El Samaná: último río libre y limpio de Antioquia

En las estribaciones de la Cordillera Central, en el páramo del municipio de Sonsón, al sur oriente antioqueño, nace uno de los ríos más biodiversos y maravillosos de nuestro país. Entre montañas agrestes, ocultas por décadas de conflicto armado, se abre paso este gigante, cuyo cause aumenta a medida que desciende de las altas montañas. Serpenteante, en su paso por el municipio de San Luis, en un recodo de la vía Medellín-Bogotá, deja ver su enorme dorso, que en días de verano tiene un color verde esmeralda. Aguas abajo, como un enorme reptil, se desliza hasta perderse nuevamente en la espesura del monte. Hoy, su fluir hasta el río Magdalena está amenazado por un proyecto Hidroeléctrico. Motivados por conocer el impacto ambiental y social que podrían ocasionar estos proyectos, realizamos diversos viajes los cuales componen esta crónica; en la cual se narra el sentir de los ribereños y se registra parte de la riqueza amenazada de nuestro último río libre y limpio de Antioquia: el río Samaná.

Da caluroso. Nos animamos para nuestro viaje cargados de ilusiones. Hemos escuchado distintas historias sobre “El patrón” y queremos comprobarlas. El aire del campo nos trae la sorpresa de aromas frescos, superpuestos a los de la gasolina y la contaminación que ahogan la urbe y los millones que en ella disputan un espacio y una oportunidad para abrirse paso en el presente y para el futuro.

 

Nuestra llegada estuvo precedida de una manada de titís que cruzaban la carretera por un tendido eléctrico. El caserío está conformado por unas cuantas casas a lado y lado de la vía hasta toparse con el río, “El patrón”. Todo allí confluye en él. Caminamos directamente al puente que lo atraviesa, su color café y sus aguas crecidas dan cuenta de lluvias que no vimos. Dos pescadores prueban suerte sobre la saliente de una enorme roca que se resiste a la corriente.

 

Nos dirigimos a la casa de la señora donde nos vamos a quedar. El camino es bordeando la escuela, se atraviesa un pequeño caño y en un alto, al margen del río, está su casa. Justo al frente, en la otra orilla, se alcanza a ver lo que parece ser una cascada: es como si de los árboles brotara un manantial de agua.

 

–¡Usted vive en el paraíso!

 

–Eso dicen todos los que vienen, pero mire que uno aquí no valora tanto todo esto…

 

María, de cuyo nombre nos enteramos de manera pronta, nos cuenta que ha vivido toda su vida en la región. Es la única que queda en la casa; sus hijos viven en la ciudad, y aunque le insisten que se vaya a vivir con ellos, ella se resiste.

 

–Mal que bien, aquí tengo mi casa, mis cosas… mi vida la he construido aquí. Además, yo por allá no me amaño!


Pese a que nunca se fue de la región, es beneficiaria de un apoyo a las víctimas que sufrieron desplazamiento por el conflicto armado y que ahora regresan a sus territorios. El apoyo consta de un bono en materiales de construcción para mejorar sus viviendas.

 

–Pero fíjese como es la vida, yo que he resistido a salir de mi casa en la época más dura de violencia, ahora que ya todo está tranquilo, ¡me tengo que ir! Con el proyecto de la hidroeléctrica, todos, incluso los que han vuelto a sus ranchos, les toca volverse a ir. Entonces, ¿para qué arreglar la casa si nos van a sacar, queramos o no?… El otro día escuché que aquí, donde está ubicada esta casa, va a quedar el cuarto de máquinas.

 

Su rostro inmutable, reflejo de quien ha sorteado los más duros embates de la vida, es el mismo con que seguidamente nos ofrece comida: patacón con bocachico. –Nunca nos ha faltado pescado en el río. Él es quien nos da de comer.

 

La conversa continúa y las horas pasan, el goce es pleno. Con la noche compruebo como la selva cobra vida, el río como telón de fondo acompaña una multitud de sonidos. El cansancio por el trajín del día viene acompañado con el sueño, y éste y la mente viajan en el tiempo. Afloran imágenes confusas, quizá rememorando antiguos oficios y prácticas nunca antes vistas. Un reencuentro con los antiguos moradores de estas tierras, la tribu Malagua con su cacique Nare, vestido con piel de jaguar y ornamentado con orfebrería de oro. ¿Qué pensarían ellos si supieran que están amenazando con estancar las corrientes de este río hermano, elixir de la vida? Les agradecemos habernos enseñado que un río es más que un simple recurso hídrico, que sobre todo es fuente de vida, y como tal merece ser reconocido por lo que es: un fluido vital, sagrado, como la vida, de la cual es sustento sustancial. Nos recuerdan, además, que no somos el fin absoluto de la creación y que los ríos, así como la especie humana, tienen derechos. Estamos hechos de la misma materia del universo, somos hijos de Caribá o tierra de aguas en español, pues así llamaban esta región, quienes la habitaron mucho antes de que llegaron extraños a pisotearla.
Al día siguiente, con la curiosidad del que quiere conocer y aprender, nos levantamos con el alba, acompañados de nuevos sonidos, recordándonos, una y otra vez, que la vida palpita de diferentes formas, con colores vivos y apagados, con trinar diverso y ecos de distintos animales, evidencia de nuestra sorprendente biodiversidad, y en su opuesto, la mezquindad y la avaricia sin límite de quienes pretenden seguir entubando todos los ríos del departamento y del país.

 

Disfrutamos del amanecer sin pitos ni ruido de motores, saboreamos los primeros tragos del día con las melodías del despertar del campo y de inmediato nos enrutamos hacia el punto donde llegan las lanchas, lugar preestablecido para el encuentro con los lugareños que guiaran nuestros pasos. Con un andar tranquilo, aunque algo inseguro, como el de todo poblador urbano, nos guiamos con la luz del celular, afinamos nuestros sentidos, y justo después de atravesar una quebrada somos sorprendidos por una mapaná, que al encuentro con la luz que portábamos, se quedó quieta en mitad del camino. Ella nos observa, nosotros a ella, necesito moverla para poder proseguir hacia nuestro destino, doy media vuelta para buscar una rama y cuando regreso ella ya está resguardada entre los arbustos.

 

El camino que bordea el río por el cañón era una antigua carretera, hoy en día es un estrecho sendero absorbido por la densa vegetación; de un lado es montaña, del otro un acantilado que va a dar al río. A medida que avanzamos empieza a despuntar el día, los rayos del sol se filtran por entre las hojas de los árboles, hay una tenue neblina que hace del paisaje algo místico. Finalmente, llegamos a lo que fue el desembarcadero en otros tiempos: una plancha en cemento que se adentra en el río, y en su centro se erige una cruz desgastada por la inclemencia del tiempo. El agua del río se arremolina, un enorme tronco es arrastrado por la corriente como la levedad de una hoja que lleva un arroyo. Pienso en toda la muerte que pudo haber bajado por este río lleno de vida, en las lágrimas de tristeza perdidas en la corriente, y en los gritos de dolor que nunca escuchamos. El ruido del motor me saca de estos pensamientos, vemos la lancha acercarse a lo lejos.

 

Nos internamos río abajo por el estrecho cañón. Para Gabriel, ribereño como todos los que habitan al margen del cauce, el río es parte fundamental de su vida: es quien provee de alimento, es medio de transporte, fuente de trabajo, es quien dispone el quehacer del día a día, es, a fin de cuentas, su hogar.

 

–Nosotros, los que vivimos río abajo, no sabemos que será de nuestras vidas. Con la represa van a acabar el río. Ya escasamente nos dará algo de comer. Mire que este otro río que desemboca aquí cerca y que está represado aguas arriba, ya no le sube pescado. Antes la gente iba a pescar mucho por allá.

 

A medida que seguimos aguas abajo, la vegetación se hace más densa. De cuando en cuando se ven algunas casas con sus pequeños cultivos de cacao, yuca, maíz y aguacate. Nos cuenta Guillermo que anteriormente se sembraba mucha coca. Según él, esta era una ruta que usaban para sacarla hasta el Magdalena.

 

–El río era una frontera natural, de un lado estaba la guerrilla y del otro los paramilitares… Mucha gente de por aquí le tocó irse de la región y a otros los mataron. Eran otros tiempos, ya todo está muy calmado…

 

Llegamos a la casa de Guillermo, está ubicada en una vega del río. Es espaciosa y fresca, de amplios corredores sin chambranas y una sala abierta que hace también de comedor. El sonido del viento que circula se confunde con el del río. Descargamos las mochilas y nos sentamos directamente en el piso de cemento, brillante de tanto trapearlo. En la parte posterior de la casa hay una cancha de fútbol que linda con un corral para el ganado. En las tardes de todos los fines de semana se reúnen los vecinos a jugar partidos y a tomar fresco. Guillermo vive con su esposa e hija. Aunque sus vecinos están retirados, es una comunidad unida por el río, el mismo que les ha forjado su identidad, cultura y tradición. No obstante, es una comunidad vulnerable. Pese a que es gente tallada con la más resistente madera del monte, hoy en día su legado está amenazado. Intereses opuestos a los suyos se anteponen a sus formas de vida.

