Miércoles, 07 Octubre 2015 06:29

Motores económicos del deterioro ambiental

Motores económicos del deterioro ambiental

¿Cuáles son los motores de la degradación ambiental? Esta es una pregunta recurrente en todos los debates sobre medio ambiente. En esta discusión aparece con frecuencia el papel de las grandes corporaciones internacionales, en especial las directamente vinculadas al lobby de los combustibles fósiles. Hoy la mentira de la compañía Volkswagen para hacer aparecer a sus vehículos como más eficientes y menos contaminantes nos recuerda la importancia de afinar el análisis sobre las causas y motores de la degradación ambiental.


En 2005 se publicaron los resultados de la Evaluación de ecosistemas del milenio (EEM), ejercicio patrocinado por Naciones Unidas para estudiar los principales ecosistemas en el mundo. El principal resultado fue descubrir que en la segunda mitad del siglo XX la actividad humana había alterado los ecosistemas del mundo como nunca antes en toda la historia. Alrededor de 60 por ciento de los servicios de los ecosistemas del mundo están siendo degradados o explotados de manera insostenible.


Al tratar el tema de las causas o motores de este proceso de degradación, el estudio consideró varios enfoques alternativos. Después de discutir brevemente problemas de escala, horizontes temporales y esquemas de jerarquización, la EEM se decidió por clasificar en motores directos e indirectos a las fuerzas que impulsan la degradación ambiental. Los motores directos, según la EEM, son aquéllos que de manera inmediata contribuyen al deterioro ambiental: apertura de carreteras, obras de infraestructura, plantaciones comerciales en lugar de bosques, incendios, etcétera. Los motores indirectos, siempre según la EEM, son el crecimiento económico y el aumento de la población. Y en unas cuantas páginas, el EEM dispuso de estos dos fenómenos.


Desde 2005 la gran mayoría de las organizaciones internacionales que trabajan sobre el deterioro ambiental han adoptado esta clasificación. Es también la opinión de mucha gente y casi se ha vuelto un lugar común citar estas dos causas del deterioro ambiental. Pero un examen rápido de lo que está detrás de estos motores revela que las cosas son más complicadas.


Para empezar, el crecimiento económico no ha sido un proceso regular. Entre 1945-1975 la tasa de crecimiento en la mayoría de los países fue alta, pero entre 1975-2000 el ritmo de crecimiento se redujo casi por la mitad. Además, las crisis se multiplicaron y el crecimiento descansó cada vez más en episodios de inflación en los precios de algunos activos clave (fenómenos llamados burbujas). Hoy se anuncian años de estancamiento en la economía mundial y la pregunta obligada en el contexto de una reflexión sobre los motores del deterioro ambiental es directa: ¿el estancamiento económico es bueno para el medio ambiente?


Pidiendo disculpas a los lectores, hacemos abstracción momentánea de los temas claves de la desigualdad y la pobreza, dos variables afectadas negativamente por la crisis; pasamos a ver qué pasa en materia de deterioro ambiental. En algunas industrias contaminantes cuya contribución al deterioro ambiental se encuentra fuertemente correlacionada con el ritmo de actividad, es posible que la contracción económica haya reducido su aportación negativa. Pero, al mismo tiempo, es posible que la crisis haya retrasado la adopción de nuevas y más eficientes tecnologías. En otros casos, como en el de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el panorama es más complicado. En la Unión Europea las emisiones han mantenido su tendencia a la baja, pero no por la crisis, sino porque varios países adoptaron una política industrial y un régimen regulatorio que claramente definieron como prioridad la transición hacia las energías renovables. En países como Estados Unidos, las emisiones han seguido creciendo a pesar de la crisis, aunque a un ritmo más lento, precisamente porque no hay una política energética que asegura o acelere la transición hacia un perfil bajo en combustibles fósiles.


En cuanto al aumento de población, típicamente identificado como el otro motor del deterioro ambiental, hay que decir que la tasa de crecimiento demográfico ha mantenido una tendencia a la baja y hoy apenas supera el uno por ciento. Sigue en aumento el número de países que atraviesa por su transición demográfica (proceso en el que las tasas de mortalidad y de natalidad decrecen casi a la par). Hoy el principal fenómeno demográfico es el de la urbanización. Y eso trae consigo cambios importantes en materia de patrones de consumo y acceso a mercados.


Hablar de crecimiento y de población en general no ayuda gran cosa. Es más importante comenzar a hablar de la macrocefalia e inestabilidad del sector financiero mundial, de la concentración de poder de mercado en casi todas las industrias del planeta, de los crecientes niveles de desigualdad y de la evolución de variables económicas como tasas de rentabilidad y salarios. Sin entrar en este nivel de análisis muy poco vamos a entender sobre los motores del deterioro ambiental.


Twitter: @anadaloficial

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El ser humano ha destruido ya el 46% de la masa forestal del planeta

Un equipo de investigación de más de 15 países ha estimado en tres billones la cifra de árboles en el planeta. La tasa de pérdida debido a la deforestación y la actividad humana es de 15.000 millones de árboles cada año.


Hasta ahora, la estimación global de bosques se obtenía a partir de imágenes por satélite de las áreas forestales, pero la información que se generaba no era del todo precisa. Por esta razón, un grupo de investigación internacional decidió crear un mapa de la distribución mundial de los árboles por kilómetro cuadrado.

El estudio, que se publica esta semana en Nature, revela que sobre la Tierra existen tres billones de árboles, lo que supone 422 árboles por persona, una cantidad ocho veces superior a los cálculos anteriores (61 árboles por persona). Sin embargo, a pesar de esta cifra, el número total de árboles ha caído en un 46% desde el comienzo de la civilización humana.

Además, en la actualidad, "la tasa de pérdida forestal –provocada por la deforestación, el cambio en el uso de la tierra y la gestión forestal– es de 15.000 millones de árboles cada año", advierte Thomas Crowther, autor principal del trabajo e investigador en el Yale School of Forestry & Environmental Studies de la Universidad de Yale (EE UU).


"Esto repercute en la concentraciones de carbono de la atmósfera, así como en los miles de otros servicios que proporcionan los bosques", añade con preocupación el científico que subraya que la densidad de árboles disminuye cuando aumenta la población humana.

Los resultados de la investigación indican que el número de árboles en el mundo varía en función de la actividad humana. Para los investigadores, el impacto negativo del ser humano en los ecosistemas naturales es claramente visible en pequeñas áreas, como demuestra el nuevo mapa. Las decisiones históricas del uso de la tierra han dado forma a los entornos actuales.

Con la nueva distribución, obtenida a partir de imágenes por satélite, inventarios forestales a pie de campo, y tecnologías de supercomputación, el equipo en el que han participado 15 países describe el estado actual de los bosques mundial para que científicos, ecologistas y políticos lo entiendan y tomen medidas. "Pero no hemos descubierto ningún otro posible sumidero de carbono", asegura Crowther.


