Jueves, 05 Septiembre 2019 06:21

El lastre de la violencia en América latina

El lastre de la violencia en América latina

 Latinoamérica ostenta el título de ser la región con la tasa de homicidios más elevada del mundo. El nivel de violencia en las ciudades de América Latina se parece, por la intensidad, a un escenario de guerra silenciosa o guerra invisible. 7 de los 20 países con mayor tasa de asesinatos mundiales en 2017 son latinoamericanos. De las 50 ciudades con niveles de homicidios más altos, 42 están en América Latina, Los Cabos (México 365 homicidios), Caracas (Venezuela 3.387 homicidios), Acapulco (México 910 homicidios), Natal (Brasil 1.378 homicidios) y Tijuana (México 1.897 homicidios) son ciudades que superan las 100 muertes por cada 100.000 habitantes y año.

La mayoría de estas muertes no son fruto de las guerras, de conflictos armados, no son luchas por el poder político, son producto de economías ilegales como el narcotráfico, el tráfico de personas u órganos, de la violencia de bandas o maras, del control territorial y de la violencia interpersonal en la vida cotidiana. Economías que no funcionan sin la aplicación de violencia.

La violencia tiene unos efectos directos en vida de las personas y en el desarrollo económico del país. En aquellas zonas o poblaciones con elevadas tasas de criminalidad, la calidad de vida de las personas se ve altamente reducida, en tanto que esta violencia les impide tener trabajos estables, disfrutar de los espacios públicos seguros o tener restringido el derecho de moverse con libertad por su barrio; la violencia provoca bajo rendimiento escolar, altas tasas de abandono escolar en adolescentes y en definitiva el miedo que imponen en los barrios provoca que se rompa el tejido asociativo, las formas de organización vecinales, modifica las conductas de la gente y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres.

Las bandas, las maras o el narcotráfico, con sus formas de control territorial, de control de la vida de las personas que viven en ese territorio, de la extorsión económica que ejercen, de la imposición de trabajar para ellos o del miedo que imponen, rompen las estructuras relacionales de la población.

Frente a esta violencia, que la Organización Mundial de la Salud denomina como de epidemia y que afirma que se está volviendo crónica en algunas zonas urbanas, los gobiernos de los diferentes estados de América Latina han aplicado la misma receta política, la de «mano dura”. Esta política ha consistido en incrementar el número de policías en la calle, excesos de los mismos cuerpos de seguridad, modificar el código penal en el sentido de endurecer las penas de prisión y rebajar la edad de entrada a prisión para incluir a jóvenes de maras o bandas y finalmente de militarizar la seguridad incorporando a los militares en las tareas propias de la policía. La incorporación del ejército en labores policiales o la creación de unidades especiales fuera de la policía, se ha implantado como medida para contrarrestar la alta corrupción de los cuerpos policiales; pero esta política de mano dura y la presencia del ejército en la calle ha supuesto un aumento de desaparecidos o de ejecuciones extrajudiciales.

Estas políticas han provocado un incremento notable de miembros de bandas encarcelados y un aumento de los años de condena, lo que ha supuesto un incremento considerable de la gente encarcelada, en prisiones que ya de por sí estaban colapsadas y que como efecto contrario al perseguido, han facilitado que las redes criminales se organizaran mejor y desde dentro de las mismas cárceles y reforzaran su estructura orgánica.

Por otra parte hay que considerar los altos índices de corrupción de los estamentos públicos con dinero que provienen de las diversas formas de economía ilegal como el narcotráfico o el tráfico de personas, corrupción que afecta a los cuerpos policiales, los políticos electos, a los jueces o los empresarios. Los altos índices de corrupción es uno de los principales factores de la baja confianza y credibilidades en las instituciones públicas; en concreto la policía es de los estamento más degradados y con menor apoyo de la población y, no sólo por la corrupción sino también por la multitud de casos de denuncias por excesos o de denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y por los elevados índices de impunidad. Este deterioro de las instituciones públicas acaba fomentando que los países centroamericanos se hayan convertido en la principal ruta de la droga y el tráfico de personas hacia Estados Unidos.

Los desplazamientos de población centroamericana cruzando México hasta los Estados Unidos no es nueva, se remonta a hace bastantes años, pero en los movimientos actuales de población se puede apreciar como la violencia ejercida por las maras, las bandas o los grupos criminales se han convertido en un factor relevante en la emigración; al tiempo que está siendo un factor importante en los desplazamientos de población entre ciudades o dentro de la misma ciudad, la población huye de las extorsiones y amenazas. En una ciudad el control social y territorial de las bandas o las maras puede llegar a ser tan asfixiante o generar suficiente miedo entre las familias que lo mejor es marcharse. Las consecuencias del desplazamiento o la migración para estas familias es enorme, abandonan la casa, las escuelas, los trabajos y los escasos recursos económicos de la familia, todo ello afecta de forma profunda los vínculos familiares y los vínculos comunitarios.

Para la población la situación que viven es tan dura que políticamente están surgiendo populismos que defienden la «mano dura», candidatos políticos que ganan elecciones pero que gobiernan de forma autoritaria y que pueden llegar a poner en peligro los pocos logros democráticos que se han conseguido en derechos políticos, sociales o económicos. Desde hace más de 20 años que se están aplicando las mismas políticas públicas, las mismas recetas para combatir la violencia como pueden ser el populismo punitivo y represor o políticas de frontera que limitan el paso de personas, las mismas políticas que ya se ha visto que son obsoletas, pero que pueden generar votos haciendo creer a la gente que con mano dura todo irá mejor.

El segundo elemento preocupante son las iglesias evangélicas con un mensaje ultraconservador. Estas iglesias han sido determinantes en la victoria de Bolsonaro en Brasil, en Costa Rica el candidato a las elecciones a presidente y predicador evangélico, convulsionó las elecciones con un programa populista que explota el sentimiento popular antipolítico y religioso, o en Colombia donde las iglesias evangélicas lograron decantar la balanza por el «no» en el referéndum sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

No tengo respuestas o propuestas y menos respuestas simples y de corto plazo para revertir esta situación. En todo caso sí que estoy convencida de que las recetas políticas que se han aplicado hasta ahora no han resultado, u que hay que aplicar respuestas de largo plazo.

América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí que es la región más desigual, es importante revertir o disminuir las violencias estructurales, disminuir las brechas estructurales como: reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, eliminar la pobreza extrema, revertir la falta de infraestructuras (eminentemente donde viven los más pobres: alcantarillado, agua potable o transporte público), la segregación de población en función de los recursos económicos (guetos), incrementar la escolarización infantil y juvenil, mejorar la salud, respetar a las minorías. En definitiva respetar los Derechos Humanos, poner a las personas, la igualdad entre las personas y la dignidad de las personas en el centro de las políticas, cambiar el estilo de vida y el modelo de crecimiento implantando, respetando el medio ambiente.

