Martes, 26 Septiembre 2017 15:31

Con licencia para explotar y matar

Con licencia para explotar y matar

A medida que el negocio de explotación de la naturaleza aumenta, el asesinato de quienes se oponen a esta realidad se expande por todo el mundo. Un modelo que no se detiene ante sus efectos sobre el medio ambiente ni ante los intereses y derechos de comunidades locales. Una fórmula que se repite en varios países. Promesas inversionistas, gobiernos corruptos, criminalización de la defensa local del territroio y el ambiente, y la muerte de líderes sociales. Este es el modelo de desarrollo que nos quieren imponer.

“Defender la tierra”, así se titula el más reciente informe de Global Witness, una Ong dedicada a sistematizar las agresiones sufridas por los defensores del medio ambiente y de tierras comunitarias. Allí confirma que “el año pasado en el mundo, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, siendo el año con mayores muertes registradas [...]. Esta tendencia no está sólo creciendo, se expande, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países”1. Sus estadísticas relacionan que desde 2010 y hasta el 2017, casi se completan 1.000 asesinatos.

 

Entre los países más peligrosos para quienes legítimamente se empoderan para oponerse a los grandes megaproyectos y monocultivos aparecen Brasil, Honduras, Nicaragua, Filipinas, India, República del Congo y, obviamente, Colombia.

 

Violencia soterrada y abierta

 

El capitalismo es un modelo depredador, su afán de lucro no mide consecuencias ante la explotación. Desarrollo que mata, ese es el rostro que siempre ha tenido. Ahora que no funciona la eterna e incumplida promesa del “desarrollo” y el “bienestar colectivo”, es cada vez más común el uso de la fuerza para imponer proyectos extractivos, saltándose el derecho comunitario y colectivo a la consulta previa.

 

Uso de la fuerza y desconocimiento de derechos que no pasa impune; las comunidades, conscientes del peligro que corren sus territorios activa su legítima defensa, se movilizan, denuncian, encontrando como respuesta gubernamental la criminalización de sus liderazgos locales y de la misma protesta. Caen sobre ella, entonces, arbitrariedades, abusos y homicidios por parte del capital voraz. La metáfora histórica colonial de civilizado vs salvaje, sigue viva. El 60 por ciento de estos homicidios recaen sobre comunidades indígenas, hermanos mayores que luchan contra la idea de progreso.


Es una lucha desigual. La “incapacidad” estatal para garantizar los derechos y bienestar colectivo, se pasa por la faja la soberanía local, facilitando así que empresas nacionales y extranjeras impongan sus intereses. Lo que ilustran las estadísticas, es que son numerosos los procesos anómalos de consulta, que no son libres, ni previas, ni suficientemente informadas, ni logran el consentimiento colectivo. Los gobiernos presentan, cada vez más, acusaciones penales falsas contra activistas, sometiéndolos, a padecer allanamientos policiales, detenciones ilícitas, multas y encarcelamientos. La resistencia social termina convertida en delito penal.

 

Periscopio

 

Los Estados Unidos no registran muertes de defensores, pero su tarea cada vez es más obstaculizada y criminalizada, como denuncian sus comunidades indígenas, opuestas al fracking, a la construcción de oleoductos y a los monocultivos. Las leyes van en contra de la protesta, ilegalizándola; así lo constata el informe en cuestión, el mismo que registra alarmantes casos en África (República del Congo), donde los asesinatos afectan de manera notable a los guardabosques. En Asia (India), con grandes proyectos mineros y de tala de bosques, el mecanismo de violencia procede a través de una policía cada vez más vendida, lo cual la convierte en el cuarto lugar más mortal para los defensores del planeta.

 

En América Latina, en el 60 por ciento de los asesinatos de estos líderes están implicados los bancos, por ser inversionistas en las explotaciones de bosques, aguas y similares. Las muertes registradas durante el 2014 –con un promedio de dos a la semana– sumaron las tres cuartas partes de todos los asesinatos registrados en todo el mundo. Para el 2015, con un total de 122 asesinatos2, la región registró el peor de los años.

 

Resalta de manera preocupante en este informe, los casos de Nicaragua, donde 11 defensores fueron asesinados, convertido así en el país, percapita, más peligroso del mundo. Sólo una de estas muertes no pertenecía a comunidades indígenas centroamericanas. Un genocidio selectivo producto del interés por el canal interoceánico, bajo el dominio de la empresa china Hong Kong Canal Development Group (Hknd), con una concesión de 100 años de operación de un megaproyecto tres veces más grande que el Canal de Panamá, el que implicará el desplazamiento de 120.000 indígenas.

 

En Honduras, los asesinatos ejecutados durante el 2016 se elevaron a 14, crímenes que sumados desde el 2007, y hasta la fecha, alcanzan a 127. Desde el asesinato de Berta Cáceres –3 de marzo de 2016– han consumado otros siete homicidios, transformando a éste en el país más peligroso para el activismo ambiental. Ante estas acusaciones el gobierno presentó acciones legales en contra de Global Witness, apoyado para ello en los voceros de las industrias, básicamente criticando y cuestionando su labor por frenar el desarrollo del país y tener fines conspirativos.

 

mapa p7

 

 

Grafico p6

 

Colombia

 

Datos escandalosos los de estos países vecinos, pero el nuestro no rompe con el crimen en contra de este tipo de activistas sociales: acá el número de asesinados durante el 2016 creció en un 40 por ciento. Los 37 casos conocidos y documentados superan los registrados en Honduras y Nicaragua. Global Witness se pregunta por semejante cifra en tiempos de acuerdos de paz. La “debilidad” estatal es cómplice del poder de grupos locales; 22 de estas muertes son atribuidas a los paramilitares. Y el gobierno insiste en que no existe un fenómeno sistemático.

 

Entre los homicidios más recientes, es necesario recordar que el pasado 17 de enero fue encontrada muerta, apuñalada y baleada, con su esposo, la lideresa de Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios –Conpaz– Emilse Manyona, que denunciaba a paramilitares e intereses internacionales mineros y agroindustriales en el Valle del Cauca, en especial en territorio correspondiente al municipio de Buenaventura. Las presiones sobre las comunidades continúan: hace unos meses Jakeline Romero, lideresa de la comunidad Wayuú, comenzó a recibir amenazas por oponerse a la solicitud de las empresas del Cerrejón Glencore BHD Biliton y Anglo American para desviar el río Ranchería.


El capital no atenúa su voracidad. Ahora las comunidades ya no comen el cuento del “desarrollo”, que cual espejo busca deslumbrar. Y entonces, ahora el capital pretende desconocer los mecanismos de participación autónoma local, activando un modelo estatal que busca la criminalización de quienes asumen la legítima defensa de sus territorios. ¡Qué escenario de impunidad para el asesinato sistemático y selectivo de docenas de personas!