Los bosques boreales, los de mayor densidad


Para lograr un cálculo más preciso, los científicos usaron casi medio millón de estimaciones de la densidad de árboles obtenidas a partir de personas que los contaban a pie de campo. A esto añadieron las características medioambientales (temperatura, humedad, estado del suelo y nivel de actividad humana) y la información de densidad de 400.000 terrenos forestales.


"Si el número de árboles aumenta en zonas húmedas, podemos empezar a predecir cuántos árboles están relacionados con la humedad en esa área", indica el investigador estadounidense. El mapa les ha permitido así obtener la distribución de los árboles que varía en función de cada paisaje.

Según el trabajo, las masas forestales con mayor densidad de árboles son los bosques boreales de las regiones subárticas de Rusia, Escandinavia y Norteamérica. Pero las mayores áreas forestales se encuentran, con diferencia, en los trópicos, donde habitan cerca del 43% de los árboles de todo el mundo. Solo el 24% está en las regiones boreales y el 22% en las zonas templadas.

Para Crowther, el mapa también representa una distribución de la estructura de los ecosistemas. "Aporta información sobre las áreas donde viven diferentes plantas y animales, y dice cuánto carbono se almacena en esas áreas", comenta Crowther. En definitiva, el estudio muestra los esfuerzos que aún quedan por hacer para recuperar los bosques.

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Lunes, 05 Diciembre 2011 18:48

Una ley de la selva para la Amazonia

Una ley de la selva para la Amazonia
Desde el aire se ve claramente cómo los agricultores y ganaderos avanzan en la Amazonia. Lo hacen de forma quizá lenta -si se compara con la enormidad de la vegetación- pero inexorable. Al norte de Alta Floresta (en el centro de Brasil), entre la impenetrable selva surgen de repente enormes cultivos de mijo y de soja, en haciendas de cientos y hasta miles de hectáreas. "Parecen campos de golf", señala gráficamente Tatiana Carvalho, responsable de deforestación de Greenpeace, que ha invitado a un grupo de periodistas a sobrevolar el lugar con el avión de la organización. El suelo, verde, parece en efecto el green de Augusta, aunque rodeado de una muralla de árboles de decenas de metros de altura.

Los campos tienen formas caprichosas, pero siempre el perímetro sigue líneas rectas, las de la propiedad. Están aún lejos de cualquier ciudad, pero el grano es muy rentable. Carvalho explica que deforestar no es nada sencillo. En el Amazonas ni siquiera eso es sencillo. "En ocasiones tienen que quemar tres años el terreno y luego ir desbrozando y quemando todo a mano para que no queden ni las raíces, porque eso dañaría la maquinaria". En esos trabajos se emplean a veces esclavos, trabajadores que, engañados, acuden a una selva de la que ya no pueden salir.

Aunque la temporada seca toca a su fin, aún se divisan de vez en cuando columnas de humo. En otras parcelas quedan alineados tocones pendientes de ser quemados. Muchos están junto a campos ya en cultivo y van ganando terreno. Los suelos para el ganado no son tan homogéneos. Allí puede quedar en pie algún árbol de vez en cuando.

Brasil era hasta hace nada el ejemplo en la lucha contra la tala ilegal. La superficie deforestada en la Amazonia brasileña cayó de 29.059 kilómetros cuadrados al año en 1995 (una superficie como Galicia) a solo 6.451 en 2010. El Gobierno y los Estados han hecho un gran esfuerzo en combatirla. Y los satélites, más. Pese a la enormidad de la superficie a controlar, el satélite Landsat ofrece cada mes avances de la deforestación. Roni, técnico de Greenpeace, analiza los datos y con un GPS y un ordenador es capaz de dirigir la avioneta al punto exacto en el que otro cacho de selva ha muerto. Además, la presión de las ONG había hecho que firmas de países desarrollados se negaran a comprar madera, cuero o soja que no estuviera certificada como procedente de zonas no deforestadas.

El uso de la tecnología limita, pero no impide, los abusos. Sobre una de las parcelas en las que el satélite detectó deforestación en mayo, el ordenador no devuelve datos. "La parcela no está en el registro", sonríe. Ese tipo de control no lo pueden llevar ni Indonesia ni los países del río Congo.

Sin embargo, Brasil puede estar a punto de dejar de ser un ejemplo. El Senado brasileño tiene previsto aprobar el martes en pleno la reforma del Código Forestal, una norma trascendental vigente desde 1965. La ley, aprobada con una abrumadora mayoría en las comisiones del Senado, permite regularizar la deforestación cometida hasta 2008 (Greenpeace, otras ONG y la oposición hablan de una amnistía). "Gana quien deforestó ilegalmente. Nuestro trabajo no sirvió para nada", explica un responsable de la lucha contra la deforestación que pide el anonimato porque es un asunto sensible en Brasil.

El texto ha generado un gran debate en el país. En contra del proyecto legal se han pronunciado la Academia Nacional de Ciencias y hasta la Iglesia católica. El pasado jueves, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil expresó en un comunicado su "preocupación por la posible aprobación del proyecto sin unas correcciones necesarias", en alusión a que "mantiene la ocupación de áreas deforestadas ilegalmente". El texto "condena a regiones enteras del país a convivir con ríos agonizantes" y "especies en extinción". "En contra de lo anunciado, este proyecto no representa un equilibrio entre conservación y producción", concluyó el Consejo Episcopal Pastoral.

Los ecologistas confiaban en la presidenta, Dilma Rousseff, que cuando el Congreso aprobó la ley, en mayo pasado, anunció que vetaría el texto. "Sin embargo, no ha vuelto a hablar y la ley se ha tramitado con toda la urgencia y sin oposición. Si ella hubiera querido intervenir, habría conseguido cambios en el Senado", explica Carvalho. Greenpeace destaca que la sola esperanza de la amnistía ha hecho repuntar la deforestación un 15% respecto a 2010.

El ponente es el senador Jorge Vianna, exgobernador del Estado de Acre, en la Amazonia brasileña cerca de Perú. Vianna explica por teléfono: "No es el código de mis sueños pero es bueno para Brasil y para el medio ambiente". Vianna añade: "Durante los últimos 30 años hemos disminuido mucho la deforestación, pero aun así se destruyó mucho donde estaba prohibido. Ahora creamos un programa de recuperación". A quien denuncia que supone una amnistía, el senador les pide que "lean el código". "Greenpeace quiere recuperar todo lo destruido, pero eso es imposible", concluye.

Tatiana Carvalho replica con el artículo 61 del texto, que permite mantener en las llamadas áreas de preservación permanente las actuaciones de agricultura y ganadería consolidadas antes de 2008. "Da igual si se taló ilegalmente", añade: "Con esta norma se podrán talar o quemar legalmente 22 millones de hectáreas", se amnistiaría la deforestación de 30 millones de hectáreas y "se condonan multas por unos 4.000 millones de euros".

