemia haya concluido y hayamos sobrevivido– nos encontramos con amigos de cualquier rincón de la tierra, todos compartiremos las mismas historias: miedo, tedio, aislamiento, puestos de trabajo y salarios perdidos, cuarentenas, restricciones gubernamentales y máscaras. Ningún otro acontecimiento se le ha acercado.


Las guerras, incluso las mundiales, fueron limitadas: la gente en Suiza, ni hablar en Nueva Zelanda, no tuvo historias significativas sobre la guerra para compartir con los habitantes de Polonia, Yugoslavia, Alemania o Japón. Y en los últimos 75 años las guerras fueron locales. Mucha gente joven puede haberse manifestado contra la Guerra de Vietnam, pero la mayoría no experimentó ninguno de sus efectos. La gente se horrorizó con el sitio a Sarajevo, el bombardeo a Gaza o la estrategia de «conmoción y pavor» en Iraq. Pero para 99,9% de la humanidad ese espanto no cambió en nada su vida diaria: siguió levantándose temprano para ir a estudiar o trabajar, se rio con sus compañeros de trabajo, quizás salió a beber y terminó en un karaoke. No tuvo historias para compartir con los residentes de Sarajevo, Gaza o Bagdad, absolutamente nada en común.


Ni siquiera el fútbol puede competir, aunque sus enfervorizados simpatizantes se digan a sí mismos que los acontecimientos mundiales imitan al fútbol. La última final de la Copa del Mundo fue vista por 1.100 millones de personas, aproximadamente uno de cada seis habitantes del planeta. Hubo todavía muchos que ignoraron su existencia y a quienes no les importó en lo más mínimo qué equipo ganó o perdió.


Entrar en los libros de historia


El covid-19 entrará en los libros de historia como el primer acontecimiento verdaderamente global también en virtud de nuestro desarrollo tecnológico: no solo podemos comunicarnos a través de todo el mundo, sino que también podemos seguir en tiempo real lo que está ocurriendo prácticamente en cualquier lugar. Dado que la infección, la enfermedad y una posible incapacidad y muerte nos amenazan a todos, incluso quienes por otras razones no tienen mucho interés en las noticias chequean sus teléfonos inteligentes para obtener actualizaciones sobre fallecimientos, tasas de infección, vacunas o nuevas terapias.


El propio covid-19 parece haber sido diseñado para esa función. Aunque su nivel de mortalidad se incrementa con la edad, sus efectos son tan inciertos que incluso buena parte de la población más joven y saludable no está totalmente libre de preocupación. Si el covid-19 hubiese sido menos aleatorio, habría causado menos temor. Sin embargo, este acontecimiento global es al mismo tiempo extraño. Requiere que la gente no interactúe físicamente entre sí, y de ese modo trae como consecuencia otra dimensión, una novedosa. Nuestro primer acontecimiento global habrá sido aquel en el que no nos encontramos cara a cara en tiempo real con otra gente que también lo experimentó.


Si reflexionamos sobre esto, tiene sentido. Para ser global, el acontecimiento tiene que ser vivido más o menos de la misma forma y al mismo tiempo por todo el mundo. Si nos limitamos al contacto físico o la presencia, sin embargo, no podemos llegar a muchas personas, simplemente porque no es posible para cada uno de nosotros encontrarse con miles, y menos aún cientos de miles de otras personas. Por lo tanto e irónicamente, el primer acontecimiento humano global estuvo desprovisto de cualquier de humano y físico: tuvo que ser experimentado en forma virtual.


Es por esto también que esta pandemia es diferente de la de un siglo atrás. En ese entonces, la información no se podía transmitir o compartir con facilidad. Para cuando la gente estaba muriendo en la India por la gripe española, Europa se estaba recuperando y desconocía o se mostraba indiferente frente a las muertes en la India. Y la India tampoco había tenido noticia de las muertes en Europa hasta que la pandemia la invadió.


Globalización del trabajo


¿Qué quedará de este acontecimiento global, más allá de las memorias de la gente? Hay solo unas pocas cosas que podemos decir con alguna certeza.


La pandemia habrá acelerado la globalización en el segundo factor de la producción: el trabajo. (El primer factor, el capital, ya está globalizado gracias a la apertura de cuentas nacionales de capital y la capacidad técnica de mover enormes sumas de dinero por todo el mundo y de construir fábricas y oficinas en todas partes). Es probable que el covid-19 nos haga avanzar casi una década en la conciencia de las posibilidades de desacoplar el trabajo de la presencia física en el ámbito laboral. Aunque en muchas actividades podamos, una vez que la pandemia termine, volver a compartir oficinas físicas, a trabajar en fábricas, en muchos otros casos no será así. Esto no solo tendrá efectos en la gente que trabaje desde su casa, el cambió será mucho más profundo. Verá la luz un nuevo mercado laboral global sin necesidad de migración. En algunos segmentos de la economía mundial (como los centros de atención telefónica o el diseño de software), ese mercado ya existe, pero se volverá mucho más habitual. La pandemia implicará un salto gigante hacia la «movilidad» del trabajo, una movilidad peculiar, en la que los trabajadores y las trabajadoras individuales no se moverán de su lugar de residencia, sino que trabajarán en «oficinas» o «fábricas» a kilómetros de distancia.


Quienes se preocupan porque la globalización podría retroceder se van a sorprender. Debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las cadenas globales de valor y el comercio podrían sufrir un revés temporario. Pero en términos de movilidad laboral o, más precisamente, de competencia laboral –que es extraordinariamente importante–, la globalización avanzará.


 
Traducción: María Alejandra Cucchi
Fuente: IPS y Social Europe

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¿IVA de 19 por ciento para toda la canasta?

Soplan vientos que traen el eco de gravar la totalidad de alimentos con el IVA en un 19 por ciento. Es la propuesta facilista para recomponer el déficit fiscal que sobrelleva el país, medida que le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–. ¿Por qué es improcedente esta medida y cuáles serían sus consecuencias?

 

De nuevo el debate sobre la necesidad de realizar una reforma estructural tributaria gana espacio a nivel nacional. Esta vez producto de la difícil situación fiscal del país, agravada por la pandemia del covid-19 en 2020 y con ella la caída de ingresos del gobierno nacional de un 2.5 por ciento del PIB y el aumento del gasto público para enfrentar la crisis social y económica en curso.

Como en otras ocasiones, sectores defensores de los privilegios de pocos proponen como uno de los pilares para mejorar las arcas públicas la universalización del impuesto al valor agregado –IVA– para todo el conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Una propuesta improcedente, como permite afirmarlo las mismas cifras oficiales sobre los impactos recaudatorios y en la distribución de ingresos de diferentes opciones alternativas de reforma del IVA.



Algunas consideraciones generales de contexto

 

En el Gráfico 1 puede apreciarse, a manera de preámbulo, cuán regresivo resultaría ser la generalización de la tarifa del 19 por ciento del IVA a la totalidad de bienes y servicios consumidos por los hogares en Colombia, ya que este impuesto como proporción del ingreso total de los hogares variaría desde el 24 por ciento para el caso de los hogares en pobreza y el 17 por ciento para el de hogares en vulnerabilidad, que resultan ser muy superiores al de los hogares con mayores ingresos de la denominada clase alta (el 7% para los hogares del decil 10 con los mayores ingresos y 12%, en promedio, para los deciles 7 a 9).

Así pues, a diferencia de lo argumentado recientemente en ciertos círculos especializados a nivel internacional, no es cierto que a priori el IVA generalizado pueda resultar progresivo dado el nivel y composición de los gastos en bienes y servicios que realizan los hogares según nivel de ingreso en el caso de un país como Colombia, con elevados niveles tanto de pobreza monetaria (cercano al 35.7% en 2019, justo antes de la pandemia del covid-19 que la recrudeció de manera significativa en 2020) como de concentración de ingresos y de riqueza.

Ante estas circunstancias, resulta claro que el diseño de una reforma del IVA en Colombia ha de ser enmarcado, en sentido estricto, en una visión de economía política que pondere debidamente los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, aparte de los de simplicidad y transparencia, a la luz de propósitos básicos como los de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad societal.

 

La clasificación del gasto según grupos de la canasta familiar

 

El Dane, con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph) 2016-2017, seleccionó la nueva canasta y revisó la metodología aplicada al Índice de Precios al Consumidor. Entre los cambios están los nuevos ponderadores a nivel de las 12 divisiones, grupos de gasto y clases de gasto para cada una de las clases sociales1.

En la misma destaca el peso específico del grupo de alimentos en el gasto de los hogares en el país, a saber –siempre en por ciento–: 13.89 a nivel general, el 22.10 para los hogares en pobreza, el 20.56 para los hogares en vulnerabilidad, el 14.57 para los hogares de la denominada clase media y el 7.51 para los hogares de la clase de ingresos altos.

A su vez, el gasto conjunto en alimentación y arriendos llega a representar el 39.05 del gasto total para el agregado de hogares en el país, llegando incluso hasta el 53.73 del gasto en el caso de los hogares en pobreza, el 48.43 en el de los hogares en vulnerabilidad, el 39.94 en el de los hogares de clase media y el 29.88 en el de los hogares de ingreso alto.

 

El gasto total de los hogares y su composición

 

De acuerdo con esta encuesta de 2016-2017, el gasto total mensual de las unidades de gasto alcanzó 27.4 billones de pesos mensuales (328.8 billones de pesos al año), distribuidos fundamentalmente en: alimentos y bebidas no alcohólicas (4.4 billones de pesos mensuales, equivalente al 15.9 por ciento del gasto total); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7.9 billones de pesos mensuales, 28.7% del gasto total); bienes y servicios diversos (5.0 billones de pesos mensuales, 18.3%) y transporte (2.6 billones de pesos mensuales, 9.5%), entre otros.

En estas condiciones, la distribución del IVA del 19 por ciento a toda la canasta familiar a nivel de las clases sociales muestra cómo el recaudo se concentraría en lo fundamental en los hogares de la clase media (44%), seguido por los hogares en vulnerabilidad (26%), los hogares en pobreza (19%) y, finalmente, los de la clase alta (11%), destacándose cómo el peso del impuesto IVA sobre el ingreso representaría el 24.4 por ciento para los hogares en pobreza, mientras que para aquellos de altos ingresos sería de tan sólo el 10.8 por ciento y mucho menos para el 1 por ciento de los hogares más ricos de la clase alta para los que el IVA a la canasta familiar sólo afectaría el 7.3 por ciento de su ingreso.

El efecto de la medida es inocultable. De ahí que la propuesta debiera orientarse a no gravar la canasta básica de los hogares en pobreza y vulnerabilidad, ni tampoco a los rangos o sub-deciles de ingresos bajos de la clase media, para que con ello se lograran mejoras sustanciales en el índice Gini de concentración de ingresos al poder pasar de 0.5438 a 0.5166.

Ante esta composición del gasto de los hogares en el país, universalizar la tarifa del IVA del 19 por ciento a la canasta familiar de bienes y servicios generaría un recaudo aproximado de 62 billones de pesos al año (6.2% del PIB).

