Sábado, 31 Marzo 2018 09:22

El pulso por el control de la Fifa

El pulso por el control de la Fifa

Ahora que se acerca el mes de junio y con éste el mundial de fútbol Rusia 2018, los millones de aficionados, como los seguidores ocasionales, estarán atentos a los diversos partidos ansiosos de saber quién se alzará con la anhelada copa. Pero en la Fifa, uno de los grandes monopolios del mundo, todo es hecho a la medida de la máxima ganancia, por lo cual los escándalos gansteriles son parte de su práctica. Esa es la cara horrible del ente rector del fútbol mundial.

 

No es nada nuevo que tres años atrás estallara toda una cadena de delitos en la Fifa1, lo nuevo es que sean instituciones judiciales de los Estados Unidos –como el Departamento de Justicia, el Servicio Urbano de Impuestos (IRS) y el FBI–, quienes abocaran durante años una investigación que terminó con la orden de captura de siete altos funcionarios de la institución mundial de fútbol, acusados de lavado de activos, pago de sobornos, transacciones financieras ilegales, concierto para delinquir, entre los 54 delitos imputados2.

 

El núcleo del problema versa sobre la entrega de derechos mediáticos y de mercadotecnia, soborno de dirigentes de Estados Unidos y Suramérica, para garantizar con ello el control de eventos deportivos por realizarse en la región. Por lo tanto, no es un problema solamente judicial y penal, sino también geopolítico. ¿Qué es lo que está detrás de estas denuncias y detenciones?

 

El malestar de Estados Unidos

 

Un problema internacional. No debe olvidarse que en la disputa por la sede para el mundial de 2018, Estados Unidos y Rusia se encontraron como posibles sedes para el evento, pulso que finalmente ganó el país euroasiático; bofetada a la Federación de Fútbol de EU, la Concacaf3 y a los poderes políticos y económicos de Estados Unidos, quienes sostienen que fue con sobornos que los rusos ganaron la sede. A esto se suman los ingleses, que también querían la copa mundial y exigieron revisar la forma como Rusia fue elegida.

 

En el último congreso de la Fifa, en medio del escándalo por sobornos y de detenciones, Joseph Blatter –apoyado por Vladimir Putin– fue reelegido por quinta vez a la presidencia de uno de los mega-monopolios más poderosos del planeta, derrotando a su adversario el príncipe jordano Al Bin Al Husáin, quien contaba con el apoyo de Barack Obama, David Cameron, Ángela Merkel, François Hollande, el FBI, Scoltlan Yard y un largo etcétera.

 

Después de dos días de ser elegido, Blatter tuvo que renunciar debido a las presiones, sin embargo estuvo en el cargo hasta inicios del 2016 cuando fue celebrado un congreso extraordinario para elegir el sucesor en la dirección del gran-monopolio, que recayó en el suizo Gianni Infantino.

 

Estados Unidos no le perdona a Blatter no haber expulsado a Irán de la Fifa, de la misma manera que intenta que Israel ingrese a la Federación Mundial con la oposición de Palestina. Habrá que esperar la repercusión en la Fifa del acuerdo sobre armas nucleares entre los EU e Irán repudiado por Donald Trump. En principio Irán no será expulsado y a Israel le costará ingresar.

 

Limpiando terreno. Los estadounidenses quieren controlar la Fifa y para ello debían salir de Blatter y sus asociados, así como buscar acuerdos con los que quedaron al frente de la entidad. Hicieron la misma maniobra con Odebrecht: denunciar problemas de corrupción para reducir poderes. En la Fifa golpearon un sector con este discurso, lo cual no quiere decir que quienes quedaron en el poder del organismo internacional de fútbol estén exentos de corrupción.

 

Cambio de táctica

 

Por primera vez en la historia de la Fifa se postuló a un delegado de EU al Comité Ejecutivo de esa institución. Ya se escuchan voces para formar la Confederación Americana de Fútbol, que tendría sede en los Estados Unidos, de esta manera le restarían poder a la Conmebol, en especial a las asociaciones suramericanas como la AFA de Argentina, la FBF de Brasil y AUF de Uruguay, y así consolidar su poder en la región, lo que abriría posibles alianzas con los anti Blatter, para así hacerse al mando de la entidad internacional de fútbol.

 

Un gran nicho de billones de dólares. Los Estados Unidos no tienen tradición futbolera, sin embargo en las actuales condiciones políticas internacionales se metería de lleno a propiciar un enfoque en la Fifa. Su interés en el fútbol lo evidenciaron con la realización de la Copa América Centenario en 2016, donde mostraron su capacidad de llenar estadios con los latinos –hispanos como los llaman– que suman más de 80 millones, además de otros espectadores. El mercado está listo para un mundial.

 

¡La competencia para el mundial de 2026 ya arrancó! En una gambeta de Trump, Estados Unidos se prepara para ser sede, sus contrincantes hasta el momento son México, Canadá y Marruecos –que tiene 104 votos de 211–. Los norteamericanos van perdiendo el partido pues los suramericanos están con posiciones antiestadounidenses, ya que la mayoría de los dirigentes del fútbol de la región están presos en los EU; por otra parte hay un sentimiento anti Trump entre varios dirigentes debido a las posiciones antiinmigrantes y racistas del actual presidente.

 

Las disputas por el poder del fútbol

 

Durante los 17 años que Joseph Blatter estuvo al frente de la Fifa la dirigió apoyándose en la Conmebol, Concacaf y las Confederaciones de Asia, África y Australia, lo que dio lugar a jugosos contratos, campeonatos y a los mundiales de Corea-Japón 2002, Suráfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Como presidente del máximo organismo de fútbol, el suizo fue un decidido promotor del fútbol femenino en todas las categorías; impulsó la modernización de la salud en el deporte; inició escuelas de árbitros y técnicos. Todo esto en contra o por lo menos en detrimento de la Uefa (Unión de Asociaciones de Fútbol de Europa).

 

Gran Bretaña, acérrima enemiga de Blatter, estuvo dispuesta a sabotear el mundial de Rusia 2018 si este se mantenía en la presidencia. A raíz de una posible intervención de Rusia en la muerte de un exagente de inteligencia, Londres advierte que si se prueba la participación rusa, Inglaterra se retiraría del mundial 2018.

 

Disputas al interior de la Uefa. Los ingleses tienen diferencias con sus dirigentes; las rencillas no han terminado y pueden evidenciarse diferencias al interior del organismo; Gran Bretaña perdió en las votaciones para el mundial 2018 con Rusia; España y Francia, siendo de la Uefa, votaron con Blatter, y el resto de Europa votó con Platini –otro opositor de Blatter apoyado principalmente por Alemania–, quien se propuso como candidato a dirigir la Fifa y hoy está suspendido por seis años de toda actividad en la Fifa, junto con Blatter.

 

Los dirigentes del fútbol europeo y suramericano, así como los cronistas deportivos pro Uefa, ven que el único fútbol que vale la pena ver y costear es el europeo; sus argumentos se basan en las estadísticas de audiencia en campeonatos como la Champions League, Europa Ligue, Eurocopa, ligas como la española, inglesa, italiana, francesa y alemana; lo que deja a un lado los torneos y campeonatos de los demás continentes, además de seguir viendo regiones como América Latina para extraer talentos y llevarlos al fútbol europeo.

 

Por lo tanto, si la Fifa queda en las manos de la Uefa, es posible que inicie un proyecto internacional de fortalecimiento del fútbol europeo y se quede atrás o de lado todo el fútbol del resto de contenientes. Suramérica tiene para el mundial cuatro cupos y un quinto de repechaje, que lo podría perder a favor de los europeos si se reforman los estatutos a favor de éstos. La Copa América Centenario se realizó en 2016 en los EU precisamente por los acuerdos y presiones, cuando lo más lógico en apariencia era que se realizara en un país suramericano, pues de las 99 ediciones de la Copa ninguna se realizó en los EU.

 

Finalmente, las denuncias y casos de corrupción al interior de la Fifa son ciertos, pero su destape es una maniobra para propiciar el fortalecimiento de un sector que quiere disputar la organización, acabando con lo poco de fútbol que existe en otros continentes.

 

Es evidente que la Fifa, como un gran monopolio del capital financiero internacional, usa métodos delincuenciales como los usan todos los poderosos del capital financiero, tratar de limpiarla y darle un nuevo esquema no quiere decir volverla algo diferente.

 

1 El periodista deportivo de investigación, Andrew Jennings denunció fraudes y sobornos desde 1998 y nadie hizo nada.
2 Acción apoyada por las autoridades suizas y la Interpol el 27 de mayo de 2015, dos días antes del 65 Congreso de la Fifa.
3 Confederación de fútbol de América del Norte, Centro América y el Caribe.

Publicado enEdición Nº244
Jueves, 31 Agosto 2017 06:26

Historia negra, novela negra

Historia negra, novela negra

En las conversaciones literarias nunca deja de aprenderse, desde las más esenciales a las banales. En la Feria Internacional del Libro de Panamá, donde he venido a recibir el premio Panamá Negro, se ha discutido en una mesa en la que participo por qué a la novela policiaca se la llama novela negra.


Se arguyeron no pocas razones, pero uno de los participantes trató de zanjar el debate informando que todo viene del color negro que tuvieron desde el comienzo las tapas de los libros de la serie policial de la editorial Gallimard en Francia. Pero alguien más alegó que ya antes, novelitas de este tipo se publicaban en la revista Black Mask (Máscara Negra) en Estados Unidos, lo cual deja abierta la competencia en cuanto a la denominación de origen.


Novela negra es el sinónimo más difundido, y preferido, cuando queremos decir novela policiaca, o novela criminal, o novela sobre policías y criminales; y como el ambiente en que la trama se desarrolla es generalmente oscuro, de bajos fondos, como el de las novelas del género en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, con clásicos como Raymond Chandler y Dashiell Hammett, el nombre no le viene mal.


En este tipo de literatura, que la hay desde la de consumo rápido, para leer y tirar, hasta verdaderas obras de arte, el personaje es por lo general un detective, oficial o privado, que resuelve los misterios que rodean un crimen y termina atrapando al hechor, la mayor parte de las veces debido a su propia sagacidad, atando cabos, o a lo que conocemos como olfato profesional de sabueso.


Y todo mundo está de acuerdo en que el género lo funda en la primera mitad del siglo XIX Edgard Allan Poe, cuyo personaje, Augusto Dupin, quien aparece por primera vez en El crimen de la calle Morgue, es el padre de todos los detectives de novelas, sin el cual nunca hubiera existido Sherlock Holmes, el sagaz investigador de Arthur Conan Doyle, o el amanerado detective Hércules Poirot creado por la infatigable Agatha Christie.


Un detective protagonista de una sola novela negra, no trascendería. Es su persistencia, mediante una sucesión de casos resueltos en distintos libros, como los personajes mencionados anteriormente, que el detective logra convertirse en un clásico; o como el famoso inspector Maigret creado por George Simenon, el prototipo del investigador tranquilo y bonachón, que debe rendir cuentas de sus ausencias a su esposa, y lejos de balazos, persecuciones espectaculares y escenas de cruda violencia, atrapa al criminal tendiéndole redes sutiles que fabrica en su cabeza.


