Deforestación al Amazonas. El cáncer en nuestro pulmón verde

La región amazónica representa una esperanza verde que conserva la mayor biodiversidad del planeta. Es nuestra fuente de oxígeno para el mundo ante el cambio climático. Pero año tras año la deforestación hace trizas miles de hectáreas de selva virgen. El panorama no solo es aterrador, dentro de poco será irremediable. La agricultura y la ganadería son las actividades que más amenazan a toda esta región. Aquí el reporte más actual.

El proyecto “Monitoreo de la Amazonia Andina” es un portal web https://maaproject.org/es/ que tiene como iniciativa observar los problemas que atentan contra la conservación amazónica. Para monitorear la deforestación de las cuenca amazónica en tiempo casi real –un vasto territorio que comprende las naciones de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia– utiliza la tecnología satelital. Desde su lanzamiento en el 2015, la organización Conservación Amazónica ha publicado decenas de informes sobre los principales casos de deforestación.

 

 

La conclusión es alarmante: durante los últimos 17 años se han perdido 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Una tendencia creciente desde el año 2006, con grandes picos en los últimos dos años. Es decir, no se ha hecho nada para detener esta constante y el proceso se ha acelerado. En efecto, el año pasado registró el mayor nivel de pérdida anual registrada (426 mil hectáreas), más del doble que en 2006. Perú es el país que registra la mayor pérdida anual, le siguen Colombia y Ecuador. Sin embargo, en el 2017 Colombia superó a Perú con un nuevo máximo histórico anual de 214.7 mil hectáreas. Lo que refleja que en la Amazonía colombiana se ha presentado un auge de deforestación en los últimos dos años.

 

Desangre ecológico

 

Durante los últimos 17 años (2001-2017) se perdió cerca de 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Por distribución y/o afectación, de este total el 50 por ciento corresponde a Perú (2.1 millones), 41 por ciento a Colombia (1.7 millones) y el 9 restante a Ecuador (359 mil). En el presente análisis relacionado no se incluyó Bolivia. La gran mayoría de los eventos de pérdida de bosque –74 por ciento– son de pequeña escala (menos de 5 hectáreas), y el 24 por ciento de mediana escala (5-100 hectáreas), y únicamente el 2 por ciento de gran escala (>100 hectáreas).

Los factores ligados a esta dramática realidad son: Agricultura en cultivos de pequeña y gran escala (palma aceitera y cacao, entre otros), ganadería, minería aurífera, caminos forestales y carreteras. La deforestación por agricultura de pequeña y mediana escala es mucho más común y difícil de documentar en su totalidad. Los cultivos principales son dedicados al cacao, papaya, maíz y arroz.  De manera adicional, la agricultura de pequeña escala es posiblemente un factor determinante en los incendios que degradan la Amazonía durante la intensa temporada seca. El cultivo de coca ilícita es otra causa de deforestación en algunas zonas de Perú y Colombia. La deforestación minera se ha intensificado durante los últimos siete años, con mayor gravedad por minería aurífera en la Amazonía peruana sur, en donde se estima la deforestación histórica de más de 95.7 mil hectáreas .

 

También contribuyen a este desastre la tala de bosques para la construcción de caminos forestales, particularmente por facilitar el acceso humano y sus actividades agrícolas, ganaderas, mineras y forestales. Aparecen, adicionalmente, las represas hidroeléctricas, con tres represas hidroeléctricas construidas en Brasil. Documentado está la pérdida de 36,100 hectáreas de bosques asociadas a inundaciones producidas por dos represas (Santo Antônio y Jirau) en el río Madeira, cerca la frontera con Bolivia. Por explotación de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, se ha documentado la deforestación directa de 169 hectáreas para infraestructura petrolera, con una deforestación adicional indirecta de 248 hectáreas que corresponden a la colonización a lo largo de una carretera que se construyó con fines de extracción petrolera.

Nuestros bosques tropicales de la Amazonía, secuestran enormes cantidades de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero que conlleva al cambio climático. No solo estamos acabando con la Amazonia sino con nuestra condición superviviente, dependiente de estos ecosistemas. Pero la ceguera de la “modernización” sigue avanzando con colonización y la explotación.

“Modernos” a pesar de la realidad, así como los fumadores saben que sus prácticas los condenan a la muerte y no abandonan el vicio, condenando su propia existencia. Pero para nuestro caso como especie, hacia nuestra extinción.

 

Publicado enEdición Nº255
Deforestación al Amazonas. El cáncer en nuestro pulmón verde

La región amazónica representa una esperanza verde que conserva la mayor biodiversidad del planeta. Es nuestra fuente de oxígeno para el mundo ante el cambio climático. Pero año tras año la deforestación hace trizas miles de hectáreas de selva virgen. El panorama no solo es aterrador, dentro de poco será irremediable. La agricultura y la ganadería son las actividades que más amenazan a toda esta región. Aquí el reporte más actual.

El proyecto “Monitoreo de la Amazonia Andina” es un portal web https://maaproject.org/es/ que tiene como iniciativa observar los problemas que atentan contra la conservación amazónica. Para monitorear la deforestación de las cuenca amazónica en tiempo casi real –un vasto territorio que comprende las naciones de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia– utiliza la tecnología satelital. Desde su lanzamiento en el 2015, la organización Conservación Amazónica ha publicado decenas de informes sobre los principales casos de deforestación.

 

 

La conclusión es alarmante: durante los últimos 17 años se han perdido 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Una tendencia creciente desde el año 2006, con grandes picos en los últimos dos años. Es decir, no se ha hecho nada para detener esta constante y el proceso se ha acelerado. En efecto, el año pasado registró el mayor nivel de pérdida anual registrada (426 mil hectáreas), más del doble que en 2006. Perú es el país que registra la mayor pérdida anual, le siguen Colombia y Ecuador. Sin embargo, en el 2017 Colombia superó a Perú con un nuevo máximo histórico anual de 214.7 mil hectáreas. Lo que refleja que en la Amazonía colombiana se ha presentado un auge de deforestación en los últimos dos años.

 

Desangre ecológico

 

Durante los últimos 17 años (2001-2017) se perdió cerca de 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Por distribución y/o afectación, de este total el 50 por ciento corresponde a Perú (2.1 millones), 41 por ciento a Colombia (1.7 millones) y el 9 restante a Ecuador (359 mil). En el presente análisis relacionado no se incluyó Bolivia. La gran mayoría de los eventos de pérdida de bosque –74 por ciento– son de pequeña escala (menos de 5 hectáreas), y el 24 por ciento de mediana escala (5-100 hectáreas), y únicamente el 2 por ciento de gran escala (>100 hectáreas).

Los factores ligados a esta dramática realidad son: Agricultura en cultivos de pequeña y gran escala (palma aceitera y cacao, entre otros), ganadería, minería aurífera, caminos forestales y carreteras. La deforestación por agricultura de pequeña y mediana escala es mucho más común y difícil de documentar en su totalidad. Los cultivos principales son dedicados al cacao, papaya, maíz y arroz.  De manera adicional, la agricultura de pequeña escala es posiblemente un factor determinante en los incendios que degradan la Amazonía durante la intensa temporada seca. El cultivo de coca ilícita es otra causa de deforestación en algunas zonas de Perú y Colombia. La deforestación minera se ha intensificado durante los últimos siete años, con mayor gravedad por minería aurífera en la Amazonía peruana sur, en donde se estima la deforestación histórica de más de 95.7 mil hectáreas .

 

También contribuyen a este desastre la tala de bosques para la construcción de caminos forestales, particularmente por facilitar el acceso humano y sus actividades agrícolas, ganaderas, mineras y forestales. Aparecen, adicionalmente, las represas hidroeléctricas, con tres represas hidroeléctricas construidas en Brasil. Documentado está la pérdida de 36,100 hectáreas de bosques asociadas a inundaciones producidas por dos represas (Santo Antônio y Jirau) en el río Madeira, cerca la frontera con Bolivia. Por explotación de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, se ha documentado la deforestación directa de 169 hectáreas para infraestructura petrolera, con una deforestación adicional indirecta de 248 hectáreas que corresponden a la colonización a lo largo de una carretera que se construyó con fines de extracción petrolera.

Nuestros bosques tropicales de la Amazonía, secuestran enormes cantidades de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero que conlleva al cambio climático. No solo estamos acabando con la Amazonia sino con nuestra condición superviviente, dependiente de estos ecosistemas. Pero la ceguera de la “modernización” sigue avanzando con colonización y la explotación.

