Duque y Trump dicen que hay que fumigar 

Cumbre de presidentes de EE.UU. y Colombia en la Casa Blanca

El mandatario estadounidense, Donald Trump, defendió este lunes la fumigación de cultivos ilícitos para la lucha antidrogas, al recibir en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Iván Duque. El gobierno de Duque espera reanudar la fumigación de cultivos ilícitos para luchar contra el narcotráfico, una iniciativa aplaudida por Estados Unidos pero muy resistida por campesinos y organizaciones de derechos humanos.

"Bueno, van a tener que fumigar. Si no fumigan no se van a deshacer de ellos", dijo Trump en referencia a los carteles de droga, contestando a la pregunta de un periodista. El presidente de Estados Unidos recibió a Duque en el despacho Oval de la Casa Blanca (foto), para una reunión que según Trump fue planeada rápidamente "durante el fin de semana".

Las fumigaciones aéreas con glifosato en fueron suspendidas en 2015 en Colombia, cuando el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos acogió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consideró ese herbicida como "probablemente cancerígeno". El herbicida está asociado a efectos cancerígenos y riesgos genéticos, y muchos países en Europa buscan prohibirlo por los peligros para la población.

El gobierno de Duque ha dicho que está elaborando informes de impacto sanitario y ambiental para cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional de Colombia para reiniciar el programa de fumigación, comprometiéndose a minimizar los efectos adversos.

Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, con 169.000 hectáreas sembradas en 2018 y un potencial para producir 1.120 toneladas de cocaína, según la ONU. En 2017 la cantidad de sembradíos registrada por Naciones Unidas había sido mayor -171.000 hectáreas. Y, según Duque, en 2019 se erradicaron manualmente 100.000 hectáreas, una cifra histórica.

Estados Unidos anunció a principios de año que entregará a Colombia -su aliado más estrecho en la región- 5.000 millones de dólares para invertir en zonas afectadas por los narcocultivos, algunas de ellas establecidas como prioritarias en el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la exguerrilla comunista FARC.

Más temprano Duque denunció ante ante el grupo de cabildeo pro-Israel AIPAC el apoyo que da el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a la milicia chiita Hezbolá. "Ellos le han abierto la puerta a Hezbolá para que los apoyen en los crímenes que cometen contra su propio pueblo", dijo el presidente colombiano.

Publicado enColombia
Venezolanos, las nuevas víctimas de la guerra en Colombia

 Human Rights Watch denuncia que son reclutados como raspachines de coca en la región fronteriza del Catatumbo

 “Estamos aquí porque en Venezuela hay mucha escasez de comida. Yo tengo 14 años y raspo coca. Hay niños de ocho años que también raspan coca”. El testimonio de un adolescente venezolano es parte de la cruda realidad que revela el informe La guerra en el Catatumbo, de Human Rights Watch (HRW), que documenta violaciones de derechos humanos en esa región fronteriza y revela cómo los migrantes venezolanos son carne de cañón de los grupos armados ilegales que los reclutan como ‘raspachines’, como se conoce a los recolectores de hoja de coca en Colombia.

“Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia”, indica el documento, que recogió información en abril de 2019 con cerca de 80 fuentes en Cúcuta, la principal ciudad sobre la línea limítrofe, y otros municipios del Catatumbo.

Como refleja una de las entrevistas que acompaña el informe, los migrantes se someten a labores con cultivos ilegales a cambio de alimentarse. “Vienen a buscar trabajos acá aunque sea por la comida. Estos grupos al margen de la ley los están reclutando con mentiras. Les dicen que les van a dar comida y sueldo”, cuenta una mujer en video. Pero no solo son utilizados en cultivos de coca. “También son víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual”, agrega el documento de HRW. La situación, sin embargo, puede ser aún peor porque los venezolanos evitan denunciar ante las autoridades colombianas por temor a ser deportados. De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Colombia, citadas por HRW, se investigan 47 homicidios de ciudadanos venezolanos cometidos en el Catatumbo desde 2017.

No es claro cuántos venezolanos habitan en El Catatumbo, una subregión del departamento de Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Pero según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), pueden ser al menos 25.000. La ONG le recomienda al gobierno de Iván Duque que evalúe de forma “exhaustiva” la cantidad de venezolanos en esa zona y “asegurar que tengan estatus legal” para que puedan trabajar legalmente y no teman denunciar abusos. Con 1,4 millones de venezolanos en su territorio, Colombia es por mucho el principal destino del éxodo que huye de la crisis política, social y económica del país vecino.

En el Catatumbo convergen todos los problemas del conflicto colombiano: aumento de cultivos ilícitos, presencia de grupos armados e inestabilidad en la frontera, adobado con una pobreza histórica. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) señala que Norte de Santander es, con 33.598 hectáreas que representan el 20 % del total nacional, el segundo departamento con mayor extensión de narcocultivos –después de Nariño– y ha sufrido un incremento sostenido en los últimos años. Solo en 2018 la extensión de los cultivos creció un 19% en Norte de Santander. Allí hacen presencia grupos armados que se disputan el territorio como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como disidencias de las extintas FARC, hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz que sellaron con el Gobierno a finales de 2016.

La situación de violencia es crítica para colombianos y venezolanos. Desde 2017 se han desplazado más 40.000 personas, la mayoría durante el 2018, la mayoría por los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Sin embargo, afirma Human Rights Watch, este año la razón del éxodo son los combates que libran estos grupos y la fuerza pública colombiana. Y algunas familias huyen también debido al temor del reclutamiento infantil. “Los miembros de los grupos armados les ofrecen a los niños y niñas, incluso de apenas 12 años, que se unan a sus filas. Con frecuencia, les ofrecen un pago. A veces, amenazan con matarlos a ellos o a sus familias si se niegan, según familiares de las víctimas, la Defensoría del Pueblo y funcionarios de organizaciones humanitarias que trabajaban en la zona”, asegura el documento.