Un investigador clásico, que devela crímenes en Inglaterra o en Francia, parte en la novela de un supuesto de solidez institucional, donde la ley se halla por encima de todas las cosas. Son policías honestos, respetan las estructuras de las entidades policiales a las que sirven, y responden ante fiscales incorruptibles y jueces probos. Apenas se atreven a probar licor en horas de servicio, como la copita de calvados de Maigret, y nada de golpizas a los prisioneros en los interrogatorios, para empezar.


Dependen, por tanto, de su propio intelecto, y de su experiencia profesional para llevar adelante una investigación, sin trasgredir límites. Todo lo contrario de América Latina, donde debemos partir de supuestos diferentes, o más bien contrarios.


En este caso, la deuda es más con la novela negra de Estados Unidos, que con la europea, basada en presupuestos cartesianos. Personajes como los detectives privados Sam Spade de Dashiell Hammett, o Philip Marlowe de Raymond Chandler, son ellos mismos sórdidos, marcados por el destino como perdedores, inclinados al alcoholismo, y con una visión cínica, o negra, de su propio oficio, y del mundo. Y deben enfrentarse a policías o jueces venales, capitalistas sin escrúpulos, y en general, al peso corrupto del poder.


En la novela negra de América Latina, los detectives, ya sea que trabajen para el Estado o lo hagan por su cuenta, deben moverse en aguas infectadas; y como la línea entre el bien y el mal apenas de distingue, tampoco ellos pueden tener clara su propia rectitud de conducta, y no pocas veces terminan contaminándose. Las instituciones están minadas por el poder del crimen organizado, y la policía y las estructuras judiciales han sido tomadas por el narcotráfico. Y los que quieren comportarse como héroes saben que lo hacen por su propia cuenta y riesgo.


Desde que se presentan en el lugar de los hechos, saben que todo huele a podrido, y que deberán marchar contracorriente, abriéndose paso entre una maraña de trampas. Un camino que conduce al desengaño, y de allí al cinismo, como el Zurdo Mendieta, el héroe, o antihéroe, de las novelas de Elmer Mendoza, cuyo teatro de operaciones es nada menos que el estado de Sinaloa, donde los cárteles del narcotráfico son los que definen las fronteras de la ética.


Entonces el género sirve, como en ninguna otra literatura, para retratar las sociedades en que vivimos, como una nueva manera de realismo literario, más eficaz que cualquier otro. O una especie de naturalismo del siglo XXI, lo negro, lo sucio, lo descarnado. Destapar el albañal. La novela policiaca se convierte así en un vehículo para contarnos cómo son los países en que vivimos, o para recordárnoslo.


La novela negra se convierte en el espejo de la corrupción trasnacional, como la alentada desde Brasil por Odebrecht, por ejemplo; el tráfico de drogas, un negocio también trasnacional, la conversión a ojos vista de no pocos estados de derecho en estados fallidos, o en narcoestados. El pillaje descarado con los bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, el dinero fácil, el fracaso de la ley y el arrinconamiento de la justicia al desván de los trastos inservibles. La impunidad.


Cada sociedad tiene la literatura que se merece, o la que necesita. En este sentido, no pareciera sino que la novela negra está destinada a reinar en América Latina. n
Panamá, agosto de 2017
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Publicado enCultura
Domingo, 02 Julio 2017 09:45

¡Nosotros somos la justicia!

¡Nosotros somos la justicia!

Cualquier desprevenido pensaría que los diplomáticos gringos han terminado por aprender, y con asombrosa rapidez, el proverbial santanderismo colombiano. Por lo menos es lo que se deduce de la carta que el Embajador asignado a nuestro país acaba de dirigir –con fecha del 7 de junio– al presidente de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier. Del contenido de sus tres páginas, en áspero texto de mecanografía descuidada, puede concluirse lo siguiente: a su juicio, la decisión de otorgar la libertad al guerrillero de las Farc, Julio Enrique Lemos, el mismo que estaba siendo solicitado en extradición por una Corte de los Estados Unidos, acusado de secuestro de un “ciudadano americano”, entra en contradicción con el espíritu de la cooperación entre las dos naciones en materia de justicia. Allí, detrás de la infaltable expresión del “respeto a la soberanía” aparece un concepto, de veras preocupante: “Justicia Bilateral”.

 

Pero la rabia, que la misiva no trata de ocultar, se produjo, al parecer, por un hecho meramente circunstancial. El guerrillero había salido de su zona veredal y se había desplazado a Medellín para una cita médica. Fue allí donde lo capturaron, el 22 de febrero. La oportunidad, según dicen, la pintan calva. La Embajada de los Estados Unidos hace saber, el 20 de abril, la solicitud de extradición. En este punto no queda claro por qué se dice que la captura se hizo precisamente para extraditarlo. En todo caso, resulta que el 31 de mayo la Corte decide ordenar su libertad. En pocas palabras: ¡ya lo tenían en sus manos y se lo arrebatan! Curiosamente, en la carta se dedica un largo párrafo a demostrar la ilegalidad del permiso otorgado al guerrillero para concurrir a la cita médica. ¡El colmo de la incoherencia si se tiene en cuenta que fue este desplazamiento el que permitió su captura!

 

La única explicación de esta incoherencia consiste en que, como lo sabe todo abogado, con tal de alcanzar el objetivo buscado, cualquier irregularidad o falta en el procedimiento que se detecte es más útil que cualquier argumentación razonable. Y el señor Whitaker parece engolosinado con las lecciones aprendidas. En la carta no ahorra disquisiciones jurídicas y argucias de procedimiento de fastidioso estilo. De entrada sorprende la carga de adjetivos, indigna de la cultura anglosajona, que utiliza para calificar el delito del que se acusa al guerrillero. Despiadado e inhumano, sumamente violento y criminal, vil y cruel. Sin duda para reforzar la idea de que semejantes delitos están excluidos, en el proceso y los acuerdos de paz, de cualquier tratamiento especial y en particular de la exención de extradición. Y para abundar en razones desliza una sospecha que presenta como si fuese algo comprobado: al parecer el secuestro habría sido cometido para “beneficio personal”.


A propósito del acuerdo de paz, que dice apoyar y sobre el que se atreve a sentar doctrina, introduce una afirmación también preocupante: “Uno de los principios centrales de ese proceso es poder alcanzar una paz estable y duradera a través de la justicia”. La misma filosofía de “sometimiento a la justicia” que, según se dijo, se aplicó a los paramilitares.

 

No conocemos de una respuesta formal de parte de la Corte Suprema de Justicia. Solamente algunas alusiones del presidente Santos en su acostumbrado estilo sibilino. Sin embargo, sospechamos que sería muy sencillo intentarlo. Lo cierto es que al señor Lemos tendrían que argumentarle debidamente los cargos que le pudieran imputar tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y para ello existe precisamente el procedimiento que lleva a la jurisdicción especial; sólo así podría definirse si se encuentra incurso en delitos de lesa humanidad que autorizarían la extradición. Más aún si se tiene en cuenta que no pocas veces se han extraditado inocentes, incluso por la simple confusión de un homónimo. Entre tanto, el señor puede permanecer en la misma condición que el resto de guerrilleros pues las órdenes de captura están suspendidas. Es lo que simplemente hizo la Corte.

 

No obstante, lo que hay en la carta, detrás de tan frondosa enredadera jurídica, no es más que una arrogante notificación, una escueta advertencia. No importa el enorme y barroco edificio jurídico para la paz que tan acuciosamente se propusieron hacer los colombianos, lo cierto es que el Tratado de extradición tiene primacía y las solicitudes que se hagan deben ser atendidas antes de cualquier otro procedimiento. Y esto, en relación con el proceso de paz, sugiere nuevas y particulares inquietudes. Cuando hace nueve años, el 13 de mayo de 2008, fueron extraditados por el delito de narcotráfico catorce jefes paramilitares que habían llegado a un arreglo judicial en Colombia, muchos sugirieron que el gobierno de entonces trataba con ello de evitar ser salpicado con sus posibles delaciones; no obstante, aunque tal explicación era plausible, había otro interrogante que casi nadie formuló con claridad: ¿hasta dónde llega la presión del gobierno de los Estados Unidos? La carta que comentamos nos recuerda, por lo menos, que su capacidad de intimidación es notable. Como para que se tome en serio va con copia al Presidente de la República y seis altos funcionarios más.

 

La conminación –y aquí sí que cabe el término en todo su rigor– no podía ser más clara: “Finalmente, informo a la Corte que mi gobierno continuará persiguiendo (sic) este caso para asegurar que todos los mecanismos legales que tenemos disponibles sean aplicados, con el objetivo de asegurarnos que Lemos enfrente la justicia en Estados Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado”.

 

Tomado de:

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Viernes, 23 Junio 2017 15:53

¡Nosotros somos la justicia!

Cualquier desprevenido pensaría que los diplomáticos gringos han terminado por aprender, y con asombrosa rapidez, el proverbial santanderismo colombiano. Por lo menos es lo que se deduce de la carta que el Embajador asignado a nuestro país acaba de dirigir –con fecha del 7 de junio– al presidente de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier. Del contenido de sus tres páginas, en áspero texto de mecanografía descuidada, puede concluirse lo siguiente: a su juicio, la decisión de otorgar la libertad al guerrillero de las Farc, Julio Enrique Lemos, el mismo que estaba siendo solicitado en extradición por una Corte de los Estados Unidos, acusado de secuestro de un “ciudadano americano”, entra en contradicción con el espíritu de la cooperación entre las dos naciones en materia de justicia. Allí, detrás de la infaltable expresión del “respeto a la soberanía” aparece un concepto, de veras preocupante: “Justicia Bilateral”.

 

Pero la rabia, que la misiva no trata de ocultar, se produjo, al parecer, por un hecho meramente circunstancial. El guerrillero había salido de su zona veredal y se había desplazado a Medellín para una cita médica. Fue allí donde lo capturaron, el 22 de febrero. La oportunidad, según dicen, la pintan calva. La Embajada de los Estados Unidos hace saber, el 20 de abril, la solicitud de extradición. En este punto no queda claro por qué se dice que la captura se hizo precisamente para extraditarlo. En todo caso, resulta que el 31 de mayo la Corte decide ordenar su libertad. En pocas palabras: ¡ya lo tenían en sus manos y se lo arrebatan! Curiosamente, en la carta se dedica un largo párrafo a demostrar la ilegalidad del permiso otorgado al guerrillero para concurrir a la cita médica. ¡El colmo de la incoherencia si se tiene en cuenta que fue este desplazamiento el que permitió su captura!

