Sábado, 19 Octubre 2019 06:23

Elogio del tumulto

Elogio del tumulto

 

15M, conflicto independentista... Nuestra democracia tiene fobia al conflicto y sin embargo el conflicto es fuente de toda vitalidad y justicia social.

"De los tumultos surgieron en Roma todas las buenas leyes" (Maquiavelo)

 

¿Cuál es la principal aportación de Maquiavelo al pensamiento político? Según el filósofo francés Claude Lefort, es la idea de división social. No hay armonía en ningún sitio, toda sociedad se encuentra dividida entre los Grandes que quieren dominar y el pueblo que rechaza ser dominado. Entre ambos hay desunión, tumulto y conflicto. La vitalidad y la justicia de cualquier sociedad se juega siempre en la disposición que da a esa división insuperable.

¿Será el conflicto absorbido, sofocado o tendrá alguna vía abierta para desplegarse? De la respuesta a esta pregunta se deducen según Maquiavelo-Lefort los tipos de organización social: el principado, en el cual las instituciones están por encima de la sociedad y se protegen de sus agitaciones; la república, en la cual la ley se deja afectar por el conflicto y se transforma para darle una respuesta; la anarquía, donde el conflicto no tiene ninguna respuesta y corre el riesgo de pudrirse o convertirse en guerra civil.

En la primera opción, la ley es propiedad de los Grandes y su avidez de poder y riqueza no encuentra ningún freno, la sociedad queda sometida. En la segunda, la rapacidad de los Grandes encuentra un límite, el conflicto del pueblo logra modificar las leyes establecidas, su deseo de no ser gobernados se inscribe en derecho (la creación del tribuno de la plebe en Roma, por ejemplo). En la tercera, la situación se detiene, se estanca o se pudre al no encontrar ninguna forma de elaboración.

Pueblo es lo que no quiere ser dominado. La república es la imposición de la cosa pública al partido de los ricos. Sólo el tumulto, el conflicto que viene de abajo, da lugar a la generación de nuevas leyes y a la libertad política; es el mayor factor de cambio histórico.

Nuestra organización social no se parece en nada a una república, sino que encaja perfectamente con la definición del principado. Pretende ignorar que hay división entre dominantes y dominados, entre gobernantes y gobernados, es ciega al hecho de que siempre hay división, que la división es insuperable. Piensa la arquitectura institucional como una "solución" y un "sistema armónico" donde cada cosa tiene su lugar y su función establecida por siempre jamás: la gente vota, los partidos legislan, la Constitución marca las reglas de juego de la vida en común, los gobernantes disponen y los gobernados acatan.

¿Y si desacatan? Ningún conflicto tiene razón de ser: es un disfuncionamiento, una anomalía, una locura irracional, algo que no debería ser y que no pasaría "si el pueblo entendiese" (la complejidad de la situación, las exigencias de Bruselas, la necesidad de expresarse en los cauces de la ley, etc.). Un poco de pedagogía, vía antidisturbios o tribunal supremo, servirán para explicarle bien las cosas.

Tres ejemplos

Lo llaman democracia pero no lo es. Lo nuestro es más bien un sistema cerrado y al servicio de las exigencias de explotación y poder de los Grandes, una oligarquía con algunos mecanismos internos (pocos) de control recíproco entre los oligarcas, una cultura consensual que tiene verdadera fobia y pavor al conflicto, esto es, al motor de la vitalidad social y de la justicia, un poder elevado sobre la gente común que no se deja afectar o transformar por las reivindicaciones populares.

Algunos ejemplos recientes:

-cuando el rechazo de cómo somos gobernados se expresó en el 15M, el conflicto abierto no afectó para nada a las estructuras de poder ni se tradujo en ninguna ley (ni siquiera la razonabilísima propuesta de ley sobre la vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca apoyada en miles de firmas y consenso social). El 15M fue reprimido por una parte a través de cargas policiales, heridos y detenidos, sistemas de penalización administrativa vía multas, procesos penales, hasta la ley mordaza finalmente que considera delito gestos activistas básicos como testimoniar sobre la brutalidad policial o circular convocatorias.

