Mocoa: La esperanza reside en la energía de su pueblo –Segunda entrega-

Más allá de las víctimas y las perdidas materiales ocasionadas por la avalancha que afectó con toda fuerza a la población residente en Mocoa-Putumayo durante la noche del pasado 31 de marzo y el amanecer del primero de abril, los damnificados intentan, desde cada uno de los albergues, continuar su vida por medio de la organización comunitaria. En algunos de ellos estuvieron nuestras enviadas especiales, así como en buena parte de los barrios afectados, donde evidenciaron de manera directa la magnitud de esta tragedia, al tiempo que la fortaleza de las comunidades allí residentes.

Hay que resaltar que la mayoría de quienes están concentrados en los albergues, es población integrante de los cabildos indígenas, quienes luego de haberlo perdido todo luchan por su autonomía a la hora de administrar las ayudas y de discutir la posible reubicación de su comunidad.

Albergue Asociación de mujeres indígenas (Asomi): Cabildo Musurunakuna, habitantes de la vereda San Antonio.

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 Las personas integrantes del cabildo debatieron sobre la organización del albergue y la administración de las ayudas recibidas. Al tiempo, reflexionaron acerca de las causas de la avalancha, retomando argumentos desde su visión ancestral del territorio y desde la problemática del desarrollo.

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Acá, realizan el censo del albergue para evaluar la posibilidad de recibir más damnificados.

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De todos los albergues, Asomi es el único que puede ofrecer camas a los afectados.

 

Vereda San Antonio: Cabildo Musurunakuna

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La casa cabildo quedó destruida por la avalancha, además de todas las casas de la vereda.

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Al fondo, en la montaña, se visualiza el riesgo de nuevos deslizamientos. El daño es devastador, son pocas las casas que quedaron en pie.

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Los indígenas del cabildo se niegan a regresar a la vereda; delegaron un grupo de personas para la recuperación de algunos enseres.

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La quebrada que normalmente es más pequeña de lo que aquí se visualiza, la noche del pasado 31 de marzo alcanzó una altura aproximada de unos 15 metros.

Barrio San Agustín: Lugar de vida del cabildo Cämentsá Biyá

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Algunas de las personas del cabildo intentan limpiar lo poco que dejó la avalancha en el barrio San Agustín.

 

Albergue José Homero Alto: Cabildo Cämentsá Biyá.

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El albergue ubicado en el barrio José Homero Alto, por su cercanía al río Mulato y por posibles deslizamientos, no es seguro; sin embargo, la comunidad no tiene otro lugar para asentarse.

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La olla comunitaria, medio que garantiza la alimentación de la comunidad reunida en el cabildo.

 

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Publicado enColombia
Sábado, 01 Abril 2017 13:45

Mocoa, sumida en la tragedia

Mocoa, sumida en la tragedia

Cuando apenas el territorio colombiano ingresa en la temporada invernal –oficialmente entre abril-junio–, Mocoa, la capital del sureño departamento del Putumayo, padeció durante la noche del viernes 31 de marzo y el amanecer del sábado 1 de abril una potente avalancha de los ríos que la circundan: Mocoa, Mulato, Sangoyaco.

La creciente acumulada de sus aguas, transformadas en portentosas corrientes que arrastraban piedras de todos los tamaños, entraron con toda fuerza en los barrios San Miguel, Laureles, El Libertador, Progreso, La Independencia, Modelo, San Antonio y San Agustín.

Informes de la Cruz Roja Colombiana indican que el más afectado de todos estos es San Miguel, donde las aguas arrastraron con todo. La avalancha también dejó sin servicio de agua ni de luz eléctrica a la ciudad.

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Con la luz del día sus habitantes pudieron constatar con sus ojos lo que en la noche ya sentían por los llamados de auxilio, por las voces de socorro, por los llantos de numerosas personas. El primer saldo (sábado al medio día) no dejaba dudas de la magnitud del desastre, del gran duelo al cual tenían que enfrentarse: 154 personas muertas, 174 heridos, de los cuales 24 en estado grave, cerca de 200 desaparecidos. Entre los heridos se encuentran 71 niños y niñas.

