Viernes, 19 Octubre 2012 06:40

Las mañas del Pentágono

Las mañas del Pentágono
La concentración de poder se ha convertido en la tendencia global más importante en los recientes 50 o 100 años. En este proceso, el poder militar juega un papel decisivo, aunque el pensamiento crítico se ha concentrado, quizá excesivamente, en el poder económico, sin visualizar que es el poder duro el que asegura la continuidad de la acumulación de capital.


Hace siglo y medio Karl Marx destacó en una carta a Federico Engels (25 de septiembre de 1857) la importancia del ejército en el desarrollo económico, en las innovaciones técnicas y como precursor de la división del trabajo en la industria, concluyendo que “la historia del ejército muestra (…) la conexión entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales”.


El historiador William McNeill, en su magnífica obra La búsqueda del poder, nos advierte que para estudiar “el macroparasitismo entre las poblaciones humanas” (que podría ser asimilado al imperialismo), deben estudiarse en especial “los cambios en los tipos de equipamiento empleados por los guerreros”.


Fiel a su más conocido trabajo, Plagas y pueblos, sostiene: “Las alteraciones en el armamento se parecen a mutaciones genéticas de microrganismos en el sentido de que pueden, cada tanto, abrir nuevas zonas geográficas de explotación, o destruir antiguos límites mediante el ejercicio de la fuerza dentro de la propia sociedad que los cobija”. Nada más parecido a una historia de la conquista de América.


La carrera de armamentos ultra sofisticados que lleva adelante Estados Unidos, seguido de lejos por un puñado de emergentes, parece estar buscando esas “mutaciones” a las que alude McNeill, para asegurar y ensanchar la brecha de poder de los más poderosos respecto del resto de la humanidad. La ciberguerra en curso y algunas armas especiales, como el avión supersónico capaz de volar a 20 veces la velocidad del sonido que está desarrollando la estadunidense DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa), forman parte de esa ambición de poder.


El reciente discurso de Leon Panetta, secretario de Defensa de Estados Unidos, pronunciado el 11 de octubre en el portaviones Intrepid, convertido en museo anclado en Nueva York, estuvo íntegramente dedicado a la ciberguerra. Anunció que su país está viviendo “un momento pre 11 de septiembre” ya que “los atacantes están tramando” un ataque. Acusó directamente a China, Rusia e Irán.


Esta vez Panetta no mencionó el terrorismo como fuente de posibles agresiones, sino un probable “ataque cibernético perpetrado por Estados-nación” que perpetrarían un “ciber Pearl Harbor”. Exigió que se apruebe pronto la Ley de Seguridad Cibernética que otorga al Pentágono poderes extraordinarios en relación a la ciberseguridad. Omitió decir, y este es el punto clave, que su departamento está preparado para lanzar el primer golpe (contra Irán o Venezuela), algo difícil de demostrar en una guerra inmaterial, pero con cuantiosos daños materiales.


Panetta también habló de ciberguerra el 8 de octubre en Punta del Este, en la décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Llegó con un documento de 12 páginas titulado La política de defensa para el hemisferio Occidental, con el que pretendió delinear la estrategia militar del Pentágono con base en “enfoques innovadores, económicos y con una mínima huella”.
Se enfrentó con varios ministros de Defensa de la Unasur, aunque contó con el apoyo entusiasta de Chile –que se encargó de elevar las propuestas previamente negociadas con el Pentágono– y de Colombia, sus aliados sudamericanos. No pudo impedir que Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Surinam y Venezuela se negaran a aceptar un sistema de “asistencia humanitaria” coordinado por militares, mientras que Guyana y Uruguay se abstuvieron. Tuvo que tragar el apoyo mayoritario a la soberanía argentina de las islas Malvinas (sólo Estados Unidos y Canadá votaron en contra).


Los países de la región aún no están en condiciones para poner en pie un sistema de defensa colectivo y autónomo, pero avanzan en la desarticulación de las iniciativas del Pentágono. Días antes de la conferencia, el Ministerio de Defensa de Uruguay desarticuló lo que hubiera sido una nueva “base dormida” en el centro del país, junto al único aeropuerto internacional fuera de la franja costera.


El proyecto consistía en la construcción de apenas “un barracón”, pero el modo de operar es significativo. Fue elaborado por el Comando Sur y propuesto directamente a las fuerzas armadas uruguayas, con financiamiento estadunidense y con la excusa de capacitar frente a desastres naturales, pero sin consultar al Ministerio de Defensa. De haberse concretado, “supondría otorgarle la llave del país a Estados Unidos” con la excusa de la capacitación humanitaria (Brecha, 12 de octubre de 2012).


Días atrás, militares uruguayos participaron en ejercicios en Florida, sede del Comando Sur, pasando por encima de las autoridades civiles, que suelen enterarse cuando los militares ya están volando. Situaciones muy similares suceden en Argentina, no así en Brasil y Venezuela. El Pentágono negocia directamente con los militares, como si se tratara de “TLC entre las fuerzas armadas”. La desarticulación de este modo subversivo de operar generó malestar diplomático en Montevideo y en Buenos Aires, donde también cortaron las alas del grupo militar de Estados Unidos en Argentina.


El Consejo de Defensa Sudamericano de la Unasur aún no pudo concretar su “doctrina” para una defensa regional coordinada. Cada paso adelante cuesta meses y arduas negociaciones, mientras la potencia que nos considera su patio trasero sigue desarrollando la “capacidad para proyectar poder y fuerza”, como dijo Panetta.

Sin embargo, la ofensiva lanzada en Punta del Este chocó con la oposición de un grupo de países que no están dispuestos a dejarse imponer las políticas que Washington ensaya desde hace medio siglo, como le dijo el ministro brasileño Celso Amorim al jefe del Pentágono.

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Cómo el Pentágono fracturó la conferencia americana de Defensa
Al negarse a tratar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña e insistir con el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior contra las denominadas nuevas amenazas y desafíos multifacéticos, el Pentágono fracturó la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que sesionó la semana pasada en Punta del Este, Uruguay. Los desacuerdos fueron tan marcados que ni siquiera llegó a considerarse en la plenaria ministerial la propuesta impulsada por Estados Unidos para que la Junta Interamericana de Defensa (JID) pasara a ser la Secretaría Ejecutiva y la Memoria Institucional de la Conferencia de Ministros de las Américas. En cambio, su rol se tratará junto con el de todo el Sistema Interamericano de Defensa en una próxima conferencia que convocará la OEA.