 

La única explicación de esta incoherencia consiste en que, como lo sabe todo abogado, con tal de alcanzar el objetivo buscado, cualquier irregularidad o falta en el procedimiento que se detecte es más útil que cualquier argumentación razonable. Y el señor Whitaker parece engolosinado con las lecciones aprendidas. En la carta no ahorra disquisiciones jurídicas y argucias de procedimiento de fastidioso estilo. De entrada sorprende la carga de adjetivos, indigna de la cultura anglosajona, que utiliza para calificar el delito del que se acusa al guerrillero. Despiadado e inhumano, sumamente violento y criminal, vil y cruel. Sin duda para reforzar la idea de que semejantes delitos están excluidos, en el proceso y los acuerdos de paz, de cualquier tratamiento especial y en particular de la exención de extradición. Y para abundar en razones desliza una sospecha que presenta como si fuese algo comprobado: al parecer el secuestro habría sido cometido para “beneficio personal”.
A propósito del acuerdo de paz, que dice apoyar y sobre el que se atreve a sentar doctrina, introduce una afirmación también preocupante: “Uno de los principios centrales de ese proceso es poder alcanzar una paz estable y duradera a través de la justicia”. La misma filosofía de “sometimiento a la justicia” que, según se dijo, se aplicó a los paramilitares.

 

No conocemos de una respuesta formal de parte de la Corte Suprema de Justicia. Solamente algunas alusiones del presidente Santos en su acostumbrado estilo sibilino. Sin embargo, sospechamos que sería muy sencillo intentarlo. Lo cierto es que al señor Lemos tendrían que argumentarle debidamente los cargos que le pudieran imputar tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y para ello existe precisamente el procedimiento que lleva a la jurisdicción especial; sólo así podría definirse si se encuentra incurso en delitos de lesa humanidad que autorizarían la extradición. Más aún si se tiene en cuenta que no pocas veces se han extraditado inocentes, incluso por la simple confusión de un homónimo. Entre tanto, el señor puede permanecer en la misma condición que el resto de guerrilleros pues las órdenes de captura están suspendidas. Es lo que simplemente hizo la Corte.

 

No obstante, lo que hay en la carta, detrás de tan frondosa enredadera jurídica, no es más que una arrogante notificación, una escueta advertencia. No importa el enorme y barroco edificio jurídico para la paz que tan acuciosamente se propusieron hacer los colombianos, lo cierto es que el Tratado de extradición tiene primacía y las solicitudes que se hagan deben ser atendidas antes de cualquier otro procedimiento. Y esto, en relación con el proceso de paz, sugiere nuevas y particulares inquietudes. Cuando hace nueve años, el 13 de mayo de 2008, fueron extraditados por el delito de narcotráfico catorce jefes paramilitares que habían llegado a un arreglo judicial en Colombia, muchos sugirieron que el gobierno de entonces trataba con ello de evitar ser salpicado con sus posibles delaciones; no obstante, aunque tal explicación era plausible, había otro interrogante que casi nadie formuló con claridad: ¿hasta dónde llega la presión del gobierno de los Estados Unidos? La carta que comentamos nos recuerda, por lo menos, que su capacidad de intimidación es notable. Como para que se tome en serio va con copia al Presidente de la República y seis altos funcionarios más.

 

La conminación –y aquí sí que cabe el término en todo su rigor– no podía ser más clara: “Finalmente, informo a la Corte que mi gobierno continuará persiguiendo (sic) este caso para asegurar que todos los mecanismos legales que tenemos disponibles sean aplicados, con el objetivo de asegurarnos que Lemos enfrente la justicia en Estados Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado”.

Publicado enEdición Nº236
Un beneficio pero con estrictas condiciones

Apenas fue aprobado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, concreción de lo acordado entre Gobierno y Farc, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas tomaron su lugar en la extensa cola que forman. En prisión se cuentan más de cinco mil, pero los que sus comandantes consideran que tienen derecho a la excarcelación suman un poco más de mil. ¿De qué se trata este Sistema y cuáles son sus restricciones?

 

El pasado 30 de diciembre del 2016, el Congreso de la República aprobó la ley 1820 que regula las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos, y se adoptan tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado condenados, procesados o señalados de cometer conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Esta ley hace parte de la implementación normativa del Acuerdo de paz suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep el 24 de noviembre del 2016.

 

La ley establece una serie de tratamientos penales alternativos para quienes se acojan a los compromisos establecidos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición (Sivjrnr), en particular la realización efectiva de los derechos de las víctimas.

 

En relación con los Agentes del Estado se establece que no recibirían amnistía ni indulto1 por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y antes de la entrada en vigor el Acuerdo, sino que recibirán un tratamiento penal especial diferenciado simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo, que incluye entre otros aspectos la renuncia a la persecución penal que conlleva a la extinción de la acción penal, la responsabilidad penal y de la sanción penal, siempre y cuando no se trate de: i) Delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma; ii) Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y, iii) Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.


La decisión de renuncia a la persecución penal debe ser adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción especial para la paz (JEP).

 

El régimen de libertades transitorias

 

De manera adicional, la ley estableció un régimen de libertades transitorias, condicionadas y anticipadas que se otorgarán entre otros, a Agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la ley cumplan los siguientes requisitos:

 

- Que los Agentes del Estado estén detenidos o condenados por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.


- Que no se encuentren detenidos por delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme alas sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz, que según el acuerdo de paz oscilan entre cinco (5) y un máximo de ocho (8) siempre que se cumplan con las condiciones del Sistema.


- Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz.


- Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del Sistema.


- El interesado debe suscribir un acta donde se compromete a someterse a la JEP, informar todo cambio de residencia, la prohibición de salir del país sin previa autorización de la JEP, y quedar a disposición de esta jurisdicción.


- La libertad condicional y anticipada no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la JEP

 

Para este trámite se faculta al Ministerio de Defensa para consolidar unos listados de los miembros de la Fuerza Pública que cumplan con los requisitos para obtener dicha libertad, previa solicitud de información a las jurisdicciones penales ordinarias y penal militar. Una vez consolidadas las listas, deben remitir al Secretario Ejecutivo de la JEP, quien verificará los listados, podrá modificarlos de creerlo necesario, y verificar si las personas suscribieron el acta de compromiso y, posteriormente, comunicar al funcionario responsable del respectivo proceso penal sobre el cumplimiento de los requisitos, para que adopte la decisión de la libertad transitoria condicionada.

 

En relación con los miembros de las Fuerzas Militares y policial que lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, permanecerán en Unidades Militares o Policiales siempre y cuando se comprometan a acogerse a la JEP por los delitos de su competencia y cumplir con las condiciones del Sivjrnr.

 

En este marco jurídico y político, el pasado 13 de enero el Ministerio de Defensa Nacional emitió la resolución 130 mediante la cual creó un “Comité para la elaboración de los listados de miembros de la Fuerza Pública para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad militar o policial”, y el 17 de marzo se anunció una nueva resolución con los listados consolidados de 817 militares que se verían beneficiados y el 29 de marzo se anunció una segunda lista de 257 más y se estableció que los listados tendrían un carácter reservado.


Rigurosos requisitos

 

Resulta de vital importancia que previo al otorgamiento de las libertades condicionadas y transitorias para miembros de las Fuerzas Militares, tanto el Secretario Ejecutivo, como el funcionario judicial bajo el cual se encuentre a disposición la persona, verifique con suma rigurosidad como mínimo los siguientes aspectos:

 

1. Que los hechos y la conducta punible por la cual esté investigado o condenado el Agente del Estado, tenga una relación con el conflicto armado. Al respecto el Acuerdo Final establece que “Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”2.

 

Por tanto, debe existir un nexo causal verificable que establezca que la conducta se produjo con ocasión del conflicto armado y la diferenciación con los hechos de violencia política cometidos de forma masiva y sistemática por miembros de fuerzas estatales, paramilitares y terceros, contra sectores organizados del movimiento social, popular de derechos humanos y de oposición política por motivos sociales, políticos, económicos o militares, y que adquirieron la categoría de crímenes de lesa humanidad y de genocidio político, y si bien estos graves crímenes se perpetraron en el contexto del conflicto armado, no son producto del mismo, sino de la existencia de políticas al interior de sectores del Estado que “defienden unos valores políticos-sociales absolutos, y que quienes se oponen a ellos, se convierten en un “enemigo interno” de ese orden social y, por tanto, su eliminación es justificada”3. Distinguir entre uno y otro tipo de violaciones permite develar los planes y estrategias de eliminación de los contradictores políticos y del movimiento social, hace efectivo el derecho a la verdad y arealizar las reformas institucionalesque garanticen la prevención, lo cual incluye, entre otros aspectos, la depuración de servidores públicos comprometidos con estas violaciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

 

2. Se establezca que las conductas no se cometieron con la finalidad de lucro o beneficio personal o contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor, la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

 

3. Se distinga entre Agentes del Estado investigados y condenados por graves crímenes de DDHH o infracciones al DIH, en ambos casos se deben establecer los compromisos con Sivjrnr y de no cumplirse la pérdida del beneficio de la libertad condicionada. No obstante, debe haber mayor diligencia en la verificación del cumplimiento de los compromisos con el Sivjrnr de aquellas personas condenadas o detenidas por crímenes graves que hayan cumplido los 5 años de privación efectiva la libertad, o que sean conducidas a guarnición militar haciéndoles falta un tiempo corto para cumplir los 5 años, porque en estos casos es mayor el riesgo para los derechos de las víctimas.

 

De otra parte, no es suficiente que la persona condenada haya cumplido cinco (5) años de privación efectiva de la libertad para ser beneficiaria de la libertad condicional, dado que las sanciones según el acuerdo están entre 5 y 8 años, y debe haber un trato diferenciado para miembros de la Fuerza Pública u otros agentes del Estado por tratarse de servidores públicos que han defraudado la confianza pública depositada en ellos, lo cual conduce a ser merecedor de un mayor reproche penal.

 

4. El otorgamiento de la libertad condicionada y anticipada no puede implicar el levantamiento de la suspensión de funciones para el caso de integrantes de la Fuerza Publica, por que ello va en contravía del propio acuerdo que establece como garantía de no repetición la depuración de la función pública.


5. Mientras entra en funcionamiento la JEP, la concesión de las libertades transitorias para Agentes del Estado debe tener como presupuesto el compromiso pleno con la verdad, la reparación integral a las victimas y la no repetición de los crímenes cometidos. Para este efecto se deben establecer mecanismos efectivospara que los beneficiarios comparezcan al Sivjrnr, de lo contrario perderán el beneficio de libertad y deberá ordenarse la inmediata captura.

 

6. Se deben establecer mecanismos para evitar que los beneficiarios de la libertad condicionada se acerquen a las victimas, hagan declaraciones injuriosas contra ellas, o nieguen la ocurrencia de los hechos, entre otros aspectos. Este compromiso debe quedar por escrito y cualquier incumplimiento debe generar la revocatoria de la libertad condicionada.

 

Finalmente, las victimas deben gozar del derecho de conocerlos listados confeccionados por el Ministerio de Defensa, para que puedan aportar en el procedimiento de verificación de los requisitos previo al otorgamiento de la libertad condicionada. La centralidad de las victimas no puede ser un postulado vacío, sino que implicala participación real y efectiva en todos los procedimientos de la JEP, incluyendo las libertades transitorias condicionadas.