“Modernos” a pesar de la realidad, así como los fumadores saben que sus prácticas los condenan a la muerte y no abandonan el vicio, condenando su propia existencia. Pero para nuestro caso como especie, hacia nuestra extinción.

 

Publicado enColombia
¿Calentamiento Global? ¿Cambio Climático? ¿Desequilibrio climático? ¿De qué hablamos y qué podemos hacer?

La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que no admite excusas. Es alentador comprobar que los jóvenes, -principales sufridores de las consecuencias futuras-, se han puesto en marcha para interpelarnos. Siempre hubo huracanes, grandes borrascas, sequías y otros fenómenos climáticos, pero es un hecho constatable que cada vez son más frecuentes e intensos.


La principal causa de este cambio o desequilibrio son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana.


Los datos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) son concluyentes respecto a lo que está sucediendo con el clima global: los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido en los últimos 50 años. Tenemos la obligación de reducir los efectos potenciales de ese calentamiento. Abordar medidas para la mitigación y para la adaptación, lo que implica actuar para minimizar los efectos que empezamos a sufrir. Eso supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, preferiblemente mediante la reducción de sus fuentes. Pero no se están tomando medidas para lograr una reducción significativa. En muchas regiones del Hemisferio Sur se da por sentado un incremento de temperaturas excesivo.


En países como España, asumiendo el cumplimiento del Acuerdo de París, supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4ºC, con terribles consecuencias, ya anticipadas científicamente, para el sector agrícola y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar.


No hay un Acuerdo Internacional de cómo gestionar la capacidad de carga de la biosfera, de absorber los residuos de nuestra actividad industrial. Lo de París fue un acuerdo de mínimos y no va a tener trascendencia en el control de emisiones.


Hoy existen más refugiados por causas climáticas que por guerras: según datos de Naciones Unidas hay más de 20 millones de personas desplazadas por desastres ecológicos. Los que quieren seguir pensando que son fenómenos naturales quizá no sepan que, en muchos de esos focos de emigración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo. Los desplazamientos son algo nuevo y en muchos casos tienen que ver con las políticas de los Gobiernos, favorecedoras de las grandes Multinacionales y de los monocultivos y sobreexplotación de recursos. Acaparan tierras, pero, más dramático aún, acaparan agua en muchos sitios donde ya de por sí escasean y obligan a sus moradores a desplazarse. En ese sentido el Brasil de Bolsonaro nos sirve de triste ejemplo. Lo primero que ha hecho al llegar al poder ha sido desproteger los territorios del acoso de grandes corporaciones madereras, ganaderas o extractivistas en general.


El cambio de paradigma necesario requiere actuar en distintos frentes:


Movilidad global, ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamientos; Gestión hídrica y cierre del ciclo natural del agua. Recuperación de sistemas de protección naturales en nuestro litoral, que eviten las consecuencias de tener buena parte de nuestra costa encementada; mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones.
Desafortunadamente la mayoría de los medios de mitigación parecen efectivos para prevenir calentamiento adicional, no para revertir el calentamiento existente. Y eso es preocupante. Medidas como: reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementar la eficiencia, el uso y desarrollo de tecnologías de bajo nivel de CO2 e ir sustituyendo los combustibles fósiles. Incrementar la eficiencia energética de los vehículos, dando mayor peso en el transporte terrestre al ferrocarril y al transporte colectivo. Se precisan cambios en los estilos de vida y en las prácticas de negocios. Así como en el planeamiento urbano, que también debería servir para reducir la expansión descontrolada de las ciudades y con ello, reducir los km viajados, minimizando las emisiones del transporte.


La planificación urbana tiene un efecto evidente sobre el consumo de energía. El uso ineficiente de la tierra, muchas veces tierra fértil escasa, para los desarrollos urbanísticos, más allá de las necesidades reales, y basándolo en la especulación, ha aumentado los costes de infraestructura, así como la cantidad de energía necesaria para el transporte, los servicios comunitarios y en edificios. Se podrían reducir los consumos energéticos considerablemente a través del uso más compacto y mezclado de los patrones del suelo.
El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, no ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía, y, para colmo, la especulación ha impedido cubrir las necesidades de vivienda de la población. Se necesita mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio y facilitar el derecho a disfrutar de viviendas en condiciones dignas.


Una grave derivada tiene que ver con la especulación en el litoral. La invasión urbanística del espacio costero y llanuras de inundación ante fenómenos cada vez más fuertes hace también a las poblaciones litorales más vulnerables a sus efectos.


Otro grave problema es el imparable proceso de desertificación donde concurren diversos factores que se van sumando para empeorar la situación: la pésima gestión del ciclo del agua, sobre todo por el elevado peso de la que se destina a regadíos y asimismo la falta de protección a lugares de especial relevancia y valor natural, como el emblemático PN de Doñana, con su especialmente vulnerable y frágil marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para miles de aves. Porque también cumplen las marismas importantes funciones, como la de amortiguar y minimizar las corrientes marinas cuando hay mucho viento o tormentas, y esa es una función fundamental en relación a la protección del litoral frente al cambio climático, que no siempre se considera, cuando se le da vía libre a procesos de encementado del litoral.


A lo anterior hay que agregar la acelerada subida del nivel del mar, que además es cada vez más rápida: desde los 1,2 mm año del periodo 1901 a 1990 a los 3,4 mm anuales de los últimos años, que además en el litoral malagueño llega a ser de 9 mm/año. Este incremento del nivel del mar se suma al producido por el oleaje amplificando la zona inundada por el mar.


La conclusión es clara: es urgente tomar medidas contra el cambio climático, de mitigación y de adaptación.


En 2017, la que fue secretaria general del Convenio Mundial contra el Cambio Climático, Christiana Figueres, publicaba en la revista ‘Nature’ un manifiesto en el que advertía que nos quedaban tres años para cambiar la actual tendencia en materia de cambio climático y comenzar a reducir las emisiones. O sea, para 2020 debían estar en marcha medidas ambiciosas. Planteaba el desarrollo de una hoja de ruta de 6 puntos en sectores concretos que nos permitieran alcanzar ese objetivo.


El sector de la producción de energía es clave: el ambicioso objetivo era alcanzar con energías renovables para el año 2020 un 35% de la producción energética global. En materia de transporte vehículo eléctrico eficiente, pero mejor aún, ferrocarril movido por electricidad procedente de renovables. Detener totalmente la destrucción de las selvas y bosques tropicales, hoy tan amenazados. Y aquí tenemos pendiente buscar soluciones a los graves problemas de nuestras masas forestales, como la seca del alcornocal y mal estado de encinares y pinares, o frenar la expansión de eucaliptales que promueven empresas como ENCE para pasta de papel. Fundamental detener la degradación de los suelos. Las soluciones están ahí, y hay que ponerlas en marcha.


La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que ya no admite excusas. Aceleremos las actuaciones necesarias. Los jóvenes y el futuro lo están demandando.

15 marzo, 2019
Por Carmen Molina Cañadas

Publicado enMedio Ambiente
Trasnacionales deforestarán vasta zona de Brasil

Brasilia. Seis grandes comerciantes de materias primas, incluidos Cargill Inc y Bunge Ltd, acordaron un mecanismo común para monitorizar las cadenas de suministro de soya en busca de deforestación en la vasta sabana de El Cerrado, según un comunicado publicado ayer.

El Cerrado cubre aproximadamente un cuarto del territorio de Brasil, el segundo bioma más grande del país después de la selva amazónica. Sus plantas hunden profundas raíces en el suelo, por lo que hace que se compare la zona con un bosque al revés, formando un importante sumidero de carbono, cuya preservación es vital para la lucha contra el calentamiento global.

Las compañías que pertenecen a la red Soft Commodities Forum, que firmaron el acuerdo para controlar sus cadenas de suministro de soya en El Cerrado, incluyen a Archer Daniels Midland, Cofco International, la unidad de agricultura Glencore y Louis Dreyfus Company.

Las empresas acordaron detallar la cantidad de soya que proviene de El Cerrado y las compras realizadas en los municipios con mayor riesgo de deforestación.

Los primeros hallazgos serán presentados en junio. La declaración no dice que las compañías hayan acordado poner fin a la deforestación en El Cerrado.

"Estamos tratando de enfrentar el desafío de alimentar a la creciente población del mundo de manera sostenible", aseveró el presidente ejecutivo de Louis Dreyfus, Ian McIntosh, según el comunicado.

