Jueves, 27 Septiembre 2018 10:05

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:53

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enEdición Nº250
Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

El programa de sustitución de cultivos ilícitos avanza con dificultades en Puerto Asís-Putumayo, el tercer municipio en Colombia con áreas de coca cultivada. La presión de grupos armados ilegales, además de las amenazas a líderes comunales, el proyecto de ley para el tratamiento penal de los pequeños cultivadores, la erradicación forzosa anunciada por el Gobierno y otros factores ponen en vilo la eficaz implementación de la sustitución.

 

Puerto Asís, con 7.453 hectáreas de coca cultivada, es el municipio que más coca sembrada tiene en todo el Putumayo, según lo reporta el último censo de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado en julio de 2017. La oficina contra la Droga y el Delito señala que “el centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo”, y siguen consolidándose los núcleos de cultivos de coca asociados a zonas de frontera.

 

Puerto Vega, a tan sólo unos minutos del casco urbano de Puerto Asís, tiene conexiones al sur, por el río Putumayo, con Puerto Leguízamo –con salida al Perú, y en el suroccidente hacia el Ecuador por el rio San Miguel.

 

En Puerto Vega, al atravesar el río Putumayo del lado de Puerto Asís hacia el otro costado, hay un tramo por tierra que lleva al Ecuador. A 30 minutos por carretera, aproximadamente, se llega a la vereda La Pradera donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc. En esta zona el censo indica que “tiene la mayor presencia de coca en la región; a menos de 5 km se pasó de 251ha en 2015 a 385ha” registro del 2016 que puede variar porque es uno de los territorios donde inició la erradicación voluntaria.

 

Por este mismo corredor vial, a una hora de Puerto Asís, en la vereda Teteyé según la cuenta de twitter de la Sexta División del Ejército, el 20 de mayo el Batallón de Artillería N° 27 incautó 290 kilos de clorhidrato de cocaína que le asignan de propiedad a la disidencia de las Farc.

 

Los límites fronterizos de Puerto Asís, están convertidos en un territorio en disputa por los actores armados ilegales, como corredores para el tráfico de cocaína; en esa zona los campesinos sufren presión de parte de los armados para que desistan del Programa de sustitución.

 

Por ejemplo, una de las carreteras destapadas construidas por la empresa británica Amerisur Resources, a la cual le adjudicaron el bloque petrolero “Platanillo” que extrae de Colombia al Ecuador crudo con salida al Pacífico, allí “la Policía anda haciendo retenes y no dejando pasar nada de químicos para blanquear la coca, eso pone las cosas difíciles pero también con el tiempo los “duros” comienzan a negociar con ellos”, cuenta un mototaxista que transita recurrentemente por dicho tramo.

 

“Antes del Proceso de paz la cocaína estaba barata: a 1.300 el gramo (la primera etapa) y procesada (la base) hasta 1.200.000 o 2.100.000 un kilo, ahora está a 1.700.000 y 2.600.000 (…). Una tonelada de hoja de coca está valiendo 25.000 pesos”, menciona un habitante de Puerto Asís. Resulta ser “una puja entre los gobiernos, productores y narcotraficantes, en ultimas somos los campesinos los que estamos en medio”, considera Luis Olmedo, integrante de la Asociación Campesina Ascadis.

 

Un acuerdo a medias

 

Con el punto 4.1. del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), el cual es un componente de la Reforma Rural Integral y que contempla la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda).

 

Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo enfatiza en “la desarticulación entre la formulación de los Pisda y los planes de desarrollo territorial”, que apunta de nuevo hacia un programa de sustitución sin transformaciones reales.

 

A marzo del 2018, un comunicado de la Alta Consejería para el Posconflicto reporta que en Putumayo “a la fecha están suscritos los acuerdos de sustitución con 11.385 familias, de las cuales 6.779 son cultivadores, 3.614 no cultivadores y 792 son recolectores”. Ha transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz, fuentes consultadas en Puerto Asís mencionan que el Programa avanza en la fase de vinculación, suscripción de acuerdos colectivos e individuales para iniciar el Plan de Atención Inmediata donde las familias recibirán el pago de un millón de pesos mensuales, mientras inicia un proyecto productivo. “El programa avanza lento, con mucha desconfianza de parte y parte, todos hemos manifestado nuestra voluntad” asegura Olmedo.

 

La hoja de coca y sus derivados ilícitos regulan la economía de Puerto Asís: “aquí, por lo menos cuando el precio de la coca baja, se pone malo hasta para los taxistas, los que venden comidita ahí en la calle… todo es como una cadena”, cuenta Jani Silva integrante de la Zona de Reserva Campesina ZRC de la Perla Amazónica, ubicada en Putumayo.

 

El 18 de febrero de 2017, después de dos años de negociaciones entre el gobierno nacional, la Mesa regional de organizaciones sociales y autoridades regionales, se avanzó en la construcción conjunta de un Plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo y se firmó un preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del Programa.

 

El actual Programa es otro intento de los campesinos por la sustitución, el Plan Colombia, el programa “Raíz por raíz”, familias guardabosques, han dejado experiencias amargas: “aquí han llegado proyectos de escritorio, muchos dicen metansen con esto que es ¡buenísimo! y está garantizado el comercio. Primero fue la cúrcuma, luego el palmito, el açai, la pimienta, el sacha inchi, cacao… No se trata de sólo reemplazar un cultivo, todo el tema se va en la comercialización y en el transporte, algunos les toca por trocha o río para sacar su cosecha. Que nos den semillas es fácil, que nos pongan la carretera o el bote quién sabe”, reflexiona Jani.

 

Otro de los retos de la sustitución en Puerto Asís obedece a las características propias de la tierra, que implica pensar en cultivos rotativos y biodiversos, que en las prácticas de cultivo de la hoja de coca ha sido todo lo contrario: monocultivo de una planta que logra adaptarse a una capa de materia orgánica que llega como máximo a 20 cms de profundidad y luego aparecen las areniscas que constituyen un terreno poco fértil. “Con el boom del cacao, mientras la primera cosecha bien, pero de ahí en adelante la raíz coge esa greda y ya el cacao se apesta!, relata Jani.

