Monólogo del río Cauca Nº 2  en La(mento) mayor

Yo no diré qué mano me lo arranca, ni de qué piedra de mi pecho nace: 

Yo no diré que él sea más hermoso... ¡Pero es mi río, mi país, mi sangre! Dulce María Loynaz

Yo río de tus cóleras inútiles,
oh Río, oh tú Bredunco,
oh Cauca de fragoroso peregrinar por chorreras y vocales atormentado,
indómito y bravío y de perezas
infinitesimales en los remansos
de absintias aguas quietas,
y de lento girar en espirales
Y de cauce luminoso!
Oh Cauca, oh Cauca Río.
Relato de Erik Fjordsson.
León de Greiff.


 
¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Piedad! ¡No me abandonen, ciudadanos de este hermoso suelo! Hoy, más que nunca, clamo, imploro, ruego: ¡Derriben ese muro antes de que sea tarde! Me llamo el Cauca. ¡Yo soy el Cauca! ¡Todos somos el Cauca! Los convoco a que se unan a mi rugido —cada minuto más débil— y entonemos, al unísono, un glorioso cántico de batalla, en un frente unido: «¡Yo soy el Cauca!» Esos hombres… no los quiero nombrar… —ingenieros y burócratas, trúhanes modernos y majaderos antiguos, tejidos de villana y grosera tela, echacuervos, corazón de mantequilla, con ánimo de ratón casero, de alma endurecida y pan mal empleado— desean, en su fuero interno, que yo diga, ¡ay de mi!... yo fui el Cauca. No será así.

 

Pero, ¡ay!, desfallezco en mi debilidad. ¿Quién puede sobrevivir así? Se me va el oxígeno, se me van las aguas, mi acuífero se vacía sin remedio. Y aún así, lucho, pervivo, resisto, aniquilado atrozmente a manos de tan notables cobardes, mentirosos infinitos, incumplidores de promesas y amos de ninguna cualidad que faltan a la verdad tantas veces como horas tiene el día. Soy el Cauca: portentoso, amplio, profundo, sereno y amoroso. Soy el Cauca, acompañado, nutrido, a mi izquierda, del vertiginoso Timba, del pedregoso Rioclaro, del brioso Jamundí, del manso Lilí, del helado Meléndez, del apretado Cañaveralejo, del agreste río Cali; también del Arroyohondo, del Vijes, del Mediacanoa, del río Pie-dras, del Riofrío y del Pescador; a mi derecha: del Desbaratado, del río Frayle, del Párraga, del Amaime, del Cerrito, de la cristalina e impetuosa Zabaletas, del Guabas, del apacible Sonso, del añoso Guadalajara, y del Tuluá; y también del Bugalagrande, La Paila y La Vieja. No es posible que tantos afluentes vengan a mi, a verter sus aguas cargadas de vida y en-cuentren que no hay esperanza, que todo es en vano.

 

Hoy agonizo. Muero, y conmigo, muere la vida. ¿Para qué sirven estas venas que me nutren si igual aniquilan mi corriente? Mis aguas son detenidas, estancadas por ese infame murallón. ¡Atrás, idiotas de cascos blancos, engendros de tres centímetros de estatura! ¡Quiero vivir! Al igual que quieren la vida las especies de la flora y la fauna a las que otorgo el hálito vital; al igual que perviven en mi cuenca los minerales que la nutren: el carbón, la piedra caliza, el mármol, el oro, la plata, el platino, el hierro y el amianto. Por otra parte, de mi dependen los cultivos de arroz, sorgo, yuca, café, cacao, algodón, maíz, frijol, caña de azúcar y banano; los he parido desde tiempos inmemoriales, desde antes de que llegaran esos ingenieros de cascos blancos ilustrados de una inteligencia más espesa que el engrudo de una horrible bazofia. Me enferma el solo verlos acercarse a mis aguas. En verdad, quisie-ra ahogarlos, pero no quiero contaminar más mis aguas.

 

Sí, hablo desde la rabia y desde la ira y desde el dolor que me causa el ecocidio que ellos, hombrecitos de poca valía, se empeñan en sacar adelante a cualquier precio. A ellos —el ingenioso hidalgo los llamaría traidores, descompuestos, villanos, infacundos, deslen-guados, atrevidos, desdichados, maldicientes, canallas, rústicos, patanes, malmirados, be-llacos, socarrones, mentecatos y hediondos— no parece importarles las comunidades asen-tadas aguas abajo de ese paredón de la muerte. A ellos —diría el florido bardo inglés que no son más que tumores, llagas que supuran, úlceras inflamadas en la sangre corrompida de su propio país—, no les interesa las innumerables especies de peces, entre ellas, la sardinata, el barbudo, la picuda, la cucha, el mazorco, el bocachico, el jetudo, el chango, la sabaleta, la guabina, el guachilejo y la dorada, que han muerto y siguen muriendo en las orillas desecadas de mis riberas. A ellos —sus mentes más secas que un mendrugo de bizcocho después de un largo viaje—, no les importa que un río, el segundo río de este sufrido país —pero hermoso y espléndido—, muera impunemente. Todo por la codicia infinita y arrogancia sin límites que los carcome como el orín a las latas de un carromato abandonado al salobre trópico. No sigan, por favor, dando explicaciones ni justificaciones: que la compuerta tal, que no sé qué cuarto de máquinas, que el túnel sí se cuantos, que el rebosadero tal; sus explicaciones técnicas infectan mi entendimiento y mi serena sabiduría.

 

¡Silencio! Solo admito hechos; solo concedo que mis aguas corran libremente, que ese muro sea derribado y deje de existir; que ninguna pared me detenga. Suficiente mal han hecho, dejen de empecinarse, como el más ponzoñoso de los venenos, en sacar adelante una hidroeléctrica que no tiene pies ni cabeza, que nació fallida y sigue fallida por la inmensa soberbia de querer detenerme, a la brava, a toda costa.