 

 

 

La potencia del impacto

 

Mediante una microsimulación del IVA a toda la canasta familiar, se estima que su universalización al 19 por ciento para todos los bienes y servicios, si todos los demás factores permanecen constantes, reconfiguraría de manera apreciable la estructura de las clases sociales, con un aumento de la proporción de hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y una reducción de la de hogares de clase media, en la medida en que:

(i) cerca del 23 por ciento de los hogares en pobreza no extrema serían expulsadas a la pobreza extrema,
(ii) un 16 por ciento de los hogares vulnerables serían expulsados a la pobreza, y
(iii) un 23 por ciento de los hogares de la clase media serían expulsadas a vulnerabilidad.

Como queda claro, de así proceder ello conduciría a un inaceptable empobrecimiento y agudización de la vulnerabilidad de amplios grupos poblacionales, ya de por sí golpeados por la política económica en voga desde décadas atrás, y más agravados con la pandemia del covid-19, consecuente con un aumento del índice Gini de concentración del ingreso de un 0.5438 antes del impuesto IVA a 0.5705 después del mismo a toda la canasta básica para toda la población.

La importancia de este tipo de impactos ha sido reconocida por organismos internacionales y círculos de expertos al punto de recomendar que con la ampliación de la base gravable del IVA a bienes y servicios de la canasta familiar se implanten medidas de compensación (créditos fiscales, devolución de IVA, entre otros) focalizada a favor de los hogares en pobreza y vulnerabilidad. A pesar de lo anterior, dados los altos niveles de informalidad como de precariedad de ingresos de amplios grupos de nuestra sociedad y ante los graves vacíos en la interoperabilidad y robustez estadística de los registros administrativos en un país como Colombia, se generan importantes desigualdades, injusticias, asimetrías, inequidades, falencias en la cobertura de la población y elevados costos de transacción no solo para la administración pública sino también para los mismos hogares elegibles.

En cuanto a la pretendida corrección de este tipo de políticas en Colombia, resulta muy aleccionadora la experiencia de la devolución del IVA, debido a que hasta el presente tan sólo llega a cubrir a un millón de hogares pobres (esto es, apenas un 23.3% de los hogares pobres en 2019, antes del recrudecimiento de la pobreza con la pandemia en 2020), lo cual constituye una muestra de la inadecuada capacidad gubernamental para lograr una oportuna e integral aplicación de medidas compensatorias a los hogares pobres y vulnerables, los cuales serán claramente afectados con la universalización de este impuesto. Así pues, en economías altamente informales y con precarios sistemas de información hay una alta brecha entre la imposición tributaria a la canasta familiar y la cobertura y efectividad de las compensaciones para hogares en pobreza y vulnerabilidad, por ejemplo.

Como ya se vió, el peso de los gastos en los rubros de alimentos y de arriendo de vivienda para los hogares en pobreza casi que duplica el correspondiente a los hogares de la clase de altos ingresos (un 54% en el primer caso), en este artículo se muestra, a manera de ejemplo, el impacto fiscal y en redistribución de ingreso de la implantación de una tarifa general del IVA del 19 por ciento para alimentos.


El IVA sobre alimentos

 

El gasto de los hogares en alimentos, según la Enph 2016-2017, fue de 4.06 billones de pesos mensuales en 2017 –esto es, 48.7 billones de pesos al año–. Los alimentos de mayor consumo son las carnes (28%), panes y cereales (18%), leche, queso y huevos (15%), y legumbres (14%) (Cuadro 1).

 


Gravar todos los alimentos con el IVA a la tarifa general del 19 por ciento, le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–, el cual recaería –siempre en por ciento– en un 37 sobre los hogares de la clase media, un 33 sobre vulnerables, un 25 sobre los empobrecidos y apenas un 5 sobre los de la clase alta.

Aplicar este tipo de medidas, si todos los demás factores permanecen constantes, llevaría a expulsar, por ejemplo, a un conglomerado de 963 mil personas (5.6%) en vulnerabilidad a la pobreza, e incrementaría la inequidad en la distribución de ingresos en el país al elevarse el índice de Gini de concentración de 0.5438 a 0.5502.

Ahora bien, si se aplicara el IVA sobre alimentos a una tarifa del 19 por ciento para los hogares de los deciles 9 y 10 de más altos ingresos en el país se evitaría dicho incremento de la concentración y, por el contrario, podría incluso reducirse muy ligeramente de 0.5438 a 0.5407, aparte de generar un recaudo de cerca de 0.23 por ciento del PIB al año.

Por ello, lo procedente es aplicar una tarifa del 19 por ciento del consumo imputado –según lo estimado con base en la Enph del Dane para los hogares de diferentes clases y deciles de ingreso– para los hogares de altos ingresos, y con una tarifa del 0 por ciento para el resto de hogares.

 

El caso de otros componentes de la canasta

 

Siguiendo similar planteamiento para el caso de los otros rubros importantes en la canasta de consumo como son los arriendos pagados e imputados, la electricidad, gas y agua, por un lado, y alimentación y restauración fuera del hogar, es importante que el gobierno nacional y el Congreso de la República aprobaran el IVA en cuestión sobre los arriendos pagados e imputados para el caso de las personas jurídicas con mayores ingresos operacionales, así como la aplicación de la tarifa del 19 por ciento sobre el consumo de electricidad, gas y agua de las empresas.

Dado que los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente se definen como la remuneración indirecta que obtienen las instituciones financieras y de seguros en las operaciones de préstamos, depósitos y seguros que realizan, así como la diferencia entre el tipo de interés de referencia que se fija para cada operación financiera y el tipo de interés que pagan las instituciones financieras, se debería implantar este mismo IVA a este tipo de servicios en cabeza de las entidades financieras y de seguros, aparte de los reducidos costos de transacción y simplicidad de su recaudo.

 

Escenarios alternativos para la imposición del IVA a la canasta familiar

 

Como síntesis de lo anterior, resulta de gran utilidad analizar la sensibilidad de los impactos en recaudo tributario y los cambios en la distribución de ingreso entre hogares a variaciones en la población de hogares sujeta al gravamen del IVA del 19 por ciento en el país. Como se aprecia en el Cuadro 2, si se aplicara el IVA universal en el porcentaje indicado a todos los hogares colombianos el recaudo adicional alcanzaría a un 6.2 por ciento del PIB al año y el índice Gini de concentración de ingresos se agravaría aún más al pasar de 0.5438 a 0.5705, en tanto que si sólo se aplicara el IVA a toda la canasta de los hogares del decil 10 de más altos ingresos con la tarifa del 19 por ciento y de 0 para el resto de los hogares, se aumentaría el recaudo al 1.8 por ciento del PIB al año y se reduciría apreciablemente el índice Gini de concentración al descender de 0.5438 a 0.5209.

Ahora bien, si se aplicara a la canasta de los hogares de los deciles 9 y 10 de mayores ingresos con la tarifa indicada y del 0 por ciento para el resto de hogares, se incrementaría el recaudo al 2.7 por ciento del PIB al año y se alcanzaría una reducción del índice Gini de 0.5438 a 0.5144.

Lo que demuestra con claridad suficiente la robustez de un diagnóstico de política pública que consulte con rigor las ventajas y desventajas existentes entre recaudo, equidad y progresividad a la luz de objetivos precisos de política económica y social.

En términos de eficacia del recaudo y redistribución de ingreso sobresalen, sin duda alguna, las alternativas de gravar focalizadamente a la canasta de los hogares de mayores ingresos en el país con la tarifa ya definida y del 0 por ciento para el resto de hogares, y en particular del 10 si no se quisiera afectar a algunos sectores de la clase media.

Así, entonces, existirían algunas variantes sobre estos tipos de opciones, para no mencionar otras, que facilitarían sopesar la más deseable en términos de recaudación, graduación, focalización y tarificación bajo los postulados de política pública aquí en referencia, así como en consonancia y estricta coherencia con los demás componentes de la reforma estructural tributaria.

Una opción deseable de política podría consistir en aplicar la referida tarifa del IVA a las personas naturales pertenecientes al 5 por ciento de las que cuentan con los mayores ingresos en el país, como una primera etapa, lo que generaría recursos tributarios por cerca de un 0.8-1.0 por ciento del PIB al año; luego, en la segunda etapa, se podría ampliar la aplicación del IVA pero con una tarifa del 15 por ciento al resto de las personas naturales pertenecientes al 10 por ciento de las con mayores ingresos en el país, que aportaría un recaudo adicional del orden del 0.5-0.6 por ciento del PIB al año, y, cuando sea conveniente e indispensable, en la tercera etapa se extendería la aplicación de este impuesto con una tarifa del 10 por ciento para las personas naturales del decil 9 de ingresos, que recaudaría en torno a un 0.3 por ciento del PIB al año, llegándose en este punto a un aporte recaudatorio acumulado del IVA a la canasta de consumo de los hogares del país próximo al 1.8-2.0 por ciento del PIB al año.

De acuerdo con lo ya argumentado, la mejor forma procedimental, si no única, de aplicar el gravamen, dadas las actuales restricciones en los registros administrativos y en la interoperabilidad de los sistemas de información gubernamental2, sería la de aplicarlo directamente a los hogares sujetos al gravamen a través tanto de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el caso de los arriendos pagados e imputados, por ejemplo, como del mismo recibo del pago de servicios como la electricidad, gas y agua a condición de que se corrijan los graves sesgos de la estratificación actual.

 

En suma…

 

Dicen que un buen gobierno es aquel que garantiza felicidad, seguridad y bienestar a la sociedad con la que organiza la vida diaria. Y para garantizar tal tríptico no puede dejar de lado la justicia, en este caso en el campo económico, tributario y fiscal. Realizar tal precepto no es posible sin trascender las promesas. En este caso, invertir la política impuesta en Colombia desde décadas atrás con la cual se invirtió en 180 grados la lógica de “quien tiene más debe pagar más”, y para ello hemos tratado de dejar la evidencia sin que las neblinas impidan apreciarla en su debida manera.

Queda evidente, entonces, que otra política tributaria sí es posible, pero para hacerla realidad hace falta mucho más que argumentos… El reto queda para el conjunto nacional.

 

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacion-metodologica-2019/ipc-ponderadores.
2 Es de reiterar que el programa de devolución del IVA actualmente llega a menos del 23% de los hogares en pobreza en el país y que, según información oficial suministrada a la Corte Constitucional, a agosto todavía había más del 45% de los hogares en situación de desplazamiento forzado interno a los que no les había llegado ningún programa social del Gobierno nacional.

 

 

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Publicado enEdición Nº275
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Al comienzo de cada año se suelen hacer balances y proponer alternativas. El gobierno tiene sus prioridades, y ha dicho que es urgente una reforma laboral y pensional. Sin ellas, dice, no se podrá recuperar el empleo, y se agudizará la crisis fiscal.

Este diagnóstico no es correcto. Los problemas centrales de la economía no se resuelvan con la reforma laboral y pensional. Allí no está la raíz de los males actuales. Las reformas sustantivas deben estar inspiradas en los siguientes tres principios: i) Estímulo a la demanda. ii) Tributación progresiva. iii) Ordenamiento territorial y economía verde.

Las reformas laboral y pensional no son urgentes. Y, aún más, si se avanza en las tres dimensiones mencionadas, no son necesarias.