 

Después de refrescarnos con guandolo1 helado y haber comido un par de buñuelos, terminamos hablando del festival que se está realizando en defensa del río Samaná, el Samaná Fest. Iniciativa que además de haber dado a conocer la problemática a la opinión pública, ha propuesto a Celsia (filial del Grupo Argos y responsable del proyecto hidroeléctrico Porvenir II), gobierno y sociedad en general, la creación del Parque Río Samaná como alternativa al impacto negativo que produciría la represa. Su apuesta está en combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”2.



–Al festival hemos ido la mayoría de por aquí, finqueros, agricultores, pescadores y gente de los caseríos afectados que no queremos la construcción de la represa. Agradecemos el apoyo de la gente de los municipios y ciudades… y de otros países, porque aquí ha llegado gente de todo el mundo a defender el río.

 

Nos cuentan que con la creación del embalse se inundaría una gran porción de bosque y en particular se acabaría con varias especies de plantas nuevas para la ciencia, que sólo se han encontrado en las orillas de esta cuenca. Según cuentan los expertos, las propiedades de este río y su ecosistema son únicas y el daño ambiental ocasionado sería irreversible.

 

Quisiera no darme cuenta de tantas cosas, a lo mejor así estuviera más tranquilo y no me pesaría tanto todo lo que le estamos ocasionando al medio ambiente. Me quedo detallando un cachorrito que se quedó dormido junto a mis pies. Su sueño es profundo, me parece que fantasea con que está corriendo o quizá volando tras algo que huele muy apetitoso, mueve sus paticas y sus bigotes constantemente. ¡Ojalá lo logre atrapar!

 

Les pedimos que nos recomienden un lugar para conocer, al que podamos ir caminando. Nos sugieren ir a unos charcos. La quebrada que conduce a estos parece una réplica a menor escala del río. Mientras ascendemos, el cantar de las chicharras se hace más intenso, como relata el mito: a punto de reventar por amor3. Nunca habíamos visto una quebrada tan cristalina y llena de peces como aquella. Al meternos al charco, llegaron unos pececitos de cola roja a picotear los pies y la espalda, los más grandes guardaban su distancia. Distinguimos por lo menos cuatro especies diferentes entre ellos. Nos preguntamos por cuán importante sería para nosotros, como sociedad, aprender de los conocimientos que nos ofrece nuestra irrespetada biodiversidad.

 

Siguiendo camino arriba, nos encontramos a un personaje: el Árabe. Llevaba puesto una especie de turbante. Cuentan que estuvo en el Medio Oriente. Hace quince días que está barequiando por estos lados. Tiene su “cambuche” cerca. Una atarraya, una olla y una hamaca es todo lo que lleva consigo. Nos enseña esta técnica milenaria heredada de los ancestros. Hoy en día al borde de desaparecer.

 

Regresamos por la orilla opuesta hasta topar con la desembocadura en el río. Allí se forma una playa de arena. Nos quedamos a contemplar el río, su cauce comenzó a crecer lentamente. Vimos algunas rayas deambular mimetizadas con el fondo arenoso. Lo que antes era una quebrada, en cuestión de minutos se convirtió en otro río. Para cruzar a la otra orilla debimos volver un buen tramo, hasta encontrar un paso seguro; el agua ahora bajaba turbia, así que además debimos cruzar con cuidado para no ir a pisar ninguna raya, dicen que es muy doloroso su pinchazo. Estando ya del otro lado, el camino por el cual habíamos ascendido estaba tapado, nos tocó abrir paso por el monte hasta llegar nuevamente a la desembocadura, y justo antes de doblar rumbo a la casa vimos a lo lejos una pequeña mancha café que se aventó en el río. Atraída por la corriente hacia nosotros distinguimos una enorme nutria que se debatía en el torrente. ¡Los gajes del oficio silvestre!

 

De regreso nos recibieron con una suculenta viuda de bocachico. –Antes la pesca abundaba –nos cuentan– pero empezaron a llegar foráneos a pescar con dinamita y trasmallos que atravesaban de lado a lado… y eso mata al pequeño y al grande. Ahora ya no dejamos que hagan eso aquí. Debemos cuidar a quien nos da de comer– nos dicen de manera enfática.

 

Mientras hablábamos, a lo lejos se escuchaban los aullidos de los micos aulladores. Son sonidos guturales; su eco, el cual retumba por todo el cañón, es el mismo que escuchaban los Malagua mientras vivían en armonía con el territorio.

 

El sol comienza a recostarse en el horizonte, la luz se hace más cálida y las sombras se extienden. Llega la tarde acompañada de manadas de garzas que vuelan sobre el río. Una que otra lancha navega el cauce: son los ribereños que, al igual que las garzas, vuelven a sus casas.

 

Todo alrededor de la casa está oscuro, nuevos sonidos provenientes del monte le dan la bienvenida a la noche. El río no lo vemos pero lo sentimos, siempre está presente. Reunidos en torno al televisor, tendidos en hamacas y en el piso, esperamos expectantes los titulares del noticiero que anuncian los últimos acontecimientos sobre Hidroituango, los cuales advierten sobre la crisis que por estos días amenaza a las poblaciones río abajo con el desbordamiento del Cauca. ¿Será este el “porvenir” de los ribereños del Samaná? Un sentimiento de zozobra invade el ambiente. Mientras tanto, los geckos (pequeños lagartos) se dan un banquete con las incautas polillas que llegan atraídas por la luz del televisor.

 

–Dicen que abrirán cientos de puestos para trabajar en la represa… pero sólo es mientras se construye. ¿Y después de eso qué? Nos dejan el río que ni para pescar… ya ni los pocos turistas que viene por acá volverán…

 

Al día siguiente, con el trinar de los pájaros partimos rumbo a la desembocadura del Samaná. Nos llevan unos vecinos que van a un entierro en un caserío cercano. De camino aprovechan para tirar atarraya y pescar con anzuelo. Sacan algunos bocachicos y dos bagres, los mismos que resguardan en una nevera portátil, para venderlos en el poblado. Mientras más descendemos, el río se hace más grande: va tomando la forma del Magdalena, su hermano mayor. Las aguas puras y libres del Samaná son entregadas a este gigante maltrecho, como una arteria llena de vida que sana su enfermedad. Nuestro cuerpo, al igual que este territorio, tiene un sistema circulatorio que nos da vida. Cada vez que se obstruye un río con una represa se condena un territorio. ¿Por qué, en vez de obstruir más ríos, mejor empezamos a revivir todos aquellos que hemos acabado?

 

Seguimos con la mirada el curso de la lancha por las aguas turbias y torrentosas, intentando descifrar la dirección que toma quien la conduce. La forma de la superficie del agua indica cuál es el camino que hay que tomar para no golpear con las piedras o algún tronco mal puesto. Son habilidades adquiridas, como quien aprende a leer una partitura o un libro. Los ribereños son grandes lectores del río y su entorno. Nos cuentan que cada año celebran las fiestas del bocachico, en homenaje a esta especie que ha traído prosperidad a toda la región. Sin embargo, cada día acortamos más la travesía de esta especie migratoria. La ganadería extensiva, la deforestación, la pesca indiscriminada, la minería, la contaminación de los ríos y las represas, son las causas que la están llevando a la extinción; además de desequilibrar los ecosistemas del cual ellos se benefician. Miles de bocachicos migran todos los años desde las ciénagas a los afluentes de los ríos principales, lo que se conoce como la “subienda”; al ser obstaculizado su paso con una represa dejarán de remontar el río, se interrumpe su reproducción y desove. Como dice la canción, ya no “habrá subienda”, ni “plata pa’ tienda”, ni “amanecer con pescado pa’ vender en el mercado”.

 

Finalmente, llegamos al Magdalena. Es un hermoso y gigante moribundo. Ya las montañas son apenas unas pequeñas protuberancias. El calor se siente más intenso. Nos despedimos del río y de su gente. Al llegar a la antigua carretera Panamericana, nos recostamos bajo la sombra de un Samán. Soñamos con que nos recoge un tren, de esos que parecen levitar; viajamos al futuro: Vemos las aparatosas plantas de petróleo, imponentes en un paisaje tan llano. Es como si fueran monumentos de una época remota. Un recuerdo lustroso del pasado. La vegetación es densa, se siente un aire fresco y limpio. Como en un Déjà vu nos internamos en las montañas de regreso al punto donde partimos: El río, al margen de las vías férreas, está crecido, su color café da cuenta de lluvias que no vimos. Dos pescadores prueban suerte sobre la saliente de una enorme roca que se resiste a la corriente.