 

El Acuerdo de paz es una oportunidad para que los integrantes de la Fuerza Pública y otros Agentes del Estadoresponsables de graves crímenes puedan recibir unos beneficios penales a cambio de esclarecer la verdad plena, reconocer responsabilidades, reparar integralmente y establecer garantías de no repetición. El reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las victimas son condiciones sine qua nom para recibir los beneficios. Ningún tratamiento penal diferenciado puede conducir a un trato privilegiado, y cualquier incumplimiento implicará que la justicia ordinaria asuma las investigaciones y sanciones correspondientes, o será la justicia internacional la que tenga que juzgar estos graves crímenes.

 

1 Ver Artículo 9 ley 1820/2016
2 Nº 9 Párrafo 3. Acuerdo Final para la terminación del conflictoArmado y la Construcción de una paz estable y duradera. Noviembre 24 del 2016.
3 Garzon Valdes, Ernesto. “El Terrorismo de Estado”, en: Revista de Estudios Políticos, Nº 65. Julio-septiembre 1989, Madrid. p. 40.

Publicado enEdición Nº234
Miércoles, 03 Agosto 2016 07:44

Dilma va a juicio aunque no cometió delitos

Dilma va a juicio aunque no cometió delitos
El relator del Senado emitió un dictamen condenatorio pese a que el fiscal federal Ivan Marx consideró que las pedaleadas fiscales por las que se llevó a Rousseff a juicio de destitución en el Congreso no configuran delito.

 

 

El instructor del juicio político en la comisión del Senado contra la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recomendó ayer votar a favor de la destitución de la mandataria por supuesto atentado a la Constitución, a raíz de haber practicado maniobras presupuestarias en las cuentas públicas de 2015.

 

El senador Antonio Anastasia, relator de la comisión de juicio político del Senado y aliado clave del presidente interino, Michel Temer, presentó un informe de 440 páginas en las cuales realizó un esperado voto condenatorio de la mandataria por las llamadas pedaleadas o bicicleteadas fiscales. En su exposición aclaró que no tendría en cuenta que la fiscalía federal haya tirado abajo ese argumento, ya que el fiscal federal Ivan Marx consideró que las pedaleadas fiscales por las que se llevó a Rousseff a juicio de destitución en el Congreso, no configuran delito ya que no es una operación de crédito y pidió archivar el caso en la Justicia. Por lo tanto, se determinó que no hay un acto directo de Dilma, y lo más importante es que el Ministerio Público dice que Dilma no tuvo mala fe y que no hubo una actitud dolosa.

 

Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y brazo derecho del derrotado candidato presidencial en 2014 Aécio Neves, dijo que Rousseff abrió créditos suplementarios en el presupuesto con autorización del Congreso y se sirvió de créditos de los bancos públicos para ejecutar políticas presupuestarias. La defensa de Rousseff, suspendida en el cargo desde el 12 de mayo, niega que estas maniobras fiscales configuren delito de responsabilidad como para ser llevada a juicio político, instrumento al cual calificó de golpe parlamentario llevado a cabo por el vicepresidente Temer, titular del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).

 

En su informe, Anastasia rechazó esos peritajes del propio Senado que afirman que la mandataria no tuvo responsabilidad en estructurar el sistema de pagos de partidas presupuestarias intra-ministeriales en cuestión. “El Poder Ejecutivo no puede unilateralmente estipular la meta fiscal que le conviene”, dijo Anastasia, ex gobernador del estado de Minas Gerais.

 

El fiscal Marx archivó la causa penal sobre al asunto, lo cual animó al Partido de los Trabajadores (PT) y a la defensa de Rousseff.

 

Sin embargo, el PT y sus aliados de izquierda fracasaron en intentar sumar al expediente la resolución del fiscal, que dice que estos movimientos contables (que se repiten históricamente en todos los gobiernos nacionales y provinciales brasileños) no configuran delito. “Esta decisión de un fiscal confirma que Dilma no es una presidenta que cometió delitos y sí demuestra que fue toda una artimaña para sacarla del poder por parte de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados y mentor del gobierno golpista de Temer”, bramó en la comisión de juicio político Lindebergh Farias, senador del PT.

 

Mañana, la comisión debe votar el informe de Anastasia y elevar –como se prevé– el expediente al plenario del Senado, que lo recibirá el próximo martes 9. El juicio contra Rousseff, si es que se cumplen todos los plazos, se sustanciará a partir del 29 de agosto, en sesión del Senado presidida por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

 

Según el diario O Globo, Temer intentará negociar con el titular del Senado, Renán Calheiros, anticipar los plazos, siempre después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que comienzan el viernes y terminan el 21. “Esta interferencia de Temer es inaceptable”, comentó el senador Farias. “Este no es el papel de un presidente interino y es una falta de respeto al Senado Federal. Estamos dispuestos a utilizar con las armas del regimiento que tenemos para evitar esta interferencia”, dijo Farias que se quejó porque Temer y su equipo llevaron a cabo varias reuniones con senadores líderes del PMDB con el fin de pedirles que trabajen para anticipar la votación final sobre el juicio político.

 

El ministro de Agricultura del gobierno interino, Blairo Maggi, considerado el “rey de la soja” brasileño, explicó que Temer cree que se concretará la destitución de Rousseff pero quiere hacerlo antes de septiembre, debido a que busca participar y legitimarse internacionalmente en la cumbre del G-20, el 4 y 5 de septiembre en China.

 

Por su parte, Cunha, responsable de la apertura del juicio político a Dilma y marcado por ser uno de los perpetradores del golpe, advirtió que si es acusado por el pleno de la cámara, va a haber consecuencias. A punto de ser juzgado, por múltiple corrupción por el Supremo Tribunal Federal (STF) y de su consecuente renuncia a la presidencia de la Cámara baja, Cunha prepara un estudio detallado de cómo ayudó a sus aliados en los últimos años. El objetivo es consolidar el material para una posible negociación de los cargos en la corte. Cunha está recogiendo información de las finanzas de campaña, y tendría un pilar de documentos que indican la distribución de cargos y créditos. Incluso afirmó que va a pasar a la historia como el político que se cargó a dos presidentes, dirigiéndose a Temer.

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Domingo, 20 Septiembre 2015 05:41

La cárcel, un tragapersonas improductivo

La cárcel, un tragapersonas improductivo

Realizado por la prestigiosa New York University, el informe Brennan fue presentado en Buenos Aires. Sostiene que la cárcel mantiene a 2,3 millones de personas tras las rejas, a un costo de 80 mil millones de dólares anuales, y no ayuda a reducir el delito.


"Desde la década del '80, el encarcelamiento redujo su efecto en el control del delito. A partir del 2000, el impacto que tuvo el crecimiento de la prisionalización, en otras palabras, agregar gente a la cárcel, sobre la tasa de criminalidad fue esencialmente cero". La conclusión surge de un riguroso estudio realizado por un equipo de investigadores de la prestigiosa Escuela de Leyes de la New York University sobre las cincuenta principales ciudades de Estados Unidos, en los 50 estados que componen el conglomerado del Norte. El informe cuenta con consenso entre demócratas y republicanos. "De hecho –remata el informe–, mientras que grandes estados como California, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Texas reducen sus poblaciones carcelarias la tasa delictiva continúa en descenso". El informe fue presentado en Buenos Aires ante la presencia, entre otros, de lobbistas y prácticos del manodurismo local.


El informe, titulado "What caused the crime decline?" (¿Qué causa la baja de la criminalidad?), y producido por el Brennan Center for Justice, de la afamada Escuela de Leyes de la NYU, investiga una serie de variables popularmente mencionadas como solución a las tasas de criminalidad: la incidencia del uso de drogas en los delitos, el despliegue masivo de uniformados, la baja en la edad de punibilidad de los adolescentes, la construcción de cárceles y el encierro de personas, entre otras. El resultado que comprueban los investigadores es que ninguna de esas variables tuvo efectos visibles sobre la baja de la tasa de criminalidad, y en algunos casos demostraron que el efecto era cero. Y lo que también los inquieta es que Estados Unidos invierte anualmente 80 mil millones de dólares en mantener el sistema carcelario.


Lo sorprendente del estudio no reside tanto en el descubrimiento de que la relación más cárcel-menos delito no es vinculante, sino en que se llegue a esa conclusión en el país que tiene la más alta tasa de prisionalización del mundo –alrededor de 500 presos por cada cien mil habitantes–, con 2,3 millones de personas alojadas tras las rejas, lo que representa la cuarta parte del total de presos de todo el mundo. "Desde los años '70 –señala el informe Brennan–, el encarcelamiento en EE.UU. creció constante y dramáticamente. Las políticas de justicia criminal decretaron durante el pico de la Guerra contra las Drogas en los '80 y '90 la expansión de la prisionalización como respuesta al crecimiento del crimen y el miedo que desataba. Esto incluye mínimos más altos en las penas, el cumplimiento de la pena, las leyes del 'tres detenciones y fuera' (la tercera detención por el motivo que fuera provoca una condena definitiva), aporte de fondos federales para la construcción de cárceles", entre otros.


El estudio del Brennan Center analiza la tasa de criminalidad desde 1990 hasta 2013, y la compara con el delito violento (DV) (homicidio, violación, robo, asalto agravado), el delito a la propiedad (DP) (robo en vivienda, hurto, robo de vehículos), y el encarcelamiento. Y determina que en ese período el DV se redujo en un 50 por ciento, el DP, en 46, y el encarcelamiento creció el 61 por ciento. Al analizar la década '90-'99, los autores –Lauren-Brooke Eisen, Julia Bowling y Oliver Roeder– determinaron que el DV se había reducido 28 por ciento; el DP, 46; y la prisionalización creció esos años el 61 por ciento. "Lo más sorprendente –citan los autores– es que la tendencia no muestra una relación coherente.

Especialmente a partir del 2000, el crimen continúa cayendo (en la misma proporción) mientras que el encarcelamiento creció muy lentamente (uno por ciento)".


Bajó el delito pero no motivado por el encarcelamiento, que no tuvo modificación. Para los autores éste fue un indicio de que la relación directa, más prisión-menos delito, es al menos poco efectiva para explicar el descenso de la criminalidad.


Los investigadores afinaron la búsqueda analizando los efectos de otras 12 variables con posible impacto en la reducción de la tasa delictiva, entre 2000 y 2013:


En el área de políticas de justicia criminal:


- Incremento de la prisionalización: no tuvo efecto en el descenso del DV.
- Tampoco la pena de muerte.


- El aumento masivo del número de policías no tuvo incidencia.


- Tampoco tuvo incidencia la promulgación de leyes sobre portación de armas.


Entre los factores ecónomicos:


- No encontraron evidencias de que el desempleo tuviera efectos.


- El crecimiento de los ingresos tuvo una repercusión de entre 5 y 10 por ciento.


Y entre los factores sociales y ambientales:


- La baja en el consumo de alcohol tuvo un efecto en la caída del crimen entre 5 y 10 por ciento.