Es importante replantar el foco de la discusión, buscando que se examinen los aspectos estructurales.


Estímulo a la demanda

 

La reforma laboral que impulsan los empresarios y el gobierno tiene, entre sus motivaciones, el “elevado” costo de la mano de obra. En su opinión, el salario mínimo que se paga en Colombia es muy alto.

Esta apreciación tiene tres sesgos. Primero, centra todo el énfasis en el lado de la oferta, desconociendo la relevancia de la demanda. Segundo, deja por fuera del análisis costos significativos, como los financieros. Y, tercero, olvida que en el panorama internacional el salario mínimo de Colombia es muy bajo.

El éxito de las empresas radica en la fortaleza de la demanda. Si el consumo de las familias aumenta, mejora las ganancias. La rentabilidad de la firma no depende de una depresión del salario, sino de los estímulos a la demanda. Los industriales colombianos minimizan la importancia de este factor y, de manera equivocada piensan que la recuperación de la producción depende de la depresión del salario.

En la estructura de costos de las empresas el peso de los compromisos financieros puede ser más significativo que el de la mano de obra. Para los gremios empresariales el costo salarial impide que la productividad sea mayor. Esta mirada desconoce que la alta rentabilidad de los intermediarios financieros se explica por las elevadas tasas de interés. Mientras que el Banco de la República le presta a los bancos privados al 1,75 por ciento año, éstos prestan para igual periodo de tiempo al 12-14 por ciento. Y peor aún, si el crédito es de consumo la tasa de interés sube al 22 por ciento año

En el panorama internacional, el salario mínimo de Colombia es muy bajo. Además, es insuficiente para superar el umbral de la pobreza.


En el cuadro se presenta el salario mínimo –en pesos y dólares– por mes, día y hora. En dólares, el salario mínimo mes es de 261,25, por día es 10,89 y por hora es 1,36. En Estados Unidos el salario hora oscila alrededor de 12 dólares. En Los Ángeles se acerca a 15 dólares. Por tanto, el salario mínimo día en Colombia es considerablemente inferior al salario hora en Estados Unidos. No se entienden, entonces, las afirmaciones del Ministro de Hacienda que considera que el salario mínimo en el país es excesivamente alto.

Y con respecto a la línea de pobreza el salario mínimo también es bajo. Las dos últimas columnas del cuadro presentan los umbrales de pobreza para una familia de 4 miembros. Se hace la diferencia entre la línea de pobreza (LP) y la línea de indigencia (LI), o pobreza extrema. El valor de la LI es el de la canasta de alimentos mínima. Si en la familia trabaja una sola persona, el salario mínimo (908.256 pesos) alcanza para comprar los alimentos básicos (558.245 pesos), pero no es suficiente para superar la línea de pobreza (1.331.798 pesos). Para que el hogar pueda superar la barrera de la pobreza necesitaría un ingreso mensual adicional de 423.542 pesos.

 

Tributación progresiva

 

Se requiere una reforma tributaria que cumpla dos objetivos: mejorar el recaudo y reducir la desigualdad. En lugar de insistir en una reforma laboral y pensional, el gobierno debería darle prioridad a la reforma tributaria.

Es lógico esperar que las reformas tributarias mejoren en el recaudo, pero no sucedió así con la última reforma, que aumentó las exenciones y no incrementó los ingresos. Durante estos meses de pandemia emanó con claridad la vulnerabilidad de la estructura fiscal del país. La escasez de recursos ha sido notoria. Las transferencias a las familias son modestas, y las limitaciones del aparato estatal se observan en sectores tan importantes como el de la salud. El primer objetivo de una nueva reforma tributaria tendría que ser el incremento del recaudo.

Y el segundo propósito de la misma debe ser mejorar la equidad. Cuando la distribución del ingreso y de la riqueza es tan desigual, como sucede en Colombia, el sistema tributario es el mejor instrumento para reducir la concentración. El Estado del Bienestar en Europa se construyó sobre la base de impuestos progresivos. Las tarifas del impuesto a la renta suben a medida que el ingreso es mayor. En los años 70, en los países desarrollados, la tarifa en el último rango de ingresos llegó a ser del 90 por ciento. Estos porcentajes tan altos tenían el propósito explícito de evitar la concentración de la riqueza. A partir de los años 80, inclusive en Europa, estos propósitos distributivos se fueron debilitando.

A pesar del discurso a favor de la equidad, en Colombia no se avanza. Y al contrario, en las últimas estadísticas del Dane se observa un aumento de la desigualdad.

Mientras que los impuestos continúen siendo tan bajos, no habrá recursos para financiar proyectos como el de renta básica, que buscan garantizar los ingresos necesarios para que las personas superen el umbral de pobreza.

 

Ordenamiento territorial y economía verde

 

Es urgente que Colombia adelante un adecuado ordenamiento territorial. Y el paso inmediato es la consolidación del catastro multipropósito. Esta dinámica se inscribe en una estrategia de largo plazo, que es la economía verde.

La dependencia de los hidrocarburos y de la minería, y el pésimo manejo hecho por el país de los excedentes, obliga a repensar el modelo de desarrollo. La producción sostenible exige modificar de manera radical la matriz energética.

La minería ilegal y el narcotráfico son dimensiones centrales del ordenamiento del territorio. En el caso de la coca es inútil continuar con la política prohibicionista. El país está en mora de avanzar en procesos de legalización y regularización de la producción de coca y marihuana. Mientras estos cultivos permanezcan en la ilegalidad, siempre habrá grupos armados protegiéndolos.

El asunto de la tierra es el principal problema político de la sociedad colombiana. Allí habría que buscar la raíz del asesinato de los líderes sociales. Y, además, es un obstáculo a la modernización de la agricultura. La causalidad propuesta por el Ministro de Defensa es inaceptable. Su solución al asesinato de líderes sociales sigue una lógica lineal que debería causar indignación: la fumigación lleva a la eliminación de los cultivos y al cese de los asesinatos de líderes sociales. Esta secuencia analítica, que es de un simplismo aterrador, niega las causas estructurales del conflicto social.

 Salario mínimo (pesos y dólares)
Valor en pesos de la línea de pobreza y de indigencia, para un hogar de 4 personas 2020 
Salario mínimo   
Pesos Dólares LP-Fan LI-Fam
Mes 908.256261,25558.245
Día37.85510,8918.608
Hora4.7311,36 

 

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Publicado enEdición Nº275
Fotografía: Hernán Ayala / Noname, 9 de septiembre /2020.

Aunque las restricciones impuestas con la pandemia limitaron la movilización social, esta se abrió camino en distintos momentos de 2020. Sin embargo, no se consiguió articular un movimiento social como el perfilado a finales del año anterior. Existe una dificultad para articular el descontento social expresado en las protestas, que se explica por factores como el incremento de la represión y por ciertas disonancias entre lo social y lo político.

El paro nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 produjo un fenómeno inédito de movilización social en la historia reciente del país, solo comparable con el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Las grandes manifestaciones tuvieron una naturaleza interclasista, articulando a actores de clase media y media alta, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados y, mayoritariamente, jóvenes.

Como consecuencia, las demandas iniciales, en contra del “paquetazo” neoliberal –las reformas tributaria, laboral y pensional del gobierno Duque– se enriquecieron con diversidad de reclamos transversales y no solo sectoriales, convergentes en la implementación del Acuerdo de paz. Así mismo, las organizaciones convocantes, principalmente las centrales obreras en el Comité de Paro, resultaron desbordadas, de manera que muchas de las acciones de protesta fueron descentralizadas y “auto convocadas”, esparciéndose por las ciudades, rompiendo con la tradición de protestar en las plazas centrales y acogiendo repertorios de acción como el cacerolazo.

Sin embargo, en 2020 el ímpetu de las movilizaciones se moderó considerablemente. Tras los frustrados diálogos entre el gobierno y el Comité de Paro hubo varios intentos de reactivar la protesta, con jornadas de paro nacional el 21 de enero y el 21 de febrero que no alcanzaron el carácter masivo ni la intensidad de las protestas del año anterior. La jornada programada para el 25 de marzo finalmente no contó con ninguna posibilidad por el comienzo de la emergencia sanitaria producto del arribo del covid-19 al país.

Así pues, la dinámica de movilización fue interrumpida por las restricciones de la pandemia y el miedo al contagio. No obstante, la protesta social se abrió camino aún en estas circunstancias, incluso en denuncia/rechazo de las medidas autoritarias de los gobiernos nacional y locales en demanda de asistencia para enfrentar las cuarentenas. Informes de observatorios como el Cinep señalan que no hubo una disminución drástica de la protesta. Esto quiere decir que el descontento se mantiene constante, expresándose en un número importante de protestas aunque sin lograr articularse en un movimiento social como el del año anterior. ¿Por qué se produce este fenómeno?

Las limitaciones del movimiento que emergió a finales de 2019, más que por las restricciones de la pandemia se explican por problemas a la hora de enfrentar el contexto político, especialmente la represión, la cooptación y la imposibilidad de enfrentar los discursos criminalizantes, y de su dinámica endógena, particularmente la incapacidad para articular el descontento social a causa de las divisiones que produce el desencuentro entre lo social y lo político.

 

El panorama

 

Ciertamente, las restricciones a la vida diaria causadas por la pandemia y las medidas autoritarias del gobierno limitaron seriamente las posibilidades de movilización y protesta. Los movimientos sociales tienen como base el tejido social de la cotidianidad y las organizaciones especializadas en promover la acción colectiva en favor de una causa determinada, de manera que la limitación de las relaciones y la movilidad de la población reducen las posibilidades de agenciar acciones colectivas. Por eso se promovieron repertorios de acción alternativos a la protesta callejera, como el cacerolazo, implementado con éxito a finales de 2019, aunque sin resultados similares.

Sin embargo, la afectación de las movilizaciones producto de la pandemia fue relativa. En enero y febrero se presentaron varios intentos de retomar su impulso siempre con la vista puesta en el memorable 21 de noviembre de 2019. Las restricciones operaron sobre todo durante los meses de confinamiento obligatorio, entre marzo y agosto. Pero incluso en este período se registraron protestas como las de abril en Bogotá, en demanda al gobierno Distrital de auxilios económicos para enfrentar la cuarentena.


El 7 de septiembre se trató nuevamente de retomar el hilo de las protestas de 2019 con una caravana contra las políticas del gobierno nacional. Esa misma semana se presentaron las protestas contra el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que arrojaron un saldo de 13 ciudadanos asesinados y 305 heridos, en Bogotá. Desde el 10 de octubre se manifestó la Minga del pueblo Nasa que, ante la negativa del presidente Duque a dialogar en Cali, marcha hacia Bogotá para unirse al paro nacional previsto para los días 19 y 21 del mismo mes.

En suma, si bien la pandemia generó grandes restricciones, sobre todo mientras estuvo vigente el confinamiento, no se cerraron por completo las posibilidades de la movilización social. Sin embargo, la fortaleza o debilidad del movimiento social no solo debe ponderarse en función del número de protestas sino también en términos de su capacidad para articular y generar discursos o marcos de sentido alternativos. El que existieran grandes manifestaciones, como la Minga, indica que el problema de articulación del descontento no se explica por la pandemia.