 

¡Apártense! ¡Aléjense! Ustedes huelen mal. Me repugna su hedor, el más horrible que alguna vez haya ofendido un noble olfato, sepan que sobre mis aguas, mis riberas y mis valles sobrenadan los dulces aromas que despiden camias, guayacanes, sarrapias, balsaminas y samanes; que, de mis laderas encañonadas, sobresalen mil especies de orquídeas, que en mi cuenca revolotean las mariposas multicolores y cantan las tórtolas, la mirlas, los periquitos, los carpinteros y graznan los patos pico de oro; que de mis arenales surge la vida, la armonía, la belleza de la naturaleza indómita.


Aquí han vivido, antes de estos tiempos aciagos, numerosas tribus autóctonas; recuerdo, cómo, hace quinientos años, habitaban estas tierras los liles, los gorrones, los chancos, los quimbaya, los carrapa, los picara, los paucura, los pozo, los arma, los anserma, los buriticá, los dabeiba, los catío. Poco o nada queda de ellos. El hombre blanco los aniquiló, los ahuyentó, los desplazó. Ahora hay poblaciones mestizas, mulatas, afrodescendientes, indígenas: gente pobre, gente honesta, gente trabajadora, gente necesitada, a lado y lado de mis riberas, que viven de lo que proveo; de lo que otorgo en mi munificencia infinita. Pero esta gente buena no puede vivir si mis aguas no bajan; no puede sobrevivir si de mí no puede sacar agua para su subsistencia; no puede comer si se acaba la pesca artesanal en mis aguas; ni tampoco puede regar sus sembradíos si, simplemente, el agua no está.

 

Es posible matar los ríos; en el mundo asesinan ríos todos los días. Yo no quiero ser uno de más de ellos. ¡Por favor! ¡Detengan a esos malvados! La acidez de su actitud des-compone las más dulces de las mandarinas, granadillas, y naranjas que se cultivan en mis riberas. Ni siquiera ellos —amos de la insolencia—, creen en la viabilidad de su proyecto. Entonces, ¿por qué tanta perversidad? Han dicho, farfullando, mascando las palabras, des-de la primera emergencia, hace ya tantos meses, que su hidroeléctrica no es viable, por tan-to, tiene más fe un coco cocido que sus cabecitas huecas; sus rostros descoloridos, forrados de mentiras, no merecen siquiera la resolana de mediodía.

 

Y, el país ¿qué hace? ¡Por qué tanto silencio? ¡Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta connivencia de la gran prensa con aquellos señores de cascos blancos en sus oficinas inteligentes? ¿Dónde están las corporaciones regionales, la autoridad nacional de licencias ambientales, el tal ministerio del Medio Ambiente? ¿Por qué tanto mutismo? ¿Por qué la prensa hegemónica distorsiona la realidad de la catástrofe ambiental, la mengua, la empe-queñece y la niega? ¿Acaso no es este el peor crimen ecológico que se ha cometido en el país? Acaso soy yo, un río que agoniza, quien tiene que recordarles el lamento de aquel hombre que dijo, en medio del desamparo: «Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista… Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.» ¿Cuántos ríos más hay que asesinar en este país, cuántos páramos más hay que aniquilar, cuántos pueblos más deben quedar sin agua, cuántos sembradíos más deben marchitarse para que alguien se levante y me ayude a derribar ese muro de la obstinación? ¿Debo recordar —¡yo, qué ironía!—, que sin agua no hay vida?

 

¡Oh, dolor! ¡Oh, desesperanza! ¡Oh, cólera infinita! Recuerdo antaño, cuando re-montaban mis dulces aguas caucanas en sus falúas, andaluces y extremeños, barbudos, allende cuidadores de cerdos, villanos y analfabetas, llegados ávidos de riqueza inmediata. A su encuentro, salían de los caños escuadrones de veloces canoas que pirueteaban en torno a las naves comandadas por los españoles. A las ballestas, arcabuces y los juramentos se oponían miles de indios emplumados que hacían llover sobre los hombres vestidos de latón —no por ello invulnerables—, las flechas, las lanzas de chonta, el polvo de ají, las hondas de majagua, las macanas de guayacán; adormilaban y confundían a los que salva-ban de la flecha envenenada con vapores y humos, provenientes de columnas de fuego encendidas con maderas verdes, o con sahumerio de ají y pimienta quemada que les provocada quemazón en los ojos. Y el ají, bajo la forma de polvo molido, lo arrojaban a los ros-tros de los españoles, ocasionándoles —hasta risa me da—, un intenso estornudo. Buscaban, los arteros indígenas, que los españoles descuidaran sus rodelas para ofrecer un fácil blanco a las fechas envenenadas. Aupados, además, por su tenebroso vocerío y el zumbido de las trompetas de balso, caían sobre los conquistadores y hundían sus naves. Mis aguas, revoltosas, tornasoladas de ocre-sepia-marrón, se los tragaban para castigar su osadía.

 

Oh, tiempos aquellos donde el hombre originario de esas latitudes era invicto, valiente y temerario ante la afrenta civilizadora. Hoy no hay —¿o me equivoco?— flechas envenenadas, ni lanzas de chonta, ni hondas de majagua; pero no soy yo, el Cauca, quien debe listar los recursos y acciones legales, sociales, populares, disponibles para desafiar la apocalíptica bestia de siete cabezas y diez cuernos que llaman dizque Hidroituango. Y, si por desventura, el derecho de los hombres, lo que llaman la ley positiva, no es suficiente, que entonces sea la ley divina, la ley eterna, la ley de la naturaleza, la ley de origen, aquella misma que asistió a Antígona, y que nunca caduca, la que se encargue de que se haga justicia.

 

¿Es demasiada osadía o altanería, pregunto, pedir que a un río —el segundo del país—, se le permita vivir? ¿Acaso es mi clamor un clamor egoísta e interesado? ¡No! Si vi-vo, viven las comunidades aledañas; si vivo, viven las aves, los peces, las flores, los árboles, los arbustos; si vivo, viven los cultivos de mi cuenca; si vivo, viven y vuelan las aves. Por eso, cuando hablo, cuando decido no callarme, lo hago porque me atormenta, mucho más que mi lecho seco y maltrecho, la vida y la alegría que se extingue en mi entorno por el súbito desecamiento al que me someten esos señores de cascos blancos desde sus supuestas oficinas inteligentes.