Un aliado fiel


En la guerra de 1982, Estados Unidos fue el aliado decisivo del Reino Unido al suministrarle bases, apoyo logístico, Inteligencia y misiles de última generación. Ese apoyo deslegitimó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), según cuyo texto Estados Unidos debería haber apoyado a la Argentina ante un ataque extrahemisférico con el eventual despliegue y uso de la fuerza contra el agresor. A raíz de ello menos de la mitad de las naciones de la región son miembros del TIAR. El ministro argentino de Defensa, Arturo Puricelli, pidió que los países asistentes se declararan preocupados por “la creciente militarización del Atlántico Sur y la realización de ejercicios que incluyen el disparo de misiles como los que se están llevando a cabo en las Islas Malvinas” y que reiteraran “su firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía”, de acuerdo con lo expresado por la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en diciembre de 2011. Apoyaron la declaración Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En cambio Chile, Colombia y México se pronunciaron en favor de la soberanía argentina pero sin referirse a la militarización británica de la región. Esto marcó una clara diferencia con Estados Unidos y Canadá, que se negaron a tratar el tema porque sostienen que no corresponde a este foro. Estados Unidos sigue privilegiando así su alianza estratégica con el Reino Unido. Canadá fue aún más lejos: esa ex colonia inglesa que aún reconoce como su soberana a la reina británica se refirió al territorio en disputa como Falkland Islands y sentó que lo considera un asunto bilateral sobre el que “sólo los habitantes” de las islas “tienen el derecho de determinar su propio futuro”. El mínimo consenso reflejado en la Declaración Final sostiene que las naciones del continente americano tienen carácter pacífico y voluntad de “promover la paz y la cooperación en el Atlántico Sur” y que reconocen la importancia de la Declaración que la Asamblea General de la OEA firmó este año, para continuar examinando “la cuestión de las Islas Malvinas hasta su solución definitiva” por tratarse de un tema de “permanente interés hemisférico”. O sea, poco menos que nada: hay un problemita y nos preocupa.


Ejecuciones extrajudiciales


En el único día que dedicó a la conferencia antes de partir para un encuentro más importante de la OTAN, el jefe del Pentágono, Leon Panetta, dijo que era difícil distinguir si las amenazas transnacionales a la paz y la estabilidad son asuntos de Defensa o de Seguridad Interior y que el empleo de militares para mantener el orden interno “no puede ser una solución de largo plazo”. No cuantificó si hablaba de años, décadas o siglos, pero dijo que entretanto su país apoyará a quienes apliquen esa solución, por supuesto con el siempre declamado “respeto a los derechos humanos y a las competencias de las autoridades civiles”. Uno de los países que votaron junto con el Pentágono por el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa fue Guatemala, donde tres días antes del comienzo de la conferencia las Fuerzas Armadas ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz y el capítulo sobre derechos indígenas en la reforma constitucional que impulsa el gobierno del general Otto Pérez Molina. Como es natural, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala condenó el empleo de los militares y nueve de ellos fueron detenidos por “ejecuciones extrajudiciales”, el primer caso desde el proceso de paz. Los campesinos formaban un piquete que cortó la ruta Panamericana, que lleva a México. Los militares fueron enviados para asegurar el derecho a la libre circulación de personas y bienes. El primer detenido por decisión judicial fue el coronel Juan Chiroy Sal, subjefe del Escuadrón de Seguridad Ciudadana del Ejército, quien al mando de ochenta hombres con armas de guerra desoyó la recomendación de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de no acercarse al área de concentración. Aunque al principio el gobierno dijo que las tropas no estaban armadas, la evidencia fílmica y fotográfica lo refutó. Se recogió en el lugar un centenar de casquillos disparados desde ocho fusiles de asalto Galil.


Los desastres del Pentágono


La Conferencia fue organizada sobre tres ejes temáticos. El primero fue “Desastres Naturales, Protección al Medio Ambiente y la Biodiversidad” y también dio lugar a una votación dividida en la que la Argentina, Brasil y Venezuela se opusieron a la posición del Pentágono. La propuesta firmada por Chile pero que fue distribuida a varios asistentes por la delegación de Estados Unidos, “visualiza a las FF.AA. como un actor principal de los dispositivos de asistencia humanitaria internacional”, según el cuestionamiento argentino, que considera a la capacidad militar “un componente más de la oferta nacional”, cuyo uso y aprovechamiento depende de las autoridades civiles, igual que la coordinación de la respuesta humanitaria internacional. Si resulta necesario, esas autoridades, que en la Argentina dependen del Ministerio del Interior, pueden apelar “al apoyo logístico de las Fuerzas Armadas”. El punto 12 de la Declaración Final reflejó el desacuerdo entre las dos posiciones que confrontaron en la Comisión de Trabajo respectiva. Dispone aceptar la propuesta de Mecanismos de Intercambio de Información sobre Capacidades de Apoyo a Desastres Naturales, “para su eventual adopción” y dice que los ministros de Defensa la someterán “al estudio de las autoridades nacionales responsables de cada Estado con competencias primarias en la materia” y que la participación de cada país en ese mecanismo “será voluntaria, de conformidad con su propio ordenamiento jurídico”. También resuelve poner el tema a consideración de “las organizaciones a nivel hemisférico, regional y subregional que tienen competencia sobre los asuntos de desastres naturales”. Junto con Estados Unidos apoyaron esta posición Canadá, México, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago. Además de la Argentina, Brasil y Venezuela votaron en contra Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Surinam, y se abstuvieron Uruguay y Guyana. La propuesta alternativa, que la Argentina y Brasil defendieron en comisión, no mencionaba la eventual adopción del mecanismo sino apenas “su estudio”. La Cancillería argentina también había advertido al Ministerio de Defensa sobre un párrafo de la propuesta chilena de Estados Unidos sobre el despliegue o empleo de “unidades o medios que tengan una capacidad mínima de siete días de operación con autosuficiencia”. En la práctica ésta podía ser una puerta de acceso para la eventual presencia en el territorio nacional de tropas estadounidenses “con un accionar autónomo”. Como queda claro en el propio punto, lo que se aprobó no es obligatorio, lo cual hace previsible que no sólo quienes votaron en contra se abstengan de entregar información para que el Pentágono la centralice. La discusión fue tan ardua que antes de votar se pasó a un cuarto intermedio, luego del cual el país anfitrión, Uruguay, presentó una tercera propuesta, en un último y fallido intento de impedir que la desavenencia quedara expuesta. La votación fue nominal y constó en el acta a pedido de la Argentina. Como se puede apreciar en sus resultados, Estados Unidos consiguió el apoyo de sus socios en el tratado de libre comercio de Norteamérica, Nafta, de casi todos los países de Centroamérica y el Caribe, del bloque del Pacífico salvo Ecuador, y de Paraguay, recién suspendido en el Mercosur como resultas de lo que sus socios definieron como quebrantamiento del orden democrático, por la destitución del presidente Fernando Lugo sin las garantías del debido proceso. Mientras, la Argentina se alineó con Brasil y con los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La Declaración Final dispone “conmemorar” los 70 años transcurridos desde la creación de la JID y los 50 del Colegio Interamericano de Defensa. Perú había propuesto “felicitar a la JID por su aniversario y desempeño”, pero el amor no daba para tanto.