Nuestro futuro, colectivo, sin naturaleza ni defensa alguna, es incierto. Futuro envolatado ante un supuesto “desarrollo” que en realidad es destrucción ambiental, violencia contra las comunidades, desplazamiento de miles, sometimiento de los negados de siempre.

 

Estamos ante mundo civilizado que muestra su verdadero y salvaje rostro.

 

1 Global, Witness. (2017) “Defender la tierra. Asesintaos globales a defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016” Paág. 6 disponible: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/.
2 Global Witness. (2016) “Entreno peligroso” disponible https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/

 


Recuadro


¿Cuál es la causa de los ataques?

 

La lucha entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness. En algunos casos, identificamos a los sectores específicos que las personas defensoras habían o a los que se habían opuesto antes de su asesinato:

 

Sector Total
Minería y petróleo33
Explotación forestal 23
Agroindustria 23
Caza ilegal18
Agua y represas 7
Otros 4

 

 

Publicado enEdición Nº239
Sábado, 23 Septiembre 2017 06:47

Irán endurece su discurso bélico

Irán endurece su discurso bélico

Irán afirmó ayer que reforzará sus capacidades militares y balísticas y que continuará con su política en Oriente Medio, provocando las críticas de las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza.


“Tanto si lo quieren como si no, vamos a reforzar nuestras capacidades militares, necesarias en materia de disuasión”, afirmó el presidente Hasan Rohani en un discurso retrasmitido en directo por televisión, con motivo del aniversario del inicio de la guerra Irak-Irán en 1980. “No solo vamos a desarrollar nuestros misiles sino también nuestras fuerzas aéreas, terrestres y marítimas. Para defender nuestra patria no pediremos el permiso de nadie”, agregó. Como muestra de la determinación de Irán, en el desfile pudo verse un nuevo misil, de 2.000 kilómetros de alcance y bautizado “Joramshahr”, nombre de una ciudad ocupada por el ejército iraquí al principio de la guerra, que duró ocho años y causó un millón de muertos.


Irán desarrolló un vasto programa balístico en los últimos años, que preocupa a Estados Unidos pero también a Arabia Saudita, su principal rival en la región, a algunos países europeos como Francia y a Israel, su gran enemigo.


Teherán asegura que necesita reforzar su programa balístico para estar en equilibrio con los otros países de la región, principalmente Arabia Saudita e Israel, que invierten miles de millones de dólares en comprar armas a los países occidentales, especialmente a Estados Unidos. Rohani denunció a quienes “cada día causan problemas a los pueblos de la región y se jactan de vender armas al régimen sanguinario sionista (Israel), que agrede a los pueblos de la región desde hace 70 años, como un tumor canceroso”. Teherán asegura que su programa balístico es únicamente defensivo. “Nuestra potencia militar está concebida para agredir a otros países”, reiteró Rohani.


“El misil Joramashahr puede incorporar varias cabezas convencionales para golpear varios objetivos a la vez”, dijo el general Amir Ali Hadjizadeh, comandante de la fuerza aeroespacial de los Guardianes de la Revolución. “Estará operativo en un futuro próximo”, añadió. Con todo, los responsables iraníes han matizado que sus misiles no están concebidos para portar cabezas nucleares.


En 2015 y tras varios años de negociaciones, las grandes potencias firmaron con Irán un acuerdo para limitar el programa nuclear de ese país y asegurarse de que la República islámica no se dota del arma atómica.

Publicado enInternacional
“Creo en la necesidad de la paz completa”

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

 

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

 

El desarrollo legal

 

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

 

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

 

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

 

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

 

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

 

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

 

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

 

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

 

El desarrollo de los acuerdos

 

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

 

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

 

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

 

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

 

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

 

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

 

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

 

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

 

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

 

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

 

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

 

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

 

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

 

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

 

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

 

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

 

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

 

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

 

Una nueva situación política

 

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

 

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

 

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

 

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

 

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

 

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

 

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

 

Tomado de:

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
“Creo en la necesidad de la paz completa”

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

 

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

 

El desarrollo legal

 

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

 

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

 

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

 

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

 

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

 

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

 

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

 

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

 

El desarrollo de los acuerdos

 

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

 

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

 

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

 

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

 

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

 

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

 

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

 

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

 

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

 

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

 

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

 

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

 

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

 

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

 

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

 

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

 

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

 

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

 

Una nueva situación política

 

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

 

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

 

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

 

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

 

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

 

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

 

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

Publicado enEdición Nº236
Miércoles, 17 Mayo 2017 08:12

Aumentan los asesinatos de activistas

Aumentan los asesinatos de activistas


No solo fue Berta Cáceres, Amnistía Internacional denuncia que los homicidios de defensores de los derechos humanos, como lo era ella, han pasado de 156 en 2015 a 281 el año pasado

Dos disparos. La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa en Tegucigalpa, Honduras. Pese a que era una de las más conocidas activistas ambientales, fue tras su muerte cuando muchos oyeron hablar por primera vez de ella y su lucha en defensa de los derechos del pueblo lenca, al que pertenecía, y la batalla que mantenía contra la construcción de la presa de Agua Zarca. El enorme proyecto afectaba al río Gualcarque, sagrado para los indígenas.

 

Como ella, 281 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio por su labor, tres cuartas partes en América, según datos de Front Line Defenders recogidos en el informe Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza, publicado este martes por Amnistía Internacional. La cifra supone un incremento del 80% respecto a los 156 asesinados en 2015. Y en 2017 continúa la tendencia alcista, alerta la organización: solo en enero han sido asesinados 10, casi el doble de la media mensual de 2016.


La lista negra es larga y la impunidad de la que gozan los perpetradores favorece la suma de nombres: Abdul Basit Abu Dahab, de Libia; Gloria Capitán, de Filipinas; Marcel Tengeneza, de República Democrática del Congo; Emilsen Manyoma y Joe Javier Rodallega, en Boaventura (Colombia)... Así, hasta 3.500 asesinados desde 1998, cuando se aprobó la Declaración para la protección de los defensores y defensoras. "Y en la mayoría de los casos, nadie ha sido declarado culpable o acusado siquiera de estos crímenes"; advierte Amnistía.


Con la campaña Valiente, presentada por la organización simultáneamente a escala global –en España, en el teatro Alfil de Madrid–, Amnistía Internacional pretende destacar la labor de estos activistas que se juegan la vida por defender lo justo. "Y pedir a los Gobiernos que cumplan con su obligación de protegerles", ha señalado el periodista Fernando Olmeda, presentador del evento. Sobre el escenario han charlado Dessale Berekehet, periodista eritreo exiliado en Noruega, Pascual Bernabé, activista ambiental guatemalteco, y Maribel Tellado, coordinadora de la campaña en la ONG.


