Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enColombia
Desde las comunidades se defiende el territorio y la vida digna

Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.

 

Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.

 

Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.

 

Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro

 

Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.

 

Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.

 

¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.

 

Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.

 

Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.

 

Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

 

Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).

 

Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

 

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.

 

Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.

 

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

 

* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.

 

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Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enEdición Nº251
Desde las comunidades se defiende el territorio y la vida digna

Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.

 

Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.

 

Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.

 

Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro

 

Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.

 

Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.

 

¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.

 

Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.

 

Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.

 

Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

 

Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).

 

Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

 

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.

 

Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.

 

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

 

* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.

 

Publicado enEdición Nº251
El río Samaná, un tesoro oculto que pretenden acabar

“La legalidad de las licencias ambientales, deben ser más que legales con el gobierno, 

legales con la comunidad y el ambiente”, 

Gustavo Wilches-Chaux.

 

Aunque a primera vista no parece así, y aunque nunca es reconocido por sus impulsores, la construcción de represas representa un riesgo inminente tanto para los ecosistemas como para las poblaciones asentadas en tales territorios.

 

El reclamo que actualmente elevan las poblaciones en defensa de sus territorios, a través de diversidad de consultas populares, refleja que más que un progreso impuesto, estas prefieren conservar el medio ambiente, al tiempo que les respeten el derecho a vivir en paz.

 

Tales son las exigencias de los pobladores afectados con la central hidroeléctrica Porvenir II que pretenden construir en el río Samaná una obra que, además de generar un importante desplazamiento de personas (re-victimización de población retornada), atenta contra un ecosistema valorado como único por su riqueza biológica, y de importancia para la conservación de especies endémicas con presencia en esta región del país.

 

“Más vale prevenir que curar”

 

Colombia cuenta con 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas, ubicándose, después de Brasil, en el segundo país con mayor número de especies de peces de agua dulce; asimismo ocupa el segundo puesto entre los países más biodiverso del mundo. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el 25 por ciento de los peces del mundo (incluidos los peces marinos) están en territorio colombiano.

 

La conservación de estas especies, en palabras del profesor Jaime Aguirre Ceballos, es prioritaria, no sólo por el papel que desempeña en la diversidad total del país y del mundo, sino también por “su importancia socioeconómica y de la seguridad alimentaria de amplias zonas del país y, generalmente de aquellas de mayor pobreza”.

 

No obstante, un estudio de la Universidad Nacional determinó que los peces en los mares y ríos colombianos han disminuido a una tercera parte en la última década, en comparación con la cantidad de los mismos en los años 70 del siglo XX. Las causas, según varios autores, son atribuidas a diferentes fenómenos como la deforestación y transformación de ecosistemas, la construcción de represas, la minería y contaminación con mercurio, así como la sobreexplotación pesquera.

 

Comprendiendo que los planes para la conservación de los hábitats, y de quienes los habitan, deben ser integrales, aquí en este artículo se abordan únicamente los temas de transformación de los ecosistemas y construcción de represas por su carácter urgente y, sobre todo, porque son prevenibles.

 

A diferencia del resto de causas que podrían entenderse como enfermedades ya adquiridas, y que deben tratarse desde políticas de salud animal en general, la construcción de más represas aún puede prevenirse. La vitalidad de nuestros ecosistemas depende de nuestro cuidado. Como bien hemos aprendido desde la misma medicina: “más vale prevenir que curar”.

 

El río Samaná, el último río libre y limpio de Antioquia



De los 8 ríos principales y 125 afluentes que recorren el departamento de Antioquia, el río Samaná es el único en su magnitud que cumple con dos condiciones: no estar obstruido por represas y estar limpio; su historia reciente, marcada por la presencia sobre su cuenca de actores armados, y su ubicación geográfica, lo han conservado como un joya intacta en medio de la devastación ambiental: La totalidad de ríos que conforman su cuenca han sido intervenidos con hidroeléctricas, a saber, los ríos Guatapé, Nare, San Carlos, Cocorná, Caldera y Santo Domingo.

 

Es esta realidad la que le otorga mayor importancia al cañón del río Samaná, ya que tiene la particularidad de ser un ecosistema valorado cómo único por su riqueza biológica y de importancia para la conservación de especies endémicas de Colombia, específicamente de la región del Magdalena Medio.

 

Es así como el Río Samaná es actualmente un refugio de conservación de las especies del Río Magdalena, el cual registra, con 53, la mayor cantidad de especies de peces amenazadas en el país. La declinación de sus pesquerías ponen en evidencia esta amenaza: “En los últimos 40 años se ha registrado un descenso cercano al 90 por ciento de las capturas, pasando de 80.000 toneladas anuales en la década de 1970 a menos de 10.000 a finales del siglo pasado”.

 

Por su parte, en la cuenca del Río Samaná se han detectado 30 especies de peces que se encuentran en algún estado de amenaza: En peligro crítico (1), en peligro (4), vulnerables (11), casi amenazadas (10), preocupación menor (2) y no aplica n/a (2). De estas 30, quince especies son migrantes y 24 son endémicas de Colombia. (Ver tabla 1).

 

Una realidad con afectación inmediata y de alto impacto también en lo económico y dieta alimenticia, pues para el 90 por ciento de los pobladores del cañón del Samaná la pesca es parte fundamental de su actividad económica, además de ser su base nutricional. Los habitantes del cañón están distribuidos en 35 veredas pertenecientes a 4 municipios (sólo considerando los de la parte alta del cañón). San Luis (10), San Carlos (11), Caracolí (5), puerto Nare (9), adicional de dos centros poblados: Puerto Garza (Narices) y La Pesca.