Seguridad y/o Defensa


Esto refleja los disensos que empantanaron la discusión del Eje Temático III, que a su vez se dividía en dos subtemas: “Seguridad y Defensa” y “Futuro de la Misión y Funciones del Sistema Interamericano de Defensa”. La Declaración Final se refiere sin discriminar a Defensa y Seguridad, reconoce que ambas son “responsabilidad de los Estados y de la sociedad en su conjunto” (es decir, no sólo de las instituciones armadas) y reafirma “la importancia de la conducción política sobre estos asuntos”, lo cual marca algunos cambios en la región desde que finalizó la guerra fría y pasaron a considerarse inadmisibles los gobiernos militares. Los puntos cruciales al respecto son el 9 (“Los desafíos en defensa y seguridad así como la cambiante realidad de nuestros tiempos requieren una evaluación permanente de los instrumentos y mecanismos de cooperación apropiada entre los Estados”) y 10 (“La Conferencia de Ministros de Defensa considerará los temas prioritarios de las agendas regionales que resulten de interés para los sectores de defensa bajo una óptica integral y en el marco de la cooperación y complementariedad, teniendo en cuenta la importancia del carácter multidimensional de la seguridad para algunos Estados”). En el debate en comisión, se reconoció la coexistencia de distintas visiones y definiciones políticas y conceptuales acerca de la seguridad y la defensa, “según las percepciones de riesgos y amenazas” de cada país y se aclaró que el grupo de trabajo no había intentado definir los conceptos de seguridad y defensa sino delimitar los ámbitos respectivos que podrían ser abordados por los ministros, ya que “la seguridad pública corresponde principalmente a otras instancias hemisféricas y a las particularidades de la arquitectura institucional de cada país”. Si bien existen esas diferencias, los ministros deben aplicar “los criterios de cooperación, visión integral y respeto a las normas de cada Estado, teniendo en cuenta la importancia del carácter multidimensional de la seguridad para algunos Estados”. Además, “los ministerios de Defensa de las Américas, a través de sus Fuerzas Armadas, actúan conforme al ordenamiento jurídico de cada Estado, de manera subsidiaria como institución secundaria en apoyo a las otras fuerzas para hacer frente a una amenaza a la seguridad pública”.


En revisión


El punto 6 de la Declaración Final es el que más tiempo de negociación insumió desde los meses previos a la reunión de Punta del Este, incluyendo un viaje a Montevideo y Buenos Aires del académico Frank Mora, el hijo estadounidense de exiliados cubanos que es viceministro del Pentágono para la región. Estados Unidos planteaba el fortalecimiento de la Junta y del Sistema Interamericano de Defensa. La nueva “Política de Defensa para el Hemisferio Occidental”, difundida por el Pentágono una semana antes de comenzar la conferencia de Punta del Este anticipó que Estados Unidos promovería en la OEA y mediante relaciones entre las Fuerzas Armadas “un férreo sistema de cooperación” para la acción colectiva “frente a los desafíos complejos del siglo XXI”, lo cual implica “reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad”. En forma explícita se refiere a la Conferencia de Ministros, a la Junta Interamericana de Defensa y a las Conferencias de Ejércitos, Armadas y Fuerzas Aéreas, descriptas como “los foros principales en donde los jefes de las distintas fuerzas del hemisferio dialogan sobre temas como el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y respuesta a desastres, ciencia y tecnología, cooperación cívico-militar, el medioambiente y las amenazas emergentes”. En cambio la Argentina se había ofrecido como sede para una conferencia especial que encarara la revisión total del sistema, incluyendo el Tratado, la Junta y el Colegio Interamericano de Defensa, que considera obsoletos. Mora terminó por aceptar que la revisión era inevitable, pero dijo que su país sólo aceptaría que se realizara en la OEA, cuya sede está en Washington y la Argentina lo admitió. En la Comisión respectiva, la Argentina actuó como relator y entre los organismos que propuso evaluar incluyó a la conferencia de Ejércitos Americanos, la Conferencia Naval Interamericana y el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas, señaladas como instrumentos originados bajo la lógica de la guerra fría. En el último medio siglo esas conferencias constituyeron “un esquema de intercambio y cooperación horizontal militar-militar, en no pocos casos disociadas de las instancias político-institucionales hemisféricas y nacionales en materia de Defensa”, sostuvo en la Comisión el secretario de asuntos internacionales de Defensa, Alfredo Forti. El punto 6 de la Declaración Final acortó las distancias. Dice que la Conferencia solicita “al Consejo Permanente de la OEA que programe y lleve adelante, con la participación de los ministerios de Defensa, reuniones para la discusión sobre el futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del sistema interamericano de defensa, incluyendo a la Junta Interamericana de Defensa”. Continuará.

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Uruguay cuestiona ante ministros la existencia de la Junta Interamericana de Defensa
Punta del Este, 8 de octubre. Uruguay cuestionó hoy la existencia de Junta Interamericana de Defensa (JID), el consumismo, el sistema financiero y los gastos militares, durante la inuguración de la décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se celebra en este balneario, a la cual asisten delegaciones de 29 de los 34 países que integran el foro.


“La JID tiene 70 años, los mismos que tengo yo, está vieja y estoy viejo, y nació cuando en el mundo pasaban cosas feas”, declaró el ministro uruguayo de Defensa y presidente protémpore de la conferencia, Eleuterio Fernández Huidobro, ante sus colegas de la región, incluido el estadunidense Leon Panetta.


Subrayó que “saber que con una pequeña parte de los colosales gastos militares que dilapida la humanidad podrían resolverse los más graves problemas que hoy nos afligen, es constatar la hondura de la estupidez que nos afecta”. Por ello, destacó que “no puede haber un producto mejor ni más deseable que la paz trasnacional, regional, hemisférica y mundial”.


El ex líder de la antigua guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros de los años 60 y 70 del siglo pasado, citó la desigualdad como el gran problema que subyace a muchos otros, y cuestionó el sistema financiero que en gran parte es generador de actividades delictivas trasnacionales peores que el tráfico de drogas, armas, terrorismo, personas, órganos o desechos tóxicos.


El presidente uruguayo José Mujica también habló de que “la gran guerra es contra la desigualdad y la pobreza”, al poner en marcha la reunión. Explicó que el continente americano cuenta con grandes recursos naturales y humanos, pero aún mantiene una “deuda social tremenda”. Añadió que además del sentimiento de patria, “es necesario pensar en los problemas de la humanidad con sentido global”.
En la conferencia, que culminará el miércoles, el ministro argentino de Defensa, Arturo Puricelli, pidió a sus pares pronunciarse sobre el reclamo de su país en torno a las islas Malvinas y criticó los ejercicios militares y la exploración petrolera de los británicos en ese territorio. Calificó de inexplicable que esto suceda en un territorio usurpado ilegítimamente cuando se habla de trabajar por la paz regional.


Aunque no estaba en la agenda inicial, el tema que más ha generado roces es la propuesta sudamericana de que la conferencia reconozca una zona de paz y cooperación del Atlántico sur, lo que implica un respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas, bajo control británico desde 1833, y un rechazo a los ejercicios militares y la exploración petrolera de Londres en las islas.


El reconocimiento de una zona de paz en el Atlántico sur es un tema que se ha discutido en comisiones desde el domingo para incluir la propuesta en una declaración final. Pero hay un grupo de países que rechazan que el asunto sea incorporado al documento final, dijo el viceministro uruguayo de Defensa, Jorge Méndez.


Los ministros de Defensa de América también han debatido sobre la vigencia del sistema interamericano de defensa, al que varios países de la región dan por muerto desde la guerra de las Malvinas de 1983. No obstante, Estados Unidos se comprometió a fortalecer asociaciones de defensa regional y ha estado presionando en favor de la estrategia del Pentágono.