El asesinado es el más fatal de los desenlaces, pero no es el único ataque que enfrentan los activistas por parte de gobiernos, empresas, grupos armados o criminales para frenar su trabajo. Los secuestros, desapariciones forzadas, persecución legal, campañas de desprestigio, asaltos sexuales, amenazas o censura, completan el menú de macabras estrategias contra la actividad de estudiantes, abogados, líderes comunitarios, periodistas, sindicalistas, ecologistas y, en definitiva, cualquiera que ose denunciar violaciones de derechos humanos, abusos de poder e injusticias.


"Autoridades de todo el mundo abusan de forma creciente de leyes penales, civiles y administrativas para atacar y acosar a defensores a fin deslegitimarlos a ellos y sus causas"; subraya el informe de Amnistía. En este sentido, la organización destaca a modo de ejemplo el caso de Farid al Atrash e Issa Amro, ambos detenidos por soldados israelíes tras haber participado en una manifestación pacífica, pero acusados de tomar parte en una protesta ilegal y agredir a los soldados. "Un vídeo corrobora el relato de Al Atrash de que cuando lo detuvieron sostenía pacíficamente una pancarta delante de los soldados", asegura la ONG. Otros, prosigue el documento, son enjuiciados en aplicación de leyes "excesivamente generales y redactadas de forma imprecisa, en especial las antiterroristas, contra el narcotráfico, de seguridad nacional o contra el extremismo". Eso cuando no se elaboran normas ad hoc para criminalizar el trabajo de los activistas a los que, con creciente frecuencia, se les acusa de incitación a la violencia por organizar manifestaciones, añaden los autores.


Esta práctica no es exclusiva de países en desarrollo donde la pobreza y la fragilidad institucional favorecen la corrupción. Así lo hace notar Amnistía cuando dedica un capítulo al caso de Edward Snowden, el exagente de los servicios de inteligencia estadounidenses que filtró a la prensa información que desvelaba la vigilancia masiva a ciudadanos por parte de EE UU y Reino Unido, entre otros países. "Se enfrenta a 30 años de prisión en Estados Unidos por revelar datos de enorme interés público. (...) Altos cargos del país lo han condenado sin juicio, conculcando su derecho a la presunción de inocencia. (...) Las autoridades le han anulado su pasaporte, por lo que sigue sin poder viajar a países que le han ofrecido asilo", enumera la organización sobre el analista, actualmente residente en Moscú.


España no es una excepción. Amnistía Internacional ha criticado y pedido al Gobierno la reforma de la conocida como Ley Mordaza. Tellado lo ha reiterado en su intervención: "José Palazón, un activista muy conocido, documentó con grabaciones el uso excesivo de la fuerza con inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad en la frontera. Hoy, esa acción, con la actual ley de seguridad ciudadana, no sería posible".


Es común, asimismo, que los activistas sean sometidos a campañas de difamación. Sucede que "las autoridades y otras personas en el poder les acusen públicamente (en falso) de terroristas, antipatriotas, corruptos, espías o enemigos del Estado", entre otras lindezas, apuntan los autores. Eso, cuando no son los llamados trolls, adversarios desconocidos en redes sociales, quienes les acosan verbalmente, desinforman sobre su figura o les amenazan. "Si no te matan, te hacen la vida imposible. Los trolls generan un clima constante de miedo, que hace que la gente deje de publicar", recoge el informe el testimonio de Alberto Escocia, defensor mexicano de los derechos humanos. "Denunciar los ataques a la red social correspondiente no siempre elimina el problema", apunta Amnistía. Esto se debe, explica, a que los hostigadores van en muchos casos por delante de los proveedores del servicio online en cuanto a cuestiones técnicas.


En este sentido, los periodistas y comunicadores, son blanco habitual en un intento de frenar sus publicaciones cuando estas denuncian abusos de poder o delitos. Además de la difamación, la vigilancia y la censura son prácticas comunes para lograrlo, cuando no les cortan Internet, les impiden acceder a las fuentes o los lugares de los hechos. Es tan sencillo como denegarles asistir a un acto o el visado de entrada a un determinado país. Las restricciones a la libertad de circulación han afectado incuso a activistas de Amnistía Internacional a los que se les ha prohibido viajar a ciertos países o les han expulsado cuando estaban investigando en terreno.


Acoso a mujeres y homosexuales, por serlo y defenderlos


Especialmente vulnerables a los ataques son los colectivos que pertenecen o defienden los derechos de las mujeres y las personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales). Las activistas enfrentan, además de los citados riesgos, la posibilidad de ser violadas para infundirles miedo, así como calificativos que cuestionan la decencia que se le supone tradicionalmente a la población femenina. Las amenazas a sus familias también son habituales, forzándolas a elegir entre la defensa de lo que consideran justo y la seguridad de los suyos.


"Las defensoras, por desafiar los roles tradicionales, se enfrentan a discriminación. Se les tacha de promiscuas, se las viola, se amenaza a sus hijos. Por ejemplo, en El Salvador, quienes luchan por la despenalización del aborto reciben ataques de la propia prensa, que las califica de antipatriotas o las acusa de llenar las calles de ríos de sangre", ha detallado Maribel Tellado, coordinadora de la campaña de Amnistía. "En cuanto al colectivo LGTBI, a las amenazas y asesinatos se suman otras formas de persecución. No solo en Uganda. En el vídeo de la campaña vemos a Sakris Kupila, que es de Finlandia y ha sufrido acoso e intimidación. Ha tenido que abandonar incluso su carrera de Medicina", ha añadido Tellado.


Pascual Bernabé Velázquez, de 61 años, es un líder indígena maya Q’anjob’all, en Huehuetenango (Guatemala). Sin posibilidades de cursar secundarias "por situaciones de pobres", su universidad fue conocer los problemas de la gente. Tanto los conoce que es líder del Gobierno plurinacional de los indígenas mayas de la región, como atestigua el bastón de mando que porta en las manos durante su intervención en la presentación de la campaña de Amnistía Internacional en Madrid.


Este hombre de hablar pausado y gesto serio, es uno de los numerosos activistas ambientales que se ha opuesto a la instalación de las hidroeléctricas en su comunidad. "Se llevan la naturaleza, se apropian de ella y no dejan ningún desarrollo para la gente", denuncia. Por eso, en las consultas comunitarias que han realizado, los Q’anjob’all han acordado mayoritariamente rechazar la presencia de las transnacionales, principalmente canadienses y españolas, en sus tierras.