 

Entre menos coca sembrada es delito

 

Con el numeral 4 del Acuerdo de Paz el Gobierno expresa su compromiso de tramitar los ajustes normativos para renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores, y el Decreto por el cual se crea el Pnis define el tratamiento penal diferencial que se reglamentará “a la legislación que se expida sobre la materia en desarrollo del Acuerdo Final”; es por ello que el 20 de marzo pasado el Ministerio de Justicia radicó una nueva versión de la ley.

 

En el borrador para la discusión contempla que quienes tengan cultivos de 1.8 hectáreas de coca y derivados podrán ser judicializados; la primera versión mencionaba hasta 3.8 hectáreas, “Al parecer esto se le salió de las manos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, que se supone debería presentar el proyecto de ley; desde quienes participamos del Programa se habían construido unos acuerdos”, expresa Anzueta.

 

Para muchos campesinos esto genera desconfianza en el Programa, porque firmaron los pactos colectivos de sustitución sin la reglamentación clara al respecto. “Al entrar al programa ellos dan una información, pero con ésta ahora podrían ser perjudicados”, advierte Anzueta.
“La cifra de 1.8 es preocupante. Hay personas que tienen más de esa cantidad, con la que sustentan a varias familias, uno no puede decir que esa persona que tenga más de las 6 hectáreas es rica ¡no! Tendrán la comodidad de tener un motor, una casita mejor, tener dos hijos estudiando afuera del pueblo. Esas serán las diferencias económicas que existan entre el que tiene una hectárea al que tiene más”, señala Jani.

 

Erradicación forzada

 

Cabe recordar que para el año 2016 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que militares de la Brigada 27 de Selva, que cuidaban la plataforma 9 de la petrolera Amerisur, “erradicaron forzosamente dos hectáreas de cultivos de coca en la ZRC, sin mediar palabra”, mientras se avanzaba en la concertación entre el Gobierno y los campesinos sobre el plan de sustitución voluntaria. El 3 de enero de 2018 militares ingresaron de manera irregular al caserío Comandante-Puerto Asís para erradicación forzada cuando aún en el municipio no se ha notificado esta acción.

 

En marzo, con la publicación del reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a insinuarse en la opinión pública que el Putumayo sería priorizado para la erradicación forzada. Aunque operaciones de éstas no se han generado en los últimos meses, en Puerto Asís crece la incertidumbre entre los campesinos. “Nuestra gente ha considerado que el programa deber ser manual, gradual y concertado y siempre ha manifestado su intención de sustitución pero por un cultivo que sea sostenible y que en realidad cubra las necesidades básicas que tienen las familias”, precisa Jani.

 

Se le suma a esto también la duda sobre los resultados operacionales de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en cuanto al decomiso de cocaína: “la gente en sus casas hacen un proceso de mínima transformación, la hoja la convierten en pasta base –eso no es un secreto para nadie– el Gobierno ha querido mostrar esto como los grandes hallazgos de laboratorios, pero eso no son los grandes laboratorios […] es el afán de mostrar algunos resultados”, afirma Anzueta.

 

El acuerdo regional pone en riesgo a los líderes

 

El Acuerdo regional para la implementación del Pnis, estableció que fueran los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes, mediante asambleas, socializaran las acciones del Programa, y para la preinscripción de los beneficiarios sean quienes registraran el número de hectáreas sembradas por familia. En una rueda de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señaló que esto ha causado que “muchos líderes comunitarios estén amenazados y hostigados”, lo cual no es extraño pues estamos “En un departamento donde confluyen tanto grupos paramilitares como grupos residuales pos desmovilización de las Farc, y hace poco recibimos denuncias de presencia del ELN”, menciona un representante de la Coccam.

 

Tras las amenazas a líderes campesinos de la ZRC, la Comisión Intereclesial menciona en un informe de abril que “al interior de los territorios apareció un grupo armado que se identifica como Frente 1 de las Farc y está ofreciendo 2 millones de pesos por vinculación”.

 

En diciembre del año pasado el Ministro del Interior llevó a cabo una reunión con líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria y defensores de derechos humanos, para adelantar medidas de protección, las mismas que “no han sido atendidas”, afirma Anzueta.

 

Pese a que la Procuraduría, a través de la directiva 002 de 2017, indica priorizar las medidas de seguridad y protección de los defensores, en relación a los homicidios ocurridos en su contra, “desafortunadamente en el tema investigativo no se han dado resultados. Hay investigaciones abiertas pero no tenemos mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales,aunque se señala algunos autores materiales, esto sigue en la impunidad”, afirma un dirigente de la Coccam.

 

Las demoras en la implementación del Pnis desarticulado de un desarrollo rural integral en marcha, es repetir en el municipio la ejecución de un programa asistencial más. Por otro lado, las disputas territoriales de los grupos armados que vienen ejerciendo hostigamiento a líderes comunales y campesinos para que sigan en la siembra de hoja de coca, genera que este nuevo intento por la sustitución fracase y el conflicto armado se intensifique en la región por la posición geoestratégica para el narcotráfico.

 


 

Recuadro


La sustitución en vilo


Hace más de un año, buscando estrategias que tranquilizaran al gobierno estadounidense, Juan Manuel Santos trazó una meta para la disminución de los cultivos de coca en el país; 50.000 hectáreas iban a ser erradicadas forzosamente por la fuerza pública, mientras que otras 50.000 serían sustituidas voluntariamente a través de la vinculación de las familias productoras y recolectoras de hoja de coca al Programa Nacional Integral de Sustitución – Pnis. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, declaró que la meta de sustitución no sería cumplida debido a dificultades en materia de seguridad y acceso a ciertas zonas del país.

 

Este incumplimiento no es ni la única, ni la mayor problemática que existe alrededor del Pnis, programa que surge con el punto 4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. La implementación de la sustitución, que al comienzo sonaba esperanzadora para aquellas familias que por años se dedicaron a cultivar y trabajar la coca debido al progresivo abandono estatal, es ahora una ilusión que se ve cada vez más lejana y se conjuga con el encarecimiento de la vida en las zonas cocaleras y la amenaza latente a la integridad de los líderes que impulsan la sustitución.