Afp, Pl, Dpa y Reuters
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Viernes, 21 Septiembre 2012 06:53

Hacia una industria militar sudamericana

Hacia una industria militar sudamericana
Desde la gira del secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, por la región sudamericana en abril pasado, se han profundizado las tendencias que se insinuaban desde tiempo atrás. El Mercosur impulsado por Brasil se afirma cada vez más como potencia económica, política y militar que necesita disputar el espacio sudamericano con Estados Unidos, que sigue considerando la región como su patio trasero.


Recordemos que Panetta consolidó el papel militar de sus dos principales aliados, Chile y Colombia, y que lanzó una suerte de ultimátum al gobierno de Dilma Rousseff para “transformar radicalmente la relación de Brasil y Estados Unidos en el área de la defensa”. En concreto ofrece cierta transferencia de tecnología a la industria militar brasileña, a cambio de la sumisión geopolítica de la potencia emergente (La Jornada, 18 de mayo de 2012).


En poco más de cuatro meses, la “respuesta” regional en el terreno militar (dejo de lado la contraofensiva que supuso el ingreso de Venezuela al Mercosur ante el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay) estuvo centrada en dos ejes: la profundización de las alianzas militares sudamericanas y la potenciación del complejo industrial-militar de Brasil.


En el primer aspecto, lo más destacado fueron las maniobras conjuntas entre los ejércitos de Argentina y Brasil denominadas Operación Guaraní, en la provincia de Misiones, cerca de la estratégica Triple Frontera, entre el 23 y el 29 de junio. Participaron mil 200 militares y 210 vehículos de ambos países, con el objetivo de “estrechar lazos de amistad, confianza y cooperación entre los ejércitos de los países” (Defesanet, 30 de junio de 2012).


Según los analistas se registró un hecho “histórico” como la integración en los mismos pelotones de soldados y oficiales de ambos ejércitos, lo que supone la voluntad de unificarse en el combate. Es el segundo año que se realiza la Operación Guaraní, que en esta edición se destacó por la cantidad de personal y material involucrado.


Para evaluar la magnitud del viraje geopolítico que suponen estos ejercicios militares debe recordarse que hasta la década de 1980 la principal hipótesis de conflicto, en cada uno de los países, era la guerra contra el vecino. Se trata de una hipótesis heredada del colonialismo que enfrentó a las coronas de España y Portugal y que se extendió más de siglo y medio después de las independencias, siendo entusiastamente adoptada por las dictaduras de los años 60 y 70.


A principios de agosto Brasil movilizó 10 mil militares en la operación Agata 5, un megaoperativo de seguridad fronteriza que cubrió 4 mil kilómetros, con especial énfasis en la Triple Frontera. Estas operaciones forman parte del Plan Estratégico de Fronteras, lanzado en junio de 2011 por la presidenta Dilma Rousseff (La Nación, 8 de agosto de 2012).


La segunda cuestión que aleja cada vez más al Mercosur de Washington es el fuerte crecimiento de la industria militar brasileña. Los medios especializados señalan que la industria de defensa de Brasil atraviesa un boom y que los empresarios del sector “están felices” y tienen “la voluntad de invertir y crecer”, siguiendo los dictados de la Estrategia Nacional de Defensa aprobada en 2008 (Defesanet, 24 de agosto de 2012).


La Asociación de Industrias de Materiales de Defensa y Seguridad integra 170 empresas, que proyectan duplicar los 25 mil trabajadores que emplea el sector y prevén aumentar las exportaciones de mil 700 a 4 mil millones de dólares para 2020. Los mercados naturales son los países vecinos, con los cuales están en marcha proyectos militares ambiciosos como el carguero KC-390, destinado a sustituir a los C-130 Hércules estadunidenses, en el que cooperan industrias de Argentina, Chile y Colombia en el diseño hecho por la Embraer de Brasil.


El 24 de agosto el Centro de Comunicaciones y Guerra Electrónica del ejército eligió a Embraer para dar los primeros pasos del sistema para monitorear fronteras (Sisfron), con un presupuesto de 6 mil millones de dólares. A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, que los radares eran provistos por la multinacional francesa Thales, ahora todos los equipos serán fabricados en Brasil.


Un amplio informe publicado por O Estado de São Paulo (16 de septiembre de 2012) señala que los seis principales proyectos estratégicos de las fuerzas armadas suponen una inversión de más de 60 mil millones de dólares. Además del Sisfron y del carguero militar, incluyen la modernización de la defensa antiaérea con misiles que alcanzan 300 kilómetros, la fabricación de 2 mil blindados de transporte, inversiones en defensa electrónica y la compra de 120 cazas con transferencia de tecnología.


La marina está construyendo los primeros cuatro submarinos convencionales, de un total de 15, y comenzó el desarrollo del primer submarino nuclear, de un total de seis. La flota contará con dos portaviones nuevos, cuenta con uno antiguo, y 106 naves de combate; una parte de ellas serán construidas en los astilleros brasileños. Además se está relanzando la industria espacial, sector en el que Brasil marcha detrás de Venezuela y Argentina.


El mundo está asistiendo a una acelerada carrera armamentista en el contexto de una profunda remodelación geopolítica. A comienzos de septiembre trascendió la fusión entre la inglesa BAE Systems y la europea EADS, dos de las principales empresas de defensa del mundo, ante la crisis de la primera por la reducción del presupuesto militar de su principal cliente, Estados Unidos. Una Unión Europea cada vez más distante de Washington propone crear un ejército europeo sin Gran Bretaña, y establecer “un mercado único para los proyectos de armamentos” (The Guardian, 18 de septiembre de 2012).


América Latina está muy lejos de garantizar su defensa de forma autónoma y las inversiones en armamento siguen siendo las más bajas del mundo. Algo empezó a cambiar. El crecimiento sostenido de la industria militar brasileña, que va camino a situarse entre las 10 mayores del mundo, está llamado a arrastrar a los demás países de la región.

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Washington acuerda con Tokio instalar un nuevo escudo antimisiles
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, llegó anoche a China en una delicada misión para rebajar la tensión surgida entre ese país y Japón, un asunto enmarcado en la rivalidad entre las dos nuevas superpotencias por la supremacía en Asia. La Administración norteamericana trata de enviar a Pekín el mensaje de que no tiene voluntad en estos momentos de exacerbar un conflicto en un área fundamental para la estabilidad mundial.

 
“Todos deberían estar interesados, todos, en que Japón y China mantengan buenas relaciones y encuentren un camino para evitar una escalada” en sus actuales diferencias, declaró Panetta el lunes en Japón, antes de su llegada a Pekín. El secretario de Defensa llamó a ambos países a “la calma y la contención”, y aseguró que su Gobierno no toma partido en la disputa territorial que ha provocado las últimas fricciones.

 
Pero, al mismo tiempo, Panetta acordó con el ministro japonés de Defensa, Satoshi Morimoto, la instalación en territorio japonés de un segundo sistema de defensa antimisiles que se suma al que ya existe para la protección de ese país ante un eventual ataque de Corea del Norte, un aliado de China.
 