 

Llegamos a la casa de María, quien ahora está acompañada de dos de sus sobrinos. Pareciera que no le hubieran pasado los años. Su rostro más juvenil nos sonríe.


–¡Usted vive en el paraíso!

 

–Eso dicen todos los que vienen, ¡y tienen toda la razón! ¡Síganse por favor!

 

1 Bebida de agua de panela con limón
2 Más información: http://www.riosamana.com/
3 Según el mito, las chicharras cantan en época de apareamiento para atraer a sus parejas, y lo hacen hasta que revientan de amor.

Publicado enEdición Nº247
Domingo, 20 Mayo 2018 05:41

Nuevos nacionalismos, nuevos arsenales

Nuevos nacionalismos, nuevos arsenales


El mundo vive una nueva carrera armamentística, esta vez multipolar y tecnológica, marcada por el nacionalismo y la desconfianza en las grandes potencias

 

El pasado 4 de mayo, el almirante John Richardson, jefe de las operaciones navales de EE UU, anunció la reconstitución de la histórica segunda flota tan solo siete años después de su disolución. La unidad naval se había responsabilizado durante décadas de las operaciones en el Atlántico Norte. Fue la que gestionó la dramática operación de control de Cuba durante la crisis de los misiles de 1962, ordenada por el presidente Kennedy para evitar la entrega de cualquier material ofensivo por parte de la URSS al régimen de Castro. También fue la flota que se encargó de sostener la invasión de la isla de Granada ordenada por Ronald Reagan en 1983. En septiembre de 2011, una década exacta después del 11-S, cuando el mundo parecía en otra era geopolítica con respecto a la Guerra Fría, la Administración de Barack Obama procedió a su disolución en el marco de una reorganización de recursos.

Por aquel entonces, el Pentágono no consideraba a Rusia un desafío estratégico y por tanto el Atlántico Norte no era una prioridad; además, Washington se disponía a reducir el gasto militar tras haber alcanzado en 2010 la histórica cifra de 768.000 millones de dólares anuales, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés).


En pocos años, mucho ha cambiado. Hoy, las nubes de una carrera armamentística se ciernen oscuras en el horizonte global, también en el Atlántico. Tambores de retórica nacionalista retumban en varias latitudes, especialmente en las principales capitales del planeta. Y los síntomas de la nueva fiebre se hallan por doquier.


Dos días antes del anuncio de la resurrección de la segunda flota, el 2 de mayo, el SIPRI informaba de que, según sus cálculos, en 2017 hubo un nuevo incremento en el gasto militar mundial (una subida del 1,1% con respecto al año anterior). El salto sitúa el total en 1,69 billones de dólares, nuevo récord histórico desde que hay datos razonablemente fiables (1991), batiendo la anterior marca global, que se alcanzó en 2011.


Cuatro días después, el pasado 8 de mayo, el presidente Trump anunciaba la retirada de EE UU del pacto nuclear con Irán, firmado por otras cinco potencias. Se trataba de la enésima andanada contra una arquitectura global para el control de armamento que se halla en un equilibro muy precario. En la madrugada del día 10, Israel respondió con vehemencia militar a un supuesto ataque iraní contra el Golán. El ministro de Defensa israelí avisó de que "si en Israel llueve, en Irán diluviará".


El mismo día 10, la canciller alemana Angela Merkel afirmó, en la solemne entrega del Premio Carlomagno, que Europa ya no puede contar con EE UU para su protección; con coherencia, su Gobierno propugna un aumento del gasto militar. Y esta semana se ha visto que incluso la única buena noticia aparente en el panorama —el incipiente deshielo con Corea del Norte— es en realidad una frágil esperanza a la que el riesgo de colapso espera a la vuelta de cualquier esquina.


Nueva carrera armamentística en el siglo XXI


Estas son las pequeñas piezas de un rompecabezas que dibuja un escenario cada vez más claro: el amanecer de una nueva carrera armamentística con características del siglo XXI.


"Sí, estamos en una carrera armamentística. Pero no una clásica. Es una carrera tecnológica, en la que se pugna por la calidad y la precisión, tanto de armas convencionales como nucleares, y no por la cantidad", considera Thomas Countryman, que es presidente de la Arms Control Association y fue subsecretario de Estado para el Control de las Armas y la Seguridad Internacional en la Administración de Obama.


Se trata de una carrera que responde a distintas fuerzas motrices. Al anunciar la reactivación de la segunda flota, el almirante Richardson dio una clave esencial: "Nuestra Estrategia de Defensa Nacional (publicada este año) deja claro que hemos regresado a una era de competencia entre las grandes potencias, mientras el panorama de seguridad se torna cada vez más desafiante y complejo. Por eso reconstituimos la segunda flota".


Tras una época enfocada en las operaciones contra grupos terroristas, la acentuada desconfianza entre naciones poderosas (EE UU, China y Rusia) marca hoy todo el tablero, con una dinámica cambiante, de alta inestabilidad y, por tanto, peligrosidad: una potencia en fuerte ascenso (China), otra en inexorable declive que se niega a aceptarlo (Rusia) y una superpotencia en pleno viraje político que persigue ahora sin ningún complejo sus intereses de forma unilateral y vehemente (los EE UU de Trump).


Guerra Fría


En las tres, el nacionalismo impregna el discurso político como nunca desde el fin de la Guerra Fría. Putin articula toda su trayectoria de poder alrededor de la idea de la orgullosa resurrección de una gran Rusia; Trump alcanza la Casa Blanca bajo el indisimulado mantra del América first frente a los supuestos abusos de los demás; Xi Jinping vira de forma cada vez más acentuada hacia el nacionalismo a medida que se consolida en el poder. El discurso del líder chino de marzo ante la asamblea legislativa anual fue quizá el más explícito en ese sentido desde que llegó al poder. Y en India —un actor de notable peso estratégico en la escena internacional— ocupa el poder un político con un historial de corte nacionalista hindú, Narendra Modi.


La retórica de estos líderes se adentra de manera inquietante en territorio militar. "En el último año ha habido profundos cambios, tanto tecnológicos como políticos. Hemos visto a Trump y Putin alardear de sus misiles casi al estilo norcoreano, algo inconcebible hasta hace poco", señala Ian Williams, investigador asociado y director del programa sobre sistemas antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Esa es la inquietante música de fondo en el eje principal.


Pero el mundo actual tiene una complejidad adicional. "A diferencia de lo que ocurría en la Guerra Fría, ya no tenemos una competición bipolar, sino una con múltiples frentes: India con China y Pakistán; Corea del Norte con Japón y Corea del Sur; Irán con Israel y Arabia Saudí", dice Williams. India y Arabia Saudí, desprovistos de la tecnología necesaria, son enormes compradores de armamento. Williams y Countryman coinciden en que hay una carrera de armamento y que su carácter es multipolar y tecnológico.


La posición de los principales actores induce a pensar que nos hallamos ante el arranque de una carrera sostenida. El impulso de las principales potencias va en esa dirección.
Estados Unidos, bajo la Administración de Trump, emprende un camino de constante aumento en el gasto militar. Frente a los recortes en la mayoría de Departamentos, el Pentágono goza de un claro fortalecimiento de sus recursos. Para el próximo ejercicio, la Casa Blanca busca un aumento de cerca del 10%. Desde el pico de los 768.000 millones de dólares en 2010, Obama redujo el presupuesto hasta los 600.000 en 2016. Pero con Trump pronto se superará otra vez el umbral de los 700.000.


China, respaldada por su creciente vigor económico y tecnológico, y estimulada por su voluntad de reforzarse como potencia, seguirá sin duda incrementando su inversión militar. En la década transcurrida desde 2008 ha duplicado su gasto, desde los 108.000 millones hasta los 228.000.


Europa, superada la crisis económica y espoleada por la escasa confianza en los EE UU de Trump, también se adentra en una probable senda de mayor gasto, tal y como apunta el Gobierno alemán y como le exige la propia Casa Blanca. Los cuatro grandes países europeos —Francia, Reino Unido, Alemania e Italia— siguen siendo importantes actores militares, con un gasto aproximado de 180.000 millones de dólares anuales.


El tercer mayor inversor del mundo, Arabia Saudí, encarrilado en una política de abierta rivalidad con Irán, con un inusitado activismo regional y con la guerra de Yemen abierta, tampoco aflojará.


Rusia, en cambio, camina a la contra. Tras el espectacular aumento de la inversión bajo el mandato de Putin —desde 20.000 millones en 2001 a 70.000 en 2016—, el Kremlin ha tenido que frenar debido a las graves dificultades económicas vinculadas a las sanciones internacionales y a la caída del precio del petróleo. La actual retórica de Putin parece privilegiar las condiciones de vida de los ciudadanos, frente a la inversión en Defensa. Pero el repunte del precio del petróleo lleva a pensar que pueden abrirse nuevas posibilidades de gasto también para Rusia.