 

Además, y más allá de las especies acuáticas, la intervención del río para construir en su lecho una represa, también afectaría de manera grave otras especies que habitan su cuenca. Según un reporte de investigación realizado con el apoyo de diferentes organizaciones, se han registrado en la zona 673 especies de flora distribuidas en 103 familias, de las cuales hay 22 con alto valor de conservación; 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves (2 endémicas), 33 de anfibios (3 endémicas) y 35 de reptiles (1 endémica). Con el embalse, se talarían más de 76.000 individuos de especies arbóreas catalogadas en alguna categoría de peligro (incluyendo 2 endémicas, 2 en peligro crítico y 5 en peligro), además de afectar especies endémicas cuya área de distribución no supera los 2 departamentos (afectación de más de 29.000 individuos).

 

Las represas no son sinónimo de energías limpias

 

La construcción de represas genera una transformación de los ecosistemas, con la cual, tanto las especies de peces migrantes como no migrantes sufren un proceso de desplazamiento o adaptación a los nuevos hábitats.

 

Al modificarse los ecosistemas cambian las dinámicas del entorno por lo que podría ocurrir un desplazamiento o, en el peor de los casos, extinciones locales de las especies nativas; riesgo que se acrecienta con la llegada de otras especies que se acondicionen mejor a estos nuevos ambientes y que entran a competir con las especies locales.

 

Tal fue el caso con el ya extinto Runcho (Rhizosomichthys totae) en la laguna de Tota. Tras la introducción de la trucha arcoíris en los años 50 y otras especies foráneas que le sirvieran de “forraje”, se produjo la desaparición de esta especie por competición ecológica. Lo que confirma, una vez más, que la evolución de las especies que tan sabiamente identifico y procesó Darwin no es un cuento.

 

Para el caso del Río Samaná, las especies de peces que más se verían afectadas con la construcción de la represa serían las migratorias, ya que el levantamiento de paredes y otros obstáculos de cemento forrado implica un obstáculo en sus ciclos de vida naturales. De las 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas en Colombia, 106 son especies migrantes: aquellas que hacen desplazamientos a través de los ríos principales y/o tributarios de Colombia; algunas de ellas, como el Bocachico (Prochilodus magdalenae), entre otras especies de importancia económica y alimentaria, migran en periodos cíclicos, lo que conocemos como las “subiendas” y “bajanzas”; Estas migraciones han potenciado la cultura nacional, tal es el caso de las fiestas del Bocachico celebradas en Puerto Garza, en el municipio de San Carlos.

 

De estas 106 especies migratorias, 15 recorren las aguas del Samaná (de las 30 registradas en amenaza para esta cuenca). Peces migrantes como la Dorada, Jetudo (pataló), Sabaleta, Picuda, Bocachico, Comelón, Vizcaína, Bagre, Capaz, Nicuro, entre otros, tenderían a desaparecer tanto río arriba como río debajo de la represa.

 

El ciclo de vida de estas especies migratorias se caracteriza por migraciones masivas o de pequeños grupos, dependiendo de la familia; las cuales parten desde las ciénagas donde se crían, hasta las cuencas altas donde se reproducen y desovan. Al interponer una barrera en sus travesías quedan bloqueadas, y se fragmenta el hábitat, quedan aisladas las especies nativas y transformado el flujo natural de los ríos. Todo esto se refleja en que los peces río abajo dejan de remontar sus aguas (por falta de sedimento, y/o alimento, represado en el embalse, o bien porque la variación de las corrientes (geomorfología fluvial) no coincide con el patrón de comportamiento de nado de estas especies. Asimismo, río arriba también queda interrumpido su ciclo reproductivo, por lo que no abrían condiciones apropiadas para el desove e incubación de los huevos, lo que terminaría en posibles extinciones locales de estas especies. Toda una catástrofe para la naturaleza, que no es ajena a nosotros pues somos parte de ella, es decir, todo un desastre para nosotros como especie, a pesar de que algunos empresarios se llenen sus bolsillos con la energía que venderán.

 

Además de fragmentar el hábitat, transformándolo en otro, hay una ruptura en la intercomunicación de diferentes ecosistemas, con lo cual serían afectadas no sólo las especies migrantes sino todas. Muchas especies, por ejemplo, que no son migrantes y viven en las cuencas altas dependen indirectamente de las ciénagas, pues depredan las especies que migran desde allí en las “subiendas”.

 

En intentos por mitigar estos impactos, algunas hidroeléctricas han dispuesto rampas o pasajes para peces migratorios que reconecten las rutas interrumpidas por la represa, sin embargo hasta la fecha no han sido exitosas.

 

Por su parte, según advierte El Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia, “llama la atención que a pesar de la enorme diversidad íctica, el país no cuenta con Parques Nacionales Naturales que incluyan a los peces dulceacuícolas entre sus objetos de conservación, así como tampoco existen áreas protegidas dedicadas específicamente a su protección y aprovechamiento sostenible”.

 

Si gana el medio ambiente ganamos todos

 

No es válido hablar de progreso si éste conlleva repercusiones tan negativas en los territorios. La ciencia y tecnología han demostrado que estamos a la altura de generar progreso en las regiones, en conciliación con las comunidades y el medio ambiente. Asunto que parece no interesarle al gobierno, ni a Celsia (Filial de Grupos Argos y promotores del proyecto Hidroeléctrico Porvenir II), Su sordera ante las reiteradas inconformidades de la comunidad afectada es notable.

