Brasil, que pretende ser un interlocutor de prestigio y de peso en los foros internacionales, cuenta por primera vez con un ambicioso Plan de Cambio Climático, considerado por los analistas mucho más avanzado que el Protocolo de Kioto. Es la primera vez que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido, con la movilización de 18 ministerios, elaborar un proyecto de defensa del medio ambiente para disminuir drásticamente la emisión de CO2, principal gas causante del efecto invernadero.

El Plan de Cambio Climático, firmado el lunes pasado por Lula y presentado a la conferencia de la ONU que sobre el tema se celebra estos días en Poznan (Polonia), ha sido bien acogido incluso por los ecologistas más críticos, aunque algunos consultados por este diario han sido prudentes, al recordar que Brasil se distingue por contar con leyes muy avanzadas que después acaban en agua de borrajas.

El Plan de Cambio Climático se ha hecho público justamente cuando se ha conocido que la destrucción de la Amazonia aumentó un 3,8% entre agosto de 2007 y julio de 2008, con un total de 11.968 kilómetros cuadrados de selva devastados, después de tres años de reducción de la deforestación.

Como es sabido, Brasil, con 20.000 incendios de selva amazónica por año, es uno de los países que más CO2 lanzan a la atmósfera. Es exactamente el cuarto país que más dióxido de carbono produce en el mundo. La Amazonia es responsable del 75% de los gases emitidos en todo el país. Según el ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, el protocolo firmado por Lula es como "cuatro Kiotos" juntos. El Plan de Cambio Climático abarca tres campos bien definidos: la lucha contra la destrucción de la Amazonia; el ahorro de energía y la alternativa al petróleo en los transportes. En este último campo se trata de aumentar un 10% el consumo de etanol en un año y evitar hasta 2017 la emisión de 500 millones de toneladas de CO2.

En lo referente a la deforestación de la Amazonia, el plan pretende reducirla entre el 20% y el 40%, evitando así la emisión de 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono y llegar a la meta de cero área destruida en 2015, plantando millones de árboles, tantos como se destruyen, en lugares hoy destinados a la ganadería y a la agricultura. Los productores que dejen de deforestar la selva permitiendo que pueda ser renovada serán indemnizados por el Gobierno.

También será abordado en el plan el asunto de la energía eléctrica, que pretende acabar con el desperdicio de un millón de megavatios anuales y reducir la emisión de CO2 en 120.000 toneladas a partir de 2009 y en 30 millones de toneladas hasta 2030. Se evitará la emisión de un millón de toneladas de CO2 mediante el cambio de un millón de calentadores eléctricos por otros que funcionan con energía solar.

Según el ministro Minc, Brasil, el país que cuenta con más agua dulce del planeta, con el mejor etanol, estaba hasta ahora en una posición defensiva y conservadora, mientras que, a partir de este Plan de Cambio Climático, todo eso va a cambiar. Lula ha pedido al ministro Minc que reúna a los 32 alcaldes de los municipios que más destruyen la Amazonia y a los gobernadores de los Estados involucrados para definir acciones conjuntas. Una de las iniciativas a discutir con ellos es la de estimular la conservación de la Amazonia con grandes incentivos del Gobierno para quienes se comprometan a dejar de destruirla.

En la redacción del plan han participado 18 ministerios —la mitad del Gobierno— incluso Hacienda y Asuntos Exteriores. Dichos ministerios seguirán ahora actuando para su realización. La secretaria de Cambio Climático, Suzana Kahn, recordó el lunes que el plan brasileño contra la contaminación ambiental va a realizar lo que nunca se había hecho en este país y que supera todas las expectativas. Según Kahn, entre los países en desarrollo sólo China e India cuentan con un plan semejante, pero el de Brasil, según ella, es el más concreto y consolidado.

Mientras tanto, el Gobierno se conforma con que la selva amazónica se destruya menos cada año. El fin de esta sangría, que ha acabado ya con el 20% de la mayor selva del mundo, es, por ahora, sólo un sueño.

Juan Arias 04/12/2008
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El río Pamplonita es la cuenca estructurante de buena parte de Norte de Santander, al oriente del país y en la frontera con Venezuela. Su importancia histórica y socio-económica es evidente, e innegable el significado del río como factor de identidad cultural, al punto que el hermoso pasillo de Elías M. Soto, “Brisas del Pamplonita”, es realmente el himno de la región.