¿Y si les ofrecieran el tipo de desarrollo que ellos reclaman, alternativo, en beneficio de la comunidad y los campesinos? "Eso nunca ocurre", zanja rotundo Bernabé. "La luz se la llevan a México. Si hubiera proyectos para la gente, de desarrollo social y productivo, impulsados por los pueblos, no habría problema. Pero la realidad es que el beneficio es solo para las empresas", detalla.


Todas estas razones han empujado a los nativos a la protesta. "Pacífica", subraya Bernabé. Pero los asesinatos, las órdenes de captura y el hostigamiento no han cesado contra ellos, denuncia. No solo teme por su vida como líder, sino también por la de sus vecinos. Y tiene motivos. "Un atentado puede ser en cualquier lugar. Hace dos meses, la población se enfrentó a una empresa hidroeléctrica y un anciano fue asesinado con armas de fuego. Otros, fueron víctimas antes, pero él fue el último", relata. Los datos recabados por Front Line Defenders dan buena cuenta de que sus miedos no son infundados. Dos tercios de los 281 activistas asesinados en 2016 eran de América. Y la mitad trabajaban sobre problemas de la tierra, territorio y medio ambiente.


¿Por qué defender hasta la muerte la tierra contra gigantes corporaciones? "Para los pueblos indígenas, la tierra, las montañas, las aguas... son nuestra madre. El agua es la mamá, mamamos de ella porque de ella venimos. Y la tierra es igual, porque de ahí brota la comida", explica pausadamente. Bernabé se muestra escéptico cuando se le pregunta por las posibles soluciones. "El conflicto viene de años atrás, a través de las leyes que el Gobierno ha hecho en favor de las empresas transnacionales que se sienten dueñas de las tierras", explica. "Al Gobierno me gustaría decirle que ya no reprima a la gente, que no dicte órdenes de captura y que respete las leyes de Guatemala y los convenios internacionales, porque está violando, conjuntamente con las empresas, los derechos humanos", termina.


Por su parte, Amnistía Internacional ha podido constatar el mal uso del sistema de justicia penal en Guatemala mediante la apertura de procesos judiciales infundados como una forma de intimidar y desgastar a defensores y defensoras de derechos humanos. "En varios casos, ser parte de un movimiento social o miembro de una organización que trabaja por los derechos relacionados a la tierra y al medio ambiente ha sido tomado como un indicador de responsabilidad penal", denuncia la ONG. "Los activistas quedan a la espera de juicios que se dan tras años de estar detenidas, lo que implica su desgaste y la privación de su derecho a la libertad, con el consecuente impacto negativo que su ausencia tiene para la estabilidad de su familia y para la articulación de actividades de defensa de derechos humanos", añade.

Publicado enMedio Ambiente
El Gobierno venezolano pide a la Corte Suprema que revise el fallo contra la Asamblea

El presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general para convocar al Consejo de Defensa de la Nación que, tras analizar la controversia, exhortó al Tribunal Supremo a dar marcha atrás con su decisión de asumir las funciones legislativas y volvió a convocar al diálogo con la oposición. Con esta resolución, comunicada por el vicepresidente, el Gobierno dio por cerrada la crisis.

La crisis venezolana tuvo un importante giro en la madrugada del sábado, cuando el presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general de la República sobre el fallo del Tribunal Supremo, que asumió las funciones legislativas “mientras la Asamblea Nacional se encuentre en desacato”, para convocar al Consejo de Defensa de la Nación. En una reunión realizada en el Palacio de Miraflores, el Consejo decidió exhortar a la Corte que revise sus decisiones 155 y 156 “de manera que se mantenga la estabilidad constitucional”.

Con esta resolución, que fue comunicada por el vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, Maduro dio por cerrada el episodio. "Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo", indicó Maduro, quien presidió el Consejo de Defensa de la Nación
La fiscal Luisa Ortega Díaz había considerado en un acto público que en la sentencia de la Corte “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

Planteada la diferencia en el seno del Estado, el Consejo de Defensa de la Nación que acordó insistir en la vía del diálogo. En el dictamen se ratificó al TSJ, en su Sala Constitucional, como "la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".

Además, se insistió en la disposición de desarrollar un “diálogo fecundo” con la oposición, a la cual invitaron para "unirse sin demora" a las conversaciones, que son respaldadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), y Martín Torrijos (Panamá).

Otra de las decisiones adoptadas por el Consejo fue la de "repudiar cualquier intervención que atente contra la Independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación" de la República Bolivariana. En ese sentido, el presidente Maduro expresó su "rechazo en todas sus partes el intervencionismo extranjero" por parte de algunos Gobiernos "que pretenden dictar pautas cuando sus países están en llamas".

Publicado enInternacional
“Siempre hemos mantenido la resistencia”

En Norte de Santander, sobre el Catatumbo, con frontera viva entre Colombia y Venezuela, está asentado el pueblo Barí, ahora arrinconado por el interés empresarial y la dejadez del Estado central. Reclaman 244.284 hectáreas de territorio ancestral para poder ampliar sus resguardos. A principios del siglo XX contaban con 1.600.000 hectáreas.

 

Derechos y territorio ancestral violados. Los Barí, unos de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, viven desde hace siglos una cadena de violencia, sistemática, que en los tiempos que corren se centra sobre su territorio ancestral en la disputa de multinacionales por de los recursos mineros allí existentes.

 

Arrinconados sobre 128 mil hectáreas, sus 3.402 sobrevivientes le exigen desde el 2014 al Estado central que les reconozca el dominio legal e histórico que tienen sobre 244.284 hectáreas; territorio necesario para poder ampliar sus resguardos. Esa es hoy su principal lucha: recuperar este territorio ancestral, donde, por demás, están situados algunos de sus lugares sagrados, y donde desarrollan actividades económicas como pesca y caza.

 

Como es conocido, para los indígenas la propiedad colectiva de un territorio no lo legitima un papel, existe un derecho consuetudinario, pese al cual han tenido que enfrentar al Estado con mecanismos jurídicos para que sean reconocidos sus derechos territoriales y culturales.

 

Conflictos mineros y petroleros en territorio Barí

 

El despojo del pueblo Barí se remonta al comienzo de la explotación petrolera en el Catatumbo, en los inicios del siglo XX. La llegada de capitales internacionales provocó la apertura de vías, pozos y campamentos para los trabajadores y desplazó a los Barí de sus territorios ancestrales, a tal punto que para el año 1980 sólo contaban con 240.000 hectáreas de las 1.600.000 reconocidas a principios de siglo (ver Tabla), las que hoy, según sus autoridades, están reducidas a 128.000. Asímismo su población fue disminuyendo al pasar de 2.000 personas a mediados del siglo pasado a 1.400 a finales de 1980*, dinámica que cambió en estas últimas décadas al sumar 3.402 habitantes en 2017, según datos de sus autoridades.