Su enfado contrasta con la felicidad que deja entrever la senadora Kátia Abreu, presidenta de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil: "De los 81 senadores solo cinco votaron en contra. No solo lo apoyan los ruralistas. Los radicales perdieron el discurso". Abreu insiste en que no es una amnistía: "Quien taló tiene que reforestar, por lo tanto, no es una amnistía. Ahora dejamos las reglas claras para el futuro". El sector agrícola critica que, si no se aprueba la reforma, el 90% de los agricultores está en situación ilegal. Añade que "la nueva legislación comprende la importancia que tiene mantener la actividad agrícola de Brasil, que ha crecido hasta ser uno de los mayores sectores del país". En 2006, Brasil superó a EE UU como principal exportador de soja. El 25% de la que se produce en el mundo procede del país. Según la confederación, en las últimas tres décadas la producción de grano en Brasil se ha triplicado.

El texto es complejo y las palabras para publicitarlo son relevantes. Como señalaba un artículo en la Folha de São Paulo, los impulsores han evitado dar "una connotación obvia de amnistía", aunque "varias permanecen". Es importante evitar la imagen de tabla rasa para que no lo vete Dilma Rousseff. Brasil organiza en junio la cumbre de la Tierra con la que celebra los 20 años de la cumbre de Río y no sería buena publicidad solo seis meses antes.

Luiz Antonio de Carvalho, asesor del Ministerio de Medio Ambiente, da un punto de vista intermedio. Explica cómo desde 1965 la norma sufrió tantas reformas puntuales que dejó a muchos agricultores fuera de la ley: "La realidad es que no se cumplen muchas de las previsiones del código", como la obligación de no deforestar a los márgenes de los ríos. Según De Carvalho, Brasil no puede seguir con las redadas continuas y con el Ejército controlando las talas: "En un pueblo detuvimos a todas las autoridades. Solo quedó uno de los 10 concejales y el cura. Hay muertos. Tenemos que pasar a regularizar la situación y tener una gestión ambiental". Su conclusión: "Hay que regularizar lo regularizable. La deforestación cero no existe".

No existe desde luego en las fincas elegidas por Greenpeace para enseñar los malos ejemplos. Hay una que era de una propiedad y que ahora pertenece a 12 dueños (siete de ellos, familiares). Al trocearla podrán proseguir legalmente la deforestación como pequeños agricultores. Solo entre agosto de 2010 y julio de 2011 deforestaron 1.455 hectáreas, según la ONG. En el suelo aún quedan restos de árboles esperando de la última quema. También está el típico puxadinho, el que gana terreno a la selva sin encomendarse a nadie; o el caso de uno de los mayores deforestadores del Amazonas, que con el nuevo código podrá compensar lo arrasado comprando fincas en el interior de la selva, donde es mucho más barato y donde nadie iba a deforestar (al menos, de momento).

El problema es que no hay ningún incentivo por mantener y conservar la selva. No existe un sistema internacional que compense por no deforestar, pese a la importancia que tiene para el planeta conservar la Amazonia. La deforestación supone actualmente alrededor del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero y los expertos consideran que frenarla sería una de las formas más baratas de reducir la emisión de dióxido de carbono.

El margen para conservar es enorme. En un día en avioneta se pueden ver desde tribus aisladas a enormes minas de oro; desde camiones cargados de madera, a piras humeantes en las que arden árboles de un bosque primigenio. El Amazon Edge, el avión Cessna Caravan con capacidad para 10 personas y que hace seis años costo 2,5 millones de dólares, es el lugar perfecto para ver el conflicto nunca superado entre desarrollo y medio ambiente. ¿Cómo pedirle a Brasil que no asfalte unas rutas que van de extremo a extremo del país? Sin embargo, la deforestación penetra a través de las carreteras. ¿Quién cuadra ese círculo?
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Si no se producen cambios de última hora, el Congreso brasileño votará entre hoy y mañana la alteración del Código Forestal, que desde 1965 establece las áreas protegidas en Brasil. El proyecto de reforma, presentado por el diputado comunista Aldo Rebelo con el apoyo de la llamada bancada ruralista el influyente sector político que protege los intereses de la industria agropecuaria, plantea la disminución de las áreas protegidas en el país, en beneficio del avance del área cultivable.

El Código actual determina la existencia de Áreas de Preservación Permanente (APP) situadas en zonas de riesgo de inundaciones y deslizamientos y que sólo pueden ocuparse para la realización de obras de interés público. La ley establece la protección de un área de 30 metros en los márgenes de los ríos, que con la reforma disminuiría hasta los 15 metros.

Además, el Código vigente obliga a los agricultores a mantener una reserva legal, esto es, un área protegida dentro de todas las propiedades rurales. El porcentaje varía entre el 80% del área en la selva amazónica y el 20% en el sur del país. La reforma propuesta por Rebelo flexibiliza estas áreas en las propiedades que no superen una determinada extensión: pasaría del 80 al 50% en el Amazonas, por ejemplo. Y es que Brasil alberga uno de los mayores pulmones del planeta. De sus 850 millones de hectáreas, más del 60% (537 millones de hectáreas) son de vegetación. Un estudio de Greenpeace calcula que se deforestarían unos 85 millones de hectáreas; otras asociaciones ambientalistas amplían esa cifra.

El otro punto polémico de la reforma es que otorgaría la amnistía a aquellos propietarios que actualmente ocupan áreas ilegalmente. Según los ecologistas, esto daría más fuerza a una cultura de la impunidad que ya predomina en Brasil, donde unos 83 millones de hectáreas de áreas protegidas están ocupadas ilegalmente en la actualidad.

La justificación para la reforma es la necesidad de una actualización de la normativa, en un país donde más del 90% de los 5,2 millones de propiedades rurales están en situación de ilegalidad. Para los defensores de la reforma, ampliar el área cultivable es imprescindible en un momento histórico en que debe triplicarse la producción agrícola, y Brasil es uno de los principales graneros del planeta.

Poca productividad

Los movimientos ecologistas están de acuerdo en que es necesario actualizar y mejorar la normativa, pero aseguran que para producir más alimentos no es necesario renunciar a la protección: bastaría con utilizar los 61 millones de hectáreas que, según las estimaciones de SOS Florestas órgano que reúne a varias organizaciones ecologistas y de investigación ambiental, se destinan actualmente a la explotación ganadera de bajo rendimiento, con una productividad de apenas 0,7 cabezas de ganado por hectárea, tres o cuatro veces menos que en países como Estados Unidos, y que el propio Brasil hace unas décadas. Según un estudio de la Universidad de São Paulo,el área cultivada en Brasil se duplicaría con sólo utilizar esas áreas. Y según un informe de WWF, menos de un 5% de la producción actual está localizada en estas áreas protegidas.

No sólo los ecologistas han criticado el proyecto. La comunidad científica brasileña insiste en la necesidad de atrasar la votación para estudiar mejor el tema y promover un diálogo transparente con la sociedad brasileña. Como los ecologistas, los científicos abogan por aumentar la eficiencia y la productividad, en lugar de por la reducción de las áreas protegidas, para aumentar la producción agrícola.