En la cuenca del Pamplonita se ubica Cúcuta, la capital del departamento, con más de medio millón de habitantes. La población total de esta sección del país asciende a 1.200.000 habitantes, y más de la mitad vive en la mencionada cuenca.

Río maltratado

La importancia del río y su cuenca no se compadecen, sin embargo, con el tratamiento que se les ha dado, sobre todo en los últimos años. Colombia contribuye con el 5 por ciento de la deforestación mundial1, y ésta ocurre particularmente en la zona andina, sin que la cuenca del Pamplonita sea la excepción. El río, según la tabla de contaminación de cuencas2 publicada en el “Diagnóstico del Cumplimiento del Derecho Humano al Agua en Colombia”, elaborado por la Defensoría del Pueblo en 2009, presenta un índice de calidad del agua calificado como “malo”3. Las causas de tan grave calificación son, según el mismo informe: vertimientos domésticos de grandes asentamientos humanos, arrastre significativo de sedimentos, actividad petrolera, actividad agrícola, empleo de fertilizantes.

La situación del Pamplonita no es excepcional en el país. De las 88 cuencas analizadas, 40 presentan la misma mala calificación. Entonces no es de extrañar, según el mismo estudio, el rezago que tenemos en cuanto a tratamiento de aguas residuales, es muy alarmante: “al 88 por ciento de los vertimientos urbanos no se le aplica tratamiento alguno, y el 85 por ciento de los vertimientos rurales tampoco cuenta con tratamiento de lodos”4.


En materia de servicio de alcantarillado en Norte de Santander, sólo el 46 por ciento de los municipios contaba con este servicio en 2005, siendo el promedio nacional de 41 por ciento. En síntesis, al río más importante del departamento, por los servicios ambientales que presta, se arrojan las aguas residuales de la mayor parte de su población y de allí mismo se toma el agua para la capital.

Otra vez, Cúcuta sin agua

La actual emergencia, determinada por la ola invernal pero realmente causada por el mal manejo de la cuenca y los ecosistemas que estructuran el territorio, tiene un antecedente reciente que también mostró la gran vulnerabilidad de la capital nortesantandereana.

El 2 de junio de 2007 fueron vertidos al río 20.000 barriles de petróleo a raíz de la ruptura del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que cruza el Pamplonita a pocos kilómetros de la bocatoma de la Planta de El Pórtico, que a la sazón le suministraba a Cúcuta 1.600 litros de agua por segundo. Gracias al oportuno pero casual aviso de un agente de la policía, se alcanzaron a cerrar las compuertas de la bocatoma, evitando una tragedia de proporciones mayúsculas, pues el petróleo hubiera inutilizado irreparablemente dicha planta. En aquella ocasión, la séptima ciudad del país, estuvo 10 días sin agua potable. Las responsabilidades en el hecho y particularmente por la falta de funcionamiento de los dispositivos previstos y construidos para este tipo de emergencia nunca se establecieron realmente, a pesar de haberse anunciado demandas contra Ecopetrol.

Agua del Zulia no funcionó como opción

La única consecuencia que se derivó de esa emergencia fue la necesidad de disminuir la dependencia de Cúcuta respecto del río Pamplonita, y para ello se decidió traer agua del Zulia, al occidente de la ciudad, pero a menor altura, lo cual implica bombear agua, con la consiguiente necesidad de energía eléctrica para realizarlo, con mayores costos. Para tal efecto se habilitó la Planta de Carmen de Tonchalá, cercana a la termoeléctrica de Termotasajero. Igualmente se alcanzó a desplegar el Multipropósito del Cínera, megaproyecto que implica embalsar agua del curso alto del Zulia, creando un lago en el sitio de Hatoviejo, a 22 kilómetros de Cúcuta. Las consecuencias ambientales de este megaproyecto, que generaría electricidad y prestaría otros servicios, no se han estudiado cabalmente, como ocurre con otros similares en diferentes partes del país. La presente ola invernal ha puesto de presente los límites de este tipo de ‘soluciones’ al llegar las presas al borde de su capacidad de almacenamiento y amenazar con catastróficos desbordes.

Como corresponde a la mentalidad escapista y tecnicista, no fueron abordados con seriedad los problemas de fondo, como la deforestación de la cuenca y su restauración con especies nativas, el tratamiento de las aguas residuales de los municipios de la cuenca del Pamplonita y la prevención del riesgo que implica el paso del mayor oleoducto del país por el río que abastece a una de las 10 principales ciudades colombianas.

