Un balance de las conversaciones del gobierno con el ELN

Ante Colombia y el mundo, a 6 meses de haberse iniciado el Gobierno de Iván Duque y a dos años de haberse instalado la Mesa pública de conversaciones en Quito, el ELN, les comparte un breve balance sobre este proceso de diálogo para la construcción de una salida política al conflicto interno; reseñando acuerdos y pasos logrados, con el propósito de que esta perspectiva sea conocida, y no se renuncie a este esfuerzo por cerrar este largo ciclo de confrontación interna.


Tras el asesinato de Gaitán en 1948, Colombia cayó en una larga noche de atroz violencia, conducida por las élites gobernantes, en estrecha alianza con los Estados Unidos; luego en los años sesenta la insurgencia revolucionaria se alzó para reclamar dignidad, soberanía y participación del pueblo.


Décadas después, en medio de un ascendente conflicto armado, político y social, a finales de los años ochenta, consciente de la ferocidad de la guerra sucia del régimen y de la necesidad de no responder de la misma manera, el ELN formuló la necesidad de Humanizar la guerra. Así, por separado y junto con otras organizaciones insurgentes de la época, suscribió compromisos de regulación, con base en reglas del Derecho Humanitario.


Desde la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar emprendimos varios Diálogos de Paz, a comienzos de los años noventa, en Caracas, Venezuela, y en Tlaxcala, México.


El ELN volvió a explorar esa vía en 1998, haciendo un llamado a la sociedad a participar en el proceso de paz. Tanto en Alemania como en Suiza, y en diferentes territorios de Colombia, desarrolló encuentros con propuestas de solución política, ruta que siguió ensayando en un proceso de diálogo, con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Cuba entre 2005 y 2007, experiencias que no pudieron completarse. Tuvo que esperarse varios años para nuevos acercamientos entre las dos partes contendientes.


El marco del actual Proceso de Paz


La búsqueda continuó en un nuevo proceso, en el que nos hallamos aún, cuando desde 2012 el ELN fue convocado por el presidente Juan Manuel Santos a unos diálogos exploratorios y confidenciales, bajo la condición de realizarlos en medio de la confrontación, en el exterior y sin intermediarios.


Después de cerca de cuatro años de decenas de reuniones secretas en Venezuela, Ecuador y Brasil, fructificó en la firma de un “Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia”, el 30 de marzo de 2016, y su correspondiente Agenda [1], suscrito por el Estado colombiano y el ELN ante seis países Garantes (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela), dando noticia de este compromiso al mundo entero en esa fecha.


Enseguida se elaboraron Protocolos entre ambos contendientes para concretar aspectos básicos que se abordan en todo proceso de paz en cualquier parte del mundo, relativos al funcionamiento de la Mesa de conversaciones, el traslado y estadía de la Delegación del ELN; y sobre qué hacer ante una eventual ruptura de los diálogos [2], señalando para esa hipótesis, unas reglas de respeto entre las partes y de retorno a Colombia de los Miembros Representantes del ELN, en concordancia con el Derecho Consuetudinario Internacional.


El acatamiento de ambas partes a lo acordado, tuvo no sólo como fuente los principios de buena fe y confianza legítima que aparecen consagrados en la ley del Estado colombiano y el Derecho Internacional, sino que de acuerdo a las normas de orden público y paz (ley 418 de 1997 y sucesivas reformas), el Estado procedió a la suspensión de las órdenes de captura de los Miembros Representantes del ELN.


Como fue pactado en la Agenda de 2016, el Proceso de Paz acordado no fue de sometimiento de una parte a la otra, sino para desarrollar conversaciones para “terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”.


Es decir para superar la violencia de manera dialogada y procesual, con participación de la sociedad (punto 1º), en búsqueda de “Democracia” y “Transformaciones para la paz” (puntos 2º y 3º), o sea mínimos cambios verdaderos, con una visión de justicia comprensiva de los derechos de las víctimas (punto 4º).


Especificando aspectos propios del fin del conflicto (punto 5º), como “sacar la violencia de la política” y para avanzar en “el tránsito del ELN a la política legal”, indicando contenidos esenciales como los siguientes: “a. Definición de la situación jurídica del ELN y sus integrantes; b. Condiciones y garantías de seguridad para el ELN; c. Condiciones y garantías para el ejercicio de la política para el ELN; d. Tratar la privación de libertad de los miembros del ELN procesados o condenados...”
Inicio de la fase pública en Ecuador


A partir de situaciones contenciosas relacionadas con asuntos humanitarios referidos a la privación de la libertad de varias personas, materia tratada y resuelta por las partes el 10 de octubre de 2016 en Caracas, en enero de 2017, las partes suscribimos los “Acuerdos de “Cotacachi, Imbabura”, del 18 de enero de 2017 [3], por los que procedimos a dejar en libertad personas retenidas por el ELN. el Gobierno concedió 2 indultos y nombró a dos Gestores de Paz del ELN; que permitió la instalación de la Mesa en la fase formal y pública el 7 de febrero de 2017, en Ecuador.


Ambas partes, conscientes de ajustes necesarios, habíamos convenido desde octubre de 2016 no sólo tratar el primer punto concerniente a la “Participación de la Sociedad en la construcción de la Paz” (punto 1º), y establecer una sub mesa para simultáneamente tratar el sub-punto 5f: “Dinámicas y acciones humanitarias”. Esta última materia concentró gran parte de los debates de ese ciclo, siendo suscrito por las partes un Acuerdo de reconocimiento de un “Marco de Referencia Común” [4], para realizar dinámicas humanitarias, mediante acciones y acuerdos de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), con los que se disminuya la intensidad del conflicto.


En los dos ciclos posteriores se avanzó en Acuerdos atinentes el Reglamento de funcionamiento de la Mesa, la constitución del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación (Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Suiza); y se llegó al Acuerdo de Pedagogía y Comunicación para la Paz, el 5 de junio (Comunicado conjunto Nº1 y Comunicado conjunto Nº3, del 16 de febrero y el 6 de junio de 2017), entre otras materias.


A finales de julio de 2017, ya en el tercer ciclo de los diálogos, se dio mandato a una Comisión de las partes para preparar un Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTN), pactado el 4 de septiembre en la Cancillería ecuatoriana en el “Acuerdo de Quito” [5], horas antes de la llegada a Colombia de Su Santidad el Papa Francisco.


Dicho Acuerdo comprendió ocho (8) Protocolos cuya aplicación fue supervisada por delegados de las partes y por Misiones de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Las partes solicitaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la verificación y monitoreo del cese al fuego [6], que tuvo vigencia 101 días, a partir del Primero de octubre de 2018, el que tuvo importantes logros.


En octubre de 2017, en las condiciones propiciadas por el Cese al Fuego, las partes contendientes desarrollaron actividades de pedagogía en diferentes zonas del país, para darle cumplimiento en sus diferentes y respectivas estructuras y territorios del ELN.


Un primer Acuerdo sobre Participación de la Sociedad, permitió realizar las Audiencias Preparatorias, en octubre y noviembre en la ciudad de Bogotá, en las que integrantes de la Mesa de conversaciones interactuaron directamente con cientos de organizaciones e instituciones colombianas, escuchando sus experiencias y sus propuestas en torno a esa participación y a la metodología de la misma [7].


Así mismo el 3 de noviembre de 2017 se suscribió un Acuerdo referido a un Programa Puntual de Desminado Humanitario, y se realizó el día 17 de ese mes la Segunda Audiencia de la Mesa sobre el Chocó (la primera se efectuó el 31 de agosto de 2017) atendiendo ambas partes a delegados y delegadas de organizaciones civiles de ese departamento, en la perspectiva de pactar en ese territorio unos compromisos humanitarios, con la participación de las comunidades, el Gobierno y el ELN, para aliviar a la población de los efectos del conflicto armado.


El 1º de diciembre de 2017 terminó el 4º ciclo de la Mesa de Conversaciones iniciado el 23 de octubre, siendo uno de los acuerdos establecer en Bogotá una Mesa Transitoria relativa al Cese al fuego, para buscar solución a hechos violatorios, y a diferencias de interpretación, surgidas sobre los Protocolos del cese. Así mismo en esta ronda, el 25 de octubre se estableció el Fondo con recursos del Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación (GPAAC) al proceso, para financiar gastos de la Delegación del ELN en el Proceso de Paz y algunas actividades de la Mesa de Conversaciones.


Del 10 de enero al 15 de marzo de 2018 el proceso de conversaciones sufrió una crisis que finalmente se superó, siendo iniciados este día los trabajos del 5º ciclo [8]; en el que, se comenzó la evaluación del Cese al Fuego por las partes, la ONU y la Iglesia Católica. De igual modo se reconocieron, evaluaron y proyectaron las Audiencias Preparatorias para el diseño de la participación de la sociedad en el Proceso de Paz.


Los trabajos fueron desarrollados con intensidad hasta el 18 de abril de 2018, fecha en la cual se suspendió abruptamente la Mesa de Conversaciones, por la decisión de Ecuador de dejar de ser país Garante del proceso.


Conversaciones en Cuba


En Maiquetía, Venezuela, el 5 de mayo de 2018, las partes acordaron solicitar a la República de Cuba ser la nueve sede y pactaron proyectar trabajos de cara a un nuevo Cese al Fuego, el desarrollo de la Participación social, en búsqueda de un “Acuerdo Marco”, que diera continuidad al Proceso Paz y a la Mesa de conversaciones. Agradecieron a Venezuela por la hospitalidad, así como a los países que estuvieron dispuestos a albergar la Mesa. De esa reunión se emitió el Comunicado conjunto Nº 11 [9].


En La Habana, el día 9 de mayo, las partes se reencontraron y dieron continuidad desde el siguiente día al 5º ciclo, dando mandato a las Comisiones y Sub-mesas que tratarían los temas acordados: Cese al Fuego y Participación de la Sociedad. Además se realizaron encuentros con la Iglesia Católica, plataformas y redes de trabajo de Mujeres por la paz, las Naciones Unidas (ONU); al igual que con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para el desarrollo de acciones humanitarias.


Del 25 al 29 de mayo el ELN cumplió a cabalidad el Cese al Fuego Unilateral ofrecido al país para el desarrollo de la jornada electoral, así como se hizo de nuevo otro cese de varios días en junio para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que resultó elegido el actual presidente Iván Duque. En absoluto estos gestos fueron correspondidos por el Estado colombiano.


El 15 de junio de 2018 las partes emitieron un comunicado de cierre del 5º ciclo de las conversaciones, dando a conocer sus conclusiones generales [10].


Del 2 de julio al 1º de agosto de 2018, se desarrolló el sexto y último ciclo de conversaciones, en el cual se debatieron las bases de un nuevo Cese al Fuego y de Asuntos Humanitarios, también sesionó la Sub-mesa de Participación, quedando avanzados los trabajos conforme a los mandatos que la Mesa otorgó.


En dicha labor asistieron oficiales activos de la Fuerza Pública, así como sesionaron la Plenaria de la Mesa en reuniones bilaterales ampliadas con la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, y otros delegados presidenciales y facilitadores.


Aunque no se logró la firma de un nuevo Cese al Fuego, sin duda quedaron expuestas por las partes posiciones y avances a considerar en desarrollo del Proceso de Paz.


En este ciclo también se lograron acuerdos parciales sobre el diseño de la participación de la sociedad referidos a los “Fundamentos” de la misma, quedando pendientes por concluir lo referido al carácter y la metodología.