Por otra parte, el conflicto fue absorbido por vías de cooptación más sutiles: una cierta incorporación por parte de los políticos de algunas palabras, algunos gestos, algunas demandas, pero sin afectación alguna, sin que esa "integración" supusiese cambio real alguno. Puro maquillaje, cosmética, gestos simbólicos disociados de cambios materiales. Ninguna modificación sustancial en el ámbito institucional. Sólo nuevos condimentos para el "relato" político: símbolos, guiños comunicativos, retóricas y algunos detalles menores (transparencia, primarias).

Sofocando (vía represión o cooptación) el conflicto propuesto por el 15M, se perdió una oportunidad de reinventar nuestra democracia (que no lo es). Los problemas señalados por el 15M no se elaboraron creativamente, simplemente se han congelado y ahora se pudren. Hasta el próximo tumulto.

-el 1 de octubre de 2017, dos millones de personas acuden a votar en un referéndum simbólico por la independencia. Es un gesto de desobediencia que llama la atención sobre la extensión de malestar con respecto a un tipo de encaje territorial, a un tipo de democracia de muy baja intensidad. No se trata simplemente de una cuestión nacional, nacionalista o identitaria, es algo evidente para quien tenga oídos y los use para escuchar. Se expresa ahí un rechazo del sistema político español, hay un deseo de otra situación, de otras reglas de juego, de una república, etc. La respuesta es… ninguna. La represión del 1 de octubre primero, la judicialización de la política después.

Según Maquiavelo, si la vida de Roma fue larga y justas muchas de sus leyes se debió a que la sociedad y la institución era permeable al conflicto. En nuestra sociedad la ley -un instrumento para la vida en común- se convierte en un fetiche sagrado, es decir que no se puede profanar, es decir que no se puede tocar. Al revés, en su nombre se pone fin a todo lo que interrumpe el orden.

Sofocando el conflicto abierto el 1 de octubre, se cierra una oportunidad de reinventar el encaje territorial, las reglas de juego de la convivencia, las hechuras mismas del Estado y el significado mismo de España, algo que no sólo se desea en Catalunya. El conflicto que no encuentra ninguna respuesta o forma de elaboración se pudre, amenaza convertirse en conflicto horizontal entre la propia gente de abajo.

-un tercer ejemplo que no me resisto a poner aunque sea de otra índole: el caso de Podemos. Los líderes de Podemos nos han abrasado los oídos desde su aparición con sus lecturas tan sabias sobre Maquiavelo. Pero, ¿qué encontraban en Maquiavelo? Lo más banal: que lo político es una técnica, que el poder lo es todo, la separación entre moral y política, el juego de tronos (ganar o morir). Ni rastro de la idea más fecunda del florentino: dar espacio a lo que disiente, la fecundidad del conflicto. Todo lo contrario, en un proceso alucinante y un tiempo récord, se ha laminado y expulsado a todos los que pensaban distinto ¡y todo ello sin quitarse el 15M de la boca! La misma cultura política de fobia a la división.

Resultado: se pierde la oportunidad de reinventar la forma-partido y lo que queda de Podemos es una cosa homogénea, por tanto rígida, por tanto débil, por tanto en vías de extinción. A falta de un verdadero balance autocrítico, encarnado, con efectos y no sólo retórico, Íñigo Errejón va por el mismo camino.

Sin conflicto, ni vitalidad ni justicia

Tanto a izquierda como a derecha, "el gobierno es permanentemente enemigo del cambio". La derecha odia con todas sus fuerzas (casi físicamente) cualquier anomalía: desde los manteros hasta las casas okupadas pasando por toda expresión popular ingobernable. La izquierda por su parte tiende a la hipocresía: su sueño -el sueño más que evidente de Pedro Sánchez por ejemplo- es gobernar como la derecha pero con los votos (y la legitimidad) de la izquierda. Y la Nueva Política, por su parte, fetichiza las nociones de "orden" y "estabilidad" como si se pudiese imponer la cosa pública al partido de los ricos (que es trasversal a todos los partidos) sin ningún conflicto o inestabilidad de por medio.