Por otro lado, los homicidios se duplicaron desde 2015, pasando de 112 en ese año a 231 en 2018, una tasa anual de casi 79 cada 100.000 habitantes, tres veces la tasa nacional. Lo más grave es que la situación afectó particularmente a civiles. Human Rights Watch identificó que en varios casos fueron asesinados tras “acusarlos de cooperar con grupos armados contrarios o con el Ejército, o porque se negaron a cooperar con el grupo o a sumarse a sus filas”, y que esta región ha sido centro de asesinatos a líderes comunitarios. Como si el panorama no fuera de por sí crítico para la población civil, las minas antipersonales, que se pensaban erradicadas en el país, han cobrado vidas. “Cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales en el Catatumbo desde 2017, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos incidentes fueron causados por minas plantadas recientemente o por otras que quedaron de períodos anteriores del conflicto”, denuncia la organización de derechos humanos.

El informe La guerra en el Catatumbo también abordó la violencia sexual, que afectó a 41 personas desde 2017. Y aunque estos hechos se encuentran más relacionados a violencia intrafamiliar, varias voces que consulta HRW afirman que existen casos relacionados con los grupos armados que actúan en la zona y que estos también amenazan a trabajadoras sexuales, “que en al menos tres municipios del Catatumbo son, en su mayoría, venezolanas”.

El documento será entregado este jueves al presidente Iván Duque por parte del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, y contiene una serie de recomendaciones para atender la crítica situación de derechos humanos que vive esta región.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 8 AGO 2019 - 01:00 COT

Publicado enColombia
Disturbios en Tumaco por narco-erradicación

A pesar de que ayer fue abierta parcialmente la principal vía que comunica al municipio de Tumaco, Nariño, con el interior del país, se mantiene crítica la situación de orden público por las protestas que desde hace varias semanas adelantan los cocaleros contra los operativos de erradicación que adelanta la Policía. Varios sectores productivos no han podido operar por el paro establecido por los manifestantes, hay desabastecimiento y se agotó el combustible en las estaciones de distribución.


Tumaco es el municipio del país con más cultivos de coca con cerca de 22 mil hectáreas. Por ello es un objetivo prioritario en la meta que se ha establecido el Gobierno nacional de erradicar 100 mil hectáreas este año.


En este municipio nariñense participan en labores de erradicación mil integrantes de la Fuerza Pública, entre militares y policías.


El secretario de Gobierno del municipio de Tumaco, Edwin Palma, dijo que los bloqueos adelantados por los campesinos dedicados a los cultivos ilícitos han dejado pérdidas al comercio y restringido la movilidad de los habitantes.


Por ello, dijo, “pedimos una mayor articulación a través de sendas misivas dirigidas al Presidente y a los ministros de Defensa y el Posconflicto para que se atienda esta situación”.


Añadió que “la situación es insostenible... he tenido comunicación directa con los comandantes y ellos están haciendo un procedimiento de recuperar la vía militarmente para garantizar el tránsito por Tumaco”.


Según el funcionario al menos 60 mil familias en el departamento de Nariño obtienen su sustento de los cultivos ilícitos. Por ello dijo que es necesario que el Gobierno nacional acuerde con esta población programas de sustitución de cultivos.
Pagarían por protestas


Desde hace años la costa del Pacífico fue un objetivo de bandas criminales que tienen entre sus actividades el narcotráfico, como Los Rastrojos, y los grupos guerrilleros porque desde allí se les facilitaba sacar la droga por mar hacia Norteamérica.


En ese sentido, las bandas criminales libraron una guerra con las Farc por el dominio de este territorio. Sin embargo tras la salida de los frentes subversivos 8 y 29, así como las columnas Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre hacia las zonas veredales para su desmovilización producto del acuerdo de paz con el Gobierno, se ha denunciado que arribaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Eln, al tiempo que se han creado pequeñas bandas locales.


Las autoridades creen que algunas de estas organizaciones son las que presionan a los campesinos cocaleros para que protesten contra el programa de erradicación. Incluso estarían pagando por los bloqueos.


El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, dijo a Caracol Radio que los narcotraficantes están pagando hasta $100.000 diarios a campesinos de Tumaco para que lleguen hasta las vías y generen desórdenes públicos.


"Inteligencia nos dice que se paga $100 mil diarios a quien sale a protestar en la vía, no es una protesta normal, es violenta y generada por el narcoterrorismo que no quiere que se arranquen los cultivos ilícitos", explicó el general Mendoza.


Y dos días atrás, según el oficial, una aeronave de la Policía fue objeto de múltiples disparos en esta localidad de Nariño. “Capturamos al responsable y encontramos que él había estado protestando en ‘La Y’, una de las zonas que estuvo taponada”, expresó el oficial.


Añadió que en los últimos días fueron capturadas cinco personas en Tumaco con material para armar explosivos que serían utilizados contra la Fuerza Pública.


“Pretendían instalar armas explosivas en contra de los hombres de la Fuerza Pública que adelantan la erradicación. Esto es terrorismo, es una intención de matar. Eso no lo hace un cultivador pequeño, un campesino, un indígena. Eso lo hace un narcoterrorista”.


En lo corrido del año la Policía ha erradicado 300 hectáreas de coca en Tumaco, 38.2 toneladas del clorhidrato de cocaína han sido incautadas, además de 5.5 toneladas de base de coca, 34 kilos de heroína, 38 laboratorios destruidos, 203 personas capturadas y 28 bienes que quedarán bajo extinción de dominio.


El general Mendoza dijo que "eso es lo que hemos estado haciendo estos días, cultivos industriales de más de dos hectáreas y hemos encontrado cultivos de más de 100 hectáreas. Llevamos 330 hectáreas erradicadas manualmente con Fuerza Pública. Las comunidades mencionan que esos son cultivos menores pero eso no corresponde a la realidad, es un trabajo de georreferenciación que se ha hecho con certeza para no equivocarnos, no estamos en resguardos indígenas o en cultivos menores”.