Esa doble actuación sintetiza la complicada encrucijada en la que se encuentra EE UU en ese continente: obligado a proteger a sus aliados, cuidándose, al mismo tiempo, de no provocar la furia de China. EE UU tiene firmado un tratado de defensa con Japón y es responsable desde hace décadas de la seguridad de ese país, pero trata de que el Gobierno chino no entienda ese compromiso, y otros similares que tiene con diversas naciones de la zona, como un gesto de hostilidad hacia el gigante de la región.

 
Difícil labor. Hace dos semanas, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sufrió algunos desplantes en Pekín y fue muy criticada por la prensa oficial por la posición que esta había mostrado respecto a los problemas territoriales de China con algunos de sus vecinos en el mar del Sur de China. Clinton expresó el deseo norteamericano de que esa vía marítima, vital para el intenso comercio del área, se mantenga libre y abierta. Algunos medios del régimen le contestaron que la mejor garantía de que eso ocurra es que EE UU se mantenga al margen.

 
Pero EE UU no se va a mantener al margen. Al contrario, está intensificando su presencia militar. En enero, el Pentágono anunció que el grueso de su flota navegaría en los próximos años en el Pacífico. EE UU ha abierto una nueva base con marines en Australia y ha alcanzado un acuerdo para aumentar el tránsito militar por Filipinas. La razón de este incremento es, oficialmente, la amenaza creciente de Corea del Norte y la vulnerabilidad de algunos aliados norteamericanos, como el propio Japón o Corea del Sur. China lo interpreta, sin embargo, como una injerencia en una región en la que habría que aceptar su predominio.
 

En su visita, Clinton no pudo ver al vicepresidente y próximo líder chino, Xi Jinping, que estaba entonces fuera de la visibilidad pública. Panetta sí tiene prevista una cita con él, lo que puede facilitar el diálogo, puesto que Xi fue asesor del Ministerio de Defensa de su país y pasa por ser un experto en asuntos militares.

 
La militarización de la rivalidad entre China y EE UU ha sido siempre contemplada como una posibilidad que espanta a la comunidad internacional y como un riesgo que ambos países han tratado de evitar hasta ahora. Muy dependientes el uno del otro para el progreso económico, tanto China como EE UU han entendido siempre lo mucho que perderían con un conflicto. Pero, al mismo tiempo, ninguno está dispuesto a renunciar al control estratégico de una región en la que se concentra el grueso de la riqueza mundial.


Por Antonio Caño Washington 17 SEP 2012 - 19:45 CET

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Nueva visión geoestratégica de Brasil, según Ronaldo Carmona (Universidad de Sao Paulo)
En el encuentro 18 del Foro de Sao Paulo, en Caracas, el geopolitólogo Ronaldo Carmona –coordinador del grupo de trabajo temático sobre defensa e investigador de la Universidad de Sao Paulo– me había invitado a su panel, al que por premuras no pude asistir.


El documento matricial de Ronaldo Carmona aborda la “nueva visión estratégica” que se desarrolla en Brasil, en particular, desde el establecimiento de la Estrategia Nacional de Defensa (END) en 2008, que comporta tres aspectos nodales:


“La definición de tres áreas estratégicas de defensa: nuclear, espacial y cibernética”. A mi juicio, este rubro es insuficiente y pertenece a la etapa de la guerra fría; hoy el enfoque debe ser también en los rubros de GNR (genoma, nanotecnología y robótica), sin descuidar la segunda generación informática y, en especial, la ciberguerra y sus “supercomputadoras”, donde Estados Unidos goza una primacía disuasiva.


“La delimitación geográfica mas nítida de las áreas claves de interés estratégico: el Atlántico Sur (SisGAAz, submarino con propulsión nuclear) y la Amazonia, blanco de creciente codicia (Sisfron, desplazamiento de unidades militares de sur a norte)”. Aquí agregaría la Antártida (tan pletórica en materias primas), cuyo control –en la etapa del cambio climático y su descongelación– definiría el dominio geopolítico a los dos lados del Atlántico Sur, lo cual afectaría los intereses de los bloques BRICS, BASIC (unos BRICS sin Rusia) e IBSA (unos BRICS sin Rusia y China).


“El concepto de tomar como base de la defensa de Brasil la identificación de la nación –¡supersic!– con las fuerzas armadas y de las fuerzas armadas con la nacional”. Este concepto debe “multiplicarse en hipótesis de confrontación con una potencia muy superior (nota: ¿será Estados Unidos/OTAN/Israel?) en el esquema de guerra asimétrica”, el cual se volvería “el principal escenario, y cuya victoria sólo es posible en profunda fusión con el pueblo”. Ronaldo Carmona aduce que “en gran medida, se trata de una reiteración del espírito de Guararapes, que forjó la nacionalidad brasileña”.


El significado simbólico y patriótico, casi espiritual, del “espíritu de Guararapes”, según su interpretación por el portal del Ejército brasileño: “El nacionalismo del espíritu de Guararapes es el nacionalismo racional, estratégico, seguro, traducido en la práctica por una Petrobras, una Transamazónica, el decreto de las 200 millas de mar territorial, nuestra política de fletes marítimos y tantas otras realizaciones como Volta Redonda (la Ciudad de Acero), hitos del progreso material de Brasil”.


Sería recomendable que los teólogos neoliberales proponentes de un “espurio modelo Petrobras” en México entiendan sus alcances nacionalistas vinculados a la geopolítica soberana y a la grandeza de Brasil.


Justamente en mi encuentro con Ronaldo Carmona en Caracas coincidimos en que el “espurio modelo Petrobras” de los teólogos neoliberales arcaicos y entreguistas de México no tiene nada que ver con el modelo original brasileño en su quintaesencia nacionalista que han caricaturizado: una desinformación más de los hijos putativos de Televisa.


El taller de defensa que coordina Ronaldo Carmona exhibe la “creciente preocupación de las fuerzas de izquierda en relación con el tema”, como “producto de la tensión cada vez mayor sobre temas como soberanía e independencia, es decir, la cuestión nacional, que rebasan los temas clásicos de la izquierda, como la lucha por la justicia social, la democratización del Estado y la centralidad del desarrollo”.


Comenta que en fechas recientes, “los cuatro partidos de izquierda brasileños que participan en el gobierno de Dilma Rousseff realizaron un seminario en Brasilia sobre la relación entre la política de defensa y el proyecto nacional de desarrollo”, en el que participaron el ministro de Defensa, Celso Amorim, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Marco Antonio Raupp.


Por cierto, el anterior canciller Celso Amorim, hoy ministro de Defensa –a mi juicio, uno de los mejores geoestrategas de Latinoamérica (baste comparar con el foxiano Castañeda Gutman)–, explica luminosamente las razones geopolíticas del éxito multipolar de Brasil (ver Bajo la Lupa, 18/1/12). Para mí, “el Brasil de Lula/Dilma” simboliza la esencia del nuevo orden multipolar.


Ronaldo Carmona tiene muy claro el panorama geopolítico y estratégico global: “Vivimos un escenario internacional cada vez más cercano a los pronósticos de las visiones realistas y de la teoría del imperialismo”, y arguye que “existen tres aspectos que ejemplifican las nubes cargadas en la situación internacional”: 1) “redefinición estratégica de Estados Unidos para extender su hegemonía en el tiempo” con “el blanco centrado en la contención de China (sic)”, lo cual rehabilita las tres tesis geopolíticas clásicas (Mahan, Mackinder y Spykman); 2) rehabilitación del “imperialismo humanitario” (intervención en guerras civiles provocadas desde el extranjero: Libia, Siria e Irán, y en países con bajo nivel de cohesión interna, incluso en Sudamérica), y 3) “control de los recursos naturales escasos” que abundan en Sudamérica.