Congelamiento unilateral por el actual Gobierno


Cumplidos seis meses desde la posesión de Iván Duque, nos hallamos los miembros representantes del ELN en La Habana a la espera de una decisión constructiva del Jefe del Estado y el restablecimiento de dicha Mesa de Conversaciones.


En el intercambio realizado con la administración Duque se han dado hechos concluyentes, encaminados no sólo a la solución de situaciones humanitarias, sino indicando razonablemente de modo más amplio, el interés de sostener encuentros para debatir y tratar distintos temas, ajustes o nuevas reglas en el proceso, como es de público conocimiento.


Nunca el ELN ha dicho que hay temas vedados; por el contrario está dispuesto a escuchar, y para ello ha pedido se produzcan reuniones y condiciones propicias. Sin embargo, la respuesta ha sido la dilación y el decaimiento de la Mesa de Conversaciones.


El ELN en estos meses liberó miembros de la Fuerza Pública capturados y otras personas retenidas, sino que declaró y cumplió a cabalidad un cese al fuego unilateral, entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019. Sin embargo, el Gobierno mantiene unas “líneas rojas” y exige requisitos previos al ELN, que han obstaculizado el reinicio de las negociaciones de paz.


El Presidente Duque el 18 de enero de 2019, en reacción a la operación sobre el cuartel de la Policía Nacional en Bogotá, realizada por el ELN un día antes, pidió se activaran las órdenes de captura de quienes integramos la Delegación de Diálogos.


Además, el Gobierno Nacional, tomo la determinación de no cumplir el “Protocolo de Procedimientos ante una Ruptura de los Diálogos”, suscrito el 5 de abril de 2016 entre dignatarios de ambas partes y en presencia de lo Países Garantes del Proceso.


Tal posición la mantiene, pese a que múltiples voces entre ellas la de Cuba y Noruega, como países Garantes, así como Alemania y otros Estados, junto con expertos juristas, tratadistas y dirigentes políticos, y distintas y diversas organizaciones; los que han recordado que corresponde cumplir ese pacto, pues no hacerlo echa por tierra los pilares del Derecho Internacional, compromete la responsabilidad y la credibilidad internacional de Colombia, configura un crimen de perfidia, crea un nefasto precedente a nivel mundial, e inhabilita esfuerzos internacionales para futuros procesos de paz, entre otras razones.


Como lo hicimos el 21 de enero de 2019, cuando la Dirección Nacional del ELN explicó las razones de ese hecho bélico y asumió su responsabilidad, expresamos entonces y ahora que nos duelen los muertos de ambas partes y que no nos ufanamos de los contendientes caídos.


Así mismo formulamos con plena conciencia nuestro deber de seguir trabajando por la paz, por la solución política al largo conflicto armado, construyendo acuerdos para una salida basada en cambios básicos urgentes.


Tal expectativa es legítima, no sólo por tratarse de un mandato constitucional y legal conforme a la juridicidad estatal, sino por ser una obligación jurídica, ética y política internacional de los Estados, buscar la paz por vías dialogadas conforme a instrumentos y valores del derecho más avanzado de los pueblos y naciones civilizadas, hacia una resolución definitiva y firme, solucionando las causas y aliviando las consecuencias de la confrontación.


Compromisos por la paz


No sólo existe un Acuerdo general suscrito entre el Estado colombiano y el ELN en 2016 y acuerdos posteriores que desarrollan esa Agenda, sino que le da sustento a este proceso un profundo anhelo de solución política que gran parte del pueblo colombiano ha respaldado y que cultiva a diario esperando que ambas partes volvamos a dialogar, para lo cual nos han hecho un llamamiento.


El ELN creyó y cree en la buena fe, en la confianza legítima entre las partes, como principios rectores de éste y otros procesos de paz en el mundo. Así mismo ratifica su compromiso con un cese al Fuego Bilateral y con el derecho humanitario estando abierto a llegar a acuerdos en estas materias.
Le planteamos de nuevo al Presidente Duque se aplique el Protocolo de retorno a Colombia, con los procedimientos y las garantías ya fijados. Del mismo modo mantener y darle continuidad a las conversaciones de paz.


La Delegación de Diálogos del ELN invita a las organizaciones sociales, al movimiento popular, a los dirigentes políticos, a la Iglesia Católica, a líderes religiosos, a entidades humanitarias, a plataformas de mujeres, medio ambiente y derechos humanos, a organismos internacionales, a representantes de otros gobiernos y parlamentarios en otros países, así como a académicos y asociaciones de jueces, tomar en cuenta los acuerdos y avances que acá hemos reseñado (ver lista de anexos), construidos junto con el Estado colombiano, y hacer depósito urgente de los mismos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de que este acumulado de pactos y propuestas sea preservado por Naciones Unidas, para cuando exista voluntad de reiniciar el proceso de paz, convencidos que el futuro de Colombia no puede ser la guerra.

Notas


[1] http://eln-paz.org/index.php/delegacion/acuerdos/13-acuerdo-de-dialogos-para-la-paz
[2] https://eln-voces.com/protocolo-de-procedimientos-ante-una-ruptura-de-los-dialogos
[3] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/34-comunicado-conjunto-n-01
[4] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/50-finalizacion-primer-ciclo-de-conversaciones
[5] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/77-acuerdo-de-quito
[6] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/98-funciones-de-la-onu-durante-el-cese-bilateral
[7] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/102-estamos-listos-para-la-participacion-comunicado-conjunto
[8] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/166-comunicado-conjunto-n-7
[9] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/192-comunicado-conjunto-n-11
[10] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/218-comunicado-conjunto-n-15

 

Publicado enColombia
La ONU insta a poner en marcha el sistema de justicia para la paz en Colombia


El partido del presidente electo, Iván Duque, y de Álvaro Uribe rechaza la petición de Naciones UnidasNaciones Unidas instó este martes al Congreso de Colombia que ponga en marcha el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP), un aspecto crucial de los acuerdos alcanzados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC, que se encuentra atascado desde que el candidato uribista Iván Duque ganara las elecciones presidenciales el pasado 17 de junio. La Misión de Verificación de la ONU, que ha acompañado el proceso de paz desde sus inicios, hizo un llamamiento “a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”.


La organización destaca en un comunicado que la transición posterior a la desmovilización y desarme de las FARC debe cimentarse en los principios de “verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición”. Esa es la premisa de la JEP, que se constituyó en marzo y cuya función primordial ahora peligra por la cerrada oposición a los acuerdos del Centro Democrático, el partido fundado por el exmandatario Álvaro Uribe, mentor de Duque y principal detractor de este proceso de paz.


Lo pactado en La Habana después de cuatro años de negociaciones ya ha dado sus frutos. El conflicto armado ha terminado, el grupo insurgente fundó un partido político que cuenta con un apoyo social prácticamente nulo y, con la excepción de algunos frentes de la disidencia, más de 7.000 excombatientes están en fase de reincorporación. Naciones Unidas recuerda, además, que “las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos meses han mostrado un beneficio tangible del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP: las campañas electorales más pacíficas y participativas en décadas”. Por esta razón, “es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP”.


Sin embargo, el primer desafío del uribismo consistió en aplazar de manera indefinida, en sede parlamentaria, la aprobación del reglamento de ese sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra. Duque ya se reunió con Santos, que dejará el poder en agosto, y con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aunque, al menos de momento, la situación no se ha desbloqueado. El Centro Democrático está decidido a exhibir la fortaleza de sus sectores más radicales y este martes rechazó sin matices el pronunciamiento de la Misión de Verificación de la ONU.


La bancada del partido en el Congreso, que se define como “mayor responsable de la elección” de Duque, dejó claro en un comunicado que “no acepta sus exigencias”. “Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como obstáculos”, argumenta esta formación, que apela a la legitimidad que, según su criterio, le otorga la victoria del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de octubre de 2016 y el triunfo de Duque en las elecciones presidenciales.

 

Francesco Manetto
Bogotá 27 JUN 2018 - 00:17 COT

Publicado enColombia
Amenazas sobre el proceso de paz en Colombia – llamado a la comunidad internacional

Los abajo firmantes, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos y mujeres de la cultura de distintos lugares del mundo, distintas disciplinas y distintas orientaciones políticas, queremos expresar nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia.

Hace un año, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP firmaron, al cabo de cinco años de difíciles negociaciones, un Acuerdo de Paz destinado a poner término a varias décadas de conflicto armado y de violencia política y social. Considerado por observadores internacionales como un modelo político-jurídico de salida del estado de guerra, el acuerdo preveía el desarme de las fuerzas insurgentes y su transformación en movimiento político, la reincorporación de sus combatientes a la vida civil y la implementación de un dispositivo de justicia transicional (la JEP) así como de una serie de reformas políticas, económicas y sociales relacionadas en particular con la política agraria, incluyendo redistribución de la tierra, sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo de Zonas de Reserva Campesinas (ZRC).

Un año después, el balance de la implementación del Acuerdo suscita múltiples inquietudes entre partidarios y actores de la paz, colombianos e internacionales. Si bien el número de personas muertas en relación con el conflicto armado disminuyó notablemente entre 2012 (inicio de las conversaciones de paz) y 2016, se multiplican desde la firma del Acuerdo hasta la fecha los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados de las FARC. Numerosas regiones abandonadas por la guerrilla en el marco de la desmovilización han sido ocupadas por grupos paramilitares de extrema-derecha. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 se han perpetrado 94 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos (una persona abatida cada cuatro días), en tanto que 21 excombatientes de las FARC y 11 familiares de excombatientes han sido asesinados.

Por otra parte, disposiciones esenciales del Acuerdo (ayuda a la reincorporación de excombatientes, puesta en libertad de excombatientes en prisión, justicia transicional o JEP, reforma política, reforma rural, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es fundamental para intentar responder al sufrimiento de las víctimas del conflicto) no han podido aun ser implementadas o han sido modificadas unilateralmente por los poderes públicos, cuando no han sido pura y simplemente suprimidas. Así, Jean Arnault, Presidente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señaló el pasado 21 de noviembre las carencias del Estado en materia de reincorporación: no existe hasta la fecha un Plan marco de reincorporación, mientras que varios miles de excombatientes vegetan en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Frente a las promesas incumplidas, más de la mitad de los 8000 desmovilizados de las FARC presentes en mayo de 2017 en las zonas de concentración han abandonado los ETCR para buscar lugares más seguros. Algunos de ellos se han vinculado a grupos disidentes que entienden continuar la guerra o bien a la guerrilla del ELN, que desde febrero de 2017 se mantiene en un proceso de negociación con el gobierno.

Dos obstáculos mayores: por un lado, el incumplimiento de puntos esenciales del Acuerdo firmado, y, por otro lado, el recrudecimiento de los asesinatos y de otras formas de violencia sociopolítica, comprometen gravemente el éxito de un proceso de paz que tantas esperanzas ha generado en millones de colombianos. Observamos así con inquietud las declaraciones de ciertos responsables del Estado que a pesar de todas las evidencias han podido pretender que los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de ex-guerrilleros desmovilizados no tienen “ningún carácter sistemático”, y que los grupos paramilitares “no existen”. Igualmente, la posición abiertamente hostil al Acuerdo de Paz expresada por ciertos candidatos a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2018, contribuye a reducir las oportunidades de paz y a determinar la perspectiva de un retorno a un estado de guerra que debido a las frustraciones acumuladas en los sectores más vulnerables de la sociedad, podría alcanzar niveles insospechados de violencia.