"Esto significa ser conscientes de la preservación del medio ambiente, incluidas las áreas de importancia para su biodiversidad. El bioma El Cerrado es una de esas áreas, donde se debe hacer todo lo posible para garantizar que cualquier expansión agrícola ocurra de la mano con la preservación de la vegetación nativa."

Aproximadamente la mitad del bosque nativo del bioma y otra vegetación han sido destruidos en los pasados 50 años, con tierras recién despejadas que alimentan el auge de la soya en Brasil. El país es el mayor exportador global de la oleaginosa.

Publicado enMedio Ambiente
"No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados en sangre"

La activista colombiana denuncia la complicidad del Estado colombiano en la minería ilegal, un cáncer que contamina sus ríos y deforesta sus tierras.



.-¡Negra¡, gritó la niña al verse en el espejo. //Desde entonces, ese es mi color favorito”. Ese fue el verso elegido por Francia Márquez, la mujer afrocolombiana que ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente, en la presentación del libro "Horas de guerra", minutos de paz, de Emilio Polo. Era uno de los muchos actos que ha mantenido durante su gira por España para subrayar el abandono de sus comunidades por parte del Estado.


La activista es del Cauca, una de la zonas más golpeadas por la guerra en Colombia donde a pesar de los pactos firmados entre las FARC y el Gobierno, la guerra persiste. A esa violencia han de sumar la que trae la minería ilegal: un auténtico cáncer en sus territorios que se está comiendo su tierras –que son deforestadas en busca del metal- y ríos, envenenados por el mercurio utilizado para separar sustancias. Márquez empezó como activista siendo una adolescente, pero su “master” como defensora del medio ambiente le llegó tras una marcha que realizó para gritar al mundo, tras un sinfín de denuncias infructuosas, que la minería ilegal estaba acabando con sus tierras. Caminó 350 kilómetros durante 10 días junto con otras 130 mujeres y jóvenes. Consiguió sacar unas máquinas retroexcavadoras de sus tierras, pero solo unas; las hay por miles. Según fuentes de la Fiscalía colombiana, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia se produce de forma ilegal con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental. Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos del país están contaminados. La Fiscalía también señala que diez importantes ríos están a punto de "desaparecer".


Francia Márquez, que tuvo que desplazarse de su tierra y vive amenazada, dice haberse inspirado en la sabiduría de sus mayores, “gente que no sabía leer pero que le decían: ‘ustedes tiene que cuidar al río como a su papá y a su mamá, porque eso es el ciclo de vida’”.


Usted denuncia una política extractivista por parte del gobierno colombiano que va en contra de las comunidades


Desde que se empezó a vender a Colombia como un país para la minería, se disparó la minería ilegal en toda la región del Pacífico. Para mí, la minería ilegal es una estrategia para justificar la gran minería y esa política extractivista en Colombia que no mira a las comunidades. Porque la minería ilegal ha llegado a nuestras regiones con la complicidad de las instituciones del Estado, que dejan pasar esas máquinas retroexcavadoras por nuestros caminos hasta llegar a los ríos. ¿Cómo llegan esas máquinas allí, no los ven los retenes de la fuerza pública? Pareciese que esas grúas y dragas fuesen cájas de fósforos se llevan en un bolsillo. ¿Quién permite esa compra de un mercurio que forzosamente debe ser importado del exterior? Con licencias o sin ellas, solo hay que asomarse y ver cómo se están destruyendo el territorio, pero eso no lo ven ni el ejército ni las instituciones ambientales.


Les acusan de ir contra el desarrollo


En muchos territorios donde el Gobierno ha entregado títulos mineros a empresas, se nos ha acusado de ser perturbadores de mala fe. Cuando nos dicen que nos oponemos al desarrollo, yo pregunto: ¿al desarrollo de quién? A la gente la han despojado de sus tierras y ahora se ven forzadas a trabajar en latifundios de caña de azúcar, monocultivos que solo dan intereses para los grandes terratenientes. ¿De qué desarrollo estamos hablando si para construir una represa han tenido que quedar sepultadas las tierras con las que vivíamos del café, cacao y plátano, la pesca y la minería artesanal?.


El problema de la minería ilegal viene de hace años, pero además ahora con el nuevo Gobierno estamos saltándonos la Constitución del 91 y retrocediendo a la del 86, donde los afrocolombianos no teníamos derechos. Esos derechos fundamentales que nos permitían proteger nuestros territorios, entendidos como espacio de vida, donde podíamos recrear nuestra cultura, se han ido menoscabando. Se está presentando un proyecto de ley para que el derecho fundamental de la consulta previa [otorgado para la poblaciones originarias] no sea un obstáculo para la élite que defiende que el desarrollo se mida en términos económicos y no en bienestar social.


Resulta paradójico que ríos en su país sean sujetos de Derecho y sus gentes no tengan ni agua potable, ni pescado que comer


Se explica si miras a sus habitantes: somos negros. Y yo no me olvido de nuestra historia, a nosotros nos dijeron que éramos salvajes. A nosotros nos quitaron nuestra humanidad. Y eso está ahí: el racismo hace que nosotros seamos considerados como cosas que no merecemos derechos. Y cuando nos dan derechos, se quedan en el papel. Y cuando los exigimos, nos replican: “Su derecho no puede obstaculizar nuestro desarrollo”.


Estamos hablando casi más de derechos humanos que de medioambiente


Es que no se pueden separar. Están totalmente relacionados. Para mí, la naturaleza no se desprende del territorio, que es vida. Y esa es parte de nuestra lucha, luchamos por nuestro modo de vida, luchamos por el río.


No parece que quede mucho espacio para los derechos humanos hoy en Colombia, a pesar del pacto entre las FARC y el Gobierno


Es cierto. Como comunidades afro, como campesinas y como mujeres hoy le apostamos a la paz, pero el nuevo panorama es muy duro: está el ELN, las disidencias de las FARC, los paras, los narcos… A mí se me parte el corazón, porque tenía la esperanza de que el conflicto iba a disminuir, y sí, ya no hay bombardeos, pero la violencia sigue, entre otras cosas, porque el Gobierno no cumple con su compromiso de implementación de esos acuerdos de paz.


No podemos hablar de paz cuando vivimos realidades como el horror del desplazamiento forzado. La semana pasada en una audiencia pública el gobernador de Nariño denunciaba que en este año se han desplazado por el conflicto armado 5.000 personas en su departamento. ¿No lo ven? Allí no hay que hablar de guerrillas, hay que hablar de gente que lucha todos los días por vivir de una forma digna y que por el contrario, les ha tocado vivir una guerra que no es la suya, una guerra que ha sido introducida por un mismo sistema económico de muerte.


Yo quisiera que no haya gente muriendo en los territorios, sobre todo porque muchos de los jóvenes, de la gente que está en esos grupos armados, son los nuestros. Y se van al ejército, a la policía o a los paramilitares por absoluta necesidad. En muchas comunidades el Estado no está en términos de inversión social. Las vías las levantan la gente a punta de pico y pala. No obstante, sí están para entregar nuestras tierras a empresas multinacionales.


La semana pasada daban el Nobel de la Paz a dos personas que luchan contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres en la guerra. ¿Qué pasa en su país?


Ese tema no es algo que yo haya trabajado, pero por ejemplo en Buenaventura, en el mayor puerto de Colombia, el feminicidio ha sido una estrategia para generar terror en la comunidad y entrar allí con un megaproyecto sin tener oposición.


¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en esa compleja guerra?


Muchas de las presiones económicas que tenemos sobre los territorios tienen que ver con las empresas que se han lucrado y saqueado nuestros territorios, que son las mismas que esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Unión Fenosa, entre ellas.


En Europa hay muchas empresas que están violentando y vaciando nuestros territorios. Y eso pasa en mi país, en el resto de Latinoamérica y en África. La gente que se está cruzando el Mediterráneo, que se está muriendo en él, es producto de cómo le han destrozado su casa, de no tener condiciones de vida dignas. Y los que tienen la suerte de llegar y no morir, deben soportar la discriminación y el maltrato, que les traten como basura.


Luego, cada persona debe ver qué hace y cómo consume. No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados de sangre, si el costo de obtenerlos implica la destrucción de ríos y envenenamiento del territorio. Hoy el cambio climático es una muestra de que es necesario transformar esa visión de vida basada solo en el consumo. Hay que repensarnos la vida. Pero algunos, quienes tienen una serie de privilegios, no quieren verlo: creen que los recursos son ilimitados. Quizás nosotros somos los primeros que nos vamos a morir allá, pero el planeta se está apagando día a día. Todos los días esa lucecita se va mermando y va a llegar un momento en donde ya no va a alumbrar más.