 

Pero se hace camino al andar. Como alternativa al impacto negativo que produciría la represa, la Fundación Yumaná propone la creación del Parque Río Samaná, donde se promueva “un modelo de protección de corredores biológicos y ecosistemas únicos, haciendo provecho de los recursos naturales, culturales y arqueológicos”. Su pretensión es combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”.

 

La propuesta invita a la participación de las organizaciones campesinas, sociales, ambientales y líderes locales, en donde se desarrollen “estrategias de inclusión socioeconómica”, convirtiéndose este en un “referente de integración comunitaria, modelo de reconciliación y paz”.

 

Es una propuesta, pueden levantarse otras, lo importante y urgente es reconocer que está en nuestras manos abogar por la conservación de nuestra biodiversidad y seguridad alimentaria; y que para salvar al Río Samaná es necesaria la movilización social, a la par de acciones jurídicas y de propuestas creativas alternas y realmente amigables con el medio ambiente y las comunidades allí asentadas. La apuesta está en construir el bienestar futuro a partir de un modelo social participativo, consciente y en armonía con nuestro más preciado tesoro: nuestro medio ambiente, para así lograr vida digna para todos y todas.

 

 

 

Publicado enColombia
El río Samaná, un tesoro oculto que pretenden acabar

“La legalidad de las licencias ambientales, deben ser más que legales con el gobierno, 

legales con la comunidad y el ambiente”, 

Gustavo Wilches-Chaux.

 

Aunque a primera vista no parece así, y aunque nunca es reconocido por sus impulsores, la construcción de represas representa un riesgo inminente tanto para los ecosistemas como para las poblaciones asentadas en tales territorios.

 

El reclamo que actualmente elevan las poblaciones en defensa de sus territorios, a través de diversidad de consultas populares, refleja que más que un progreso impuesto, estas prefieren conservar el medio ambiente, al tiempo que les respeten el derecho a vivir en paz.

 

Tales son las exigencias de los pobladores afectados con la central hidroeléctrica Porvenir II que pretenden construir en el río Samaná una obra que, además de generar un importante desplazamiento de personas (re-victimización de población retornada), atenta contra un ecosistema valorado como único por su riqueza biológica, y de importancia para la conservación de especies endémicas con presencia en esta región del país.

 

“Más vale prevenir que curar”

 

Colombia cuenta con 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas, ubicándose, después de Brasil, en el segundo país con mayor número de especies de peces de agua dulce; asimismo ocupa el segundo puesto entre los países más biodiverso del mundo. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el 25 por ciento de los peces del mundo (incluidos los peces marinos) están en territorio colombiano.

 

La conservación de estas especies, en palabras del profesor Jaime Aguirre Ceballos, es prioritaria, no sólo por el papel que desempeña en la diversidad total del país y del mundo, sino también por “su importancia socioeconómica y de la seguridad alimentaria de amplias zonas del país y, generalmente de aquellas de mayor pobreza”.

 

No obstante, un estudio de la Universidad Nacional determinó que los peces en los mares y ríos colombianos han disminuido a una tercera parte en la última década, en comparación con la cantidad de los mismos en los años 70 del siglo XX. Las causas, según varios autores, son atribuidas a diferentes fenómenos como la deforestación y transformación de ecosistemas, la construcción de represas, la minería y contaminación con mercurio, así como la sobreexplotación pesquera.

 

Comprendiendo que los planes para la conservación de los hábitats, y de quienes los habitan, deben ser integrales, aquí en este artículo se abordan únicamente los temas de transformación de los ecosistemas y construcción de represas por su carácter urgente y, sobre todo, porque son prevenibles.

 

A diferencia del resto de causas que podrían entenderse como enfermedades ya adquiridas, y que deben tratarse desde políticas de salud animal en general, la construcción de más represas aún puede prevenirse. La vitalidad de nuestros ecosistemas depende de nuestro cuidado. Como bien hemos aprendido desde la misma medicina: “más vale prevenir que curar”.

 

El río Samaná, el último río libre y limpio de Antioquia



De los 8 ríos principales y 125 afluentes que recorren el departamento de Antioquia, el río Samaná es el único en su magnitud que cumple con dos condiciones: no estar obstruido por represas y estar limpio; su historia reciente, marcada por la presencia sobre su cuenca de actores armados, y su ubicación geográfica, lo han conservado como un joya intacta en medio de la devastación ambiental: La totalidad de ríos que conforman su cuenca han sido intervenidos con hidroeléctricas, a saber, los ríos Guatapé, Nare, San Carlos, Cocorná, Caldera y Santo Domingo.

 

Es esta realidad la que le otorga mayor importancia al cañón del río Samaná, ya que tiene la particularidad de ser un ecosistema valorado cómo único por su riqueza biológica y de importancia para la conservación de especies endémicas de Colombia, específicamente de la región del Magdalena Medio.

 

Es así como el Río Samaná es actualmente un refugio de conservación de las especies del Río Magdalena, el cual registra, con 53, la mayor cantidad de especies de peces amenazadas en el país. La declinación de sus pesquerías ponen en evidencia esta amenaza: “En los últimos 40 años se ha registrado un descenso cercano al 90 por ciento de las capturas, pasando de 80.000 toneladas anuales en la década de 1970 a menos de 10.000 a finales del siglo pasado”.

 

Por su parte, en la cuenca del Río Samaná se han detectado 30 especies de peces que se encuentran en algún estado de amenaza: En peligro crítico (1), en peligro (4), vulnerables (11), casi amenazadas (10), preocupación menor (2) y no aplica n/a (2). De estas 30, quince especies son migrantes y 24 son endémicas de Colombia. (Ver tabla 1).