Con la angustia de cientos agobiando sus pechos, con el llanato cubriendo sus rostros, hombres y mujeres continuaban la búsqueda de sus familiares, amigos y vecinos. las horas continuaban pasando y debajo de lodo y piedras fueron apareciendo otra cantidad de cadáveres, así como río abajo, incluso en aguas del río Caquetá. Al finalizar la tarde del sábado, tras estaos hallazgos la real magnitud del desastre dibujó todo su rostro: 254 muertos y 400 desaparecidos. La cifra de heridos, de dos centenares, sin duda alguna, podrá incrementar la de muertos.

Sin duda alguna, con el paso de los días y tras la necesidad de saber cómo fue que pudo suceder semejante desastre, una de las preguntas por resolver tendrá que ver con: ¿por qué fue posible que el agua se concentrará y acumulará en alguna parte del recorrido de uno o de varios de estos ríos para que terminará transformada en avalancha? ¿Existe alguna explotación minera o de otro orden en la parte alta de los ríos que propiciará un fenómeno como el presentado? ¿qué ritmo mantiene la deforestación de las selvas y bosques que están a lado y lado de las cuencas de estos ríos?

Ahora llegarán las disculpas del alto gobierno residente en Bogotá, y cada uno se lavará las manos. La realidad nacional es que la diversidad colombiana requiere una mayor descentralización, con gobiernos locales construidos en participación directa –no solo electoral–, donde las formas tradicionales para regir su vida por parte de los indígenas sean retomadas, y donde los colonos también encuentren espacio para su capacidad de labor y para el despliegue de su imaginación.

El territorio

Mocoa, pequeña ciudad de entre 45 y 50 mil pobladores, es la capital del sureño departamento del Putumayo. Ubicado al sur del país, limita con los departamentos del Cauca, Caquetá y Amazonas. De igual manera con dos países: Perú (departamento de Loreto) y Ecuador (provincia de Sucumbíos).

El 20 por ciento de su población se considera indígena. El Dane informa que el 25 por ciento de quienes allí viven no tiene cubiertas sus Necesidades Básicas.

En todo el departamento se estima que viven unos 30 mil indígenas, organizados a través de 39 resguardos correspondientes a los pueblos inga, cofán siona, camëntza, murui, coreguaje, muinane, andoque, huitoto, nonuya, okaina, bora, paez y emberá.

Como es conocido en Colombia, los territorios del sur del país, antes agrupados en lo que era conocido como comisarías e intendencias, siempre han padecido el abandono del centro histórico, donde su clase dirigente mira con desprecio al resto del país. Habitado también por colonos que han emigrado allí en busca de tierra y de alguna forma para rebuscarse el pan diario, el Putumayo registra un desigual desarrollo económico, que se limita al pancoger y a las siembras menores para el comercio con poblaciones vecinas.

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Video: Las catastróficas consecuencias de la inundación en Colombia a vista de dron 

Publicado enColombia
Unas 700.000 personas permanecen en las calles de Haití siete meses después del sismo de 7 grados que asoló parte del país el 12 de enero, dijo hoy primer ministro haitiano, Jean Max Bellerive, quien admitió que mejorar la situación de la empobrecida nación durará "años".

El terremoto causó unos 300.000 muertos, otros tantos heridos y más de un millón de damnificados.

Sin embargo, Bellerive dijo a periodistas en Santo Domingo que alrededor de 300.000 personas han sido retiradas de las calles, lo que representó, según reconoció, "un trabajo enorme".

Hay 700.000 personas a las que hay que darles "agua, comida y todo diariamente", dijo, y señaló que para ello "se gasta mucho dinero".

Bellerive, quien asistió hoy en Santo Domingo a la presentación de un fondo de inversión privado para su país, señaló que "la gente piensa que las cosas no caminan".

Sin embargo, señaló que la realidad es que aunque lentamente, el proceso de recuperación marcha de manera "clara y segura".

Sobre la anunciada reconstrucción de Haití tras el sismo, Bellerive admitió que "va lenta, pero segura".

Explicó que, desde el principio de la tragedia, el proyecto del Gobierno haitiano es "no rehacer lo que se hizo hace treinta años", sino, diseñar proyectos y buscar apoyo financiero para ejecutarlos.

Agregó que "no se puede permitir construir de la misma manera" como se ha hecho, hasta el momento, en Haití, el país más pobre de América.