- El envejecimiento de la población no tuvo evidencias de efecto.


- Y la baja en el consumo de crack tampoco tuvo efectos.


Entre las evidencias que los investigadores encontraron como más efectivas (entre un 5 y un 15 por ciento) en la caída del delito aparece el modo en que es utilizada eficientemente la policía.


Policías y cadalso


Otra de las bases del relato de la inseguridad que se puso en discusión en Estados Unidos fue la contratación y despliegue masivo de fuerzas policiales como medida para combatir la delincuencia. El estudio realizado por Brooke Eisen, Bowling y Roeder, avanza sobre el punto y propone que la contratación masiva es ineficaz. "Este informe encuentra que el aumento en la cantidad de oficiales de policía tuvo un modesto efecto descendente en el delito en los 90, de entre 0 y 10 por ciento", dice, y agrega que el efecto empezó a ser "insignificante en los 2000".


Por otro lado determinaron que la relación entre la aplicación de la pena de muerte y la reducción del delito es tan débil que es comparable a cero.


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De los delitos y de las penas en el siglo XXI

El mejor homenaje póstumo a Beccaria, al cumplirse doscientos cincuenta años de escrito su clásico libro Sobre los delitos y las penas [1764], es ponerle a hablar citando algunos fragmentos relevantes de su texto y, a renglón seguido, exponer las dudas y cuestionamientos que su planteamiento genera. He aquí un diálogo imaginario.


Gran maestro Beccaria: ¡que saludable es hoy retomar su reflexión de cara a un futuro de castigos astronómicamente atroces (el eterno infierno para los pecadores que anuncian los cristianos y católicos; la muerte lenta por escasez a la que los opulentos de hoy condenan a los pobres actuales y a las futuras generaciones) ... y las atroces condenas de un presente que no es menos absurdo que tal porvenir!

―Beccaria (B): Gracias por sus halagos, en realidad la piedra angular de mi propuesta es el viejo y conocido utilitarismo: "la felicidad dividida entre el mayor número debería ser el punto a cuyo centro se dirigiesen las acciones de la muchedumbre".


―Profesor (P): debo decir que esa piedra angular explota en millares de fragmentos imposibles de sumar por lo inconmensurables: ¿cómo adicionar el placer de lastimar a otro del sádico, con el de ser lastimado por otra persona que hace feliz al masoquista? Resulta imposible suponer una sola clase de felicidad para seres que, por buscar ser libres, ostentan multiplicidad de disímiles fines y tienen diferentes valores. ¡Extraño que quien tuvo la agudeza para afirmar que el bien común es cosa de fantasiosas novelas no hubiese sido perspicaz en este punto!
―B: Bueno joven, creo que la tarea de tratar complejidades, inconmensurables y libertades corresponde a ustedes, los vivientes.


―P: En esto tiene toda la razón. Por favor, según sea su criterio ¿qué justifica condenar o castigar a nuestros semejantes?
―B: Imponer una pena a nuestros semejantes sólo es justificable cuando esto sea absolutamente necesario: "Todo acto de autoridad (incluida una pena) de hombre a hombre, que no se derive de la absoluta necesidad es tiránica". Vana y tristemente hoy me revuelco en mi tumba al saber que se condena, se castiga previamente (incluso a millones de seres humanos mediante atroces guerras), simplemente por miedos enfermizos o, peor aún, porque las culpas y los culpables se fabrican a pedido de mercaderes de la tiranía.


―P: Los seres humanos buscan más el poder que la felicidad; el bienestar está fragmentado hasta el colmo de la privatización (con los primeros utilitaristas abarcaba el conjunto de todos los seres vivientes); hoy se limita a naciones, clases sociales, clubes, comunidades, y bienes privados vulgares (riqueza democrática) y exclusivos (bienes posicionales). Y el statu quo (porción de poder y de felicidad excluyente) se maneja como una posesión privada absoluta.
―B: Sí, el signo de estos tiempos es el de la privatización y la fabricación de nuevas fronteras de exclusión. Creo que ustedes deberían trabajar arduamente en torno a la factibilidad y conveniencia del bienestar universal.


―P: ¿Cómo se estima o mide el impacto de los delitos?
―B: Medir y poner caprichosamente precios y penas como hoy se estila es tremendamente peligroso. Mi criterio, basado en el utilitarismo, es tan sencillo como esta sugerencia: "... La única y verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la nación, y por esto han errado los que creyeron que lo era la intención del que los comete... Alguna vez los hombres con la mejor intención causan el mayor mal a la sociedad, y algunas otras con la más mala hacen el mayor bien".


―P: ¡Es un simple pero muy sensato criterio, pues es correcto afirmar que a mayor daño colectivo (a la comunidad, a la nación, al mundo presente y al futuro) es mayor el crimen! En nuestro desquiciado mundo millones de infelices son condenados al presidio por insignificantes infracciones (robar un artículo de primera necesidad para saciar su hambre); otros lo son por crímenes sin daño (uso de bienes y servicios que atañen a sus particulares valores y gustos, y se limitan al ámbito de su vida privada); y a veces se encierra a médicos y científicos (a raíz de algún delito privado y pasional que se les imputa) condenando también a la sociedad, pues la privan de alguien que podría ser más bien multado salvando vidas. El pueblo norteamericano castigó electoralmente a un presidente que fue pillado en una relación sexual escandalosa para pudibundos, pero reeligió a un líder guerrerista que causó mucho daño al mundo entero; también la justicia de ese país permitió encarcelar a una científica colombiana, experta en buscar curación para quienes padecen cáncer de mama. Con estos ejemplos a la vista, ¿Cuál debería ser el fin de las penas?
―B: Mire usted joven, la justicia no debería ser la legalización de bajas pasiones como la venganza y el odio. Mi propuesta simple y llana ha sido esta: "[...] el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. ¿Se podrá en un cuerpo político, que bien lejos de obrar con pasión, es el tranquilo moderador de las pasiones particulares, se podrá, repito, abrigar esta crueldad inútil, instrumento de furor y del fanatismo de los débiles tiranos? ¿Los alaridos de un infeliz revocan acaso del tiempo, que no vuelve acciones ya consumadas? El fin, pues, no es otro que de impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales [...]"


―P: ¡Tal afirmación es vigorosamente vigente! ¡Con autores como el rumano Georgescu-Roegen sabemos que ni tan siquiera el trabajo supuestamente productivo, ni la plegaria de un mortal, ni la extrema quietud pueden detener y menos reversar la flecha del tiempo y de la entropía! Hoy, infortunadamente, por odio, rabia, venganza y desprecio unos poderosos sectores administran justicia vengativa y buscan desaparecer pueblos o clases sociales enteras. Una ley más sensata estaría compuesta de una dosis de justicia restaurativa (para remediar parte del daño reparable que, por cierto, no cubre lo más importante: destrucción de la vida y de la naturaleza, y daño moral); y otra dosis de no cooperación social con el infractor (más que encerrarlo cortarle o neutralizarle fuentes de poder social, económico, político y aún afectivo que harían posible su dañino accionar).
―B: Al menos me siento conmovido por las mentes activas de ciudadanos aguzados. Y no debemos olvidar que penas y castigos injustos y desmesurados engendran más violencia: "[...] No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas, y por consiguiente la vigilancia de los magistrados, y aquella severidad inexorable del juez, que ]para ser virtud útil debe estar acompañada de una legislación suave. La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible unido con la esperanza de la impunidad, porque los males, aunque pequeños, cuando son ciertos amedrentan siempre los ánimos de los hombres [...]".


―P: A esto debería agregarse que si refinamos nuestra capacidad para detectar, entender y juzgar a los criminales veremos que estos no actúan solos, que el crimen es una acción colectiva (con colaboradores y beneficiarios que, indirectamente, se lucran de tal actividad delictiva) y, por tanto, que hay que corregir el sendero de la sociedad misma más que de unos presuntos delincuentes aislados. De esta manera, Maestro Beccaria, ¿Por qué ha evolucionado el crimen en maldad y sofisticación?
―B: En un ámbito de competencia a muerte (o creación destructiva como lo dijo el colega Schumpeter) aún los mediocres criminales están condenados a desaparecer. No obstante, otra importante causa de tal malestar la he atribuido a la barbarie misma de la justicia así: " [...] La misma atrocidad de la pena hace que se ponga tanto más esfuerzo en eludirla y evitarla cuanto mayor es el mal contra quien se combate; hace que se cometan muchos delitos, para huir de la pena de uno sólo".


―P: Hoy seguimos marchando en contravía de tan sabio precepto. A través de erróneas y nefastas políticas públicas los Estados crean crímenes y consolidan mercados negros (nichos de criminalidad). Por ejemplo, la llamada guerra contra las drogas nace de prohibir algunas sustancias psicoactivas demonizadas (cocaína y mariguana), y ha tenido como efecto un crecimiento, sofisticación y atroz violencia de los actores ilegales que intervienen en los diferentes momentos del mercado de tales bienes económicos. ¡Cómo se ve que maniplan la historia y sus enseñanzas. ¡Hasta siempre querido maestro Beccaria, y gracias por sus aportes a la ciencia económica!

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Lunes, 28 Abril 2014 06:24

El Código Penal de Alianza País

El Código Penal de Alianza País

La manera por la cual se debe comprender y asumir al Código Penal aprobado en el año 2014[1], es desde la praxis política de Alianza País y el modelo de dominación político que le fue correlativo. Este instrumento jurídico instaura la culpa como ontología política de la violencia y sustrato de la dominación política. El COIP pretende cerrar el rizoma de la violencia posneoliberal creando un régimen disciplinario sustentado en uno de los regímenes carcelarios más duros de los que el Ecuador haya tenido memoria.

 

El COIP tiene que ser interpretado al interior de las dinámicas y procesos que configuraron al modelo de dominación política durante el posneoliberalismo y del cual Alianza País fue su mejor garante. Su validación va más allá de las razones jurídicas para convertirse en un dispositivo jurídico-político que procesó la hegemonía de Alianza País y las necesidades de la acumulación del capital durante el posneoliberalismo. En el COIP constan aspectos relativamente inéditos en la historia reciente del Ecuador, quizá el más importante de ellos sea la retorsión ontológica-política que hace el COIP con respecto al "objeto-crimen" y a la forma-prisión como rasero y baremo de la capacidad punitiva del Estado[2].

 

El proyecto político de Alianza País de alguna manera pasa por subsumir la política al Estado y que esto es característico de la forma "Estado-total" que había estudiado y propuesto Carl Schmitt, el jurista del nazismo alemán. Esta característica refería a las formas fascistas de la dominación política, de ahí la tentación de calificar al modelo de dominación política de Alianza País como un modelo fascista. Empero, hay particularidades que hacen diferente al concepto de fascismo para calificar a Alianza País quizá porque lo rebasa, lo actualiza y le confiere otras condiciones de sentido.