 


La lucha por sus territorios ancestrales gana en intensidad, pese a las amenazas que padecen. Anora reclaman y demandan jurídicamente, elevando sus solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras (anteriormente Incoder) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Demanda convertida en una importante lucha, no solo por lo que representa para este pueblo el territorio en litigio, sino también porque para ellos es urgente impedir y suspender la explotación minero-energética desatada en estas tierras; el alto poder destructivo de este tipo de explotación, del cual son conscientes, así los obliga a actuar. El ejemplo de lo sucedido con los wayuu en La Guajira es una lección que no puede quedar sin ser aprendida.

 

En el territorio hoy reclamado para poder ampliar los resguardos Barí, se encuentran 48 títulos minero-energéticos otorgados por el gobierno a distintas empresas, de los cuales 13 están en fase de exploración y 35 en fase de explotación; son títulos para explotar carbón, petróleo y titanio. Según Diego Dora exgobernador de Ñatubaiyibari –Asociación de autoridades tradicionales del pueblo Barí: “hay una veta más grande que la del cerrejón de La Guajira que se quiere explotar a cielo abierto dentro de los territorios ancestrales del pueblo Barí, entonces esto nos conlleva a tomar medidas de control territorial para la pervivencia de la cultura y la integridad física del pueblo en general”.

 

El interés empresarial. En tanto el Estado no reconoce la propiedad ancestral Barí sobre este territorio, algunas autoridades del orden nacional, y las empresas multinacionales, se escudan en ello para no aplicar el derecho de consulta previa, algo que los indígenas reclaman pues, aunque estos territorios no están titulados sí hacen parte de la cultura: en ellos desarrollan actividades propias de su cosmogonía.

 

Ellos insisten en su derecho histórico, lo que los anima física y espiritualmente para no dar el brazo a torcer. Diego Dora lo expresa con total claridad, “para nosotros el territorio no tiene límites, es sin fronteras, entonces la legalidad y constitucionalidad nos obliga a tener algo legal para nosotros poder defender el territorio, lamentablemente”.

 

Sin embargo, existen antecedentes sobre luchas jurídicas ganadas por el pueblo Barí como la suspensión de la exploración de proyecto Álamo 1 que desde 2002 ya adelantaba Ecopetrol, pues estaba ubicado en territorio ancestral Barí. Para lograrlo, los indígenas realizaron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia y otros entes nacionales por no realizar la consulta previa, favorecidos por la Sentencia T–880 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional obligó a la suspensión de la fase de exploración hasta que se adelante la consulta previa.

 

Violación de derechos humanos

 

Emilse Guachina Aquerdora, gobernadora actual de Ñatubaiyibari, cuenta que “los Barí siempre han sido una gente de paz, nunca han tenido ningún problema, pero la entrada de los paramilitares nos han dado amenazas, dificultades y pobreza [...] mujeres han sido asesinadas, líderes que fueron asesinados en un tiempo pero siempre hemos mantenido la resistencia del pueblo Barí”. De resistencia en resistencia anda este pueblo, no solo ante la colonización de parte de sus tierras, la extracción petrolera y minera sino ante la arremetida paramilitar. Hay datos de más de 100 Barí asesinados en el 2003.

 

Intentan amedrantarlos. El pasado 9 de enero fue atacada la casa de Gobierno de Ñatubaiyibari, ubicada en el municipio de Tibú, una nueva sede que aún no habían inaugurado pero que en su interior reposaban muebles y enseres para el posterior funcionamiento que fueron robados.

 

Otro asunto que preocupa al pueblo, es la presencia de paramilitares en la región; según Emilse Guachina “A la salida de las Farc de Caño Tomás y Las Timba entraron los paramilitares, es una gran preocupación, una amenaza del pueblo Barí y las comunidades que están a punto de desplazamiento, pero ya sienten temor los líderes que somos”. Se refiere a la presencia de paramilitares el 9 de febrero del año en curso en el municipio de Tibú, en las zonas donde las Farc estaban preconcentradas, apenas salieron a Caño Indio, donde sería la Zona Veredal Transitoria.

 

* Salazar, 2005. La explotación y colonización petrolera: El genocidio contra los indígenas Barí.

 


 

Recuadro 1

 

Cambios territoriales y de población Barí 1900-1980

 

Territorio BaríTerritorio perdidoPoblación
Año Total área Km2 (aprox.)% área de 1900 Total pérdida década anterior Km2 % relativo pérdida área 1900Total estimadoDensidad x Km2 Km2 x persona
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
16.000

14.000
13.500
9.700
7.400
5.100
3.300
2.400

 100

87,5
84,5
60,5
46,2
31,9
20,6
5,0

 -

1.970
475
3.800
2.300
2.300
1.800
900

 -

12,3
3,0
23,7
14,4
14,4
11,2
5,6

 
 2.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.200
800
1.200
1.400
0.12
0.15
0.14
0.15
0.12
0.16
0.16
0.36
0.58
8.0
6.4
7.1
6.7
8.1
6.2
6.3
2.7
1.7

 

Fuente: (Beckerman 1983). Fuente: Jaramillo, 1993. Tomado de: Salazar, 2005.

 


 

Recuadro 2

 

¿Quiénes son los Barí?

 

En el bosque húmedo tropical del nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, habita el pueblo indígena Barí, conocido también como Motilón Barí. Se ubica en la región del Catatumbo, en los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Teorama y Convención (ver mapa). Se encuentran organizados en dos resguardos; el Motilón Barí, constituido por 23 comunidades y el Catalaura–La Gabarra, constituido por 2 comunidades. Estos resguardos suman una extensión total de 128.000 hectáreas y reune una población de 3.402 personas, según las autoridades indígenas Barí.

 

Este pueblo es binacional, es decir, vive tanto en Colombia como en Venezuela, ya que a comienzos de la invasión española ocupaban extensos territorios, por el norte desde las cabeceras de los ríos Santa Ana y Santa Rosa de Aguas Negras en la Serranía de Perijá, hasta el lago Maracaibo, y por el sur llegaban hasta más abajo del Catatumbo*.