 

Amenazas más grandes ha enfrentado el pueblo colombiano para que se amilane hoy ante un adversario no pequeño, pero tampoco invencible. ¡Yo soy el Cauca! ¡Todos somos el Cauca! ¿Quién no es el Cauca? ¡Que nadie me deje solo! ¡Que todos expresen su indignación frente a lo que ocurre ante sus ojos! ¡Qué todos exijan justicia y reparación! Que todos sepan, también, en su generosidad infinita, perdonar, a quienes me han querido aniquilar. Mi madre, la Señora Naturaleza, sabrá lo que debe venir.

Publicado enEdición Nº254
Rusia y China se acercan cada día más, según los principales espías de EU

Hal Brands, historiador oldfashion a sus 36 años, imbuido del tóxico "destino manifiesto", comenta la apreciación de los principales espías de Estados Unidos sobre "el mayor acercamiento de Rusia y China" (https://bloom.bg/2U5DlmD).

Brands –nueva estrella inflada en medio de la orfandad de geoestrategas de EU y autor del polémico libro Las Lecciones de la Tragedia: el Arte de Gobernar y el Orden Mundial– (https://amzn.to/2BPtw5r) analiza la "evaluación de las amenazas globales de la comunidad de espionaje de Washington" ante el selecto Comité de Inteligencia del Senado, por Dan Coats, director del Espionaje Nacional (National Intelligence), y Gina Haspel, la torturadora directora de la CIA (http://bit.ly/2U3EIST).

El historiador detecta "tres tendencias que podrían alterar seriamente el paisaje global para lo peor (sic)":

1. "La cada vez más íntima relación de China y Rusia" que "están más alineados que en cualquier momento desde la mitad de la década de los años 50". Brands vaticina que esa relación "será probablemente mayor por su oposición compartida a los valores democráticos (sic) y al liderazgo global de Estados Unidos". Agrega que "Beijing y Moscú cooperan ahora en ejercicios militares y ventas de armas, arreglos energéticos y lazos económicos" que permitirán a cada uno "desafiar mejor a EU".

A mi juicio, salvo el zar Vlady Putin y el mandarín Xi, nadie sabe la profundidad y alcance de su "asociación estratégica", pero Brands se atreve a definir que se trata de una "casi (sic) alianza" que "dificulta a la potencia norteamericana tratar con cualquiera de los dos". En abono a la intimidad geoestratégica del zar Putin y el mandarín Xi, no pasó desapercibida durante el discurso del presidente ruso en la Duma, su intención de incrementar las inversiones en inteligencia artificial y big data, además de fortalecer la conectividad de la Unión Económica Euroasiática con la Ruta de la Seda, lo cual fue ampliamente difundido por el órgano oficial del Partido Comunista chino People’s Daily (http://bit.ly/2UaFKwJ).

2. Las coaliciones geopolíticas de EU se encuentran a prueba, como advierte Dan Coats, a punto de ser despedido por Trump por contradecirlo en público (http://bit.ly/2U73S36): "Algunos (sic) aliados y socios de Estados Unidos buscan una mayor independencia (respecto de este país) en respuesta a sus percepciones del cambio de las políticas en seguridad y comercio y se están volviendo más abiertos a nuevas (sic) asociaciones bilaterales y multilaterales" tanto en Europa como en Asia-Pacífico. Brands comenta que hoy lo que los politólogos denominan hedging (cobertura de riesgos) se ha vuelto más común cuando "desde Australia y Japón hasta Francia y Alemania" buscan nuevos acomodamientos que serán más pronunciados "si Trump u otro escéptico (sic) del globalismo estadunidense es elegido en 2020".

3. Los espías de EU, citados por Brands, juzgan que la "economía internacional y la política global serán profundamente configuradas por las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biología sintética" y "no existe garantía alguna de que Washington encabezará la rivalidad" con sus competidores Putin y Xi. Reconoce que el "liderazgo intelectual de EU en ciencia y tecnología se ha erosionado" cuando "Beijing estaría adelantada en inteligencia artificial y otras tecnologías de punta". Es evidente que el declive del dominio tecnológico de EU tendrá tremendas repercusiones geopolíticas.

En su libro anti-histórico de hace tres años Realizando el Momento Unipolar, Brands no se percató de la parusía militar de Rusia ni del ascenso imparable de China y apostó a la descabellada unipolaridad de EU que, supuso, resucitó gracias al incremento de la economía globalizada y al avance de los derechos humanos y la democracia. Más vale que Brands desaparezca este libro de las librerías porque solamente exhibe su falta de pericia prospectivista (https://amzn.to/2U59YRq).

Guste o disguste a Brands y a la Universidad Johns Hopkins, donde despacha, el mundo se está desglobalizando rápidamente y tiende al (des) orden tripolar de EU/Rusia/China.

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@AlfredoJalifeR_

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Rusia quiere prohibir los móviles y las redes sociales a sus soldados para eliminar pistas de sus operaciones

Sitios web de investigación se han servido del contenido de las redes sociales de los soldados rusos para confirmar su participación en conflictos

Esta medida servirá, según la Duma, para proteger a los soldados de exposiciones peligrosas ante "supuestos socios"

Varios periodistas informaron que pudieron rastrear a reclutas en zonas como el este ucraniano, donde se supone que Rusia no tenía unidades activas

El Parlamento de Rusia ha votado para prohibir a sus soldados utilizar smartphones y las redes sociales después de que una serie de investigaciones basadas en fuentes abiertas hayan revelado la participación secreta de sus fuerzas en conflictos en el extranjero.


La Duma votó este martes para prohibir a los miembros de las fuerzas armadas publicar información en la red sobre sus unidades militares, despliegues y otra información personal, incluyendo fotos, vídeos e información de geolocalización. También les prohibirán llevar smartphones y otros dispositivos con acceso a Internet o que puedan almacenar información como fotografías. Los teléfonos antiguos no estarán prohibidos.


Autoridades rusas señalan que el veto es necesario para proteger información militar secreta de servicios de inteligencia extranjeros. El texto de la nueva ley hace referencia explícita a la reciente campaña militar de Rusia en Siria.


"Mientras nuestra información no esté protegida de aquellos considerados nuestros socios, estamos indefensos. El objetivo de la legislación no es el de complicar la vida de los soldados, sino el de protegerles de exposiciones peligrosas", ha asegurado Vladimir Bogodukhov, miembro del comité militar de la Duma.