 

La forma Estado-total configura los límites y posibilidades de la política y, en consecuencia, de la dominación política. Al interior de la forma Estado-total se instaura la dinámica amigo/enemigo como eje articulador de la política, sus métodos y sus fronteras. La lógica amigo/enemigo no está definida por una frontera ideológica sino estratégica. Esa frontera tiene geometría variable. Los amigos de ahora pueden ser los enemigos de mañana y viceversa. Es necesario, en consecuencia, legitimar esa frontera, protegerla de los "Otros", los "extraños", los que tienen "agendas propias" al proyecto político de Alianza País. Pero esa frontera es también aquella que define al Orden en cuanto Orden y el Orden siempre se procesa desde el poder.

 

El régimen punitivo de Alianza País sirve para señalar esa frontera del Orden. Es ahí cuando cobra coherencia y racionalidad política el COIP, porque la frontera marca a aquellos que están dentro del Orden y, en especial, aquellos que pueden ser declarados como enemigos públicos o enemigos sociales porque están fuera o en contra del Orden que se pretende instaurar.

 

El régimen punitivo y disciplinario de Alianza País está pensado bajo la lógica del derecho penal del enemigo. Los enemigos, al estar fuera del Orden, pueden ser des-ontologizados en su sustancia jurídica y política. Son el Otro por definición del poder y del Orden. Al situar la política en las coordenadas amigo/enemigo, el derecho penal, necesariamente, prescribe sus límites y posibilidades[3]. Con el enemigo no cabe negociación posible. La frontera que constituye al Orden los sitúa en un más allá de lo establecido jurídica y políticamente. Esta frontera crea el sentido de Orden y, al mismo tiempo, propone un espacio de excepción en el cual actúa la des-ontologización del enemigo. Son el hostis judicatus, son el "enemigo declarado (hostis judicatus) (que) configura el núcleo del tronco de los disidentes o enemigos abiertos del poder de turno, del que participarán los enemigos políticos puros de todos los tiempos. Se trata de enemigos declarados, no porque declaren o manifiesten su enemistad sino porque el poder los declara tales: no se declaran a sí mismos sino que son declarados por el poder." (Zaffaroni, 2006: 7).

 

¿A quiénes Alianza País ha declarado como sus enemigos (hostis judicatus)? En la ambigua y estratégica frontera del Orden puro que construyó este movimiento político, simplemente eran todos aquellos que no lo suscribieron ni lo apoyaron abiertamente. También fueron aquellos que lo criticaron, lo descalificaron, lo cuestionaron. Fueron aquellos que se defendieron de la violencia extractiva. Fueron, también, todos aquellos que pretendieron disputar los sentidos de la reforma política, y poner en peligro la capacidad hegemónica de la dominación.

 

La frontera del enemigo, para Alianza País, siempre fue proteica, estratégica y podía abarcar a cualquiera en cualquier momento. Empero ¿Cómo controlar a los potenciales y no potenciales enemigos? ¿Cómo disciplinarlos? ¿Cómo integrarlos dentro del Orden? ¿Cómo obligarlos a asumir ese Orden como el único existente? ¿Cómo exigir el respeto a esa frontera del Orden?

 

Es desde esta lógica y desde la forma Estado-total que emerge y se constituye la forma-prisión como eje articulador de la capacidad punitiva del Estado no solo ante la ilicitud y la antijuridicidad sino como condición de posibilidad para la violencia de la dominación política. ¿Qué es la forma-prisión? Es la condición de posibilidad para integrar bajo una misma dinámica de dominación política la capacidad punitiva del Estado y la construcción hegemónica de un movimiento político particular inscritas en el derecho penal del enemigo (hostis judicatus), y en el cual las personas son plenamente conscientes de la ilicitud de sus actos (teoría de la acción finalista). Es la expresión de la violencia más pura del posneoliberalismo. Es el epítome de la disciplina, el control y el uso heurístico del miedo. Si en la defensa de los bienes jurídicos la forma-prisión establece una relación entre la culpa y la antijuridicidad, en la dominación política que se constituye en el posneoliberalismo la forma-prisión actúa bajo la misma lógica de la heurística del miedo.

 

En la forma-prisión se confunden en un solo proceso la capacidad punitiva para los ilícitos y la capacidad de violencia del Estado para controlar a toda la sociedad en función de una dinámica de dominación política. En el discurso jurídico penal del COIP, la forma-prisión aparece como "pena privativa de libertad"; empero, es necesaria una mirada política al COIP que visualice en la forma-prisión y en el "objeto-crimen" la conformación de una praxis política que tiene un soporte determinado, este soporte no es la justicia, ni la reparación, ni los derechos, es la "forma-prisión" como dispositivo punitivo de control social, disciplina política, y uso heurístico y estratégico del miedo, y que marca de manera precisa la frontera del Orden.

 

Como dispositivo, la "forma-prisión" va a articular coherentemente la estructura punitiva del Estado al interior del modelo de dominación política. Desde los delitos mínimos, hasta aquellos más importantes, todos ellos se codifican y estructuran desde la "forma-prisión". La ambición del COIP de integrar en un solo ámbito punitivo todas las esferas de la vida social implica tender una densa red jurídico/disciplinaria/policial sobre toda la sociedad, en la cual incluso la subjetividad personal pueda ser objeto de control, disciplina, represión y judicialización.

 

En el Ecuador la estructura punitiva estaba dispersa en función de ámbitos específicos. Cada ámbito estructuraba y definía los límites y posibilidades de la capacidad punitiva del Estado. Así por ejemplo, el ámbito tributario definía su propio espacio punitivo para los delitos que cabían dentro de lo específicamente tributario, lo mismo con las aduanas, con los delitos y contravenciones de tránsito, las infracciones laborales, la violencia contra la mujer, etc. Existían en la legislación ecuatoriana más de doscientas normas no penales que tipificaban infracciones (Cfr. COIP, exposición de motivos) [4].

 

Esta estructura de dispersión punitiva correspondía a la forma de Estado y de la dominación política desde inicios de los años setenta del siglo pasado y, a través de varias reformas, fue funcional al modelo de dominación política que emergió en el neoliberalismo. Esta dispersión tenía, no obstante, una estructura procesal definida y en la generalidad de los casos siempre se trataba de buscar los defectos de procedimiento como mecanismo de defensa penal.

 

De alguna manera, el recurso penal era un recurso de última instancia por sus altos costos de transacción, su elevado costo humano y por la escasa tradición de pensamiento jurídico-penal en una sociedad como la ecuatoriana. Esta dispersión y fragmentación de la capacidad punitiva del Estado ahora se condensa y converge hacia el COIP. Esta convergencia no es solo sustantiva, ni procesal, ni ejecutiva, es fundamentalmente política. Es la evidencia del peso y la impronta de esa red jurídico-disciplinaria y policial sobre el conjunto de la vida social. En adelante, todas las infracciones por mínimas que sean, entran en la estructura penal-punitiva de la forma-prisión. Desde el maltrato a una mascota (COIP Art. 249), hasta los crímenes de lesa humanidad (COIP Art. 89), todos ellos se inscriben y se estructuran bajo la lógica de la forma-prisión[5].

 

La forma-prisión estructura una capacidad punitiva dirigida hacia el conjunto de la sociedad para disciplinarla al interior del Estado y a éste dentro de un proyecto político determinado. En ese sentido, provoca cambios no solo procesales (o adjetivos) sino epistemológicos. Uno de esos cambios es la la torsión forzada al derecho penal internacional en función de la dominación política que hace el COIP en referencia a los delitos contra la humanidad y que forman parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). En efecto, el reconocimiento a los delitos contra la humanidad que constan en el Título IV, Capítulo I, Sección Primera del COIP, y que en primera instancia suscitan el reconocimiento por el hecho de que las normas y estatutos internacionales sobre delitos en contra de la humanidad ahora consten en la legislación nacional, en realidad, forma parte de esa torsión epistemológica del derecho y que tiene como núcleo de racionalización y coherencia a la forma-prisión.

 

Los delitos contra la humanidad, generalmente, lo cometen los Estados y son reconocidos como crímenes de Estado. Forman parte de una "línea de conducta", como lo establece la Corte Penal Internacional, destinada a la destrucción física del Otro. Si bien lo realizan personas determinadas, esa determinación nace desde un locus político y una racionalidad política, esto es, el Estado-nación. Detrás de todo delito contra la humanidad casi siempre hay razones políticas que pueden adoptar las más disímiles justificaciones. Empero de ello, el COIP realiza una torsión del derecho internacional en función de su interés político cuando habla de "personas" como los sujetos de los delitos contra la humanidad.

 

Los delitos contra la humanidad (genocidio, etnocidio, exterminio, deportación, traslado forzoso de poblaciones, desaparición forzada, tortura, persecución, apartheid, delitos de lesa humanidad, entre otros) tienen como sujeto al Estado no a las personas en particular porque la trama que los sustenta es política, no es personal. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) con respecto al delito de genocidio establece lo siguiente: "Artículo 6. Genocidio. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal ...", es decir, nunca menciona la responsabilidad personal sin nexos políticos y establece de manera clara el concepto de "línea de conducta" como noción que articula y define a los delitos contra la humanidad (CPI, julio 2002) [6].

 

El COIP, de su parte, establece lo siguiente: "Art. 79.- Genocidio.- La persona que, de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o político, realice cualquiera de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años ..." (cursivas P.D.). La mención a la "persona" en vez de "línea de conducta" como lo establece la CPI no es casual ni fortuita, implica una retorsión del derecho internacional que implicaría, como mínimo, la desaparición de la responsabilidad estatal en los crímenes y delitos contra la humanidad. Esta torsión epistémica que despolitiza la trama política de los delitos contra la humanidad, devuelve en contra de la sociedad una serie de instrumentos jurídicos que habían sido creados para proteger a la sociedad de los excesos represivos del Estado y, en particular, el terrorismo de Estado.

 

Esto tuvo una demostración importante cuando a fines del año 2013 el Estado Ecuatoriano siguió un proceso penal en contra de varios indígenas de la nacionalidad wao a quienes acusó de genocidio, por eventos relacionados con su forma de comprensión de la vida, la guerra, y el resarcimiento de estos pueblos indígenas[7]. Es una paradoja que uno de los pueblos que más ha sufrido la violencia de la acumulación del capital, al extremo que un grupo de ellos decidió mantenerse fuera de todo contacto con el Estado ecuatoriano, en la ocurrencia los pueblos waos en aislamiento voluntario tagaeri y taromenane, hayan sido las víctimas propiciatorias del poder y ahora sean acusados de genocidio.

 

Alianza País, retoma los crímenes contra la humanidad del estatuto de la CPI, pero no para proteger a la población contra el terrorismo de Estado sino para utilizar esos delitos en contra de la sociedad y, a su vez, protegerse a sí misma. Lo mismo puede decirse con respecto a la tortura y los tratos crueles y degradantes. La tortura siempre estuvo identificada con el terrorismo de Estado. Empero de ello, y de acuerdo al COIP ahora cualquier persona puede acusar a otra de haber sufrido "grave dolor y sufrimiento" conforme la definición de tortura que establece el COIP[8].