Considera que la “situación en Sudamérica, que busca mayor cohesión y unidad en su pensamiento geoestratégico, es bastante distinta (¡supersic!) a Centroamérica y el Caribe, más pegados (sic) a Estados Unidos” en el área de “su” perímetro de seguridad, o “Mediterráneo americano”, como lo denominó Mahan.


Aborda en forma específica a Sudamérica y su “principal vulnerabilidad”: el “bajo nivel de desarrollo”, que contrasta con su enorme potencialidad, lo cual aboga por un “proyecto de integración regional”. ¿Lo dejará Estados Unidos?


Agregaría otras dos vulnerabilidades para que florezca el desarrollo: finanzas (controladas por la banca israelí anglosajona) y tecnología de punta (Estados Unidos).


Destaca los avances en el “proyecto de integración en defensa de Sudamérica” en la Unasur y apunta al nuevo pensamiento estratégico común del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) y sus dos tesis: el “enemigo interno” (¡cómo abundan las mulas de Troya!) y “guerra del vecino como enemigo”.


El CDS/Unasur preconiza un escenario de amenazas o búsqueda de sometimiento por parte de las potencias centrales debido a las características sudamericanas de poseer excedentes en bienes estratégicos claves en: a) energía (petróleo, gas, uranio, etcétera), b) recursos minerales, incluso estratégicos o raros, c) excedentes acuíferos, d) biodiversidad, en especial la concentrada en la Amazonia, y e) capacidad de producción de alimentos, y proteína animal y vegetal en general.


Aduce que “la integración común sudamericana exige una actitud de cooperación hacia adentro y de disuasión hacia afuera frente a amenazas de naturaleza extrarregional”.


Concluye que “la presencia de fuerzas extrarregionales en la región sudamericana se convierte en cuestión clave: Guyana ‘francesa’; bases militares o acuerdos para franquear acceso a bases nacionales; presencia marítima en el Caribe y en el Atlántico sur”.


¿Podrá salvar el espíritu de Guararapes a la Sudamérica emergente?


www.alfredojalife.com

@AlfredoJalife

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Hace poco más de un año Colombia y Venezuela estaban al borde de la guerra. Además, el Gobierno de Bogotá se había granjeado las críticas del resto de Sudamérica por permitir una mayor presencia militar de EE UU en su territorio. Por entonces era impensable que un colombiano pudiese algún día estar al frente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el bloque político regional que para muchos analistas ha superado en protagonismo a la decana Organización de Estados Americanos (OEA) en la resolución de conflictos en la zona.
 
Pero tanto ha cambiado el panorama con el actual Gobierno de Colombia y tanto se ha avanzado en la integración regional que María Emma Mejía (Medellín, 1953) ocupa hoy ese puesto con todo el respaldo de Sudamérica.
 
"Creo que la Unasur ha sido clave para que las cosas mejoren", dice Mejía, una política y diplomática que, entre otras cosas, fue embajadora en España, ministra de Exteriores y antigua candidata a la vicepresidencia de su país. "La organización ha respondido rápido, sin burocracia y de forma decidida en todos los conflictos. En el golpe de Honduras, en la crisis interna de Bolivia, en la asonada de Ecuador y en el enfrentamiento que hubo entre mi país y Venezuela. Lo que toca ahora es institucionalizar la Unasur y hacerla perdurable en el tiempo. Esa es mi misión", explica.
 
La Unasur comenzó su andadura en 2008 y se constituyó oficialmente en marzo pasado. Aglutina a los 12 países sudamericanos y tiene su sede en Quito. Aunque la Unasur es un bloque con vocación de integración política, su constitución estuvo siempre marcada por el tema de la defensa. Antes de crearse formalmente, el organismo ya contaba con un Consejo de Defensa Sudamericano para el intercambio de experiencia militar, misiones de paz y la ayuda ante desastres naturales. Ahora, consolidadas prácticamente todas las democracias en la región, el Consejo intenta responder a la pregunta de cuál será el papel de los militares.
"Veo a los Ejércitos sudamericanos, a 20 o 30 años vista, protegiendo los recursos naturales como parte de una nueva noción de soberanía de la que hoy se habla mucho en las reuniones de los ministros de Defensa. La región posee el 27% del agua dulce del continente, ocho millones de kilómetros cuadrados de bosques y tres de los países de la Unasur cuentan con la mayor biodiversidad del planeta. Todo esto tiene que ver no solo con la defensa de los recursos, sino con la protección de la reserva alimentaria que posee la región", explica Mejía.
 
"Creo que la idea convencional de la seguridad fronteriza dará paso en el futuro a una noción regional donde la preservación de la democracia y la defensa de los recursos serán temas capitales. Hay naciones y las seguirá habiendo, pero tenemos una nación-región, por decirlo de algún modo, que ya ha empezado a formar parte del vocabulario de nuestros ciudadanos y de nuestras Fuerzas Armadas", añade. Mejía confía en que las líneas generales de la nueva doctrina de defensa sudamericana se perfilen en el recientemente inaugurado Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEED), en Buenos Aires.
 
Así como Mejía sí ve a la maquinaria militar sudamericana volcada en el futuro a la defensa de la democracia y los recursos, no contempla una integración militar para operaciones bélicas ni para la lucha contra el narcotráfico. "La lucha contra las drogas es la que presenta las mayores diferencias de concepción. No veo a los Ejércitos sudamericanos combatiendo unidos el narcotráfico, aun cuando haya una mayor cooperación en temas de logística o de información".
 
Tampoco vislumbra una especie de OTAN sudamericana: "No imagino una fuerza de guerra. Los últimos conflictos regionales se resolvieron sin disparar un tiro y la actitud que he observado en los 12 ministros de Defensa de Unasur es la de preservar, por encima de las diferencias, una zona de paz. Los países están haciendo un gran trabajo a la hora de hacer transparentes los gastos militares, un tema importante para dejar atrás viejos recelos y avanzar en la integración no solo militar, sino en infraestructuras y en desarrollo social... por primera vez empezamos en América del Sur a pensar en grande y a desarrollar nuestras políticas".
 
La diplomática sí cree que los Ejércitos de la región podrán trabajar juntos en el caso de catástrofes naturales. "La experiencia de la fuerza multinacional en Haití, donde la región ha desplegado casi 6.000 efectivos, es el mejor ejemplo de que nuestros militares pueden hacer un gran trabajo juntos a la hora de hacer frente a los desastres naturales. De hecho, a finales de este mes los ministros de Defensa de la Unasur se reunirán en Haití para debatir la creación de una unidad militar regional de emergencia, en la que la colaboración de España será de gran utilidad".
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Jueves, 20 Enero 2011 18:53

La remilitarización de Panamá

El gobierno panameño denunció el 13 de enero de 2011 que había encontrado un campamento abandonado con equipo sofisticado cerca de Bahía Piñas (provincia del Darién), en el Pacífico, cerca de la frontera con Colombia.  Los aparatos de seguridad panameños lo relacionaron con la organización guerrilla colombiana FARC.  Sin embargo, hay información que en esa área EEUU está invirtiendo 4 millones de dólares en la construcción de barracas con fines militares y un muelle para naves con capacidad de interceptar barcos en alta mar.
 