Impulsar políticas que ayuden a las mujeres a ejercer sus derechos a los recursos económicos, poder acceder a la propiedad, poder acceder a la propiedad de la tierra, a combatir el patriarcado que provoca tantas violaciones de los derechos de las mujeres. Los jóvenes necesitan oportunidades reales de inclusión social, necesitan programas educativos, laborales, culturales, deportivos y recreativos que les permitan optar por planes de vida en sociedad. Los jóvenes necesitan trabajos legales como alternativa al crimen organizado o a las bandas delincuenciales.

También podríamos pensar en medidas más problemáticas políticamente como legalizar la droga, si la producción, distribución y consumo son legales, si se regulan y pagan impuestos una buena parte de criminalidad y violencia disminuiría.

Pero es necesario que la población de todo el mundo esté organizada, que crezca el tejido social donde las personas nos apoyamos mutuamente, pero también organizaciones que planteen respuestas y propuestas políticas que nos ayuden a convivir, respetando la diversidad y los derechos humanos de todas las personas. En definitiva es necesario que todos participemos en la construcción de un mundo mejor, es importante que este trabajo no lo deleguemos en los políticos.

5 septiembre, 2019

Tica Font, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

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Viernes, 03 Noviembre 2017 17:48

¡Cárcel!, ¡más cárcel!

¡Cárcel!, ¡más cárcel!

El tiempo transcurre y nada o muy poco es lo que la humidad aprende. Está demostrado, en Colombia y demás países de este sistema mundo, la cárcel no resocializa, cuando más –como dicen los mismos presos– “al que no mata lo desfigura”.

Pese a esto, los alcaldes de varias ciudades colombianas, en declaración conjunta del pasado 2 de noviembre, exigieron a los jueces que no permitan que los presos salgan de la cárcel –no piden que los maten porque tal pena no está considerada en el Código Penal, pero 60 años de encierro sí, que es igual que declararle a alguien la muerte bajo los muros–. Y no deberían ser excarcelados porque los índices de delincuencia están disparados en todas las ciudades. Sí, los hurtos de celulares, los robos menores, el cosquilleo, el fleteo. No les preocupan el robo de miles y miles de millones de pesos que suman 50 billones al año, según el decir del Contralor General de la Nación, para cuyos autores hay casa por cárcel o celdas de lujo pues sus autores son “honorables” delincuentes, hijos de prestantes familias, amigos de senadores, políticos y otros funcionarios públicos –ellos mismos senadores, políticos y funcionarios públicos–.

“Reclamamos con carácter urgente la derogatoria de estas leyes (1760 y 1786 de julio de 2017)....”, demandó Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué y militante del Polo Democrático Alternativo fuerza de izquierda que debiera tener otra visión sobre el delito y el castigo, pero resultaron igual de vengativos y carceleros que aquellos a quienes aspiran a suceder en la administración de la cosa pública.

“Nos preocupa que los delincuentes que capturamos con mucho esfuerzo son puestos en libertad...”, vociferó con esa cara de “yo no fui” Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. ¡Cárcel!, ¡Más cárcel!, como van a dejar en libertad al que cumplió la pena, ¿por qué no reformar el Código Penal y aprobar la cadena perpetua para todo delito?, claro, menos para todos aquellos delitos cometidos por quienes llenan sus bolsillo con los 50 billones de pesos de todos los colombianos, es decir, aquello delincuentes que con su proceder afectan no a una ni a dos personas sino a millones.

Los excarcelados suman 8.000 y son todo un terror, no importa que en los años o meses de encierro con que purgaron su pena hayan tenido que vivir la violación cotidiana de todos sus derechos, conviviendo en hacinamiento con miles, disputando cada noche con ellos un metro de baldosa o cemento para “armar su cama”, sin posibilidad de ser atendido de manera oportuna por un médico u odontólogo, sin recibir los medicamentos requeridos para el tratamiento de una enfermedad o dolencia, recibiendo garrote cada tanto ante el más simple reclamo, sometido a ración de guerra, etcétera. No importa, están obligados a ‘resocialización y así debe ocurrir’, piensan los burgomaestres de las principales ciudades del país.

Hasta el Fiscal General de la Nación, que debiera obrar con respeto ante el conjunto de jueces del país, expresó: “...cerca de 700 personas (de las liberadas) ya son reincidentes...”. –Mientras esto decía, en su fuero interno pensaba, ¿pero si la cárcel rehabilita, por qué reinciden?, y si reinciden, por qué los dejan en libertad? ¡Cárcel, más cárcel, esa es la solución!

¿Qué será de nuestras ciudades y sus pobladores?, podemos suponer que así piensa Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien se ufana de “combatir el crimen con eficacia” (al fin y al cabo para los tecnócratas la causa judicial también es una simple técnica que nada tiene que ver con la concentración de la riqueza, la negación de derechos y oportunidades, la crisis social en general y la falta de motivos de vida que depara la actual sociedad), mientras informa que en Bogotá ya fueron recapturados 400 de los liberados, otros 400 en Barranquilla, 200 en Medellín.

¡Cárcel! ¡Más cárcel!, para quienes descuadran nuestras cifras de control social, sin permitirnos hacer propaganda con nuestra eficiencia callejera. “Cárcel, más cárcel para la chusma!”, al fin y al cabo nuestros amigos y compañeros, con sus billones en cuentas secretas, dinero lavado a través de compañías off shore, purgan sus penas en la casa o en celdas de lujo, con visitas entre semana, comidas al gusto, atención personalizada y, seguramente, con la promesa de que sus penas serán reducidas en próximas negociaciones con la Fiscalía.

¡Cárcel! ¡Más cárcel!

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Viernes, 28 Abril 2017 15:27

Medellín en su laberinto: la seguridad

Medellín en su laberinto: la seguridad

Algunos gobernantes contemporáneos, hacen de la exposición pública el mecanismo por excelencia de su gestión. Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, es uno de los mejores exponentes de este gobierno en tiempo real.

 

A inicios de marzo el Nuncio papal en Colombia, monseñor Ettore Balestrero, confirmó que el papa Francisco estará en Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre de 2017. Una de las discusiones que surgieron a raíz de esta noticia, fue la relacionada con el jubileo con el que podían salir libres 20 mil presos en los próximos tres años1.

 

El alcalde de Medellín, se pronunció muy a su estilo (aparentemente coloquial) en torno al proyecto: “Hoy ni siquiera se necesita de Jubileo porque igual los están dejando libres a todos2”. El afirmar “los están dejando libres”, traza una línea divisoria entre las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia. De un lado estarían las autoridades que hacen un gran esfuerzo para capturar a los delincuentes y del otro, aquellos que los dejan libres. Cualquier “ciudadano promedio” pudo haber dicho lo mismo, de ahí la conexión del mandatario con el promedio.