La Asociación Brasileña de Ciencias (ABC) y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) afirman que el proyecto se basa "en la premisa errónea de que no hay más área disponible para la expansión agrícola" y señalan que "en algunos puntos del proyecto se generalizan números que no son aplicables en todos los lugares", una generalización que "no tiene sentido desde el punto de vista científico", según Helena Nader, presidenta de la SBPC. Según los cálculos de los investigadores, de aprobarse el proyecto de ley disminuiría en un 31% el área protegida por las APP.

La SBPC y la ABC han enviado al Congreso el estudio El Código Forestal y la ciencia: contribuciones para el diálogo, en el que especifican sus críticas al proyecto. Entre otras, que las reservas legales y las APP abrigan insectos polinizadores sin los que las cosechas de cultivos como la soja, el café o el maracuyá pueden sufrir caídas de entre el 40 y el 100%.

Lo decía con otras palabras la senadora Marina Silva, del Partido Verde (PV), en un artículo publicado el pasado domingo en la Folha de São Paulo: "No usar con sabiduría esos recursos es matar la gallina de los huevos de oro. () Es absurdo oponer productores rurales y ambientalistas, producción agrícola y medio ambiente".

Según expertos de tres universidades brasileñas, en dos cartas dirigidas a la revista Science, la reforma del Código llevaría a "una disminución de la biodiversidad, a un aumento en la emisión de gases perjudiciales para la atmósfera y a un aumento de las pérdidas de suelo por la erosión, así como a pérdidas irreparables en servicios ambientales de los cuales la propia agricultura depende sobremanera".

Desastres naturales

Los científicos señalan además que la reforma no sólo tendría efectos ambientales, sino víctimas humanas: más cultivos y ocupaciones de los márgenes fluviales aumentarían la probabilidad de inundaciones, en un país donde este tipo de catástrofes se cobran la vida de centenares de personas cada año. Según el Ministerio de Medio Ambiente brasileño, más de un millón de personas fueron afectadas por algún tipo de desastre natural entre 2000 y 2007.

El negocio agropecuario alcanzó exportaciones record en los últimos años, por unos 80.000 millones de dólares en 2010. Pero tiene también sus riesgos: se considera que el sector es el mayor responsable de la deforestación de la selva amazónica, por encima incluso de los sectores minero y maderero. En 2004, cuando la deforestación llegó a su mayor nivel, Brasil se convirtió en el cuarto país del mundo en emisiones de gases de efecto invernadero.

Ahora que Brasil quiere consolidarse como un país de referencia en la prevención medioambiental y la lucha contra el calentamiento global, los expertos señalan los riesgos de que una alteración del código ambiental vuelva a disparar los niveles de deforestación y, con ello, el de emisiones.

Rebelo insiste en que su reforma, apoyada por el agronegocio, pretende favorecer al pequeño agricultor. Sin embargo, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Vía Campesina se han manifestado en contra de disminuir las áreas protegidas.

Si el proyecto consigue pasar el trámite del Congreso, será enviado al Senado y, de ser aprobado también por la segunda Cámara, necesitará la aprobación de la nueva presidenta Dilma Rousseff,que tiene derecho de veto. Rousseff prometió en campaña electoral que vetaría la reforma del Código Forestal "si no se presentase una propuesta razonable", pero no especificó con claridad con respecto a la propuesta defendida por Rebelo y los ruralistas.

Por NAZARET CASTRO 03/05/2011 08:20
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Miércoles, 30 Marzo 2011 06:15

Sequía en el Amazonas

El verano pasado hubo una sequía sin precedentes en el Amazonas y dos equipos espaciales de la NASA observaron sus efectos. La selva no recuperó su estado normal hasta bastante después de terminar el período seco, a finales de octubre de 2010. "El verdor de la vegetación, que es una medida de su salud, disminuyó en un área superior a tres veces y media el Estado de Texas", explica Liang Xu (Universidad de Boston), que lidera la investigación.
 
La sensibilidad a la sequía de la selva amazónica se está estudiando intensamente. Los modelos de proyección climática indican que en el futuro el aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de precipitaciones pueden disminuir la humedad en la región, provocando una sustitución de la selva húmeda por vegetación tipo sabana leñosa o praderas, explican los expertos de la NASA. Esto supondría la emisión a la atmósfera del carbono almacenado en la madera putrefacta, lo que aceleraría el calentamiento global. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), de Naciones Unidas, ya alertó acerca del riesgo de que la Amazonía sufra en el futuro fuertes sequías más frecuentemente que ahora.
 
El equipo científico ha analizados los datos correspondientes a más de una década tomados por los instrumentos de la NASA MODIS (un espectroradiómetro) y TRMM (en colaboración con la agencia japonesa Jaxa) obteniendo así mapas detallados del verdor decreciente de la vegetación desde la sequía de 2010 en la Amazonía. Los resultados de la investigación se publicarán en la revista Geophysical Research Letters.
 
En los mapas se observa la reducción del verdor en un área de unos dos millones y medio de kilómetros cuadrados, lo que significa más de cuatro veces el área afectada en la región por la sequía de 2005. "Los datos de vegetación del Modis sugieren un impacto mayor, más extenso y más prolongado en la vegetación amazónica de lo que se puede inferir sólo a partir de los datos de precipitaciones", apunta Aridam Samanta (Atmospheric and Environmental Research Inc.).
 
Pero la gravedad de la sequía de 2010 se apreció también en los registros de los niveles del agua de los ríos de la cuenca del Amazonas, incluyendo el rio Negro. Esos niveles empezaron a descender en agosto del año pasado, alcanzaron un récord a finales de octubre y sólo empezaron a recuperarse con la llegada de las lluvias. "El año pasado fue el más seco en la región desde que se tienen registros del nivel de agua del Río Negro, hace 109 años, en el puerto de Manao, afirma el científico brasileño Marco Costa (Universidad Federal de Viçosa).

EL PAÍS - Madrid - 30/03/2011
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Desde Cochabamba

Los encuentros sociales para proponer alternativas al fin del mundo concluyeron con planteos radicales y ambiciosos. El cumplimiento del Acuerdo de Cochabamba obligaría a los países, incluido Bolivia, a olvidarse de extraer recursos naturales de selvas y territorios indígenas. O al menos consultar a las comunidades, como dicen varios tratados internacionales intrascendentes para los estados adheridos. Además los llevaría a cambiar sus matrices energéticas por otras que no contaminen la atmósfera. Miles de personas dejaron esta ciudad persuadidas de que sus consensos se concretarán en algo. Según ellos, toca ahora a los gobiernos encargarse del reclamo o pagar también esas consecuencias. Como señal de que tomará en cuenta el texto elaborado por 35 mil personas, el gobierno boliviano anunció la creación del Ministerio de la Madre Tierra.