Asamblea permanente


Los campesinos cocaleros manifestaron que seguirán protestando porque según ellos el Gobierno nacional ordenó la erradicación de los cultivos ilícitos sin llegar a un acuerdo previo sobre sustitución.


En ese sentido se declararon en asamblea permanente y dijeron estar abiertos al diálogo con el Gobierno. Como gesto de buena voluntad reabrieron ayer de forma parcial el paso en la vía que comunica a Tumaco con el interior del país.
"Recomendamos el acompañamiento de la Fuerza Pública a las caravanas para evitar los desmanes de posibles descarados", expresaron voceros de los bloqueos en un comunicado.


Afectada la producción


Un llamado con carácter urgente al Gobierno nacional hizo Fedepalma frente a la crítica situación de inseguridad y alteración del orden público que vive actualmente el municipio de Tumaco.


Jens Mesa Dishington, presidente Ejecutivo de Fedepalma, aseguró que “no permiten trabajar ni producir normalmente, toda vez que el sector productivo está impedido de operar, tanto la pesca artesanal, la camaronicultura, el turismo y los cultivos como el cacao y la palma de aceite, entre otros”.


Añadió que la comunidad rural en el municipio de Tumaco ha tenido que enfrentar quemas de retroexcavadoras y otras maquinarias que fueron incendiadas en el trayecto que va de La Espriella a Mataje, amenazas de artefactos explosivos, bloqueos a la entrada de los trabajos, intimidación a las personas y paros en las vías que paralizan completamente las actividades.


Por cuenta de toda esta situación, Tumaco tiene bloqueada la vía principal y la única al interior del país, desde el pasado 7 de abril, circunstancia que sumada a la falta de combustible, el cual se agotó en las Estaciones de Servicio, y la no salida a los productos tales como el pescado, como tampoco el ingreso a los turistas en razón de la Semana Santa, completan un panorama económico y social crítico para la zona.


“En nuestro caso, las empresas palmeras se han visto obligadas, por fuerza mayor, a suspender temporalmente los contratos de trabajo con lo cual se afecta una población de más de 4.000 trabajadores directos e indirectos y sus familias”, denunció Mesa Dishington.


Manifestó que la difícil situación de orden público en Tumaco, ha empeorado con el aumento de los cultivos de coca y del narcotráfico. Ante esta grave condición económica, social y de orden público, que enfrenta Tumaco y el Pacífico colombiano, Jens Mesa Dishington planteó que se requieren medidas extraordinarias para superar esa problemática y propuso que el Gobierno estudie la puesta en marcha de un paquete de medidas y acciones, tipo un “Plan Marshall”, que cambie contundentemente la dinámica de pobreza e informalidad en que está sumida esa población del Pacifico nariñense, que atraiga inversión productiva, local y extranjera, para que ello se traduzca en motor de progreso para los habitantes de toda la región.

 

Abril 12, 2017 - 06:02 PM

Publicado enColombia
Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado enEdición Nº233
El papel del Estado en el mercado de las drogas ilícitas

En Honrarás a tu padre, publicada en 1971, Gay Tales escribió: «El mercado de la marihuana no había llamado la atención de la mafia (estadounidense) ni de sus asociados porque la marihuana entraba con demasiada facilidad por la frontera mexicana y porque el negocio estaba plagado de gánsteres independientes y jóvenes aventureros. Pero si los agentes del gobierno lograban limitar la oferta, si las leyes más severas inhibían y disminuían el número de importaciones y hacía subir el precio, los contrabandistas expertos del crimen organizado podían invadir el mercado de la marihuana, tal y como lo habían hecho con el contrabando del licor durante la prohibición» .


Conciso y sustancioso, este párrafo nos revela el papel jugado por el Estado en relación a los distintos mercados ilícitos: el papel de regulador. Este es quien se encarga de limitar la oferta de drogas ilícitas atacando, sobre todo, a los eslabones más débiles en la cadena: el consumidor y los pequeños productores. En eso consiste la política mundial contra las drogas ilícitas: en favorecer a los eslabones más fuertes al impedir que los precios bajen. Si bajaran, ya no sería un negocio fructífero y de seguro muchos productores, grandes o pequeños, dejarían de cultivarlo. Pero no sólo ellos se verían afectados, también lo estaría un sector al que poco mencionan dentro de esta cadena: el sistema bancario, uno de los más beneficiados con este tipo de mercados gracias a los lavados de activos.


Tal vez por esto causaron tanta preocupación los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el de la ONU, publicados a principios de mes. Los informes coincidían en advertir que los cultivos de coca aumentaron el último año en un cien por ciento y que Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína en el mundo. Así, frente a este panorama se volvió a abrir en el país el debate sobre las estrategias en la política antidroga, la cual ha sufrido leves cambios, principalmente por el proceso de paz. En este contexto se ha dicho que los cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016 “no serán beneficiados ni atendidos por el programa” de sustitución de cultivos. A su vez los guerrilleros ubicados en las Zonas Veredales tendrán que brindar información sobre los cultivos ilícitos que estaban a su cargo para beneficiarse con los programas que surjan de los acuerdos de paz. Así, muchos esperan que a mediano plazo los cultivos y la producción disminuyan.


Sin embargo, otros son menos optimistas y afirman que con o sin las Farc el negocio de las drogas ilícitas se mantendrá, sobre todo si la política mundial antidrogas continúa siendo prohibitiva. Lo mejor que podría hacer el Estado es enfocar la política hacia un problema de sanidad pública, y la forma más óptima para desestimular el consumo es hacer que se incrementen los precios a través de los impuestos, lo que implica su legalización.