 

En esa visión, de un lado estarían entonces el Alcalde y la Policía, quienes a mediados de enero de 2017 le anunciaron a la población que no descansarían hasta atrapar a tres sujetos motorizados que a plena luz del día, y en una vía céntrica de la ciudad, le hurtaron las pertenencias a la conductora de un vehículo y emprendieron la huida. El video del hurto se viralizó, lo mismo que la indignación de la sociedad que desde días atrás había escuchado cómo era cada vez más común esta modalidad.

 

El Alcalde, que desde el inicio de su mandato venía posicionándose como un fuerte enemigo de la delincuencia local, se pronunció de forma poca ortodoxa pero muy propia de su estilo: anunció que él mismo dirigiría el operativo y prometió que no se iría a dormir hasta no capturar a los tres “fleteros”. A las 2 de la mañana, cuando no se había logrado la captura de los sospechosos, el Dr. Gutiérrez se pronunció a lo Rodrigo Duterte en Filipinas: “No vamos a descansar hasta agarrar a esos tres delincuentes, el mensaje a la ciudadanía es que esto no puede volverse algo normal en la ciudad3”. Pese a que durante el año se denuncian aproximadamente 10 mil delitos similares o más graves, el Alcalde encargó a 200 policías de resolver este caso. Las pesquisas fueron exitosas. A primera hora del día siguiente, el trasnochado primer mandatario acompañado por el comandante de la Policía Metropolitana dio el parte de victoria: “Hemos resuelto un caso importante para la ciudad y así tenemos que actuar en cada uno4”. Sin embargo, a menos de 24 horas de su detención, los presuntos delincuentes salieron en libertad por no tener orden de captura. Toda la cruzada de opinión liderada por el Alcalde para perseguir a los pillos, enfiló baterías contra la “ineficiencia” y el garantismo extremo del sistema judicial que dejaba en libertad unos ladrones después del gran esfuerzo del equipo del burgomaestre. Dos de los supuestos bandidos fueron rápidamente recapturados, el tercero se entregó.

 

La victoria del Alcalde fue clara. Hacia el exterior le mostró a la ciudadanía que era posible ganarle la batalla a la delincuencia si existía liderazgo y voluntad política. Al interior del Estado se proyectó como un funcionario eficiente a diferencia de una rama judicial burocrática y sin sentido de justicia.

 

Antes de este episodio el Dr. Gutiérrez había intervenido, en ocasiones “personalmente”, las zonas de mayor comisión de delitos como homicidios, microtráfico, extorsión y prostitución en las comunas 5 (Castilla), 16 (Belén) y 10 (Centro), lo que le habría granjeado amenazas de las bandas y combos que hacen presencia en buena parte del Valle de Aburrá. El funcionario enfrentó abiertamente (en los medios) a alias “Pedro Pistolas” que, de acuerdo a las denuncias recibidas por la Fiscalía, era el artífice del plan criminal. En este caso, el burgomaestre también se trenzó en una disputa con funcionarios del ente judicial, a los que acusaba de corruptos y/o cómplices, dado que él solo fue notificado de las amenazas 17 días después que se hicieran públicas.

 

Al igual que en el episodio de los fleteros, el Alcalde surgió como el líder de la cruzada contra una delincuencia que lo amenazaba y frente a la cual los órganos judiciales y de control eran ineficientes, cuando no cómplices.

 

El impacto en la opinión pública de la lucha contra el crimen organizado de la administración Gutiérrez ha sido muy alto si se tiene en cuenta que su antecesor, el liberal Aníbal Gaviria, terminó su periodo con una percepción ciudadana de seguridad negativa. En ese gobierno, aunque bajaron los índices de homicidio, “el centro era un tumulto de atracos y en las comunas periféricas no había cuadra sin extorsión, pagaban –aún lo hacen– los tenderos, los buseros, los taxistas, los dueños de carro y moto que tenían que dejar el carro en la calle5”.

 

El actual alcalde ha explotado con éxito esa sensación, trazando una línea divisoria entre los que como él ‘están en guerra contra la delincuencia organizada’ y aquellos funcionarios que están en contubernio con los pillos o son demasiado legalistas para mantenerlos detenidos. Él mismo se ha posicionado como víctima de este concierto criminal y/o de la ineficacia judicial.

 

Eso ha llevado a que su índice de popularidad crezca vertiginosamente hasta llegar a ser el más alto del país de acuerdo con Gallup. Si para junio de 2016 tenía el 79 por ciento de aprobación, para septiembre del mismo año llegó al 83, siendo el segundo alcalde más popular de Colombia. Para marzo de 2017 alcanzó el 88 por ciento de aprobación apareciendo como “el mejor alcalde del país6”.

 

Pese a los altos índices de aprobación de la gestión por parte de la ciudadanía, los homicidios en el primer año de gobierno del alcalde Gutiérrez aumentaron un 7.7 por ciento, lo que rompe una tendencia de más de 6 años de rebajas consecutivas en los asesinatos en una ciudad que llegó a ser la más violenta del mundo en la década de 1990. ¿Asunto de percepción?

 

* Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.
1 El gobierno en cabeza del ministro de justicia, radicó un proyecto de ley que “establece, por una sola vez, la rebaja en una quinta parte de la pena privativa de la libertad impuesta en la República de Colombia, por delitos cometidos antes del 16 de marzo de 2017” (El Espectador. Redacción política, 2017)
2 El Colombiano. (20 de Marzo de 2017). Cita Textual. El Colombiano, pág. 22.
3 El Espectador. Redacción política. (17 de Marzo de 2017). ¿Qué proponen los tres proyectos de jubileo que serán presentados en el Congreso? Obtenido de El Espectador.com: http://www.elespectador.com/noticias/politica/que-proponen-los-tres-proyectos-de-jubileo-que-seran-presentados-en-el-congreso-articulo-685045
4 Revista Semana. (Enero de 2017). Los tres atracadores que el alcalde de Medellín persiguió toda la noche. Obtenido de Semana.com: http://www.semana.com/nacion/multimedia/federico-gutierrez-ayudo-a-capturar-a-tres-atracadores/512255
5 Semana. Nación. (02 de 01 de 2017). En 2017 los indicadores en seguridad mejorarán”: Federico Gutiérrez. Obtenido de Semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/federico-gutierrez-da-pronostico-del-2017/511278
6 Telemedellín. (2 de Marzo de 2017). Según encuesta, Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia son los mejores mandatarios del país. Obtenido de Telemedellín.com: http://telemedellin.tv/alcalde-medellin-gobernador-antioquia-mejores-mandatarios-pais/168273/

Publicado enEdición Nº234
Viernes, 26 Diciembre 2014 07:58

Una epidemia de asesinatos en Honduras

Una epidemia de asesinatos en Honduras

Desde bancos hasta jugueterías tienen las entradas vigiladas por seguridad privada con ametralladoras. Los militares son los encargados de resguardar las escuelas y de cumplir las tareas que le correspondían a la policía, como sucede en México.