En un momento en que el futuro de la paz en Colombia está en juego, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos y proteja las vidas de todos aquellos que, en Colombia, construyen día a día la paz a través de sus prácticas sociales, políticas y culturales. Hacemos un llamado en particular a la Unión Europea para que tome responsabilidad al respecto, considerando sus apoyos previos al proceso al haber enviado un emisario durante las conversaciones en La Habana y respaldado, financiera y logísticamente, numerosas iniciativas de paz en el territorio colombiano. Ver el colapso del proceso de paz sin actuar con mayor firmeza pondría en peligro el significado mismo de su acción en esta región del mundo. Lo que está sucediendo en Colombia nos concierne a todos

 

Puede encontrar el documento en tres idiomas en el siguiente link: https://goo.gl/forms/udEm59ysBWQZdmX23

Puede contactar a los organizadores de esta iniciativa en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 Firmantes:

1. Michael Löwy - Director Emérito de Investigaciones en CNRS (Francia)
2. Etienne Balibar - Profesor Emérito de Filosofía, Universidad de Paris-Ouest (Francia)
3. Judith Butler - Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos)
4. Eric Fassin - Université Paris 8 (Francia)
5. Alex Callinicos - King's College London (Gran Bretaña)
6. Silvia Rivera Cusicanqui - Colectivx Ch´ixi (Bolivia)
7. Franz Hinkelammert - Universidad Nacional (UNA) de Heredia, (Costa Rica)
8. Atilio A. Boron - Universidad Nacional de Avellaneda / Universidad de Buenos Aires (Argentina)
9. Geneviève Fraisse - CNRS (Francia)
10. Raul Fornet Betancourt - Universidad de Aachen (Alemania)
11. Matthieu de Nanteuil - Université de Louvain (Bélgica)
12. Stéphane Douailler - Université Paris 8 (Francia)
13. Juan Manuel Echavarria - Artista (Colombia)
14. Arturo Escobar - Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill (Colombia)
15. Vincent Gabriel Furtado - Kripalaya Institute of Philosophy and Religion (India)
16. Marie Estripeaut-Bourjac - Université de Bordeaux (France)
17. Jean De Munk - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
18. Guy Bajoit - Université catholique de Louvain (Bélgica)
19. Rodrigo Uprimny - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
20. Mara Viveros Vigolla - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
21. Alfredo Gómez Müller - Universidad de Tours
22. Leopoldo Múnera Ruiz - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
23. Fabián Augusto Remolina - Universidad Industrial de Santander (Colombia)
24. Óscar Mejía Quintana - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
25. Gregorio Mesa Cuadros - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
26. Carlos Eduardo Satizabal - Universidad de Caldas (Colombia)
27. Marta Lucía Valencia - Universidad de Caldas (Colombia)
28. Maria Victoria Whittingh - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
29. Gustavo Buitrago Hurtado - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
30. Jorge Iván Gómez - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
31. Nubia Yaneth Ruiz Ruiz - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
32. Ricaurte Rodríguez Angulo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
33. Gerardo Zuloaga Abril - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
34. Gustavo Adolfo Hernández - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
35. Gregorio Calderón Hernández - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
36. Arsenio Pecha Castilblanco - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
37. Jorge López - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
38. Julio Roberto Gütierrez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
39. Álvaro Zerda Sarimiento - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
40. Miguel Ángel Sierra Baena - Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (Colombia)
41. Carlos Eduardo Satizabal Atehortua - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
42. Martha Lucía Cabanzo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
43. Olga Restrepo Forero - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
44. Mario Bernardo Figueroa - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
45. Fabio Jurado Valencia - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
46. Aurelio Alberto Horta - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
47. Lucy Carrizosa - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
48. Miguel Giusti - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
49. Mery Constanza García V - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
50. Alcides Gomez Jimenez - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
51. Jorge Ariel Martinez Ramirez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
52. Jenny Elizabeth Muñoz C. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
53. Juan Carlos Eslava C. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
54. Manuel Muñoz XConde - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
55. Martha Orozco - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
56. Luis Alvarenga - Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (El Salvador)
57. Veniero Gaggio - Movim.Salvad.Solidarid.conCuba (El Salvador)
58. Andrés Bansart - Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
59. Matías Silva Rojas - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
60. Alcira Beatriz Bonilla - Universidad de Buenos Aires / CONICET (Argentina)
61. Fredy Yezzed López - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
62. Héctor Samour - Universidad José Simeón Cañas, UCA (El Salvador)
63. Eduardo Machicado Saravia - Fundación Flavio Machicado Viscarra (Bolivia)
64. María Silvia Guillen Cardona - Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho, FESPAD (El Salvador)
65. Carlos Molina - Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador)
66. Jhony Balza Arismendi - Red de intelectuales Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Venezuela)
67. Pilar Guerrero Arango - GEMPAZ Valle del Cauca (Colombia)
68. Carmen Bohórquez - Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Venezuela)
69. Doc. Martin Kirschner - Universidad Catolica de Eichstätt-ingolstadt (Alemania)
70. Miriam Barrera Contreras - Université Catholique de Louvain (Belgique)
71. Jose Antonio Zuniga Umana - Red de solidaridad operacion y misión milagro (El Salvador)
72. Eric Naves - Universidad Nacional Colombia (Francia)
73. Ronan Sharkey - Institut Catholique de Paris et Sciences-Po (Francia)
74. Pablo Figueroa - Jesuita (Argentina)
75. Horacio Cerutti - UNAM (Mexico)
76. Paulina Macias - Psicoanalista (Colombia/Francesa)
77. Ricardo Arcos-Palma - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
78. Marbel Membreño - Grupo de música popular Sierra Madre (El Salvador)
79. Hélène Büchel - Instituto de los estudios interreligiosos (Alemania)
80. Elaine Padilla - Université de la Verne (Canadá)
81. Domingo Santacruz - Uno de los fundador del FMLN (El Salvador)
82. Mercedes Yusta - Université Paris 8 (Francia)
83. Olivier Compagnon - Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine (Francia)
84. Elisabeth Steffens - RWTH Aachen University (Alemania)
85. Jean Claude Bourdin - Université de Poitiers (Francia)
86. Nuria Girona Fibla - Universidad de Valencia (España)
87. Vicente Romero - Universidad París 8 (Francia)
88. Diana Burgos-Vigna - Universidad de Cergy Pontoise (Francia)
89. Jules Falquet - CEDREF, Université Paris Diderot (Francia)
90. Natividade Monteiro - Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
91. Enrique Rodriguez Perez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
92. Michel Tytgat - Université Libre de Bruxelles (Bélgica)
93. Jean Lazard - Université Libre de Bruxelles (Bélgica)
94. Michel Gevers - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
95. Achille Mbembé – sociólogo (Africa del Sur)
96. Laure Ortiz - ’Université de Toulouse (Francia)
97. Fernando Puerta Ortiz - Docente Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Colombia)
98. Zahia Rahmani - Escritor (Francia)
99. David gé Bartoli - Filósofo (Francia)
100. Yuri Martins Fontes - Doctor en Historia y Filosofía USP (Brasil) / CNRS (Francia)
101. Sophie Gosselin - Filósofa (Francia)
102. Joelle Tanghe - Amnesty International (Bélgica)
103. Christian Zannier - Sindicalista (SUD) jubilado (Francia)
104. Robert Chaluleau - Responsable Mission Colombie (Francia)
105. Jean-Etienne Delerue - Jubilado de la Industria Farmacéutica (Francia)
106. Evelyne Toussaint - Historiadora de arte (Francia)
107. Alexandre Poirier - Director de la Asociación de turismo (Francia)
108. Daniel Attala - Université de Bretagne Sud (Francia)
109. Anneguite Beaucastagnac - Geógrafa consultora (Francia)
110. Bruno Tackels - Escritor y filósofo (Francia)
111. Geoffrey Pleyers - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
112. Sylvie Bouffartigues - Universidad Versailles Saint Quentin (Francia)
113. Jean Claude Bourguignon - Jubilado (Francia)
114. Mary Annick Bourguignon - Profesora (Francia)
115. Urriola Ulysse -. Comisión de Ética contra la Tortura (Francia)
116. Armand Soler - Militante en asociaciones (Francia)
117. Join-lambert Gabriel - Sector salud (Francia)
118. Christophe Dubois - Université François Rabelais (Francia)
119. Nelson Maldonado-Torres - Rutgers University (Estados Unidos)
120. Mónica Soto Elizaga- Feminista
121. Sara Yaneth Fernandez Moreno - Universidad de Antioquia (Colombia)
122. Milton Leonel Calderón Vélez - Doctorante (Ecuador)
123. Cécile Coquet-Mokoko - Profesora - Investigadora (Francia)
124. Yekaterina García - Lingüista (Francia)
125. Ursula Konnertz - Leibniz Kolleg - Université de Tuebingen (Alemania)
126. Marcia Marques-Rambourg - Poetisa, crítica y profesora (Francia-Brasil)
127. Guy Bajoit - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
128. Denise et Alain Têtedoie - Sol' Enfance, asociación de ayuda a la niñez de Colombia (Francia)
129. Edith Boulanger - Universitaria (Francia)
130. Diego Paredes Goicochea - Conicet - UBA (Colombia)
131. Anders Fjeld - Université Catholique de Louvain (Noruega)
132. Ann Ferguson - University Mass Amherst (Estados Unidos)
133. Claire Laguian- UPEM (Franica)
134. Claudia Hilb - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
135. Max Cabanes - Autor de historietas (Francia)
136. Micheletti - Action Contre la Faim (Francia)
137. Camille Boutron - Universidad de los Andes/IRSEM (Francia)
138. Odile Hoffmann - IRD (Francia)
139. Martha Nubia Bello - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
140. Live Bjorge - SAIH (Noruega)
141. Soledad Diaz Pasten - Independiente (Chile)
142. Deront Pactef - (Francia)
143. Alejandra Bello - Universidad Paris 8 (Colombia)
144. Patricia Botero Gómez - Grupo de Académicos e intelectuales en defensa el Pacífico Colombiano, Universidad de Manizales (Colombia)
145. Mauricio Torres Tovar - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
146. Margarita González - Enfermera (Uruguay/Francia)
147. Angélica María Mateus Mora -Université François-Rabelais de Tours (Colombia)
148. Tianna Paschel- University of California (Estados Unidos)
149. Omar Ramirez - Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia)
150. Boris Eduardo Flores - Ministerio de Salud de El Salvador (Salvador)
151. Edwin Rojas - Asociación CERNE (Nicaragua)
152. André Mejia - Universidad de los Andes (Colombia)
153. Mauricio Archila - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
154. Flor Edilma Osorio Pérez - Universidad Javeriana (Colombia)