Los militares rusos acostumbran a colgar fotografías y detalles de su servicio en las redes sociales Vkontakte y Odnoklassniki para no perder el contacto con sus colegas. No obstante, esta información ha sido la causa de que se abrieran investigaciones de código abierto para seguir las actividades que realizan las fuerzas rusas que combaten de forma secreta en Ucrania y Siria, a veces en vivo.


Concretamente, los datos publicados en redes sociales han permitido a periodistas rastrear unidades activas en el sudeste ucraniano, donde Rusia aseguró que no tenía presencia militar.


Un análisis del sitio web de investigación periodística Bellingcat llegó a detectar a soldados transportando un sistema de misiles de superficie que podría estar relacionado con el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines. En un vídeo titulado Selfie Soldiers, el medio Vice News consiguió rastrear desde Rusia central a un soldado de Buryatia que había publicado fotos del este de Ucrania durante el conflicto.


Lo que suben a las redes también ha hecho más fácil el poder seguir a miembros de las fuerzas armadas rusas hasta Siria. En algunos casos, esta operación se llevó a cabo varias semanas antes de que el país anunciara su involucración en la guerra civil. Los perfiles se han utilizado también en diversas ocasiones para confirmar bajas de los soldados en el país sirio y en Ucrania, así como para elaborar informes sobre novatadas entre los reclutas.

Por Andrew Roth - Moscú

Traducido por Javier Biosca y Naiara Bellio

20/02/2019 - 18:24h

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Martes, 12 Febrero 2019 06:11

Irán seguirá con sus misiles

Irán seguirá con sus misiles

Con motivo de los 40 años del triunfo de la Revolución Islámica, el presidente iraní destacó los avances pese a las sanciones.

 

El presidente iraní, Hasan Rohani, advirtió ayer que Irán continuará desarrollando sus sistemas de misiles, ante la multitud congregada en la plaza Azadi de Teherán para festejar el 40 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica en ese país.


En su discurso a los manifestantes reunidos en la plaza Azadi (Libertad), Rouhani desestimó los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a Teherán y dijo que las sanciones de Estados Unidos no podrían quebrar a la República Islámica.

“La presencia de personas hoy en las calles de todo el Irán islámico significa que el enemigo nunca alcanzará sus objetivos malvados”, dijo Rohani, y agregó que el país continuará con su programa de misiles para defender al país de amenazas externas. “No hemos pedido, y nunca pediremos permiso para desarrollar nuestro arsenal de misiles mientras continuamos nuestro camino hacia el poder militar”, subrayó Rohani, quien detalló en su discurso algunos de los logros militares de los últimos 40 años. El mandatario señaló, además, que “la potencia militar de Irán es sorprendente para todo el mundo”, entre los vítores de los asistentes, que llenaron la plaza y todas las calles aledañas.


En una muestra de este poderío, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución expuso en las calles de Teherán, escenario de ceremonias los misiles Qadr, con un alcance de 2.000 kilómetros; Ghiam, de 700 kilómetros; y Zolfeghar, de 800. Los sistemas de misiles de Irán, así como su influencia regional, preocupan especialmente a Estados Unidos, pero también a Europa y a países de Medio Oriente como Arabia Saudita e Israel. Sobre la influencia regional, Rohani afirmó que gracias al apoyo de Irán a Irak, Siria, Líbano, Palestina y el Yemen, “los enemigos no lograron una victoria”. También incidió en la intervención extranjera en Medio Oriente, en particular de Estados Unidos y aseveró que esas fuerzas foráneas “deben salir de la región”.


El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirar a su país del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 y reactivó las sanciones contra ese país, lo que causó daños a la economía y llevó al régimen de los ayatolás a denunciar una “guerra económica”.


“La presencia de la gente en las calles de todo el Irán islámico significa que se han arruinado las conspiraciones planeadas este año por el enemigo”, afirmó el Rohani en su discurso. A su juicio, la gran participación popular en las celebraciones de ayer demuestran que “el enemigo no alcanzará sus objetivos siniestros y la vía de la revolución continuará del mismo modo que en los pasados 40 años”.


Cientos de miles de ciudadanos salieron ayer en las principales ciudades del país para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la caída del régimen del sha Mohamad Reza Pahlevi y el ascenso al poder del ayatolá Ruhollah Khomeini, el líder de la Revolución Islámica.


Las imágenes de las cadenas de televisión estatal mostraron grandes multitudes de manifestantes con banderas iraníes y coreando lemas como “Muerte a Israel, muerte a América”, proclamas habituales desde la Revolución Islámica. “A pesar de la consternación de América, la revolución alcanzó los 40 años”, reza otra de las pancartas exhibida por los manifestantes.


La elevada asistencia a las manifestaciones convocadas por el Gobierno coincide con un momento especialmente delicado para los iraníes por el aumento de los precios, la escasez de alimentos y la alta inflación, circunstancias que provocaron anteriormente una ola de manifestaciones contra el Gobierno.


Arabia Saudita, líder sunnita de la región, y otros países árabes miran con recelo a Irán desde que la Revolución Islámica acabó con el régimen del sha, por el temor a que el ayatolah Khomeini sirviera de inspiración a los milicianos islámicos en Medio Oriente.


Irán y Arabia Saudita están implicadas en los conflictos de Irak, Yemen y Siria, donde defienden a bandos contrapuestos y profesan visiones opuestas del islam: el primero es chiita y su adversario es sunnita.

 

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El presente no perdona: el gobierno Duque y los movimientos sociales

El primer semestre del gobierno Duque ha tenido a la protesta social como uno de sus protagonistas, en gran medida aunque no exclusivamente debido al paro universitario, que tras más de dos meses de movilización consiguió un acuerdo para mitigar la crisis de financiamiento de la educación superior pública. Los organizadores de esta protesta presentaron el acuerdo como una victoria. En efecto, este desenlace parcial es contraintuitivo si se tiene en cuenta el sesgo antiprotesta del gobierno, que se ha manifestado en iniciativas tendientes a “regular” este derecho y, sobre todo, en la exagerada criminalización y represión.