 

Pese a ello, hay que reconocer la importancia de la creación de un programa de sustitución en Colombia, ya que la política antidrogas que se viene aplicando en el país es hija de la guerra contra las drogas que nació en los Estados Unidos a finales de la década de los sesentas durante el gobierno de Richard Nixon, la cual desde su origen se enfocó en la criminalización de la producción y el consumo. Es por esto que el Punto 4 del acuerdo de paz resulta tan innovador, pues reconoce la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: cultivadores y consumidores, y le apuesta a un trato diferencial para atacar de forma integral este flagelo.

 

No obstante, a pesar de este avance y de la voluntad de sustituir que han demostrado reiterativamente los cultivadores y trabajadores de la coca, el gobierno no renuncia a la estrategia militar de lucha contra las drogas y anuncia, entre otras cosas, futuras fumigaciones con drones, incremento de las erradicaciones manuales y la posibilidad de que regrese la fumigación aérea. A todo esto se suman las dificultades que ha tenido la institucionalidad para hacer presencia en los territorios en donde se siembra coca, que van desde inconvenientes en el acceso a las zonas, graves situaciones de orden público, hasta serios problemas de articulación institucional que han desembocado en una sensación generalizada de incertidumbre entre las familias que trabajan la mata.

 

En la ruta de implementación del Pnis se establece que después de firmado el acuerdo colectivo de sustitución, cada familia se inscribe individualmente al programa e inmediatamente empieza a recibir un subsidio de un millón de pesos mensuales durante un año, que está condicionado a la erradicación de la totalidad del cultivo y va de la mano de la implementación del Plan de Atención Inmediata y la Asistencia Técnica Integral, que buscan cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades. Los datos que presenta la Fundación Ideas para la Paz en su informe trimestral “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”, denotan que este proceso no está funcionando de la manera esperada.

 

Si bien el Pnis ha logrado acuerdos colectivos en 90 municipios, que incluyen un total de 123.225 familias, solo en 43 municipios se han firmado acuerdos individuales, es decir, hay 62.181 familias que poseen un total de 22.025 hectáreas de coca comprometidas con la sustitución. Sin embargo, solo 32.010 familias han recibido el primer pago del millón de pesos, 7.009 familias cuentan con asistencia técnica y nada más en 9 municipios se está empezando a formular el Plan de Atención Inmediata; cabe entonces preguntarse ¿qué está pasando con el resto de familias? Todo esto pareciera indicar que el afán de la Agencia Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es comprometer a los cultivadores y trabajadores de la mata de coca con el programa, antes de garantizar el cumplimiento de los componentes que garantizarían la reconversión económica hacia actividades legales.

 

Pero si el problema fuera solamente que el gobierno no cumple lo que firma no sería tan grave la situación. Hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo anunció que son los líderes que impulsan la sustitución quienes más amenazados se encuentran, y esto es algo que debe alertar a la sociedad en general, pues desde la firma de los acuerdos con las Farc han asesinado impunemente más de 200 líderes y lideresas sociales, y el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo para todas aquellas personas que desde sus territorios trabajan para darle vida a la sustitución.

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Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

El programa de sustitución de cultivos ilícitos avanza con dificultades en Puerto Asís-Putumayo, el tercer municipio en Colombia con áreas de coca cultivada. La presión de grupos armados ilegales, además de las amenazas a líderes comunales, el proyecto de ley para el tratamiento penal de los pequeños cultivadores, la erradicación forzosa anunciada por el Gobierno y otros factores ponen en vilo la eficaz implementación de la sustitución.

 

Puerto Asís, con 7.453 hectáreas de coca cultivada, es el municipio que más coca sembrada tiene en todo el Putumayo, según lo reporta el último censo de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado en julio de 2017. La oficina contra la Droga y el Delito señala que “el centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo”, y siguen consolidándose los núcleos de cultivos de coca asociados a zonas de frontera.

 

Puerto Vega, a tan sólo unos minutos del casco urbano de Puerto Asís, tiene conexiones al sur, por el río Putumayo, con Puerto Leguízamo –con salida al Perú, y en el suroccidente hacia el Ecuador por el rio San Miguel.

 

En Puerto Vega, al atravesar el río Putumayo del lado de Puerto Asís hacia el otro costado, hay un tramo por tierra que lleva al Ecuador. A 30 minutos por carretera, aproximadamente, se llega a la vereda La Pradera donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc. En esta zona el censo indica que “tiene la mayor presencia de coca en la región; a menos de 5 km se pasó de 251ha en 2015 a 385ha” registro del 2016 que puede variar porque es uno de los territorios donde inició la erradicación voluntaria.

 

Por este mismo corredor vial, a una hora de Puerto Asís, en la vereda Teteyé según la cuenta de twitter de la Sexta División del Ejército, el 20 de mayo el Batallón de Artillería N° 27 incautó 290 kilos de clorhidrato de cocaína que le asignan de propiedad a la disidencia de las Farc.

 

Los límites fronterizos de Puerto Asís, están convertidos en un territorio en disputa por los actores armados ilegales, como corredores para el tráfico de cocaína; en esa zona los campesinos sufren presión de parte de los armados para que desistan del Programa de sustitución.

 

Por ejemplo, una de las carreteras destapadas construidas por la empresa británica Amerisur Resources, a la cual le adjudicaron el bloque petrolero “Platanillo” que extrae de Colombia al Ecuador crudo con salida al Pacífico, allí “la Policía anda haciendo retenes y no dejando pasar nada de químicos para blanquear la coca, eso pone las cosas difíciles pero también con el tiempo los “duros” comienzan a negociar con ellos”, cuenta un mototaxista que transita recurrentemente por dicho tramo.

 

“Antes del Proceso de paz la cocaína estaba barata: a 1.300 el gramo (la primera etapa) y procesada (la base) hasta 1.200.000 o 2.100.000 un kilo, ahora está a 1.700.000 y 2.600.000 (…). Una tonelada de hoja de coca está valiendo 25.000 pesos”, menciona un habitante de Puerto Asís. Resulta ser “una puja entre los gobiernos, productores y narcotraficantes, en ultimas somos los campesinos los que estamos en medio”, considera Luis Olmedo, integrante de la Asociación Campesina Ascadis.

 

Un acuerdo a medias

 

Con el punto 4.1. del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), el cual es un componente de la Reforma Rural Integral y que contempla la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda).