Unos y otros hablan del Estado del bienestar, pero olvidan que este fue justamente un efecto de la división social y la capacidad de conflicto de la gente de abajo. En medio de condiciones muy duras, las luchas obreras consiguieron la reducción de la jornada de trabajo, el aumento de salario, derechos sociales, etc. Nada de armonía, uno se divide en dos: hay patrones y hay obreros, el tumulto se expresa como lucha de clases y el "reformismo" es justamente la plasticidad de la ley en su regulación. Todo eso -con los infinitos claroscuros de la dialéctica entre lucha e integracion de los que no nos vamos a ocupar aquí- ya no existe. El sistema no reconoce la división social, ahora somos todos "empresarios de nosotros mismos". El neoliberalismo desmantela todas las mediaciones que respondían creativamente al conflicto y ya no hay espacio alguno para el resto popular ingobernable. El capitalismo hoy se ha desbocado por ausencia de conflicto.

Si nuestra democracia es tan raquítica y suscita tan poco entusiasmo se debe precisamente a esto: no se deja afectar por los tumultos de abajo, no quiere saber nada de la energía del demos, es incapaz de ninguna fluidez o plasticidad instituyente a no ser que lo pida el Banco Central, convierte lo que es producto y herramienta (la ley) en el factor determinante y primero. El Estado de Derecho, que nació para poner límites a la arbitrariedad del poder, se convierte hoy en un sistema cerrado y sacralizado, enemigo de toda energía instituyente. No nos hemos librado aún de la teología en política.

Desafectada, a esa democracia se la puede llevar el viento, el viento de cualquier "posfascismo" actual. Pero la responsabilidad cae toda del lado de quienes han sostenido una concepción puramente consensual de la democracia.

¿Hay esperanza? Ninguna, mientras seamos pueblo iluso, creyendo que las cosas cambian solas, por la gracia de políticos buenos o de las astucias de la razón en la historia. Alguna, si somos pueblo negativo y desconfiado, pueblo-plebe. "Es una opinión plebeya y un punto de vista negativo suponerle al gobierno una mala voluntad" (Hegel). Es justo el punto de vista que necesitamos, todo el rato. La plebe es justamente el pueblo cuando se hace valer, el que grita "no nos representan", el que sabe que las leyes justas son siempre fruto del tumulto y las ganas de libertad de abajo.

La democracia no es una sociedad armónica o armonizada (tampoco bajo los modelos utópicos de la autogestión o la democracia digital), sino la sociedad que abre paso al conflicto, una sociedad efervescente y abierta al cambio que subordina lo instituido a lo instituyente, esa sociedad que experimentando la inestabilidad consigue obtener la mayor estabilidad, en la que cualquiera (y no sólo los que monopolizan la cosa pública) puede hablar, actuar y ser tenido en cuenta, la sociedad donde la pregunta por la vida buena y la justicia se mantiene abierta, donde la ley es puesta en juego por el conflicto sin ser exactamente su producto. Democracia es sostener la división social, la posibilidad infinita de la división.

En "Mientras dure la guerra", la última película de Amenábar, el personaje de Franco explica su decisión de alargar la guerra en la necesidad de exterminar al otro. "Si no en dos días estaremos en las mismas, los españoles siempre están a la gresca". Es el espíritu de cruzada que aún pervive: hay que suprimir el mal. Pero no se trata de cambiar el franquismo por el imperio de la ley sacralizada e intocable, sino justamente de aprender a convivir con la gresca y elaborarla. Así y sólo así enterraríamos de una vez por todas los restos del dictador. Hay que romper la representación dominante que ve en la división y el conflicto el principio de la decadencia y el declive. El mal es el acicate del bien, de los tumultos surgieron en Roma todas las buenas leyes.

"La república es superior a todos los demás regímenes: se presta al movimiento" (Lefort-Maquiavelo).

Por Amador Fernández-Savater

Interferencias

 

Gracias por las conversaciones a Diego, a Hugo, a las amigas del taller de los lunes.

 

Referencias:

Maquiavelo: lecturas de lo político, Claude Lefort, Trotta.

Claude Lefort, la inquietud de la política, Edgar Straehle, Gedisa.

La democracia contra el Estado, Miguel Abensour, Colihué.

Fuente: http://www.eldiario.es/interferencias/Elogio-tumulto_6_953014711.html

Publicado enCultura
Adriana Gómez, Zona de riesgo, técnica mixta sobre lienzo, 120 x 120 cm, 2015

Cuatro candidaturas se disputan la dirección de Bogotá para el período 2020-2023. Con diferencias entre las campañas, las mismas están más dadas sobre prevenciones ideológicas y políticas que sobre el trasfondo de los programas que airean en los debates públicos. Las encuestas indican que todo está por definirse en las próximas semanas.