 

En el auge de la protesta convergen factores estructurantes del escenario político incluso desde el anterior gobierno, como el cierre del sistema político institucional y de la política electoral, cada vez percibidos como más corruptos, menos representativos e insuficientes para dar trámite a las demandas de distintos sectores sociales, aplazadas por décadas debido al conflicto armado pero ubicadas con fuerza en la agenda pública durante las negociaciones de paz. Sin embargo, quizás el principal elemento explicativo del ascenso de la protesta es la frustración de las reivindicaciones de transformación social y política, presentes tanto entre los votantes de Duque como entre los de sus opositores.

 

Los problemas del gobierno Duque no se explican principalmente por su falta de liderazgo o experiencia, como han advertido algunos analistas, sino por su carácter anacrónico: se trata de un gobierno que ha calcado sus marcos cognitivos y estrategias de lo que fueron los dos gobiernos de Uribe en un contexto radicalmente distinto.

 

La dominación por el espectáculo

 

En primer lugar, la dominación por el espectáculo: un modo de gobierno que apuesta por resolver los problemas reales del país a partir de cortinas de humo, para tapar un escándalo con otro, y de una estrategia de comunicación política que se esfuerza por vender una imagen popular del presidente. La frivolidad de Duque, quien ha tenido más tiempo para departir con personajes de la farándula, jugar pelota o cantar, que para dialogar con los estudiantes en paro o apoyar la agenda legislativa producto de la consulta anticorrupción, no es para nada accidental. Muy probablemente, si a Uribe se le hubiera dado hacer “cabecitas” con el balón o trovar, no lo recordaríamos tomando tinto encima de un caballo o nadando en un río.

 

La estrategia ha resultado ineficaz, no solo porque es una segunda parte mala, comedia más que tragedia, sino porque desde que se implementó a principios del gobierno Uribe el panorama ha cambiado: el expresidente se reeligió con mayorías y nunca tuvo una oposición con más de ocho millones de votos, lo que muestra que su liderazgo ha ido sufriendo un lento pero real descenso y que el actual gobierno no cuenta con el mismo respaldo.

 

Además, si bien el uribismo, y a su lado los sectores más retardatarios de las élites políticas y económicas, conservan el dominio de los medios de comunicación, fuentes alternativas casi inexistentes hace tres lustros, como las redes sociales virtuales, funcionan como un contrapeso muy relevante. La movilización social, el creciente descontento no son un asunto mediático: el panorama se ha transformado mucho desde cuando Uribe envió a cada uno de sus potenciales votantes una carta con los 100 puntos de gobierno, en 2002.

 

Aunque en general las redes funcionan como un terreno en disputa como cualquier otro, no es menos cierto que en muchos casos determinan la agenda informativa hasta el punto de que los medios de comunicación convencionales y tradicionales se ven obligados a replicar lo que sucede en las ellas. Medios de comunicación como RCN, anteriormente volcado totalmente a acompañar el gobierno Uribe, hoy experimenta su peor crisis. En fin, a juzgar por las encuestas, el fracaso de esta estrategia no solo ha dado por resultado un récord en lo que a la (im)popularidad de Duque se refiere sino que ha minado la del expresidente mentor.

 

Contrainsurgencia en tiempos de paz

 

Un segundo aspecto anacrónico del actual gobierno es su apuesta contrainsurgente, pues no solo es totalmente contraria a la implementación de los acuerdos de paz que la mayoría de la sociedad reclama, sino que le ha impedido hacer una lectura objetiva de la transformación experimentada en el escenario político después del acuerdo de paz.

 

Respecto de problemas como la protesta social, las garantías para la oposición y la implementación de los acuerdos de paz, el gobierno parece leer la realidad política en los mismos términos en que lo hacía la retórica justificatoria de la “seguridad democrática”: reactivando un imaginario contrainsurgente, la creencia en que existe un “enemigo interno” conspirando contra el orden social. Este imaginario tomó fuerza durante la campaña presidencial, cuando incluso líderes alternativos replicaron el discurso uribista en contra del “castrochavismo” representado por el candidato Gustavo Petro, y en la práctica significó una estigmatización a cualquier propuesta de cambio, especialmente si viene de la izquierda.

 

Ese hecho es comprensible si se tiene en cuenta que el uribismo debe su legitimidad a la guerra y, en consecuencia, necesita con urgencia reemplazar el enemigo absoluto que representó la guerrilla de las Farc. De ahí el retorno de una política antidrogas centrada en la represión, las amenazas tácitas y explícitas de guerra con Venezuela, el hecho de que más que programas para la construcción de la paz existan ambiciosos planes e inversiones militares y el sesgo anti-protesta.

 

Desde el comienzo del gobierno, tanto los discursos del Presidente como los del ministro de defensa se mostraron explícitamente contrarios a la protesta, reduciendo el ejercicio de un derecho constitucional a la generación de odio y desorden, a la afectación de terceros y acusando a las organizaciones de recibir financiación de “grupos armados”. De esa manera, el gobierno erigió la protesta en uno de esos enemigos con los que intenta usufructuar algo de legitimidad. En esta perspectiva debe entenderse el llamado a “regular” la protesta social, la exagerada represión que sufrió el paro universitario e incluso el hecho de que los asesinatos de líderes sociales (más de 30 en lo que va del gobierno) aun no se reconozcan como un problema “sistemático”.

 

Pedir una mayor “regulación” del derecho a la protesta en un contexto en donde repertorios de acción básicos como el bloqueo de vías están catalogados como conductas punibles, con altas penas y un amplio margen de interpretación que beneficia a las autoridades, solo puede catalogarse de absurdo. Esa misma consideración merece el argumento de que las protestas benefician a minorías en detrimento de los derechos de las mayorías, porque desconoce que cuando la protesta tiene lugar es debido a que determinados sectores sociales no tienen más recurso para hacerse oír, pero además está basado en una idea antiliberal de la democracia que no favorece los derechos de las minorías. Si se aceptara ese argumento, habría que prohibir o “regular” también los gremios que cabildean en función de sus intereses particulares. Pero el gobierno es consciente de que lo único que escapa a aquello que garantiza su gobernabilidad, la “mermelada”, es la protesta social y por eso hará todo lo que esté a su alcance para deslegitimarla y restringirla.