A la propicia disposición hacia la inversión militar y a la retórica nacionalista —que siempre se sabe dónde empieza pero no dónde termina— hay que sumar el desmorone de la arquitectura de control de armas, un grave factor de volatilidad. El entramado de tratados en ese área no solo ha permitido limitar los despliegues, sino que, a la vez, introdujo elementos de control que elevaron la confianza mutua, la predictibilidad de los comportamientos. Varias piezas de ese puzle están desapareciendo.


En cuanto a las armas nucleares, la salida de EE UU del pacto con Irán podría conducir al ala dura del régimen de los ayatolás a reanudar el desarrollo de su programa atómico. Arabia Saudí no tardaría en poner en marcha el suyo si se da el caso. Por otra parte, el tratado entre EE UU y Rusia —conocido como New START— expira en 2021. Las partes no parecen muy inclinadas a renovarlo.


"Todos los presidentes que ha tenido EE UU desde Eisenhower (1953-1961) han tratado de liderar los acuerdos de no proliferación armamentística. Trump ha dejado claro que no quiere asumir ese papel. Le interesa más demostrar su hombría que reducir el riesgo de una catástrofe nuclear. El consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, es muy poco partidario de las políticas de no proliferación", apunta Countryman. "Nos adentramos en el periodo de menor regulación bilateral entre Moscú y Washington en materia de armamento, y eso, sumado a la imprevisibilidad de Trump, resulta alarmante", señala. EE UU ya se retiró en 2002 del Tratado sobre Misiles Antibalísticos.


En cuanto a Rusia, Williams comenta: "Desde los sesenta, Moscú solo se ha interesado por los acuerdos bilaterales para el control armamentístico y la no proliferación en momentos en que sentía que iba perdiendo. Ahora parece que entramos en una fase en la que apenas quedarán acuerdos en vigor, y Putin parece sentirse cómodo en este escenario".


Pero la caída del sistema de control también afecta al sector convencional. "En muchas regiones necesitamos que haya una mayor confianza entre los países rivales. Y eso se consigue con mucha más transparencia y con mucho más diálogo, aunque sea para que cada cual fije sus líneas rojas", advierte Siemon Wezeman, investigador principal del programa sobre transferencias de armas y gasto militar en el SIPRI. "Veamos en qué queda el intento en la península de Corea. Cada vez se avisa y se informa menos de las maniobras militares, y eso es muy peligroso con los niveles actuales de desconfianza. Son muchas las zonas en las que un error militar puede precipitar rápidamente una escalada bélica: India con Pakistán o China, Irán con Arabia Saudí, China con Japón...".


Administración de Obama


Todos estos factores espolean una carrera que, coinciden los expertos, tiene en la primacía tecnológica su estrella polar. En el sector nuclear, EE UU se ha embarcado en una descomunal renovación de sus arsenales, emprendida ya bajo la Administración de Obama (una suerte de condición impuesta por el Congreso para aprobar el New START), valorada en 1,2 billones de dólares hasta 2036, según cálculos de la Oficina Presupuestaria del Congreso.


Rusia, por su parte, alardea de grandes innovaciones en sus arsenales. En el último discurso del estado de la nación, Putin emprendió una amplia digresión en ese capítulo, y presentó una nueva generación de armas, mostrando incluso un vídeo con cabezas nucleares apuntando a Florida, donde Trump tiene una residencia. Entre otras cosas, habló de un supuesto misil de crucero con propulsión nuclear ("nadie en el mundo tiene algo parecido", dijo); de un misil balístico intercontinental capaz de golpear tras sobrevolar los polos; de drones submarinos de alta velocidad armados con cabezas nucleares o convencionales ("prácticamente invencibles"); de misiles hipersónicos lanzados desde aviones de combate. Los expertos tienen profundas dudas sobre la capacidad real rusa en estos dominios, pero el discurso es revelador.


Y China, por su parte, protagoniza grandes progresos. Avanza en la constitución de una flota de alta mar y mejora su tecnología en todo el espectro, lo que le abre también mercados de venta. "China ha invertido muchísimo en innovación y ya produce material muy avanzado y más barato que el ruso o el norteamericano", explica Wezeman, del SIPRI. "Hace 30 años fabricaban basura y hoy venden algunos de los mejores drones que existen. Las opciones de Pekín de competir realmente con Washington y Moscú en el mercado global de las armas pasan por que sea capaz de penetrar en el mercado de Oriente Próximo, que está en plena ebullición y todavía se le resiste".


La carrera amenaza con adentrarse en territorios desconocidos, con hallazgos tecnológicos que pueden ser desequilibrantes. Pero también por resucitar viejas estructuras como la segunda flota de EE UU. Un escenario repleto de riesgos.

 

Madrid 18 MAY 2018 - 12:12 COT

Publicado enInternacional
“El territorio no se vende, se lucha y se defiende”

El domingo 25 de febrero en la vereda de Calucé, municipio de Palmira-Valle del Cauca, tuvo lugar el primer Festival por la Defensa del Territorio, evento que tenía como objetivo principal, empezar a generar procesos colectivos de reflexión y proyección de defensa del territorio palmirano, en riesgo ante la llegada del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) tras el proyecto La Virigina-Alferéz: construcción de una gran red de torres de transmisión de electricidad que atraviesan una amplia zona rural palmirana y sus reservas naturales, afectando de manera irreversible sus ecosistemas. 

Un proceso organizativo en marcha


Las comunidades rurales y colectivos urbanos de Palmira empezaron a organizarse desde hace varios meses, discutiendo entre ellas sobre las implicaciones de este proyecto, así como con los diferentes intermediarios que envía el GEB (la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC– e ingenieros ambientales de la Unidad de planeación minero–energética de la nación –UPME–) quienes llegan a las diferentes fincas y reservas naturales a realizar estudios de inspección. Lo curioso es que estas inspecciones están en marcha desde este año, justo después de la negativa de los ingenios azucareros de la zona plana del municipio de aceptar las torres de energía en sus predios, por lo demás a causa de los problemas ambientales y de productividad que este proyecto conlleva.


Este festival es el primero de varios pensados por las comunidades de los corregimientos de Calucé, Tenjo, La Quisquina y, claro, la comunidad urbana de Palmira. Tiene el precedente de la lucha desarrollada por varios colectivos en los corregimientos de Amaime y el Placer, donde después de 2 años de presión con varias audiencias públicas y mediante resolución de la CVC, el 21 de enero del presente año lograron el propósito de su resistencia: frenar la concesión para explotar materiales de construcción en el Rio Amaime para las empresas de Gravarena Rio amaime Lltda y Arenas Amaime Ltda.


El festival estuvo acompañado por intervenciones artísticas que incluían arte circense, muralismo y música, pero, sobre todo, espacios de reflexión asamblearios, instalados con el ánimo de construir estrategias colectivas para la defensa del territorio, los cuales iban desde reconstruir un tejido de comunicación entre los corregimientos, hasta repensarse nuevas formas de organización comunal que les permitan ser autónomos sin reproducir formas estatales, verticales e impositivas. Es así como se reflexionó sobre la construcción de un PCOT (Plan Comunitario de Organización Territorial), forma de concebir el territorio como un espacio cuyo principal agente decisorio sea la comunidad que lo habita y que se preocupe también por vivir en armonía con la naturaleza. El PCOT es una forma de autogestión territorial que busca repensarse los espacios de la sostenibilidad económica, cultural y ambiental del territorio.


Al ritmo de la consigna “El territorio no se vende, se lucha y se defiende”, las comunidades demostraron su capacidad organizativa para proponer alternativas ecológicas a las pretensiones del capital. Alternativas manifestadas en discusiones concretas sobre formas institucionales y no institucionales de participación comunitaria, redes o tejidos de acueductos comunitarios y de comunicación, zonas de reserva campesina, territorios ecológicos agroalimentarios y demás propuestas del ámbito popular.


En un ambiente participativo y de goce, también se habló de las disputas culturales, sobre la salvaguarda de la naturaleza y las comunidades, avanzando con propuestas como las guardias cívico-campesinas para caminar el territorio, para solucionar los conflictos de la misma comunidad, sin necesidad de que haya injerencia de los actores armados estatales o no-estatales. ajenos a quienes habitan el lugar. Además se discutieron alternativas de organización territorial, sobresaliendo el PCOT como algo que ya está pensando la comunidad de La Quisquina. Ideas y compromisos que articulan otras formas de concebir la democracia sobre la base de la defensa del territorio, y que buscan afianzar relacionamientos con comunidades en el municipio de Pradera, y de todo el departamento del Valle, en territorios afectados por megaproyectos agro-industriales o minero-energéticos.