EEUU, según el Tratado del Canal Torrijos-Carter, evacuó su última base militar de Panamá el 31 de diciembre de 1999.  A pesar de no existir presencia de tropas norteamericanas en el Istmo desde aquella fecha, Panamá ha firmado con EEUU cinco acuerdos que le permiten a ese país tener presencia militar en el país, ignorando la ley panameña.  El Departamento de Defensa de EEUU, incluso, ha firmado, desde el 31 de diciembre de 1999, 715 contratos con empresas norteamericanas para que desarrollen actividades en Panamá.
 
Con el último acuerdo de asistencia militar entre ambos países, firmado en 2009, la mayoría de los contratos del Departamento de Defensa son para la construcción de “bases aéreo-navales” sobre las dos costas de Panamá.  El presidente Ricardo Martinelli, el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, y la embajada de EEUU han informado poco sobre las 9 bases “aereo-navales” que se están construyendo.  A pesar de las denuncias y protestas de las organizaciones sociales panameñas, el silencio del gobierno es hermético.
 
Según información del Departamento de Defensa de EEUU, en su año fiscal 2011 se invertirán casi 16 millones de dólares en 6 bases militares en Panamá.  En 2010 el Departamento de Defensa invirtió 6 millones de dólares en otras tres bases.
 
A fines del año pasado el Departamento de Defensa firmó un contrato por un total de 4 millones de dólares para construir barracas militares y un muelle con capacidad militar en “Puerto” Piña.  El lugar donde se efectuará (o ya se está efectuando) la inversión para las barracas militares coincide con el área donde el gobierno panameño denunció la existencia de un campamento de las FARC.
 
Las barracas que construirá EEUU tienen, según el contrato, capacidad para desarrollar operaciones “contra-narcóticos”.  Esta iniciativa de EEUU, en particular, bajo la coordinación del Comando Sur, incluye 6 bases.  Además de “Puerto” Piña, se construirán centros de operaciones militares en La Palma y Punto Coco.  En Meteti, Yaviza y Rambala ya se hicieron importantes avances en 2010.
 
Según los contratos del Departamento de Defensa, la empresa J&J Maintenance, con sede en Austin, Texas, va a construir un "CN (Counternarcotics) Ops Center/Barracks" y un muelle en Punta Coco, que estará listo antes de octubre de 2011.  Otro contrato firmado por el gobierno norteamericano proyecta construir un "CN Pier Renovation and Jet Docks" en La Palma, para terminar en agosto de 2011.
 
Por otro lado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU construirán tres bases aéreo-navales adicionales, tipo "CNT [Counter Narcoterrorism] Ops Center/Barracks", en Isla Grande, Obaldía y El Porvenir.  Los centros militares deben estar terminados entre julio y septiembre de 2011.  En cada una de estas instalaciones se invertirá un total de 3.5 millones de dólares. EEUU contempla invertir en Isla Grande, Obaldía, El Porvenir y “Puerto” Piña, un total de 15.5 millones de dólares en 2011.
 
En el marco de los protocolos militares norteamericanos, que hablan de actividades “humanitarias”, también se construirán tres escuelas y un centro de salud por un total de 946 mil dólares en áreas rurales de Panamá.  Forman parte de las "acciones humanitarias" de las Fuerzas Armadas de EEUU en países que supuestamente no cuentan con presupuesto para construir sus propias instalaciones.
 
Además de las bases aéreo navales en construcción, EEUU continúa realizando “pruebas tropicales” con fines militares en Panamá.  Según revelaciones de los contratos existentes, desde principios de la década pasada, el Departamento de Defensa tiene acuerdos con dos empresas.  Por un lado, con Kvaerner Process Services que recibió 12 millones de dólares para realizar “pruebas tropicales” y “otros servicios de apoyo administrativo”.  Con Trax International, asociado con Yuma Proving Ground, (Arizona, EEUU) se han suscrito contratos por una suma de por lo menos 18 millones de dólares.
 
En Panamá los militares norteamericanos realizaron pruebas documentadas sobre soldados puertorriqueños y de otras nacionalidades a mediados del siglo XX para conocer su resistencia a cierto tipo de armamentos y químicos.  En la actualidad, algunos diarios de la localidad han publicado avisos reclutando personal para trabajar en “pruebas tropicales” no especificadas.
 
El Departamento de Defensa de EEUU también ha contratado a J&J Maintenance (de Texas) para reparar y actualizar varios polígonos de tiro en el país.  Un acuerdo firmado con la empresa le proporciona medio millón de dólares para mejorar los polígonos ("Upgrade Ranges") en el primer semestre de 2011.
 
 
- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.  http://marcoagandasegui10.blogspot.com
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En el nuevo contexto posguerra fría, la OTAN, lejos de desaparecer como lo hizo el Pacto de Varsovia, elaboró nuevos "conceptos estratégicos" en 1991 y 1999. Después de los atentados del 9/11/2001 y con la guerra en Afganistán se extendió la zona de intervención fuera del espacio euro-atlántico definido por el Tratado de 1949. Era necesario redefinir la misiones de la OTAN y relegitimar su papel. Los jefes de Estado reunidos en la 22 cumbre de la OTAN en Lisboa (19-20 de noviembre) aprobaron el "nuevo concepto estratégico 2010-2020". Trataron también dos puntos delicados: la retirada de sus tropas de Afganistán y el escudo antimisiles que Estados Unidos planea desplegar en Europa.

"El nuevo concepto estratégico" refleja la ambición de la OTAN de fortalecer su vocación mundial, en nombre de los valores "universales" de la civilización occidental, incluso en terrenos que no tienen que ver directamente con la seguridad militar como la gobernabilidad de los "estados fallidos". Partiendo de un catálogo de nuevas amenazas reales o supuestas, el terrorismo, pero también la inseguridad de las fuentes y rutas de abastecimiento energético, de las rutas marítimas, los "ciberataques" contra sistemas computarizados o "infraestructuras vitales" de los países occidentales, la OTAN oficializó el principio según el cual la seguridad de sus miembros depende más de situaciones exteriores a la zona euro-atlántica que de conflictos convencionales en dicho espacio. En la lista de las "nuevas amenazas" la OTAN incluye las consecuencias del cambio climático y de catástrofes ambientales, la escasez de agua y riesgos sanitarios. La OTAN se otorga ahora el derecho de intervenir en el mundo "donde y cuando la seguridad de sus miembros lo exija". El nuevo concepto cancela la división entre seguridad interior y seguridad exterior, entre amenazas convencionales y no convencionales, y propone mantener capacidades militares convencionales o nucleares "suficientes", pero diseñadas para proyectar fuerzas de despliegue rápido o lanzar "operaciones expedicionarias", incluyendo acciones de "contrainsurgencia". Para eso propone un mando único que podría actuar sin tener el consentimiento de todos los miembros. Ella busca la asociación con estados no miembros para actuar como "socios prestatarios de seguridad" en teatros alejados de su zona de acción.