 

La escalada represiva

 

La guerra funcionó como un obstáculo insalvable para la representación de diversas reivindicaciones de resolución de los problemas estructurales que la desencadenaron –redistribución de la tierra, participación política, etc.-. Es lógico que una vez mermada la confrontación esas reivindicaciones emerjan y que lo hagan de la única manera que pueden hacerlo en un contexto de cierre del sistema político institucional: la protesta. Construir o consolidar la paz pasa necesariamente por garantizar el derecho a la protesta social, precisamente como una vía para la resolución de dichos problemas estructurales que estuvieron en la raíz de la guerra. Por esa razón, un tercer anacronismo del gobierno Duque es la descomunal represión que ha demostrado frente a la protesta, en particular frente al paro universitario.

 

Las marchas estudiantiles fueron tratadas como si fueran actos de guerra y como si sus participantes fueran insurgentes, más que ciudadanos ejerciendo un derecho. No solo fueron contrarrestadas con todo el poder de fuego del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dejó una cantidad no determinada de heridos, entre ellos tres estudiantes que perdieron uno de sus ojos cada uno por causa de lo que solo puede calificarse de sevicia en el uso de las armas “de letalidad reducida”, sino que incluso fueron infiltradas por agentes de la Policía no uniformados, como si en realidad representaran una amenaza para la seguridad del Estado y el orden social. Si bien es cierto que el Esmad ya antes ha demostrado que no es un cuerpo para garantizar derechos sino para conculcarlos a la fuerza, en esta coyuntura la represión está totalmente articulada a la estigmatización de la protesta y al retorno del discurso contrainsurgente en el alto gobierno.

 

La desproporción con la que se trató la movilización universitaria no habría sido notoria de no ser por la apuesta explícita de las organizaciones estudiantiles por las manifestaciones sin violencia y los repertorios de acción lúdicos y expresivos. Inicialmente, se retomaron repertorios exitosos en la movilización de 2011 como los abrazos y la entrega de flores a los policías, apostando por evitar así la represión. El 24 de octubre de 2011 el abrazo espontáneo de policías por parte de estudiantes en una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, sorprendió tanto a la Policía como a los medios de comunicación, hasta el punto de que la revista Semana incluyó como su portada una fotografía del suceso, y contribuyó a afincar la legitimidad y el respaldo social al movimiento estudiantil.

 

En contraste, lo que demuestra la represión en 2018 es que tanto la policía como los medios aprendieron la lección: una vez que fracasó la treta de negociar con los rectores, con la que el gobierno pretendió desactivar la movilización, se incrementó notablemente la represión y en los medios predominó el “vandalismo” y los “disturbios”, que por lo demás son ocasionados por la intervención violenta de la fuerza pública, en lugar de la información de fondo sobre las protestas y sus reivindicaciones. De manera que, si se pudiera extraer una lección para los movimientos sociales sería la necesidad de innovar en los repertorios de acción para hacer frente a la represión, cosa que no es nada fácil pues muchas veces –incluyendo el abrazo a los policías- resulta más de la espontaneidad que de la planeación estratégica.

 

Horizontes despejados

 

A corto plazo los costos para la protesta social en términos de represión no se van a reducir. Sin embargo, no es muy probable que las movilizaciones disminuyan. Paradójicamente, su disminución está en función de la capacidad que tenga el gobierno Duque para regresar al presente y reconocer los aspectos estructurantes del contexto político posterior al acuerdo de paz.

 

En la medida en que el gobierno insista, como lo ha hecho, en “volver trizas” los acuerdos de paz y en ese empeño cuente con el respaldo de la mayoría de la clase política, dejará como única alternativa para escuchar la voz de los excluidos a la protesta. Lo más probable es que la moderación de Duque llegue por la vía de la desarticulación de su coalición inicial, debido al carácter escaso de la “mermelada” con que está pegada. Pero en ese caso abriría oportunidades políticas para los movimientos sociales, que tendrían más posibilidades de encontrar aliados en el terreno social o en el político.

 

En el auge de la protesta social confluyen vectores estructurales que tarde o temprano requerirán una respuesta más allá de la represión. En el terreno sociopolítico, han salido a flote, para no sumergirse nuevamente, demandas bloqueadas durante medio siglo a causa de la guerra y que no se limitan a la implementación de los acuerdos, aunque eso puede en última instancia articularlas. La creciente desigualdad, que ubica al país en los primeros lugares del ranking hemisférico, no va a resolverse a punta de “economía naranja” o reformas tributarias regresivas. Los conflictos socioambientales tampoco se van a resolver restringiendo los mecanismos de participación y consulta a las comunidades afectadas.


Pero sobre todo existe una población mayoritariamente joven que ha empezado a experimentar una frustración ante la falta de alternativas vitales. En efecto, el 68,3 por ciento de la población del país se ubica en el rango de edades entre 15 y 64 años. Como ocurre en el campo de los movimientos sociales, la franja más joven intenta tomar el relevo generacional en los distintos ámbitos, pero se encuentran con bloqueos de distinto tipo y falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades. Para no ir más lejos, Duque hizo campaña ofreciendo un relevo generacional que no se ve por ningún lado. Tampoco es casual que en esta coyuntura la mayor fortaleza la haya demostrado el movimiento universitario.

 

El desafío para los movimientos será armonizar el descontento social que producen esos vectores estructurales con la esfera política. Como es bien sabido, las organizaciones de los movimientos sociales tienen fuertes vínculos con organizaciones políticas y partidos de izquierda. Por esa razón, las competencias electorales y la división de los actores políticos que conllevan siempre se han traducido en la desarticulación de los movimientos sociales. El escenario ideal sería una articulación de los esfuerzos en los dos ámbitos, el social y el político propiamente dicho, pero incluso evitar que los movimientos sociales se desestructuren en función de las disputas partidistas y electorales puede crear los espacios y los incentivos para que los problemas sociales mencionados se expresen por vía de la protesta.

 

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Publicado enEdición Nº253
Miércoles, 14 Noviembre 2018 05:47

Un ejército europeo para Merkel y Macron

Un ejército europeo para Merkel y Macron

“Tenemos que trabajar por una visión para crear un día un auténtico ejército europeo”, señaló la canciller. Coincidió así con planteos similares presentados por su par francés.