Cúcuta, de nuevo en jaque

La actual temporada invernal, efecto más de la variabilidad climática que del cambio climático, como lo han señalado varios expertos y cuyos efectos se derivan del modelo de desarrollo depredador que impera en el país, y no tanto de la intensidad de los aguaceros, puso nuevamente en jaque el suministro de agua para Cúcuta.

La turbidez de las aguas, producto de los sedimentos que arrastran el Pamplonita y el Zulia, resultado a la vez de la pérdida de cobertura vegetal en las cordilleras, obligaron al cierre de ambas plantas. A ello se sumó la interrupción del fluido eléctrico de Termotasajero a la Planta de tratamiento de agua de Carmen de Tonchalá, debido a los daños causados por el invierno en las líneas de conducción. ¡Todo un escenario de impotencia tecnológica! ¡Gran lección para quienes creen que podemos atentar impunemente contra la naturaleza porque disponemos del salvavidas de la técnica!

El resultado de todo ha sido la interrupción, alternada con el racionamiento drástico del suministro de agua para la capital fronteriza. Esta situación se prolonga ya por 20 días (para el 7 de mayo, al finalizar este artículo), y el futuro no es halagüeño ante los pronósticos de más lluvias que ha hecho el Ideam, los cuales han sido acertados en el curso de la oleada invernal que cumple ya casi un año.

El problema ha golpeado más fuertemente, como también es habitual, a los pobres. Uno de los sectores más afectados ha sido el populoso Juan Atalaya, que depende del agua de la Planta de Carmen de Tonchalá.

La privatización naufraga

Pero a todas estas, ¿quién le suministra el agua a la gente de Cúcuta? Desde 2006 y en desarrollo de la nefasta Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos, el acueducto de la ciudad fue privatizado y entregado por 15 años a la empresa Aguas Capital-Cúcuta, de la cuestionada familia Nule.

Como en el resto del país y en virtud de la mencionada ley, todos los costos del suministro de agua se les han trasladado a los usuarios. La tarifa para el estrato 3 asciende a $1.112 pesos por metro cúbico. Si bien no alcanza los niveles de Bogotá, donde es de $2.300 el metro cúbico, se trata de una tarifa costosa, teniendo en cuenta que gran parte de la población de la capital nortesantandereana registra ingresos por debajo del salario mínimo.

Los cucuteños se quejan de que, a pesar de la falta de suministro del líquido, la empresa Aguas Kapital sigue pasando las cuentas de cobro como si se hubiera recibido el agua. El propio Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, oriundo de la región, ha recomendado que no se cobre el cargo fijo a la ciudadanía, pues el servicio no se ha prestado5. Al tiempo, la Superintendencia de Servicios Públicos anuncia la apertura de una investigación contra Aguas Kapital por no contar con un plan de contingencia frente a la situación presentada.

Protesta ciudadana

La situación ha generado ya las primeras protestas ciudadanas. El jueves 5 de mayo, una multitud se reunió en el Parque Santander haciendo sonar pitos y golpeando cacerolas para denunciar el desabastecimiento y la corrupción. En los días anteriores hubo marchas y bloqueo de vías. Y ahora se fragua un movimiento social por el agua, y el frustrado Referendo por el Derecho Humano al Agua cobra cada vez mayor vigencia.

Sin embargo, las consecuencias de esta nueva emergencia se deben llevar más allá. Es urgente abordar en serio el problema de la ocupación del territorio, los sistemas productivos depredadores, la alarmante deforestación de la zona andina, y la ineficacia y la injusticia de la privatización de los servicios públicos. De lo contrario, y como ocurre en el resto del país, los nortesantandereanos continuarán sufriendo de sed con el agua al cuello.

  1. Según la FAO, la deforestación mundial asciende a siete millones de hectáreas al año y, según fuentes oficiales colombianas, de 366.000 hectáreas al año en el país, lo cual arroja un 5 por ciento de la deforestación en el planeta.
  2. Véase “Diagnóstico del Cumplimiento del Derecho Humano al Agua en Colombia”, Defensoría del Pueblo, abril de 2009, pp. 132-133.
  3. Este índice se elabora combinando indicadores como Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad, Oxígeno disuelto, PH y Sólidos Suspendidos.
  4. ibíd., p. 116.
  5. Ver www.radiosantafé.com 28-04-2011, “Defensoría del Pueblo propone no cobrar el agua en Cúcuta por fallas en el servicio”.
Publicado enEdición 169
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