155. Flavio Bladimir Rodríguez - Universidad Externado de Colombia (Colombia)
156. Nidia Soliz Carrión - Frente Nacional por la Salud de los Pueblos (Ecuador)
157. Nila Heredia Miranda - Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES (Bolivia)
158. Hugo Villa Becerra - Partido Comunista del Perú, Perú Patria Roja (Perú)
159. André Noel Roth Deubel - Universidad Nacional de Colombia (Suiza)
160. Yadira Eugenia Borrero - Universidad de Antioquia (Colombia)
161. Marcela Bobatto - Movimiento Mundial para la Salud de los pueblos L.A. (Argentina)
162. Mario Guerrero - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
163. Andrés Felipe Mora Cortés- Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
164. Felipe Pérez Cabrera - Abogado independiente (Colombia)
165. Carlos A. Manrique - Universidad de los Andes (Colombia)
166. José Arnulfo Bayona - Docente pensionado y miembro de la Red Socialista de Colombia (Colombia)
167. Carmen Caamaño-Morúa - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
168. Marina Fernandez - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
169. Laura Quintana - Universidad de los Andes (Colombia)
170. Jesús Gualdrón - Instituto Goethe Colombia (Colombia)
171. Gabriel John Tobón Quintero - Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
172. César Giraldo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
173. Fernando Arellano Ortiz - Observatorio Latinoamericano (Colombia)
174. Sergio Gallego - Universidad de los Andes (Colombia)
175. Ana Lucía Gutiérrez Espeleta - Socióloga (Costa Rica)
176. José Antonio Gutiérrez D - University College Dublin (Irlanda)
177. Valentina Landínez - Universidad de los Andes (Colombia)
178. Juan Ricardo Aparicio - Universidad de los Andes (Colombia)
179. Francisco A. Ortega - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
180. Enrique Barilari - ALAMES (Chile)
181. Sara Yaneth Fernández Moreno - Universidad de Antioquia (Colombia)
182. José Tomás Jiménez Arévalo - Pensionado, Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)
183. Victoria Beatriz Peralta Rolon - ALAMES (Paraguay)
184. Freddy Ordóñez Gómez - ILSA (Colombia)
185. José Guillermo García Isaza - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
186. María José Barajas - Abogada independiente (España)
187. Marielos Giralt Bermúdez - Pensionada de la Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
188. Eugenia Solis - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
189. Edna Cristina Bonilla Sebá - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
190. Claudio Schuftan - Movimiento por la salud de los pueblos (Chile)
191. Lourdes Pacheco - Universidad Autónoma de Nayarit (México)
192. Marciano Sanchez Bayle - Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (España)
193. Nicole Jullian - Politóloga (Chile)
194. Fabio Cardona - Jubilado (Colombia)
195. Rafael O. Suárez E. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
196. Catalina Toro Pérez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
197. Joseph Choonara - King's College London (Gran Bretaña)
198. Carolina Ibacache Carrasco - Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres (Chile)
199. Álvaro Zerda Sarmiento - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
200. Gisela Cramer -Universidad Nacional de Colombia (Alemania)
201. Judith Botero Escobar - Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Colombia)
202. Juan Pablo Gutiérrez Marín - Investigador Instituto Cinara, Universidad del Valle (Colombia)
203. Angélica María Henao Castaño - Universidad de Caldas (Colombia)
204. Rosario Rojas - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
205. Teresa Ordorika - Universidad Nacional Autónoma de México (México)
206. Leonor Cortés Bolívar - Redes de mujeres feministas académicas (Colombia - México)
207. Mónica Roa - Diálogo Intereclesial por la Paz DiPaz (Colombia)
208. Carmen Alicia Hernández Gómez - Secretaría de Educación Distrital (Colombia)
209. Sergio Jiménez - Veedurías Salud (Colombia)
210. Graciela Uribe Ramón - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana (Colombia)
211. Segreda-Sagot Gilda - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
212. Diego Mauricio Fajardo Cely - Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (Colombia)
213. Lucy Raquel Numpaque Piracoca - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
214. Alfredo Alvira Cadena - Institución Educativa Teodoro Múnera Hincapié, Restrepo-Valle del Cauca (Colombia)
215. Jairo Ernesto Luna-García - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
216. Carlos Arturo Rojas Pérez - Historiador, museólogo, diseñador, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
217. Nelson F. Roberto Alba - Universidad Santo Tomás (Colombia)
218. Helena Pérez Niño - SOAS University of London (Colombia)
219. Cristóbal Arteta Ripoll - Universidad del Atlántico/Universidad Libre Colombia (Colombia)
220. Andrés Fabián Henao Castro - University of Massachusetts Boston (Colombia)
221. Maria Gerardina Merchán - Colegio de Enfermeras/os del Azuay (Ecuador)
222. Pablo A. de la Vega M. - Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) (Ecuador)
223. Susana Peñafiel Acosta - Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J. (CSMM) (Ecuador)
224. Sofya Aptekar - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
225. Amy E. DenOuden - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
226. Lina Lorena Hernández Garzón - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
227. Andrea Barrera Téllez - Paris Diderot - Paris 7 (Colombia)
228. Sana Haroon - University of Massachusetts (Pakistan/Reino Unido)
229. Jorge Capetillo-Ponce - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos/Mexico)
230. Yoana Fernanda Nieto Valdivieso - University of Birmingham (Colombia)
231. Judith E. Smith - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
232. Ashley Bohrer - Hamilton College (Estados Unidos)
233. Manuel Matos - University of Massachusetts - Amherst (Republica Dominicana)
234. Henrik Ernstson - The University of Manchester (Suecia)
235. Oscar Guardiola- Rivera - Birkbeck College, University of London (Colombia)
236. Izara Mondragón - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
237. Miguel Gualdrón - DePaul University (Colombia)
238. Gabriel Rockhill - Villanova University (Franco-Americano)
239. Felber Arroyave Bermúdez - Biólogo, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
240. Elizabeth Bussiere- University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
241. John Hess - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
242. Olga Lucía Castillo - Investigadora grupo Conflicto, Región y Sociedades Rurales, Universidad Javeriana (Colombia)
243. Carmen Baez - People’s Health Movement (Argentina)
244. Mauricio Andrés Restrepo Suesca - Agencia para la Reincorporación y la Normalización (Colombia)
245. Natalia Hernández Vidal - Loyola University Chicago (Colombia)
246. José David Copete Narváez - Universidad del Tolima (Colombia)
247. Elis Borde - Universidad Nacional de Colombia (Alemania)
248. Juan Manuel Hernández Vélez - Docente Universidad de Versalles, Doctorante Universidad París 2 Panthéon-Assas (Colombia)
249. Diana Milena Patiño - Universidad de los Andes (Colombia)
250. Laetitia Braconnier Moreno - EHESS (Francia)
251. Mónica Almanza Marroquín - Universidad de los Andes (Colombia)
252. Julia Muñoz - Universidad Nacional Autónoma de México (México)
253. Cielo E. Rusinque Urrego - Docente e investigadora Universidad Externado de Colombia (Colombia)
254. Carola Hernandez - Universidad de los Andes (Colombia)
255. Claudia Carbonell - Universidad de La Sabana (Colombia)
256. Carlos Barbosa Cepeda - Universitat Pompeu Fabra (Colombia)
257. Tania Pérez-Bustos - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
258. Annie Lechenet - Maîtresse deconférences en philosophie retaitée, Université Lyon 1, laboratoire Triangle (Francia)
259. Mónica Arias Fernández - Université Paris VII - Denis Diderot (Franco colombiana)
260. John Brigham - UMass Amherst (Estados Unidos)
261. Manuela Lavinas Picq - Amherst College / Universidad San Francisco de Quito (Brasil)
262. Gloria Carrillo Vallejos - Antropóloga (Chile)
263. Viviana García Pinzón - GIGA-Hamburg (Colombia)
264. Esteban Roncancio - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
265. Antonio José Rengifo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
266. Susana Domingo Amestoy - University of Massachusetts, Boston (Hispanoamericana)
267. David Rey - Universidad de Barcelona (Colombia)
268. Swyngedouw Erik - The University of Manchester (Bélgica)
269. Silvia Natalia Cortes Ballén - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
270. Andrés Felipe López Galvis - Doctorant Université Toulouse 2 Jean Jaurès (Colombia)
271. Rodolfo R. de Roux - Université de Toulouse II. Historien (Franco-colombiano)
272. Miguel Angel Vargas - Co-Director Revista Pluralis (Francia)
273. Askold Melnyczuk - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
274. Sergio Carreño Mendoza - Universitat Pompeu Fabra (Colombia)
275. Howard Waitzkin - University of New Mexico (Estados Unidos)
276. George Ciccariello - Maher Hemispheric Institute (Estados Unidos)
277. Alhena Caicedo - Universidad de los Andes (Colombia)
278. Luis Eduardo Gama - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
279. Olga L Gonzalez - Universite Paris Diderot (Franco Colombiana)
280. Theresa Fedor - Universidad de Los Andes (Estados Unidos)
281. Luz Dary Ruiz Botero - Docente Universitaria (Colombia)
282. Laura Gabriela Gutiérrez - Abogada Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
283. Ana Marcela Montanaro Mena - Observatorio Ético Internacional (España)
284. Pierre Semet, realisador fundador d'ACCESO Francia
285. Marcela Montanaro Mena (Master Derechos Humanos, España)
286. Gladys Aracena -TISF Collectivo Latinoaméricano de Poitiers, Francia
287. Pablo Jaramillo - Universidad de los Andes (Colombia)
288. Natalia Caruso - Universidad Pedagógica Nacional (Argentina)
289. Régis Bar - Columnista en Palabras al Margen (Francia)
290. Roques-Despréaux - Bibliothèque Universitaire (Francia)
291. Quitot Bernard - Association Aussitôt Dit (Francia)
292. Guerrini - Université Lumière Lyon 2 (Francia)
293. Simón Uribe - Universidad del Rosario (Colombia)
294. Line Chamberland - Université du Québec à Montréal (Canadá)
295. Maria Elisa Balen - Socióloga (Colombia)
296. Farinaz Fassa - Université de Lausanne (Suiza)
297. chalmette maitena - profession libérale (Francia)
298. Magne-Ville Chantal - Espe de Lyon (Francia)
299. Foray Philippe - Université Jean Monnet, Saint-Etienne (Francia)
300. Federick Sanri - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
301. Mauricio Velasquez - Universidad de los Andes (Colombia)
302. Angélica Montes - Universidad Paris 13 (Francia-Colombia)
303. Francine Duquet - Université du Québec à Montréal (Canadá)
304. Julien Joly - Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle (Francia)
305. Marty Lucile - Etudiante (Francia)
306. Roberjot Bernadette - Enseignante (Francia)
307. Gloria Careaga - Fundación Arcoiris (Mexico)
308. Adrián Garcia - Doctorante (Colombia)
309. Alfonso Gumucio - critico cinematográfico (Bolivia)
310. Hubert Faes - Filosofo (Francia)
311. Fred Poché - Université catholique de l’Ouest (France)
312. Guylaine Roujol Perez - Journaliste et membre fondateur de Líderes constructores de paz en Colombia (Colombia)
313. Tavernier – Enseignant pour L'Education Nationale (Francia)
314. Lucile Garbagnati – Universitaire (Francia)
315. Nathalie Dartai – Université Lumière Lyon 2 (Francia)