Honduras es un país repleto de armas, con un promedio de veinte asesinatos diarios que ha naturalizado la barbarie. Desde bancos hasta jugueterías tienen las entradas vigiladas por seguridad privada con ametralladoras. Por otro lado, los militares son los encargados de resguardar las escuelas y de cumplir las tareas que le correspondían a la policía, ya que según el gobierno, y como en México, ésta fue relegada tras haber sido corrompida por el narcotráfico.


"Un policía mal pagado, un policía discriminado, un policía que sabe que está exponiendo su vida y que cualquiera de estos días va a dejar a su familia desprotegida, es presa fácil de cualquier ofrecimiento por parte de la delincuencia común o por la organizada", dice María Luisa Borjas, ex jefa de Asuntos Internos de la Policía Nacional, removida de su cargo por denunciar que el jefe del Estado Mayor Conjunto había participado en una banda que robaba autos.


Pero en vez de mejorar la calidad de la policía, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa sacó a los militares a la calle a mediados del 2012. Al mes, ya habían asesinado por la espalda a un joven de quince años que no frenó en un retén para que su padre no descubriera que le había usado la moto sin permiso. "Ya estamos cansados de decirles que no están preparados para lidiar con la sociedad. Ellos están preparados para otros menesteres, están entrenados para matar", denuncia Wilfredo Yanez, papá de la víctima, parado en la escena del asesinato, donde aún hay marcas de las balas que le dispararon a su hijo Ebed.


Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indica que la ola de violencia se da en un contexto de aumento de presupuesto militar y disminución de los de salud, educación y servicios públicos. "Honduras es el segundo país que más ha incrementado su presupuesto militar en los últimos años (58 por ciento desde 2010) en América latina después de Paraguay", señaló.


Aunque los militares tienen cada vez más poder, las muertes violentas no dejan de crecer. A pesar de que el gobierno aseguraba haber reducido el número a 69 sobre cien mil, la cifra es desmentida por la Organización Mundial de la Salud, con un informe publicado hace dos semanas, que ubica a Honduras entre los países más violentos del mundo. El informe de la OMS afirma que en realidad Honduras alcanza los 103,9 muertos por cada cien mil. En el continente, la segunda distante es Venezuela, con 57,6, mientras que Argentina ostenta 6 cada cien mil.


El contraste entre Honduras y sus vecinos inmediatos es aún más llamativo. "A dos horas de Tegucigalpa, los índices de seguridad en Nicaragua son totalmente inversos (13 homicidios cada cien mil), porque ese país se dio cuenta de que tenía que atacar el problema desde un punto de vista integral", ilustra Carlos Sierra, coordinador del Area de Seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).


Para Neesa Medina, especialista en femicidios, Honduras no sólo carece de un plan integral para aplacar la violencia, sino que la alienta a través del alto nivel de impunidad que garantiza su ineficaz sisterma judicial. "El Estado no sólo promueve la violencia y el armamento a su población, sino que la perpetúa a través de la impunidad del 95 por ciento de los casos de muertes violentas de mujeres que se dan a diario", apuntó la especialista. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el porcentaje de casos que terminan sin condena asciende a 98 por ciento cuando se trata de delitos por violación a los derechos humanos. Es que ni la fama que da ser Miss Honduras protege a las jóvenes. María José Alvarado apareció asesinada a balazos junto a su hermana hace un mes, justo el día en que debía volar a Londres para participar del concurso Miss Mundo.


Uno de los oficios más peligrosos en Honduras es el de conductor de transporte público. De acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), más de cien choferes de colectivos han sido asesinados este año. Yeleni Cruz, usuaria habitual de dicho transporte, sabe a lo que se expone. "El impuesto de guerra es que los mareros te piden una cuota mensual para que vos puedas tener tu negocio sin ser acribillado, porque ellos tienen el control de las drogas y el control del transporte público", describe mientras hace fila en la parada.


La violencia aqueja a toda la población, pero desde la sociedad civil afirman que practica una persecución colectiva para aprovecharse de los sectores más vulnerables. "Afecta a ciertas poblaciones como los indígenas, por las zonas con recursos naturales. Otros grupos vulnerables han sido los periodistas, abogados, líderes campesinos y miembros de la comunidad Lgtbi", afirma Erick Martínez, del Ciprodeh.


Mientras tanto, el actual presidente Juan Orlando Hernández ha lanzado este año los Guardianes de la Patria, una iniciativa para que chicos rodeados de militares reciban educación cívica y religiosa los fines de semana. Por primera vez en su historia, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas le envió una carta formal al presidente donde le solicita "abstenerse de implicar a niños y niñas en actividades como las visitas escolares a bases militares o los actos militares en los centros educativos", según relata Wilmer Vázquez, director de la Red pro niños, jóvenes y adolescentes Coiproden.


En Honduras un permiso para portar armas durante cuatro años vale sólo quince dólares. Berta Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), traza un paralelismo con las peores épocas del terrorismo de Estado. "Los mismos actores del pasado –afirma– han creado esta inseguridad para vender después políticas de seguridad."

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Diez países de la región cuentan con penales que superan su capacidad en un 200%

 

Las cárceles en Latinoamérica enfrentan una situación crítica en materia de hacinamiento y superpoblación, lo que provoca la saturación en los servicios que brindan a los reclusos, en especial la asistencia en salud, según un informe de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), una organización que reúne a 20 defensorías del pueblo, procuradurías y comisiones de derechos humanos. Hasta diez países cuentan con cárceles que superan su capacidad en un 200%.

 

La entidad subraya que la crisis en la que están inmersos los sistemas penitenciarios de la región atenta contra la seguridad de las cárceles y viola los derechos humanos de los presos y del personal. El hacinamiento y la superpoblación generan el aumento de la violencia, la saturación de los servicios de salud y el desgaste de la convivencia entre los presos, entre otros efectos.

 

Además, entre los diez países cuyas cárceles son las más pobladas del mundo, hay cuatro latinoamericanos. Haití encabeza la lista, con una tasa de ocupación carcelaria del 416%. Le siguen El Salvador, en cuarto lugar, con un 320% de sobrepoblación; Venezuela (270%) en séptimo; y Bolivia (256%) en octavo, según datos del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex (ICPS). La superpoblación en Paraguay alcanza un 131%, pero en su principal centro, la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, esa cifra salta al 333%, según reportes de la Defensoría del Pueblo de ese país.