Romper el mito impuesto con las drogas es eliminar su utilidad como instrumento de Estado, de gran utilidad, para acrecentar el miedo y la desconfianza social, para desunir, para que el aire del otro como mi enemigo pulule por toda la sociedad, legitimando con ello el espacio para su militarización y/o control policivo, y a esto difícilmente renunciarán.


Sin duda, los próximos informes de los organismos multilaterales continuarán indicando que los sembrados se mantienen, aquí o en cualquier otro país de la región. Sin duda, tendremos problemática de drogas para rato.

Publicado enColombia
El cultivo masivo de palma y soja para producir biocombustible contamina más que la gasolina o el diésel

El cultivo industrial de palma y soja emite más CO2 a la atmósfera que el consumo de combustibles fósiles como el diésel o la gasolina. Y no un poco: la producción de palma para obtener biocombustible contamina casi tres veces más. La soja el doble que sus equivalentes de origen petrolífero.


La causa principal de esta cantidad de emisiones es la transformación de los suelos para plantar estos dos cultivos. En especial el drenaje de humedales en Indonesia y Malasia. Y la oxidación de esos terrenos después de que se conviertan en plantaciones, según el último estudio de Comisión Europea sobre los biocombustibles realizado para reorientar la política comunitaria sobre esta materia.


La estrategia de la Unión Europea contra el cambio climático señalaba que, cada país, tenía que llegar a que el 10% de la energía utilizada en el transporte fuera de origen renovable para 2020. Los biocombustibles contaban para hacer esos cálculos.


Así que la demanda europea se enfocó hacia el biodiésel que se obtiene a partir de los cultivos de palma, girasol, colza o soja. Esta política ha causado la conversión de ocho millones de hectáreas de terreno en explotaciones de este tipo. Solo la expansión de las plantaciones de palma para satisfacer este mercado ha convertido 2,1 millones de hectáreas en el sudeste asiático "la mitad de ellas a expensas de humedales y bosque tropical", explicaba el documento de la Comisión.


Los agrocombustibles son carburantes de origen biológico pensados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los motores. Pero no todos son iguales. El rango abarca desde los que se producen a base de alimentos (como la colza, el girasol, la palma o la soja) hasta los más avanzados que utilizan chopos, sauces, pastos perennes y residuos forestales. La diferencia clave es que estos últimos son cultivos que no se cosechan todos los años. Son explotaciones mucho menos agresivas con el suelo que los soporta.


Un análisis comparativo de las emisiones de CO2 de todos estos combustibles realizado por la organización Transport & Enviroment con los datos de la CE muestra que la apuesta por el biodiesel de palma, soja, girasol y colza multiplica por 1,8 los niveles de contaminación respecto a los combustibles fósiles debido a las emisiones en su fabricación.


Los peores resultados los da el combustible de palma. Su utilización supone en torno a un 250% más de emisiones que las de los derivados del petróleo (implica el lanzamiento 241 gramos de CO2 por megajulio de energía generada frente a 94 del gasoil tradicional).


Casi tres cuartas partes de ese CO2 corresponden a la utilización del suelo, no al uso en lo motores. Es decir, el proceso de producción de los cultivos contamina mucho más que los coches que emplean ese producto.


15,4 millones de toneladas al año


En el otro lado, las nuevas generaciones de agrocombustibles –de cultivos no anuales– ahorran un 15% respecto a los hidrocarburos.

Sin embargo, según T&E, "actualmente están marginados por la política de apoyo a los biodiesel tradicionales" (los de soja o palma).


Los productos de biodiesel suponen, aproximadamente, el 75% del consumo interno de agrocombustibles de la Unión Europea que en 2014 fueron 15,4 millones de toneladas. Las ayudas públicas para el biodiesel en la UE, mediante subsidios a los precios, a las importaciones o exenciones fiscales, han oscilado entre los 4.600 a 5.500 millones de euros al año.


Los autores de la comparativa aseguran que esta línea de actuación ha provocado que "en lugar de reducir las emisiones de CO2 del transporte, va aumentarlas un 4% para 2020, como si hubieran circulado 12 millones más de coches ". Según su análisis si no se deja de apoyar a los combustibles a partir de soja o palma, las variedades más efectivas para el medio ambiente no podrán abrirse camino.

Publicado enMedio Ambiente
¿Están los pesticidas detrás de las muertes masivas de abejas?

La principal evaluación científica sobre el fenómeno global del exterminio apícola concluye que no hay pruebas suficientes sobre los efectos nocivos de los plaguicidas en abejas al aire libre. Dos de sus investigadores trabajan para Bayer y Syngenta.



MADRID. -Las desapariciones masivas de abejas y otras especies polinizadoras en todo el mundo traen de cabeza a la comunidad científica. Desde hace prácticamente dos décadas, cuando aparecieron los primeros casos, agricultores y apicultores han visto cómo año a año millones de estos insectos -imprescindibles para la supervivencia del 75% de los cultivos alimentarios del mundo- se desorientan y mueren sin aparente explicación. El misterio ha inspirado un buen número de investigaciones científicas tratando de desvelar las causas detrás de este fenómeno, que afecta sobre todo al sur de Europa y a Norteamérica, pero los resultados han sido diversos, cuando no polémicos.

Ahora el IPBES, una plataforma formada por más de mil expertos en diversidad biológica y ecosistemas de 124 países impulsada por la ONU, ha elaborado por primera vez un informe que aglutina las principales conclusiones de los trabajos científicos realizados hasta la fecha sobre este exterminio y propone soluciones para evitarlo.

El documento, Evaluación temática sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos, que será publicado en los próximos días, considera que el descenso de las poblaciones obedece a una “diversidad de factores”, en su mayoría derivados de la actividad humana, como los cambios de uso de la tierra, las prácticas agrícolas intensivas, el uso de plaguicidas, las especies exóticas invasoras, los patógenos o el cambio climático.