 

Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo enfatiza en “la desarticulación entre la formulación de los Pisda y los planes de desarrollo territorial”, que apunta de nuevo hacia un programa de sustitución sin transformaciones reales.

 

A marzo del 2018, un comunicado de la Alta Consejería para el Posconflicto reporta que en Putumayo “a la fecha están suscritos los acuerdos de sustitución con 11.385 familias, de las cuales 6.779 son cultivadores, 3.614 no cultivadores y 792 son recolectores”. Ha transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz, fuentes consultadas en Puerto Asís mencionan que el Programa avanza en la fase de vinculación, suscripción de acuerdos colectivos e individuales para iniciar el Plan de Atención Inmediata donde las familias recibirán el pago de un millón de pesos mensuales, mientras inicia un proyecto productivo. “El programa avanza lento, con mucha desconfianza de parte y parte, todos hemos manifestado nuestra voluntad” asegura Olmedo.

 

La hoja de coca y sus derivados ilícitos regulan la economía de Puerto Asís: “aquí, por lo menos cuando el precio de la coca baja, se pone malo hasta para los taxistas, los que venden comidita ahí en la calle… todo es como una cadena”, cuenta Jani Silva integrante de la Zona de Reserva Campesina ZRC de la Perla Amazónica, ubicada en Putumayo.

 

El 18 de febrero de 2017, después de dos años de negociaciones entre el gobierno nacional, la Mesa regional de organizaciones sociales y autoridades regionales, se avanzó en la construcción conjunta de un Plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo y se firmó un preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del Programa.

 

El actual Programa es otro intento de los campesinos por la sustitución, el Plan Colombia, el programa “Raíz por raíz”, familias guardabosques, han dejado experiencias amargas: “aquí han llegado proyectos de escritorio, muchos dicen metansen con esto que es ¡buenísimo! y está garantizado el comercio. Primero fue la cúrcuma, luego el palmito, el açai, la pimienta, el sacha inchi, cacao… No se trata de sólo reemplazar un cultivo, todo el tema se va en la comercialización y en el transporte, algunos les toca por trocha o río para sacar su cosecha. Que nos den semillas es fácil, que nos pongan la carretera o el bote quién sabe”, reflexiona Jani.

 

Otro de los retos de la sustitución en Puerto Asís obedece a las características propias de la tierra, que implica pensar en cultivos rotativos y biodiversos, que en las prácticas de cultivo de la hoja de coca ha sido todo lo contrario: monocultivo de una planta que logra adaptarse a una capa de materia orgánica que llega como máximo a 20 cms de profundidad y luego aparecen las areniscas que constituyen un terreno poco fértil. “Con el boom del cacao, mientras la primera cosecha bien, pero de ahí en adelante la raíz coge esa greda y ya el cacao se apesta!, relata Jani.

 

Entre menos coca sembrada es delito

 

Con el numeral 4 del Acuerdo de Paz el Gobierno expresa su compromiso de tramitar los ajustes normativos para renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores, y el Decreto por el cual se crea el Pnis define el tratamiento penal diferencial que se reglamentará “a la legislación que se expida sobre la materia en desarrollo del Acuerdo Final”; es por ello que el 20 de marzo pasado el Ministerio de Justicia radicó una nueva versión de la ley.

 

En el borrador para la discusión contempla que quienes tengan cultivos de 1.8 hectáreas de coca y derivados podrán ser judicializados; la primera versión mencionaba hasta 3.8 hectáreas, “Al parecer esto se le salió de las manos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, que se supone debería presentar el proyecto de ley; desde quienes participamos del Programa se habían construido unos acuerdos”, expresa Anzueta.

 

Para muchos campesinos esto genera desconfianza en el Programa, porque firmaron los pactos colectivos de sustitución sin la reglamentación clara al respecto. “Al entrar al programa ellos dan una información, pero con ésta ahora podrían ser perjudicados”, advierte Anzueta.
“La cifra de 1.8 es preocupante. Hay personas que tienen más de esa cantidad, con la que sustentan a varias familias, uno no puede decir que esa persona que tenga más de las 6 hectáreas es rica ¡no! Tendrán la comodidad de tener un motor, una casita mejor, tener dos hijos estudiando afuera del pueblo. Esas serán las diferencias económicas que existan entre el que tiene una hectárea al que tiene más”, señala Jani.

 

Erradicación forzada

 

Cabe recordar que para el año 2016 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que militares de la Brigada 27 de Selva, que cuidaban la plataforma 9 de la petrolera Amerisur, “erradicaron forzosamente dos hectáreas de cultivos de coca en la ZRC, sin mediar palabra”, mientras se avanzaba en la concertación entre el Gobierno y los campesinos sobre el plan de sustitución voluntaria. El 3 de enero de 2018 militares ingresaron de manera irregular al caserío Comandante-Puerto Asís para erradicación forzada cuando aún en el municipio no se ha notificado esta acción.

 

En marzo, con la publicación del reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a insinuarse en la opinión pública que el Putumayo sería priorizado para la erradicación forzada. Aunque operaciones de éstas no se han generado en los últimos meses, en Puerto Asís crece la incertidumbre entre los campesinos. “Nuestra gente ha considerado que el programa deber ser manual, gradual y concertado y siempre ha manifestado su intención de sustitución pero por un cultivo que sea sostenible y que en realidad cubra las necesidades básicas que tienen las familias”, precisa Jani.

 

Se le suma a esto también la duda sobre los resultados operacionales de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en cuanto al decomiso de cocaína: “la gente en sus casas hacen un proceso de mínima transformación, la hoja la convierten en pasta base –eso no es un secreto para nadie– el Gobierno ha querido mostrar esto como los grandes hallazgos de laboratorios, pero eso no son los grandes laboratorios […] es el afán de mostrar algunos resultados”, afirma Anzueta.

 

El acuerdo regional pone en riesgo a los líderes

 

El Acuerdo regional para la implementación del Pnis, estableció que fueran los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes, mediante asambleas, socializaran las acciones del Programa, y para la preinscripción de los beneficiarios sean quienes registraran el número de hectáreas sembradas por familia. En una rueda de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señaló que esto ha causado que “muchos líderes comunitarios estén amenazados y hostigados”, lo cual no es extraño pues estamos “En un departamento donde confluyen tanto grupos paramilitares como grupos residuales pos desmovilización de las Farc, y hace poco recibimos denuncias de presencia del ELN”, menciona un representante de la Coccam.