 

Puerto Rico es uno de los pocos casos en la región en que las prisiones no están superpobladas. Según el informe de la FIO, los bajos niveles de hacinamiento —un 88%, cifra similar a las de España o Alemania, por ejemplo—, se debe a inversiones realizadas en infraestructura en el sistema penitenciario del país.

 

Entre los países donde hay una atención inadecuada en salud, destacan Colombia, Bolivia, Uruguay y Nicaragua. La mayoría de las denuncias registradas por las defensorías de Panamá y Costa Rica se refieren, asimismo, a la falta de atención médica. El problema se debe, en parte, a la cantidad insuficiente de profesionales. En varios centros penales de estos países es necesario trasladar los presos hacia el centro médico más cercano, de modo que con frecuencia pierden las citas debido a la falta de transporte y personal de custodia.

 

 

La dificultad de acceder al servicio médico viene acompañada de otros problemas: la insalubridad de las celdas e instalaciones, las malas condiciones de higiene y una alimentación inadecuada, que hacen de las cárceles ambientes propicios a la proliferación de epidemias y enfermedades.

 

Brasil ocupa el puesto 35 en la lista de los mayores índices de superpoblación carcelaria, con un 172%. Ese país tiene, sin embargo, la cuarta población penitenciaria del mundo: cerca de 548.000 presos, mientras la capacidad de los centros de detención no sobrepasa los 319.000. Casi la mitad de las prisiones del país no tienen cama para todos los reclusos, y en un cuarto de ellas no hay colchón para todos. El baño de agua no se calienta en el 66% de estas localidades, y en el 40% no se proporciona el material para la higiene personal, según la Procuraduría de los Derechos de los Ciudadanos del país.

 

Cerca del 40% de los reclusos en Brasil están en prisión preventiva, según constató el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que visitó varias cárceles del país en 2013 y registró sus impresiones en un informe. "Existe una cultura del uso de la privación de libertad como norma y no como una medida excepcional reservada para delitos graves, conforme lo exigen las normas internacionales de derechos humanos", afirmó tras la visita Roberto Garretón, uno de los miembros del grupo.

 

Los expertos expresaron su preocupación por la falta de asistencia jurídica a los detenidos, lo que se hace aún más grave "en un país donde la mayoría de los presos son pobres y no pueden financiar un abogado", señaló Garretón. El grupo se encontró con innumerables casos donde los reclusos tuvieron que esperar meses o incluso años para tener un juicio y descubrir cuáles eran las acusaciones en su contra.

 

Paraguay, además de Brasil, destaca en el conjunto por el uso excesivo de la prisión preventiva: 6691 de los 9229 presos del país (el 72,5%) están en esta situación.

Las entidades de la FIO recomiendan a las autoridades implicadas hacer un "uso racional de la prisión preventiva"; construir nuevos centros penales y ampliar la infraestructura existente; impulsar medidas alternativas a la reclusión para los delitos menos graves; y mejorar la calificación de los agentes de la Justicia, entre otras sugestiones.

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Un exguerrillero al frente de uno de los países más peligrosos del mundo

El Salvador, de apenas 21 mil kilómetros cuadrados y un poco más de seis millones de habitantes, es hoy por hoy, el cuarto país más peligroso del mundo por sus altas tasas de homicidios, según estadísticas de las Naciones Unidas (ONU). La tendencia en lo que va del presente año ha sido de alza en los niveles de violencia y convierte en el desafío más importante que enfrentará el nuevo presidente Salvador Sánchez Cerén, un exjefe guerrillero que ha prometido ponerle paro a la criminalidad a partir del primero de junio cuando asuma el Gobierno.


El nuevo mandatario heredará un país con una tasa de homicidios superior a los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes; esa cifra convierte a El Salvador en uno de los países más letales, especialmente por el auge del pandillerismo, que oficialmente se sitúa como la principal causa generadora de violencia incontrolable por el dominio de las llamadas maras en casi todo el territorio nacional.


En la más reciente encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) –centro regentado por sacerdotes jesuitas-, se indica que el 71,3 por ciento de los salvadoreños considera que la delincuencia es el principal problema que sufren y estiman que aumentó en los últimos cinco años en los que ha gobernado Mauricio Funes y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del cual Sánchez Cerén es uno de sus máximos líderes.


De acuerdo a estadísticas del Gobierno de Funes 17.400 personas fueron asesinadas producto del embate de las pandillas o "maras", así como de otras organizaciones del crimen organizado y de la violencia social; esta cifra representa un cuarto de todos los asesinados durante los 12 años de guerra civil. Hubo un respiro a mitad del período de Funes, dado que los liderazgos de las "maras" que están encarcelados lograron establecer una tregua en marzo de 2012. Inmediatamente los homicidios se redujeron de 15 a 5 diarios; durante 15 meses esa baja se mantuvo, pero a mediados de 2013 el Gobierno realizó un cambio en la seguridad pública, con lo que la "tregua mara" dejó de recibir apoyo.


Por otra parte, los homicidios no es la única preocupación de los salvadoreños: a decenas de miles de micros, pequeños y medianos empresarios los golpea la extorsión. A pesar que el obierno saliente afirma haber disminuido tal flagelo, los mismos empresarios indican que tienen pérdidas de más de 170 millones de dólares anuales por ese delito, el cual no sólo provoca el cierre de pequeños negocios, sino de migración de las familias afectadas.


En tanto, otro de los grandes retos que Sánchez Cerén tendrá que resolver será el de la sobrepoblación carcelaria. Las autoridades reconocen que las cárceles salvadoreñas tienen capacidad de albergar sólo para 8.000 personas, pero la población real es de 27.000; es decir, el hacinamiento es de más del 300 por ciento.


Para la magna tarea contra la ola delincuencial Sánchez Cerén designó como nuevo ministro de Justicia y Seguridad, al actual diputado Benito Lara, quien lleva nueve años al frente de la comisión de Seguridad y Defensa del parlamento y como jefe general de la Policía Nacional Civil (PNC), al comisionado y fundador de la fuerza policial, Mauricio Ramírez Landaverde. Ambos se han comprometido en hacer una combinación de prevención de la violencia con represión de la delincuencia, también con la depuración y modernización de la policía, lo que requiere de muchos recursos económicos, lo cual escasea actualmente en El Salvador, sumido en una crisis de falta de crecimiento y de generación de empleo.

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Jueves, 21 Marzo 2013 06:42

Cada quince minutos hay un asesinato

Cada quince minutos hay un asesinato

Entre 2004 y 2007, el conflicto armado de Irak resaltó en 76.266 muertes. En Sudán, otro país convulsionado, los muertos fueron 12.719, poco más que los 12.417 registrados en Afganistán. En el mismo período, los muertos de Colombia han sido 11.833. Pues en Brasil, entre 2004 y 2007, ocurrieron 147.343 muertes por armas de fuego. Ese número se hace aún más impactante comparado con el total de víctimas fatales registradas en doce países que vivieron conflictos armados, de la República del Congo a Pakistán, pasando por Somalia y los territorios palestinos e Israel: 169.574.