 

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El presidente colombiano Juan Manuel Santos tras el encuentro con líderes de la FARC.

 

Según el Observatorio de seguimiento a la implementación, solo se ha avanzado en un 18,3% de lo suscrito por las partes

 

En noviembre se cumplió un año de la firma de la paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Más de 8.000 armas han sido entregadas y se ha logrado la tasa más baja de homicidios en 40 años, pero continúan las dudas sobre el efectivo cumplimiento de lo pactado. Según el Observatorio de Seguimiento al acuerdo, solo se ha avanzado en un 18,3% de lo suscrito. Los obstáculos que se han presentado desde entonces se abordaron este jueves en una reunión que se celebró en la Gobernación de Bolívar.

En el encuentro participaron Felipe González y José Mujica, miembros de la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo, creado como una instancia entre el Gobierno colombiano y la guerrilla para revisar periódicamente cómo se aplica el documento que resultó de los diálogos de La Habana.

Los líderes del nuevo movimiento político —bautizado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC— plantearon sus temores y pidieron salvar lo fundamental de la Ley de la Jurisdicción especial para la paz. El exjefe guerrillero Iván Márquez cuestionó que esta solo se aplique para los antiguos combatientes y excluya los delitos de los paramilitares, que también fueron parte del conflicto que por más de cinco décadas desangró a Colombia. Los líderes del nuevo movimiento político pidieron al presidente Santos agilizar los procesos de reincorporación política, económica y social de los excombatientes, así como la titulación de tierras para proyectos productivos.

Santos aseguró, al término de un encuentro que calificó como fructífero, que antes del 15 de enero nombrará a los magistrados de la jurisdicción para la paz, una de las mayores exigencias para que se aplique el acuerdo. El mandatario agradeció el apoyo de los expresidentes Mujica y González por acompañar el proceso y reconoció que, aunque la construcción de la paz no ha sido fácil, el primer informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame dice que el país ha alcanzado un progreso significativo. “Ese balance positivo es corroborado por los resultados que presentamos. Hoy, transcurrido menos del 8% del tiempo previsto para la implementación, los avances son muy claros. Pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo y sentamos las bases institucionales y normativas para que se cumpla”, aseguró Santos, que hizo un llamamiento a la reconciliación nacional.

Márquez pidió al presidente que ejerza sus potestades constitucionales para garantizar que se consolide la que se acordó. “Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado”. La FARC anunció que pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que consulte al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere el Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz.

“Si esto fracasa, fracasa la historia de América Latina”, dijo el expresidente Mujica al final del encuentro, en el que el Gobierno expuso los logros del primer año tras la firma. El Ejecutivo resaltó la reducción en el número de víctimas a causa del conflicto: 39 en 2017 frente a 1.200 en 2006. También destacó la erradicación de cultivos ilícitos que hasta el uno de enero era de 52.571 hectáreas.

La FARC insistió en la liberación de los exintegrantes de la desaparecida guerrilla que siguen encarcelados y pidieron protección para los líderes sociales. 2017 cerró con más de 73 asesinados.

 

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Lunes, 10 Julio 2017 06:28

Paz con ONU 2

Paz con ONU 2

Con la dejacion de las armas por parte de las Farc viene el proceso de insercion economica, politica y social de los guerrilleros. El acompañamiento de las Naciones Unidas es una garantia de la mayor trascendencia y para el efecto se nombrará una nueva Mision politica por el Consejo de seguridad.

Es de la mayor importancia conocer los elementos de tal participacion internacional.

Este 10 de julio debe salir una nueva Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para ordenar una nueva Misión política de dicho organismo en Colombia con el fin de acompañar la nueva fase de la implementación de los acuerdos de paz.

La Misión anterior ya cumplió su tarea en lo relacionado con el Cese bilateral de fuego y las hostilidades, la ubicación de las Farc en las Zonas veredales y los Puntos Transitorios y la dejación de las armas.

El nuevo mandato tiene que ver con la tarea de garantizar la construcción política, social y económica de la paz, y la seguridad de los combatientes guerrilleros en la transición y la inserción civil al campo de la lucha democrática.

Al respecto es necesario tener en cuenta que el modelo de la superación de la guerra colombiana se debe entender en los términos de un Protocolo aplicado por Naciones Unidas en las dos últimas décadas para superar las denominadas “nuevas guerras” suscitadas después de la Segunda Guerra Mundial, una de las cuales es la nuestra, originada desde el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 y la violencia de los años 50.

Las Farc ya cumplieron con la dejación de las armas, aportando sustancialmente al fin del conflicto, ahora le corresponde al Estado dar cumplimiento a sus compromisos incluidos en el Acuerdo final de paz.

Inicialmente se prevé una presencia durante 36 meses, pero dada la complejidad de lo que viene por las características de una “paz imperfecta”, con otros actores inmersos en la violencia anti sistémica o delincuencial, por la continuidad del negocio de las drogas, es muy probable que tal Misión deba ampliar su participación por más tiempo, como una garantía esencial para la guerrilla mutada en un movimiento político y social.

Por supuesto, la incertidumbre alimentada en el campo político por actores adversos a la paz es otro elemento a considerar en esta labor de las Naciones Unidas.

Tal como lo hemos señalado en otras reflexiones el papel de la ONU no es casual y el mismo se inscribe en un prototipo conocido como Paz posbelica que refleja la plataforma diseñada en el documento de la “Agenda para la paz” de Boutros Boutros-Ghali, formulado en 1992, la cual ha servido de referencia en las operaciones de construcción de paz posbélica y se ha convertido en la forma de intervención internacional más habitual por parte de Naciones Unidas. Documento que marcará el paso de cómo deben abordarse los escenarios postconflicto con el objetivo de mantener una paz permanente.

En este documento se introdujo una taxonomía de conceptos y enfoques que desde entonces han sido una referencia clave en este ámbito: la diplomacia preventiva, las operaciones de mantenimiento de la paz (peace-keeping), las operaciones de imposición de la paz (peace-making) y la construcción de la paz (peace-building).

La construcción de la paz (peace-building), es un concepto más amplio que abarca todos los anteriores y se refiere a las acciones para alcanzar una paz estable y duradera, una vez que las hostilidades han terminado.

Este informe proporcionó un importante impulso a los argumentos a favor de la adopción de una política global de prevención de conflictos y construcción de la paz por parte de la comunidad internacional.

Boutros-Ghali en su documento definió consolidación de la paz (paceboulding) como los medios destinados a individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar una reanudación del conflicto.

Por supuesto, no se trata de un concepto que genere consenso, sino que por el contrario, cada gran corriente de debate en la disciplina de las Relaciones Internacionales tiene su propia interpretación sobre como tales operaciones adquirieron un carácter cada vez más multidimensional, al integrar no sólo elementos relacionados con la diplomacia preventiva o el mantenimiento de la paz (Pacekeeping) —como se había caracterizado al período de la Guerra Fría— sino también tareas de asistencia humanitaria, asistencia en procesos electorales, reconstrucción física de infraestructuras, estrategias de buen gobierno, iniciativas de desarme, desmovilización y reinserción de ex combatientes (conocidas por sus siglas en inglés DDR) o estrategias para la reforma del sector de la seguridad (policía y ejército principalmente).

Estas “operaciones multifuncionales complejas” pretendían no sólo consolidar la paz después de un conflicto bélico, sino también evitar el estallido de nuevos conflictos violentos.

Los elementos relacionados con la construcción de la paz, tal y como fue concebida por Boutros Ghali incluían el desarme de los actores armados, restaurar el orden, la eliminación de la armas, la repatriación de los refugiados, el apoyo y asesoramiento para la formación de los cuerpos de seguridad, el seguimiento de las elecciones, el desminado y otras formas de desmilitarización, proveer de asistencia técnica, avanzar en los esfuerzos para la protección de los derechos humanos, reformar y fortalecer las instituciones de gobernanza y promover la participación formal e informal en el proceso político. También incluía proyectos orientados a la creación de un nuevo entorno político, económico, social y de seguridad, con los recursos e instrumentos necesarios para resolver las tensiones e incompatibilidades existentes de forma pacífica. En definitiva, Naciones Unidas juega un papel clave en ofrecer instrumentos y en apoyar a aquellos países asolados por la guerra para el establecimiento de las condiciones de una paz sostenible y duradera.

Este Programa de paz se complementó después con otros documentos de la ONU como los siguientes:

Suplemento de un Programa de paz (1995).

Los resultados del Grupo de Trabajo Interdepartamental que contienen:

- Una Agenda para el Desarrollo (1994).

- Una agenda para la democratización (1996).

- El Informe del Panel sobre Operaciones de paz de Naciones Unidas (2000), también conocido como Informe Brahimi.

Otras contribuciones posteriores como los de la Comisión Carnegie para la Prevención de conflictos letales, el Informe del Secretario General sobre Prevención de Conflictos (2001), las propuestas de la Unión Europea en el marco de su Política Exterior y de Seguridad Común, así como diversas iniciativas de la sociedad civil han ido ampliando el enfoque de construcción de paz.

Todos estos aportes han ido conformando el marco de la construcción de la paz, que abarca todas aquellas iniciativas que apoyan estructuras sostenibles y procesos, que fortalecen las perspectivas de una coexistencia pacífica e implican objetivos de medio y largo plazo de carácter político, económico, social y cultural.

Para el nuevo movimiento político que se constituirá próximamente, conocer y aplicar adecuadamente este esquema es de la mayor prioridad dada su coincidencia con los potenciales democratizadores del Acuerdo final

Asi debe ocurrir en la tarea de organizar los Programas de desarrollo con enfoque territorial Pdets y sus Planes de Acción como instrumentos de transformación territorial en los 16 espacios geográficos previstos para el efecto en casi 190 municipios del país.

Espacios en los que se debe implementar la reintegración social y económica de los integrantes de las Farc; echar a rodar los proyectos productivos agroindustriales; ejecutar la reforma rural integral mediante el acceso a los 3 millones de hectáreas de tierra y formalizar la propiedad de otros 7 millones; poner a funcionar Ecomun como una red amplia de cooperativas; construir los planes de vivienda rural; hacer las inversiones en vías terciarias, en educación, salud, tecnología y ambiente; y dar seguridad a la población.

Ojala todo salga dentro de lo previsto por el bien de la convivencia y el respeto a la vida.

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Domingo, 04 Junio 2017 10:05

Día D+180...

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enColombia
Sábado, 27 Mayo 2017 10:35

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enEdición Nº235
Se agita la protesta laboral en Colombia: paros en magisterio, Min-trabajo, ICBF y taxistas.

Varias circunstancias se han juntado para hacer de ésta una semana bastante agitada en cuanto o movilización y protestas laborales, como hacía tiempo no se veía.

De un lado, varias agremiaciones de taxistas realizan hoy miércoles un paro nacional en protesta por la falta de acción de las autoridades locales y de tránsito para detener las plataformas ilegales que prestan servicio público, como Uber. Y hoy también los funcionarios del Ministerio de Trabajo iniciaron un paro indefinido por el incumplimiento de un acuerdo de nivelación salarial pactado hace dos años.


Mañana jueves los más de 300 mil educadores adscritos a Fecode paralizarán labores indefinidamente, ante la negativa del Ministerio de Educación a negociar los puntos sustanciales del pliego petitorio presentado el 28 de febrero. Y pararán también los empleados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde desde hace 3 años el Gobierno se comprometió ampliar la planta de personal con 2 mil cargos formales, y a hacer una nivelación salarial general, pero no ha cumplido ni una cosa ni la otra, según denunció Sintrabienestar, sindicato que lidera el paro de los más de más de 3 mil empleados de esta entidad.


Francisco Maltés, responsable de asuntos estatales de la CUT, dijo que es posible que el martes 16 de mayo también paralicen labores los trabajadores del SENA y de la rama judicial, suyas directivas sindicales están en consultas para tomar una decisión al respecto. La razón es la misma: incumplimientos de acuerdos pactados con el Gobierno.


Para este dirigente sindical la situación es parecida a la que el país vivió hace 20 años, al final del gobierno Samper, cuando hubo una seguidilla de incumplimientos de compromisos adquiridos con los trabajadores estatales, lo cual generó un clima de inconformidad que terminó en un gran paro estatal que duró más de un mes. En ese momento Samper era un presidente debilitado por el proceso 8.000, como hoy lo está el presidente Santos, cuya popularidad está en el piso más bajo, rodeado de escándalos de corrupción y un pobre balance económico y social.