 

Tras las amenazas a líderes campesinos de la ZRC, la Comisión Intereclesial menciona en un informe de abril que “al interior de los territorios apareció un grupo armado que se identifica como Frente 1 de las Farc y está ofreciendo 2 millones de pesos por vinculación”.

 

En diciembre del año pasado el Ministro del Interior llevó a cabo una reunión con líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria y defensores de derechos humanos, para adelantar medidas de protección, las mismas que “no han sido atendidas”, afirma Anzueta.

 

Pese a que la Procuraduría, a través de la directiva 002 de 2017, indica priorizar las medidas de seguridad y protección de los defensores, en relación a los homicidios ocurridos en su contra, “desafortunadamente en el tema investigativo no se han dado resultados. Hay investigaciones abiertas pero no tenemos mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales,aunque se señala algunos autores materiales, esto sigue en la impunidad”, afirma un dirigente de la Coccam.

 

Las demoras en la implementación del Pnis desarticulado de un desarrollo rural integral en marcha, es repetir en el municipio la ejecución de un programa asistencial más. Por otro lado, las disputas territoriales de los grupos armados que vienen ejerciendo hostigamiento a líderes comunales y campesinos para que sigan en la siembra de hoja de coca, genera que este nuevo intento por la sustitución fracase y el conflicto armado se intensifique en la región por la posición geoestratégica para el narcotráfico.

 


 

Recuadro


La sustitución en vilo


Hace más de un año, buscando estrategias que tranquilizaran al gobierno estadounidense, Juan Manuel Santos trazó una meta para la disminución de los cultivos de coca en el país; 50.000 hectáreas iban a ser erradicadas forzosamente por la fuerza pública, mientras que otras 50.000 serían sustituidas voluntariamente a través de la vinculación de las familias productoras y recolectoras de hoja de coca al Programa Nacional Integral de Sustitución – Pnis. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, declaró que la meta de sustitución no sería cumplida debido a dificultades en materia de seguridad y acceso a ciertas zonas del país.

 

Este incumplimiento no es ni la única, ni la mayor problemática que existe alrededor del Pnis, programa que surge con el punto 4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. La implementación de la sustitución, que al comienzo sonaba esperanzadora para aquellas familias que por años se dedicaron a cultivar y trabajar la coca debido al progresivo abandono estatal, es ahora una ilusión que se ve cada vez más lejana y se conjuga con el encarecimiento de la vida en las zonas cocaleras y la amenaza latente a la integridad de los líderes que impulsan la sustitución.

 

Pese a ello, hay que reconocer la importancia de la creación de un programa de sustitución en Colombia, ya que la política antidrogas que se viene aplicando en el país es hija de la guerra contra las drogas que nació en los Estados Unidos a finales de la década de los sesentas durante el gobierno de Richard Nixon, la cual desde su origen se enfocó en la criminalización de la producción y el consumo. Es por esto que el Punto 4 del acuerdo de paz resulta tan innovador, pues reconoce la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: cultivadores y consumidores, y le apuesta a un trato diferencial para atacar de forma integral este flagelo.

 

No obstante, a pesar de este avance y de la voluntad de sustituir que han demostrado reiterativamente los cultivadores y trabajadores de la coca, el gobierno no renuncia a la estrategia militar de lucha contra las drogas y anuncia, entre otras cosas, futuras fumigaciones con drones, incremento de las erradicaciones manuales y la posibilidad de que regrese la fumigación aérea. A todo esto se suman las dificultades que ha tenido la institucionalidad para hacer presencia en los territorios en donde se siembra coca, que van desde inconvenientes en el acceso a las zonas, graves situaciones de orden público, hasta serios problemas de articulación institucional que han desembocado en una sensación generalizada de incertidumbre entre las familias que trabajan la mata.

 

En la ruta de implementación del Pnis se establece que después de firmado el acuerdo colectivo de sustitución, cada familia se inscribe individualmente al programa e inmediatamente empieza a recibir un subsidio de un millón de pesos mensuales durante un año, que está condicionado a la erradicación de la totalidad del cultivo y va de la mano de la implementación del Plan de Atención Inmediata y la Asistencia Técnica Integral, que buscan cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades. Los datos que presenta la Fundación Ideas para la Paz en su informe trimestral “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”, denotan que este proceso no está funcionando de la manera esperada.

 

Si bien el Pnis ha logrado acuerdos colectivos en 90 municipios, que incluyen un total de 123.225 familias, solo en 43 municipios se han firmado acuerdos individuales, es decir, hay 62.181 familias que poseen un total de 22.025 hectáreas de coca comprometidas con la sustitución. Sin embargo, solo 32.010 familias han recibido el primer pago del millón de pesos, 7.009 familias cuentan con asistencia técnica y nada más en 9 municipios se está empezando a formular el Plan de Atención Inmediata; cabe entonces preguntarse ¿qué está pasando con el resto de familias? Todo esto pareciera indicar que el afán de la Agencia Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es comprometer a los cultivadores y trabajadores de la mata de coca con el programa, antes de garantizar el cumplimiento de los componentes que garantizarían la reconversión económica hacia actividades legales.

 

Pero si el problema fuera solamente que el gobierno no cumple lo que firma no sería tan grave la situación. Hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo anunció que son los líderes que impulsan la sustitución quienes más amenazados se encuentran, y esto es algo que debe alertar a la sociedad en general, pues desde la firma de los acuerdos con las Farc han asesinado impunemente más de 200 líderes y lideresas sociales, y el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo para todas aquellas personas que desde sus territorios trabajan para darle vida a la sustitución.

Publicado enEdición Nº247
Bolivia, Colombia y Perú son los principales productores mundiales de coca y también de su derivado ilegal, la cocaína.
El número de hectáreas sembradas pasó de 69.000 a 96.000, una de las cifras más altas de los últimos años

 

Nuevamente Colombia registra un amento en el número de cultivos ilícitos. En los últimos tres años las cifras han mostrado un crecimiento constante. Entre 2014 y 2015, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), hubo un incremento del 39% en hectáreas sembradas. La cifra pasó de 69.000 a 96.000. Un número comparable con el que se registró en el año 2007, cuando llegó a 99.000 hectáreas. Una de las más altas en la historia reciente del país.