Los documentos de las 17 mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc) no tienen grandes diferencias con la resolución de la Mesa 18, que sesionó también en Cochabamba sin el reconocimiento del gobierno. Muchas personas participaron en ambos espacios, muchas otras fueron con las mismas propuestas: detener las explotaciones forestales e hidrocarburíferas en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.

“Este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, denuncia el texto de la Cmpcc.

“Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y detener urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, dice el acuerdo cochabambino.

En este sentido, sostiene que “la mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios, considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales”.

También demanda “la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación, así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático”.

Para ello, exigen que se respeten instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas; o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la ONU pero constitucionalizado sólo por Bolivia.

El documento final reflejó la preocupación de los acreditados, venidos de 140 países, por la explotación acelerada de los recursos de este mundo. “En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30 por ciento la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra, se necesitarían dos planetas para el 2030”, según el acuerdo.

Ese motivo, entre otros, justificó la propuesta de hacerle derechos a la Tierra. “En un sistema interdependiente, del cual los seres humanos somos uno de sus componentes, no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra”, dice el texto.

Algunos de los derechos propuestos para la Tierra son “a la vida y a existir”, “a ser respetada”, “a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas”, “al agua como fuente de vida”, “al aire limpio”, “a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radiactivos”.

De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los 42 países más industrializados están obligados a disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un cinco por ciento entre 2008 y 2012. En la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) realizada en diciembre pasado en Copenhague, se propuso que de aquí en adelante cada país emitiera menos gases en forma voluntaria, según las necesidades de sus negocios.

En la Cmpcc definieron que entre 2013 y 2020 los 42 países del llamado Anexo 1 reduzcan sus emisiones en un 50 por ciento. Esa posición defenderá Bolivia en la COP 16, que será a fin de año en Cancún, México. Posiblemente, algunos de los 48 gobiernos que enviaron delegaciones oficiales a esta conferencia apoyen este reclamo.

Con una reducción del 50 por ciento se espera que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los dos grados en el próximo siglo y se estabilice en 1,5. El Entendimiento de Copenhague, deplorado por la concurrencia, plantea una tolerancia de hasta dos grados. Sin embargo, varios científicos presentes en la Cmpcc destacaron que ese entendimiento llevaría a que la Tierra tuviera cuatro grados más y muchas poblaciones costeras menos.

También definieron la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a los estados y empresas que contaminen. Para que esta instancia funcione, en la Cmpcc exigieron una “profunda reforma” en la estructura de la ONU. Y convocaron a la constitución de un movimiento global que vigile la aplicación del Acuerdo de Cochabamba, cuyo texto entero se encuentra en www.cmpcc.org.

Calcularon que el costo de la deuda climática de los países industrializados hacia los empobrecidos ascendería al seis por ciento anual de sus PBI. “Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron cinco veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política”, se lee en el acuerdo.

El gobierno de Evo Morales quiso dar el primer paso para ese lado y proclamó la creación del Ministerio de la Madre Tierra. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que la nueva cartera recogerá “buena parte de lo que hoy es el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, pero también está claro que tendrá que asumir responsabilidades en función del documento de Cochabamba”.

Aprobar la ley de la Madre Tierra no debiera traer dificultades al actual gobierno, que controla dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Como país capitalista atrasado, Bolivia debería desistir en sus intenciones de extraer petróleo del selvático norte de La Paz, según denuncia el pueblo indígena Leco a la empresa Petroandina, conformada por YPFB (del Estado Plurinacional) y Pdvsa (de capitales venezolanos). También tendría que respetar el derecho a la consulta de los indígenas que viven cerca de emprendimientos mineros, como reclaman los quechuas y aymaras reunidos en el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, aunque aliada al gobierno de Morales, promovió la creación de la Mesa 18.

Este espacio, que contó con más de tres mil inscriptos, sesionó a tres cuadras de la conferencia, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. Allí se explayaron sobre casos puntuales de contaminación en poblaciones y quitaron un poco de romanticismo al “proceso de cambio” que por un lado pronuncia discursos en defensa de la Pachamama, pero por otro avala la operación de transnacionales que rechaza la población. Además de conflictos bolivianos, aquí trataron sobre la lucha por la propiedad colectiva de la tierra de campesinos de Córdoba y los perjuicios que ocasionan empresas mineras en Catamarca y San Juan, entre otros.

Por Sebastián Ochoa
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Varios estudios recientes han expuesto diferentes facetas del modelo económico arcaico y predatorio que todavía predomina en la Amazonia brasileña. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el gobierno federal, las administraciones estatales y municipales, y la sociedad civil –lo que dio como resultado una reducción continua de los índices de deforestación desde 2005–, el hecho es que el 17% del bosque tropical brasileño ya ha sido consumido; y los mecanismos y prácticas que destruyen la biodiversidad, perjudican los servicios ambientales (1), generan conflictos sociales, empobrecen la cultura, marginan poblaciones, agravan el calentamiento global y comprometen la imagen de Brasil, continúan vigentes.

La edición de junio de 2009 de la revista Science (2) incluye un estudio sobre el tema, firmado por investigadores del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), que bautiza este modelo como “boom-colapso”, en alusión al efecto “sube y baja” que caracteriza la economía de la región: grandes ganancias financieras para un pequeño grupo al principio, seguidos de pérdidas y perjuicios para la sociedad en general.

Los investigadores constataron que, en el corto plazo, mejoran los indicadores socioeconómicos, como por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, los beneficios duran alrededor de una década y media, agotándose cuando se terminan la explotación de madera y la productividad de la ganadería. En ese momento, entonces, los municipios pasan a presentar índices de calidad de vida parecidos a los del período anterior a la deforestación, con una diferencia fundamental: perdieron la oportunidad de hacer un uso adecuado de los activos naturales y de crear una economía sostenible con una distribución de la renta más ecuánime. Sumado a eso, heredan suelos degradados, desempleo, concentración agraria, éxodo rural, miseria urbana y, por supuesto, el fin de los bosques y de los recursos naturales disponibles.

El año pasado se publicaron asimismo otros importantes trabajos realizados por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que describen las prácticas deletéreas de poderosos grupos empresariales y sus negocios globales, lo que causó un fuerte impacto en la opinión pública.

En octubre de 2008, la ONG Repórter Brasil redactó una lista de las empresas establecidas en San Pablo que se benefician con el avance predatorio de la actividad agropecuaria y maderera ilegal sobre el bosque, además de mantener relaciones comerciales con propietarios e inversores rurales que explotan el trabajo esclavo. La divulgación del trabajo, titulado “Conexiones sustentables San Pablo-Amazonia: quién se beneficia con la destrucción de la Amazonia” (3), dio como resultado la firma de tres pactos empresariales para el control de las cadenas productivas de la madera, la ganadería y la soja oriundas de la Amazonia.