Asimismo, recordó que en la última reunión de la Comisión Interina por la Reconstrucción de Haití (CIRH), que dirige junto al el ex presidente estadounidense Bill Clinton, se presentaron proyectos por 1.600 millones de dólares, lo que representa el compromiso de la comunidad internacional con su nación.

Del total presentado, 904 millones de dólares ya fueron "ubicados" para financiar proyectos específicos presentados por el Gobierno haitiano, entre ellos, de electricidad, agricultura , infraestructuras, educación y salud pública, apuntó Bellerive.

"Esos proyectos fueron identificados, tenemos los presupuestos y sabemos quien lo va a financiar", declaró.

Asimismo, confió en que la comunidad internacional no abandonará al empobrecido país caribeño.

"Estoy convencido de que se va a cumplir la promesa de ayudar a Haití", afirmó, al tiempo que negó que el proceso electoral que vive su país de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre próximo, incida negativamente en la situación de las personas que permanecen en las calles tras el sismo de enero.

EFE
Santo Domingo
Publicado enInternacional
El 30 de noviembre, un terraplén del Canal del Dique se rompió a la altura de Santa Lucía, y el agua inundó gran parte del sur del Atlántico. Lo ocurrido pudiera tener mayores dimensiones que lo sucedido en 2005 en Nueva Orleáns al paso del huracán Katrina. Al menos cuatro poblados del departamento quedaron sepultados bajo el agua y seguramente tendrán que ser reubicados. El 5 de diciembre, en Bello (Antioquia), un alud de tierra sepultó un barrio y decenas de personas (se estima que al menos un centenar) fallecieron. A mediados de diciembre, Gramalote, tradicional pueblo de Norte de Santander, con 150 años de establecido, fue literalmente “comido por la tierra” luego que una falla geológica, saturada de agua, se desplazara y lo destruyera por completo. En La Renta (Lebrija, Santander), otra falla geológica que se anegó por las intensas lluvias destruyó más de tres kilómetros de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, dejando cerrada esta importante arteria vial que comunica el puerto fluvial petrolero con los Santanderes. La vía sigue, hasta el momento de elaborar esta nota (enero 14), sin ser reparada.

Lo que algunos han dado en llamar una “emergencia invernal” no es más que la evidencia de la crisis ambiental del país. Los ejemplos son claros. Gran parte del territorio nacional, especialmente regiones de la Costa Caribe, los Santanderes, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y la Sabana de Bogotá, estuvo inundado por semanas, y varios sectores aún continúan anegados. Los principales ríos del país –Magdalena, Sinú, San Jorge, Atrato, Cauca y demás afluentes menores que tributan en estos ríos– se han desbordado, dejando poblaciones enteras bajo el agua, además de cultivos e infraestructura. En la zona andina, los derrumbes y los deslizamientos son pan de cada día y destruyen barrios y poblados. La red vial del país colapsó y no será recuperada sino con meses de intensas obras; nueve vías nacionales están cerradas y restringidos 269 pasos por derrumbes, inundaciones y puentes en mal estado.

Esta catástrofe ambiental ya tiene enormes repercusiones sociales. Según la Cruz Roja Colombiana, son 303 los muertos, 296 los heridos y 73 los desaparecidos por la ola invernal que afecta a 2.200.000 personas y tiene damnificadas a 445.500 familias, 317.000 viviendas averiadas y más de 3.348 totalmente destruidas. La Defensa Civil Colombiana informó que actualmente 121.345 personas afectadas por la ola invernal se encuentran ubicadas en 521 albergues temporales, escuelas, colegios y otros sitios públicos. Al desplazamiento por el conflicto se suman ahora miles de desplazados ambientales; de otro lado, la provisión de alimentos disminuyó y es notorio el aumento de los precios de la canasta familiar; la oferta de empleo ha disminuido, afectando el ingreso, y, por último, se incrementó el número de personas destechadas. Otras repercusiones son geográfico-ambientales, debido a las modificaciones de los territorios inundados en el escenario regional-municipal del país.

El presidente Juan Manuel Santos, que sigue culpando a la naturaleza al decir que lo ocurrido es la peor tragedia natural, ya ha advertido que la actual situación es una oportunidad para “reconstruir el país”, y dio un paso para esto, declarando la emergencia nacional el pasado 7 de diciembre, con el argumento de implementar acciones que permitan acelerar la atención a los damnificados por las inundaciones y los deslizamientos ocasionados por las lluvias.