 

Madrid
Actualizado: 15/10/2018 07:32

Publicado enColombia
Bosques de Antioquia han perdido 65 por ciento de su extensión

El observatorio de Bosques de Antioquia alertó que solamente quedan 35% de los bosques que existían hace 10 años en el departamento de Antioquia. A pesar de que le atribuyen a este fenómeno la ganadería extensiva, las comunidades de la sub región norte de Antioquia han denunciado que, para la realización del proyecto Hidroituango, se deberán talar de 4.500 hectáreas de bosque tropical.

De acuerdo con el observatorio, de los 2.7 millones de hectáreas que había en ese departamento, para 2015 quedaban 2.2 millones. Además, de los bosques andinos, quedan un poco más de 5 mil hectáreas lo que corresponde al 35% del total que había antes. Esto hace al departamento de Antioquia la región con la tasa de deforestación más acelerada del país.


URABÁ HA SIDO LA REGIÓN MÁS AFECTADA POR AFECTACIÓN A BOSQUES ANDINOS


El Observatorio indicó que “la transformación del paisaje está relacionada con el cambio del uso de la tierra para actividades agropecuarias como la ganadería”. Además, la cobertura de bosques en Antioquia tuvo una pérdida de 19.700 hectáreas al año desde 1990 hasta 2015 donde los bosques secos fueron los más afectados pues presentaron una reducción del 55% para ese periodo. (Le puede interesar:“Comunidades fortalecen sus estrategias para conservar los bosques colombianos”)


En su libro presentado este año “Bosques Andinos: estado actual y retos para su conservación en Antioquia”, establece el Observatorio que “los municipios con mayor pérdida de cobertura de bosque fueron Turbo, Murindó, Dabeiba, Mutatá y Chigorodó”. Además, teniendo en cuenta el área de cada lugar, “los que presentaron mayores pérdidas fueron Itagüí, San Juan de Urabá, Carepa, Cisneros y Chigorodó”.


Esto hace que la región del Urabá sea la que mayores pérdidas de bosque andino ha tenido y está asociada a actividades como la ganadería y la deforestación. Además, recalcan que el 100% del agua disponible del Valle de Aburrá proviene de los ecosistemas de bosque andino que está en riesgo.


BOSQUE SECO TROPICAL DE ANTIOQUIA TAMBIÉN ESTÁ EN RIESGO


A este panorama, se suma el peligro que corren los bosques secos tropicales que se encuentran en la sub región norte de Antioquia debido a la realización de mega proyectos como Hidroituango. En diferentes oportunidades, el Movimientos Ríos vivos ha manifestado que, la inundación de la represa, va a afectar toda la flora y la fauna que se encuentra a lo largo de 12 municipios que se verán afectados con la construcción. (Le puede interesar:“ESMAD desaloja a campesinos de Sabanalarga en Antioquia”)


Además, de acuerdo con el Movimiento y según los permisos ambientales que tiene el proyecto, “se tendrían que talar 4.500 hectáreas que hacen parte de la inundación”. Ante esto y teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra el proyecto Hidroituango, “hasta el momento han sido taladas 5% del total esas hectáreas”. Esto además de afectar los ecosistemas, pone en riesgo la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado.


Contagio Radio
19 febrero 2018

Publicado enColombia
Papa Francisco denunció en Perú actividad destructiva de grandes corporaciones en la Amazonia

El papa Francisco dijo hoy que la Iglesia católica está consciente de los males que afectan a las comunidades aborígenes en la Amazonia y denunció la actividad destructiva de las grandes corporaciones en la región.


En un encuentro con unos cuatro mil integrantes de poblaciones indígenas en el coliseo regional Madre de Dios, de Puerto Maldonado, el sumo pontífice agregó que los pueblos originarios amazónicos nunca han estado tan amenazados en sus territorios como ahora.


Denunció, además, el neoextractivismo o minería ilegal y la tala indiscriminada de bosques, así como la fuerte presión por grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre el petróleo, gas, madera, oro y monocultivos agroindustriales.


Confío en la capacidad de resiliencia de los pueblos y de reaccionar ante los momentos difíciles, pues así lo han demostrado en los diferentes embates de la historia, con sus aportes, su visión diferenciada de las relaciones humanas, el medio ambiente y la vivencia de la fé, sostuvo.


El obispo de Roma señaló que estas amenazas también vienen por la perversión de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano y exhortó a romper el paradigma histórico que considera la Amazonía como una despensa inagotable de los estados despreciando a sus habitantes.


Existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental propiciada por la minería legal: la trata de personas, la mano de obra esclava o el abuso sexual,dijo.


La violencia contra las adolescentes y las mujeres ‘es un clamor que llega al cielo’, afirmó el santo padre.


Añadió que esta región, además de ser una reserva de la biodiversidad, es también una reserva cultural que debe protegerse ‘frente a los nuevos colonialismos’.


El santo padre dijo que en momentos de crisis pasadas, ante los diferentes imperialismos, la familia de los pueblos originarios fue la mejor defensa de la vida, y se nos pide ahora un especial cuidado para no dejarnos atrapar por colonialismos ideológicos disfrazados de progreso.


Francisco llegó hoy alrededor de las 10:15 hora local a Puerto Maldonado, donde fue recibido al pie de la escalerilla del avión por un grupo de líderes de comunidades indígenas.
Decenas de alumnos de escuelas de la localidad lo saludaron con himnos y canciones, además de expresiones de respeto y cariño, y en un momento rompieron las normas del protocolo para la llegada, por el deseo de los infantes de acercarse al ilustre visitante y abrazarlo.


El jefe de El Vaticano regresará a Lima alrededor de las 17:00 horas, antes de que se compliquen las condiciones meteorológicas en la región como está previsto en los pronósticos del tiempo.

19 enero 2018
(Información de Prensa Latina)

Publicado enSociedad
Sábado, 21 Octubre 2017 07:20

La privatización de la Amazonia brasileña

La privatización de la Amazonia brasileña

Con la llegada de Michel Temer al Gobierno la privatización y la extranjerización de la Amazonia crecen de forma exponencial. Desde las más diversas posturas ideológicas, se consolida la convicción de que el control del pulmón del planeta está siendo perdido por el Estado brasileño.


El primer punto a considerar es la hegemonía de la bancada ruralista en el Parlamento y en el Gobierno. Se trata de las viejas oligarquías que protagonizaron la historia de Brasil, aliadas ahora con una nueva camada de ocupantes ilegales de tierras que los sucesivos Gobiernos han legalizado. Pero en estos momentos los ruralistas están promoviendo leyes que prevén incluso la extinción de las Unidades de Conservación si no hay indemnización a los 'propietarios' que las ocupan de modo legal o ilegal.
De aprobarse el proyecto de ley presentado por los ruralistas, sería un enorme paso atrás en la conservación de la Amazonia y en el combate a la deforestación. Datos oficiales muestran que el 21% de la selva amazónica ya fue devastada pero que dentro de las Unidades de Conservación se mantiene prácticamente intacta.


Por otro lado, la nueva legislación vulnerará los compromisos adquiridos por Brasil en la Conferencia del Clima para contener la deforestación, proceso que debería estar detenido en 2030 y reducido a sólo 3.900 kilómetros cuadrados anuales en 2020.


La segunda cuestión son las razones económicas de la deforestación. Un reciente libro publicado por el Instituto Agronómico de la Amazonía, titulado 'Dueño es el que deforesta', sostiene que los responsables no son ni la soja ni la ganadería, como aseguran buena parte de los ambientalistas. Quienes deforestan son los ocupantes ilegales, que al abatir la selva elevan el precio de la tierra 20 veces, y en algunos casos hasta 200 veces su valor inicial.


Luego venden la tierra a los ganaderos y los sojeros, legalizándola de forma también irregular, usando a su favor resquicios legales y la corrupción de las instituciones encargadas de velar por la integridad de la Amazonia.


La ocupación ilegal de tierras va de la mano de la violencia contra campesinos, indígenas y pescadores, según un reciente informe de la periodista Eliane Brum en el diario brasileño El País. Desde que Temer ocupa el Palacio de Planalto, se registra un incremento sustancial de las muertes por conflictos de tierra, a razón de un asesinado cada seis días. Son 47 en lo que va de 2017, como señalan los informes periódicos de la Comisión Pastoral de la Tierra.