La red de colectivos que abren este sendero, prosiguen en su labor, ahora caminan hacía el segundo Festival por la Defensa del Territorio en la comunidad de La Quisquina, el que tiene como fecha el 29, 30 y 31 de marzo, y al que están invitados todas las colectividades palmiranas, vallecaucanas, colombianas o individualidades interesadas en pensarse otras formas de vivir más ecológicas, a participar desde donde se sienta y se quiera, ya sea con arte, talleres, compartiendo ideas o simplemente acompañando y apoyando las ideas que ya se tienen. Se invita a todos los interesados a escribirles a través de las paginas del Colectivo El Mono Nocturno o Colectivo Prodefensa del Territorio y el Agua en el buscador de Facebook.


En la organización del festival participaron diferentes colectividades e individualidades, como la Junta de Acción Comunal de Calucé, el periódico desdeabajo con su campaña “Otra democracia es posible”, el colectivo Pro-defensa del Agua y el Territorio, el colectivo Mono Nocturno de la Quisquina, la Fundación Acción Colectiva, las colectividades artísticas de Kortina Negra, Cultura al Parque Palmira, y los procesos comunitarios de Asosanemigdio, Asoveraguas Calucé y Agenda ambiental en movimiento, entre otras.

 

Publicado enColombia
Martes, 26 Septiembre 2017 15:31

Con licencia para explotar y matar

Con licencia para explotar y matar

A medida que el negocio de explotación de la naturaleza aumenta, el asesinato de quienes se oponen a esta realidad se expande por todo el mundo. Un modelo que no se detiene ante sus efectos sobre el medio ambiente ni ante los intereses y derechos de comunidades locales. Una fórmula que se repite en varios países. Promesas inversionistas, gobiernos corruptos, criminalización de la defensa local del territroio y el ambiente, y la muerte de líderes sociales. Este es el modelo de desarrollo que nos quieren imponer.

“Defender la tierra”, así se titula el más reciente informe de Global Witness, una Ong dedicada a sistematizar las agresiones sufridas por los defensores del medio ambiente y de tierras comunitarias. Allí confirma que “el año pasado en el mundo, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, siendo el año con mayores muertes registradas [...]. Esta tendencia no está sólo creciendo, se expande, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países”1. Sus estadísticas relacionan que desde 2010 y hasta el 2017, casi se completan 1.000 asesinatos.

 

Entre los países más peligrosos para quienes legítimamente se empoderan para oponerse a los grandes megaproyectos y monocultivos aparecen Brasil, Honduras, Nicaragua, Filipinas, India, República del Congo y, obviamente, Colombia.

 

Violencia soterrada y abierta

 

El capitalismo es un modelo depredador, su afán de lucro no mide consecuencias ante la explotación. Desarrollo que mata, ese es el rostro que siempre ha tenido. Ahora que no funciona la eterna e incumplida promesa del “desarrollo” y el “bienestar colectivo”, es cada vez más común el uso de la fuerza para imponer proyectos extractivos, saltándose el derecho comunitario y colectivo a la consulta previa.

 

Uso de la fuerza y desconocimiento de derechos que no pasa impune; las comunidades, conscientes del peligro que corren sus territorios activa su legítima defensa, se movilizan, denuncian, encontrando como respuesta gubernamental la criminalización de sus liderazgos locales y de la misma protesta. Caen sobre ella, entonces, arbitrariedades, abusos y homicidios por parte del capital voraz. La metáfora histórica colonial de civilizado vs salvaje, sigue viva. El 60 por ciento de estos homicidios recaen sobre comunidades indígenas, hermanos mayores que luchan contra la idea de progreso.


Es una lucha desigual. La “incapacidad” estatal para garantizar los derechos y bienestar colectivo, se pasa por la faja la soberanía local, facilitando así que empresas nacionales y extranjeras impongan sus intereses. Lo que ilustran las estadísticas, es que son numerosos los procesos anómalos de consulta, que no son libres, ni previas, ni suficientemente informadas, ni logran el consentimiento colectivo. Los gobiernos presentan, cada vez más, acusaciones penales falsas contra activistas, sometiéndolos, a padecer allanamientos policiales, detenciones ilícitas, multas y encarcelamientos. La resistencia social termina convertida en delito penal.

 

Periscopio

 

Los Estados Unidos no registran muertes de defensores, pero su tarea cada vez es más obstaculizada y criminalizada, como denuncian sus comunidades indígenas, opuestas al fracking, a la construcción de oleoductos y a los monocultivos. Las leyes van en contra de la protesta, ilegalizándola; así lo constata el informe en cuestión, el mismo que registra alarmantes casos en África (República del Congo), donde los asesinatos afectan de manera notable a los guardabosques. En Asia (India), con grandes proyectos mineros y de tala de bosques, el mecanismo de violencia procede a través de una policía cada vez más vendida, lo cual la convierte en el cuarto lugar más mortal para los defensores del planeta.

 

En América Latina, en el 60 por ciento de los asesinatos de estos líderes están implicados los bancos, por ser inversionistas en las explotaciones de bosques, aguas y similares. Las muertes registradas durante el 2014 –con un promedio de dos a la semana– sumaron las tres cuartas partes de todos los asesinatos registrados en todo el mundo. Para el 2015, con un total de 122 asesinatos2, la región registró el peor de los años.

 

Resalta de manera preocupante en este informe, los casos de Nicaragua, donde 11 defensores fueron asesinados, convertido así en el país, percapita, más peligroso del mundo. Sólo una de estas muertes no pertenecía a comunidades indígenas centroamericanas. Un genocidio selectivo producto del interés por el canal interoceánico, bajo el dominio de la empresa china Hong Kong Canal Development Group (Hknd), con una concesión de 100 años de operación de un megaproyecto tres veces más grande que el Canal de Panamá, el que implicará el desplazamiento de 120.000 indígenas.

 

En Honduras, los asesinatos ejecutados durante el 2016 se elevaron a 14, crímenes que sumados desde el 2007, y hasta la fecha, alcanzan a 127. Desde el asesinato de Berta Cáceres –3 de marzo de 2016– han consumado otros siete homicidios, transformando a éste en el país más peligroso para el activismo ambiental. Ante estas acusaciones el gobierno presentó acciones legales en contra de Global Witness, apoyado para ello en los voceros de las industrias, básicamente criticando y cuestionando su labor por frenar el desarrollo del país y tener fines conspirativos.

 

mapa p7

 

 

Grafico p6

 

Colombia

 

Datos escandalosos los de estos países vecinos, pero el nuestro no rompe con el crimen en contra de este tipo de activistas sociales: acá el número de asesinados durante el 2016 creció en un 40 por ciento. Los 37 casos conocidos y documentados superan los registrados en Honduras y Nicaragua. Global Witness se pregunta por semejante cifra en tiempos de acuerdos de paz. La “debilidad” estatal es cómplice del poder de grupos locales; 22 de estas muertes son atribuidas a los paramilitares. Y el gobierno insiste en que no existe un fenómeno sistemático.

 

Entre los homicidios más recientes, es necesario recordar que el pasado 17 de enero fue encontrada muerta, apuñalada y baleada, con su esposo, la lideresa de Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios –Conpaz– Emilse Manyona, que denunciaba a paramilitares e intereses internacionales mineros y agroindustriales en el Valle del Cauca, en especial en territorio correspondiente al municipio de Buenaventura. Las presiones sobre las comunidades continúan: hace unos meses Jakeline Romero, lideresa de la comunidad Wayuú, comenzó a recibir amenazas por oponerse a la solicitud de las empresas del Cerrejón Glencore BHD Biliton y Anglo American para desviar el río Ranchería.


El capital no atenúa su voracidad. Ahora las comunidades ya no comen el cuento del “desarrollo”, que cual espejo busca deslumbrar. Y entonces, ahora el capital pretende desconocer los mecanismos de participación autónoma local, activando un modelo estatal que busca la criminalización de quienes asumen la legítima defensa de sus territorios. ¡Qué escenario de impunidad para el asesinato sistemático y selectivo de docenas de personas!


Nuestro futuro, colectivo, sin naturaleza ni defensa alguna, es incierto. Futuro envolatado ante un supuesto “desarrollo” que en realidad es destrucción ambiental, violencia contra las comunidades, desplazamiento de miles, sometimiento de los negados de siempre.

 

Estamos ante mundo civilizado que muestra su verdadero y salvaje rostro.

 

1 Global, Witness. (2017) “Defender la tierra. Asesintaos globales a defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016” Paág. 6 disponible: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/.
2 Global Witness. (2016) “Entreno peligroso” disponible https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/

 


Recuadro


¿Cuál es la causa de los ataques?