 

Para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la explicación al crecimiento de los cultivos de coca se debe principalmente a la suspensión de la fumigación aérea y a factores climáticos. Según Villegas, la nueva política antidrogas tendrá como misión la disminución y erradicación de estas plantaciones, a través de la creación de nuevos comandos contra el narcotráfico y el aumento de 16 a 60 de los grupos de erradicación manual, sobre la que aseguró que se están probando nuevos métodos. Según el Ministerio de Defensa, en el primer semestre de este año se han incautado más de 160 toneladas de cocaína, destruido 3.000 laboratorios y suprimidas 10.178 hectáreas, de las 16.000 que se tienen proyectadas para antes de que termine el 2016.

 

Las cifras, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen unos meses después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), un órgano que integran ministros y otros funcionarios del Estado, autorizó el uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos pero solo de forma terrestre. Un año antes, la misma instancia había determinado que no se podría usar de ninguna manera, pero ante el aumento de cultivos tuvo que revertir la decisión. La fumigación bajó de 50.554 hectáreas en el 2014 a 28.075 en el año siguiente.

 

El informe señala que cinco departamentos, de los 23 afectados por cultivo de coca, tienen el 81% del área sembrada y en solo un municipio de estos (Tumaco, en Nariño) hay al menos 16.000, que representa el 17% de lo que se produce en todo el país, en donde del 2013 al 2104 pasó de 48.189 hectáreas a 64.132. “Esto indica que a pesar del fuerte incremento del área sembrada, las comunidades afectadas deben seguir siendo las mismas”, apunta la ONU, que también registra que tres departamentos están libres de coca. Caldas, La Guajira y Cundinamarca completan cuatro años sin cultivos.

 

“Al suscribirse el acuerdo final con las FARC, los temas relacionados con narcotráfico deberán registrar progresivamente un mejor desempeño”, dijo Villegas, al referirse a uno de los compromisos que ha asumido esta guerrilla en el marco de los diálogos de paz y que se trata de la erradicación por de cultivos en zonas donde han tenido influencia. En Briceño (Antioquia) se adelanta un plan piloto para ello.

 

 

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Colombia autoriza la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato
La determinación del Consejo Nacional de Estupefacientes establece que será terrestre y tendrá que cumplir con un protocolo especial



Un año después de que se suspendió, luego de dos décadas de uso, la aspersión aérea de glifosato a los cultivos de coca en Colombia, el Consejo Nacional de Estupefacientes volvió a avalar su uso, pero de forma terrestre. La aplicación de este método, que estará en manos de la Policía Antinarcóticos, tendrá que garantizar la protección de las personas que trabajen en terreno y de las comunidades que vivan en esas áreas. Además, deberá cumplir con un protocolo establecido por el Ministerio de Salud.

 

La decisión, que es respaldada bajo el argumento de que esta técnica permitiría erradicar hasta seis hectáreas por día, ha sido cuestionada por algunos sectores. En entrevista al diario nacional El Espectador, el exasesor de Política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, Daniel Rico, aseguró que las aspersiones terrestres no son viables y expondrán un mayor riesgo para las personas. Entre tanto, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que si el uso manual del glifosato no pone en peligro a la población, su Ministerio lo respaldará.

 

La guerrilla de las FARC, a través de Pastor Alape, aseguró que “la fumigación manual con glifosato es una política fracasada. El camino es sustitución e implementar acuerdo de La Habana”. La aspersión terrestre empezará a regir una vez se modifique el Plan de manejo ambiental y se analicen los resultados de seguimiento a esta práctica, ha informado el Consejo Nacional de Estupefacientes.

 

En mayo del 2015, cuando se suspendió la fumigación aérea, los cultivos de coca habían crecido en el último año entre el 15% y el 20 %, según cifras de Naciones Unidas. Una de las voces que más ha insistido en la necesidad de continuar con la aspersión del glifosato ha sido el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien días antes de conocerse la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes anunció que se haría de forma terrestre. Villegas ha reconocido que la suspensión de la aspersión aérea con glifosato causó un incremento en los cultivos de coca.

 

 

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Colombia presenta un nuevo plan de política antidroga

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó el martes su plan de política antidroga, basado en la sustitución de cultivos ilícitos. En Nariño y Putumayo, dos departamentos del sur del país, muy golpeados por el narcotráfico, se implementará inicialmente un proyecto con el que se espera que 26.000 familias que se dedican a la producción de coca reemplacen los cultivos ilícitos por proyectos agrícolas o pecuarios que tengan opciones de producción en su territorio.


Santos recordó que en los últimos dos años se han incrementado los cultivos de coca. El país tenía 69.000 hectáreas sembradas en 2014, casi 100.000 menos que este año, según Naciones Unidas. "Colombia no tiene por qué seguir siendo el primer exportador de coca del planeta y vamos a probarlo", afirmó el mandatario, quien explicó que esta nueva estrategia estará coordinada inicialmente por la presidencia, aunque el Gobierno espera tener una entidad dedicada exclusivamente al tema que será liderada por el exministro de salud Eduardo Díaz.


El proyecto contempla también la creación de una agencia de comercializadores rurales, que se encargará de recoger, distribuir y buscar mercados para los productos que los campesinos cultiven bajo asesoría especializada. Uno de los puntos más importantes busca dar la garantía de titulación de tierras a las personas que por más de cinco años se hayan dedicado a los cultivos ilícitos en esos predios.


De los 1.102 municipios que tiene Colombia, 204 tienen cultivos de coca. El 81% de la producción se concentra en seis departamentos y dos terceras partes de los cultivos ilícitos están en parques naturales, zonas de reserva natural o territorios étnicos o colectivos. Para esto, según el anuncio, las comunidades que cultivan en los parques tendrán un plan de reubicación fuera de ellos, con programas de vivienda rural, servicios y proyectos agropecuarios. Las FARC no serán ajenas a esta estrategia. Santos aseguró que el Gobierno ha hablado con la guerrilla para realizar planes conjuntos para la sustitución de cultivos.