La violencia no es una desviación de la norma, sino la forma habitual de hacerse con tierras estatales, de pueblos o de pequeños productores. De ese modo, el llamado 'consorcio de la muerte' está consiguiendo que las tierras públicas de la selva pasen a manos privadas, en gran medida destruyendo las organizaciones campesinas por la violencia. Los crímenes ambientales, como los reconoce la legislación, suelen ser amnistiados cada cierto tiempo, como sucede ahora bajo el Gobierno Temer.


El Gobierno debió dar marcha atrás en su intento por anular la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), un área de 46.000 kilómetros cuadrados creada en 1984 que fue bloqueada a los inversores privados. Su objetivo es abrir la reserva, entre los estados de Pará y Amapá, a la minería aurífera. La oposición de la sociedad fue tan grande, que en apenas un mes Temer debió retirar el decreto.


La tercera cuestión es la más compleja porque tiene un carácter estratégico. Podemos focalizarla en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, con acceso privilegiado a las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco que conectan la Amazonia con el Caribe. En Roraima están las mayores reservas de oro, niobio y estaño del mundo, además de importantes yacimientos de torio, cobalto, molibdeno, diamantes y titanio, según el Inventario Mineral del Escudo Geológico de Roraima, realizado por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil en 2003.


Esa misma región alberga los mayores yacimientos de uranio del mundo, compartidos por Brasil, Venezuela y la Guayana Esequiba, zona en disputa desde 1966 entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, antigua Guayana Británica. Desde 2009 empresas canadienses explotan yacimientos de uranio en esa región, algo que no es visto con buenos ojos ni por Caracas ni por Brasilia.


El Gobierno de Lula había previsto formar en el norte de Brasil y en el sur de Venezuela un 'espacio económico común', en una zona considerada geoestratégica, con el objetivo de 'ocupar' una región que es codiciada por multinacionales del Norte y es zona de expansión de los paramilitares colombianos.


Los militares nacionalistas brasileños tienen perfecta conciencia de esta situación. Afirman que el declive estratégico de Estados Unidos implica retrocesos en todo el mundo menos en el área del Caribe, que es la fuente histórica de su poder. Citando un trabajo de los periodistas Robert D. Kaplan y Karen Hooper, publicado en Stratfor bajo el título 'La fuente del poder estadounidense', recuerdan que el Gran Caribe del imperio abarca desde Yorktown (Virginia) hasta las Guyanas, o sea hasta la selva amazónica.


En esa región, aseguran los nacionalistas, se está produciendo una "ocupación internacional silenciosa" de la mano de ONG ambientalistas que han promovido la instalación de reservas indígenas y forestales que "obstaculizan cualquier actividad económica moderna". Sostienen que a través de organismos internacionales, Washington sigue aspirando a controlar la Amazonia, acotando la soberanía de Brasil sobre la región con la excusa del conservacionismo ambiental.


Mientras el Gobierno de Temer acelera la privatización de la mayor selva del mundo, sectores militares apuestan por revertir las políticas de conservación, en la misma línea del Gobierno aunque desde intereses opuestos. En tanto, la sociedad brasileña contempla la privatización y la extranjerización de su principal riqueza sin siquiera poder participar en un inexistente debate nacional. Todo indica que las fuerzas capaces de frenar la destrucción están paralizadas, desmoralizadas y a la defensiva, mientras que los depredadores tienen el timón en sus manos para avanzar sobre lo que queda de la Amazonia.

Publicado enInternacional
Domingo, 24 Septiembre 2017 07:42

La Amazonia a subasta

Amazonia Brasileña

 

Brasil y la sangrienta guerra por la tierra.

 

La situación de inestabilidad política, con el presidente acusado de obstrucción a la justicia y organización criminal, paradójicamente afecta directamente al pulmón del mundo.

Tiene el tamaño de toda la Unión Europea. Ocupa un total de 550 millones de hectáreas, con 390.000 millones de árboles y 25 millones de personas que la habitan. Una de cada cinco especies de fauna en el mundo proviene de ese territorio. El “pulmón de Brasil”, lo llaman, también se puede decir que del planeta. La Amazonia hoy es un órgano dañado. Tan sólo en 2016 se perdieron 8 mil quilómetros cuadrados de selva, un 30 por ciento más que en el año anterior. El nivel máximo de deforestación de la última década. Como si cada hora desaparecieran 128 campos de fútbol.

A finales de agosto volvió a sufrir otro golpe, una vez más del gobierno brasileño. El Ejecutivo de Michel Temer, de la mano del Congreso y de la bancada ruralista que lo controla, puso sobre la mesa un decreto presidencial para privatizar la Reserva Natural de Cobre y Asociados (Renca). Este territorio, del tamaño de Dinamarca (47 mil quilómetros cuadrados), situado en la zona amazónica entre los estados de Pará y Amapá, además de ser un terreno rico en minerales también contiene diversos parques naturales y reservas indígenas. Lo que antes era propiedad del Estado, ahora Temer decidió abrirlo a la explotación de empresas privadas extranjeras.

La noticia llegó hace tres semanas, pero las multinacionales canadienses lo sabían desde hacía cinco meses, cuando el ministro de Minas y Energía brasileño, Fernando Coelho Filho, se lo comunicó a diversos empresarios de ese país del norte. La medida cayó como un balde de agua fría entre los ecologistas, que ven como se han acumulado los retrocesos en materia ambiental en el último año. Intelectuales, actores y modelos, como Gisele Bündchen, lanzaron una campaña en las redes sociales y consiguieron 800 mil firmas para que el presidente revocara el decreto. El 30 de agosto el juez del distrito federal, Ronaldo Spanholo, lo suspendió al considerar que la Constitución no permite que el gobierno tome una decisión de este tipo sin debate previo en el Congreso. Ante las críticas y la presión judicial Temer anunció que suspendía los efectos del decreto durante 120 días para llevar a cabo “un amplio debate” con grupos ambientalistas. Por ahora no ha llamado a nadie.

 
TIERRA POR VOTOS.

 

El decreto sobre el Renca es la gota que colma un vaso que hace tiempo está a punto de derramarse. Desde que Temer llegó al gobierno apostó por el agronegocio y rechazó todo lo que oliera a preservación del ambiente, siguiendo las órdenes de los congresistas ruralistas que lo llevaron al poder cuando votaron a favor delimpeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff.

La bancada del agronegocio representa el 44 por ciento de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, y se siente legitimada para plantear exigencias fundamentalmente por dos razones. La primera es que el sector agropecuario supone el 23 por ciento del Pib del país y el 55 por ciento de las exportaciones. La segunda, y quizás la más importante, es la lealtad y el apoyo que le ha dado a Temer, convirtiéndose en el principal aliado del presidente, en un momento en que los escándalos de corrupción también arrasan con las alianzas políticas. Ellos son la llave de la gobernabilidad. El último bastión del Ejecutivo.

Algunas de las prioridades de esta bancada son no sólo mantener sus tierras sino acumular más territorio, reducir hasta la mínima expresión las reservas indígenas, regularizar grandes superficies invadidas por terratenientes, derogar las leyes laborales del campo –legisladores ruralistas llegaron a sugerir que los campesinos no tuvieran salario y trabajaran a cambio de vivienda y comida– y deforestar lo que sea necesario para consolidar la extracción y la exportación de materia prima como base económica. Por eso no es de extrañar que el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, sea uno de los principales exportadores de soja del país y haya recibido hasta en dos ocasiones el premio Motosierra de Oro de Greenpeace, por los estragos que han causado sus plantaciones en la Amazonia.


INVASIÓN LEGAL.


Algunos de sus deseos se han hecho realidad y otros parecen estar cada vez más cerca de cumplirse. El pasado mes de julio se aprobó una ley que legaliza las invasiones de grandes áreas de tierra y terrenos que estén dentro de parques nacionales que se ubiquen en zonas urbanas. La legalización de tierra ocupada, que en un principio se podría entender como un guiño a las peticiones del Movimiento Sin Tierra (Mst), en realidad responde a los intereses de medianos y grandes terratenientes del campo, ya que afecta a invasiones de terreno de más de 2.500 hectáreas que pertenecen al Estado, que el gobierno vendería y regularizaría por un precio más bajo que el del mercado.

Uno de los principales miedos de los ecologistas es que el Ejecutivo haga cada vez más laxa la protección ambiental. Eso fue lo que sucedió con la Selva Nacional Jamanxim, un área de 350 mil hectáreas que según un proyecto que se tramita en el Senado perdería una parte de su categorización para preservarla ambientalmente y se abriría a la explotación agropecuaria y minera. “Lo que vemos todos los días es que el Congreso está buscando la manera de eliminar los derechos de las unidades de conservación que tiene Brasil. Ofrece tierra para deforestar y no le importa qué tipo de terreno sea, su codicia no tiene límites”, señaló aBrecha Michel de Souza, coordinador de políticas públicas del Fondo Mundial para la Naturaleza (Wwf, por sus siglas en inglés).