En plena crisis financiera y de presupuesto, Estados Unidos logró imponer a sus aliados una participación mayor en los gastos de la OTAN, incluyendo el financiamiento del escudo anti-misiles estadunidense, estimado en mil millones de dólares, cuando en muchos países el fin de la guerra fría permitió reducir los gastos militares. Hasta Francia, tan celosa de su independencia, se declaró dispuesta a participar en financiamiento del proyecto estadunidense, lo que beneficiará directamente a la industria militar de EU. Así, la Unión Europea sepultó definitivamente cualquier posibilidad de tener una defensa autónoma de Estados Unidos.

La reunión de Lisboa se prolongó con una cumbre Rusia-OTAN, lo que permitió al presidente Medvedev una brillante jugada en la gran tradición diplomática del Kremlin, reincorporándose al debate mundial sobre la seguridad en pie de igualdad y poniendo límites al triunfalismo occidental. Cuando Georgia apoyada por Washington se lanzó contra Rusia en agosto de 2008, la potencia de la reacción rusa desconcertó a los occidentales y Moscú les pintó una "línea roja" infligiendo una tremenda derrota a Georgia. Decidida a superar este grave incidente provocado por Occidente, Rusia acudió a la cumbre de Lisboa, pero en una posición de fuerza, para exigir a la OTAN moderar sus ambiciones mundialistas. El presidente Medvedev puso claras condiciones a una nueva relación con Occidente: la OTAN no puede ser el gendarme del mundo, sus intervenciones tienen que estar aprobadas por el Consejo de seguridad de la ONU, donde Rusia y China tiene derecho de veto. Rusia acepta cambiar su actitud hacia el proyecto de escudo antimisiles a condición de que el dispositivo sea limitado a la intercepción de misiles de corto o mediano alcance, y que ningún país, empezando por Rusia, sea el objetivo declarado de tal sistema. Pero los expertos de la OTAN mantienen que Irán es la principal amenaza, lo que no comparte Rusia, y que hay que tener un alto nivel de vigilancia hacia Rusia, lo que complicará seriamente el diálogo con Moscú. Para dar pruebas de su buena disposición hacia Occidente, Rusia propuso colaborar con la OTAN sobre Afganistán, sobre todo para facilitar el tránsito de material militar por su territorio. Uno de los mayores problemas de la OTAN es que no controla toda la ruta Kabul-Karachi por donde pasan sus convoyes y no quiere arriesgarse a nuevas perdidas de material durante la retirada de sus tropas que empezará en 2011. Qué elegancia de Rusia de evitar a sus antiguos enemigos que en una retirada sin victoria ni gloria, la OTAN, incapaz de proteger sus convoyes, sea humillada por los insurrectos afganos y pakistaníes.

Los países de la OTAN inmersos en la crisis financiera y presupuestaria, empantanados en Afganistán y Pakistán, pretenden extender su campo de acción a todo el planeta. Rusia les recordó en Lisboa que hay otras potencias en el mundo que tienen el derecho y la capacidad de fijar las nuevas reglas del juego frente a los grandes desafíos del siglo XXI.

Por Pierre Charasse
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El presidente boliviano, Evo Morales, llamó hoy aquí a acabar con los golpes de Estado en Latinoamérica y el mundo, en su mayoría propiciados por las embajadas de Estados Unidos.

Al inaugurar la IX Conferencia de los ministros de Defensa de las Américas, Morales recordó que en 2008 su gobierno fue víctima de esos planes, organizados por el representante de Washington, Philip Goldberg, a quien expulsó del país.

También la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), agregó, respaldó a los grupos conspiradores, por lo que también cesaron sus operaciones en el país andino.

Morales rememoró que hasta la fecha fueron registradas esas asonadas en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009) y recientemente en Ecuador. Sólo en Tegucigalpa, aclaró, tuvieron éxito, cuando el imperio norteamericano impuso un gobierno ilegal y antipopular.

El dignatario reflexionó sobre la agenda del foro de los titulares de las carteras de Defensa sobre el mantenimiento de un clima de paz y seguridad a favor de las democracias en la región, lo cual no es posible si se estimulan y organizan golpes de Estado.

Un desafío de esta IX Conferencia, remarcó, es que terminen los golpes de Estado en América Latina y el mundo. Esas maniobras, añadió, ahora están dirigidas a desestabilizar a gobiernos revolucionarios.

Al respecto, Morales condenó la más reciente reunión de la ultraderecha en Washington, el pasado 17 de noviembre, en la que algunos congresistas como el republicano Connie Mack alentó el magnicidio contra el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Aseveraciones como esa, dijo, son propias de un asesino confeso, a quien responsabilizo si atentan contra la integridad física del presidente hermano (Chávez).

Morales condenó además que, en 1962, la Organización de Estados Americanos (OEA) haya expulsaso a Cuba por el carácter socialista de su Revolución, una medida que hoy llaman a adoptar los nuevos enemigos de procesos similares en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

A su juicio, la actual doctrina del imperialismo es contra la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), un mecanismo de integración que propicia la complementariedad y la solidaridad, lejos de la competitividad.

“Estamos en la época de la descolonización, donde la democracia, la paz y la seguridad deben ser garantizadas por los propios pueblos, con soberanía, sin intervencionismos”, remarcó.

Morales también instó a un profundo debate de la Conferencia sobre la necesidad de eliminar las bases militares extranjeras en la región, que utilizando como pretexto la lucha contra el narcotráfico avasallan a los indígenas originarios y sus luchas por reivindicaciones sociales.

Al respecto recordó que, en sus años de parlamentario, intentaron obligarlo a firmar una resolución que garantizaba total inmunidad a los funcionarios estadounidenses en Bolivia, una carta abierta para matar en el caso de las fuerzas especiales antidrogas, opinó.

La nueva democracia en Bolivia, agregó, se sustenta en la primera Constitución Política del Estado aprobada en las urnas por el pueblo en 2009, y que defiende los principios de soberanía, igualdad social y equidad.

Sobre otro de los temas de la cita de ministros de Defensa, la cooperación regional ante desastres naturales, Morales responsabilizó al sistema capitalista de los daños a la Madre Tierra (Pachamama).

También alertó que el ser humano no podría subsistir sin el planeta, de ahí la responsabilidad de todos -y no sólo de las fuerzas armadas- de preservar el medio ambiente, ante el desarrollo irracional y la explotación desmedida de recursos naturales por parte de los países industrializados.

En la apertura del encuentro, el ministro de Defensa de Bolivia, Rubén Saavedra, precisó que paz, equidad y cooperación serán los ejes temáticos de las deliberaciones hasta el próximo jueves.

Asimismo recordó la necesidad de brindar mayores espacios de participación a mujeres e indígenas en las filas de las instituciones castrenses.

La primera conferencia de ministros Defensa de las Américas se celebró en 1995, en la localidad de Williamsburg, Estados Unidos.

Los otros encuentros tuvieron por sede Bariloche, Argentina (1996), Cartagena, Colombia (1998), Manaus, Brasil (2000), Santiago, Chile (2002), Quito, Ecuador (2004), Managua, Nicaragua (2006) y a Banff, Canadá (2008). 

22 NOVIEMBRE 2010
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