 

Una realidad con afectación inmediata y de alto impacto también en lo económico y dieta alimenticia, pues para el 90 por ciento de los pobladores del cañón del Samaná la pesca es parte fundamental de su actividad económica, además de ser su base nutricional. Los habitantes del cañón están distribuidos en 35 veredas pertenecientes a 4 municipios (sólo considerando los de la parte alta del cañón). San Luis (10), San Carlos (11), Caracolí (5), puerto Nare (9), adicional de dos centros poblados: Puerto Garza (Narices) y La Pesca.

 

Además, y más allá de las especies acuáticas, la intervención del río para construir en su lecho una represa, también afectaría de manera grave otras especies que habitan su cuenca. Según un reporte de investigación realizado con el apoyo de diferentes organizaciones, se han registrado en la zona 673 especies de flora distribuidas en 103 familias, de las cuales hay 22 con alto valor de conservación; 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves (2 endémicas), 33 de anfibios (3 endémicas) y 35 de reptiles (1 endémica). Con el embalse, se talarían más de 76.000 individuos de especies arbóreas catalogadas en alguna categoría de peligro (incluyendo 2 endémicas, 2 en peligro crítico y 5 en peligro), además de afectar especies endémicas cuya área de distribución no supera los 2 departamentos (afectación de más de 29.000 individuos).

 

Las represas no son sinónimo de energías limpias

 

La construcción de represas genera una transformación de los ecosistemas, con la cual, tanto las especies de peces migrantes como no migrantes sufren un proceso de desplazamiento o adaptación a los nuevos hábitats.

 

Al modificarse los ecosistemas cambian las dinámicas del entorno por lo que podría ocurrir un desplazamiento o, en el peor de los casos, extinciones locales de las especies nativas; riesgo que se acrecienta con la llegada de otras especies que se acondicionen mejor a estos nuevos ambientes y que entran a competir con las especies locales.

 

Tal fue el caso con el ya extinto Runcho (Rhizosomichthys totae) en la laguna de Tota. Tras la introducción de la trucha arcoíris en los años 50 y otras especies foráneas que le sirvieran de “forraje”, se produjo la desaparición de esta especie por competición ecológica. Lo que confirma, una vez más, que la evolución de las especies que tan sabiamente identifico y procesó Darwin no es un cuento.

 

Para el caso del Río Samaná, las especies de peces que más se verían afectadas con la construcción de la represa serían las migratorias, ya que el levantamiento de paredes y otros obstáculos de cemento forrado implica un obstáculo en sus ciclos de vida naturales. De las 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas en Colombia, 106 son especies migrantes: aquellas que hacen desplazamientos a través de los ríos principales y/o tributarios de Colombia; algunas de ellas, como el Bocachico (Prochilodus magdalenae), entre otras especies de importancia económica y alimentaria, migran en periodos cíclicos, lo que conocemos como las “subiendas” y “bajanzas”; Estas migraciones han potenciado la cultura nacional, tal es el caso de las fiestas del Bocachico celebradas en Puerto Garza, en el municipio de San Carlos.

 

De estas 106 especies migratorias, 15 recorren las aguas del Samaná (de las 30 registradas en amenaza para esta cuenca). Peces migrantes como la Dorada, Jetudo (pataló), Sabaleta, Picuda, Bocachico, Comelón, Vizcaína, Bagre, Capaz, Nicuro, entre otros, tenderían a desaparecer tanto río arriba como río debajo de la represa.

 

El ciclo de vida de estas especies migratorias se caracteriza por migraciones masivas o de pequeños grupos, dependiendo de la familia; las cuales parten desde las ciénagas donde se crían, hasta las cuencas altas donde se reproducen y desovan. Al interponer una barrera en sus travesías quedan bloqueadas, y se fragmenta el hábitat, quedan aisladas las especies nativas y transformado el flujo natural de los ríos. Todo esto se refleja en que los peces río abajo dejan de remontar sus aguas (por falta de sedimento, y/o alimento, represado en el embalse, o bien porque la variación de las corrientes (geomorfología fluvial) no coincide con el patrón de comportamiento de nado de estas especies. Asimismo, río arriba también queda interrumpido su ciclo reproductivo, por lo que no abrían condiciones apropiadas para el desove e incubación de los huevos, lo que terminaría en posibles extinciones locales de estas especies. Toda una catástrofe para la naturaleza, que no es ajena a nosotros pues somos parte de ella, es decir, todo un desastre para nosotros como especie, a pesar de que algunos empresarios se llenen sus bolsillos con la energía que venderán.

 

Además de fragmentar el hábitat, transformándolo en otro, hay una ruptura en la intercomunicación de diferentes ecosistemas, con lo cual serían afectadas no sólo las especies migrantes sino todas. Muchas especies, por ejemplo, que no son migrantes y viven en las cuencas altas dependen indirectamente de las ciénagas, pues depredan las especies que migran desde allí en las “subiendas”.

 

En intentos por mitigar estos impactos, algunas hidroeléctricas han dispuesto rampas o pasajes para peces migratorios que reconecten las rutas interrumpidas por la represa, sin embargo hasta la fecha no han sido exitosas.

 

Por su parte, según advierte El Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia, “llama la atención que a pesar de la enorme diversidad íctica, el país no cuenta con Parques Nacionales Naturales que incluyan a los peces dulceacuícolas entre sus objetos de conservación, así como tampoco existen áreas protegidas dedicadas específicamente a su protección y aprovechamiento sostenible”.