CAMPO VIOLENTO.


Las leyes que amparan la legalización de tierras para los grandes terratenientes provocaron que el pasado año fuera el más violento de la última década en el campo brasileño. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (Cpt), en 2016 se cometieron 61 asesinatos relacionados con la disputa agraria, y ya hay 939 áreas rojas en conflicto por ese motivo. La Cpt acusa directamente a la bancada ruralista de haber presionado a Temer para que acabara con el Ministerio de Desarrollo Agrario, que se encargaba de mediar en este tipo de conflictos. Ya no hay mediación, impera la ley del más fuerte.

En esta guerra los indígenas, además de ser el eslabón más débil, también son la diana sobre la que tiran sus flechas los ruralistas. La bancada del agronegocio ha conseguido que la Fundación Nacional del Indio (Funai), el organismo encargado de proteger y demarcar áreas indígenas, pierda esa potestad para entregársela a los congresistas, que ya no basarán sus decisiones en criterios antropológicos sino económicos. En el Senado está en marcha la aprobación de una ley que cambia los mecanismos de demarcación y que si se aprobara podría acabar con la supervivencia de 70 por ciento de los indígenas brasileños. Además de los que ya mueren asesinados por los garimpeiros del oro, como sucedió el pasado mes de agosto, cuando mataron a diez indígenas de una tribu no contactada.

La situación de inestabilidad política, con el jefe del Ejecutivo acusado de obstrucción a la justicia y organización criminal, paradójicamente afecta directamente a la Amazonia y a otras áreas que necesitan ser preservadas. Pero la bancada ruralista es la que tiene el poder de evitar que el Congreso apruebe la investigación del mandatario en el Tribunal Supremo. Así que para mantenerse vivo, Temer no duda en subastar la Amazonia y lo que queda de un país que hace meses tiene colgado el cartel de “Se vende”.

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Viernes, 28 Abril 2017 17:25

Mocoa: hundida más que en lodo

Mocoa: hundida más que en lodo

El desastre que vive Mocoa, más allá de la avalancha que afectó a su población el pasado 31 de marzo, es el producto de la histórica y desordenada colonización, de la deforestación resultado de la ganadería extensiva, de la explotación de los recursos naturales y de las condiciones socio-políticas de la ruralidad colombiana. Además, la falta de ejecución de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial y un Plan de Gestión del Riesgo refleja la inoperancia de las instituciones gubernamentales y corporaciones ambientales.

 

Jueves 30 de marzo: Mocoa, municipio capital del departamento del Putumayo, un pueblo más, sumido en el olvido y la indiferencia social del Estado centralista. Sábado 1 de abril: Los medios de comunicación inician su agenda matutina de noticias con la tragedia que casi borra del mapa a Mocoa y su población. Domingo 2 de abril: El Estado colombiano deja entrever su incapacidad económica ante el mundo –producto de la voraz corrupción que lo carcome– al solicitar donaciones para “restaurar” esta ciudad, arrasada por una conjunción creciente de aguas. Lunes 10 de abril: Los muertos son más de 300, los damnificados superan las 3.000 personas y los desaparecidos... no se sabe. Las y los mocoanos, por ahora, están bajo la lente de las cámaras y la especulación mediática fruto de la tragedia. Miércoles 12 de abril: Los miles que allí habitan, además de las pérdidas materiales y humanas, a pesar de la reiterada presencia de Juan Manuel Santos para ‘coordinar’ las operaciones de restauración de la ciudad, permanecen bajo la incertidumbre de lo que será su bienestar, meses después.

 

Mocoa y su población

 

Ante la angustia de lo arrasado por la avalancha se llevó y dejó a su paso, sus pobladores, en su mayoría, dedican las horas de cada día a averiguar por familiares o conocidos cercanos, a tratar de salvar algo de sus bienes, a reparar su vivienda –cuando algo de ella quedó en pie– o, con vista preocupada, a meditar sobre lo sucedido y el porvenir.

 

Son miles los sometidos a esta cotidianidad. Según un censo realizado el presente año, allí habitan 43.731 personas –80 mil según el decir de su alcalde en entrevistas radiales–, miles de los cuales son colonos, o población desplazada por el conflicto armado, pero también indígenas Inga y Cämentsá Biyá cuyos 10 mil integrantes viven dispersos por todo el departamento1.

 

Precisamente, ellos, los indígenas asentados en Mocoa fueron las más afectados por esta avalancha, al estar establecidas en la vereda San Antonio y el barrio San Agustín, lugares totalmente arrasados y sin posibilidades de ser habitados de nuevo, según lo afirmó en diálogo con desdeabajo el Taita Marino Peña (Ver recuadro...)

 

¿Desastre natural u ocasionado?

 

En entrevista con El País de Cali, Sorrel Aroca, gobernadora del Putumayo, explicó lo sucedido como “[...] un desastre que no podía ser previsto”, de ahí que para ella lo más grave de la situación sea soportar los señalamientos que buscan un culpable ante algo que fue un desastre natural.

 

Nada más alejado de la realidad. El Putumayo es un departamento empobrecido por la explotación de recursos que en nada han o muy poco han contribuido al bienestar de sus pobladores. En el caso de la capital, el desastre sirve cómo prueba de los intereses del Estado y la negligencia de la Gobernación y la Alcaldía ¿Por qué? Porque es evidente la falta de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial–Pbot2 efectivo que estudie e identifique el tema de la tierra, su uso y propiedad, así como el estado de los recursos hídricos, minerales y petrolíferos de la zona.

 

Para el caso de Mocoa, un municipio con alta población indígena, ésta no participa en la estructuración del Pbot, de manera que viven en territorios desintonizados de su cosmovisión. Además, no cuentan con un Plan de Gestión de Riesgos que dé cuenta de las condiciones meteorológicas e hidrológicas del municipio. Ante la carencia de estos dos planes, se asume como responsable de lo acontecido al Estado nacional, a la Gobernación del departamento, a la alcaldía de Mocoa y Corpoamazonia, instituciones que ante el riesgo inminente de crecientes y estancamiento de aguas no ejecutaron acciones preventivas, negligencia y falta de gobierno más evidente cuando existen diversidad de alertas tempranas, emitidas incluso desde el año 1989 y hasta el 2015, además de la realidad geográfica del municipio, de sus particularidades climatológicas y geográficas por estar ubicado en el piedemonte amazónico, todas las cuales ameritan acciones de prevención y control, que por lo menos, ante un hecho de tal magnitud como el acaecido no acabara con la vida de tantas personas.

 

Alertas tempranas

 

En 1993 fue creada la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –Corpoamazonia–, institución responsable de asesorar a los municipios de su jurisdicción en el proceso de planificación ambiental. Un apoyo fuerte para su acción radica en el Plan de Acción para la Gestión de la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus Efectos (Papaeme), básico para la gestión territorial en lo referente a las amenazas ambientales, generando mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y cumplimiento de los planes. Dentro de las acciones de Corpoamazonia también está ejecutar los programas y actuaciones consignados en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (ver anexo tabla 1).

 

Lo que más llama la atención del caso de Mocoa, es que como ciudad de piedemonte amazónico, cuenta con diversos estudios que hablan de la inestabilidad climática y del subsuelo. Uno de estos, es el realizado por los investigadores de la Universidad Nacional Kim Robertson y Miguel A. Castiblanco Amenazas fluviales en el piedemonte amazónico colombiano, en el que abordan un análisis geomorfológico regional donde identificaron 3 factores o sucesos ambientales graves en la región: erupciones volcánicas, terremotos fuertes y lluvias torrenciales (ver mapa 1). Identifican que Mocoa es una de las ciudades que tiene precipitaciones que superan los 4.000 milímetros anuales, con altas probabilidades de precipitaciones extremas que pueden superar los 200 milímetros en 24 horas. ¿Dónde fue a parar este estudio?

 

En esta misma senda el profesor José Daniel Pabón Caicedo, meteorólogo y docente del departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, afirmó en entrevista con desdeabajo (ver recuadro), que el piedemonte amazónico y Mocoa cuentan con una serie de estudios, tal como se evidencia. Sin embargo, eso no es suficiente para prevenir, hay que ejecutarlos. Tener archivados los análisis y estudios, que en últimas pueden ofrecer un mejor bienestar a las poblaciones, es una evidencia de negligencia y desgobierno.