“La vinculación explícita del declive de los polinizadores con un factor o una combinación de factores directos es limitada por la disponibilidad o complejidad de los datos, aunque una gran cantidad de casos individuales de estudios en todo el mundo sugiere que estos factores directos a menudo afectan negativamente a los polinizadores”, dice el informe, al que ha tenido acceso este diario.

Gran parte de la controversia en torno a la muerte de las abejas apunta directamente sobre los pesticidas. En concreto sobre los neonicotinoides, uno de los tipos de insecticidas más usados del mundo, que los grupos ecologistas, asociaciones de agricultores, investigaciones científicas e instituciones como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria consideran una amenaza para estos insectos. En 2013, la Unión Europea restringió el uso de tres de ellos (clotianidina, tiametoxam e imidacloprid) por el daño a las colmenas.

El informe del IPBES no es igual de concluyente en este sentido. Aunque reconoce que los insecticidas tienen “una gama de efectos letales y subletales” en las abejas, los investigadores argumentan que sólo se ha demostrado en los experimentos controlados y no en situaciones reales al aire libre y asegura que estos últimos, en cualquier caso, tienen “evidencias conflictivas”. Creen además que la principal causa de las muertes en las abejas de miel que son criadas por apicultores son las plagas y enfermedades.

Las conclusiones son muy parecidas a los argumentos de la industria. El informe, de hecho, ha despertado las críticas de un grupo de científicos que expresaron su preocupación al secretario del IPBES por un posible “conflicto de intereses”, según desveló el diario francés Le Monde. Dos de los capítulos claves del texto, el que habla la diversidad de los polinizadores y el de las causas de su declive, han estado a cargo de dos científicos que son a su vez empleados de Bayer y Syngenta, los dos principales productores de insecticidas neonicotinoides. Público preguntó a IPBES dos veces sobre el asunto, pero no obtuvo respuesta.


“Los plaguicidas no son la única causa, pero dada la urgencia que tiene actuar para salvar a las abejas hubiéramos esperado más contundencia en el informe contra estos químicos”, dice Luís Ferreirim, responsable de Agricultura de Greenpeace.

La ONG ecologista lleva tiempo denunciando las muertes de abejas a consecuencia de los pesticidas en España, uno de los países más afectados por el fenómeno. Sólo hace 15 días, la organización alertaba de la muerte de centenares de miles de ejemplares en Valencia, Murcia y Andalucía coincidiendo con la fumigación de árboles de floración temprana como melocotoneros y nectarinos.

Las conclusiones del IPBES son importantes porque el informe pretende servir de guía para orientar las políticas públicas que pongan fin al problema. Aunque los investigadores no recomiendan la prohibición de los pesticidas de ningún tipo, sí aconsejan moderar su uso y optar por soluciones alternativas como la agricultura ecológica. Otras recomendaciones son mejorar la cría de las abejas melíferas gestionadas para evitar las enfermedades y plantar franjas de flores silvestres.
Una grave amenaza para la alimentación mundial


Las abejas son de largo las más afectadas, pero el informe advierte también de la alarmante desaparición de otras especies responsables asimismo de la reproducción vegetal, como el 16,5% de los polinizadores vertebrados (aves y murciélagos) que se encuentran en peligro de extinción; o el 40% de los invertebrados amenazados, sobre todo abejas y mariposas, pero también moscas, polillas, avispas y abejorros.


“Las evaluaciones regionales y nacionales realizadas indican la existencia de una grave amenaza. Muchas abejas y mariposas silvestres han disminuido en abundancia, frecuencia y diversidad a escala local y regional en el Noroeste de Europa y Norteamérica. Los datos para otras regiones y otros grupos polinizadores son por ahora insuficientes para sacar conclusiones generales, aunque se han reportado casos de disminuciones locales”, dice el grupo de investigadores, copresidido por la Dra. Vera Lucia Fonseca, de la Universidad de São Paulo, y el Dr. Simon Potts, de la Universidad de Reading, en Reino Unido.

La función que desempeña este grupo de animales es esencial. El 90% de las plantas con flores depende de ellos para sobrevivir y son responsables, al menos en parte, del desarrollo de más de las tres cuartas partes de los cultivos mundiales. Su incidencia es vital para la existencia de alimentos tan básicos como frutas, verduras, semillas, frutos secos y aceites; e influyen directamente sobre una agricultura que mueve al año entre 235.000 y 577.000 millones de dólares.

Y su importancia va en aumento. En el último medio siglo los cultivos que dependen de los zoopolinizadores se han incrementado un 300%, aunque el informe advierte de que su crecimiento y rendimiento es menor que el de los cultivos no dependientes.

Degustan astronautas de la EEI la primera lechuga espacial

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) probaron el lunes la primera lechuga cultivada en el espacio, en lo que los científicos describieron como otro paso hacia misiones humanas a Marte.


¡Nuestros primeros vegetales fueron cosechados y consumidos por astronautas en el espacio!, escribió la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) en su cuenta de Twitter.


El acontecimiento fue emitido por la televisión de la NASA, que cortó su cobertura de una caminata espacial rusa para transmitir la histórica degustación.


Si los exploradores espaciales pueden cultivar su propia comida mientras están lejos de la Tierra, tendrán más posibilidades de sobrevivir a los rigores de la exploración espacial profunda, que duraría meses o incluso años, según la NASA.


Hay evidencia que respalda (la idea de que) la comida fresca, como tomates, arándanos y lechuga morada son una buena fuente de antioxidantes, indicó Ray Wheeler, científico de la NASA en el Centro Espacial Kennedy de Florida.


Tener comida fresca como esta disponible en el espacio podría tener un impacto positivo en el humor de la gente y también brindar algo de protección contra la radiación, añadió.