Sin duda, lo sucedido plantea interrogantes importantes para hacer claridad sobre las causas de esta crisis ambiental, pero también sobre las medidas de mitigación. ¿Lo sucedido es producido por el llamado fenómeno de La Niña, intensificado por el cambio climático global? ¿Qué incidencia tiene el modelo de desarrollo territorial del país? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones estatales y particularmente las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en la prevención y moderación de estos “desastres naturales”? ¿Qué efectos tendrá la llamada reconstrucción del país que promueve el presidente Santos?

Espejismo del cambio climático en Colombia

Aunque el gobierno nacional culpabiliza al intenso fenómeno de La Niña, “derivado del cambio climático”, como el responsable de la crisis invernal, sin duda la causa principal está en un modelo desarrollo que ha transformado las selvas en potreros, plantaciones agroindustriales o proyectos mineros. Los ríos son desviados, represados, canalizados e invadidos sin respetar sus viejos cauces, y las ciénagas y humedales desecados, invadidos y rellenados para ser urbanizados o potrerizados. Antes de promover procesos de manejo sustentable, agroecológico o de conservación, se siguen priorizado obras de infraestructura que sacrifican montañas, selvas, páramos, ríos y humedales. El resultado está a la vista: erosión en las partes altas y ríos y ciénagas, colmados por sedimentos.

En lugar de rectificar, se viene profundizando un modelo económico que se reprimariza. Se intensifican las exportaciones primarias de petróleo, minerales, metales preciosos, energía y productos agrícolas (flores, banano, cítricos, café y carne), dejando grandes impactos sociales y ambientales que no se compensan con las divisas obtenidas. Tal modelo agro-extractivo exportador tiene su cuota de responsabilidad debido a la ampliación de la frontera minero-agrícola (en zonas de páramos y selvas). Ahora bien, respecto al modelo de desarrollo territorial, la vocación de los suelos y las aguas ha sido alterada. Así, por ejemplo, las tierras del Bajo Sinú (Córdoba), que tenían vocación agrícola y de protección ambiental como las ciénagas, han sido desecadas por los ganaderos, que de este modo amplían los linderos de sus fincas.

“La consecuencia más funesta que dejó la acción del Estado en esos ecosistemas cienagueros fue que abrió las agallas de la codicia de los terratenientes, quienes, siguiendo el ejemplo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en forma privada se han dedicado a desecar las zonas pantanosas en todo lo largo y ancho de la geografía de este departamento, con el propósito de aumentar el tamaño de sus propiedades. La acción de los terratenientes por acabar con los pantanos ha exasperado al máximo la preocupación de los campesinos como producto del desarrollo capitalista del campo. Ahora ven desplomarse [...] la última oportunidad de seguir viviendo en la vasta gama de pueblos de ciénagas que derivan el sustento directo de la gran biodiversidad de fauna y flora que éstas les ofrecen”1.

Lo que sucede no es nuevo. Desde hace años, las poblaciones del San Jorge y el Sinú, antiguo territorio Zenú, vienen denunciando que las inundaciones son cada vez más frecuentes e intensas en la zona, ya que las ciénagas y los humedales cumplían el papel ecológico de regulación de las inundaciones, y, no existiendo éstas, son más factibles y crecientes las inundaciones –tal como sucede actualmente–, además de la afectación que la construcción de la represa de Urrá ocasiona en la dinámica hídrica de la cuenca del río Sinú.

En las ciudades, las familias campesinas han tenido que construir sus asentamientos en zonas de alto riesgo (caso Bello, Antioquia, Morrorrico en Bucaramanga, ciudad Bolívar en Bogotá, etcétera) y en las zonas de cauce de los ríos (Río de Oro en Girón, Santander), en muchas ocasiones bajo la permisividad de las instituciones estatales (nacionales, regionales-municipales), que no les ofrecen opciones, y que no definen políticas ni programas para reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones ya asentadas. Es ésta una problemática que tiene que ver con la iniquidad del acceso a la tierra urbana. Las mejores tierras de la ciudades son ocupadas por urbanizaciones estratos 5 y 6, centros comerciales y otros intereses del capital, beneficiando a los grandes constructores (plusvalía urbana) y disminuyendo los espacios necesarios para vivienda social.