 

El Pbot de Mocoa

 

Ante el desconcierto de sus habitantes, tras la pérdida de familiares y amigos, de sus casas y locales comerciales derrumbados y averiados, las continuas preguntas de la comunidad son, ¿por qué sucedió todo esto? ¿por qué nadie avisó que podía ocurrir? ¿por qué no se tomaron medidas preventivas?

 

Según la gobernadora del Putumayo, el POT de Mocoa debe cambiar a partir de la tragedia. Pero, ¿En qué argumentos se basa para esta afirmación? ¿A qué se refiere exactamente? Esto es necesario preguntarlo pues en el –Pbot– vigente de Mocoa, elaborado en el año 2008 y con vencimiento en el 2019, se reconoce la permanente amenaza de deslizamientos sobre los cauces de los ríos que pueden ocasionar avenidas torrenciales, y recomienda manejar de manera adecuada los sistemas de alerta, así como también desestimular la construcción de viviendas sobre zonas de riesgos y la reubicación de las familias que viven allí.

 

El Plan es enfático en que las políticas para esta reubicación deben atender a la población “dando prioridad a las familias que se encuentran en alto riesgo por amenazas de inundación, deslizamientos, desbordamientos y otro tipo de riesgos. Atendiendo a las familias que se les debe construir obras de mitigación que eviten los riesgos ya mencionados y readecuación y restitución de las zonas que hayan sido desalojadas por las reubicaciones realizadas”.

 

También orienta al fortalecimiento del Comité local de atención y prevención de desastres, a la articulación con Corpoamazonia y la oficina de Prevención y atención de desastres de la Presidencia, para consolidar un equipo técnico que oriente al Comité local “[...] a fin de evitar al máximo el impacto sobre la población y la infraestructura del municipio a través de análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos”.

 

Ante esto, cabe preguntarse ¿Qué hicieron las administraciones de Mocoa y el Putumayo al respecto? ¿Qué acciones emprendió este Comité local para desarrollar las tareas que orientó desde hace casi una década el Pbot? ¿Por qué no se activó un sistema de alerta para evitar las pérdidas humanas y materiales arrojadas ahora por esta tragedia? La población de Mocoa exige justicia. La muerte de más de 300 personas, y un indeterminado número de desaparecidos no puede quedar impune; los responsables de esta tragedia tienen nombre y apellido. No fue un hecho fortuito, es una tragedia anunciada.

 

Es más. El Pbot reconoce la explotación de balastreras en los ríos Mocoa, Sangoyaco, y la quebrada Taruca, sin estudiar a profundidad su incidencia en la tragedia, pues esta actividad requiere remoción del suelo para extraer arena, arcilla y yeso, lo cual puede provocar gran cantidad de material de arrastre, pudo agravar lo sucedido en Mocoa, pues la avenida torrencial se caracterizó por la absurda cantidad de lodo y piedras de gran tamaño arrastradas por el caudal, las mismas que también ocasionaron numerosas muertes, así como la destrucción de casas de los más pobres de la ciudad.

 

Con el fin de revisar las zonas destinadas para la expansión urbana, suburbana y rural, y determinar la efectividad de las políticas de planeación territorial en Mocoa, el Plan menciona el tema, sin embargo, la información es muy confusa e incompleta, no están los mapas y planos que la complementan, expone los polígonos que delimitan las zonas pero no específica la metodología usada y, por tanto, no presenta un sistema de coordenadas geográficas para espacializar los puntos, información, en estas condiciones, imposible de entender por parte de los expertos y mucho menos por parte de la ciudadanía.

 

Está información bien explicada sobre el particular, de manera sencilla, clara y verificable, debe reposar en las páginas de internet de los entes territoriales para que la población colombiana, en general, haga uso de la misma.

 

El Plan tampoco presenta un análisis de la distribución de la tierra en el municipio, para poder así determinar las acciones por emprender con quienes están asentados en sitios de riesgo –reubicación en las zonas de expansión urbana autorizadas–, y el desarrollo social, productivo y ambiental de las zonas rurales. No es comprensible como puede ordenarse el territorio sin partir de reconocer la distribución de la tierra.

 

Por ello, ante los hechos comentados, debería aprovecharse para actualizar el Pbot del municipio y garantizar la debida reparación de las familias que lo perdieron todo durante la noche del último día de marzo y el amanecer del primer día de abril.


Desplazamiento y concentración de la tierra

 

Problemática que no es casual, pues en Colombia, con un modelo de desarrollo rural excluyente, la concentración de la tierra explica porqué la población más pobre y desplazada fue la que más sufrió con esta tragedia. Los barrios cercanos a los ríos fueron levantados por población que llegó a Mocoa principalmente por desplazamiento forzado. Según el Informe de Desarrollo Humano del Pnud 2011, el Putumayo es el segundo departamento con mayor despojo de tierras en Colombia. Solo en 10 años (1998-2008) Mocoa recibió 20.520 personas desplazadas.

 

Aunque la expansión urbana de la capital empieza en los años setenta del siglo pasado, es a principios de los años ochenta que la bonanza coquera3 incide en su crecimiento, evidente con la inversión en locales comerciales, viviendas, negocios –entre los años 1985-1993 la población de Mocoa creció el 70 por ciento–. El aumento de los conflictos en las zonas rurales (el asesinato de campesinos, colonos, dirigentes sociales, atribuidos al paramilitarismo y al Estado, así como a los enfrentamientos entre ejército y guerrilla) provoca el desplazamiento forzado, incrementándolo de la población rural hacia la ciudad. Desplazados que llegan a barrios como Las Américas, San Agustín, La independencia, El Progreso, La Esmeralda, todos ellos azotados por la avalancha la noche del 31 de marzo. Destrucción también vivida por la vereda San Antonio, donde todo el cabildo Musurunakuna quedó destruido y la comunidad no quiere volver al territorio.

 

Conflicto también alimentado por la fumigación aérea con glifosato, iniciada en el 2000, la que impacta no sólo los cultivos de coca sino en la selva, cultivos de pancoger, plantas medicinales, tanques piscícolas, generando problemas de salud, provocando miedo en cientos de colonos y con ello la salida hacia el casco urbano.

 

Por su parte, la expulsión de sus tierras de miles de campesinos e indígenas en el departamento explica los altos índices de concentración de la propiedad: para el año 2000 el 82,18 por ciento del área estaba en manos del 36,76 por ciento de propietarios y tan sólo el 17,81 del área estaba en manos del 63,23 por ciento de propietarios, en forma de microfundio, minifundio y pequeña propiedad. Pero en 2009 las cifras cambiaron, el 76,16 del área estaba en manos del 26,62 por ciento de propietarios y el 23,23 de la propiedad estaba en manos de 73,98 por ciento de propietarios. Como se ve, en nueve años aumentaron los propietarios de microfundios, minifundios y pequeña propiedad y disminuyeron los propietarios de la mediana y gran propiedad en el Putumayo (Ver gráfica 1)4.

 

El índice de Gini de tierras es alto en el departamento, 0.738 pero alcanza valores de 0.799 (más cercano a 0 indica equidad en distribución de la propiedad y más cercano a uno indica desigualdad) en municipios como Mocoa, Puerto Caicedo, Colón y Valle del Guamez (Ver mapa 2).


La evidencia de la alta concentración de la propiedad en Mocoa explica la única alternativa que tienen las familias y comunidades desplazadas: ocupar áreas cercanas a los ríos, zonas inundables y de riesgo, lugares de alto riesgo para sus viviendas y calidad de vida.

 

Es por ello que lo sucedido en Mocoa, una vez más, revive el debate sobre la necesidad, inaplazable, de la reforma agraria en Colombia, pues sin distribución equitativa de la propiedad de la tierra no será posible frenar este tipo de asentamientos humanos ni prevenir los riesgos.

 

Deforestación

 

Ante tanta tierra en tan pocas manos, miles de miles de campesinos e indígenas tienen que seguir buscando el preciado tesoro selva adentro. Tumbar monte es parte de su misión para sobrevivir, y el desastre para el país.


A esto también contribuyen otros actores, y no en menor medida. Sin duda una de las causas de la avalancha que afectó a Mocoa radica en la deforestación5. La contención de unos pocos árboles evitó que la tragedia fuera mucho mayor, pues contuvo la fuerza de las aguas, y con ello la caída de algunas casas, así como el paso de la avalancha por barrios enteros. Una deforestación fruto de la explotación petrolera, la apertura de vías, la minería, el comercio de madera, la expansión ganadera y coquera en la región.