 

Si gana el medio ambiente ganamos todos

 

No es válido hablar de progreso si éste conlleva repercusiones tan negativas en los territorios. La ciencia y tecnología han demostrado que estamos a la altura de generar progreso en las regiones, en conciliación con las comunidades y el medio ambiente. Asunto que parece no interesarle al gobierno, ni a Celsia (Filial de Grupos Argos y promotores del proyecto Hidroeléctrico Porvenir II), Su sordera ante las reiteradas inconformidades de la comunidad afectada es notable.

 

Pero se hace camino al andar. Como alternativa al impacto negativo que produciría la represa, la Fundación Yumaná propone la creación del Parque Río Samaná, donde se promueva “un modelo de protección de corredores biológicos y ecosistemas únicos, haciendo provecho de los recursos naturales, culturales y arqueológicos”. Su pretensión es combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”.

 

La propuesta invita a la participación de las organizaciones campesinas, sociales, ambientales y líderes locales, en donde se desarrollen “estrategias de inclusión socioeconómica”, convirtiéndose este en un “referente de integración comunitaria, modelo de reconciliación y paz”.

 

Es una propuesta, pueden levantarse otras, lo importante y urgente es reconocer que está en nuestras manos abogar por la conservación de nuestra biodiversidad y seguridad alimentaria; y que para salvar al Río Samaná es necesaria la movilización social, a la par de acciones jurídicas y de propuestas creativas alternas y realmente amigables con el medio ambiente y las comunidades allí asentadas. La apuesta está en construir el bienestar futuro a partir de un modelo social participativo, consciente y en armonía con nuestro más preciado tesoro: nuestro medio ambiente, para así lograr vida digna para todos y todas.

 

 

 

Publicado enEdición Nº248
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enColombia
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enEdición Nº247
Una bienal de arte para soñar y reclamar la ciudad

“El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos. Necesitamos estar seguros de que podemos vivir con nuestras creaciones. Pero el derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente diferente es el más preciado de todos los derechos humanos”.

David Harvey
Ciudades rebeldes. 2012

 

La falta de justicia social es el pan de cada día en Bogotá. La capital colombiana figura hoy como una de las ciudades más desiguales del país: su coeficiente Gini (cuanto más cercano a 0 hay mayor igualdad, y cuanto más cercano a 1, mayor desigualdad), cerró el año pasado en 0,498. Adicional a esto, según el último informe de calidad de vida “Bogotá como vamos”, frente a la pobreza monetaria en el 2017, Bogotá vuelve al indicador de hace 5 años: 11,6 por ciento de la población bajo la línea de pobreza, es decir que de cada 100 hogares a duras penas 11 pueden suplir sus necesidades básicas; y la situación empeora.

 

No obstante, existen habitantes de esta ciudad que a pesar de vivir duramente la crisis en carne propia, le apuestan todo por organizarse desde abajo y actuar colectivamente en el territorio. Acá una de esas experiencias.

 

Lo que sucede en la cuenca alta del río Fucha

 

Sobre los Cerros Orientales, donde se asentó parte de la población migrante producto de la expansión económica del siglo XX y la violencia política de los años 60 y 70 del siglo pasado, se encuentra la cuenca alta del río Fucha, ubicado en la localidad de San Cristóbal, Unidad de Planeación Zonal (UPZ) San Blas, espacio poblado por 5.200 habitantes, distribuidos en 7 barrios: Montecarlo, San Cristóbal Alto, Manila, Gran Colombia, Los Laureles, La Cecilia y Aguas Claras.

 

En la actualidad, sobre este sector de la ciudad existen dos grandes proyectos turísticos y pseudo ambientales: el Parque lineal río Fucha y el Sendero de las Mariposas, impulsados por la actual alcaldía distrital. Proyectos con graves consecuencias, por las reubicaciones que implican, para quienes acá habitan: de los cerca de 2.000 predios en el territorio, ocupados por casas autoconstruidas, con gran valor simbólico y político con historia y memoria de 30 años de lucha y de construir ciudad, una vez tomen forma estos proyectos solo quedarían en pie cerca de 1.000, situación que genera incertidumbre, inseguridad y desconfianza en una comunidad que necesita que le garanticen a todos sus habitantes el derecho a la ciudad y a tener una vivienda digna.

 

Construyendo utopías en el territorio del alto Fucha

 

Corría el año 2013, cuando un grupo de jóvenes en unión con algunos habitantes del sector decidimos conformar la colectiva Huertopía Sembra luna, rescatando la importancia de la agroecología de la mano de algunos principios del feminismo, con un objetivo principal inicial: construir una huerta urbana llamada “Buen Vivir”. ¿Su propósito? Reconocer, junto a la comunidad, el valor de uso de los alimentos y la posibilidad de establecer una soberanía alimentaria para el barrio, además de promover la nueva dimensión de los derechos de la naturaleza y de la convivencia en armonía con la misma.

 

Después de un año de tejer relaciones con el barrio y su gente, decidimos crear una segunda huerta, que denominamos “Huertopía”. La primera intención con ésta era apropiarnos de un lote, fruto de las primeras reubicaciones sufridas por pobladores del barrio, el cual se estaba convirtiendo en un espacio de microtráfico. “Huertopía” se convirtió en el espacio más frecuentado por los niños que vieron en la huerta un espacio de juego, aprendizaje y transformación; espacio en el cual no prima el interés económico pues parte de la cosecha es para quien la trabaja.