El analista y politólogo León Valencia señala que la nueva política antidrogas corresponde a unos de los aspectos que se han debatido en los diálogos de paz con las FARC. "Se ha discutido sobre la importancia de la erradicación manual y la sustitución de cultivos, de ayudar a los campesinos cocaleros en lugar de reprimirlos", afirma. Para Valencia, Colombia "entra a una nueva era para superar el problema de las drogas, ofreciéndole una salida al campo colombiano".


La nueva política antidrogas llega pocos días antes de que se deje de usar de forma definitiva el glifosato, el próximo 1 de octubre, luego de ser utilizado en sembradíos de coca en el país desde 1994. "Comienza una nueva era en la lucha contra el narcotráfico en el país", aseguró Santos, quien reiteró que este plan no significa que no continuará "la destrucción de laboratorios, la incautación de cargamentos, de insumos y la captura y judicialización de los mafiosos". El presidente reconoció que en las zonas donde se concentran los cultivos ilícitos ha existido abandono del Estado.


Cambio de política


Jorge Restrepo, analista del Centro de recursos para el análisis de conflictos, dice que el anuncio del presidente es un gran avance. "Después de tantos años de luchar contra el narcotráfico en Colombia no existía una institucionalidad que pudiera ejecutar programas de manera eficiente y rápida. La creación de una agencia ahora lo resuelve", afirma.


Restrepo agrega que el país está abriendo un camino hacia un cambio total en la política de la lucha contra el narcotráfico. "Es revolucionario", destaca, al señalar que los diálogos y acuerdos serán prioridad en la relación del Gobierno con los cultivadores de coca para lograr la sustitución de los cultivos ilegales, pero que de no existir voluntad para hacerlo, se acudirá a la erradicación de manera forzada. "Es una estrategia residual cuando las comunidades no logren organizarse para erradicar voluntariamente los cultivos".

La prevención del consumo es prioritaria


El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó ayer durante la presentación de la nueva política antidrogas que "dentro de los departamentos con mayor consumo están importantes productores, como Nariño, Putumayo, Cauca y Meta". El Ministerio de Salud coordinará con otras 10 entidades del Estado un Plan Nacional de Prevención y Atención al Consumo, que se enfocará en la prevención, el tratamiento y la reducción de riesgos y daños en el uso de estas sustancias ilícitas. Según el presidente, en el posconflicto este plan tomará mayor fuerza debido a los ofrecimientos que, desde ya, ha hecho la cooperación internacional.

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Perú supera a Colombia en superficie cultivada de coca

El gramo de cocaína más barato del mundo está en Perú. El precio de producción de los derivados de la coca es menor en este país, comparado con Colombia y Bolivia, debido a sus procesos artesanales y a la producción local de insumos químicos, reveló Flavio Mirella, representante en Perú y Ecuador de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (ONUDC) al presentar el informe 2012 de monitoreo de cultivos de coca que elabora esa institución.

 

De acuerdo al reporte, Perú registró hasta diciembre del año pasado 60.400 hectáreas de coca cultivada, de las cuales 9.000 se destinan al consumo tradicional (para chacchar -o masticar- o tomar como infusión) y las restantes 51.400 se destinan al narcotráfico, es decir, el 86% de la producción. Si se restan las 9.000 hectáreas de coca para consumo tradicional, Perú supera a Colombia en 3.400 hectáreas sembradas, si se considera el total, excede en 12.400 hectáreas.


El año pasado, el reporte de la ONUDC indicó que Perú tuvo 1.500 hectáreas sembradas de este arbusto menos que Colombia, por acciones aceleradas de erradicación en los tres últimos meses de 2011. Para 2012, pese a que Perú invirtió por primera vez recursos propios en esas acciones -30 millones de soles, casi 11 millones de dólares- y logró destruir 14.234 hectáreas sembradas, un 38% más que el año anterior, Colombia erradicó 30,500 hectáreas de arbustos en 2012.


El Valle de los Ríos Apurímac y Ene, zona donde aún actúan remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso en la ceja de selva sur, concentra el 56% de la producción de hoja de coca. Mirella informó que en dicha área existe la mayor densidad de arbustos por hectárea y el rendimiento promedio nacional es el más alto: 3,6 toneladas métricas por hectárea, cuando el promedio nacional es de 2.1. En dicho valle aún no se realizan acciones de erradicación, aunque el Gobierno se propone hacerlo a futuro, anunció Carmen Masías, la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Devida, organismo oficial antidrogas.


El reporte de la oficina de Naciones Unidas registra el mayor incremento de sembríos de coca en el Bajo Amazonas, fronteriza con Colombia y Brasil. "Esta situación responde, en principio, a su ubicación fronteriza y cercanía a las ciudades de Leticia en Colombia y Tabatinga en Brasil, lo que garantiza y facilita el abastecimiento de los insumos químicos requeridos y el comercio externo de los derivados obtenidos", explica el documento.


Rutas e influencia


Aunque el consumo de drogas derivadas de la coca ha caído en Estados Unidos, este país sigue siendo el principal aportante a las acciones de interdicción y desarrollo alternativo en Perú, con unos 73 millones de dólares, un 43% menos que el año anterior, indicó a EL PAÍS una fuente estatal. Sin embargo, el gobierno de Brasil y dos empresas privadas brasileñas están destinando recursos a este rubro debido al incremento del tráfico de cocaína peruana a Brasil. La colaboración que presta Brasil es notoria en operativos policiales en la frontera. "No se puede dar detalles, pero estamos usufructuando helipuertos mutuamente", precisó Masías, durante la presentación del informe de ONUDC. La funcionaria acotó que Brasil es el segundo país consumidor de drogas cocaínicas del mundo.


La droga peruana que llega a Europa está produciendo un mayor número de detenciones de ciudadanos de Europa del Este. En 2012, ingresaron a Perú 137 lituanos y de ellos 109 están en prisión, debido al tráfico de los estupefacientes a esa parte del continente.
Los datos del último reporte de la ONUDC, acerca del indeseado mérito de Perú de ser el primer productor de coca en el mundo, se enmarcan en los intentos de los operadores del narcotráfico de tener influencia en la política. En agosto, Nancy Obregón, una excongresista oficialista y exasesora de un parlamentario actual de Gana Perú, fue detenida por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y con la facción de Sendero Luminoso que existía en el valle del Huallaga, en la selva central. La fiscalía antidrogas investiga a diez funcionarios públicos, entre ellos un presidente regional, alcaldes y policías por el mismo motivo. Y en agosto también, el analista Jaime Antezana reveló que siete congresistas tienen lazos con el tráfico de drogas, sin embargo la procuradura antidrogas Sonia Medina comentó que las pruebas presentadas no fueron suficientes.