El problema de fondo es el tipo de ordenamiento territorial (rural y urbano) que se hace en los ámbitos municipal-regional y nacional para el desarrollo del capital, y no uno que contribuya al buen vivir de la población y la sustentabilidad (mitigación de riesgos, reforestación de cuencas hidrográficas, respeto por los cauces de los ríos, usos debidos del suelo; no desecamiento de ciénagas, manglares y humedales, protección de los páramos y selvas, etcétera). En esta problemática contribuyen las instituciones estatales de orden nacional y regional-municipal, como es el caso de las CAR, que tienen responsabilidad en el ordenamiento territorial según el artículo 7º de la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997.

¿Las CAR, responsables de los desastres naturales?

El presente gobierno nacional ha señalado cierta responsabilidad de las CAR en las inundaciones por no haber adelantado las medidas preventivas al respecto. Sin embargo, cabe decir que ello significa buscar culpables en entidades donde históricamente la clase política regional-nacional ha formado parte de sus consejos directivos y se beneficia tanto de la “captura reguladora como de la captura política” de estas entidades, y no sólo la clase política sino también las ONG partícipes. “El mayor problema que parece afectar el sistema de gobierno de las CAR es su captura por parte de grupos del sector político tradicional, de la sociedad civil y del sector productivo, con el fin de satisfacer sus intereses particulares”2. Intereses forestales, mineros, aprovechamiento de caudales e intereses agroindustriales.

Entonces, la afirmación del Gobierno tiene y no tiene razón por lo expuesto. Además, con la reforma de las instituciones ambientales en el gobierno anterior, las CAR se dedicaron más al desarrollo de la agenda gris (saneamiento ambiental –obras de ladrillo y cemento) que al desarrollo de la agenda verde (conservación, mitigación, restauración y protección ambiental). Y frente a problemas de competencias interinstitucionales con entidades nacionales como Minambiente o Minminas, las CAR presentan una limitada autonomía de la gestión ambiental, por ejemplo, con la aprobación de licencias ambientales a megaproyectos que afectan jurisdicciones regionales; entonces, lo que se hace es “buscar la causa río arriba”.

Lo anterior no escinde la responsabilidad que les cabe a las CAR dentro de sus funciones, como lo reza el literal 19, artículo 31 de la Ley 99 de 1993:

“Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras”.

Seguramente las CAR más grandes y que manejan importantes recursos económicos no los han utilizado para el cumplimiento de estas funciones, o el problema arriba señalado de su “captura política y reguladora” ha desviado el uso de los mismos. Pero el juicio de responsabilidades no es sólo de las CAR sino también de otras entidades estatales, como los departamentos, los municipios, Mintransporte, Minambiente y Minhacienda, por aquello de la disciplina fiscal. Como corolario en la relación Estado-Sociedad, se dirá que el Estado no está al servicio de la sociedad sino la sociedad al servicio del Estado.

¿Reconstruyendo el país o configurando nuevos territorios?

Ante la emergencia nacional, el Gobierno hizo una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Ha tomado medidas asistencialistas, como impulsar la campaña “Colombia Humanitaria”, que está recaudando fondos para la atención a los afectados5. También definió medidas tributarias (exenciones fiscales a las zonas afectadas), ha mencionado la posibilidad de entregar tierras de extinción de dominio, ha ofrecido a los afectados trabajo temporal por seis meses en la reconstrucción, está otorgando subsidios de arriendo por seis meses, ha hecho promesas de reubicación de poblados (caso Gramalote, Norte de Santander, y sur del Atlántico) y definió la reconstrucción de las vías afectadas.
Pero no se mencionan las causas de la problemática de fondo, dados los acumulados de los desastres en el país. Parodiando al profesor Carlos Vilas respecto a la política social, unos se dedican a crear los desastres (modelo de desarrollo) y otros a recoger los escombros (las entidades asistencialistas y el Estado).

La crisis invernal les cae como anillo al dedo a Santos y su gobierno, que ve en ella una oportunidad para “pensar en grande”, reconstruyendo el país a su acomodo. De hecho, la crisis también permite argumentar la venta de un nuevo porcentaje de la acciones de Ecopetrol. Con los varios miles de millones de dólares que esperan conseguir por su venta, constituirán un fondo de reconstrucción de obras de infraestructura, como carreteras y puentes, destruidos por las inundaciones y las lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña. Seguramente también la minería será avalada con el mismo argumento: fondos para la reconstrucción.