 

Tensiones

 

Este proceso de creación y fortalecimiento comunitario ha tenido que pasar por grandes tensiones desde el 2015, a partir del momento en que a varias familias les llega una carta de la Caja de Vivienda Popular informándoles que serían desalojadas en 15 días sino aceptaban el plan de reasentamiento. Este hecho, al tiempo que desató gran indignación, fortaleció nuestra organización, presentando escenarios de movilización y denuncia frente a la política de reasentamiento que principalmente beneficia a los bancos y constructoras encargadas de construir las indignas viviendas de interés prioritario (VIP).

 

Luego de 3 años de exigencias, se expide la resolución de legalización parcial de los barrios Los Laureles y La Cecilia, en ella, según la Secretaria de Ambiente del Distrito se argumenta que los barrios se encuentran afectados por el paso de un hilo de agua denominado drenaje del río Fucha, el cual por su importancia debe ser conservado. Este fue el argumento mediante el cual se justifican reubicaciones de los predios que se encuentran cercanos al drenaje, los cuales están excluidos del proceso de legalización.

 

Con este panorama decidimos salir de trabajar solamente en las huertas, para trabajar por la obtención de los servicios y la legalización total del barrio. Es ésta la razón por la que la comunidad del Alto Fucha decide conformar la Comisión en Defensa del Territorio Fucha, con el fin de emprender acciones legales en demanda de claridades y socialización frente a los diagnósticos de riesgo y desalojo de la comunidad.

 

Dicho proceso generó el fortalecimiento de las discusiones colectivas sobre derecho a la ciudad desde una perspectiva crítica, profundizando en los varios planes que afectan el centro de la ciudad (Ver proyectos), del cual somos cercanos, y el territorio río Fucha, procesos de gentrificación, conurbación, metropolización y megalopolización1, caracterizados por un diseño no participativo que contribuyen a la profundización del patrón de acumulación neoliberal del capital financiero, inmobiliario y hotelero transnacional.

 

Todos estos escenarios de socialización y discusión procuran construir una posición barrial y popular en pro de la defensa del territorio Fucha. Con ese mismo objetivo encontramos sobre el camino procesos como Arquitectura expandida, que desde el año 2012 posibilitó un escenario de reunión comunitaria para la Junta de Acción Comunal-JAC del barrio La Cecilia, proceso conocido como La casa de la lluvia de ideas, proceso adscrito en las formas de construcción autónomas –como es el caso de los Ecobarrios en nuestra localidad–, articulado con el Mandato Popular del Centro (MPC), la Mesa Ambiental de los Cerros Orientales (MCO) en oposición al modelo imperante de ciudad.

 

Frente a la desigual disputa por la ciudad, los sectores populares han dispuesto su organización como la forma de encontrar solución a las problemáticas que las afectan, a la par de demandar el pago de la deuda histórica que el Estado tiene con quienes habitan la frontera de los Cerros Orientales, los barrios cercanos al centro o ubicados en los sitios donde se realizarán grandes planes o proyectos de renovación urbana.

 

Comunidades Fucha: un laboratorio llamado
Casa lluvia de ideas

 

Reconociendo el contexto de la cuenca alta del Río Fucha y las distintas formas organizativas existentes y posibles en el territorio, se han abierto otras propuestas de construcción colectiva en esta zona de la localidad de San Cristóbal. Es así como se impulsa, a partir de las artes, un espacio de encuentro que nos ha permitido reflexionar más a fondo frente al origen de los conflictos territoriales, los actores involucrados y sus respectivas implicaciones.

 

El laboratorio es en sí, una excusa para el encuentro con diferentes colectivas y organizaciones comunitarias de dentro y de fuera de los barrios del alto Fucha y la localidad; posibilita un encuentro intergeneracional para dar cuenta de las distintas formas de diálogo y construcción de soluciones creativas a necesidades culturales, sociales, ambientales y de comunicación entre los diferentes barrios y el trabajo de las formas de organización en el territorio. Este año hemos desarrollado un espacio de fortalecimiento de la autonomía a partir de la búsqueda del empoderamiento barrial por parte de los habitantes del barrio La Cecilia principalmente y vecinos, con ejercicios como: lecturas de cartografías de sueños, impulso a los proyectos de vida individuales y colectivos, elaboración de libros y fanzines.

 

Se han podido activar, así, esas formas de encuentro barrial poco exploradas, a través de apuestas como “La cumbia del reciclaje”, invitación lúdica2 que nos incitó a reciclar y a transformar la basura en objetos artísticos que tengan un segundo o tercer uso, como la creación de máscaras para una comparsa. De esa manera, como otra forma de resistir al desplazamiento y reasentamiento, empezamos a darle forma a un ecoterritorio cultural. Iniciativa integradora, de la cual salieron actividades como el Cecilazo3, el festival Barrios vivos, Fucha libre4, y la feria de trueque La Cecilia tiene crochet5.

 

El Cecilazo, en particular, representa el primer paso para proyectar lo que posteriormente sería la Primera bienal de arte comunitario, con un ejercicio de muralismo y campeonato de banquitas (en una de las calles con mayor número de casas en amenaza de reubicación) y como forma de dar a conocer el alcance de la Cumbia del reciclaje. El festival Barrios vivos, Fucha libre, fue un acercamiento a otro sector del territorio, afectado por la misma problemática a través de muestras musicales, intervenciones artísticas, talleres y encuentros deportivos, eventos que consolidaron alianzas territoriales.