Precisamente, la desarticulación práctica y discursiva se expresó en la incapacidad de los actores sociales para romper con la representación oficial de la crisis sanitaria, que ofrece como “soluciones” al problema el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la medicina, en particular las vacunas, omitiendo el hecho innegable de que la magnitud de la crisis tiene fundamentalmente una explicación política, pues desnuda la precariedad del derecho a la salud bajo el modelo de desarrollo neoliberal, que lo ha subordinado por completo al negocio privado y, particularmente en nuestro caso, a la especulación financiera. Así, la falta de articulación imposibilitó disputar la transformación del modelo de desarrollo, punto en que convergen las demandas de diversas protestas, en la coyuntura en que se mostró su faceta más perversa.

 

Las constantes: represión y criminalización

 

En parte, las dificultades para articular el descontento ciudadano en una propuesta alternativa se explican por las constantes de la criminalización y la represión, agudizadas bajo el gobierno de Duque al menos por tres grandes razones.

Primero, porque Duque sigue el libreto de Uribe: tanto antes como durante la pandemia ha basado su legitimidad en la construcción de un enemigo interno que juegue el mismo papel que en los gobiernos de la “seguridad democrática” jugaron las Farc. De ahí su apuesta por una política antidrogas represiva, un marcado antagonismo con el gobierno de Venezuela y la criminalización de toda protesta, mediante el mote de “vandalismo”, que despolitiza los reclamos colectivos, o tratando de asociar las manifestaciones con la guerrilla y las “disidencias” en un reencauche de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional.

En segundo lugar, porque en buena medida el descontento social sintetiza las demandas de cambio estructural insertas en el Acuerdo de paz, cuya implementación ha sido escamoteada por este gobierno, sin ahorrar esfuerzos para “hacerlo trizas” por distintas vías y cuya política ha beneficiado sistemáticamente a las clases cuyos privilegios se verían afectados de implementarse el mismo: piénsese, por ejemplo, en la reforma rural integral.

Y, finalmente, porque ante el lento pero persistente declive político del uribismo, expresado en el constante “abandono del barco” por muchos de sus adeptos en el escenario político y, sobre todo, por el vistoso descenso en la popularidad tanto del expresidente Uribe como del mismo Duque, su gobierno depende cada vez más de la “mermelada”, esto es, de la distribución de recursos entre los integrantes de su coalición de gobierno y los sectores sociales que aún lo respaldan. Aprovechando la situación excepcional de la emergencia sanitaria, Duque desplegó iniciativas para solidificar vía recursos públicos esos respaldos, de manera que la única amenaza seria a la legitimidad de su gobierno fue la protesta social. Eso explica no solo la criminalización y la represión sino así mismo las constantes iniciativas del gobierno para “regular” ese derecho ciudadano.

La reducción de la protesta social a “vandalismo” fue la estrategia privilegiada contra las protestas desde finales de 2019, incluso se llegó a afirmar que se trataba de un “complot” internacional y en días previos al 21 de noviembre se desplegaron allanamientos y detenciones de activistas. Los abusos en que incurrió la fuerza pública en esta coyuntura, uno de cuyos desenlaces fue el asesinato el sábado 23 de noviembre en Bogotá del estudiante Dilan Cruz, mientras participaba de una movilización no violenta, motivaron incluso un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020, en el que condenó las agresiones sistemáticas de la fuerza pública contra los ciudadanos y el uso desproporcionado de la fuerza, ordenándole al gobierno disculparse públicamente, proteger el derecho a la protesta y reestructurar el ejercicio de la fuerza, prohibiendo además el uso del tipo de arma con que el joven fue asesinado.

Sin embargo, la criminalización y la represión no son únicamente agenciadas por el gobierno de Duque. Se trata de un marco discursivo mucho más amplio, compartido incluso por quienes protestaron a finales de 2019. Incluso una de las consignas del concierto que cerró las protestas el 8 de diciembre de ese año fue el rechazo del “vandalismo”. Ese hecho evidenció los límites intrínsecos de una convocatoria hecha por una ciudadanía cuya cultura política está hegemonizada por el discurso político dominante, hasta el punto de adoptar parte de la estrategia de contención de la protesta desplegada por el propio Estado.

Igualmente, la alcaldía de Claudia López adoptó el mismo marco discursivo contra la protesta en las jornadas del 16 y el 21 de enero, así como del 21 de febrero, en las cuales la represión corrió por cuenta del Esmad, pese al protocolo que por entonces ensayaba la administración distrital.

 

El desencuentro entre lo social y lo político

 

El otro factor que explica la dificultad para articular el descontento es el desencuentro entre lo social y lo político, particularmente entre los sectores críticos y de izquierda que animan en parte los movimientos sociales. La persistencia de las protestas a pesar de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y de un contexto adverso de intensa represión, permite apreciarla pervivencia de un gran descontento social que no está debidamente representado en el escenario político.

La gran mayoría de las demandas, expresadas mediante protestas, hacen referencia a problemas estructurales cuya resolución ha sido aplazada o reprimida por la guerra, como la redistribución de la propiedad de la tierra, la disminución de la pobreza y la desigualdad social, el fin de la exclusión política vía genocidio o el abandono del modelo económico neoliberal, e irrumpieron en el ámbito político gracias al proceso de paz. Sin embargo, hoy por hoy en el escenario político institucional tales demandas están infrarrepresentadas.

De hecho, en buena medida la retórica contra la “polarización”, que caracteriza la discusión pública en el país desde las elecciones de 2018, ha estado orientada a proscribir del escenario político las mencionadas demandas, concebidas por la derecha y el autodenominado “centro” como transformaciones muy radicales y generadoras de “odio de clases”. Así, la denuncia de la “polarización” evidencia un intento de acotar la construcción de paz a la implementación del Acuerdo, garantía de que los privilegios sociales no serán tocados.

Este desencuentro entre lo social y lo político también se expresa entre los actores que agencian y que potencialmente podrían articular el descontento social. En el ámbito político no existe un proyecto alternativo, más allá de la oposición abstracta al uribismo, capaz de aglutinar ese descontento. Los frecuentemente llamados sectores “alternativos” se dividen entre las variopintas facciones de la izquierda y los actores emergentes que se auto identifican como “centro” político, muchos de ellos provenientes de los antiguos partidos tradicionales y del mismo uribismo.

Ese desencuentro también se puso en evidencia en las elecciones de alcaldes y gobernadores, pues mientras las demandas de las grandes protestas plantean un rechazo decidido al modelo neoliberal, en varias ciudades principales como Bogotá y Medellín, el electorado se decantó por opciones que no se apartan en lo fundamental de dichas políticas. Aún más, la cooptación de buena parte de sus críticos potenciales por la alcaldía de Claudia López ha significado un freno importante a la hora de generar protestas en Bogotá, desalentando las acciones colectivas para no perjudicar su gobernabilidad, sin mencionar el silencio cuando se trata de denunciar la represión y el discurso criminalizante en que la alcaldesa ha incurrido al replicar el anatema de “vandalismo” y la asociación de las protestas con la insurgencia armada y las “disidencias”.

Por esa razón, nadie exigió que la mandataria local asumiera una responsabilidad política por la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre, sino que se terminó por responsabilizar únicamente a la Policía y al gobierno nacional, aunque López no explicara con suficiencia quién dio las órdenes de abrir fuego contra civiles en el puesto de mando unificado o si se desobedecieron sus órdenes expresas. Nunca se aclararon las razones de su tardía reacción, mucho después de que en las redes sociales se vertieran denuncias sobre las conductas de la Policía.

La llegada de la Minga a Bogotá el 18 octubre es otro ejemplo de la misma problemática. La participación de la Alcaldesa en los actos de bienvenida, incluso arengando la movilización desde una tarima, ubicó la manifestación en un marco de sentido de corrección política análogo al concierto realizado contra el “vandalismo” en diciembre de 2019. De esa manera se desplegó todo un dispositivo simbólico para impedir que la protesta se desbordara. La alcaldía de Bogotá adoptó así el rol de “policía bueno” y terminó siendo funcional a la indolencia de Duque, pues le restó radicalidad y potencial de afectación a la Minga. Así, aunque el objetivo de la gran movilización era hacer que el presidente accediera a negociar, al final los mingueros tuvieron que retornar al Cauca sin ser atendidos por el gobierno nacional.

El mismo desencuentro entre lo social y lo político resalta, finalmente, en la enorme división de la izquierda, cuya consecuencia es la imposibilidad de articular el descontento social. Un ejemplo anecdótico basta para comprender el problema. Tras la masacre, el 10 de septiembre, el senador Gustavo Petro hizo un llamado a las centrales obreras, vía redes sociales, a convocar un paro nacional. La respuesta de Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, e integrante del Moir y del Comité de Paro, fue “cada loro en su estaca”, paradójicamente afirmando que las centrales eran “organizaciones autónomas” y no se subordinarían a ningún movimiento político.

 

¿Qué podemos esperar?

 

Más que las restricciones impuestas con ocasión de la crisis sanitaria, los problemas de los movimientos sociales provienen de factores contextuales, como la represión y criminalización agudizadas bajo el gobierno Duque, y endógenos, como la incapacidad de articular el descontento social expresado en un número importante y creciente de protestas que, sin embargo, se suceden de manera fragmentada.

Una clave explicativa de tal situación es el desencuentro entre lo social y lo político, especialmente la manera como la división de las fuerzas “alternativas” y de izquierda se refleja en el terreno de los movimientos sociales. Si este diagnóstico es correcto, en el corto plazo será muy difícil resolver el problema de la desarticulación, puesto que esas divisiones se expresarán con mayor ahínco en un año pre-electoral.

Por lo tanto, lo que cabe esperar es la expresión fragmentada, sin un norte, una identidad y unos antagonismos políticos claramente definidos, del descontento ciudadano, el cual no solo será una constante sino que incluso se incrementará por cuenta de la creciente pobreza, injusticia y desigualdad que está dejando la pandemia.

Una de las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria son los jóvenes, que constituyen cerca del 70 por ciento de la población del país (aquella comprendida entre 15 y 64 años), dejándolos sin empleo, haciéndolos responsables por otros miembros de sus familias o sin posibilidad de acceder a canales de autorrealización como la educación superior. Esta población es la que más hace presencia en las protestas, porque dispone del tiempo necesario para invertir en ese tipo de apuestas colectivas, experimenta con mayor intensidad las formas de opresión y explotación del mundo contemporáneo, por ejemplo mediante la precarización laboral, pero también la necesidad de establecer vínculos sociales fuertes y realizar experiencias que excedan el mundo virtual que subsume sus vidas.

 

 

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Publicado enEdición Nº275
Y no se contuvo, se llegó al peor escenario de la pandemia

Sin duda, uno de los deseos más pedidos por la gente en todo el mundo para el 2021 fue que la pandemia terminara, que el coronavirus fuera cosa del pasado, que no tuviéramos más que estar aislados y que pudiéramos retornar a la “normalidad” de nuestras vidas.

Pero esto de las pandemias, que ya la especie humana ha vivido en varios periodos de su historia, no son procesos que finalicen de un momento a otro y para desfortuna para el querer de millones no desaparecen porque un calendario de paso a otro, muy a pesar de la esperanzadora noticia de final de año del inicio de la vacunación contra el Sars-CoV-2.