La organización Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña publicó, en abril de 2008, el informe “La hora de la cuenta – Ganadería, Amazonia y coyuntura” (4), en el que explica que la Amazonia se consolidó como una importante región productora de carne debido a la instalación de megafrigoríficos, financiados con recursos públicos subsidiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil del orden de los 6.000 millones de reales en 2008, un récord histórico. De ese monto, casi nada se destinó al aumento de la productividad y la recuperación de tierras degradadas o abandonadas. El informe muestra incluso que uno de los factores centrales para la viabilidad de la ganadería en las principales regiones productoras de la Amazonia es la invasión y la posesión ilegal de tierras públicas, acompañada de deforestación irregular.

A comienzos de este mes, Greenpeace Brasil divulgó por su parte, después de tres años de estudios, el informe “La farra del buey” (5). Allí, la organización ambientalista revela que la destrucción de la Amazonia se debe mayoritariamente al sector ganadero, responsable de una de cada ocho hectáreas de bosques tropicales destruidas en el planeta. Ese trabajo analiza las fuertes inversiones gubernamentales destinadas a ese sector, con el objetivo de consolidar el liderazgo de Brasil en la exportación de carne bovina y duplicar su participación para alcanzar los dos tercios del mercado mundial de aquí a 2018. El informe hace también una lista de varias empresas nacionales e internacionales que se abastecen de productos de esa cadena productiva ilegal y antiética, y acusa al BNDES de contribuir a la devastación ambiental, en la medida en que financia a los frigoríficos sin exigir contrapartidas ambientales.

La novedad que introdujo el estudio de Greenpeace fue su sociedad con el Ministerio Público Federal para iniciar acciones civiles públicas en el Estado de Pará contra los frigoríficos y las redes de venta minorista citados en el texto. La medida generó diferentes reacciones: grandes cadenas minoristas, como Wal-Mart, Carrefour y Pão de Açúcar, suspendieron las compras a los frigoríficos involucrados, exigiendo a los proveedores trazabilidad y garantías socioambientales confiables para los productos provenientes de la Amazonia. Las entidades ruralistas ya intentaron descalificar el estudio e intimidar a sus autores con procesos judiciales, en lugar de adoptar técnicas productivas sustentables que favorezcan la ganancia de productividad, trazabilidad y recuperación de las áreas degradadas.

A pesar de las evidencias recabadas en los estudios citados y de importantes resultados alcanzados en el ámbito del Programa de Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia, la ideología y las fuerzas que sustentan el modelo predatorio continúan en plena forma debido, especialmente, a la postura equivocada de algunos sectores del gobierno federal y del Congreso Nacional. Teniendo en cuenta las urgencias de nuestro tiempo –sintetizadas por la confluencia del agravamiento del calentamiento global y la situación dramática de las poblaciones pobres en todo el planeta– la persistencia de un patrón de desarrollo arcaico en Brasil –país clave para iniciar el viraje necesario hacia un modelo de base sustentable– es muy preocupante.

Desde los ministerios que definen políticas vitales para la Amazonia llegan discursos y medidas que aumentan esa preocupación, al converger en el desmantelamiento de la legislación ambiental y la defensa de facilidades económicas para sectores que especulan con tierras en la región (6), y al negarse a asimilar métodos que eviten nuevas deforestaciones. Esos sectores fueron premiados recientemente con una regularización agraria que distribuyó más de 60 millones de hectáreas de tierras públicas, buena parte de ellas a personas y grupos que las invadieron y promovieron su deforestación a gran escala. O sea, las autoridades responsables de las políticas de desarrollo tratan a los bosques como un obstáculo y no como un beneficio para la nueva economía del siglo XXI.

 La voz del pueblo

 Tal postura, no obstante, está siendo confrontada por las constantes alertas tanto de respetados formadores de opinión como de la propia sociedad. En una investigación realizada por el Instituto DataFolha en mayo pasado, el 96% de la población brasileña defendió la legislación ambiental y dio un mensaje claro a los productores rurales: pide respetar los límites establecidos por la ley para la protección de bosques, ríos, suelos y biodiversidad (7). Ya no se acepta la justificación de la producción de alimentos a costa de la destrucción ambiental.

Se ha llegado así, a un umbral. El gobierno brasileño necesita hacer una elección clara: liderar una transición que convierta a Brasil en una referencia mundial en la búsqueda de nuevos parámetros de desarrollo, o seguir siendo fiador del pasado, garantizando sobrevida a una concepción de mundo ya superada, que se basa en otorgar privilegios y permitir la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales para usufructo de algunos pocos, sin medir las consecuencias.

La investigación de Datafolha mostró que los brasileños quieren empleo, renta y acceso a bienes de consumo, pero no a cualquier precio. Quieren también seguridad ambiental, compromiso ético y visión a largo plazo para crear hoy las condiciones para un salto civilizatorio indeclinable.

En la Amazonia ese dilema se plantea de varias maneras. La explotación ganadera y maderera irregular es sólo uno de los aspectos. Otro, de igual importancia, es la puesta en marcha de obras de infraestructura. El conocimiento acumulado sobre las debilidades del bioma amazónico recomienda cuidados especiales en ese tipo de proyectos, comenzando por el imprescindible proceso de licenciamiento ambiental, hecho en forma y tiempo adecuados. Frente a eso, las maniobras para evitar o flexibilizar los procedimientos exigidos por la legislación con el objetivo de acelerar la aprobación de las obras, como se intenta, por ejemplo, con la ruta BR 319, son inaceptables. La historia enseña que, realizadas en discrepancia con las contingencias ambientales, esas obras son inductoras de procesos económicos y sociales que pueden redundar en verdaderas catástrofes sociales, culturales, ecológicas y económicas en toda el área de influencia del emprendimiento, en vez de generar los beneficios esperados.

Brasil vive un momento crucial, que exige, para que sea posible prosperar, elecciones valientes en pos de un cambio de rumbo y de patrones. Las alternativas ya existen, tienen fuerte base tecnológica, una concepción política e institucional innovadora y sectores de punta dispuestos a superar sus límites adoptándolas. Se trata de un desafío que no es sólo de los brasileños. Se impone a toda la comunidad global. Evidentemente, el país que detenta un patrimonio tan significativo como la Amazonia tiene una misión especial que cumplir.

Una misión domesticadora, en términos del siglo XXI. Si antes, en la historia de la humanidad, domesticar significaba dominar, sojuzgar e imponer, hoy quiere decir tener la capacidad de reinventar la civilización, sumando el ambiente natural como parámetro para la superación de los excesos y equívocos de la sociedad de consumo, en una perspectiva anticipatoria de la sociedad sustentable que se pretende consolidar.