La lechuga morada fue cultivada en una caja especial denominada Veg-01, que llegó al espacio a bordo de la nave de carga SpaceX Dragon.


Las semillas fueron activadas por el astronauta estadunidense Scott Kelly el 8 de julio, informó la NASA. Las plantas crecieron 33 días antes de ser cosechadas.


Una cosecha previa de lechuga había sido cultivada el año pasado en el espacio, pero no fue probada por los astronautas, sino enviada a la Tierra para realizar pruebas de seguridad.


Los astronuatas limpiaron cuidadosamente las hojas con toallitas desinfectantes antes de consumirlas, explicó la NASA en su sitio en Internet.


Podían comer sólo la mitad de las hojas. El resto fue apartado para empacarlo y congelarlo en la central espacial hasta que puedan enviarse a la Tierra para análisis científicos.


Por otro lado, dos astronautas rusos realizaron este lunes una caminata espacial en torno a la Estación Internacional (ISS), que duró poco más de cinco horas y media, durante la que realizaron tareas de manutención y revisión de instalaciones.


La caminata espacial, que finalizó hacia las 19H51 GMT, duró exactamente 5 horas 31 minutos. Comenzó poco después de las 14:00 GMT, y finalizó una hora antes de lo previsto por la NASA.


Actividades de limpieza y mantenimiento


Los astronautas Gennady Padalka, comandante de la 44 expedición de la EEI, y Mijail Kornienko, ingeniero de vuelo, vestidos con sus uniformes que portan la insignia rusa, salieron de la estación sujetos por arneses para limpiar las ventanas, además de realizar otras tareas de mantenimiento de la cápsula.


Esto comenzó hacia las 14:17 horas GMT, precisó la agencia rusa Roskosmos en un comunicado. Padalka, de 57 años, rompió en junio pasado el récord de la persona que más tiempo ha pasado en el espacio, completando 803 días. Esta es su novena caminata espacial, mientras su colega, de 55 años, realiza su segunda salida.


Los astronautas, provistos de cámaras de video, flotaron en el espacio con la Tierra del fondo.


Durante la operación estuvieron en constante comunicación con el puesto de control de la misión, ubicado en las afueras de Moscú, que difundió parte de la filmación a través de la página web de la agencia espacial.


También estaba previsto cambiar la antena y fotografiar la superficie de la sección rusa de la estación.


La NASA, por su parte, informó que ésta es la 188 caminata que se realiza fuera de la estación. La próxima caminata en torno al sector ruso de la EEI está programada para enero o febrero de 2016, informó a la agencia TASS Alexander Kaleri, funcionario de la industria espacial.

Colombia: las indecisiones del Gobierno en la política de acción contra las drogas

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó el pasado 2 de julio un informe que compila los resultados del monitoreo satelital de cultivos de coca en el territorio colombiano durante el año 2014. A la presentación de dicho informe asistió el Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado quien, a partir de las cifras entregadas, reflexionó sobre la efectividad de la política de erradicación de cultivos ilícitos implementada en la última década en el país. La exposición del Ministro respecto al informe exhibe una ruptura del Gobierno frente a la manera como concibió por años la lucha contra los cultivos de coca, además, realza la preocupación oficial por el fracaso de la aspersión con glifosato y la erradicación manual como estrategias para la supresión de cultivos ilícitos en Colombia.

Se expanden los cultivos de coca

Las cifras son poco alentadoras: en el año 2013 fueron registradas 48.000 hectáreas sembradas de coca, durante 2014 estas ascendieron a 69.000, lo que representa un incremento del 44% en la extensión de los cultivos a nivel nacional. La expansión más significativa ocurrió en la región Putumayo–Caquetá con un 68% de incremento, lrompiéndo la tendencia al decrecimiento presentada en la zona durante los últimos ocho años. La Región Pacífica, por su parte, concentra los mayores sembrados de coca: alberga 25.976 hectáreas, es decir, el 38% de los cultivos totles sembrados en el país, alcanzando un incremento en área sembrada del 40% respecto al año inmediatamente anterior. La Región Central y el área comprendida entre los departamentos Meta/Guaviare ocupan el tercer y cuarto lugar en concentración de cultivos de coca con 11.412 y 10.700 hectáreas, con un incremento del 40% de las hectáreas sembradas respecto al 2013.

El informe muestra que gran parte de los cultivos registrados corresponden a resiembras en zonas que anteriormente habían sido intervenidas por aspersión o erradicación manual. El mismo detalla la existencia de estos cultivos en 16 parques naturales (de un total de 59) y el crecimiento del 45% en área sembrada en los parques Nukak, Sierra de la Macarena, Paya, Yinigua y Farallones de Cali. El mismo informe expresa su preocupación por la expansión de estos cultivos en el seno de Resguardos Indígenas: las 6.225 hectáreas detectadas en el 2013 aumentaron a 7.799 hectáreas en el 2014 (+25%, 11% del total nacional). Situación similar ocurre con los cultivos en los Consejos Comunitarios de Comunidades afrodescendientes, en los cuales las extensiones sembradas registraron un incremento de 17% (en ellos se encuentra el 15% de la coca sembrada en Colombia). Este tipo de vegetales, sembrados en este tipo de comunidades étnicas, amenazan la diversidad cultural que fundamentan su estabilidad interna, haciéndolas especialmente vulnerables a la presencia y accionar de actores armados.

La coca parece no haber cedido ante la embestida de los erradicadores manuales y la aspersión aérea: el 3.5% del territorio sembrado tiene una afectación reciente (nuevos sembrados), el 43.5 ha padecido afectación intermitente entre los años 2005 y 2014; el área abandonada creció al 35.5% –lo que puede interpretarse como una relocalización de los cultivos, no como una extinción de los mismos–. Los cultivos proliferaron en zonas de arraigo cocalero en las cuales las estrategias de erradicación han enfrentado las más duras batallas, generando enormes afectaciones sobre el medio ambiente y la población civil.