 

En Bogotá, como en el resto del país, el domingo 27 de octubre se elige, para un período de 4 años a partir del próximo 1 de enero, el nuevo alcalde o alcaldesa que administrará la ciudad, así como los 45 miembros del Concejo Distrital y los más de 150 ediles de las Juntas Administradoras Locales de las 20 localidades que integran la urbe. La cabeza de la rama ejecutiva del gobierno local y máxima autoridad administrativa y policial de la ciudad, es considerada como el segundo cargo político más importante de Colombia después del Presidente de la República.


Estas elecciones se desarrollan en medio de un “estado” de impopularidad del actual alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, pocas veces vista. A tal punto que, ante las últimas encuestas realizadas a mediados de este año, que dan una imagen desfavorable de Peñalosa de más del 70 por ciento, la alcaldía lanzó en los medios de comunicación una profusa y costosa pauta publicitaria en la que predomina el eslogan “Impopulares pero eficientes”.


En estos comicios hay que resaltar en particular que por primera vez, de acuerdo con la Reforma de Equilibrio de Poderes y el Estatuto de la Oposición, los candidatos que obtengan el segundo lugar en las elecciones a alcaldías y gobernaciones tienen el derecho a ocupar una curul en los concejos y las asambleas departamentales. Esto significa que el próximo alcalde o alcaldesa elegido entre los 4 candidatos en competencia, Claudia López, Hollman Morris, Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, tendrá que lidiar en el Concejo Distrital con el liderazgo de quien saque la segunda votación, hecho novedoso que en principio deberá permitir el fortalecimiento del juego democrático y un mayor espacio a las fuerzas alternativas y de oposición, amplificando el control político que ejerce esta corporación.


Claudia López candidata verdeamarilla


Otro hecho novedoso en las presentes elecciones, es la presencia de una candidata, Claudia López, con posibilidad de ser electa alcaldesa. Aunque a la cabeza de la ciudad han tomado lugar varias alcaldesas, como Clara López y María Teresa Maldonado, lo fueron en su condición de encargadas para remplazar el respectivo alcalde suspendido o destituido. Desde que los alcaldes se eligen por voto popular (1988), ninguna mujer ha ganado en las urnas en Bogotá.


López, candidata de la Alianza Verde con el respaldo del Polo Democrático y otras fuerzas, tiene en su haber una imagen positiva por diversas razones, entre ellas su liderazgo en la lucha anti-corrupción. López aparece para muchos ciudadanos como una candidata de centro-izquierda, lo cual quizás le permitiría obtener el respaldo de sectores de la ciudadanía que votan por candidatos alternativos, tal como ha sucedido en las elecciones de los alcaldes Antanas Mockus, Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. El modelo de ciudad que López propone se diferencia del modelo de Peñalosa, aunque se oyen voces que consideran que sus críticas a la gestión del alcalde han sido más bien tibias. López plantea construir sobre lo construido: una de las grandes dificultades que ha tenido Bogotá (y Colombia) para su desarrollo y progreso, ha sido justamente la política de borrón y cuenta nueva, en donde quien llega al poder no reconoce, por razones políticas o ideológicas, los logros de sus antecesores.


No la beneficia en cambio su temperamento fogoso. Y está por verse, a la hora de las urnas, si el rompimiento entre ella y Petro por diferencias sobre el qué hacer, entre otras el futuro del metro tantas veces proyectado para la ciudad (optando por la realidad del metro aéreo que Peñalosa impuso) afecta a la candidata ante los bogotanos que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que éste obtuvo la mayoría de votos en el Distrito Capital. De otro lado, uno de los cuestionamientos a los liderazgos “renovadores”, es la preeminencia que en estas elecciones ha tomado la próxima campaña presidencial, factor profundo del distanciamiento López-Petro. En contrapartida, también está por verse si el deslinde entre estas dos figuras le traerá votos a la candidata en los sectores desencantados del liderazgo de Petro o claramente anti-petristas, que van desde la izquierda hasta la derecha.


Aunque es un tema poco mencionado en la campaña, la opción sexual de la candidata seguramente pesará a la hora del voto, sobre todo entre sectores tradicionales, regresivos, religiosos, machistas y similares, dispuestos a cerrarle el paso a la candidata verdeamarilla.