 

La lucha entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness. En algunos casos, identificamos a los sectores específicos que las personas defensoras habían o a los que se habían opuesto antes de su asesinato:

 

Sector Total
Minería y petróleo33
Explotación forestal 23
Agroindustria 23
Caza ilegal18
Agua y represas 7
Otros 4

 

 

Publicado enEdición Nº239
Sábado, 23 Septiembre 2017 06:47

Irán endurece su discurso bélico

Irán endurece su discurso bélico

Irán afirmó ayer que reforzará sus capacidades militares y balísticas y que continuará con su política en Oriente Medio, provocando las críticas de las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza.


“Tanto si lo quieren como si no, vamos a reforzar nuestras capacidades militares, necesarias en materia de disuasión”, afirmó el presidente Hasan Rohani en un discurso retrasmitido en directo por televisión, con motivo del aniversario del inicio de la guerra Irak-Irán en 1980. “No solo vamos a desarrollar nuestros misiles sino también nuestras fuerzas aéreas, terrestres y marítimas. Para defender nuestra patria no pediremos el permiso de nadie”, agregó. Como muestra de la determinación de Irán, en el desfile pudo verse un nuevo misil, de 2.000 kilómetros de alcance y bautizado “Joramshahr”, nombre de una ciudad ocupada por el ejército iraquí al principio de la guerra, que duró ocho años y causó un millón de muertos.


Irán desarrolló un vasto programa balístico en los últimos años, que preocupa a Estados Unidos pero también a Arabia Saudita, su principal rival en la región, a algunos países europeos como Francia y a Israel, su gran enemigo.


Teherán asegura que necesita reforzar su programa balístico para estar en equilibrio con los otros países de la región, principalmente Arabia Saudita e Israel, que invierten miles de millones de dólares en comprar armas a los países occidentales, especialmente a Estados Unidos. Rohani denunció a quienes “cada día causan problemas a los pueblos de la región y se jactan de vender armas al régimen sanguinario sionista (Israel), que agrede a los pueblos de la región desde hace 70 años, como un tumor canceroso”. Teherán asegura que su programa balístico es únicamente defensivo. “Nuestra potencia militar está concebida para agredir a otros países”, reiteró Rohani.


“El misil Joramashahr puede incorporar varias cabezas convencionales para golpear varios objetivos a la vez”, dijo el general Amir Ali Hadjizadeh, comandante de la fuerza aeroespacial de los Guardianes de la Revolución. “Estará operativo en un futuro próximo”, añadió. Con todo, los responsables iraníes han matizado que sus misiles no están concebidos para portar cabezas nucleares.


En 2015 y tras varios años de negociaciones, las grandes potencias firmaron con Irán un acuerdo para limitar el programa nuclear de ese país y asegurarse de que la República islámica no se dota del arma atómica.

Publicado enInternacional
“Creo en la necesidad de la paz completa”

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

 

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

 

El desarrollo legal

 

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

 

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

 

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

 

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

 

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

 

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

 

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

 

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

 

El desarrollo de los acuerdos

 

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

 

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

 

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

 

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

 

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

 

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

 

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

 

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

 

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

 

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

 

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

 

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

 

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

 

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

 

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

 

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

 

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

 

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

 

Una nueva situación política

 

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

 

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

 

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

 

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

 

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

 

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

 

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

 

Tomado de:

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
“Creo en la necesidad de la paz completa”

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

 

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

 

El desarrollo legal

 

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

 

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

 

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

 

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

 

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

 

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

 

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

 

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

 

El desarrollo de los acuerdos

 

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

 

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

 

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

 

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

 

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

 

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

 

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

 

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

 

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

 

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

 

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

 

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

 

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

 

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

 

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

 

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

 

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

 

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

 

Una nueva situación política

 

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

 

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

 

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

 

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

 

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

 

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

 

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

Publicado enEdición Nº236
Miércoles, 17 Mayo 2017 08:12

Aumentan los asesinatos de activistas

Aumentan los asesinatos de activistas


No solo fue Berta Cáceres, Amnistía Internacional denuncia que los homicidios de defensores de los derechos humanos, como lo era ella, han pasado de 156 en 2015 a 281 el año pasado

Dos disparos. La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa en Tegucigalpa, Honduras. Pese a que era una de las más conocidas activistas ambientales, fue tras su muerte cuando muchos oyeron hablar por primera vez de ella y su lucha en defensa de los derechos del pueblo lenca, al que pertenecía, y la batalla que mantenía contra la construcción de la presa de Agua Zarca. El enorme proyecto afectaba al río Gualcarque, sagrado para los indígenas.

 

Como ella, 281 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio por su labor, tres cuartas partes en América, según datos de Front Line Defenders recogidos en el informe Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza, publicado este martes por Amnistía Internacional. La cifra supone un incremento del 80% respecto a los 156 asesinados en 2015. Y en 2017 continúa la tendencia alcista, alerta la organización: solo en enero han sido asesinados 10, casi el doble de la media mensual de 2016.


La lista negra es larga y la impunidad de la que gozan los perpetradores favorece la suma de nombres: Abdul Basit Abu Dahab, de Libia; Gloria Capitán, de Filipinas; Marcel Tengeneza, de República Democrática del Congo; Emilsen Manyoma y Joe Javier Rodallega, en Boaventura (Colombia)... Así, hasta 3.500 asesinados desde 1998, cuando se aprobó la Declaración para la protección de los defensores y defensoras. "Y en la mayoría de los casos, nadie ha sido declarado culpable o acusado siquiera de estos crímenes"; advierte Amnistía.


Con la campaña Valiente, presentada por la organización simultáneamente a escala global –en España, en el teatro Alfil de Madrid–, Amnistía Internacional pretende destacar la labor de estos activistas que se juegan la vida por defender lo justo. "Y pedir a los Gobiernos que cumplan con su obligación de protegerles", ha señalado el periodista Fernando Olmeda, presentador del evento. Sobre el escenario han charlado Dessale Berekehet, periodista eritreo exiliado en Noruega, Pascual Bernabé, activista ambiental guatemalteco, y Maribel Tellado, coordinadora de la campaña en la ONG.


El asesinado es el más fatal de los desenlaces, pero no es el único ataque que enfrentan los activistas por parte de gobiernos, empresas, grupos armados o criminales para frenar su trabajo. Los secuestros, desapariciones forzadas, persecución legal, campañas de desprestigio, asaltos sexuales, amenazas o censura, completan el menú de macabras estrategias contra la actividad de estudiantes, abogados, líderes comunitarios, periodistas, sindicalistas, ecologistas y, en definitiva, cualquiera que ose denunciar violaciones de derechos humanos, abusos de poder e injusticias.


"Autoridades de todo el mundo abusan de forma creciente de leyes penales, civiles y administrativas para atacar y acosar a defensores a fin deslegitimarlos a ellos y sus causas"; subraya el informe de Amnistía. En este sentido, la organización destaca a modo de ejemplo el caso de Farid al Atrash e Issa Amro, ambos detenidos por soldados israelíes tras haber participado en una manifestación pacífica, pero acusados de tomar parte en una protesta ilegal y agredir a los soldados. "Un vídeo corrobora el relato de Al Atrash de que cuando lo detuvieron sostenía pacíficamente una pancarta delante de los soldados", asegura la ONG. Otros, prosigue el documento, son enjuiciados en aplicación de leyes "excesivamente generales y redactadas de forma imprecisa, en especial las antiterroristas, contra el narcotráfico, de seguridad nacional o contra el extremismo". Eso cuando no se elaboran normas ad hoc para criminalizar el trabajo de los activistas a los que, con creciente frecuencia, se les acusa de incitación a la violencia por organizar manifestaciones, añaden los autores.


Esta práctica no es exclusiva de países en desarrollo donde la pobreza y la fragilidad institucional favorecen la corrupción. Así lo hace notar Amnistía cuando dedica un capítulo al caso de Edward Snowden, el exagente de los servicios de inteligencia estadounidenses que filtró a la prensa información que desvelaba la vigilancia masiva a ciudadanos por parte de EE UU y Reino Unido, entre otros países. "Se enfrenta a 30 años de prisión en Estados Unidos por revelar datos de enorme interés público. (...) Altos cargos del país lo han condenado sin juicio, conculcando su derecho a la presunción de inocencia. (...) Las autoridades le han anulado su pasaporte, por lo que sigue sin poder viajar a países que le han ofrecido asilo", enumera la organización sobre el analista, actualmente residente en Moscú.


España no es una excepción. Amnistía Internacional ha criticado y pedido al Gobierno la reforma de la conocida como Ley Mordaza. Tellado lo ha reiterado en su intervención: "José Palazón, un activista muy conocido, documentó con grabaciones el uso excesivo de la fuerza con inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad en la frontera. Hoy, esa acción, con la actual ley de seguridad ciudadana, no sería posible".