A pesar de lo fáctico de las cifras consignadas en el informe del monitoreo de los cultivos de coca en el 2015, las posiciones respecto a la estrategia de lucha contra este tipo de cultivos son disimiles. El Procurador General de la Nación relacionó recientemente (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/crecimiento-inusitado-de-cultivos-de-droga-fortalecera-articulo-569883) la suspensión de las fumigaciones con una exigencia de las Farc presentada en la mesa de negociación de La Habana, con el incremento de los cultivos a causa de esta decisión del Gobierno, y con la disponibilidad de mayores recursos de las organizaciones insurgentes para atentar contra la fuerza pública y la infraestructura nacional.

En medio de esa pugna, es de resaltar que el pasado 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió colocarle fin a la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión de glifosato, producto de una votación en la que el único voto en contra provino precisamente de la mano del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez. La decisión del CNE obedeció a la aplicación del principio jurídico de precaución que ampara la suspensión de la práctica ante la ausencia de evidencia científica que fundamente la inocuidad del producto para la salud humana y la estabilidad del medio ambiente. Por el contrario la evidencia médica, y el testimonio de comunidades y organizaciones internacionales de acompañamiento humanitario, han aportado testimonios contundentes sobre los daños infligidos a la población, las plantas, los animales, el suelo, las fuentes de agua, por el glifosato en los perímetros de fumigación y zonas aledañas.

Cambios en la política de acción contra las drogas

Sobre estos aspectos, en entrevista para desdeabajo, Ricardo Vargas, profesor universitario e investigador que ha dedicado parte importante de su trabajo a estudiar problemáticas relacionadas con la siembra, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas, no atribuye las modificaciones en la política gubernamental frente a esta temática a una contricción ante los magros resultados obtenidos, no, para el investigador este giro refleja más bien modificaciones en la postura de acción en los EEUU producto del debate generado allí por la legalización, en algunos de sus estados, de drogas blandas, como el cannabis.

Además, aclara Vargas, que aun no puede hablarse de cambio de estrategia porque "la suspensión de las fumigaciones no indica necesariamente que la estrategia de acción haya cambiado [...] el glifosato es parte de una técnica que busca reducir áreas, esa es una cosa, otra cosa es la política global de drogas, donde no gana espacio una discusión de fondo, ahí sigue habiendo un vacío, todo ha girado alrededor del glifosato que es coyunturalmente importante porque hace mucho daño, pero ese no es el eje de la política como quieren hacerlo ver los grupos más radicales de derecha [...]".

Aunque no se trate totalmente de un cambio de estrategia de combate, hay modificaciones generadas en ámbitos más allá del plano discursivo que parecen incomodar a algunos sectores políticos colombianos. Es así porque, recuerda Ricardo Vargas "[...] las acciones contra los cultivos lo son contra las Farc, acciones decisorias en el contexto de la guerra pues esa economía es una de las bases de su financiación y creo que para muchos sectores atacar los cultivos no es tanto por la credibilidad de la lucha antidrogas, sino acción para resolver el problema de bajarle al ingreso a las Farc, es la economía [...] un ambiente de ruptura ha logrado incrementar la presión de la extrema derecha para que se mantenga una linea muy radical de erradicación".

La actitud del Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez al oponerse ferreamente a la erradicación por aspersión, que ha sido la punta de lanza de la política dura de erradicación, no es muy objetiva como han sostenido y representan fielmente las voces de los sectores políticos incómodos por los nuevos planteamientos "si hay una decisión multilateral de un organismo de salud que al final procura con el principio de precaución proteger la salud de las personas, debería la Procuraduría actuar en función de eso, ahí lo que se ve es una postura ideológica a favor de la guerra [...] el Procurador es un militante de la guerra [...].

¿Podría encontrarse algunas soluciones para esta problemática dentro del acuerdo de drogas pactado entre el Gobierno

y las Farc?

Las Farc han planteado en reiteradas ocasiones, desde la mesa de negociación en La Habana (así lo consignaron incluso en el acuerdo de drogas firmado con el Gobierno) que cualquier estrategia de acción contra los cultivos ilícitos deben incluir políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo, una mayor presencia del Estado, el desarrollo de la infraestructura de transporte y servicios locales, el combate a los grupo armados ilegales.

Ricardo Vargas se refirió a dicha propuesta en los siguientes términos: "esa es una parte del problema, uno puede argumentar que el tema de los cultivos se debía a alguna situación de exclusión social grave en temas de colonización y tiene un origen en el modelo rural colombiano excusando a la población, y eso es valido, independientemente de que haya o no cultivos, es valido generar una propuesta de cambio del modelo agrario colombiano, pero esa es una parte del problema, la otra, insisto, es el problema de la política de drogas y allí lo de La Habana es pobre, no ha dado una discusión de fondo sobre el asunto y, al contrario, se ha plegado a la postura del Gobierno porque finalmente lo que quedó en La Habana es una estrategia de reducción de la oferta y ahora le metieron el tema de sustitución, que son cosas cuestionables. Las Farc se afirman en ese concepto de una manera equivocada: el problema no es de sustitución sino de desarrollo regional [...] yo no veo aportes importantes en cuanto a eso, es parco que se reivindiquen integralmente dinámicas de desarrollo incluyendo las dimensiones ambientales que han sido muy pobres en La Habana, que para mi están desdibujadas. Allí hay dos vacíos, uno, la pobreza del enfoque de política que quedó en el acuerdo de política de drogas y, dos, la reproducción de unos conceptos que definen una política de reducción de la oferta, a eso en La Habana le faltó muchísimo, el problema sigue vivo".

¿Avanza Colombia en la legalización o regulación de algunas drogas ilícitas?