La Oposición de Hollman Morris


La candidatura del exconcejal Hollman Morris, quien cuenta con el aval del partido Mais y respaldo de Petro y el movimiento Colombia Humana, se lee ante los ojos de un porcentaje importante de la ciudadanía bogotana que concurre a las urnas, como una propuesta de izquierda radicalmente distinta al modelo de ciudad del alcalde Peñalosa. Al centro del debate se encuentra su total oposición al metro elevado y su énfasis en el metro subterráneo; ha manifestado, asimismo, no apoyar la construcción de tres troncales adicionales para la red de transporte público TransMilenio, y se aparta sin matices de muchas otras iniciativas de la actual administración. Morris aparece en las encuestas con el más bajo porcentaje de intención de voto. Pero más allá de que logre obtener un resultado honorable en las urnas, su candidatura le resta fuerza a López e incluso podría ser factor determinante para que ésta no termine elegida.


La candidatura de Hollman, salpicada por denuncias de machismo, en contra de la opinión mayoritaria de activistas femeninas de la Colombia Humana, pone de presente las limitaciones del recambio del liderazgo existente en el país, a la par de dinámicas en gran parte unipersonales que ganan carrera al interior de proyectos políticos de izquierda, que se supone tendrían que ser colectivos, consultivos, asambleatorios, en donde el peso de la opinión de su cabeza visible debiera valer como la de cualquier otro de sus militantes.


El delfín Miguel Uribe


El exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, es el candidato de una derecha diversa y con maquinarias. Inscribió su candidatura en nombre del movimiento Avancemos y pronto recibió el respaldo de la mayoría de los partidos del establecimiento: Centro Democrático, Liberal, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, este último de las iglesias cristianas. También cuenta con la adhesión de buena parte de los seguidores de Peñalosa, aunque es probable que en las urnas ese grupo, que ve en Uribe el garante del continuismo de la actual administración, pese menos en las urnas que los sufragios que le quita al candidato Uribe su fervoroso y público respaldo a la obra de su alter ego, dado el desprestigio de éste y de su gestión, como ya fue señalado.


En su campaña, Uribe reitera una y otra vez ser el candidato mejor preparado, constante, consistente y coherente en sus propuestas. Se expresa siempre mirando el espejo retrovisor frente a Petro, sin desaprovechar oportunidad para criticar con virulencia su gestión, al igual que todo lo que él percibe, de cerca o de lejos, como izquierda. En su estilo polarizador y planteamientos ideológicos, el joven Uribe se identifica en gran parte con el expresidente Uribe, quien lo ha acompañado en su campaña. La vocación del candidato apunta también hacia sus propios intereses de delfín presidencial. Nieto del expresidente Turbay, tristemente recordado por su Estatuto de Seguridad y las denuncias sobre la imposición de la tortura y las desapariciones, su candidatura a la alcaldía de Bogotá es también un peldaño estratégico, y legítimo, para aspirar a la presidencia de la república.


El repunte de Galán


En el centro y la derecha del espectro político de Bogotá, se presenta una situación similar: la candidatura de Uribe, quien según varias encuestas ocupa el tercer lugar en intención de voto, le quita fuerza a la candidatura de Galán, quien repunta en recientes encuestas. O viceversa. En las elecciones a la alcaldía de Bogotá del año 2011, Galán ya vivió un contexto parecido y no faltaron voces que lo corresponsabilizaron de la derrota de Peñalosa cuando Petro fue electo. Esa lección podría incidir en los dos candidatos, a última hora.


Hijo del líder liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, exconcejal y exsenador, se inscribió por el movimiento Bogotá Para la Gente, luego de retirarse del partido Cambio Radical. Propone soluciones cercanas a las que plantea Uribe en temas relacionados con la seguridad ciudadana y el transporte público, entre otros. Al igual que López y Hollman, Galán se opone al Plan de Ordenamiento Territorial presentado recientemente por Peñalosa al Concejo Distrital. Y todos los cuatro candidatos coinciden en el tema de la necesidad de la transformación digital de Bogotá. Ello no quita que el candidato tenga su propio modelo de ciudad, que podría caracterizarse de centro-derecha.