 

Esos son los datos compilados por el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos, que acaban de ser divulgados en Brasilia. Solamente en 2010, han sido asesinadas 36.792 personas en Brasil, un promedio de cien al día, o cuatro por hora. Una cada quince minutos.

 

Hay otros aspectos del mapa de la violencia en Brasil que llaman la atención. Si antes las muertes violentas estaban concentradas en los dos mayores centros urbanos, San Pablo y Río de Janeiro, ahora el fenómeno se nacionalizó. Con eso, Brasil sigue ocupando un lugar destacado entre los países más violentos del mundo, tomándose como base la proporción de asesinatos por cada cien mil habitantes: 20,4 personas.

 

Ese número sitúa a Brasil en el octavo puesto entre las cien naciones con estadísticas consideradas relativamente confiables, según la institución. La media de asesinatos es el doble de lo que la ONU considera tolerable (diez por cada cien mil habitantes). Julio Jacobo Waiselfisz, coordinador de la investigación, destaca que la violencia se diseminó por todo el país, aunque se haya concentrado en el nordeste y en el norte.

 

En Alagoas, por ejemplo, se registró en 2010 la tasa de 55,3 homicidios por cada cien mil habitantes. Es el estado donde más se mata a negros y mujeres. En la capital, Maceió, famosa por sus playas y polo de atracción turística, esa media es de 94,5 por cada cien mil habitantes. No sólo es la capital más violenta de Brasil, sino una de las más violentas del mundo.

 

El problema es que otras capitales muy turísticas, como Salvador de Bahía, también aparecen con índices elevadísimos (59,6 asesinatos por cada cien mil habitantes). Río de Janeiro, octavo estado con mayor proporción de muertos por arma de fuego (26,4 por cada cien mil habitantes), tiene una capital relativamente segura, comparada con las demás: 23,54. Más del doble del tope determinado por la ONU.

 

San Pablo, el más rico y poblado estado del país, es uno de los cuatro, entre los 27 estados brasileños, que se quedan por debajo de la marca que la ONU dice que es “tolerable”: 9,3 asesinatos por cada cien mil habitantes. Ha sido el estado con la disminución más significativa de esa proporción, en el período entre 2000 y 2010: 67,5 por ciento menos asesinatos. En Río de Janeiro, la caída ha sido de 43 por ciento. Y en Pará, entre 2000 y 2010, el número de asesinatos creció un absurdo 307 por ciento. En el vecino Maranhao, también en el norte miserable, aumentó 282,2 por ciento. En Bahía, 195 por ciento.

 

El estudio abarca un período que va de los dos últimos años de la segunda presidencia de Fernando Henrique Cardoso al final de los dos gobiernos de Lula da Silva. El resultado demuestra que pese a que los gobiernos estaduales, a lo largo de todos esos años, declararon reiteradamente que la seguridad pública era tema prioritario (también los gobiernos nacionales pulsaron la misma tecla), los resultados son elocuentes y preocupantes. Son políticas ineficaces o, en el mejor de los casos, insuficientes.

 

Hay muchas explicaciones para el fenómeno de la violencia: el narcotráfico, la gran cantidad de armas (legales y principalmente ilegales) en circulación y la misma cultura de la violencia como vía de solución para conflictos personales.

 

A eso hay que sumar la corrupción policial, la incompetencia olímpica de la policía a la hora de investigar crímenes, la absurda morosidad y la corrupción de la Justicia, el estado degradante y degradado del sistema carcelario.

 

En relación con la manera en que las muertes por arma de fuego se diseminaron rápidamente por todo el país, dejando de concentrarse en los dos o tres mayores centros urbanos de Brasil, la explicación resulta sorprendente: según la investigación llevada a cabo por el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos, el fenómeno se debe a la desconcentración industrial y a la migración interna provocada por la expansión geográfica de actividades económicas. O sea, cuanto más se desconcentran la industria y la economía, más se desconcentra la violencia.

 

La responsabilidad directa de la seguridad pública es de los estados, aunque el gobierno nacional igualmente tenga su propia política sobre el tema. De todas formas, los resultados observados deben ser imputados principalmente a los gobiernos estaduales, que se muestran, en la inmensa mayoría, incapaces de frenar la violencia que crece y se dispersa según crece y se diseminada la oferta de trabajo.

 

Todo eso hace recordar un viejo dicho brasileño: “Si corres, el bicho te atrapa; si te quedas, el bicho te come”. Así las cosas. El país diversifica su economía, por todas partes crecen las posibilidades de trabajo, empleo y renta, y crecen también la posibilidad de que, frente a una política ineficaz de seguridad pública, te peguen un tiro.

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Lunes, 12 Abril 2010 07:03

Pacificar a las favelas de Río

A lo largo de sus primeros dos años y medio como gobernador del estado de Río de Janeiro, período en que lanzó una política de confrontación abierta con el narcotráfico instalado en las favelas, Sergio Cabral defendió, contra viento y marea, el uso de la extrema violencia por parte de la Policía Militar. Los resultados fueron funestos para los moradores de esas barriadas pobres. Ahora, el mismo Cabral surge con una novedad: quiere “pacificar” a las favelas gracias a las UPP, o Unidades de Policía Pacificadora. En su gobierno, la confrontación con los traficantes que controlan la casi totalidad de las más de mil favelas mató a docenas de habitantes sin vinculación alguna con el crimen. Esa política sirvió únicamente para transformar a la policía de Río en la que más mata en todo el mundo, y aumentar de manera impresionante el número de víctimas inocentes bajo la ley del gatillo alegre.

Frente a la ineficacia irremediable de su plan original, Cabral cambió de rumbo. Pretende sanear las principales favelas de Río expulsando a los traficantes e instalando puestos policiales permanentes (ya no se trata de entrar, disparar un sinfín de tiros y luego salir, abandonando a los favelados a su propia suerte: ahora se entra, se expulsa a los narcos y un contingente policial se queda). Además se prometen beneficios que van de la pintura de las casas a guarderías infantiles. Gracias a generosos recursos del gobierno federal, las favelas recibirán desagüe, alumbrado público, pavimentación, servicio de colecta de basura, escuelas y puestos de salud.