El asunto es claro: mientras las lluvias dejaron millones de personas afectadas, la reconstrucción facilitará la reconfiguración de nuevos territorios para el capital. Más claro no canta un gallo.

*    Profesor de la Escuela Superior de Administración Pública y miembro del equipo de Censat Agua Viva.
**    Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia.
1    Cepeda, Iván; Rojas, Jorge. A las puertas del Ubérrimo. Editorial Debate, Bogotá, 2008, p. 18.
2    Canal A., Francisco, Rodríguez B., Manuel. “Las corporaciones autónomas regionales, quince años después de la creación del Sina”, en: Gobernabilidad, instituciones y medio ambiente en Colombia. Manuel Rodríguez Becerra, editor. Foro Nacional Ambiental, Bogotá, 2008, p. 359.
A la fecha de escrito el artículo, se habían conseguido donaciones que superan los 33 mil millones de pesos entre donaciones económicas y en especie.

Publicado enEdición 165
Martes, 02 Diciembre 2008 14:32

Colombia, se ahoga la Seguridad Democrática

Un ambiente de crisis se respira por toda Colombia. El gobierno nacional se empecina en no prestar atención a la inocultable emergencia social que se vive por todas sus coordenadas, pero los signos son elocuentes: Corteros de la caña, indígenas, campesinos y otros sectores sociales alzados demandando dignidad y justicia; la bomba social desencadenada por la confiscación de DMG y los fraudulentos movimientos por parte de especuladoras financieras “ilegales” o pirámides; los falsos positivos que ocultan el asesinato aleve de cientos de jóvenes pobladores de barriadas periféricas en Bogotá, Bucaramanga, Pereira y otras ciudades. Crisis que desnuda la debilidad de la llamada Segurdad Democrática, centrada solamente en el aspecto militar, en especial, en la confrontación a la insurgencia. El puntillazo a la política central del gobierno Uribe ha corrido por cuenta de la ola invernal en curso desde octubre, la que no solamente anegó extensas regiones nacionales, dejando en la más profunda miseria a miles de familias, sino que además ahogó la propagandeada Seguridad, al evidenciar la improvisación que campea en el alto Gobierno.

Improvisación. “Estamos viviendo el invierno más crudo de los últimos setenta años”. “Medio país está bajo el agua”. Declaraciones oficiales. Al mismo tiempo, los reportes televisivos muestran extensas regiones rurales y semiurbanas cubiesrtas por el agua hasta los techos de las viviendas.

Imágenes crudas. Sí. Pero que parecen sacadas, tanto éstas como las declaraciones de los funcionarios públicos, de alguna grabación de hace uno u varios años.

En efecto, Colombia vive año tras año dos intensas temporadas de lluvia (abril – junio; octubre – principios de diciembre), y tras cada una de estas se repiten inundaciones, deslizamientos, derrumbes. Parece un cuento de terror, pero además uno de esos malos que hacen en Hollywood, con parte 2, 3. 4 y hasta más, donde el teleespectador, una vez observadas las primeras imágenes ya sabe toda la trama.

En Colombia, sí que sabemos lo qué va a suceder, quién va a padecer, quién propicia los desastres, etcétera.

Cubierto por innumerables ríos, el país goza de agua por doquier. Algunos de ellos, como el Magdalena y el Cauca, cruzan por lo que ahora son importantes ciudades, construidas en medio de una intensa lucha por el suelo. En sus periferias, al borde de los ríos, terminan siempre los más pobres. Aruñan su supervivencia. Arriesgan su vida para poder vivir.

Igual sucede en otras ciudades, que a pesar de no estar cruzadas por corrientes de agua, sí han sido construidas en medio del intenso desplazamiento que ya cuenta con más de cincuenta años, fruto del duro conflicto que no pareciera tener fin. Y como en las otras ciudades, en sus periferias terminan hacinados los más pobres. Al borde de peñascos, en terrenos deforestados, miles de familias tratan de superar la indiferencia oficial y el “destino”.

Llega el invierno, sin excepción, año tras año, los reportes son iguales: “muertas familias al deslizarse el terreno donde vivían”, “el río Magdalena supera su cota e inundó las sabanas de ….”, “miles de colombianos no tienen a donde ir, el río Cauca ha inundado sus casas”, etc., etc.