Y para aumentar el desánimo, vemos que el inicio del 2021 en muchos lugares del mundo está mostrando la cara más ruda de la pandemia, como no se había sucedido en meses anteriores. Este es el caso de Colombia, en donde cursamos por el escenario más dramático que se quiso contener desde el ingreso del virus al país, pero que hoy nos revela que lo hecho y más aún, lo que pudo hacerse y no se hizo, permitió configurar el escenario más difícil del transcurrir de estos más de 10 meses de la pandemia en el país.

 

Las cifras hablan

 

Por efecto del virus, globalmente nos acercando a la cifra de 90 millones de personas contagiadas y 2 millones de muertes. En Colombia estamos acercándonos a los 2 millones de contagios y a 50 mil muertes.

Si estos efectos se comparan con las de otras epidemias recientes también por virus, sus efectos son muy preocupantes. El Ébola, que ha tenido brotes desde 1973, siendo el más intenso el ocurrido entre 2014 y 2016, y con origen en África Occidental, según la OMS ocasionó 28.652 casos, con 11.325 muertes (una mortalidad del 40%). Por su parte, el Sars que apareció en el 2002 en China, según la OMS contagió alrededor de 8.000 personas con una mortalidad del 10 por ciento. Por su parte el Mers, surgido en el 2012 en Arabia Saudita, según la misma organización afectó alrededor de 2.519 personas y dejó 850 muertes en 27 países, con una mortalidad del 34 por ciento.

La diferencia afortunada es que el nivel de letalidad del actual virus es mucho más baja que la producida por estos otros parientes, un 2 por ciento, pero el asunto es su impacto global, como nunca antes había sucedido, de ahí el número neto de muertes tan alta.

Ahora, al discriminar las cifras, se observa que el impacto es muy diferente entre países. Por ejemplo, en la región de las Américas según la OMS, los países más impactados son Estados Unidos con cerca de 400.000 muertes; Brasil, sobrepasando las 200.000, México con más de 130.000, Colombia aproximándose a las 50.000, Argentina, bordeando las 45.000 y Perú, con 40.000. Esto se contrasta con la muy baja mortalidad en Cuba (cerca de 150 muertes) y Uruguay (250), Costa Rica (un poco más de 2.000) y Venezuela (un poco por encima de 1.000).

Y se constata que la pandemia no es democrática como se planteó en sus inicios, por que hoy se sabe que quienes más se contagian y mueren son las personas de los sectores empobrecidos, subalternos, como es el caso de la población inmigrante y afroamericana en Estados Unidos, o como el caso de la población de los más bajos estratos socioeconómicos en Colombia.


Lo hecho y lo dejado de hacer en el país

 

Desde el comienzo mismo de la crisis, el propósito del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud, fue lograr rápidamente el “achatamiento”, el “aplanamiento” de la curva epidemiológica de los casos por covid-19, asunto que nunca se logró, y como tal no deberíamos hablar de picos, porque para que existan se necesitan declives ostensibles los cuales francamente no han ocurrido.

Ante esta realidad, la pregunta obligatoria es por qué no se logró un control, una disminución del número de casos de infecciones y si, por el contrario, lo presentado es un sostenido incremento del número de casos, llegando al mayor escenario de contagio por día en el mes de enero del año que comienza, con cifras diarias con más de 15.000 personas contagiadas, afectación que no se presentó en meses anteriores, y que ahora propicia la declaratoria de emergencia del sistema de salud por no tener la capacidad de atención a todo el conjunto de la población que lo requiere por situaciones tanto de la covid-19, como por otras patologías. Sin duda, la respuesta a esta pregunta implica diversos aspectos.

En relación a lo realizado por los gobiernos nacional y locales, en gran medida puede sintetizarse en la denominada estrategia Prass del Ministerio de Salud, referida a pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible.

En cuanto a las pruebas y el rastreo, debe decirse que se parte de un problema de base relacionado con el modelo de atención que tiene el sistema de salud colombiano que no es territorializado, es decir la afiliación al sistema se hace sobre la base de un aseguramiento al cual no le interesa dónde, ni cómo vive y trabaja la persona. A su vez, el servicio tiene como prioridad la atención a la enfermedad, correspondiéndole a la persona acudir a los servicios de salud (IPS-ESE) cuando se enferma; no hay presencia del sistema de salud en los territorios donde la población tiene su dinámica de vida y laboral.

Otro en particular, es el número de pruebas de detección del Sars-CoV-2 han sido francamente insuficientes, a lo que se suma el rol de las EPS con un compromiso con la implementación de pruebas, la entrega de pruebas y el rastreo que rayan en el desastre.

Hay que resaltar, además, que el aislamiento no es sostenible, de un lado por la situación de un sector amplio de la población que no tienen protecciones económicas y está obligado a salir de sus casas para el rebusque diario; sin desconocer que algunos sectores de la población, asumen un comportamiento de riesgo, desestiman el peligro, se exponen y exponen a otros, asunto que puede leerse como expresión del individualismo impuesto por el modelo de sociedad consumista en que vivimos.

En este sentido, a pesar del esfuerzo en algunos territorios del país por establecer una vigilancia en salud estrecha, realizar los denominados cercos epidemiológicos para identificar y aislar a las personas positivas y sus contactos, predomina una débil intervención, muy enfatizada en la atención a los casos más dramáticos en las unidades de cuidado intensivo (UCI).

Una débil acción territorial que reflejada, por ejemplo, en que los 10 meses que cumple la pandemia en el país fueron desaprovechados para implementar una real estrategia de pruebas, rastreos, cercos y aislamientos, la que demanda la necesaria constitución de equipos básicos de salud en cada uno de los territorios del país, tal como lo demuestran las exitosas experiencias de manejo de esta crisis en diversos países asiáticos y en Cuba, como experiencia particular en nuestra región; un éxito que refleja la importancia que estos gobiernos le dan a la vida y a la salud de sus poblaciones, contando para ello con sistemas de salud públicos de base territorial, sin subordinar la salud a la dinámica de la economía.

De igual manera, y a pesar de colocar el énfasis en lo hospitalario, el mejoramiento de la atención para los casos moderados y graves de covid-19 tampoco se ha dado, porque ni se dotaron las suficientes camas de UCI, ni tampoco se formó el personal especializado necesario que requieren estos servicios, ni se estableció stocks suficientes con los insumos, medicamentos y elementos de bioseguridad que demandas esta atención de alta complejidad.

Así mismo, con el paso de los meses, la muy precaria condición laboral de las y los trabajadores del sector salud no ha sido resuelta, solo se les dio una indemnización única para agradecerles su condición establecida como “héroes”, pero sin resolver lo estructural. Hoy el contexto es de gran agotamiento de este personal, con profundos impactos físicos y emocionales, que para nada han sido tenidos en cuenta, mucho menos atendidos; a lo que se suma la muerte de más de 150 de ellas y ellos por su exposición laboral al virus en los procesos de atención.

Esta confluencia de un sistema de salud que no impulsa procesos de promoción, prevención y atención territorializado, al igual que una limitada vigilancia en salud, sumado a unas condiciones laborales precarias, la falta de una protección social integral y universal para la población, en medio de una economía asentada en la informalidad, con sectores de la economía formal que impusieron la apertura para proteger sus intereses particulares y una falta de conciencia y cultura de cuidado por parte de sectores de la población que se exponen al virus y lo propagan, han llevado la pandemia a una situación en donde el sistema de salud colapsa y, por desafortuna, donde no existirán las condiciones adecuadas y suficientes para atender a toda la población que lo requerirá por el virus, en particular, así como por otras patologías y accidentes que no han parado con la pandemia.

 

Gráfica, casos nuevos de covid-19 en Colombia, marzo 2020 – enero 2021

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Colombia

Hacia una resolución integral de la pandemia: la vacuna no es la panacea

 

Como otro hecho inédito, durante el 2020 se desarrollaron de forma acelerada procesos de biotecnología para la producción de vacunas contra el Sars-CoV-2, cuestionados por algunos sectores académicos y científicos al no cumplirse con suficiencia los pasos de investigación que demandan estas dinámicas de creación y aprobación para el uso de vacunas.

Sin duda, para el campo de la salud pública el descubrimiento y desarrollo de vacunas ha sido muy importante y ha contribuido a erradicar enfermedades infecciosas, letales como la viruela, por lo cual es un recurso muy potente, deseable de desarrollar y utilizar; pero esto desde luego no obvia una mirada critica sobre las formas biotecnológicas como se producen, los procesos que sigue la investigación para ver su eficacia y posibles efectos adversos, sobre las patentes que se establecen, sobre la posibilidad o no de acceso gratuito y universal, entre otros aspectos.

Hasta el momento se reconocen 9 procesos de elaboración de vacunas contra el Sars-CoV-2 como las más adelantadas, hechas en diversos países de Europa, Asia y en Estados Unidos, desarrolladas a partir de cuatro tipos de tecnologías**:

i) Virus inactivo o atenuado: implementada desde décadas atrás. Con ella el virus se inactiva con calor o compuestos químicos, con lo cual no tiene el potencial de daño al introducirse al cuerpo, pero sí la capacidad de generar la inmunidad específica contra él;
ii) Tecnología ARN (se utiliza por primera vez, constiuida por tanto en la inicial vacuna genética de la historia): para ella se crea en el laboratorio una pequeña secuencia genética del virus, que al ser introducido “enseña” a las células del cuerpo humano a producir proteínas similares a las del virus, a partir de lo cual el sistema inmunológico crea una respuesta frente al intruso;
iii) Vectores virales: tecnología también utilizada por primera vez. Consiste en un virus (no patógeno) modificado, que hace de vehículo para introducir material genético en el núcleo de una célula; en este caso se construyó a partir de un adenovirus, insertando en su interior algunos genes de Sars-CoV-2, para provocar la respuesta del sistema inmunológico; y
iv) Vacunas de subunidades de proteínas: aquí, en vez de utilizar todo el virus, se toma un pequeño fragmento del mismo, que al introducirse es capaz de activar una respuesta inmunitaria.

El desarrollo de estas vacunas ha corrido por cuenta de empresas farmacéuticas privadas multinacionales (caso de Pzifer, BioNtech, Moderna, AstraZeneca), y otras por institutos de investigación nacionales o de universidades (caso del Centro Gamaleya de Investigación en Epidemiología y Microbiología de Rusia y la Universidad de Oxford).

La mayoría de estas vacunas requieren de dos dosis y aún no se conoce con certeza por cuánto tiempo inmunizan, teniendo como referencia las vacunas contra la gripe que deben aplicarse anualmente. A su vez, ya se han reportado casos de reacciones adversas con su aplicación, reacciones principalmente de carácter alérgico, que no son en un gran porcentaje, pero que es urgente precisar.

En el marco de esta dinámica de producción de vacunas, el gobierno nacional menciona que ha realizado gestión para su compra, principalmente con Pzifer, lo que implica una enorme inversión económica por parte del país para la inmunización completa de su población, porque aunque se inicie por grupos prioritarios –como es la población adulta y las y los trabajadores de la salud–, para que se tengan resultados adecuados de contención del virus, más del 90 de la población debe estar vacunada.