Frente a esta pregunta fundamental comentó el investigador, "Actualmente no existe esa ruta, en esa ruta hay que comenzar por regular marihuana [...] por lo menos darle esa parte del negocio a la criminalidad y, junto con una estrategia de prevención fuerte, bien hecha, se podría avanzar un poco en una cultura distinta; el país debería, por lo menos, hacer una apuesta por diferenciar drogas duras de blandas, es una opción, hay otras, la idea daría pautas para avanzar un poco en un manejo mucho más razonable. La marihuana es la puerta de entrada para otras drogas que controlan los grupos criminales generando problemas de salud en los jóvenes [...] nadie habla de su regulación."

Sí existe una administración local en Colombia que ha asumido posiciones consideradas de vanguardia en cuanto al tema de flexibilización del control punitivo a los usuarios y manejo diferencial de las problemáticas de salud generadas por el consumo de drogas ilegales es la de Bogotá, al proponer otras estrategias, como el tratamiento de adictos al bazuco a partir del suministro controlado de marihuana en Centros de Atención Médica Ambulatoria (Camad).

Sobre esto Ricardo Vargas opinó "[...] es que eso del uso de la marihuana por el bazuco no se está haciendo, hay como una imagen equivocada porque lo que hay es un discurso pero en la realidad no se está haciendo, entonces hasta ahora no ha habido la experiencia concreta y la idea es un acuerdo entre el Distrito y el Gobierno nacional para generar experiencias piloto. Una es esa, pero a mi me parece que ha habido como una especie de falsa imagen de que eso se está haciendo en el Distrito y resulta que en ninguna parte se está llevando a cabo. Debe procederse, concretar el respeto por un espacio, crear unas condiciones, por ejemplo, para 'habitantes de calle', realizar un ejercicio piloto y a partir del seguimiento y experimentación reproducir ese modelo para una política nacional, pero eso se está aplazando, ya vamos para cuatro años y no se hizo, lo que hay es que empezar, es a hacerlo, concretarlo".

El futuro del modelo de manejo al consumo y producción de drogas ilícitas ¿continuidad o cambio?

El panorama, de acuerdo a Ricardo Vargas, es incierto: "Yo siento que con Santos y con la administración Distrital era un buen momento para escuchar iniciativas experimentales para lograr un soporte muy concreto de experimentación, de lineas concretas, y ese cuarto de hora está pasando ya, y no se hizo. Entonces, la perspectiva de lo que viene es muy incierto, no sabemos hacía dónde es que van las cosas, sobre todo en el contexto de la terminación del conflicto, pues abre también un espacio interesante. Entonces, a futuro, como el tema de drogas está pegado al tema del conflicto, pues no podemos pensar en cambios si no es sobre la base que llegue a buen puerto el fin del conflicto, cuando ya no se vea que las drogas son fuente de financiación de la guerrilla, eso abrirá un espacio político para pensar en una discusión más de drogas como tales, mientras tanto la perspectiva es incierta. Lo segundo es que mientras no haya procesos experimentales específicos, mientras no se aborden las drogas diferenciadas, mientras no haya un respaldo de investigación, un compromiso con los centros de investigación de las universidades, me parece muy difícil hacer una política si no tienen unos soportes de ese orden, entonces hay mucho por hacer y no se está haciendo [...]"

Es imperativo que se actué, que se definan los nuevos lineamientos y que la nueva disposición del Gobierno precipite en pautas de acción concretas, "[...] aquí no se trata de un problema voluntarista, sino de un problema de decisiones , y creo que Santos se está demorando en tomarlas. Obviamente en este país el tema es que la derecha cabalga sobre la ignorancia y el desconocimiento, y este tema lo ha metido en el terreno de la moral y desde ahí elabora la demonización de las drogas y la continuidad de la prohibición oponiéndolas a la salud de la gente y de los jóvenes, entonces hay mucho conservadurismo; es necesario romper eso y empezar a tomar decisiones de procesos experimentales.".
Lo que propone Ricardo Vargas en esta entrevista para desdeabajo es particularmente interesante en varios sentidos. En primer lugar, porque propone sacar del plano ideológico la discusión de los problemas relacionados con el consumo de drogas para situarlos en el terreno de la experimentación e investigación coordinada entre la academia, las administraciones locales y nacionales, cosa que nunca ha sido desarrollada, por lo que puede concluirse que los rasgos punitivos, el discurso erigido en torno a las problemáticas generadas ha sido erigido con juicios y apreciaciones provenientes de una matriz moral conservadora, más que de la evidencia científica de los efecto que se condenan.


En segundo lugar, porque plantea la necesidad de ponderar las problemáticas de la producción de drogas en el país por fuera del conflicto armado, pues tanto el discurso como las estrategias de acción se han estructurado con la finalidad objetiva de suprimir fuentes de financiación a la insurgencia, pasando por alto las dimensiones y determinantes sociales del negocio, lo que evidencia lo ineficaz de las estrategias de reducción de la oferta colocadas al frente de la política oficial. En tercer lugar, porque la ambigüedad del gobierno, manifiesta en la incongruencia entre sus esperanzadores destellos discursivos y la ausencia de acciones concretas, queda desnuda, y demanda una acción de cambio para que las consecuencias por decisiones no las sigan pagando los consumidores, los que ahora mismo llenan con sus cuerpos buena parte de las masmorras colombianas, así como cientos de jóvenes que apegados a una economía de sobrevivencia encuentran en el microtráfico una alternativa económica para ellos y sus familias, sirviendo, al mismo tiempo, de carne de cañon de la acción militar para el control social en todas nuestras ciudades.

La indecisión del Gobierno llegó al límite: recientemente anunció el reinicio de las fumigaciones con glifosato en extensas zonas del Catatumbo, clara incongruencia con su discurso y decisiones de hace unas cuantas semanas. ¿A donde nos conducirán la indeterminación política del Gobierno central?

Publicado enColombia