Es común, asimismo, que los activistas sean sometidos a campañas de difamación. Sucede que "las autoridades y otras personas en el poder les acusen públicamente (en falso) de terroristas, antipatriotas, corruptos, espías o enemigos del Estado", entre otras lindezas, apuntan los autores. Eso, cuando no son los llamados trolls, adversarios desconocidos en redes sociales, quienes les acosan verbalmente, desinforman sobre su figura o les amenazan. "Si no te matan, te hacen la vida imposible. Los trolls generan un clima constante de miedo, que hace que la gente deje de publicar", recoge el informe el testimonio de Alberto Escocia, defensor mexicano de los derechos humanos. "Denunciar los ataques a la red social correspondiente no siempre elimina el problema", apunta Amnistía. Esto se debe, explica, a que los hostigadores van en muchos casos por delante de los proveedores del servicio online en cuanto a cuestiones técnicas.


En este sentido, los periodistas y comunicadores, son blanco habitual en un intento de frenar sus publicaciones cuando estas denuncian abusos de poder o delitos. Además de la difamación, la vigilancia y la censura son prácticas comunes para lograrlo, cuando no les cortan Internet, les impiden acceder a las fuentes o los lugares de los hechos. Es tan sencillo como denegarles asistir a un acto o el visado de entrada a un determinado país. Las restricciones a la libertad de circulación han afectado incuso a activistas de Amnistía Internacional a los que se les ha prohibido viajar a ciertos países o les han expulsado cuando estaban investigando en terreno.


Acoso a mujeres y homosexuales, por serlo y defenderlos


Especialmente vulnerables a los ataques son los colectivos que pertenecen o defienden los derechos de las mujeres y las personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales). Las activistas enfrentan, además de los citados riesgos, la posibilidad de ser violadas para infundirles miedo, así como calificativos que cuestionan la decencia que se le supone tradicionalmente a la población femenina. Las amenazas a sus familias también son habituales, forzándolas a elegir entre la defensa de lo que consideran justo y la seguridad de los suyos.


"Las defensoras, por desafiar los roles tradicionales, se enfrentan a discriminación. Se les tacha de promiscuas, se las viola, se amenaza a sus hijos. Por ejemplo, en El Salvador, quienes luchan por la despenalización del aborto reciben ataques de la propia prensa, que las califica de antipatriotas o las acusa de llenar las calles de ríos de sangre", ha detallado Maribel Tellado, coordinadora de la campaña de Amnistía. "En cuanto al colectivo LGTBI, a las amenazas y asesinatos se suman otras formas de persecución. No solo en Uganda. En el vídeo de la campaña vemos a Sakris Kupila, que es de Finlandia y ha sufrido acoso e intimidación. Ha tenido que abandonar incluso su carrera de Medicina", ha añadido Tellado.


Pascual Bernabé Velázquez, de 61 años, es un líder indígena maya Q’anjob’all, en Huehuetenango (Guatemala). Sin posibilidades de cursar secundarias "por situaciones de pobres", su universidad fue conocer los problemas de la gente. Tanto los conoce que es líder del Gobierno plurinacional de los indígenas mayas de la región, como atestigua el bastón de mando que porta en las manos durante su intervención en la presentación de la campaña de Amnistía Internacional en Madrid.


Este hombre de hablar pausado y gesto serio, es uno de los numerosos activistas ambientales que se ha opuesto a la instalación de las hidroeléctricas en su comunidad. "Se llevan la naturaleza, se apropian de ella y no dejan ningún desarrollo para la gente", denuncia. Por eso, en las consultas comunitarias que han realizado, los Q’anjob’all han acordado mayoritariamente rechazar la presencia de las transnacionales, principalmente canadienses y españolas, en sus tierras.


¿Y si les ofrecieran el tipo de desarrollo que ellos reclaman, alternativo, en beneficio de la comunidad y los campesinos? "Eso nunca ocurre", zanja rotundo Bernabé. "La luz se la llevan a México. Si hubiera proyectos para la gente, de desarrollo social y productivo, impulsados por los pueblos, no habría problema. Pero la realidad es que el beneficio es solo para las empresas", detalla.


Todas estas razones han empujado a los nativos a la protesta. "Pacífica", subraya Bernabé. Pero los asesinatos, las órdenes de captura y el hostigamiento no han cesado contra ellos, denuncia. No solo teme por su vida como líder, sino también por la de sus vecinos. Y tiene motivos. "Un atentado puede ser en cualquier lugar. Hace dos meses, la población se enfrentó a una empresa hidroeléctrica y un anciano fue asesinado con armas de fuego. Otros, fueron víctimas antes, pero él fue el último", relata. Los datos recabados por Front Line Defenders dan buena cuenta de que sus miedos no son infundados. Dos tercios de los 281 activistas asesinados en 2016 eran de América. Y la mitad trabajaban sobre problemas de la tierra, territorio y medio ambiente.


¿Por qué defender hasta la muerte la tierra contra gigantes corporaciones? "Para los pueblos indígenas, la tierra, las montañas, las aguas... son nuestra madre. El agua es la mamá, mamamos de ella porque de ella venimos. Y la tierra es igual, porque de ahí brota la comida", explica pausadamente. Bernabé se muestra escéptico cuando se le pregunta por las posibles soluciones. "El conflicto viene de años atrás, a través de las leyes que el Gobierno ha hecho en favor de las empresas transnacionales que se sienten dueñas de las tierras", explica. "Al Gobierno me gustaría decirle que ya no reprima a la gente, que no dicte órdenes de captura y que respete las leyes de Guatemala y los convenios internacionales, porque está violando, conjuntamente con las empresas, los derechos humanos", termina.


Por su parte, Amnistía Internacional ha podido constatar el mal uso del sistema de justicia penal en Guatemala mediante la apertura de procesos judiciales infundados como una forma de intimidar y desgastar a defensores y defensoras de derechos humanos. "En varios casos, ser parte de un movimiento social o miembro de una organización que trabaja por los derechos relacionados a la tierra y al medio ambiente ha sido tomado como un indicador de responsabilidad penal", denuncia la ONG. "Los activistas quedan a la espera de juicios que se dan tras años de estar detenidas, lo que implica su desgaste y la privación de su derecho a la libertad, con el consecuente impacto negativo que su ausencia tiene para la estabilidad de su familia y para la articulación de actividades de defensa de derechos humanos", añade.

Publicado enMedio Ambiente
El Gobierno venezolano pide a la Corte Suprema que revise el fallo contra la Asamblea

El presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general para convocar al Consejo de Defensa de la Nación que, tras analizar la controversia, exhortó al Tribunal Supremo a dar marcha atrás con su decisión de asumir las funciones legislativas y volvió a convocar al diálogo con la oposición. Con esta resolución, comunicada por el vicepresidente, el Gobierno dio por cerrada la crisis.

La crisis venezolana tuvo un importante giro en la madrugada del sábado, cuando el presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general de la República sobre el fallo del Tribunal Supremo, que asumió las funciones legislativas “mientras la Asamblea Nacional se encuentre en desacato”, para convocar al Consejo de Defensa de la Nación. En una reunión realizada en el Palacio de Miraflores, el Consejo decidió exhortar a la Corte que revise sus decisiones 155 y 156 “de manera que se mantenga la estabilidad constitucional”.

Con esta resolución, que fue comunicada por el vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, Maduro dio por cerrada el episodio. "Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo", indicó Maduro, quien presidió el Consejo de Defensa de la Nación
La fiscal Luisa Ortega Díaz había considerado en un acto público que en la sentencia de la Corte “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

Planteada la diferencia en el seno del Estado, el Consejo de Defensa de la Nación que acordó insistir en la vía del diálogo. En el dictamen se ratificó al TSJ, en su Sala Constitucional, como "la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".

Además, se insistió en la disposición de desarrollar un “diálogo fecundo” con la oposición, a la cual invitaron para "unirse sin demora" a las conversaciones, que son respaldadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), y Martín Torrijos (Panamá).

Otra de las decisiones adoptadas por el Consejo fue la de "repudiar cualquier intervención que atente contra la Independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación" de la República Bolivariana. En ese sentido, el presidente Maduro expresó su "rechazo en todas sus partes el intervencionismo extranjero" por parte de algunos Gobiernos "que pretenden dictar pautas cuando sus países están en llamas".

Publicado enInternacional
“Siempre hemos mantenido la resistencia”

En Norte de Santander, sobre el Catatumbo, con frontera viva entre Colombia y Venezuela, está asentado el pueblo Barí, ahora arrinconado por el interés empresarial y la dejadez del Estado central. Reclaman 244.284 hectáreas de territorio ancestral para poder ampliar sus resguardos. A principios del siglo XX contaban con 1.600.000 hectáreas.