 

Por otro lado, la feria de trueque La Cecilia tiene crochet, consistió en un ejercicio de acercamiento de la problemática a otros sectores y pobladores de la localidad y la ciudad, de modo que estos otros reconocieron estar afectados por la situación, así no vivieran allí. Otro objetivo logrado fue el de reconocer el trabajo y la participación constante de las mujeres y los niños en la construcción del tejido social. En el marco de esta feria, y como continuidad del ejercicio de reciclaje, se logró obtener más de mil bolsas que se convirtieron en setenta banderines que simbolizan estos espacios de encuentro en los que colectivamente se enlazaron y entrelazaron afectos, sueños y trabajo.

 

El arte como un encuentro para soñar, resistir y construir6

 

La primera bienal (San Cristóbal-2017), nace como un ejercicio de comunicación para la ciudad y el país frente a las problemáticas existentes en la capital, respecto al significado de los Cerros Orientales para la ciudad: uso del suelo, derecho de comunidades campesinas y urbanas a con-vivir en los cerros y la ausencia de garantía de nuestros derechos fundamentales.

 

La bienal surge como iniciativa de proyección de ciudad, a partir de lo que hemos denominado Eco-territorios culturales, propuesta de ciudad donde el arte, el ambiente, lo social, lo comunitario y lo organizacional se enlazan para construir durante casi un mes, de manera constante y continua, un ejercicio de resistencia con actividades para el diálogo, la reflexión y el encuentro cultural entre el arte y la comunidad. Las opiniones de algunos de quienes participaron –artistas y comunidad– refuerzan su validez (Ver Echando raíces).

 

En el marco de esta iniciativa se invitó a un grupo de artistas de la localidad, la ciudad y el país. La misma fue respondida por 27 artistas que desarrollaran intervenciones fijas de muralismo, escultura y gaffiti, cuarenta presentaciones artísticas entre teatro, títeres, músicas populares, rock, danza tradicional, break dance, literatura, narraciones orales, muestras gastronómicas, proyecciones audiovisuales, talleres, todo ello con la participación de los habitantes y las comunidades de los siete barrios del alto Fucha. Este fue un ejercicio de autogestión, solidaridad y apoyo de organizaciones locales así como también la comunidad, quienes a través de donaciones de materiales, préstamos de equipos, espacios, energía y hasta baños, hicieron posible su realización.

 

El camino está abierto, los sueños deben seguir diseñándolo.

 

* Colectivo Arto Arte, Colectiva Huertopía y Colectivo Aitue.
1 Gentrificación: proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado que provoca un aumento de los alquileres o del coste habitacional en estos espacios.
Conurbación: conjunto de poblaciones próximas entre ellas, cuyo progresivo crecimiento las ha puesto en contacto.
Metropolización: concepto geográfico que denota el crecimiento demográfico, espacial y operativo de las metrópolis o grandes ciudades que se caracterizan por su elevada complejidad.
Megalopolización: crecimiento urbano acelerado de las metrópolis, que lleva al contacto del área de influencia de una con las otras, formando conurbaciones de grandes ciudades.
2 Serenata “La Cumbia del Reciclaje” 2017 https://www.youtube.com/watch?v=eRN9O-ouefY
3 Para conocer más: http://www.worldurbancampaign.org/fundacion-bogotart-cultural-festivals-making-vibrant-and-trendy-previously-invisible-neighborhood
4 Para conocer más: http://www.worldurbancampaign.org/fundaci%C3%B3n-bogotart-barrios-vivos-fucha-libre-vibrant-neighborhoods-free-fucha
5 Para conocer más: http://www.worldurbancampaign.org/bogoart-foundation-la-cecilia-has-crochet-fundaci%C3%B3n-bogotart-la-cecilia-tiene-crochet
6 https://es-la.facebook.com/primerabienaldeartecomunitario/

 


 

Recuadro 1


Echando raíces

 

“De este ejercicio, que es como un sueño, se rescata la satisfacción expresada por muchos de los participantes, los cuales consideran que con arte y cultura se pude permanecer en el territorio, que estos aprendizajes pueden seguirse compartiendo y transmitiendo; que la gente de los barrios somos capaces de echar raíces, entablar diálogos, echar a andar procesos. Del mismo modo, la confianza que se revivió entre los habitantes de los barrios se evidenció, gracias al poder comunicarnos y de hacer cosas entre nosotros, con la gente, reuniéndonos, ayudando, colaborando”.

 

“Este país ha sido sometido a la violencia para que no nos vinculemos a procesos sociales, para que los sectores populares no participen. La bienal fue una oportunidad para que la gente se dejara sorprender nuevamente de las cosas, otra forma de sentir la vida, de mostrarle al mundo nuestro entorno y rescatar la riqueza que tenemos en los cerros y en nuestros barrios, nos dio la posibilidad de descubrir talentos de todas las edades, al tiempo que los vimos a todos reunidos por una misma causa. Esperamos haber difundido de una manera creativa y amena la voz de quienes nos encontramos en esta lucha por nuestros derechos: a la ciudad y el derecho a un hábitat digno y quienes también apostamos a soñar, tejer, construir, crear y hacer ciudad desde el juego, el arte, el encuentro, el trabajo y las sonrisas”*.

 

* Apreciaciones casi textuales de la comunidad, artistas y colectivos, enunciadas en reunión de cierre y evaluación del proceso el día 2 de septiembre.