“Hoy hay incumplimientos del Gobierno en casi todas las entidades del Estado, hemos firmado dos acuerdos marco estatales y centenares de acuerdos de orden local y regional, y la mayoría se ha incumplido”, precisó Maltés.


Las razones de Fecode

“Nuestra aspiración era que luego de 40 días de negociaciones de nuestro pliego, lográramos llegar a un acuerdo sin necesidad de movilizaciones ni de paros. Pero a 3 días de que se cumpla ese plazo el Gobierno se ha negado a tocar los puntos gruesos del pliego, y lo justifica con la frase de siempre: no hay plata, el mismo argumento que esgrime en la mesa de negociación de los estatales, donde tampoco ha habido acuerdos sino dilaciones”, comentó Rafael Cuello Ramírez, Secretario General de Fecode, organización que convocó para mañana jueves un paro nacional indefinido que dejará sin clases a unos 8 millones de estudiantes.


El directivo sindical reconoce avances en 11 puntos del pliego que negocian con el Ministerio de Educación. “Pero son los puntos menores, porque cuando llegamos a los puntos nodales, los que tienen que ver con la parte económica y la reforma al sistema general de participación, hay se atranca la negociación”, agregó.


Según Cuello, el origen de la situación actual es el acto legislativo 01 de 2001, que modificó el situado fiscal que proveía los recursos para la salud, el saneamiento y la educación, y lo cambió por el Sistema Nacional de Participación, que limita los recursos para esos tres sectores, los cuales, según Cuello, dejaron desde entonces de recibir $134 billones, y de ellos la mitad corresponde a educación.


“De ahí viene la crisis actual. No hay plata para servicios generales, para dotación, infraestructura, para nivelación salarial. Estamos cansados de que siempre nos saquen esa disculpa, y esta vez con un descaro mayor: nos dicen que hay que socializar un déficit fiscal de $1.6 billones. O sea que los maestros, que no hemos robado la plata en corrupción o en despilfarro, tenemos que contribuir para que el déficit se solucione a favor del gobierno”, señaló el Secretario General de Fecode.


Según esta organización sindical, lo que el Gobierno les está incumpliendo a los maestros con el argumento de la falta de plata, tiene que ver con el pago de deudas por diversos conceptos, como bonificación por servicios prestados, proceso de nivelación, proporcionalidad de la prima vacacional, cursos para evaluación, modificación de varios decretos que Fecode considera lesivos para la educación pública, entre otros. Y tiene que ver con un pírrico aumento salarial, pues, al igual que al resto de los funcionarios del Estado, para este 2017 la propuesta del Gobierno es aumentar solo el IPC más el 0.15%, o sea $2.250 pesos diarios, lo que ha generado un profundo malestar y descontento.


En la balanza de reclamos también está el tema de la salud del magisterio, que está en una situación crítica. El proceso de licitación fue nuevamente suspendido por la Fiduprevisora ante una solicitud de la Procuraduría General, y la fecha para el inicio del nuevo contrato está en duda.


“La salud para los maestros no es gratis, nosotros la pagamos de nuestro bolsillo y nos están dando un servicio terriblemente calamitoso. No avanza el proceso de licitación para un nuevo contrato, llevan un año en eso. Lo que queremos es que se firme el nuevo contrato de servicio de salud de los docentes, beneficiarios y pensionados, y se acabe con el pésimo servicio que recibimos”, enfatizó Cuello.


Otro tema nodal es la jornada única, y los decretos del gobierno que la instituyeron y que, según Fecode, se deben derogar porque introducen modificaciones de fondo en la carrera docente y el sistema educativo en general; aparte de no haber sido consultada con el magisterio. En este punto ha habido acercamientos con el Ministerio, pero no acuerdos, señaló Cuello, para quien ninguna reforma educativa puede pasar sin el concurso de los maestros.


“Cómo es posible que uno de los decretos establezca incremento salarial del 25% para los rectores que acojan la jornada única, pero no para los docentes. Tampoco hay nada sobre mejoras en alimentación para estudiantes, ni en infraestructura y una moderna dotación. Fecode está de acuerdo con la jornada única, pero no así”, precisó Cuello.


Itinerario del paro de maestros

De acuerdo con la información suministrada por Fecode, el paro nacional del magisterio arranca mañana con asambleas informativas de los docentes en todas las instituciones educativas. Estas mismas asambleas que se realizarán el viernes 12 de mayo, pero ya con los estudiantes y padres de familia, para explicarles las razones del paro.


El lunes 15 de mayo, que coincide con la celebración del Día del Maestro, habrá actividades culturales, artísticas y plantones. “Pero no vamos a hacer jolgorio, vamos a celebrar el Día del Maestro en medio de la movilización y el paro, en la lucha”, explicó Cuello Ramírez.


El martes 16 de mayo se realizará lo que Fecode ha llamado “La gran toma de Bogotá y las capitales de los departamentos” por parte del magisterio colombiano, con marchas y movilizaciones en la capital y en todo el país. A esta actividad ya anunciaron su vinculación otras organizaciones sindicales, en solidaridad y apoyo al paro magisterial.


Y el miércoles 17 de mayo se reunirá la Junta Nacional de Fecode para evaluar y hacer un balance de la situación, y definir si se continúa con el paro nacional y las actividades pertinentes.


Por otra parte, Cuello Ramírez fue enfático en que esta vez no se puede caer en el clima de desinformación que tanto daño hizo en el paro de dos semanas que Fecode adelantó en el 2015. Al respecto indicó:


“Los aprendizajes hay que asimilarlos, por eso les pedimos a los docentes que solo se atengan a la información oficial que Fecode difunda por sus medios propios, circulares y comunicados de prensa. Les pedimos a los dirigentes regionales que no especulen con acuerdos o preacuerdos hasta que no salga algo oficial. En este momento necesitamos ser juiciosos y estar todos unidos para sacar este movimiento adelante”.


Finalmente, Cuello ratificó la voluntad de diálogo de Fecode para encontrarle una salida a la situación, y de la misma manera espera que el Ministerio de Educación y el Gobierno tengan igual actitud de concertación.


“Nosotros somos gestores de cultura, de pedagogía, de ciencia, de tecnología y de paz. Somos una agremiación que lucha por el derecho a la educación pública financiada por el Estado, que trabaja por su bienestar de sus 330 mil maestros que existen en Colombia afiliados a Fecode”, puntualizó.


El paro en el Ministerio de Trabajo


Según dijo a esta agencia de información Guillermo Elizalde, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Protección Social, Sinaltraempros, que es mayoritario en el Ministerio de Trabajo, todo estaba listo para que hoy miércoles se dé inicio al paro indefinido en esta entidad.

Señaló que ayer martes hubo asambleas y mítines en todas las direcciones regionales del Ministerio y el personal está animado para adelantar la protesta, la cual es coordinada por el Comité Ejecutivo de Paro en todas las seccionales.


El paro fue votado el pasado miércoles por abrumadora mayoría. La entidad tiene cerca de 1.600 funcionarios, y a favor votaron por 1.275, con solo 52 votos en contra del paro. Participaron incluso los empleados no sindicalizados.


La causa medular de la protesta es que el gobierno no ha cumplido con la nivelación salarial pactada en 2015 entre el Ministerio de Trabajo y sus organizaciones sindicales, lo cual para éstas no tiene ninguna justificación.


“Hay estudios que avalan la viabilidad de la nivelación salarial que pedimos. Tiene el visto bueno de la Función Pública y el mismo Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Hacienda dice que no hay plata para los trabajadores. Sabemos que hay recursos para solucionar el problema, pero los están concentrando en otras actividades”, señaló Guillermo Elizalde.


Con respecto al papel mediador que pueda jugar la nueva Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo Gallego, el señor Elizalde dijo que todavía no ha habido cercamientos con ella, por lo que ve difícil que la orden de paro se detenga.


“Llevábamos dos meses tratando el problema con la ministra saliente Clara López, por lo que es difícil decirles ahora a los trabajadores que vamos a empezar otro largo proceso con la nueva ministra. Además, este es un problema que lo conoce la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, que deben buscar las soluciones”.


SNTT frente al paro de taxistas


Según la Asociación Nacional de Taxistas, la organización que lidera la protesta nacional que hoy se adelanta en el país, esta se da como una respuesta a la continuidad de plataformas digitales ilegales, como Uber y Cabify, las cuales están vulnerando el derecho al trabajo de los taxistas. También para protestar por otros sistemas de transporte público no regulados, como el mototaxismo.


Sin embargo, Esteban Barbosa, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Transporte (SNTT), estima que el paro de hoy no es impulsado por los conductores de taxi, los trabajadores, sino por los grandes propietarios de empresas de taxis y administradores, que ven en peligro su negocio con la irrupción de las nuevas plataformas tecnológicas; negocio que, según él, está sustentado sobre el esfuerzo y el sudor de los conductores, “esos seres humanos en los que los empresarios no piensan, y que padecen el yugo de la explotación laboral”.


Por esa razón, indicó, muchos taxistas asalariados no participan hoy en el paro, y la SNTT tampoco lo apoya.


“El problema de los taxistas de este país es que no hay una organización fuerte que los aglutine a todos. Hay muchas asociaciones y liderazgos con muy pocas bases, que dicen representar los intereses de los conductores cuando en el fondo lo que defienden son los intereses de los empresarios y los administradores. Esa es la dicotomía que tiene este sector”, explicó Barbosa.

Fecha: 10 Mayo, 2017

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Con la entrega de  322 armas de Farc, se inicio el desarme de esa guerrilla

 

Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque

 

Conforme transcurren los días tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el pasado 24 de Noviembre, más difícil se torna el proceso de implementación que debe hacer realidad lo acordado y de esta forma modernizar un país que apenas resurge tras 52 años de cruento conflicto armado interno. Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque, con las nefastas consecuencias que ello tendría.

Los retrasos en la construcción de las 26 Zonas Verdales Transitorias de Normalización (ZVTN) han sido el primer problema encontrado en el proceso de implementación. Las ZVTN debían estar construidas antes del 1 de diciembre 2016, día D. Ese día las FARC estaban concentradas en los puntos previos de concentración designados. Accedieron a entrar en las ZVTN sin que se hubieran construido las infraestructuras mínimas acordadas: alojamientos, suministro eléctrico, servicios sanitarios-higiénicos, agua corriente y conectividad. A fecha de hoy es excepción la ZVTN que tenga construido al menos un 50% de las infraestructuras. He visitado seis de ellas. Solo en una había servicios sanitarios-higiénicos instalados. En ninguna había viviendas construidas. No hay atención médica más allá de primeros auxilios, muchas veces prestados por la propia guerrilla.

En las ZVTN hay hijos de guerrilleras, algunos recién nacidos, y hay decenas de guerrilleras embarazadas. A la vista de las demoras, las FARC acordaron con el Gobierno que pusieran a su disposición materiales de construcción para que ellos mismos construyeran. Este compromiso se está cumpliendo solo parcialmente. No es que la guerrilla tenga problemas en vivir en malas condiciones, están acostumbrados, pero si la primera obligación del Gobierno en el cronograma de implementación está siendo cumplida tardía y deficientemente, se envía una pésima señal sobre la capacidad real de las instituciones colombianas respecto al cumplimiento de lo acordado. Viene a la memoria la histórica tradición de los distintos gobiernos del país de incumplir los acuerdos de paz firmados, incumplimientos que en numerosas ocasiones incluyeron el posterior asesinato de los guerrilleros que habían firmado los acuerdos.