 

La canciller alemana, Angela Merkel,apoyó ayer el proyecto de crear un Ejército europeo, aunque sin ofrecer propuestas concretas, en un discurso ante la Eurocámara en Estrasburgo en el que presentó su visión de futuro para la Unión Europea. “Tenemos que trabajar por una visión para crear un día un auténtico Ejército europeo”, señaló la canciller, que coincidió así con planes similares planteados hace unas semanas por el presidente francés, Emmanuel Macron.


“Un ejército común europeo demostraría al mundo que nunca más volverá a haber una guerra entre países europeos”, añadió Merkel en un discurso que se vio interrumpido por abucheos, sobre todo por parte de eurodiputados de extrema derecha. Merkel consideró que un Ejército europeo podría constituir un buen complemento a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Además, la UE debería desarrollar una política común de exportación de armamento.


Recientemente, otras voces en Alemania habían apoyado la iniciativa, como Andrea Nahles, la líder de los socialdemócratas, socios de gobierno de Merkel, y de su correlegionaria y posible sucesora al frente de la Unión Democristiana (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer. Merkel respaldó así la propuesta del presidente francés Macron, que la semana pasada insistió en la creación de ese ejército para tener más independencia de Estados Unidos. “Lo que no me gustaría es que los países europeos aumentaran su presupuesto en defensa para comprar armas a Estados Unidos o a otros países”, dijo además el domingo a la emisora estadounidense CNN.


Sus palabras desataron las críticas inmediatas del presidente de ese país, Donald Trump, que ayer volvió a arremeter contra el mandatario galo. “Emmanuel Macron sugirió la creación de un Ejército propio para defender a Europa de Estados Unidos, China y Rusia. ¿Pero qué le ocurrió a Francia cuando Alemania actuó en la Primera y Segunda Guerra Mundial? En París estaban empezando a aprender alemán antes de que Estados Unidos llegara. ¡Paguen por la OTAN o no!”, dijo, reiterando una vez más su exigencia de que los europeos aumenten su contribución económica a la alianza atlántica.


No está claro, sin embargo, cómo podría ser ese Ejército propuesto por Macron. Según la propuesta de Francia, podría empezar por una tropa creada por un número reducido de países que interviniera en crisis, por ejemplo en el continente africano. En una siguiente etapa podría ampliarse el proyecto de un “auténtico Ejército europeo”.


Sin embargo, el gobierno alemán no está del todo de acuerdo con la propuesta de Macron porque quiere crear la tropa de intervención fuera del marco de la UE, con el objetivo de incluir a los británicos, que se saldrán del bloque en 2019. “Un ejército europeo debe crearse dentro de la Unión Europea, para eso creamos el año pasado la Unión de Defensa Europea”, dijo la ministra del ramo alemana, Ursula von der Leyen, la semana pasada, dejando claro que la decisión de intervención de las tropas tendría que seguir estando en manos de los Estados y Parlamentos nacionales. En lugar de un ejército europeo, el lunes habló de un “ejército de europeos”.


La UE cuenta desde 2007 con tropas de reacción ante crisis, pero nunca intervinieron, entre otras cosas porque son en su mayor parte los países que aportan los tropas los que deben asumir los costes. En su discurso, Merkel reiteró también su idea, ya presentada el pasado verano (boreal), de un Consejo de Seguridad europeo con miembros rotativos, al tiempo que pidió determinación a los países miembro.


Durante su discurso, la canciller alemana subrayó la importancia de la solidaridad europea y consideró que el alto endeudamiento o las limitaciones en el Estado de derecho en algunos países dañan a todo el bloque. El euro sólo puede funcionar si cada uno de sus miembros cumplen sus responsabilidades a la hora de tener finanzas saneadas en casa, dijo en una indirecta alusión a Italia, horas antes de que se cumpla esta medianoche un plazo de Bruselas a ese país para que revise su presupuesto y rebaje su objetivo de déficit para 2019, que la UE considera demasiado elevado.

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Domingo, 11 Noviembre 2018 05:58

Trump se ofende e insulta

Trump se ofende e insulta

Su anfitrión francés habló de formar un ejército europeo y el visitante se empacó, lo atacó por Twitter y se abrió de las conmemoraciones. Un momento de extrema vulgaridad en una ceremonia solemne.

 

Antes de que pisara el suelo de Francia el presidente norteamericano Donald Trump lanzó su bomba envenenada desde Twitter contra el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron. Junto a decenas de otros jefes de Estado y de gobierno, Trump viajó a Francia para participar en las conmemoraciones de los 100 años del Armisticio, es decir, el fin de la Primera Guerra Mundial. El multilateralismo del evento seguramente le provocó una indigestión de rabia que hizo explotar en su cañón preferido, Twitter: “el Presidente Macron acaba de sugerir que Europa construya su propio ejército para protegerse contra Estados Unidos, China y Rusia. Esto es muy insultante, pero tal vez Europa debería primero pagar su contribución a la OTAN a la que Estados Unidos subvenciona ampliamente”.


Poco le importó a la diplomacia de verbo grosero el marco consensual y reconciliador de las ceremonias. Cuando llegó a París y se reunió con Macron, Trump tenía cara de haber dormido con pesadillas. Las imágenes de los dos responsables muestran a un Trump insolente, vulgar, desafiante mientras su homólogo trata de disipar el efecto con modales de alta costura. Trump se molestó con las declaraciones que hizo Macron hace unos días donde el mandatario decía: “los europeos sólo estarán protegidos si se decide la creación de un verdadero ejército europeo. Debemos protegernos ante China, Rusia, e incluso ante Estados Unidos”.


Según Trump, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Europa se protege bajo el paraguas norteamericano sin pagar el precio justo. Luego de este primer episodio antagónico que no fue más que el preludio a muchos otros, la presidencia francesa explicó que el famoso “ejército europeo” evocado por Macron no apuntaba hacia los Estados Unidos y que, por consiguiente, hubo una “confusión” en la forma con que se interpretaron las palabras del Presidente francés. Macron abrió más tarde los paracaídas para desactivar una controversia que se agregó al clima de ímpetu y abismos profundos que separan a Estados Unidos y el Viejo Continente desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Macron sacó los violines para ejecutar la melodía de la conciliación.