Candidato a la reelección, transformado por pase de magia en firme aliado del presidente Lula da Silva, el gobernador Cabral pretende hacer de las UPP una vidriera de sus calidades. Mientras, los traficantes expulsados de las siete primeras favelas en que fueron instalados esos puestos policiales se refugiaron en otros cerros, donde los narcos locales los aceptaron con mucha reserva. No pueden vender drogas, ni participan en la división del dinero del tráfico, por ejemplo. Con eso aumentó considerablemente el número de asaltos a comercios y bancos en la ciudad, y los secuestros, que poco ocurrían en los últimos años, volvieron a preocupar (fueron al menos cinco desde diciembre). Pero en las favelas ocupadas ya no circulan muchachos armados y el comercio de droga cayó mucho.

Las primeras UPP se instalaron en la zona sur (la considerada “zona dorada” de Río) y en la muy poblada favela Ciudad de Dios, en la zona oeste. A fines de marzo se instaló una UPP en la más antigua de todas (con más de un siglo), en el centro de Río. En los próximos cuatro años otras 55 recibirán UPP, formando lo que se anuncia como un cinturón de seguridad, con el objetivo de preparar la ciudad para el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Para esas unidades, la Policía Militar de Río destacó soldados recién salidos de su academia, evitando los “contaminados” (además de la violencia, la corrupción es otra característica de la PM del estado).

Se calcula que la población beneficiada directamente por las primeras siete UPP roza la marca de los 120 mil habitantes. Hasta el final del año se prevé que otros 180 mil moradores de favelas serán atendidos por esos puestos policiales. En cuanto a los beneficiados indirectos, su número es más difícil de calcular: son los propietarios de inmuebles vecinos a las favelas ocupadas por la policía, cuyo valor había caído vertiginosamente y ahora empiezan a experimentar una fuerte revalorización. En algunas calles de Copacabana e Ipanema, vecinas a las favelas donde se instalaron UPP, el precio de los inmuebles aumentó hasta el 50 por ciento en cuatro meses.

Esos cerros cariocas comienzan a recibir visitas variadas, del embajador de Estados Unidos a periodistas extranjeros, pasando por turistas europeos y norteamericanos que se extasían con la vista deslumbrante y todo el pintoresquismo que los miseria tour suelen brindar.

Encuestas realizadas en marzo indican que el 93 por ciento de los moradores de los cerros que recibieron UPP aprueba la novedad. Pero 68 por ciento de los encuestados dijo temer la vuelta, más temprano que tarde, del tráfico de drogas. Es que los jefes y jefetes del tráfico se fugaron, pero muchos de los que antes traficaban a la luz del día siguen en los cerros. Ellos avisan: un buen día, la policía se irá. Y cuando eso ocurra, los que colaboran con las UPP serán punidos. En el léxico local significa que serán muertos.

Además existe un antiguo –y justificado– temor de los favelados con relación a la Policía Militar. La brutalidad desmedida siempre ha sido la característica principal de cada operación policial en los cerros. También por eso el actual mando de la fuerza optó por destinar nuevas tropas –”no contaminadas”, explican los comandantes– a las UPP. La natural desconfianza de los moradores de las siete favelas beneficiadas no ha desaparecido. En cambio apareció una nueva e inesperada esperanza en las otras mil favelas de la ciudad, que aguardan a su vez en la interminable cola de los abandonados.

Por Eric Nepomuceno
, escritor brasileño.
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A fines de julio se publicó en Brasil un libro llamado Auto de Resistencia, que reúne testimonios de diecinueve mujeres y dos hombres. Son quince madres, dos viudas, una suegra y una hermana de víctimas de la violencia en Río. Los hombres son un padre y un padrasto de un bebé y un joven muertos. Con dos únicas excepciones, todas las víctimas fueron asesinadas por efectivos policiales. Una de las excepciones es un superviviente de la Matanza de la Candelaria, ocurrida en una madrugada de 1993, cuando delante de la centenaria iglesia y en pleno centro de la ciudad un grupo de muchachos callejeros fue ametrallado por policías. La otra es un joven de 16 años que murió arrollado por un coche manejado a alta velocidad por un juez borracho.

Los casos narrados ocurrieron entre 1990 y 2005. El libro cuenta, de manera directa, sobre diecinueve muertos y un superviviente, pero a la vez trata de acciones que resultaron en por lo menos setenta asesinatos. Quizá no sean tantos, considerándose que la policía brasileña es la que más mata en todo el mundo. Pero son ejemplares.

En el escenario de brutalidad urbana que domina las ciudades brasileñas, ninguna de esas historias es singular. Son parte de una rutina bestial, historias que se turnan en las páginas de los diarios frente al silencio vergonzoso de la omisión y a la aridez perversa de la impunidad, la misma impunidad que es esencial para que todo siga tal y como está.

Es en contra de esa realidad que se levantan las voces de esas mujeres. Más que denuncia de la violencia brutal e impune, sus palabras son el lamento continuo y digno de los supervivientes de la desesperanza, de quien no se resignó a la pérdida y a la derrota. Algunas se dieron como misión de vida rescatar la inocencia de sus muertos. Que su memoria no sea ultrajada. Que se sepa que no murieron en enfrentamientos armados: fueron ejecutados a sangre fría. Otras, aun admitiendo que sus muertos hayan cometido delitos, luchan para que se sepa que ellos no tuvieron el derecho a ser juzgados y condenados como plantea la ley. Así de simple, tremendamente simple, es la reivindicación de esas mujeres.

El libro nació del programa de apoyo a familiares de víctimas de matanzas del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cándido Mendes, de Río de Janeiro, en asociación con el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal. Que exista –en una universidad brasileña y en colaboración con uno de los centros académicos más antiguos de Europa– un programa destinado a familiares de víctimas de matanzas promovidas por la policía demuestra hasta qué punto la violencia irracional ejercida por las fuerzas policiales en Río tiene efectos devastadores.

“Auto de Resistencia”: así se registran, en comisarías de policía, supuestos enfrentamientos armados de la policía con criminalesque resisten a las fuerzas del orden. De hecho se trata de una excusa formal para ejecuciones sumarias. En el Código Penal brasileño tal figura no aparece. Es una aberración heredada de la dictadura militar (1964-1985). Cada día se registran oficialmente tres “Autos de Resistencia” en Río. Casi un centenar al mes, más de mil al año. En esos enfrentamientos, reales o supuestos, por cada policía muerto mueren 43 civiles. O la policía de Río dispara antes de preguntar, o los criminales de la ciudad tienen la peor puntería de la historia.

El libro también narra una historia de superación del dolor, la trayectoria de una lucha callada. Cada mujer cuenta la última vez que vio a la víctima, cómo supo de su muerte, cómo es sobrevivir a esa mutilación irreparable.

Lo más impresionante de los testimonios, inclusive en sus momentos más desgarradores, es el tono sereno de quien se ajustó a una vida mutilada por la muerte, y decidió seguir. Una dramática sutileza en la que no hay rencor, no hay resentimiento, lo que existe es una grandeza apabullante, la serenidad de los guerreros obstinados y solitarios. El libro también narra otro calvario: la inmensa dificultad en hacerse oír, la lucha contra vientos y mareas para obtener justicia contra los asesinos.