 

A pesar de que los Barí ancestralmente han vivido en la región del Catatumbo, el Estado colombiano nunca ha respetado sus derechos sociales, territoriales y culturales: entrando el siglo XX su territorio abarcaba alrededor de 1.600.000 hectáreas y el Estado entregó en concesión 200.000 al general Virgilio Barco para explotación petrolera. Luego, a principios de los años treinta, inicia la explotación petrolera por acción de la empresa Colpet (Colombian Petroleum Company) quien compró los derechos de la Concesión Barco y se instalaron así 38 pozos de producción, los cuales obligaron a formar asentamientos humanos para los trabajadores de los pozos y los colonos que llegaron a las zonas aledañas4. Entonces la lucha del pueblo Barí se volvió más compleja, ya no libraban batallas solo contra la usurpación de las petroleras sino también de los colonos y grandes hacendados que se fueron estableciendo.

 

* Fuente: Archivos Ministerio del Interior.

Publicado enEdición Nº233
Sábado, 10 Diciembre 2016 06:38

Victoria en Standing Rock, por ahora

Victoria en Standing Rock, por ahora

 

La construcción del oleoducto Dakota Access se ha detenido, al menos por ahora. El domingo, la nación sioux de Standing Rock junto con sus miles de aliados indígenas y no indígenas, obtuvieron una victoria tan extraordinaria como inesperada. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos anunció que había denegado el permiso para que la empresa responsable del oleoducto, Energy Transfer Partners, perforara por debajo del río Missouri y que se implementaría un estudio de impacto ambiental integral. La organización de base, las acciones directas pacíficas y el liderazgo de los pueblos indígenas en la primera línea de la lucha lograron detener el proyecto de casi 2.000 kilómetros de longitud, valuado en 3.800 millones de dólares.

Sin embargo, mientras los protectores del agua festejaban en los campamentos congelados, surgió una pregunta: ¿Qué va a pasar cuando Donald Trump asuma la presidencia en solo seis semanas?

El jefe de la tribu sioux de Standing Rock, Dave Archambault II, dijo a Democracy Now! unas horas después de conocer la noticia: “Finalmente, por primera vez en siglos de historia, alguien nos está escuchando. Hace casi dos años que estamos hablando del tema con el Cuerpo de Ingenieros, y les hemos dicho que teníamos problemas con este oleoducto porque no solo amenaza nuestra agua, también amenaza nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestro medio ambiente”.

Un frío glacial ha descendido sobre la región, complicando aún más la vida en los campamentos de resistencia. Durante el fin de semana largo del Día de Acción de Gracias, el sheriff del condado de Morton, Kyle Kirchmeier, con el apoyo de un grupo multijurisdiccional de la policía paramilitar y la Guardia Nacional, lanzó un operativo contra los manifestantes que incluyó un arsenal de gas pimienta, granadas de contusión, gas lacrimógeno, balas de goma y, en medio de ese frío helado, cañones de agua.

El gobernador republicano saliente de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, el sheriff Kirchmeier y el director ejecutivo de Energy Transfer Partners, Kelcy Warren, comparten la responsabilidad por los meses de violencia desenfrenada del personal policial y de la compañía de seguridad privada en la represión a quienes se resisten al oleoducto. Una semana antes de que el permiso de perforación fuera denegado, Dalrymple declaró un estado de emergencia y dijo: “Las condiciones invernales pueden poner en peligro la vida humana”. En respuesta, la tribu sioux de Standing Rock escribió: “El gobernador de Dakota del Norte y el sheriff del condado de Morton son relativamente recién llegados [aquí]. Es comprensible que se preocupen por el intenso frío invernal”. Una semana después, el ex vicepresidente Al Gore opinó que el uso de cañones de agua con este frío era “inhumano” y calificó al oleoducto en cuestión como “una atrocidad”.

Mientras Dalrymple amenazaba con desalojar por la fuerza a los miles de protectores del agua pacíficos, otro tipo de tropas se agrupaban en su defensa. Veteranos de guerra del ejército estadounidense respondieron a un llamado de los ancianos tribales para que fueran a defender el campamento. El grupo “Veterans Stand for Standing Rock” viajó a los campamentos para formar un escudo humano alrededor de los protectores. Más de 2.000 veteranos hicieron el viaje bajo el liderazgo del veterano Wes Clark junior. Si su nombre les suena, es posible que conozcan a su padre: Wesley Clark padre, el general retirado de cuatro estrellas que se desempeñó como Comandante Supremo de la OTAN en Europa y más adelante se postuló a presidente por el Partido Demócrata.

Tras el anuncio de que no se iba a aprobar el permiso para perforar bajo el río Missouri, Wes Clark junior habló en una ceremonia en Standing Rock: “Vinimos. Peleamos contra ustedes. Tomamos sus tierras. Firmamos tratados que rompimos. Robamos minerales de las colinas sagradas. Tallamos las caras de nuestros presidentes en su montaña sagrada. Y tomamos todavía más tierras. Luego tomamos a sus hijos. Luego tratamos de tomar su idioma. Tratamos de eliminar el idioma que Dios les dio y que el Creador les dio. No los respetamos. Contaminamos sus tierras. Los hemos lastimado de varias maneras. Y hemos venido para decir que lo sentimos, que estamos a su servicio, y suplicamos su perdón”.

El jefe tribal de Standing Rock, David Archambault, nos dijo: “El oleoducto no seguirá adelante. Quienes están acampando allí podrán ahora disfrutar del invierno en sus hogares con sus familias”. Pero muchas de las personas del campamento siguen escépticas, como el veterano estadounidense Remy, miembro de la nación navajo, que está en Standing Rock hace casi seis meses: “Hasta que el proyecto no haya sido desestimado no pensamos irnos a ninguna parte”.

Donald Trump respalda el oleoducto y es muy posible que intente sabotear la decisión tomada por el gobierno de Barack Obama de negar el permiso de perforación. Según las declaraciones de información financiera, Trump tuvo entre 500.000 y un millón de dólares invertidos en el oleoducto, aunque un portavoz de Trump afirma que ya ha vendido sus acciones. Trump ha nombrado al fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, para dirigir la Agencia de Protección Ambiental. El congresista Keith Ellison dijo que el nominado “niega la existencia del cambio climático y está comprometido con las empresas de combustibles fósiles”. Además, Ellison, que es codirector del bloque progresista del Congreso, afirmó: “Scott Pruitt procura revertir las protecciones ambientales y salir en apoyo de las empresas multimillonarias de petróleo y gas”.

El pasado mes de septiembre, Olowan Martinez, protectora del agua lakota, se encadenó a una máquina excavadora utilizada para la construcción del oleoducto. Fue arrestada y pasó una semana en la cárcel. Cuando le preguntamos cuánto tiempo planeaba quedarse en los campamentos, nos dijo: “Hasta que sepamos con certeza que esta serpiente negra ha muerto”.

El frío, la violencia policial y las promesas del gobierno no lograrán disuadir a este grupo de protectores del agua y de la tierra.