Así las cosas, hay que decir que seguimos en un escenario de mucha incertidumbre, característico en este tiempo pandémico, desconociendo aspectos relevantes, como los que tienen que ver con la efectividad de la vacuna, sus efectos adversos, los costos y la capacidad de vacunar al conjunto de la población, más aún en un escenario donde es claro que este desarrollo tecnológico lucra a las multinacionales farmacéuticas, con la vacuna configurada como un bien de consumo particular y no como debería ser: un bien común de la humanidad.

Lo cierto, es que ni solo con contar con suficientes UCI, ni con contar con la vacuna para toda la población, va a ser suficiente para contener esta serie de pandemias emergidas en el curso del siglo XXI. Lo que esta real global epidemia está diciendo a la humanidad, es que debemos revisar a fondo la forma como nos relacionamos como especie humana con otras especies animales y con la naturaleza, y que de seguir produciendo y consumiendo como lo hacemos actualmente, con uso intensificado de los recursos naturales, las mutaciones de virus, bacterias y otros microorganismos seguirán presentándose, con lo cual nos veremos muy seguramente abocados a pandemias con mayores niveles de contagio y letalidad.

Una gran enseñanza que nos deja esta pandemia, es que el control de la transmisión de infecciones, en este caso de virus, no se logra solo con medidas de higiene individual, ni con cuarentenas que se tornan insostenibles en el corto plazo. Se requiere mejorar la calidad de vida de toda la población, en especial las condiciones de saneamiento básico y de alimentación; establecer protecciones sociales universales; desarrollar un sistema de salud público de base territorial, que genere potentes procesos de promoción y prevención, de atención primaria y de solida vigilancia en salud; configurar una cultura de cuidado, conteniendo las posiciones altamente individualistas desarrolladas por el actual tipo de sociedad. Desarrollar este conjunto de políticas y medidas implica mucho menos de lo que hoy van a invertir el total de gobiernos con el pago de las vacunas; y su implementación tiene resultados más ciertos y contundentes.

 

* M.D. Salubrista Público, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia
** https://www.bbc.com/mundo/noticias-55027519

 

 

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El covid-19 es una infección que pudo haberse prevenido. Claro, si los políticos hubieran escuchado a los científicos1; los políticos, los economistas, los financieros y los militares, también. Esos que eufemísticamente se llaman “los tomadores de decisión”.

La crisis del covid-19 no fue ni es la crisis generada por un virus de origen zoonótico, muy posiblemente, a partir de los murciélagos. (El tema del origen del virus aún está por ser esclarecido a plenitud). Por el contrario, fue y es la crisis de un sistema social, político y económico que sólo sabe de crecimiento, desarrollo, consumo y productividad y para nada de salud y de vida. Un hecho es incontestable: en la inmensa mayoría de los países, el primer renglón de inversión pública es en seguridad y defensa. Las políticas sociales –en este caso, específicamente de salud–, se encuentran muy por debajo. El complejo industrial-militar lleva la delantera en los presupuestos de Estados y Gobiernos. Es decir, el negocio de la guerra.

Ahora bien, lo más grave es que la primera ola de contagio no se vio venir, y que la segunda tampoco, ni la tercera… (En Suráfrica ya se habla de la cuarta ola de contagios). La lógica del sistema de libre mercado es la de la reacción, no la de la anticipación. Y ciertamente no la anticipación de posibilidades de salud y de vida. La prospectiva es una herramienta del pensamiento estratégico, pero prioritariamente para temas de mercado, gobierno y asuntos militares. Se trata de anticipar las jugadas de otros, y los escenarios posibles, pero no de las opciones propias y manifiestamente jamás las de la naturaleza. (La prospectiva de nada ha servido frente a la crisis climática en curso; otras herramientas sí han sido de mayor utilidad).

Colombia afronta la segunda ola –el segundo pico– de contagios. Y muchos países del mundo, la tercera. Sin pesimismos, ya los científicos han anunciado que son posibles otras pandemias, por definición más graves que la del covid-19. Los gobernantes y las cajas de resonancia que son los grandes medios de comunicación apenas sí han reparado en esta advertencia. El capitalismo se caracteriza por una estructura mental de corto plazo.


Improvisación y reacción

 

La reacción de los Estados y gobiernos ante la crisis del coronavirus fue de tipo militar: confinamiento, toque de queda, ley seca, aislamiento, y control. Las calles se vaciaron y se llenaron las redes sociales e internet. Nuevas posibilidades emergieron, apasionantes, que son, sin embargo, el tema de un artículo aparte. Lo cierto es que se crearon redes, se fortalecieron las comunicaciones, se incrementaron los aprendizajes, todo desde abajo; literalmente. En pleno siglo XXI los cordones sanitarios inventados durante el siglo XIX prevalecen. No hay aprendizajes de parte de los tomadores de decisiones. La biología le enseña a la cultura que una especie que no aprende se vuelve endémica y termina entrando en peligro de extinción. El neoliberalismo tiene los días contados, y sin embargo, se requieren acciones sociales y movimientos políticos de corte histórico que contribuyan activamente a potenciar el final del sistema de libre mercado.

Los cordones sanitarios son medidas policivas y militares. Como en una guerra. Pues bien, si de guerra se trata, las cifras son claras. El país más golpeado por la crisis del covid-19 son los Estados Unidos. A la fecha, casi un cuarto de la población mundial afectada son estadounidenses, y de los fallecidos una quinta parte suceden asimismo en los E.U. En una palabra: el gran derrotado por la pandemia son los E.U.A. Y en contraste, el gran ganador es China. Esto es cuando la salud y la enfermedad se convierten en factores de la geopolítica y de la biopolítica; sin más ni más.

Y un segundo elemento: la demografía. Si ésta constituye un factor clave en el desarrollo de los mercados energéticos y de consumo, esta fortaleza se transforma en debilidad en condiciones de pandemia, crisis y penurias. Los diez países más golpeados por la crisis son, significativamente, aquellos con mayor población en el mundo. Claro, con la excepción, una vez más, de la potencia asiática. (Algo importante tiene que estar sucediendo allí para que sea la excepción, en muchos aspectos, en el estudio de las crisis).

Los comportamientos, planes, acciones, y políticas en la mayoría de países es la improvisación y la reacción. Y claro, el manejo de la estadística. En casi todos los países en las cifras de fallecidos se incluyen como víctimas de covid-19 a personas que fallecieron por otros motivos. Así, los hospitales y las empresas prestadoras de servicios de salud pueden cobrar un dinero extra a los gobiernos. El caso colombiano es muy conocido. La ética queda como algo menos que como un canto a la bandera. La industria farmacéutica y la industria de la salud sólo se interesan por sí misma, no por la sociedad, el público o los pacientes2.

En cualquier caso, es claro que la primera oleada de la infección no pudo ser anticipada por los tomadores de decisión. Y tampoco la segunda, o la tercera… Tanto menos en el caso de Colombia, que es el onceavo país más contagiado, y el noveno con más víctimas fatales al día de hoy. Vale recordar que el sistema mundial está conformado por 195 países, lo que arroja un muy pobre resultado para el gobierno y el Estado colombianos.


Qué significa la segunda ola, y la tercera

 

Los picos de las pandemias indican diversas cosas: de un lado, la incapacidad de los gobiernos y del sector privado para resolver las necesidades sanitarias y cuidar la vida. Recuérdese que son instituciones, y estas, por definición, sólo saben de sí mismas y sólo se interesan por sí mismas; por nada más.

De igual manera, los picos u oleadas ponen de manifiesto si los gobiernos han aprendido, y los aprendizajes en condiciones de crisis deben ser por naturaleza rápidos; tienen que serlo. Un aprendizaje lento en condiciones de crisis se traduce en sufrimiento, dolor y muerte. Pues bien, la segunda ola tuvo lugar sin haber resuelto efectivamente la primera. Y en muchas ocasiones, la tercera tuvo lugar sin haber resuelto la segunda… Es evidente que el viejo dilema tuvo una solución: “o salud o economía”; la ecuación se resolvió a favor de la economía. Y entonces, claro, precisamente por ello se dispararon los contagios. En el caso colombiano, el gobierno no aprendió nada, y privilegió a sus aliados y soporte antes que a la sociedad.

El gobierno de Duque, en lugar de aprender, invierte enormes sumas de dinero en más materiales de seguridad y defensa: para el Esmad, para el ejército, en materia de inteligencia tecnológica, y demás. Pero Duque es tan sólo la cara más externa de un sistema de gobierno, de una clase social y de un Estado históricamente indolentes.

En verdad, en medio de la pandemia, los asesinatos de líderes, excombatientes, jóvenes e indígenas continuaron y no disminuyeron para nada. Esto se corresponde con la indiferencia del gobierno, su falta de aprendizaje, la corrupción e inequidad. En una palabra, el descuido de la vida y la salud, entregado como está a los violentos y corruptos.

Los datos del Dane así lo resaltan: la pobreza ha aumentado en los diez meses de confinamiento, contagio e inoperancia del gobierno.Los ricos son ahora más ricos, la clase media ha empobrecido, y los pobres se acercan a la línea de miseria. A escala mundial e incluso en el espectro de América Latina, Colombia muestra un pésimo comportamiento. Los contagios y fallecimientos están entre los peores, se mire por donde se mire.

Mientras tanto, las vacunas se acercan. Mientras que en Argentina, Chile, Costa Rica, México, Cuba y Venezuela la vacunación de la población ya ha comenzado, en Colombia todo permanece en suspenso, en el aire, con imprecisiones. Se habla de febrero, pero no hay nada claro. Se supone que este país, ahora parte de la Ocde, integra parte de los gobiernos, economías y sociedades más promisorios. El papel lo aguanta todo.

 

* * *

 

Coda: En Colombia el 100 por ciento de los servicios de salud son privados; son las EPS (Entidades o Empresas, Promotoras de Salud). La seguridad social en acá es totalmente inexistente. En esto consiste la ley 100. El creador y promotor de esta ley y de este sistema de seguridad social tiene nombre propio: Álvaro Uribe Vélez; y su partido, claro.

1 Quammen, D., Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic, New York, W. W. Norton & Company, 2013.
2 Cfr: https://www.ara.cat/es/internacional/German-Velasquez-vacunas-covid-19-farmaceuticas-salud-publica-entrevista_0_2592340794.html

 

 

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Martes, 26 Enero 2021 10:40

El fracaso de una estrategia

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El mundo ha comprobado que la estrategia de “echarle candado” a la gente no tuvo los resultados esperados mientras la pandemia sigue desbocada con graves consecuencias para los más vulnerables y para la sociedad en general.

Las medidas extremas de confinamiento vistas entre marzo y septiembre del año pasado no dieron resultado; lo estamos viendo al inicio del año con la llegada del segundo y tercer pico de la pandemia. Los clamores de los gobernantes que se salvaron muchas vidas es una afirmación disputable que busca justificar más las acciones que asumir las verdaderas responsabilidades políticas frente a la gestión de la pandemia. Ahora, al inicio del año, se persiste en repetir el error e ignorar las enseñanzas que dejó el 2020.