En Río de Janeiro se sigue aplicando, al amparo cómplice del aplauso de las clases medias, la política de la confrontación. Frente a cualquier duda o sospecha, la policía está autorizada a mantener fáciles sus gatillos. La inmensa mayoría de los muertos son trabajadores jóvenes y pobres.

El libro Auto de Resistencia trae un prefacio de Boaventura de Sousa Santos, uno de los más respetados y respetables luchadores por los derechos elementales del ser humano. Dice él: “Este es un libro diferente. Quien lo lea sin sentirse alterado, conmovido y trastornado por cierto perdió el alma”.

Es cierto que las autoridades no lo leerán. Y, si lo leen, apenas confirmarán que han perdido, y para siempre, sus almas amargadas.

 Por Eric Nepomuceno *
 

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Washington, 12 de mayo. En pleno siglo XXI, piratas, puercos y peste son temas que continúan ocupando la atención en esta capital, y nadie sabe cuál es peor.

La influenza A/H1N1, primero bautizada como porcina, da la vuelta al mundo pero aquí ya hay menos alarma oficial, aunque los funcionarios y autoridades de salud advierten que no hay que bajar la guardia. Como siempre en el pasado, llegó la gran amenaza con sus fantasmas de la influenza de 1918, sólo para irse desvaneciendo; en unos meses, o tal vez un año, empezará todo de nuevo.

Los expertos aquí aún buscan el origen del brote, lo que el Washington Post llamó la identificación del puerco cero. Algunos indicios apuntan hacia La Gloria, en Veracruz, pero el precursor fue identificado en Carolina del Norte hace 10 años: la epidemia no tiene nacionalidad. Pero los expertos comprueban que el sistema moderno de granjas industrializadoras de cerdos en este país, México, Polonia y otros, es zona cero de estos brotes, y que esas instalaciones se han fundado conforme a los términos del libre comercio y las estrategias empresariales de globalización.

A la vez, otra amenaza continúa captando la atención de ésta, la principal potencia marítima de la historia: los piratas han regresado al escenario mundial.

Hace unos días, el capitán del Maersk Alabama, buque estadunidense que fue capturado por piratas de Somalia, visitó al presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Unos días antes, el Congreso realizó audiencias sobre cómo enfrentar a los piratas, algo que no había sido centro de atención desde principios del siglo XIX.

“Lo nuevo y complejo es el rápido incremento de la piratería y la extorsión contra la navegación en la costa de Somalia –advirtió Richard Lugar–. Estos piratas, como todos los anteriores, son motivados por las ganancias”, las cuales son enormes, dijo, pues llegan a millones de dólares en una región donde el ingreso per cápita promedio es de menos de dos dólares al día.

Para enfrentarlos, indicó el veterano senador republicano, podrían necesitarse medios militares, pero también es importante entender las causas de este problema, que para él se resumen en la falta de un estado de derecho. Esto subraya un punto: la existencia de estados fallidos amenaza de manera directa a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, expresó.

El 20 de abril, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otros escoltaron a un joven, Abdiwalu Abdiqadir Muse, oriundo de ese Estado fallido, al llegar a Nueva York para ser enjuiciado en este país bajo cargos de piratería. Los abogados bromeaban con que será difícil encontrar un defensor con experiencia, ya que el último juicio de un pirata en Estados Unidos se dio hace aproximadamente un siglo.

El profesor Joseph Nevins, del Vassar College, escribe que la escena recordaba un cuento escrito hace unos 16 siglos por el teólogo San Agustín, sobre un pirata capturado por Alejandro Magno, quien le preguntó al prisionero cómo se atrevía a molestar al mar. El pirata le contestó: ¿cómo te atreves tú a molestar al mundo entero? Por lo que yo hago con un pequeño barco me acusan de ser asaltante; a ti, que lo haces con una gran armada, te llaman emperador.

Pero resulta que la historia de los piratas, como la de la influenza, a pesar de tener orígenes antiguos, también es muy contemporánea. La llamada globalización ha llevado a jóvenes de Somalia, como Muse, quienes tal vez antes podían dedicarse a la pesca, como sus antepasados, a buscar esa opción ilegal. Algunos medios han reportado que las flotas pesqueras industriales trasnacionales están acabando con el producto marino en las costas de ese país.

También el comercio marítimo ha cambiado con la globalización y la desregulación. Aunque los buques suelen ser propiedad de países industrializados, ahora cada vez más son registrados en naciones del tercer mundo (Panamá, Liberia, Antigua) para evadir normas e impuestos, y sus tripulantes suelen ser trabajadores también de países en desarrollo, sin garantías ni normas laborales, que trabajan en condiciones poco atractivas. Según Leon Fink, profesor de historia en la Universidad de Illinois, la mayoría de los marineros mercantiles son filipinos, seguidos por rusos, ucranianos, chinos e indios.

Éstos son los que se enfrentan con los piratas, los cuales no se concentran sólo en Somalia, sino también en el Mar de China, el cuerno de África y en las aguas entre Indonesia y Malasia. De hecho, según la Oficina Marítima Internacional, se registraron más de 2 mil 400 actos de piratería en el mundo entre 2000 y 2006. En 2008, 49 naves fueron secuestradas, 889 tripulantes fueron detenidos y otras 46 naves sufrieron atentados. En lo que va de este año, los piratas de Somalia ya han atacado a unas 70 naves.

Pero, al igual con la contaminación de las grandes granjas fabriles, el fenómeno de los piratas es asumido sólo como costo de operación para las empresas trasnacionales que se han beneficiado de estas políticas económicas.

Sin embargo, en momentos de crisis, cuando cunde el pánico ante el anuncio de una pandemia apocalíptica, o cuando un capitán estadunidense es rehén de unos piratas, o cuando la tasa de desempleo llega a 8.9 por ciento (con subempleo, supera 15 por ciento), la más alta en 25 años, de repente los costos de operación ya no son un detalle, sino un desastre, y millones de contribuyentes pagan esas cuentas.

Y en conversaciones rutinarias, en bromas de cómicos, e incluso entre intelectuales y algunos políticos, se discute si la mayor amenaza son los piratas o los puercos, o financieros como Bernard Madoff, quien se robó 65 mil millones de dólares, o Allen Stanford, o los altos ejecutivos de los bancos de Wall Street que desataron la peor crisis financiera desde la gran depresión y contagiaron al mundo entero.

De hecho, cuando uno habla de piratas, puercos y peste, no está claro si se refiere a los que están allá, o a los de aquí adentro.

David Brooks
Corresponsal
 

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