Y este 2008 no es diferente. Ahora nos dicen que el invierno que estamos soportando es el más intenso de los últimos setenta años. Puede que sí, puede que no. Ese no es el punto. El elemento central es porque en Colombia no existe una política de prevención de desastres, que considere dentro de su plan estratégico los dos inviernos anuales, además de la realidad de pobreza y exclusión que sin esfuerzo de doctores en geología o similares se detecta en cualquiera de las ciudades.

Inexistencia de tal política, aún más incomprensible, si tenemos en cuenta que el programa central del actual Gobierno tiene por nombre “Seguridad Democrática”. ¿Seguridad para quién?

Trágica realidad

Sin excepción, cada año el invierno causa estragos en Colombia. Las cifras lo confirman. Mientras que en el año 2000 hubo 29.451 familias afectadas, en el 2006 se reportaron 41.365. En el 2007, fue un año suave, solamente salieron damnificadas 871 familias.

Otros datos. En el 2000 se presentaron 60 muertos, 42 heridos y 12 desaparecidos, mientras que en el 2007 los decesos se redujeron “solo” a 34, heridos 134 y desaparecidos 17. Este año la naturaleza no da tregua: 558.417 personas están hoy damnificadas.

Tragedia que no respeta año, y sin embargo la previsión oficial brilla por su inexistencia. Ni en los departamtentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico, donde siempre se sale de cauce el río Magdalena existen espacios especialmente construidos para trasladar en época de invierno a los habitantes de decenas de municipios. Tampoco en el Valle del Cauca, Antioquia y Córdoba, donde se sale de su curso el Cauca, o en el Chocó donde le sucede lo propio a ríos como el Atrato. Esto por solo mencionar un aspecto, pero la verdad es que tampoco existe política integral de vivienda, por no decir de habitat, ni de empleo, ni de producción de alimentos, por no extender más el despropósito.

Realidad trágica, pero que desnuda la inseguridad en que viven cientos de miles de colombianos. Año tras año un importante porcentaje de estos termina trepado en las ramas de frondosos árboles, en los techos de sus casas, o durmiendo en inmensos charcos que rodean sus viviendas. Cada año se quejan de que “lo perdieron todo”. Y así continúan sus vidas. Entre el sueño, el dolor y la realidad del desgobierno.

La solución que tiene a la mano el Gobierno es suplicar la solidaridad ciudadana. Llamar a efectuar aportes en ropa, colchonetas, alimentos no perecederos, dinero, etc. Y cada año, multinacionales como almácenes Éxito, Caracol, Kellogg´s, fungen de “buenos samaritanos”, hacen eco al llamado, abren bódegas para recibir los aportes, difunden los mensajes oficiales, y luego aparecen en los municipios como “benefactores”, como empresas “que saben redistribuir ganancias”. ¿Habrá mayor felonía y mayor desgobierno?

Entre lo inmediato y un manejo real de los terrenos

También recepciona la Cruz Roja colombiana. En el 2006 se recaudaron 65´051.302 millones de pesos para fines de solucionar en parte la situación de los damnificados, 34 toneladas de ayuda en las principales ciudades del país, 227 millones de pesos fueron donados por el gobierno italiano, entre otros. Este año, no es la excepción, y ya se informa que los colombianos han donado más de trescientas toneladas de comida y enseres, además de muchos millones. Por su parte el Gobierno, presionado por gobernadores y alcaldes que en reciente reunión evaluaron la difícil situación por la que atraviesan sus gobernados, destinó  3,1 billones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Regalías para paliar la crisis. Es decir, un corcho para tapar una represa.

Soluciones no sólo insuficientes sino de escaso corte coyuntural. Por ninguna parte se siente el largo plazo, es decir, las políticas para remediar de una vez y por todas estas tragedias, que si bien son propiciadas por la naturaleza lo cierto es que en mayor parte lo son por la inexistencia de una política de Estado que de verdad haga del ser humano el factor fundamental para cualquier gobierno, y de la seguridad una constante integral: empleo, alimentación, ingresos, información, manejo del medio ambiente, vivienda, etc, y no sólo una razón militar para el control y el domino.

Por: Julián Carreño
Publicado enColombia
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