En el acuerdo final se estableció la aprobación urgente de una Ley de Amnistía que amnistiara los delitos de rebelión y conexos conforme a las leyes en vigor en la fecha de firma del Acuerdo Final. A la firma del acuerdo de paz había aproximadamente 3.500 personas encarceladas por vínculos con las FARC EP. En torno a 700 pueden tener derecho a la amnistía establecida en la ley. El resto tienen derecho a ser excarcelados en distintas condiciones: libertad condicionada o traslado a ZVTN. También existen unos 5.000 miembros de la Fuerza Pública potenciales beneficiados por la ley

El 30 de diciembre se aprobó la Ley de Amnistía, que contempla su aplicación de oficio o a instancia del solicitante. Sin embargo los jueces no la han aplicado. A principios de febrero solo se habían otorgado 8 amnistías y ninguna libertad condicionada. Los jueces alegaron que la ley era deficiente y que se necesitaban unas normas de procedimiento para aplicarla. El 17 de febrero se aprobó un Decreto presidencial que incluía el procedimiento de aplicación elaborado por los propios jueces colombianos. El pasado día 6 de marzo, los jueces de ejecución de penas, los competentes para aplicar la amnistía, se declararon en paro alegando falta de medios para aplicar la amnistía. A fecha de hoy se han aprobado algo menos de setenta amnistías a guerrilleros, cinco autorizaciones de traslado a ZVTN y ninguna libertada condicionada. No se tiene noticas de que se haya aprobado ninguna medida equivalente respecto a miembros de la Fuerza Pública.

La negativa de los jueces colombianos a cumplir la ley de amnistía – a salvo de las muy dignas excepciones indicadas–, además de ser inédita respecto a anteriores procesos de paz habidos en Colombia o en otros lugares del mundo, está generando una situación muy peligrosa entre las bases guerrilleras. Se incrementa la desconfianza ante las instituciones y el Gobierno que firmó el Acuerdo de Paz y por tanto crece la desconfianza sobre el cumplimiento de lo acordado. Puede provocar una situación de desconfianza y desafección respecto a los dirigentes de la guerrilla, al poder interpretar los guerrilleros que también están siendo engañados por estos, ya que habían garantizado un tratamiento especial de justicia además de la amnistía. Esta situación puede estimular las disidencias en el seno de las FARC EP, disidencias que hasta la actualidad están siendo muy reducidas, menos de un 4%, cuando la media en los procesos de paz con grupos rebeldes ronda el 20%.

Las garantías de seguridad –léase desmantelamiento del paramilitarismo- son uno de los más importantes logros de este proceso de paz. No se olvide que el Acuerdo Final se alcanzó en un contexto en el que continúa existiendo violencia de grupos paramilitares de extrema derecha, continua el enfrentamiento del Estado con otros alzados en armas –ELN- y continúan existiendo importantes economías ilícitas. Todo ello hace más meritorio el Acuerdo Final, que contiene fuertes compromisos para acabar con el paramilitarismo, fenómeno estructural en Colombia de larga data. El compromiso del Gobierno no es únicamente garantizar el monopolio legítimo del Estado en el uso de la fuerza y de las armas, sino desmantelar las estructuras civiles que durante décadas han organizado, financiado, instigado y aprovechado política y económicamente a los grupos paramilitares. Una de las medidas más importante es la creación de una Unidad de Investigación especializada para el desmantelamiento de organizaciones paramilitares, con competencia para desactivar las estructuras políticas de apoyo a estos grupos y sus estructuras económicas de financiación. La actual Fiscalía General de la Nación (FGN), ignorando el acuerdo de paz alcanzado, intenta impedir la puesta en marcha de esta Unidad Especial, a la vez que intenta modificar el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprovechando el proceso de implementación legislativa actualmente en curso y que también está resultando sumamente complejo debido a la inestable mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno del presidente Santos. Las propuestas que formula la FGN tienen siempre los mismos dos objetivos: sustraer a los civiles presuntos financiadores, organizadores o instigadores del paramilitarismo de la JEP y mantenerlos en la jurisdicción ordinaria -donde siempre han disfrutado y disfrutan de impunidad- y a la vez sustraer de la JEP el mayor número posible de conductas realizadas por las FARC EP, intentando mantener la competencia de la jurisdicción ordinaria, y de la FGN, sobre ellas, lo que conculca lo establecido en el acuerdo parcial que resultó más difícil de cerrar, el relativo a Victimas y Justicia. A la vez, la FGN no da resultados importantes en la investigación y castigo de los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y campesinos que han venido apoyando el proceso de paz. En el año 2016 y lo que va del 2017 son más de 130 los asesinados. Desde la firma del Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, son casi 80 las personas pertenecientes a los anteriores colectivos que han sido asesinadas. La FGN niega constantemente la existencia de un plan sistemático para atacar el proceso de paz y a las personas que lo apoyan. Todo lo anterior deteriora seriamente la confianza a las FARC EP en el cumplimiento del acuerdo de Garantías de Seguridad, suponiendo grave indefensión respecto a la seguridad personal e integridad física que requiere cualquier guerrilla para concluir un proceso de dejación de armas.

Actualmente no hay concreción ni puesta en marcha de las políticas de reincorporación política y social de las FARC EP una vez abandonas las armas.Tras la realización del plebiscito del 2 de octubre que rechazó el Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, se produjo un proceso de renegociación en el que las FARC asumieron importantes modificaciones en el sistema de Justicia Especial para la Paz, mayores limitaciones en el régimen de amnistía y sobre todo, reducciones de los programas de reincorporación a la vida civil de los antiguos guerrilleros, en especial reducción de las cuantías económicas destinadas a estos programas, mezquina exigencia de los defensores del no. El total del presupuesto finalmente acordado para la reincorporación económica y social de las FARC EP, es equivalente al gasto de 10 días de guerra.

A fecha de hoy existe un atraso sustancial en el diseño de los programas de reincorporación social y una peligrosa falta de recursos económicos. Ninguno de los programas de reincorporación económica y social ha comenzado a ponerse en marcha, a pesar de que apenas en tres meses, el 31 de mayo, está previsto que concluya la existencia de las ZVTN, desaparezcan las FARC-EP, surja el nuevo partido político sucesor de la anterior organización y de esta forma se dé el paso definitivo a la reincorporación en la vida social. No es posible que esa fecha los guerrilleros se trasladen a sus hogares, porque estos no existen tras 52 años de guerra o décadas de permanencia en las FARC EP. Salvo excepciones, no existen condiciones de seguridad para que los antiguos guerrilleros se trasladen a residir en los hogares de sus familiares, y ello en el caso de que sus familias, en su mayoría campesinos en precarias condiciones de vida, tuvieran a su disposición los medios materiales para acogerlos. Tampoco han sido definidos los programas de acceso al empleo, proyectos productivos, de desarrollo agrario o de sustitución de cultivos ilícitos.

Esta situación de indefinición de su futuro inmediato, también provoca una importante angustia entre la guerrillerada, que puede estimular la desconfianza interna en el proceso de paz y por tanto las disidencias. Aprovechando esta situación, distintos grupos criminales deseosos de contar gente experimentada en el manejo de armas, están ofreciendo a los guerrilleros elevadas cantidades de dinero para cooptarlos.

Las Naciones Unidas viene alertando sobre el alto porcentaje de fracaso que han tenido los programas de reincorporación a la vida social de los grupos guerrilleros que en las ultimas décadas han efectuado dejación de armas tras firmar acuerdos de paz. Estos fracasos tienen habitualmente como consecuencia el incremento de la violencia, de la delincuencia y de las economías ilegales.

El proceso de dejación de armas de las FARC-EP comenzó el día 1 de marzo de 2017 (D+ 90) y concluirá el próximo 31 de mayo (D+180). A pesar de las dificultades que viene atravesando el proceso de implementación, las FARC-EP procedieron al inicio de la dejación del 30% de sus armas en el D+90. Una segunda fase de dejación de otro 30 % de las armas se iniciará el 1 de abril y la fase de dejación del restante 40% de armas se iniciará el 1 de mayo, debiendo haber concluido todo el proceso el día 31 de ese mes. El Acuerdo Final establece una serie de garantías para las FARC EP de índole Jurídico, de Seguridad Personal, y de Seguridad Económico y Social. Evidentemente el cumplimiento de lo acordado es una obligación reciproca para los firmantes de cualquier acuerdo. Al igual que las FARC EP están cumpliendo con el proceso de dejación de armas, el Gobierno y las instituciones competentes deberían cumplir con los contenidos de seguridad jurídica que les incumben –aplicación de la amnistía y aprobación en el Congreso de las leyes que pongan en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición-, con los compromisos sobre seguridad personal –desmantelamiento del paramilitarismo y detención de los responsables de los crímenes contra los defensores del proceso de paz que viene sucediéndose-, así como al menos definir los programas de reincorporación económica y social que necesariamente deben ponerse en marcha antes del 31 de mayo. En caso contrario, el 1 de junio el proceso de paz se verá arrastrado a una seria crisis de implementación que en la práctica puede hacer fracasar todos los esfuerzos desplegados por ambas partes desde el inicio del proceso exploratorio en febrero de 2012.

La verificación y acompañamiento Internacional son en este momento una necesidad urgente para el proceso de paz. A fecha de hoy, el único mecanismo de verificación y monitoreo internacional del Acuerdo de Paz que funciona es el encargado de monitorear y verificar el proceso de Dejación de Armas -el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, MMV, creado en enero 2016-, es decir, actualmente solo se están monitoreando y verificando el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las FARC EP. En el Acuerdo Final únicamente se contemplan mecanismos de verificación de los puntos 3 “Garantías de Seguridad” y 6 “Reincorporación a la vida civil”, también a cargo de las NNUU. A fecha de hoy el Gobierno colombiano no ha concretado en la ONU la forma de puesta en marcha de este mecanismo. Se prevé en el Acuerdo Final un acompañamiento internacional en la implementación de todos los puntos acordados, pero todavía esos mecanismos internacionales de acompañamiento a la implementación no han sido puestos en marcha, a pesar de las sucesivas peticiones de las FARC EP.

Es evidente que en un acuerdo de paz que pone fin a 50 años de conflicto armado no resulta procedente que una de las partes pretenda que solo se verifiquen, monitoreen o acompañe la implementación respecto a las obligaciones que corresponde a la otra parte, en este caso respecto a la dejación de armas de las FARC EP. Para garantizar la muy necesaria implementación de todo lo acordado o al menos de lo más importante, es imprescindible poner en marcha de forma inmediata todos los mecanismos de monitoreo, verificación y acompañamiento que contempla el acuerdo final de paz, y para ello es imprescindible la presencia activa en dichos mecanismos de la comunidad internacional. También sería conveniente mayor agilidad en la implementación y un claro respeto a lo acordado por parte de todas las instituciones implicadas, no únicamente por el Gobierno.

 

Enrique Santiago Romero es asesor de las FARC-EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)

 

 

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"Me gusta que Trump esté haciendo lo que dijo que haría"

Las Marchas de Mujeres y las críticas generalizadas al “veto musulmán” no han hecho mella en la lealtad de los votantes de Trump. Más bien todo lo contrario.

 

Percheros de hierro fundido, vinilos para niños, cajas antiguas de comida, canastas de tabaco, potes de aceitunas estilo vintage y un teléfono con dial giratorio son algunas de las cosas que ocupan los estantes de la Casa de Tesoros de James y Jess. Esta tienda de antigüedades abrió hace dos años y tiene un estilo "rústico, hipster, elegante" con un eslogan un poco cursi: "Casi todo antiguo y algunas cositas nuevas".