Brasil es candidato natural a ser una gran nación para navegar el futuro y no puede continuar preso de las peores amarras de su historia, sin utilizar plenamente lo que ésta le ofrece como herramienta liberadora: los excepcionales recursos naturales y la igualmente excepcional diversidad social y cultural. A lo largo de las últimas décadas, esta opción ya fue realizada por crecientes contingentes sociales en los espacios académicos, comunitarios, empresariales, de organizaciones de la sociedad civil y en nichos de excelencia del sector público. De esa nueva cultura han emanado continuas demostraciones de que dar el salto cualitativo es posible y viable. Falta la opción decidida de aquellos que tienen mucho poder en el proceso decisorio del país y en la implementación de grandes políticas, es decir, los gobernantes y los sectores empresariales de peso.

 

 

Por Marina Silva, senadora de la República Federativa del Brasil por el Estado de Acre en representación del Partido de los Trabajadores (PT), fue ministra de Medio Ambiente (2003-2008).

Traducción: Claudia Solans


Notas:


 

1 Los servicios ambientales son funciones ecológicas y procesos que aseguran el equilibrio de los ecosistemas y posibilitan la supervivencia y el bienestar de todas las especies en el planeta.

2 Science, Vol. 324, Nº 5.933, Nueva York, junio de 2009.

3 www.reporterbrasil.org.br/documentos/conexoes_sustentaveis.pdf

4 www.amazonia.org.br/arquivos/308285.pdf

5 www.greenpeace.org.br/gado/FARRAweb-alterada.pdf

6 Véase Dario Pignotti, “Polémica diplomacia del cárbono”, en el dossier “Amazonia, el espacio geoestratégico del siglo XXI”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2009.

7 http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=891

 
Le Monde diplomatique. Brasil

 

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Los esfuerzos para detener el cambio climático en el planeta son insuficientes, y no basta con controlar las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera; se requiere detener la destrucción de bosques tropicales –que avanza a un promedio de 10 a 15 millones de hectáreas anuales– e incluir a las especies en peligro de extinción en los mercados internacionales de carbono (mecanismo creado en el Protocolo de Kioto en 2005 con el fin de asegurar la transferencia de recursos para aumentar la capacidad de la tierra de reabsorber el dióxido de carbono).

 

Así lo demandaron ecologistas del mundo reunidos en congresos de la Asociación de Biología Tropical y Conservación (ATBC, por sus siglas en inglés) y la Sociedad de Ecología Tropical (GTOE, por sus siglas en inglés).

Tras una reunión celebrada en Marbug, Alemania, ambas agrupaciones emitieron la Declaración de Marbug, en la que destacan “la necesidad urgente de redoblar esfuerzos para la conservación de la biodiversidad en las negociaciones sobre el carbono en los bosques.

“Si buscamos detener el nocivo cambio climático, simplemente debemos reducir la desenfrenada destrucción de los bosques tropicales, responsable de arrojar cada año 5 mil millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera”, dijo Miguel Martínez Ramos, investigador del Centro de Investigaciones en Ecosistemas (Cieco) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien presidió la ATBC en 2007.

“No basta con reducir las emisiones de carbono, también debemos salvar a las especies en peligro de extinción”, enfatizó.

Núcleos de vida

La declaración destaca que los bosques tropicales se encuentran entre los ecosistemas biológicamente más ricos de la Tierra y mantienen por lo menos a la mitad de todas las especies vegetales y animales en un área histórica que equivale apenas a 7 por ciento de la superficie del planeta.

Esos ecosistemas desempeñan una gama de servicios ecosistémicos primordiales, como el almacenamiento de grandes cantidades de carbono en su biomasa viva y en el suelo, con lo que reducen la erosión del suelo y las inundaciones corriente abajo.
Asimismo, los bosques tropicales son el hogar y proporcionan medios de subsistencia de cerca de 50 millones de personas.

En contraste, la rápida destrucción de estos ecosistemas produce alrededor de 20 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano –el equivalente a 5 mil millones de toneladas de CO2, anualmente–, causa importante del calentamiento global.

En el documento, los científicos afirman que el problema es que con frecuencia los mercados internacionales de carbono se enfocan en proteger bosques en extinción que se encuentran en las tierras más baratas, como en la Amazonia.

Con los acuerdos que se negociarán el próximo diciembre en la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas, en Copenhague, Dinamarca, este tipo de comercio de carbono muy pronto podría acumular miles de millones de dólares cada año.

“Las especies más amenazadas no están únicamente en la Amazonia”, dijo William Laurance, presidente de la ATBC en 2008 e investigador de la Universidad James Cook, de Australia.

“Estas especies se encuentran también en los últimos pedacitos de bosque que quedan en países como Filipinas, Madagascar e India, así como en África del Oeste, en las cadenas montañosas de los Andes en América del Sur y en Centroamérica.

Por su parte, Martínez Ramos insistió en que es posible cambiar de estrategia y proteger los bosques: “Existe un enorme potencial para ayudar a proteger los bosques con recursos económicos de los mercados de carbono, pero si no somos cuidadosos, podríamos desperdiciar la oportunidad de salvar vida silvestre crítica para el futuro del planeta”.

“Hacemos un llamado urgente a todos los países y corporaciones para que inviertan en fondos de carbono que ayuden a preservar los bosques tropicales que aún existen”, señaló Manfred Niekisch, presidente de la GTOE y director del zoológico de Frankfurt, Alemania.

De la Redacción

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Martes, 02 Junio 2009 08:13

La ruta de la soja por la Amazonía



La construcción de un puerto para el transporte, principalmente de soja, por la multinacional agroalimentaria Cargill, en Santarem, ha desviado el negocio de este cereal al Estado de Pará. Recorremos algunas comunidades que han sufrido los impactos.

Comunidad de Tracuá

Doña María nos espera en el umbral, rodeada por cuatro de sus nietos, secándose las manos con un trapo. Nos hace entrar en la casa de madera y paja, disculpándose por el desorden: son las seis de la tarde, el aire oscurece en el cuarto. Estamos en Tracuá, una pequeña comunidad en plena Amazonas, donde hoy en día viven apenas diez familias. Hace diez años eran más de 30. “Que no me pregunten a mí por qué se han ido”, se anticipa la dueña de casa. Poco después, sin embargo, accede: “Unos se han ido para que los hijos pudieran estudiar, otros por los transportes pésimos de aquí, otros porque ya no querían vivir sin energía eléctrica”.

Ciudad de Santarem

La razón de este éxodo, en realidad, se encuentra a unos 30 kilómetros más al norte: en la ciudad de Santarem. Nos hallamos en el Estado de Pará, a las orillas del río Amazonas, en el noroeste de Brasil._ En Santarem, en el año 2000, una de las transnacionales agroalimentarias más grandes del mundo, la Cargill, empezó a construir un puerto privado para el transporte de la soja. Hasta ese momento la mayoría de la producción del cereal estaba concentrada en el Estado de Mato Grosso, unos 1.000 kilómetros más al sur. Sin embargo, la cercanía del nuevo puerto empujó a muchos empresarios a adquirir tierras en el Estado de Pará, en algunos casos de forma ilegal: cientos de hectáreas (Ha) de selva fueron devastadas para dejar espacio a los nuevos cultivos, toda la economía de la zona cambió de forma asombrosa.