 

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 17 Septiembre 2016 07:24

Black bloc como táctica y excusa

Black bloc como táctica y excusa

En las últimas semanas hemos asistido a un debate a raíz de la actividad black bloc en Brasil, que involucró a dirigentes de movimientos sociales y colectivos de militantes. La táctica black bloc (destrucción de vidrios y escaparates de bancos y empresas privadas por jóvenes encapuchados durante las manifestaciones) ha sido habitual en Chile y en Uruguay, entre otros, y se instaló en Brasil en junio de 2013, reapareciendo con fuerza en las manifestaciones contra el gobierno ilegítimo de Michel Temer.

Desde que aparecieron las tácticas black bloc se generó una polémica en las organizaciones sociales sobre la pertinencia de esas acciones. Algunos sostienen que son negativas, porque dan argumentos a la policía para reprimir y de ese modo alejan y atemorizan a los manifestantes reales o potenciales. Otros destacan que se trata de violencia simbólica contra grandes empresas y representaciones del sistema, que tiene efectos disuasorios sobre la represión. Los partidos electorales suelen condenarlas de forma tajante.

En Brasil la polémica incluyó a uno de los más destacados referentes de los movimientos más combativos, como Guilherme Boulos, coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST). Un día antes de la mayor marcha contra el gobierno, Boulos aseguró que "en nuestras manifestaciones no hay espacio para esas prácticas", y dijo que no debían participar en la movilización del domingo 4 (goo.gl/GUDSMi). Fue duramente criticado por defender la "criminalización" de quienes emplean la táctica black bloc.

Poco después Boulos publicó una nota en su blog, en la que explica: "discrepo con la táctica porque aparta personas de las movilizaciones y toman decisiones aisladas, pero nos afectan a todos". Rechaza la acusación de criminalizar la táctica y recuerda que el MTST ha sido "duramente criminalizado por practicar la acción directa", destacando que el movimiento tiene militantes presos y con procesos en curso (goo.gl/zxqzST).

En la manifestación del domingo 4 en Sao Paulo participaron unas 100 mil personas. Los organizadores, la alianza Povo Sem Medo, donde el MTST juega un papel preponderante junto con unos 30 movimientos y organizaciones sociales y política, y el Frente Brasil Popular, hegemonizado por el PT y la central sindical CUT, se dirigieron a los encapuchados para que descubrieran sus rostros o abandonaran la marcha. No se registró ningún incidente. Sin embargo, cuando los manifestantes se dispersaban la policía militar los atacó y detuvo a 26 jóvenes, porque "pretendían practicar actos de violencia".

En esta ocasión no hubo la menor "provocación" black bloc, pero la represión fue igualmente implacable. La polémica sigue su curso, con argumentos que van desde el cuestionamiento a la violencia hasta la conveniencia de su empleo cuando participan familias con niños en las manifestaciones, incluyendo la suposición de que siempre la usan infiltrados para provocar la represión policial. Parecen necesarias algunas consideraciones.

La primera es que al tratarse de una táctica no es buena ni mala en abstracto, sino puede ser conveniente, o no, según las circunstancias. No estamos ante una cuestión de principios. Es necesario comprender que no todos los que se cubren el rostro son adeptos de la táctica black bloc, que no forman una organización ni son necesariamente anarquistas, ni usan la táctica siempre y en todo lugar. Quienes la utilizan hoy pueden no hacerlo mañana, y viceversa.

La segunda es que quienes emplean la táctica black bloc son jóvenes radicales, anticapitalistas, que rechazan el sistema económico y la represión policial. En contra de los prejuicios existentes, no pertenecen a las clases medias acomodadas; viven en las periferias, estudian y trabajan desde muy jóvenes. Por lo que conozco en Uruguay, por los datos que aportan desde Chile y por la investigación de los autores de Mascarados (Geração Editorial, 2014), se trata de personas en torno a 20 años, muchas de ellas mujeres, que sufren la persecución policial en sus barrios. Aunque son pocos, muestran "la profunda crisis en que se debate la izquierda brasileña" (p. 19).

La tercera gira en torno al principal argumento que se utiliza contra esa táctica: facilita la represión policial y espanta a una parte de los manifestantes, ya sea porque las convocatorias aclaran que las marchas son pacíficas o bien porque la represión que sigue a la táctica black bloc afecta a personas que no quieren sufrir violencia policial. Se les califica de "provocadores".

El argumento es sólido, sobre todo cuando los encapuchados actúan y se retiran antes de la llegada de la policía que termina reprimiendo a personas al azar. Pero el problema no está sólo en quienes usan esa táctica, sino en los propios manifestantes, quienes no suelen estar organizados y asisten individualmente. ¿Alguien se imagina que un grupo de jóvenes utilice la táctica block bloc durante una manifestación de las bases de apoyo del EZLN en San Cristóbal de las Casas?

La cuarta cuestión se relaciona con la utilización de tácticas similares por parte de infiltrados policiales o militares en las manifestaciones. Como señaló un joven de Sao Paulo en un excelente reportaje de la edición brasileña de El País, "creo que quien rompe un puesto de periódicos o quema un autobús, por ejemplo, o no entendió nada o es un infiltrado" (goo.gl/2G6lck). Es posible diferenciar entre las acciones black blocs y las provocaciones policiales, siempre que exista interés en hacerlo.

Por último, el tema que plantea la periodista Eliane Brum: "Mientras la destrucción de los cuerpos de los manifestantes por la policía militar está naturalizada, la de los bienes materiales es criminalizada" (goo.gl/mdRPKj). En su opinión, se trata de una "herencia esclavista y genocida" que aún no ha sido superada. Dicho de otro modo, la táctica black bloc, acordemos o no con ella, nos plantea un dilema: ¿aceptamos, sin más, el monopolio estatal de la violencia?

Publicado enPolítica
EU sale de Turquía; Rusia llega a Irán; chinos en Siria, y Putin en Crimea

El naciente eje de Rusia/Turquía/Irán cobra forma en el teatro de batalla de los países que colindan con el "triángulo marítimo" del mar Mediterráneo/mar Negro/mar Caspio (http://goo.gl/qTURPv).

Los mares Negro y Caspio bañan con sus agitadas olas geopolíticas el incandescente pilar terrestre del Transcáucaso, que forma parte de los nuevos “Balcanes Euroasiáticos (http://goo.gl/nkxpca)” formulados por Zbigniew Brzezinski, ex asesor de Seguridad Nacional de Carter e íntimo de Obama, con el fin de desestabilizar las entrañas islámicas del RIC (Rusia, India y China) mediante la añeja instrumentación yihadista sunita por la CIA desde hace 37 años (http://goo.gl/F0kghK).