 


 

Recuadro 2

 

Proyectos

 

Entre lo planeado para la reorganización del centro ampliado de Bogotá, existen las siguientes obras:

 

• Proyecto de intervención del CAN y ampliación del Aeropuerto El Dorado.
• Edificio Entre Calles
• Triángulo de Fenicia
• Edificio Donald Trump
• Edificio Los Ministerios
• Proyecto Ciudad Salud

Publicado enEdición Nº239
Ser maestro y defender la tierra, emprendimientos letales

El 5 de junio, día de la Tierra, tres relatores de Naciones Unidas se pronunciaron denunciando que defender la tierra y el medio ambiente son "emprendimientos letales" en algunos países, y que los derechos humanos de las defensoras y defensores son violados continuamente, incluso el derecho más elemental: a la vida. México está entre los cinco países que encabezan esa lista a nivel global. Siete países, la mayoría en América Latina –Brasil, Colombia, Honduras, Filipinas, México, Perú y Guatemala–, suman 913 homicidios de activistas de los mil 24 que denuncia el reporte de la organización Global Witness sobre asesinatos a ambientalistas de 2002 a 2014. Varios de esos países encabezan también la lista global de asesinatos a sindicalistas (Colombia, Guatemala, Honduras) y México va camino a colocarse entre ellos.

Los que hicieron el comunicado son John Knox, relator sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente; Michel Forst, relator sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, y Victoria Tauli Corpuz, relatora sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, en Honduras el pasado 3 de marzo –que sigue impune–, fue uno de los casos de alerta mundial que lo motivaron. En mayo de 2016, Michel Forst estuvo en México. En esa visita no oficial, declaró que entrevistas con más de 80 defensores revelaron una situación altamente preocupante de violación sistemática de derechos humanos en el país.

La decisión de hacer un comunicado conjunto fue porque los ataques, violaciones y asesinatos no están referidos a defensores del ambiente o derechos humanos solamente, sino también a luchadores por la tierra, territorios, por el derecho a sus culturas y formas de vida, a vivir dignamente en sus pueblos y comunidades.

Todas son luchas que forman parte también de las condiciones y batallas de los maestros y maestras de la CNTE, como los que el 19 de junio fueron atacados salvajemente por policías de varios niveles de gobierno en Oaxaca, resultando en 11 muertos (en el ataque y posteriormente), decenas de heridos y más de 20 desaparecidos. Entre los asesinados había también pobladores que los estaban apoyando. No sólo porque compartían su lucha, sino también porque los maestros son como ellos, indígenas, campesinos e hijos de campesinos. La lucha de esos dignos maestros y maestras contra la llamada reforma educativa (en realidad una reforma laboral para echar maestros críticos y hacer de la educación un mercado "competitivo") es por su sobrevivencia, pero también por la educación pública y no está separada de otras luchas de sus pueblos, contra mineras, represas y megaproyectos, robo y contaminación de agua, contra transgénicos, tala de bosques y otros despojos. A menudo son maestros los que informan, explican, trasmiten, apoyan, organizan. Eso lo saben las autoridades, por eso nada les da más rabia que un sindicato independiente como la CNTE.

Esta masacre se suma a otros asesinatos contra luchadores y defensores de los pueblos, comunidades, barrios que luchan por defender sus localidades, sus formas de vida y sustento, y que a través de ellas nos enseñan y cuidan a todos. Sigue abierta a flor de piel la herida por el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes, futuros maestros, de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Otra vez, como con el caso de Ayotzinapa, el país entero se levanta para protestar contra la masacre de maestros, exigir que se castigue a los culpables, que termine la represión en lugar de diálogo, que se libere a los maestros presos, que renuncie el secretario (i)rresponsable. Desde todo el mundo aumentan las muestras de protesta y solidaridad, que se suman y expanden las protestas al gobierno de México por los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa y la reciente "expulsión" gubernamental del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para evitar que salga la verdad a la luz.

Como en los casos de Nochixtlán, Iguala y otros, las autoridades intentan cínicamente culpar de los hechos a las propias víctimas, encarcelan a los luchadores con acusaciones falsas y las difunden a través de los medios vendidos. Métodos similares usan en Brasil y Paraguay.

El 7 de abril de 2016, la policía y pistoleros de la papelera Araupel en el estado de Paraná, Brasil, asesinaron a dos militantes del Movimiento Sin Tierra (MST), Vilmar Bordim y Leonir Orback, e hirieron a seis más que estaban ocupando una tierra asignada para reforma agraria. Los policías afirmaron falsamente que habían sido "emboscados" aunque los Sin Tierra no traían armas; el crimen sigue impune.

En Curuguaty, Paraguay, 300 soldados atacaron el 15 de junio 2012 a 60 campesinos, mujeres, hombres y niños que ocupaban Marina Kué, tierra destinada a la reforma agraria; mataron a 11 campesinos y a seis de sus propios policías, para poder decir que fue una emboscada y justificar el juicio político que depuso al entonces presidente Lugo. La policía declaró que las mujeres y niños eran un señuelo para emboscarlos. Tras cuatro años de cárcel injusta, 11 de los propios campesinos afrontan un juicio falseado, acusados de los asesinatos. Hay una campaña mundial para exigir su liberación y absolución (https://absolucionya.wordpress.com).

Las mentiras del poder van cayendo cada vez más rápido, por la reconstrucción y memoria colectivas. Los ataques siguen, pero no logran imponer sus cuentos y así se desarma el terror que quieren sembrar. Al contrario, cada lucha es ejemplo de dignidad y fortalece a las que siguen.

*Investigadora del Grupo ETC

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