Desde 2008, Perú no es capaz de reportar la cantidad de pasta básica de cocaína que produce, debido a la falta de consenso entre los nacionales con organismos cooperantes sobre la forma de realizar el cálculo. ONUDC y Devida llevan un año preparando un estudio para llegar a una fórmula denominada 'factores de conversión', que usa los datos de área cultivada, producción de coca y cantidad de coca usada en la elaboración de cocaína. Flavio Mirella indicó que para dicho cálculo recogen información de la Dirección Antidrogas de la Policía, el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Empresa Nacional de la Coca.

 

Por JACQUELINE FOWKS Lima 24 SEP 2013 - 17:42 CET

Publicado enInternacional
Domingo, 15 Septiembre 2013 06:39

Colombia indemniza por el glifosato

Colombia indemniza por el glifosato

Colombia entregará a Ecuador 15 millones de dólares para compensar a los campesinos ecuatorianos afectados por esparcir glifosato sobre plantaciones de coca cercanas a la frontera común entre los años 2000 y 2007. Ecuador desistió de su demanda, planteada en abril de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, luego de llegar a un acuerdo diplomático en el que Colombia asumió compromisos que no habrían sido conseguidos en un fallo de la Corte, según señaló el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Quito pretendía que la CIJ reconociera que Bogotá violó su soberanía e integridad territorial por su práctica de fumigaciones aéreas, que habría causado daños al país, a su población y a su medio ambiente. También pidió una orden para que Colombia restrinja las fumigaciones a una distancia de 10 kilómetros de la frontera binacional y el pago de reparaciones económicas para los afectados.

 

Una comisión científica, conformada en Ecuador, estableció que las fumigaciones se realizaron con un componente herbicida tóxico que causó daño en la salud de las personas, afectaciones psicológicas, contaminación de la cadena alimentaria y afectó la biodiversidad y el ecosistema. Además generó un enorme número de desplazados y refugiados. “Con este gobierno (de Juan Manuel Santos), ha habido mucho más respeto, mucha más coordinación y, por mantener las mejores relaciones con Colombia, nos propusieron un diálogo, llegar a un acuerdo para superar este doloroso episodio”, señaló el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

 

Desde Bogotá, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, saludó el entendimiento. “Esta solución es una buena noticia para la diplomacia, una buena noticia para Colombia, una buena noticia para nuestras relaciones con Ecuador y para nuestras relaciones regionales, entre menos pleitos tengamos mejores serán las relaciones”, había expresado el jueves. “Quiero agradecerle nuevamente al presidente (Rafael) Correa, lo hice vía telefónica, su buena disposición y su buena voluntad para que lográramos lo que hoy estamos protocolizando.”

 

El procurador general de Ecuador, Diego García, comunicó al tribunal de La Haya la decisión, tras ratificar un acuerdo alcanzado por los gobiernos para poner fin al litigio, según un mensaje oficial. “Quito y Bogotá dieron por terminada la disputa existente entre las dos naciones relacionada con la erradicación aérea de los cultivos ilícitos en la zona común”, señaló la Procuraduría, que actúa como abogado del Estado.

 

“Nosotros (el gobierno ecuatoriano) no hemos cedido; me parece que el acuerdo al que hemos llegado supera las expectativas que teníamos en la Corte Internacional de Justicia, donde los jueces pueden fallar como ellos quieren”, dijo el vicecanciller de Ecuador, Marco Albuja. El funcionario agregó que con el desistimiento, el gobierno de Correa no ha cedido en sus reclamos ya que se consiguieron cosas interesantes en el acuerdo firmado con Bogotá. “Si Colombia falla o no cumple con los compromisos, nosotros tenemos la posibilidad de ir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia porque ahí sí estaría violando una obligación internacional”, apuntó. Destacó que el acuerdo protege los asentamientos humanos de la zona de frontera.

 

Colombia podrá reanudar sus aspersiones a no más de 40 metros de altura y respetando una franja de diez kilómetros de frontera. Esta zona de exclusión podrá reducirse a cinco kilómetros en el segundo año y hasta dos kilómetros en adelante, siempre y cuando la comisión científica binacional compruebe y certifique que el herbicida no llegue al territorio ecuatoriano. Además, no podrá cambiar los componentes de la mezcla utilizada en las aspersiones y deberá informar a Ecuador con 10 días de antelación sobre las actividades áreas de fumigación, entre otros puntos.

 

“Mantener una diferencia entre los dos países lo que hace es distorsionar todo el potencial que tenemos para sacar adelante una importante y amplia agenda binacional. De este acuerdo hay un gran ganador, que es el proceso de integración binacional”, consideró el embajador de Colombia en Quito, Ricardo Lozano. Por su parte, Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), cuestionó que el acuerdo no haya incluido a los habitantes del lugar cuando hay alrededor de 10 mil personas afectadas por las aspersiones colombianas. Esta organización, junto a otros activistas, publicó una carta abierta al presidente Correa, en la que cuestiona que el acuerdo “no sólo podría verse como que se están minimizando los gravísimos impactos sufridos por ciudadanos ecuatorianos, sino que esto podría tener repercusiones en la demanda que más de 3000 campesinos de frontera tienen en la Corte de Washington”.

 

Por medio de un comunicado, la Cancillería colombiana expresó “su satisfacción” por el convenio que permite poner fin al proceso que se adelantaba ante la Corte Internacional de Justicia, por la fumigación aérea de cultivos ilícitos en la zona de frontera con Ecuador. “La solución pacífica alcanzada es una muestra más de la excelente relación que atraviesan los dos países, fruto de un trabajo continuo y articulado por sacar adelante los más de 160 proyectos que nutren la agenda binacional y que benefician a ambas comunidades”, resalta el comunicado. “El acuerdo establece mecanismos claros para verificar con la participación de una comisión científica binacional”, precisa la comunicación oficial.

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