Por la naturaleza propia de las cosas, como hubieran expresado los clásicos helénicos, hoy los actores en juego han desplegado en torno del "triángulo marítimo" una serie de dramáticos movimientos tácticos en una sola semana cuando resaltan cuatro hechos superlativos que pueden ser calificados de game changers (puntos de inflexión) en el tablero de ajedrez regional: 1) retiro de las 90 bombas nucleares de EU/OTAN de la base Incirlik, en Turquía, para ser reinstaladas en Rumania; 2) utilización espectacular de los estratégicos aviones rusos Tu-22M3, de uso dual (nuclear y convencional), en la base aérea de Hamadan en Irán, con el fin de bombardear específicamente a sus enemigos comunes: los yihadistas sunitas; 3) visita sorprendente de militares chinos a Siria para apuntalar al régimen de Bashar Assad, y 4) inusitado arribo del zar Vlady Putin a Crimea, en el corazón del mar Negro, en medio del recalentamiento del contencioso ucraniano y su región rusófila del Donbas.

¿El precipitado retiro de las ominosas 90 bombas nucleares de EU/OTAN en Incirlik (http://goo.gl/WmuZP0) fue el catalizador de las otras tres jugadas operadas por rusos, iraníes y chinos, con la tácita connivencia y conveniencia de los turcos?

Lo más relevante es el estridente silencio de los usualmente cacofónicos multimedia "occidentales", con excepción singular de la prensa israelí que externa su preocupación, sobre los evocados cuatro movimientos.

La visita del sultán Erdogan a San Petersburgo, ciudad natal del zar Putin, rinde sus frutos y se puede conjeturar que el forzado retiro de las 90 bombas nucleares forma parte de una mayor coordinación del nuevo eje Rusia/Turquía/Irán que obliga a la dupla EU/OTAN a replegarse a Rumania –que forma parte de los "grandes Balcanes" y sus volcanes geopolíticos– cuando Obama ya había avanzado sus piezas misilísticas de su ajedrez nuclear en los países Bálticos y Polonia con el fin de asfixiar a Rusia.

En sincronía al retiro de las 90 bombas nucleares de EU/OTAN en Incirlik, se insinúa que su lugar puede ser sustituido por los aviones estratégicos de Rusia, mientras se decide la "batalla del destino" de Siria en la crucial guerra por la captura de Alepo, que constituye el barómetro y la prueba de fuego del nuevo eje Rusia/Turquía/Irán.

Ahora Pekín se coloca en el asiento trasero conducido por Rusia en Siria, donde llegó una importante delegación militar del Ejército de Liberación Popular (ELP) de China con el fin de detener el retorno subversivo de uigures yihadistas a la región autónoma islámica de Xinjiang (http://goo.gl/fVT4Kr).

Zhao Weiming, de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, comentó que se trata de una respuesta, en la esfera de influencia de Washington en Medio Oriente, a la interferencia militar de EU en el patio trasero de China: el mar del Sur de China. Tampoco China tiene la intención de "ofender (sic) a los países árabes predominantemente sunitas encabezados por Arabia Saudita".

Un año atrás, el almirante chino Sun Jianguo, vicejefe del estado mayor del EPL, había visitado Irán con el fin de profundizar los lazos bilaterales militares (http://goo.gl/ZWclJ4).

Era cuestión de tiempo la consolidación de la coalición "C4+1" –Irán/Irak/alawitas de Siria/Hezbolá libanés más Rusia (http://goo.gl/4PEZUY)–, a la que se puede sumar la sunita Turquía en su fase de posgolpe y de su colisión con EU y la OTAN.

Después de 70 años (¡supersic!), Moscú regresa militarmente a Irán, ahora a la base área de Hamadán, donde serán colocados los antimisiles de ensueño S-300 recientemente entregados a Teherán con el fin de proteger tanto los aviones de Rusia como el cielo persa a un ataque artero de Israel (http://goo.gl/so9ah3).

El canciller turco, Mevlut Cavusoglu, arremetió contra la OTAN, de la que es miembro prominente Turquía, por no cooperar en materia de "transferencia de tecnología e inversiones conjuntas", lo cual orilla a Ankara a considerar establecer lazos militares con Rusia. Muy severo, Cavusoglu fustigó que "Occidente" maltrata a Turquía y a Rusia como “países de segunda clase (https://goo.gl/NyU7W6)”.

Quedan atrás el derribo del avión ruso y la acerba crítica de Erdogan de que el "mar Negro" era un "lago ruso". Hoy Turquía hasta se aleja en forma asombrosa de la política de "Occidente" en Ucrania.

Es cuestión de tiempo la ruptura de Turquía con la OTAN y su simultánea incorporación al Grupo de Shanghai, que encabezan China y Rusia, como refiere Michael Maloof, prominente ex funcionario del Pentágono: "El presidente turco Erdogan ha renunciado básicamente a la OTAN y aún a la Unión Europea y voltea a ver a Oriente", para conectarse, a mi juicio, con los pueblos túrquicos desde el desierto de Gobi hasta el Transcáucaso.

Según Maloof, "Rusia busca la ayuda de Turquía para contener y controlar a los sunitas islámicos, a los yihadistas sunitas en Siria, pero también para convertirse en una influencia regional" en Medio Oriente.

Turquía, Irán, Pakistán e India anhelan integrarse al Grupo de Shanghai, que ha evolucionado desde su matriz geoeconómica a una agrupación "contraterrorista".

Maloof acepta que EU "está quedando fuera de Medio Oriente", en referencia a su papel en Siria, donde, después de la guerra, el presidente sirio ha prometido gratificar a Rusia, Irán y China con el gran negocio de su reconstrucción (https://goo.gl/SKlgoP).

Mientras la flota rusa lanzaba desde el mar Mediterráneo los célebres misiles crucero Kalibr contra objetivos yihadistas y colocaba otros misiles en el mar Caspio, el zar Putin se apersonó en Crimea en medio de notables "juegos de guerra" de gran envergadura en el mar Negro.

¿Espera el presidente ruso una réplica de EU mediante su aliado rusófobo de Kiev, que se ha puesto muy nervioso?

Obama sigue jugando golf en sus vacaciones en Martha’s Vineyard a menos de tres meses de la crucial elección presidencial de su sucesor(a), a quien legará el caos global que sembró en su confrontación dual contra Rusia y China.

El empantanamiento de la ex URSS en su fallida guerra de Afganistán, que llevó a su implosión, impidió su salida a los mares calientes.

Hoy, 37 años más tarde, Rusia consigue salir doblemente a los mares calientes: con su conexión al mar Mediterráneo, afianzada mediante su reconciliación con Turquía (sumada de las bases rusas en Siria), y ahora con Irán, que le puede brindar una salida superestratégica al océano Índico.

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