Si la Casa de Tesoros estuviera en la ciudad de Washington, podríamos hacer la apuesta demográfica de que sus propietarios votaron por Hillary Clinton. Pero se encuentra a 120 kilómetros de la capital, en el condado de Washington, un sitio donde Trump ganó cómodamente. Y mientras las protestas agitan la capital desde que Trump ocupa la Casa Blanca, para James y Jess el presidente está haciendo las cosas bien.


"Me encanta Trump", dice James Zawatski. "Me gusta que esté haciendo lo que dijo que haría. Muchos políticos no cumplen con su palabra. Tengo 47 años y nunca en mi vida había votado, hasta el año pasado. Necesitábamos un presidente con un par de cojones para hacer lo que se tiene que hacer. Estoy cansado de los progresistas".


El impacto meteórico que ha causado Trump en la capital ha provocado desconcierto, preocupación, confusión, perplejidad e indignación. Los demócratas se tambalean frente a un rival audaz, mientras que los republicanos intentan adaptarse a este aliado impredecible. Los medios de comunicación lanzan ráfagas de críticas. Los habitantes de la capital, donde Clinton ganó a Trump con el 90,9% de los votos contra el 4,1%, manifiestan sus preocupaciones y temores. Y la Marcha de Mujeres del mes pasado en la capital fue una impresionante declaración de resistencia antiTrump.


Pero lejos de la vanguardia de la política cada vez más tribal de Estados Unidos, en Hagerstown, condado de Washington, Estado de Maryland, la forma de ver las cosas es totalmente opuesta.


Donde los críticos ven el veto migratorio de Trump como "antiamericano" y responsable del caos en los aeropuertos, los defensores del presidente interpretan que les está protegiendo. Donde los críticos ven una política de Asuntos Exteriores que estalla por el aire cuando el presidente ofende a Australia y aplica sanciones a Irán, sus defensores ven al presidente como un tío duro. Donde los críticos ven despidiendo a la fiscal general en funciones y pisoteando la Constitución, los defensores de Trump lo ven acabando con el antiguo orden de forma intrépida. Y cuando los activistas protestan, los periodistas lo fulminan y millones de personas se espantan al ver al mundo girando hacia la catástrofe, los defensores de Trump desestiman sus temores, llamándolos "llorones" y elogiando a Trump por ser supuestamente el primer político que cumple con sus promesas de campaña. No lo ven como un rinoceronte destructor sino como un hombre fuerte que dice las cosas de frente.


El plan de Trump de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México es un ejemplo de esta forma complementaria de ver las cosas. "Amo a los inmigrantes. Amo a los mexicanos. Pero las cosas deben hacerse bien. Hay un procedimiento", afirma Zawatski, descendiente de inmigrantes italianos. "Esta gente viene y tiene más derechos que yo, que me rompo el alma trabajando siete días a la semana. Somos un país maravilloso, pero se están aprovechando de nosotros".


"Directamente dispararía los que intentan entrar"


"Yo personalmente no gastaría dinero en un muro. Directamente les dispararía a los que intentaran entrar. Y luego ya no lo intentarían más".


A Zawatski no le caen bien los cientos de miles de personas que participaron de las Marchas de Mujeres, muchos de ellos con gorras rosas y carteles que criticaban a Trump por su alarde sobre ser capaz de "coger a las mujeres por el coño".

Este hombre no sólo no condena la misoginia de Trump sino que la aprueba: "¿Qué hombre no ha cogido a una mujer por el coño? ¿Qué hombre no ha hablado con otro sobre lo que le hizo a una mujer la noche anterior? Las mujeres también lo hacen. Somos humanos". Su esposa Jess, de 35 años, está de acuerdo. "Es una cosa de hombres. Yo sé que James habla así con sus amigos. No culpo a Trump por decir esas cosas".


Además, piensa que la Marcha de Mujeres "fue de lo más estúpido, porque algunas dicen que no tienen igualdad. Las mujeres pueden luchar por conseguir lo que quieran. Los hombres no se lo impiden".


Mientras Zawatski, con los brazos llenos de tatuajes y una camiseta que pone "con tatuajes y con empleo", hablaba con The Observer, un hombre robó una esfera decorativa (con precio de 73 euros) del escaparate exterior de la tienda. Zawatski lo vio y salió corriendo a atraparlo, obligando al hombre a dejar el objeto.


"Así está el barrio," se queja. "Hay muchas peluquerías que no son peluquerías, no sé si me entiendes". Y comparándose con Trump, agrega: "Yo le diría al jefe de policía ‘haz tu trabajo, sólo hazlo'".


Hagerstown tiene un gran problema con el narcotráfico y hay muchos bares y tiendas vacíos. Sin embargo, es un desafío explicar el triunfo de Trump en esta ciudad. No es el típico pueblo sureño republicano ni el cinturón industrial de EEUU al que Trump aludió en su discurso de investidura como "lleno de fábricas oxidadas repartidas como tumbas" cuando habló de la "carnicería estadounidense".


Por el contrario, la ciudad está en Maryland, un Estado en el que Clinton ganó con más del 60% de los votos. Es una ciudad casi bonita, con torres de iglesias y edificios históricos, con un museo de Bellas Artes en ebullición, con carriles bici y caminos de senderismo, con teatros y una oficina de turismo llena de folletos con material sobre el patrimonio de la guerra civil en la zona y los orígenes de Hagerstown a partir de inmigrantes alemanes en el siglo XVIII. Es jueves y se pueden ver a los estudiantes saliendo de una escuela de arte.


El ingreso medio anual por hogar en el condado de Washington es de 52.723 euros, sobre la media nacional pero muy por debajo de la media en el Estado de 69.245 euros. En el condado ganó Trump con el 64% de los votos, contra un 31,6% de Clinton. Es un condado rojo en un Estado azul. O, como dijo elocuentemente Al Steinbach, un agente comercial votante de Clinton de 64 años: "Para mí, Maryland es un mapa con forma de vagina: el centro azul, con los lados rojos. Bienvenidos a los Estados Divididos de América".


Miedo de los ataques contra Trump


Steinbach, que tiene "miedo literal" de lo que puede llegar a hacer Trump, lee cada día el Washington Post y escucha la Radio Pública Nacional. "Cuando pongo Fox News y veo lo que dicen del otro lado, me escandaliza lo extremistas que son".
A menudo se ha argumentado que en el pasado los medios de comunicación locales unían a las comunidades, estableciendo intereses comunes. Hoy, en la era de los medios de comunicación digitales y fragmentados, cada persona con un móvil es una isla. El jueves pasado, Anthony Kline, un obrero de 38 años, se sentó en un bar a mirar un nuevo vídeo de Facebook hecho por un hombre musculoso y con barba que dice estar en Irak.


El hombre, llamado Steven Gern, dice que preguntó a los iraquíes qué sucedería si él saliera a caminar por el pueblo, y asegura que le contestaron que lo cogerían, lo torturarían y lo decapitarían mientras lo filman en vídeo. Si esto es así, argumenta, ¿por qué hay que permitir a los iraquíes entrar a su país? Kline, cogiendo el móvil con su mano tatuada, afirma: "Esta es la realidad".


Trump dijo hace poco a la CIA que está "en guerra" con los medios de comunicación. Kline, que le da al presidente un puntuación de ocho sobre diez, señala: "Los grandes medios de comunicación son absolutamente parciales. Te dicen lo que quieren que oigas o que pienses. La mayoría de la gente no tiene educación y se cree lo que le digas".


Los defensores de Trump no sólo hacen oídos sordos al coro de indignación progresista al que se enfrenta Trump cada día, sino que lo usan para fortalecer su idea de que el presidente está atacando a la élite privilegiada y egocéntrica. Sobre la Marcha de Mujeres que se realizó el día después de la investidura de Trump, Kline opina: "Son una panda de niñatos progresistas que están acostumbrados a salirse con la suya. Son como niños caprichosos a los que nunca se les negó nada. Una vez que alguien les dice que no, no saben qué hacer".

 

Del otro lado de la ciudad, Marlon Michael, de 50 años, todavía tiene el cartel de "Hacer a Estados Unidos grande otra vez" en la puerta de su casa, un dúplex con paredes de vinilo y un mástil con la bandera estadounidense en la puerta. "El país iba de mal en peor y el resto del mundo ya no nos respetaba", indicó. "Trump prometió que las cosas volverán a ser como antes". ¿Cuál es su evaluación del presidente hasta ahora? La respuesta de Michael sería impensable en alguien de Manhattan: "Lo está haciendo estupendamente. Está haciendo todo lo que dijo que haría y a un político no se le puede pedir más que eso".


Los demócratas, los activistas y analistas periodísticos han criticado el decreto de Trump que prohíbe el ingreso al país a ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes, tanto por el caos que provocó su puesta en práctica como por las siniestras ideas que lo sustentan. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, afirmó: "Esta noche, la Estatua de la Libertad tiene lágrimas en el rostro". Incluso muchos republicanos se han estremecido con la medida.


Un sondeo de Reuters/Ipsos concluyó que el 31% de los participantes dijo que el decreto lo hacía sentir "más seguro", mientras que el 26% se sentía "menos seguro". Otro 33% dijo que daba igual y el resto dijo que no sabía.


Sin embargo, algunos votantes de Trump como Michael, un exmarine que ahora trabaja en la construcción, lo apoyan a tope. "Esto se tendría que haber hecho hace ocho o doce años, o después del 11-S", dijo. "Durante los últimos ocho años tuvimos un presidente que se tomaba a la ligera el problema de los musulmanes. Uno cierra la puerta de su casa para que no entre cualquiera, y es lo mismo con el país. Estamos cerrando las fronteras para que no entre cualquiera a sembrar el caos".


Michael también mira Fox News. Lleva una camiseta de los Dallas Cowboys con una imagen de una mano cerrada con el dedo mayor en alto. "CNN da muchas noticias falsas sobre Trump y él lo dice". Y no le ha caído nada bien la Marcha de Mujeres. "Fue estúpido de cojones. ¿Para qué lo hicieron? ¿Quieren más privilegios? Las mujeres ya tienen derechos iguales a los hombres. Pero seguirán molestando hasta el fin de los tiempos", dice. Michael da a Trump un puntuación de nueve sobre diez. "Mi única queja es que no me gusta que esté tan pendiente de Twitter".


Las elecciones han demostrado que, a pesar de que Barack Obama haya dicho que no es así, hay estados rojos (republicanos) y estados azules (demócratas) en Estados Unidos. Pero también hay condados azules y condados rojos. Una de las grandes divisiones entre votantes fue entre quienes tienen estudios universitarios y quienes no tienen: según FiveThirtyEight, a Clinton le fue mejor que a Obama en 2012 en 48 de los 50 condados con mejor nivel educativo del país, pero le fue peor que a Obama en 47 de los 50 condados con nivel educativo más bajo, una de las claves de su derrota.


Los primeros días de Trump en la Casa Blanca han hecho poco para reducir la grieta. Cada bando analiza las medidas del presidente, sus declaraciones y sus gracias a través de un cristal opuesto. Sentada en una cafetería de Hagerstown, Christianne Smith, una estudiante afroamericana de 20 años, le da un puntuación de 2 sobre 10. "No tiene experiencia ni está apto para el puesto", asegura. "No trabaja por los intereses del pueblo estadounidense. No entiendo cómo llegó a ser presidente. Quizás es porque yo no fui a votar. Así que es culpa mía".

 

David Smith - Hagerstown, Maryland
07/02/2017 - 20:29h


Traducido por Lucía Balducci

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