¿Qué sucedió? El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, ficha política de Vargas Lleras en el gobierno Duque, ha revelado recientemente el trasfondo de la estrategia del gobierno durante la pandemia: “Yo, que había estudiado las cuarentenas en el Medioevo con una perspectiva tan distante que casi me parecían historias de ficción, terminé recomendando al Presidente el aislamiento preventivo más radical de la historia del país1”. La comparación no es fortuita. Durante la peste negra en Europa se llegó incluso a tapiar las viviendas con sus habitantes adentro, unos vivos y sanos, otros moribundos, y otros ya muertos, para intentar frenar el contagio de los demás habitantes. Las autoridades igualmente patrullaban las calles para asegurar que nadie saliera de sus viviendas.

 

Las epidemias: una presencia antigua

 

El aislamiento y el encierro han sido, desde antiguas épocas, la medida predilecta de los gobernantes para intentar contener las epidemias que sacuden de tanto a la humanidad. Tanto en La Ilíada, como en la Historia de Herodoto y en la Biblia se mencionan los estragos causados por las epidemias. En la novela La peste de Albert Camus, a la ciudad argelina de Orán llega una epidemia causada por la proliferación de ratas y la deficiente higiene pública. La medida principal aplicada allí es, como siempre se acostumbra, el confinamiento.

Encerrar a la gente es la medida más fácil de implantar (y la más autoritaria) pero por lo general, la menos efectiva. Las epidemias suelen ser rápidas, sagaces y hábiles para salir adelante a las medidas que el ser humano inventa para cortarles el paso. Por ello, la imposición aplicada en el 2020 por las autoridades nacionales y locales –al igual que por la mayoría de autoridades del mundo– no es ni sorpresiva ni excepcional. A pesar de todos los antecedentes que la humanidad tiene en el manejo de epidemias el ministro Ruiz admite que “ante un fenómeno tan desconocido, éramos conscientes de que navegábamos en un mar de incertidumbre”, una justificación que da al gobernante de turno licencia para experimentar diversas medidas y evaluar sobre la marcha los resultados.

 

Encerrar, guardar, prohibir

 

La estrategia consistió entonces, replicando el modelo usado por países donde la epidemia golpeó antes, en recurrir a lo más primitivo y radical: la prohibición a los ciudadanos (a veces presentada como “aislamiento preventivo obligatorio o también aislamiento voluntario”) de salir y circular por las calles. La expresión lockdown inglesa para el confinamiento es reveladora, quiere decir, literalmente, “echar candado”.

De lo anterior se deduce lo que siguió. Explica el ministro: “Con el aislamiento preventivo obligatorio que se comenzó en marzo buscamos eso que han llamado “aplanar la curva”, es decir, lentificar la propagación para ganar tiempo, porque suprimir el virus era una ilusión: tener población susceptible en altas proporciones es una bomba de tiempo. El reto era entonces que el ritmo de contagio fuera lento para que no se saturaran las capacidades de atención e iniciar, en un mercado supremamente competido, una carrera de compra de ventiladores y otros insumos vitales para ampliar el número de UCI”.

 

¿Cómo decidir qué hacer?

 

Hasta allí la estrategia. Aquí es pertinente analizar de dónde parten los gobernantes para aplicar medidas de autoridad que juzgan convenientes imponer. Esto requiere un doble enfoque. Un amplio y otro más restrictivo.

En primer lugar, es necesario entender de qué manera se ve a sí mismo el gobernante en la dinámica con sus gobernados. Esto determina igualmente la forma de plantear las preguntas ante los problemas que enfrenta. Pero antes de formular preguntas hay una postura política frente a la emergencia. Hemos visto en el curso de la crisis cómo cada gobernante interpreta y entiende su función. Existen desde los modelos más autoritarios, como el chino, en el que el gobernante se erige en poder absoluto, autárquico, donde la opinión del pueblo poco importa, las medidas son a rajatabla y cualquier violación a ellas es duramente castigada para ejemplarizar la obediencia total. Al otro extremo están los gobernantes más (neo)liberales del “laissez faire”, como los de Brasil y Estados Unidos donde los gobernantes desde el primer día dudaron de la existencia del virus, de su letalidad, de la amenaza que constituye y se negaron a imponer medidas protectoras, dejando en libertad a sus ciudadanos para actuar según su conciencia. En medio de los extremos aparece una gama de posturas, desde la de Amlo, en México, quien recomendó el uso de amuletos para enfrentar el mal hasta la de Duque de aprovechar la epidemia para apuntalar una campaña mediática de su imagen pública con apariciones diarias en la televisión como acostumbran los gobernantes más populistas.

Emerge entonces, por encima de muchas, la postura política del gobernante protector, paternalista, que se considera responsable de sus “pequeños” y los cuida firmemente y con mano dura como lo hace un padre de familia con sus chiquillos. En ese modelo encaja la alcaldesa de Bogotá. Un poco más hacia el extremo liberal, están los gobernantes, que se ven más como administradores de la cosa pública y se encargan de disponer recursos, asignar partidas y gestionar, de la manera más eficiente posible la situación de emergencia como a una gran empresa.

Por otra parte, y quizás solapado con el anterior, está el gobernante, tecnócrata y neoconservador, plegado a los intereses particulares de farmacéuticas y grandes empresarios y financieros que ponen todos los recursos del Estado para que estos hagan lo suyo en el río revuelto de la crisis.


El modelo de gobierno más escaso, paradójicamente, es el utilizado en naciones como Suecia, que se negó a todo tipo de confinamiento extremo u obligatorio. Un sistema basado en la responsabilidad individual acompañado de un gobierno atento a la emergencia y con un robusto sistema hospitalario.
Una vez el gobernante tiene clara su función, procede a formularse preguntas para determinar sus acciones.

 

¿Qué preguntas formular?

 

Determina el tipo de medidas tomadas, el lugar desde donde se para el gobernante para pensar –filosófica, política y sociológicamente–; de allí, por consiguiente se validará la efectividad de las medidas que tome. En un esquema de pensamiento crítico, antes de aventurar recomendaciones, se enfatiza que lo importante es formular preguntas correctas para encuadrar de manera acertada el problema. Dicho de otra manera, hay que meditar el problema, antes de apresurar soluciones sin caer en recomendaciones intuitivas o instintivas.

En el caso de la pandemia es evidente que la mayoría de los gobernantes formularon ab initio la pregunta obvia: ¿Cómo evitar o desacelerar la propagación del virus? En palabras del ministro Ruiz: ¿Cómo aplanar la curva? Expresado de una manera más elaborada, lo que se preguntó fue ¿cómo disminuir la velocidad de la ratia de contagio para evitar que las UCI y los recursos médicos y paramédicos que las atiendan, colapsen, y así evitar una gran mortandad? Las medidas vistas en todo el mundo evidencian que esa fue la pregunta usada como punto de partida.

Queda claro dónde fue puesto el énfasis: en la prevención. Es decir, el supuesto inicial fue, dada la letalidad del virus, que era imperativo frenar la ratia de contagio para asegurar cupos en las UCI y evitar que la gente muriera por falta de atención al llegar a una condición crítica de salud. Bajo ese supuesto los gobernantes empezaron a gestionar las medidas de confinamiento bien fuera relajándolas o apretándolas en virtud de la ratia de ocupación de la UCI: a mayor ocupación de las UCI más restrictivas se convirtieron.

 

Algo no funcionó; algo dejó de hacerse

 

Lo cierto es que casi un año después, la estrategia de aplanar la curva, y del confinamiento ha revelado su ineficiencia en Colombia, en Europa, y en muchos otros países. Haber puesto el énfasis en encerrar a la gente para prevenir la expansión del virus no dio resultados. Atribuir la segunda ola de la epidemia a que la gente se relajó durante la temporada navideña es un sofisma, pues se vio que en Europa la segunda ola llegó antes de la temporada de fin de año.

La estrategia generalizada –encerrar a la gente– que parece obvia, fue poco cuestionada. Al fin y al cabo provenía de los expertos epidemiólogos que asesoran a los gobernantes. A alguien hay que creerle en estos casos y fue la comunidad científica la que sentó el derrotero de la estrategia aplicada a pie juntillas por los gobernantes. En resumen, las medidas han sido prevalentemente de evitación. El énfasis no ha sido en aplicar medidas terapéuticas o de intervención médica ante los primeros síntomas. El hecho de que en últimas cada médico escoja entre distintas aproximaciones científicas para combatir el virus en sus pacientes demuestra lo poco que se ha avanzado en ese sentido.

Por otra parte, la paradoja que los medios se encargan de pasar por alto, es que la inmensa mayoría de contagiados salen adelante, unos más rápido que otros, unos con mayores secuelas que otros. Lo cierto es que cada vez hay más distancia entre las cifras de contagiados y fallecidos, la proporción de estos últimos relativa a la primera decae, no crece2.

En su afán por responder la pregunta de cómo desacelerar el contagio colectivo –ha quedado demostrado que fue una pregunta equivocada–, se omitieron otras perspectivas que hubieran llevado a medidas diferentes. Por ejemplo, entre las preguntas soslayadas o no enfatizadas: ¿qué es necesario hacer, ante la emergencia, para urgentemente multiplicar la capacidad de atención en las UCI?; ¿qué recursos hay que destinar prioritariamente para asegurar esa ampliación? Por otra parte, y ante la evidencia temprana de que no todo el mundo que contrajo el virus murió –como sucedió históricamente con otras epidemias como, por ejemplo, la peste negra–, sino que los fallecimientos eran un porcentaje relativamente pequeño de los contagiados, la pregunta que se ignoró fue ¿de qué manera se puede tratar, de manera rápida y oportuna, a las personas que acusan los primeros síntomas de la enfermedad, y así evitar que su condición evolucione y se deteriore hasta requerir ser recluida en una UCI?

Son muchas más las preguntas que no se hicieron y se siguen dejando de hacer. Otras: ¿cómo elevar los sistemas inmunológicos de la población para evitar que contraiga el virus o si lo contrae que pueda superarlo de la manera más rápida y efectiva posible? O la pregunta que ahora comienza a hacerse de manera más persistente ¿cómo generar una cultura ciudadana de autocuidado, de responsabilidad personal y social, para que el contagio se mantenga reducido a niveles que no lleven a situaciones de alerta roja como las que se vive hoy en el país, y en muchos lugares del mundo?

Es evidente que la repetición mecánica de mensajes como quédate en casa, usa tapabocas y lávate las manos, no alcanzan, por sí solas, a generar una cultura ciudadana. Pero, volviendo al punto anterior, es evidente que cada pregunta diferente a la primera opera como vector para ofrecer diversas medidas que apuntan el meollo del problema (el contagio de la población) pero no necesariamente conducen al confinamiento y a todas sus consecuencias.

Para justificar su estrategia el ministro Ruiz –no se trata de una postura personal sino generalizada entre los gobernantes– alega que: “Desde entonces hasta hoy, la ciencia y la medicina no han encontrado un tratamiento efectivo contra el covid-19. La ventilación mecánica, que no elimina el virus, pero sí mantiene la respiración mientras el sistema inmune se ocupa de combatir al intruso, es lo único que tenemos”. Lo anterior induce al error de tomar la parte por el todo. Apenas una fracción de los contagiados llega a cuidados intensivos y a requerir ventilación mecánica. Lo cierto es que muchos de los afectados son tratados de manera temprana y efectiva con una combinación de analgésicos, antiparasitarios –que para sorpresa de los médicos combaten bien el virus–, y antibióticos, sin descartar otro tipo de medicamentos naturales que elevan las defensas del cuerpo y fortalecen el sistema inmune.