 

Derechos y territorio ancestral violados. Los Barí, unos de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, viven desde hace siglos una cadena de violencia, sistemática, que en los tiempos que corren se centra sobre su territorio ancestral en la disputa de multinacionales por de los recursos mineros allí existentes.

 

Arrinconados sobre 128 mil hectáreas, sus 3.402 sobrevivientes le exigen desde el 2014 al Estado central que les reconozca el dominio legal e histórico que tienen sobre 244.284 hectáreas; territorio necesario para poder ampliar sus resguardos. Esa es hoy su principal lucha: recuperar este territorio ancestral, donde, por demás, están situados algunos de sus lugares sagrados, y donde desarrollan actividades económicas como pesca y caza.

 

Como es conocido, para los indígenas la propiedad colectiva de un territorio no lo legitima un papel, existe un derecho consuetudinario, pese al cual han tenido que enfrentar al Estado con mecanismos jurídicos para que sean reconocidos sus derechos territoriales y culturales.

 

Conflictos mineros y petroleros en territorio Barí

 

El despojo del pueblo Barí se remonta al comienzo de la explotación petrolera en el Catatumbo, en los inicios del siglo XX. La llegada de capitales internacionales provocó la apertura de vías, pozos y campamentos para los trabajadores y desplazó a los Barí de sus territorios ancestrales, a tal punto que para el año 1980 sólo contaban con 240.000 hectáreas de las 1.600.000 reconocidas a principios de siglo (ver Tabla), las que hoy, según sus autoridades, están reducidas a 128.000. Asímismo su población fue disminuyendo al pasar de 2.000 personas a mediados del siglo pasado a 1.400 a finales de 1980*, dinámica que cambió en estas últimas décadas al sumar 3.402 habitantes en 2017, según datos de sus autoridades.

 


La lucha por sus territorios ancestrales gana en intensidad, pese a las amenazas que padecen. Anora reclaman y demandan jurídicamente, elevando sus solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras (anteriormente Incoder) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Demanda convertida en una importante lucha, no solo por lo que representa para este pueblo el territorio en litigio, sino también porque para ellos es urgente impedir y suspender la explotación minero-energética desatada en estas tierras; el alto poder destructivo de este tipo de explotación, del cual son conscientes, así los obliga a actuar. El ejemplo de lo sucedido con los wayuu en La Guajira es una lección que no puede quedar sin ser aprendida.

 

En el territorio hoy reclamado para poder ampliar los resguardos Barí, se encuentran 48 títulos minero-energéticos otorgados por el gobierno a distintas empresas, de los cuales 13 están en fase de exploración y 35 en fase de explotación; son títulos para explotar carbón, petróleo y titanio. Según Diego Dora exgobernador de Ñatubaiyibari –Asociación de autoridades tradicionales del pueblo Barí: “hay una veta más grande que la del cerrejón de La Guajira que se quiere explotar a cielo abierto dentro de los territorios ancestrales del pueblo Barí, entonces esto nos conlleva a tomar medidas de control territorial para la pervivencia de la cultura y la integridad física del pueblo en general”.

 

El interés empresarial. En tanto el Estado no reconoce la propiedad ancestral Barí sobre este territorio, algunas autoridades del orden nacional, y las empresas multinacionales, se escudan en ello para no aplicar el derecho de consulta previa, algo que los indígenas reclaman pues, aunque estos territorios no están titulados sí hacen parte de la cultura: en ellos desarrollan actividades propias de su cosmogonía.

 

Ellos insisten en su derecho histórico, lo que los anima física y espiritualmente para no dar el brazo a torcer. Diego Dora lo expresa con total claridad, “para nosotros el territorio no tiene límites, es sin fronteras, entonces la legalidad y constitucionalidad nos obliga a tener algo legal para nosotros poder defender el territorio, lamentablemente”.

 

Sin embargo, existen antecedentes sobre luchas jurídicas ganadas por el pueblo Barí como la suspensión de la exploración de proyecto Álamo 1 que desde 2002 ya adelantaba Ecopetrol, pues estaba ubicado en territorio ancestral Barí. Para lograrlo, los indígenas realizaron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia y otros entes nacionales por no realizar la consulta previa, favorecidos por la Sentencia T–880 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional obligó a la suspensión de la fase de exploración hasta que se adelante la consulta previa.

 

Violación de derechos humanos

 

Emilse Guachina Aquerdora, gobernadora actual de Ñatubaiyibari, cuenta que “los Barí siempre han sido una gente de paz, nunca han tenido ningún problema, pero la entrada de los paramilitares nos han dado amenazas, dificultades y pobreza [...] mujeres han sido asesinadas, líderes que fueron asesinados en un tiempo pero siempre hemos mantenido la resistencia del pueblo Barí”. De resistencia en resistencia anda este pueblo, no solo ante la colonización de parte de sus tierras, la extracción petrolera y minera sino ante la arremetida paramilitar. Hay datos de más de 100 Barí asesinados en el 2003.

 

Intentan amedrantarlos. El pasado 9 de enero fue atacada la casa de Gobierno de Ñatubaiyibari, ubicada en el municipio de Tibú, una nueva sede que aún no habían inaugurado pero que en su interior reposaban muebles y enseres para el posterior funcionamiento que fueron robados.

 

Otro asunto que preocupa al pueblo, es la presencia de paramilitares en la región; según Emilse Guachina “A la salida de las Farc de Caño Tomás y Las Timba entraron los paramilitares, es una gran preocupación, una amenaza del pueblo Barí y las comunidades que están a punto de desplazamiento, pero ya sienten temor los líderes que somos”. Se refiere a la presencia de paramilitares el 9 de febrero del año en curso en el municipio de Tibú, en las zonas donde las Farc estaban preconcentradas, apenas salieron a Caño Indio, donde sería la Zona Veredal Transitoria.

 

* Salazar, 2005. La explotación y colonización petrolera: El genocidio contra los indígenas Barí.

 


 

Recuadro 1

 

Cambios territoriales y de población Barí 1900-1980

 

Territorio BaríTerritorio perdidoPoblación
Año Total área Km2 (aprox.)% área de 1900 Total pérdida década anterior Km2 % relativo pérdida área 1900Total estimadoDensidad x Km2 Km2 x persona
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
16.000

14.000
13.500
9.700
7.400
5.100
3.300
2.400

 100

87,5
84,5
60,5
46,2
31,9
20,6
5,0

 -

1.970
475
3.800
2.300
2.300
1.800
900

 -

12,3
3,0
23,7
14,4
14,4
11,2
5,6

 
 2.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.200
800
1.200
1.400
0.12
0.15
0.14
0.15
0.12
0.16
0.16
0.36
0.58
8.0
6.4
7.1
6.7
8.1
6.2
6.3
2.7
1.7

 

Fuente: (Beckerman 1983). Fuente: Jaramillo, 1993. Tomado de: Salazar, 2005.

 


 

Recuadro 2

 

¿Quiénes son los Barí?

 

En el bosque húmedo tropical del nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, habita el pueblo indígena Barí, conocido también como Motilón Barí. Se ubica en la región del Catatumbo, en los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Teorama y Convención (ver mapa). Se encuentran organizados en dos resguardos; el Motilón Barí, constituido por 23 comunidades y el Catalaura–La Gabarra, constituido por 2 comunidades. Estos resguardos suman una extensión total de 128.000 hectáreas y reune una población de 3.402 personas, según las autoridades indígenas Barí.

 

Este pueblo es binacional, es decir, vive tanto en Colombia como en Venezuela, ya que a comienzos de la invasión española ocupaban extensos territorios, por el norte desde las cabeceras de los ríos Santa Ana y Santa Rosa de Aguas Negras en la Serranía de Perijá, hasta el lago Maracaibo, y por el sur llegaban hasta más abajo del Catatumbo*.

 

A pesar de que los Barí ancestralmente han vivido en la región del Catatumbo, el Estado colombiano nunca ha respetado sus derechos sociales, territoriales y culturales: entrando el siglo XX su territorio abarcaba alrededor de 1.600.000 hectáreas y el Estado entregó en concesión 200.000 al general Virgilio Barco para explotación petrolera. Luego, a principios de los años treinta, inicia la explotación petrolera por acción de la empresa Colpet (Colombian Petroleum Company) quien compró los derechos de la Concesión Barco y se instalaron así 38 pozos de producción, los cuales obligaron a formar asentamientos humanos para los trabajadores de los pozos y los colonos que llegaron a las zonas aledañas4. Entonces la lucha del pueblo Barí se volvió más compleja, ya no libraban batallas solo contra la usurpación de las petroleras sino también de los colonos y grandes hacendados que se fueron estableciendo.

 

* Fuente: Archivos Ministerio del Interior.

Publicado enEdición Nº233