 

Esta desconexión de su trama política que otorga coherencia a los articulados establecidos en el Estatuto de la CPI, es funcional al proyecto político de Alianza País, porque este movimiento en virtud de su control total al Estado, puede arrogarse la capacidad de juzgar a los otros, como por ejemplo la acusación a varios miembros de la nacionalidad indígena wao por haber cometido el delito de genocidio y, al mismo tiempo, neutralizar cualquier posibilidad de que su praxis gubernamental y política pueda ser juzgada como genocidio, como por ejemplo en la explotación extractiva en la zona intangible del Yasuní y territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, tagaeri y taromenane que, precisamente, pueden ser asumidas y comprendidas como delitos contra la humanidad.

 

El COIP lanza esa red jurídico-disciplinaria y policial sobre el conjunto de la sociedad para encerrarla en sí misma y evitar su politización. Un recorrido sumario de aquellos delitos (o antijuridicidad) que pueden ser susceptibles de ser integrados en la trama de control y dominación, da cuenta de que el COIP fue pensado más como un mecanismo de heurística de miedo social que como una propuesta para "tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas" (Art. 1, COIP).

 

En efecto, aquellos delitos que se integran directamente al modelo de dominación política, grosso modo, serían los siguientes: Art. 180.- Difusión de información de circulación restringida. Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. Art. 242.- Retención ilegal de aportación a la seguridad social. Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. Art. 260.- Actividad ilícita de recursos mineros. Art. 262.- Paralización del servicio de distribución de combustibles. Art. 271.- Acusación o denuncia maliciosa. Art. 273.- Revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo o persona protegida. Art. 277.- Omisión de denuncia. Art. 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Art. 283.- Ataque o resistencia[9]. Art. 288.- Uso de fuerza pública contra órdenes de autoridad. Art. 297.- Enriquecimiento privado no justificado. Art. 298.- Defraudación tributaria. Art. 307.- Pánico económico. Art. 310.- Divulgación de información financiera reservada. Art. 322.- Pánico financiero. Art. 331.- Obstaculización de proceso electoral. Art. 336.- Rebelión[10]. Art. 337.- Destrucción o inutilización de bienes. Art. 339.- Actos hostiles contra el Estado. Art. 342.- Sedición. Art. 344.- Abstención de la ejecución de operaciones en conmoción interna. Art. 345.- Sabotaje. Art. 346.- Paralización de un servicio público. Art. 348.- Incitación a discordia entre ciudadanos[11]. Art. 349.- Grupos subversivos. Art. 353.- Traición a la Patria. Art. 356.- Atentado contra la seguridad de las operaciones militares o policiales. Art. 363.- Instigación. Art. 366.- Terrorismo... Es cierto que existen muchos artículos más que pueden ser utilizados estratégicamente en función del modelo de dominación política y cuya finalidad es la de generar miedo explícito al poder, sin embargo, esta sumaria recolección evidencia la construcción eminentemente política del COIP como sustento de un modelo de dominación política.

 

Este breve sumario de artículos penales del COIP da cuenta que aspectos tan mínimos como un error involuntario al llenar un formulario gubernamental, o una mínima contradicción al emitir una factura comercial, o tener, a criterio de la autoridad respectiva, las llantas lisas, o comercializar productos de las Zonas Especiales de Desarrollo, o emitir un criterio que el poder considere desafortunado, o "incitar a la discordia", o resistirse a la acción de cualquier representante del Estado, por más injusta que ésta fuese, entre varios, es causal suficiente para entrar en el dispositivo de la forma-prisión.

 

En algunos de estos artículos la actuación de la colectividad es considerada como un agravante de la pena. Estos artículos extienden una red jurídico-policial en la cual puede caber prácticamente cualquier persona. Con el COIP, literalmente, nadie está a salvo. Es, como lo dice el jurista Ramiro Ávila, una "máquina de represión" (Ávila Santamaría, 2014). Esta trama jurídico-policial vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia e instaura la culpa casi como condición de ontología política.

 

De hecho, en la denominada "cooperación eficaz"[12], el sistema punitivo del COIP desaloja el sistema adversarial que garantizaba el debido proceso y confronta al acusado en contra de sí mismo. Desaparece la presunción de inocencia y el principio jurídico de que nadie puede declarar en contra de sí mismo. En la "cooperación eficaz", el fiscal "negocia" con el posible acusado la pena de forma independiente del proceso jurídico, la sentencia, y los principios de defensa jurídica[13].

 

En la "cooperación eficaz" puede constatarse también el rol que asume la Fiscalía General del Estado. Es el Gran Inquisidor del posneoliberalismo. Es tal el poder de la Fiscalía en el modelo de dominación política, que genera un estatuto de indefensión total a toda la sociedad cuando establece en su Artículo 583 las modalidades que asumen las "Actuaciones fiscales urgentes"[14].

 

Esta figura jurídica entra en plena contradicción con todo el sistema de derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de 2008 y abre un espacio de incertidumbre jurídica altamente funcional a la heurística del miedo. Sin embargo, el hecho de que entre en contradicción con la norma constitucional no acota sus posibilidades ni restringe su ámbito, simplemente instaura la praxis punitiva en otro registro, quizá más real o más pragmático y que tiene que ver con las formas que asume el poder y, en consecuencia, es más pertinente y más coherente con las necesidades de la acumulación del capital. Con las "actuaciones fiscales urgentes" se instaura un régimen de dominación en el que las personas tendrán que demostrarle al poder su inocencia. Es el procedimiento jurídico más expedito para el control y disciplina total. De esta forma, el COIP crea un universo kafkiano y establece las condiciones de posibilidad para la distopía del control disciplinario total a la sociedad.

 

Sin embargo, aquello que más llama la atención es el hecho de que un marco teórico y epistemológico que intentaba otorgar al derecho punitivo un rostro más humano, en ocurrencia, la teoría de la acción finalista, se convierta en un poderoso argumento de dominación y control. De la misma manera que la apelación al neoconstitucionalismo y al Estado constitucional de derechos y justicia tenía como objetivo hacer del Estado el garante de los derechos, pero fue utilizado en la reforma política del año 2008 para legitimar un sistema político vertical e hiperpresidencialista, acorde con las necesidades políticas de Alianza País, de esta misma forma, la estructura epistemológica del COIP está hecha desde la teoría de la acción finalista (Art. 3. Principio de mínima intervención; Art. 5 principios procesales; Art. 13. Interpretación; Art. 23. Modalidades de conducta; Art. 29. Antijuridicidad; Art. 34. Culpabilidad; Art. 39. Tentativa; etc.), pero no para humanizar la deriva punitiva y disciplinaria sino para demostrar que en la antijuridicidad siempre existía un elemento de conciencia previa, premeditación y posible tentativa.

 

En el caso de que la antijuridicidad sea puesta al interior de una trama de control y disciplina política como es el modelo de dominación política que empieza a conformarse en el posneoliberalismo, las consecuencias son importantes porque aquellas personas que son consideradas como enemigos del Orden, y que serán juzgadas por el COIP, no tendrán oportunidad de defensa en virtud de que la teoría de la acción finalista reconoce un elemento no causal en la infracción, es decir, una norma subjetiva de determinación. Para el poder, son culpables ex ante.

 

En efecto, en la "forma-prisión" la infracción penal es vista como una amenaza o lesión a un "bien jurídico"[15] (Art. 29). El "bien jurídico" es el Orden en cuanto Orden, y en la frontera política que se construyó desde el modelo de dominación política, cualquier forma que asuma la antijuridicidad implica atentar al Orden en cuanto Orden. Así, la referencia a la teoría finalista de la acción para otorgar un sustento ético-jurídico al COIP con la forma-prisión se transforma en un dispositivo epistemológico de poder. De la misma manera que el neoconstitucionalismo legitimaba al Estado sobre la sociedad y desarmaba la capacidad que tenía la sociedad de ser subsumida al Estado, la apelación a la teoría finalista de la acción no es para otorgar un sustento ético jurídico al derecho penal sino más bien lo contrario, para determinar, desde la noción de intencionalidad, la capacidad de culpa de cualquier cuidadano en oponerse al poder y al Orden.

 

Mientras que la teoría de la acción finalista del derecho penal tenía como objetivo el restablecimiento de una dimensión ética-social para la capacidad punitiva del Estado (Welzel: 1956), la forma-prisión readecua el contenido ético de la teoría finalista de la acción y la reinscribe al interior de un proceso disciplinario en la cual la acción finalista no es una garantía ni de prevención ni de ética sino más bien una causal de premeditación que puede ser utilizada en contra del principio constitucional de la presunción de inocencia. El COIP logra una nueva retorsión axiológica en el derecho y en su consistencia deontológica, porque su objetivo real es aquel de extender la capacidad de castigo a todos aquellos que, según la metáfora de Alianza País, están por fuera de la "fortaleza asediada".