Otras perspectivas

Desde otro ángulo, muchas personas logran evitar o mantener a raya el virus con medidas profilácticas basadas en un intenso y profundo trabajo personal energético consistente en la relajación, la meditación, el yoga y otras medidas de carácter alternativo. Lo anterior funciona, aducen, a partir de erradicar al miedo al contagio que es lo que más vulnera las defensas del ser humano. La coach y sanadora energética Patricia Afanador afirma: “Para ser menos vulnerable a cualquier embate del entorno, la persona debe fortalecer sus sistemas inmunes, tanto físico, emocional, mental, psíquico y espiritual; esos sistemas están reflejados en el campo electromagnético personal que sirve como escudo para repeler las enfermedades”.
La eficacia del miedo

Bajo la perspectiva prevalente de contención y prevención, lo visto en el 2020 –y lo que va del 2021– es un cúmulo de medidas represivas: una campaña mediática de diseminar el miedo al contagio, en hacer parecer a cualquier persona como sospechosa de ser agente de contagio, en crear la figura de dudosa validez científica de los “asintomáticos”, en erigir al tapabocas como el gran salvavidas, en estigmatizar a quien se niegue a usarlo o lo usa incorrectamente, y, principalmente en las medidas que ya son de referencia diaria: confinamiento, aislamiento, distanciamiento social, toques de queda. Todo esto conlleva al cierre de grandes, medianos y pequeños negocios, escuelas, universidades, hoteles, restaurantes, a la cancelación de viajes terrestres, marítimos y aéreos, al cierre de fronteras, a restricciones a la movilidad, al uso de la prueba PCR como medio para detectar el virus a pesar de los reparos que existen sobre su efectividad para aislar y medir el virus específico del Sars 2, covid 194.

 

La narrativa en torno a la vacuna

 

Finalmente, por otra parte, una narrativa de esperanza, tranquilidad y salvación, orquestada por gobiernos, medios y farmacéuticas, centrada en la expectativa de una vacuna aprobada apresuradamente por la mayoría de los Estados a pesar de los precarios estudios sobre su efectividad. Lo anterior envuelve la claudicación de los Estados ante las pretensiones de las farmacéuticas de vender su producto hasta cubrir casi que la totalidad de la población global: casi quince mil millones de dosis sobre el supuesto de requerirse al menos de un refuerzo para su supuesta efectividad. Los gobiernos a partir de diciembre aprobaron provisionalmente la vacuna y empezaron sus planes de vacunación masiva para la población de acuerdo con diversos criterios de prioridad. Lo importante, darle tranquilidad a la gente; así la efectividad sea cuestionable pues, tratándose de un virus, se sabe que por su capacidad de mutar rápidamente –como se ha visto con las nuevas cepas detectadas– es reflectivo a una vacuna.

 

Resultados a la vista

 

Los efectos de las medidas mencionadas son desastrosos: recesión, desempleo, incremento en la desigualdad, mayor endeudamiento de la clase media (medidas como el día sin IVA benefician a empresarios y endeudan más a ciudadanos); colapso del modelo urbanístico diseñado en torno a lugares de encuentro, de congregación, de ejercicio al aire libre, de escenarios colectivos para esparcimiento; el deterioro de las ciudades por locales y oficinas desocupadas; el trastorno ocasionado por la decisión de enviar a millones de personas a trabajar desde su casa; el confinar a los niños a sus casas para seguir una educación virtual con la deprivación de todo el componente de convivencia y alternancia social; una inflación desbocada en el rubro de alimentos que llega al 4.6 por ciento; la alteración profunda de los patrones de vida, convivencia, socialización, congregación familiar; la imposibilidad de asistir a templos, a sitios de encuentro, de celebración, de duelo, de acompañamiento; el aumento de enfermedades de carácter mental, sobre todo en niños y adolescentes; el incremento de la violencia intrafamiliar y, como resultado del acoso y presión continua sobre las libertades individuales y sociales, la explosión social, manifestaciones, protesta social y movimientos populares de ciudadanos que no aguantan más la represión continua con el fin de “aplanar la curva”.

 

Gobernantes en su incapacidad

 

Los gobernantes han desnudado su inhabilidad para gestionar la pandemia. La lista de lo que no ha funcionado es larga. En primer lugar, la desarticulación entre gobierno local y nacional ha quedado al descubierto. Segundo, y más importante que lo anterior, el énfasis en la prevención más que en el tratamiento del virus ha demostrado su ineficacia. La lentitud para fortalecer la infraestructura médica es significativa: En Bogotá escasamente, en un año de pandemia se pasó de 900 camas UCI a poco más de 2100 cuando lo esperado era que esta cifra se hubiera multiplicado tres o cuatro veces más. La consecuencia es que ante cualquier rebrote, como sucede ahora y en cualquier pandemia, el sistema de salud queda en riesgo de colapsar. En tercer lugar, la ausencia de un sistema amplio y profundo de educación, concientización y responsabilización del ciudadano por su propia salud. Lo esfuerzos quedan reducidos a mensajes mecánicos y repetitivos que no van a la conciencia profunda de cada cual y suenan más a reconvenciones de autoridad paternal que a llevar al individuo a asumir plenamente la responsabilidad por su salud y la de sus semejantes. En resumen, el modelo represivo ha demostrado su fracaso para el manejo de la crisis.

Los gobernantes no pueden eludir la responsabilidad histórica de su gestión de la pandemia, son finalmente solidarios ante los ciudadanos y ante los distintos sectores, instituciones, grupos y estamentos de la sociedad que ha confiado en ellos la administración y gobierno de una ciudad, de un departamento, de un país. Puede asumirse que cada gobernante hace lo mejor que puede con lo que tiene, si se parte de su buena fe, pero eso igualmente los hace enteramente responsables por sus acciones,

Es claro que la pandemia tomó al mundo y a sus gobernantes por sorpresa. Sin embargo, la forma como estos últimos han enfrentado la crisis habla, no sólo de ellos como líderes, sino también de los ciudadanos que los han elegido. Otros podrán exigir su cuota de responsabilidad a los ciudadanos indisciplinados, pero estos finalmente son responsables de sus conductas individuales, mientras que cada gobernante, toca, con sus medidas, a miles o millones de personas.

 

* Escritor. Integrante del consejo de redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.
1 Ministro de salud reflexiona sobre el año de la pandemia, en https://www.portafolio.co/economia/gobierno/ministro-de-salud-fernando-ruiz-gomez-reflexiona-sobre-pandemia-del-coronavirus-en-colombia-5479163.
2 https://www.portafolio.co/economia/casos-contagios-coronavirus-en-colombia-
3 Planetlockdown, en https://www.bitchute.com/video/RVY9i77FHNYk/. El abogado norteamericano-alemán Reiner Fullmich está emprendiendo, junto con otros abogados, una serie de acciones legales para demostrar que la prueba PCR es de dudosa validez y así conseguir la prohibición de su uso para detectar la presencia del virus del covid 19.

 

 

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Publicado enEdición Nº275
Martes, 26 Enero 2021 05:59

Pandemia y deuda, los ejes de Davos

António Guterrez, de la ONU, reclamó disponibilidad de vacunas para todos los países.  Imagen: EFE

Empezó el foro económico del establishment global

Las consecuencias de la covid-19 marcarán otra vez el año económico. Xi Jinping advirtió a Biden y la ONU pidió alivio por las deudas.

 

El encuentro anual del Foro de Davos, que congrega a la crema del establishment global, comenzó este lunes, con una agenda dominada por la pandemia y su impacto en la economía, el cambio climático y el comienzo de la presidencia demócrata de Joe Biden en los Estados Unidos. Por primera vez, tiene un carácter virtual y entre las presencias de la primera jornada se destacaron el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. También estuvieron Pedro Sánchez, primer ministro de España; Antonio Fauci, asesor de Salud de Joe Biden, y entre las figuras empresariales, Pascal Soriot, CEO del laboratorio AstraZeneca; James Quincey, CEO de Coca-Cola y Herbert Diess, CEO de Volkswagen. El plato fuerte del día fue la declaración del presidente de China, Xi Jinping, quien solapadamente advirtió a Biden acerca de una nueva guerra fría.

En el foro también se presentó un documento sobre la economía global en donde se plantea que los riesgos de los próximos dos años están vinculados al empleo y vivienda, desilusión entre los jóvenes, inequidad digital, estancamiento económico, daño al medio ambiente, erosión de la cohesión social y ataques terroristas. Pero además, el informe presenta un cuadro en donde la Argentina aparece como una de las economías más golpeadas por la pandemia, solo superada por España y Perú. En paralelo, el país aparece con una de las mayores tasas de muerte por coronavirus cada 100 mil habitantes, algo peor que México,

En su presentación ante el Foro de Davos, el presidente de China, Xi Jinping, alertó sobre el comienzo de una nueva “guerra fría”, un dardo dirigido al flamante presidente norteamericano, Joe Biden. “La confrontación siempre va a terminar hiriendo a los intereses de todas las naciones y sacrificando el bienestar del pueblo”, advirtió. También reafirmó el compromiso de China de reducir en un 65 por ciento las emisiones de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono (emisiones netas igual a cero) para 2060. La economía de China creció 2,3 por ciento el año pasado, su peor marca desde 1976. Aun así, se trata de la única economía grande del mundo con crecimiento positivo en 2020. Se espera para 2021 una recuperación del 7,9 por ciento.

El crecimiento de China volverá a estar muy por encima del promedio del avance mundial, que será de 4,7 por ciento, según detalló en Davos Antonio Guterres, secretario general de la ONU. El funcionario advirtió que la recuperación económica va a depender de la “disponibilidad y eficacia de las vacunas para todos, del apoyo fiscal y monetario inmediato en los países desarrollados y en vías de desarrollo y de medidas transformadoras de estímulo a más largo plazo".

"Muchos de los países con ingresos medios y los menos desarrollados necesitan liquidez para evitar impagos de la deuda. Se necesita el alivio de deuda de todos los países que lo necesiten para que nadie se vea forzado a elegir entre ofrecer los servicios básicos a su población o cumplir con sus deudas", señaló Guterres. La declaración apunta a la situación de los países más pobres pero sirve para reforzar la posición de Argentina, que se encuentra en plena negociación con el FMI para llegar a un acuerdo de renegociación. "Nuestro principal objetivo para 2021 es construir una coalición global para lograr un saldo nulo en

Por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anticipó que el crecimiento económico esperado de la Eurozona en el primer trimestre de 2021 es de apenas 0,6 por ciento, la mitad de la predicción que se había hecho en diciembre pasado. "Todavía se trata de cruzar el puente hacia la recuperación. El tren está demorado, pero no descarrilado", dijo Lagarde.

Para la jornada de este martes, se espera la presencia (virtual) de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, su par de Francia, Emmanuel Macron, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El jueves está prevista la participación del presidente argentino, Alberto Fernández.

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