“Muchos vendieron y se han ido. El precio de la tierra se ha disparado desde 70 reales por Ha hasta 2.000 reales. Sin embargo yo no vendí, me quedo aquí, amo este lugar”. Doña María sacude el trapo para echar a los mosquitos. Ella no ha tenido ningún problema con los recién llegados, los fazenderos: “Todo lo contrario: han arreglado la carretera y han ayudado a mi yerno a talar los árboles de su tierra”.

Comunidad de Boa Fé


Sin embargo, las familias de la comunidad de Boa Fé, unos diez kilómetros más al norte, sí han tenido más de un problema. Para llegar recorremos la carretera BR 613, que atraviesa la Amazonía. A los lados de la carretera, pequeñas manchas de selva y muchos campos dejados al ganado o para los cultivos de soja y arroz. Al margen de una asamblea de la cooperativa ovícola local, Fabio José y Francisca Oliveira nos explican cómo la soja afecta los cultivos familiares, que a menudo representan el único sustento en su comunidad: “Las enfermedades de la soja se transmiten al maíz, a los frijoles y a la maracuyá. Estamos intentando luchar contra ellas utilizando métodos ecológicos, pero no está nada fácil. Muchas familias han dejado de cultivar, muchos han vendido, se han ido a la ciudad, donde sin embargo a menudo no han encontrado trabajo o bien han comprado otras tierras muy lejos."_ Otro problema ha sido el envenenamiento de los arroyos, denunciado por las ONG locales y que ha generado conflictos entre comunidades y fazenderos. “Aquí no tenemos arroyos porque, si no, nos los hubieran envenenado, como ha pasado en la zona de Monjuí, a pocos kilómetros de aquí. Si preguntas a la gente del sindicato de Belterra, ellos te explicarán mejor”.

Pueblo Bel Terra


Belterra fue construido en los tiempos de la Ford, cuando por estas tierras se extraía el caucho para los neumáticos. Sus casas tienen una arquitectura similar a las de las ciudades del midwest de Estados Unidos: con pequeñas terrazas en la parte anterior y jardines en la parte posterior. _ En la sede de Sindicato de Trabajadores Rurales de Belterra encontramos a Irlanda de Almeida. Habla despacio, midiendo las palabras: “Hemos luchado mucho para convencer a las personas para que no vendan la tierra, pero sólo últimamente hemos logrado parar las ventas. Incluso la prefectura de Belterra prohibió las ventas a partir del año pasado”. Todo está en saber si esto es un efecto de las campañas locales, de la caída de los precios (hasta 2006) o de la moratoria de la soja, aprobada en 2006 y respaldada también por las asociaciones de productores, que prohíbe la venta de soja proveniente de tierras recién sustraídas a la selva. “La cuestión es compleja”, nos explica la presidenta del sindicato, “porque si algunas familias venden, la producción de la comunidad no llega a un nivel suficiente como para que el transporte sea rentable. Así que, en un momento dado, también los que no quieren vender están obligados a hacerlo”. Luego está el problema de los venenos: “Conozco personalmente a una familia cuyas tierras estaban rodeadas por cultivos de soja. Debido a los agrotóxicos, los animales se han muerto y ellos también han comenzado a estar mal. Han tenido que irse”. Por lo menos dos comunidades en los alrededores de Belterra han desaparecido, según un mapeamiento comunitario coordinado por Greenpeace y la ONG local Saude y Alegria.

Comunidad Genipapó


Nos vamos hacia la comunidad de Genipapó. Desde la carretera, que podemos utilizar sólo porque lleva un día sin llover, vemos una vez más, manchas de selva y grandes cultivos de soja. En la entrada de la comunidad una pequeña escuela, donde cuatro alumnos asisten a clase. “Hace 15 años eran más de 42”, nos cuenta poco después Otilia Lora, una de las ‘sobrevivientes’ de la comunidad. Ella no tiene problemas con los grandes terratenientes: “Son muy respetuosos, nunca invaden las tierras ajenas. Cuando echan el veneno nos advierten siempre. Cerramos puertas y ventanas y listo. Sólo una vez mi hija se quedó fuera y tuvo vómitos, no podía estar de pie. Pero sólo fue un caso. Sin embargo, aquí es un lugar tranquilo, cultivamos la tierra y dormimos con las puertas abiertas”.

Carlo Cascione / Brasil
Martes 2 de junio de 2009.  Número 103
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En un informe demoledor de 140 página Greenpeace acusa al Gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de financiar a través de Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a los ganaderos, a quienes cataloga como los mayores destructores de la selva amazónica.

El ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, de quien se rumoreaba días atrás que estaba dispuesto a dejar el cargo si el Gobierno no escuchaba sus reivindicaciones a favor de los proyectos ecológicos, calificó este lunes el informe como de la "máxima importancia" y coincidió con Greenpeace en señalar a los ganaderos como los mayores destructores de la Amazonia.

Según el informe, el citado banco ha concedido créditos por miles de millones de dólares a las empresas ganaderas responsables del 80% de la deforestación de la selva. Cada 18 segundos se destruye una hectárea de selva. Según Greenpeace, a través de este banco público, el Gobierno ha formado alianzas con las cinco mayores empresas de la industria agropecuaria. Entre 2007 y 2009 esas empresas que exportan la mitad de la carne brasileña, recibieron 1.870 millones de de euros.

El informe revela que los ganaderos se han introducido hasta en áreas protegidas, algunas dentro de zonas concedidas a los indígenas, al mismo tiempo que se ha descubierto que muchos de estos ganaderos utilizan aún trabajo esclavo en sus haciendas.

"La industria ganadera en Amazonia", afirma Greenpeace "es el mayor causante de destrucción de la selva del mundo, responsable de una de cada ocho hectáreas destruidas globalmente". Según el informe "los esfuerzos para reducir las emisiones globales deben incluir cambios en el modo de producción del sector".

El problema es que Brasil, que en otros campos, es pionero en recursos naturales como la energía limpia, posee el mayor rebaño de ganado del mundo y es el mayor exportador de carne del planeta. De cada tres toneladas de carne comercializadas en 2008 en el mundo, una llevaba el cuño de Brasil. La preocupación de Greenpeace es que el Gobierno piensa en duplicar la participación brasileña en la producción mundial de carne hasta 2018 sin tomar medidas para que frenar la sangría de la destrucción de la Amazonia. El pan del Gobierno es que en esa fecha Brasil ofrezca dos de cada tres toneladas de carne comercializadas en el mundo.

Según André Muggiati, coordinador del informe de Greanpeace, el estudio revela cómo la destrucción de la Amazonia está conectada al mercado mundial. "La situación es gravísima", afirma. "El Gobierno brasileño tiene un papel fundamental porque invierte en industrias localizadas en la Amazonia, que, al desarrollarse estimulan la destrucción progresiva de la selva".
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