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[1] Código Orgánico Integral Penal (COIP), Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014.
[2] "... el objeto "crimen", aquello sobre lo que se ejerce la práctica penal, ha sido profundamente modificado: la calidad, el carácter, la sustancia en cierto modo de que está hecha la infracción, más que su definición formal. La relativa estabilidad de la ley ha cobijado todo un juego de sutiles y rápidos relevos." Foucault, Michel: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Ed., México, 1996, pp. 24-25.
[3] "Para este teórico del estado absoluto (se refiere a Carl Schmitt, P.D.) el enemigo no es cualquier sujeto infractor, sino el otro, el extranjero y basta a su esencia que sea existencialmente, en un sentido particularmente intensivo, algo otro o extranjero, de modo que, en el caso extremo sean posibles con él conflictos que no puedan ser decididos ni a través de un sistema de normas preestablecidas ni mediante la intervención de un tercero descomprometido y por eso imparcial", Zaffaroni, Eugenio Raúl: El enemigo en el derecho penal. Paper: Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Abril de 2006, pp. 6.
[4] Para el año 2009, la Fiscalía General del Estado había identificado 723 tipos penales en 34 leyes y códigos, incluido el Código Penal. Los delitos, infracciones y contravenciones que no constaban específicamente en el Código Penal eran denominados "Leyes Penales Impropias". Cfr. Fiscalía General del Estado. Catálogo de Delitos, Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009.
[5] Esto es correlativo con el aumento de la población carcelaria en el Ecuador, que se incrementa en más del cien por ciento en el periodo 2007-2012, y que incrementa sustancialmente a partir de la aplicación del COIP. Cfr. Defensoría Pública: http://www1.defensoria.gob.ec:8020/dpe/
[6] La responsabilidad individual en los delitos contra la humanidad corre el riesgo de caer en una aporía, aquella que nace de la "obediencia debida", como se llamó al proceso que juzgó y, en primera instancia, perdonó a los militares argentinos por sus crímenes contra la humanidad. Esa aporía recorrió el proceso de Nüremberg de 1946. Cfr. Feierstein, Daniel: El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. FCE, Buenos Aires, 2007. Quizá la reflexión más lúcida al interior de esa aporía y su expresión en la "banalidad del mal" sea el libro de Hanna Arendt del mismo nombre: Arendt, Hanna: Eichman en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen, España, 2000. Ver también: Agambien, Giorgio, Homo Sacer II, op. cit. Sobre el recorrido de la legislación internacional sobre los delitos contra la humanidad puede verse la tesis de doctorado de: Capellà I Roig, Margalida: La tipificación internacional de los crímenes contra la humanidad. Ed. Tirant lo blanch. Valencia, 2005.
[7] Causa Penal No. 223-2013, del Juzgado Segundo de Garantías Penales de la provincia amazónica de Francisco de Orellana.
[8] "Art. 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años."
[9] Este artículo es interesante porque genera y expresa una asimetría fundamental entre los intereses del Estado y los derechos de las personas, al otorgarle una matriz política al delito de "desacato" que ya constaba en el anterior Código Penal, y que tenía una pena general de 8 días a un mes. Además, si el desacato implica lo que la teoría liberal denomina una "acción colectiva", ésta es considerada como agravante. El artículo textualmente expresa lo siguiente: "Art. 283.- Ataque o resistencia.- La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años."
[10] "Art. 336.- Rebelión.- La persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años." Si este artículo hubiese constado en el anterior código penal, todos los procesos políticos que devinieron en cambios de gobierno y que a la postre fueron la condición de posibilidad para la emergencia del fenómeno político de Alianza País, habrían sido imposibles.
[11] Este delito no existía en el anterior Código Penal, forma parte ahora de los treinta artículos del Capítulo VI del Título IV del COPI, denominado: "Delitos Contra la Estructura Constitucional del Estado". "Art. 348.- Incitación a discordia entre ciudadanos.- La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."
[12] "Art. 491.- Cooperación eficaz.- Se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad."
[13] "Art. 493.- Concesión de beneficios de la cooperación eficaz.- La o el fiscal propondrá a la o al juzgador una pena no menor del veinte por ciento del mínimo de la fijada para la infracción en que se halle involucrado el cooperador.
En casos de alta relevancia social y cuando el testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador, una pena no menor al diez por ciento del mínimo de la pena fijada para la infracción contra la persona procesada que colaboró eficazmente.
La concesión de este beneficio estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo de cooperación según la naturaleza y modalidades del hecho punible perpetrado, las circunstancias en que se lo comete y la magnitud de la cooperación proporcionada así como de acuerdo con las condiciones personales del beneficiado."
[14] "Art. 583.- Actuaciones fiscales urgentes.- En los casos de ejercicio público o privado de la acción en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el fiscal podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera autorización judicial se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo como fax, correo electrónico, llamada telefónica, entre otros, de la cual se dejará constancia en el expediente fiscal."
[15] "Bien jurídico es un bien vital del grupo o del individuo, que en razón de su significación social, es amparado jurídicamente. En su substrato puede presentarse en las formas más diversas: como objeto psicofísico O como objeto ideal-psíquico (así, la vida, por un lado, y el honor, por el otro); como estado real (la paz del hogar); como relaciones de la vida (matrimonio, parentesco); como relación jurídica (propiedad, derecho de caza); y hasta como conducta de un tercero (deber de fidelidad del empleado público, protegido ante el soborno). Bien jurídico es, por tanto, todo estado social deseado que el derecho quiere asegurar contra lesiones. La suma de los bienes jurídicos no constituye un "montón atomizado", sino el orden social, y por tanto, la significación de un bien jurídico no ha de ser apreciada aisladamente, sino tan sólo en relación conjunta con la totalidad del orden social." Welzel, Hans: Derecho Penal. Parte General. Ed. De Palma Editor, Buenos Aires, 1956, pp. 6, cursivas el original

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Martes, 22 Octubre 2013 08:49

El Caribe, presa del crimen

El Caribe, presa del crimen

Pese a las significativas diferencias políticas, económicas, culturales y demográficas entre América Latina y el Caribe, ambos experimentan un aumento en el crimen y la violencia relacionada con éste. Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Caribe padece los niveles más altos de violencia en América, seguido por Sud y Centroamérica, y The Economist Intelligence Unit no prevé una reversión de esa tendencia a corto plazo.

 

El Informe de Desarrollo Humano en el Caribe, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), considera que el problema se relaciona en gran medida con el desarrollo, pues el crimen en la región está vinculado de cerca con pobreza, desigualdad, desempleo y migración rural-urbana. Sin embargo, factores externos, como el descenso económico global de los años pasados, junto con el "efecto de globo" derivado de los esfuerzos antinarcóticos en otras partes del subcontinente, que han empujado las actividades criminales a otras zonas, han servido para exacerbar la incidencia criminal en el Caribe.


Los altos niveles de delincuencia tienen particular impacto en economías vulnerables como las de esa zona, pues afectan no sólo su principal fuente de ingreso –el turismo–, sino también su de por sí limitado capital humano, al producir la emigración de los individuos mejor preparados.


El informe se enfoca en siete países: Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, Suriname, y Trinidad y Tobago. El grupo representa economías de bajo y mediano desarrollo, con diversos problemas e intensa criminalidad. Por tanto, sus hallazgos pueden considerarse relevantes para toda la región.


Delitos comunes en ascenso


Los delitos contra la propiedad (típicamente asociados con pobreza y desigualdad) son los más comunes. Según la Encuesta Ciudadana 2010 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), los robos con violencia, los asaltos y los robos a casas son los delitos que los ciudadanos del Caribe más temen. Los primeros registraron tendencia al alza entre 1990 y 2010 en todos los países considerados, con excepción de Barbados, donde se mantuvieron relativamente estables, y Jamaica y Guyana, que tuvieron ligeros descensos. Trinidad y Tobago tuvo la tasa más alta, pero los incrementos más pronunciados fueron en Antigua y Barbuda. El crimen también involucra una proporción particularmente alta de niños y jóvenes, ya sea como víctimas o perpetradores, a menudo como parte de bandas. Aunque éstas son mucho más visibles que los grupos del crimen organizado, también son muy distintas en cuanto a liderazgos y motivaciones. Tienden a ser locales más que trasnacionales; a menudo sus liderazgos y jerarquías son oscuros, y su motivación es el estatus, más que la ganancia económica. Sin embargo, con frecuencia entran en contacto con organizaciones criminales, en particular del narcotráfico.


Según cifras de la OEA, la tasa de homicidios de personas de 15 a 29 años de edad en la región es de 68.9 por 100 mil habitantes. Por grupo de ingreso, la tasa entre jóvenes de altos ingresos es de 21.4, mientras que entre los de mediano y bajo ingreso salta a 89.7, la más alta del mundo. La militancia en bandas ha sido un problema al menos durante los cinco años pasados en el Caribe, con excepción de Guyana. En Jamaica la policía ha identificado al menos 258 bandas, con poco menos de 4 mil miembros, mientras en Trinidad y Tobago hay unas 95 bandas, las cuales se cree que tienen unos mil 270 integrantes. En Barbados, unas 150 bandas han sido identificadas por las autoridades, con alrededor de 4 mil militantes.


También los crímenes graves contra las personas, en particular de índole sexual, han aumentado en años recientes. Ha habido tendencia al alza en homicidios en todo el Caribe. El país más afectado es Jamaica, con tasas particularmente altas de 1990 en adelante. Si bien es un problema de larga data en la isla, tradicionalmente se ligaba a rivalidades políticas, mientras en años recientes se ha vinculado con el narcotráfico y la violencia entre bandas. En contraste, los homicidios en Trinidad y Tobago sólo comenzaron a tener un aumento significativo después de 2000. En Antigua y Barbuda, Guyana y Santa Lucía ha habido mayores fluctuaciones, pero con tendencia constante al alza. En contraste, Barbados mantuvo una tasa baja y estable en 1990-2010.


Tráfico de cocaína y crimen organizado


El informe Crimen organizado trasnacional en América Latina y el Caribe, emitido en 2012 por la UNODC, destaca que la principal amenaza a la seguridad en la región es el flujo de cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos (EU). Si bien esto ocurre desde hace más de 40 años, ha habido importantes fluctuaciones en el periodo: a mediados de la década de 1980, 75 por ciento de la cocaína enviada a EU era interceptada en el Caribe, pero para 2010 más de 80 por ciento era decomisada en Centroamérica y sólo 10 por ciento en el Caribe. Sin embargo, de 2006 en adelante algunos países antes usados como paradas para recargar combustible se han vuelto centros de almacenamiento y logísticos para los grupos del narcotráfico. Estos cambios son ilustrados por el caso de Jamaica, antes país crucial de tránsito para la cocaína destinada a Gran Bretaña y EU. Aunque en 2000 representaba 11 por ciento del flujo de la droga hacia EU, su participación cayó a apenas 1 por ciento en 2007. De manera similar, en la República Dominicana el flujo ha aumentado de modo significativo entre 2006 y 2009, en parte por su posición como país de tránsito hacia el mercado europeo, donde el uso de la cocaína se incrementó durante la década de 2000.


Las fluctuaciones en los flujos de cocaína no se han visto acompañadas por descensos en la incidencia de homicidios. Las tasas en Jamaica subieron de 32 a 41 casos por 100 mil habitantes. También en Dominicana se elevaron de 13 a 25 entre 1995 y 2011, mientras en Trinidad y Tobago crecieron de 11 a 35 entre 1995 y 2010. Entre las 10 tasas más altas del mundo están la de Jamaica en quinto lugar, con 52 casos por 100 mil habitantes; Belice en sexto, con 42; las Islas Vírgenes de EU en octavo, con 39, y San Cristóbal y Nieves en noveno, con 38.
Otro problema que se ha agravado en años recientes es el tráfico de personas. Varios países se han convertido en proveedores o puntos de tránsito para víctimas de tráfico hacia Norteamérica y Europa. Si bien no hay mediciones del problema, se cree que es significativo en algunos países, donde el tráfico predominante es para explotación sexual. Esto se debe en parte a la intensa actividad turística en la región, que ha creado vulnerabilidades como el surgimiento de una industria de turismo sexual. Jamaica destaca en este tipo de tráfico.


Paliativos en vez de soluciones estructurales


Los gobiernos de la región están conscientes de la gravedad del problema y han hecho esfuerzos por atacar sus manifestaciones. Sin embargo, muchas medidas han sido paliativos que no atienden las raíces del problema. Además, la influencia corruptora del crimen organizado ha tenido un grave efecto en las instituciones de los países, en particular las de procuración de justicia. Por tanto, cualquier solución efectiva y duradera tendrá que incluir una reforma de las instancias de procuración e impartición de justicia.


Un aspecto positivo es que el deterioro de la seguridad en el Caribe ha conducido a una mayor cooperación internacional, esencial para compensar los limitados recursos y capacidades con que cuentan las naciones para combatir el crimen. Con todo, cualquier mejora significativa se materializará a mediano o largo plazo, por lo que este tema será el de mayor preocupación para los electores en la región, y fuente de presión política para todos los gobiernos del Caribe.




Traducción de textos: Jorge Anaya


En asociación con Infoestratégica

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