En el encuentro que mantuvo con Trump dijo: “debemos compartir mejor la carga en el seno de la OTAN”. Los dos responsables teatralizaron las reiteradas frases de “convergencia”, “amistad” y “alianza” tan comunes cuando las relaciones son ásperas. Nada ocultará sin embargo la ruptura radical que existe entre uno y otro lado del Atlántico. OTAN, medio ambiento, políticas multilaterales, relaciones comerciales, postura ante Irán, comercio mundial y filosofía de la gobernabilidad, no existe ningún tema donde los europeos y los norteamericanos compartan el más mínimo principio. El presidente Macron es un adepto de los evangelios multilaterales y Trump detesta el multilateralismo.


Trump no sólo se expresa como un malcriado sino que, además, manifiesta su desacuerdo boicoteando el acontecimiento central que rodea las conmemoraciones. Uno de los momentos más fuertes de estos dos días es el foro internacional sobre la paz y la gobernabilidad mundial. Este encuentro es, de hecho, una tribuna ideal de la defensa del multilateralismo. La delegación norteamericana se lo tomó muy a pecho y decidió no participar en el foro. En vez de acudir a la cumbre, Trump irá el cementerio norteamericano de Suresnes, en las afueras de París. Este sábado, ni siquiera se animó a desafiar el frío que hacia en el Norte de Francia y a último momento anuló la visita prevista al cementerio de la localidad de Bois Belleau.


La diplomacia francesa había preparado el foro con la intención de hacer del foro una suerte de “Davos” dedicado a la seguridad colectiva y no a la economía, como es el caso del foro de Davos que se lleva a cabo en Suiza. Justin Vaïsse, el presidente del foro por la paz, explicó que se necesitaba la presencia “ de ONG, empresas y fundaciones para tratar temas como el cambio climático, la gobernabilidad de internet, la inteligencia artificial o el desarrollo de los Estados. Este foro es un lugar de defensa y de adaptación del multilateralismo”.


La acción colectiva es la palabra envenenada para Trump. Con su propia agenda de ogro solitario contra el mundo y una actitud de patotero en jefe del patio planetario, Trump sembró su mal humor en un acontecimiento que tiene varios ejes: uno de los principales es volver a reafirmar el carácter irreversible de la reconciliación franco alemana. Por ello, Macron y la canciller alemana Angela Merkel acudieron a Rethondes, un predio despejado cercano a la localidad de Compiègne, al norte de París, donde, el 11 de noviembre de 1918, en el vagón de un tren, se firmó el Armisticio que selló la paz luego de cuatro años de una de las guerras más cruentas del Siglo XX. Países vencedores y países vencidos se hicieron presentes así como las naciones que surgieron con el desmembramiento de los imperios que siguió al conflicto mundial. La primera potencia mundial miró hacia otro lado.


Incluso lo que en un momento se evocó como casi seguro, tampoco se plasmó enla realidad: no habrá en Francia una cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Según deslizaron fuentes presidenciales francesas, el encuentro Trump-Putin no tuvo lugar debido a “la escasa predisposición norteamericana”. La memoria del Armisticio de 1918 habrá servido al final para poner en escena de forma cinematográfica la discordia entre Washington y las capitales europeas. Al principio de su mandato iniciado en 2017, Emmanuel Macron activó lo que se llamó “la diplomacia del beso”. Gestos efusivos de amabilidad, cuidadosos honores diplomáticos y guiños afectuosos se congelaron con el tiempo. “Nos fuimos haciendo buenos amigos”, dijo Trump ante Macron. Una frase de plástico. La distancia quedó retratada en la frialdad que rodeó el saludo oficial entre los dos presidentes en las escaleras de la presidencia francesa. El próximo foco multilateral donde Trump estará presente es la cumbre del G20 que se celebra a finales de mes en la Argentina. Ya debe estar pensando con que descortesía sepultará lo poco que va quedando del sistema internacional hecho de pactos y consensos que se plasmó luego de la Segunda Guerra Mundial.


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Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

Publicado enColombia
Rusia rearma a Cuba y la salva, por ahora, de pagar

Rusia concederá a Cuba un crédito de más de 50 millones de dólares para que le compre todo tipo de armamento y material militar. La firma del contrato tendrá lugar durante la reunión que la comisión bilateral celebrará en La Habana el 29 y 30 de octubre, según publica Kommersant citando a fuentes de la industria militar rusa.


La reunión estará encabezada por el vice primer ministro de Defensa de Rusia, Yuri Borísov, y por el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz. Si bien no se conocen los detalles de la sesión, fuentes cercanas a Borísov han asegurado al periódico ruso Kommersant que se firmarán 60 proyectos de inversión que ya han sido negociados con la isla.


Según los datos que maneja el rotativo, con esos 50 millones de dólares, Cuba podrá escoger qué armamento comprar a Rusia en el marco del programa de cooperación militar para los años 2016-2020. El programa contempla modernizar la industria militar de la república y su armamento.


Kommersant añade que Cuba comprará a Rusia tanques y demás vehículos blindados y, quizás, naves, probablemente helicópteros.


"Además, también comprarán piezas de repuesto, herramientas y demás accesorios para el armamento que en anteriores ocasiones se le ha suministrado y para poner al día, por ejemplo, los [tanques] T-61 y los [blindados soviéticos] BTR-60", publica el periódico citando a las mismas fuentes.


La Habana también planea comprar a Rusia armamento al margen del acuerdo que se firmará a finales de octubre, como, por ejemplo, armas de fuego. En 2017 Alexandr Mijéev, director de la agencia estatal rusa de importación y exportación de material de Defensa, Rosoboronexport, anunció que el Gobierno de Cuba había solicitado a Rusia modernizar el armamento con el que ya contaba, aunque no excluyó la firma de otros contratos comerciales.


La última vez que Rusia concedió un crédito a Cuba por la compra de material defensivo fue en 2009, y el acuerdo de entonces se renovó dos veces: en 2010 y en 2011. En 2015 la isla se interesó por lo que Rusia le podía ofrecer para proteger sus costas y, en 2016, ambos países negociaron reparar los helicópteros de fabricación rusa y soviética con los que cuenta la república.

Publicado enInternacional
Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

Publicado enEdición Nº251