 

Las cifras de deforestación son alarmantes: el Instituto Amazónico de Investigación Científicas –Sinchi– revela en un estudio que la pérdida de bosques en Putumayo durante los años 2007-2012 fue de 62.812 hectáreas, una tasa media anual de 12.562 hectáreas/año. En Mocoa se registra la pérdida de 596,38 hectáreas en ese mismo periodo y una tasa media anual de 119,28 hectáreas.


La variante San Francisco–Mocoa

 

Precisamente sobre este particular, uno de los conflictos territoriales que aporta con el desmonte de bosques es la construcción de la variante San Francisco-Mocoa (ver mapa 3), la cual pasa cerca a la quebrada Taruca, una de las zonas del desastre. Variante que hace parte del proyecto Iirsa –Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana–, la cual comunicará Belém do Pará en Brasil con Tumaco, con el fin de facilitar la salida de mercaderías de Brasil hacia el Pacífico. Reducir el tiempo del recorrido de 3 horas y media a 1 hora es parte del cometido. El trayecto está dividido en cinco tramos, dos de los cuales atraviesan la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Los indígenas Kamentsá e Inga se oponen a la carretera porque destruirá territorios ancestrales6.

 

El oro brilla, también otros metales preciosos

 

Los intereses estratégicos en esta región son muchos: primero fue el petróleo y ahora es la minería. La población sabe que existe exploración minera en el departamento, comentan que hay exploración de cobre y que puede haber intereses en abrir a la producción la que sería la segunda mina de cobre más grande del mundo.

 

A comienzos de este año la Agencia Nacional Minera emitió un informe sobre esta actividad en el departamento: existen allí 47 títulos mineros, 39 están en explotación, 1 en exploración y 7 en construcción y montaje; 38 son de materiales de construcción, 1 de oro y metales preciosos, 1 de oro, metales preciosos y materiales de construcción, 5 de oro, metales preciosos y otros minerales, y 2 de otros minerales. En Mocoa, Sibundoy y Puerto Leguízamo, se concentra la producción de oro y plata, y en Puerto Caicedo, Orito y Mocoa la producción de materiales de construcción. No menciona el informe las empresas que realizan estas actividades.

 

Sin embargo, el informe de 2014 sobre minería en Colombia realizado por la Contraloría General de la República, presenta conflictos mineros por oro en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Francisco, Puerto Guzmán, Orito. Conflictos por coltán en Puerto Asís y San Miguel y conflictos por oro, mármol, cobre y uranio en el municipio de San Francisco.

 

También menciona el conflicto ocasionado por el Proyecto La Vega–Mocoa (Cauca y Putumayo) de la Anglo Gold Ashanti para la explotación de oro, cobre y molibdeno, por las exploraciones realizadas por esta multinacional en la región, proyecto que no se encuentra en explotación.

 

Como quedó anotado antes, y como lo enfatizamos en este punto, la situación que hoy enfrenta el municipio no es un hecho fortuito, viene desde su fundación, agravada por la concentración de la tierra, la explotación de recursos naturales y las condiciones socio-políticas de la ruralidad colombiana.

 

1 Según el libro La ciudad-refugio. Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia, entre los años 1985 y 2009, en el país han sido desterradas alrededor de 4,9 millones de personas. De esa cifra, algunos miles, llegaron al departamento del Putumayo y su capital. A su vez, 9 departamentos, entre ellos Putumayo, eran expulsores de un aproximado de 97.973 –188.565 personas.
2 La ley 338 de 1997, definió tres tipos de Planes de Ordenamiento Territorial, se clasifican de acuerdo a la población que tenga el municipio. Mocoa, tiene un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot) porque tiene una población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Hay municipios que tienen menos de 30.000 y deben construir un Esquema de Ordenamiento Territorial (Eot), los municipios con más de 100.000 habitantes tienen un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) su población no supera los 100.000 habitantes.
3 Para el año 1999, Putumayo 57.297 hectáreas, en el 2000, 66.022 en 2001, 47.120 en 2002, 13.725 en 2003, 7.559; según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el 2014 eran 13.609 y para el 2015 sumaban 20.068 hectáreas.
4 El Igac explica que así pudo precisarse por la actualización catastral realizada en este periodo. Las cifras, alarmantes, resaltan el alto nivel de concentración de la propiedad, como de minifundización, lo cual es una constante en todo el país.
5 La economía del ahora departamento incorporó la ganadería a gran escala a partir del 1910, con la llegada de los misioneros capuchinos –quienes, tras los intentos fallidos de sus pares jesuitas y franciscanos, toman el control de los territorios y de las comunidades indígenas para su evangelización (léase sometimiento y control)–. Esta actividad, como es conocido, promueve la deforestación, razón principal de la avalancha ocurrida la noche del 31 de marzo.
6 Dicen estos pueblos que el equilibrio del territorio –para ellos sagrado– se verá afectado por la construcción de la vía, de ahí la aparición de desastres y otros sucesos, los cuales serán más recurrentes. Además de destruir la cultura indígena, por la transformación económica, ambiental y social que sufrirá la región, el miedo y la preocupación los embarga.

 

Bibliografía

 

Agencia Nacional de Minería. (2017). Caracterización de la actividad minera departamental. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/bullets_putumayo_23-01-2017.pdf
Contraloría General de la República. (2014). Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto.
Consejo municipal de Mocoa. (2008). Acuerdo 028 Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Consorcio Ambiental San Francisco–Mocoa. Disponible en: http://www.varianteinterventoria.com/descripcion.php#esquema
Igac. (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia.
Murcia, U., Rodríguez, J. M., Castellanos, H., Medina, R., Herrera, E y. Hernández, A. (2013). Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana, a escala 1:100.000. Cambios multitemporales en el período 2007 al 2012. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Bogotá, D.C
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Sánchez. L. (2012). La ciudad-refugio. Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia. El caso de Mocoa.

 


 

Recuadro 1


En diálogo con desdeabajo el Taita Marino Peña, del cabildo Musurunakuna, manifestó que su comunidad fue víctima del desplazamiento forzado en el costado oriental de los Andes colombianos. Por esta razón, y por la negligencia del Estado que no se responsabilizó de su reubicación, llegaron a la vereda San Antonio de Mocoa, donde adquirieron, con recursos propios, un terreno para asentarse, cerca de la quebrada La Taruca. A la fecha, con su terruño arrasado, no tienen un lugar fijo y seguro dónde vivir, por lo que se albergan en la Asociación de Mujeres Indígenas (Asomi).

 


 

Recuadro 2


“En el caso de Mocoa, hay algunos aspectos que debemos considerar, del por qué ese conocimiento de los estudios y análisis no se incorporó en el Plan de Ordenamiento Territorial y en la gestión de riesgo; además, que hemos avanzado mucho a nivel mundial en Sistemas de Alerta Temprana. Lo que sucede es que las gobernaciones y las alcaldías compran estaciones automáticas de alertas tempranas, pero estos pronósticos no llegan a la gente. Hay que poner al tanto del estado ambiental de los territorios a las poblaciones y, claramente, ejecutar planes de evacuación y prevención del riesgo”.
Daniel Pabón Caicedo, meteorólogo y docente de la UNAL sede Bogotá.

 


 

Recuadro 3


La avalancha sume a la comunidad en la incertidumbre, pues temen que el Estado no cumpla con las reubicaciones de sus casas, que las entidades territoriales se embolsillen la plata y no se reconstruya el municipio, que las oportunidades de vida en este lugar se agoten y deban salir de la ciudad que tanto quieren. Pero también temen que no se tomen las acciones necesarias para establecer responsables en lo sucedido, y que todo quede en la impunidad.

 

A tal posibilidad los enfrenta el desgobierno que vive nuestro país, manifestación de lo cual es la corrupción que galopa a rienda suelta, las prioridades dadas al capital privado en todas las inversiones, la demagogia politiquera que pulula en todos los tiempos pero que en los electorales –los que ahora se avecinan– toma más cuerpo, tiempos que favorecen el accionar particular de los funcionarios públicos, entre ellos alcaldes, gobernadores, senadores y representantes a la Cámara. En esta constante del poder político y oligárquico en Colombia, la investigación por irregularidades en contratación y detrimento patrimonial que tuvo la gobernadora Sorrel Aroca no auguran un buen futuro para Mocoa.

Publicado enEdición Nº234
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