Ambiente frío


Como el clima de la ciudad por estos días, así está hasta ahora el ambiente electoral despertado por la campaña electoral en curso, la cual no logra aún suscitar el interés y la atención más allá de las clientelas, así como de los sectores activos siempre movilizados. Los bogotanos necesitamos una urbe realmente incluyente y participativa, que atienda con todo rigor temas centrales para sus pobladores como ambiente, transporte público, trabajo, salud, educación, vivienda, y otros aspectos propios de una vida digna.


Bogotá, urbe de ocho millones de habitantes, está en el límite de sus posibilidades, lo que demanda pensarla desde la integralidad de su territorio sabanero con su frágil ecosistema. Contaminación, destrucción del hábitat natural, problemas de abastecimiento de agua y demás, son parte de la realidad que la afectan y de la agenda por abordar en el debate sobre el gobierno que debe regir en la misma. Como parte de ello también es fundamental el qué y como hacer para recuperar quebradas y ríos, así como humedales y similares, colchón necesario para resistir el cambio climático. Otro aspecto por abordar y resolver, mucho más cuando corresponde a una agenda electoral, es la movilidad, la cual le consume a los trabajadores y empleados que viven en la sabana varias horas cada día en su desplazamiento hacia Bogotá y regreso a su vivienda, con su consecuente impacto en su salud física y mental. Precisamente, es sobre esas temáticas que las campañas deben pronunciarse a fondo, como lo requiere un proyecto estratégico, colectivo y movilizador de mayorías. La gente debe sentirse recogida en las propuestas de gobierno para motivarse a participar en la consulta electoral.


Lograrlo es un desafío mayor para las elecciones a la alcaldía de 2023, las cuales deben caracterizarse por un debate ciudadano abierto y apasionado con meses de anterioridad, de tal manera que la gente a la que se pretende llegar con una u otra candidatura sea ampliamente concitada y consultada tanto para estructurar programas como para elegir candidatos. Sólo así el frío no seguirá calando en la cabeza y el corazón de quienes habitan la capital del país.


Todo está por pasar


Faltando tres semanas y unos días para las elecciones, nada está cantado. Siempre cabe preguntarse si las encuestas sobre la intención de voto, realizadas sobre muestreos de mil y tantas personas, reflejan una foto real, en un momento dado, de la intención de voto promedio de la sociedad bogotana. Y no faltan quienes se preguntan si tales encuestas no están sesgadas o direccionadas. Pero más allá de las respuestas, lo evidente es que estas encuestas influyen a su vez sobre el voto de los ciudadanos.


A partir de las elecciones municipales y departamentales de 2023, Bogotá tendrá doble vuelta electoral si en la primera el ganador no obtiene los votos necesarios para ser elegido. Entre tanto, para el período que sigue, cualquiera que sea la candidata o el candidato triunfante, puede preverse que vamos hacia un escenario similar al de las últimas administraciones: el alcalde electo no contará con una mayoría suficientemente amplia que le facilite ejercer su mandato con mayor gobernabilidad, por el bien de quienes habitan Bogotá y de quienes se desplazan a ella cada día para cumplir con su jornada de trabajo.

 

*Consultor en Ciudades Inteligentes.
Bogotá, 27 de septiembre de 2019

 

Publicado enColombia
Viernes, 06 Septiembre 2019 06:14

Agnés Heller: críticas y negaciones

Agnés Heller: críticas y negaciones

I. Mientras G. Lukács solía ir renegando de sus obras y aceptando reprimendas de la ortodoxia comunista, ofrecía "autocríticas" sin perder la fe en el socialismo, A. Heller (1923-2019), su recién fallecida (bit.ly/34fZap0) alumna más conocida, en su paso desde marxismo hacia posmodernismo, lo abandonó por completo, renegó muchas de sus ideas y empezó a defender el mercado y la democracia liberal internalizando demandas de la ortodoxia capitalista. Después de dar, junto con otros miembros de la Escuela de Budapest, nueva vida al marxismo –en oposición al materialismo dialéctico ( diamat) dominante− rescatando al "joven Marx" y desarrollando un novedoso trabajo teórico ( Teoría de las necesidades en Marx, 1976) –posteriormente repudiado ( Una revisión de la teoría de las necesidades, 1993)−, se dedicó a la antropología y a la sociología de la vida cotidiana. Abrazando el individualismo neoliberal, enfatizaba que lo único que necesitábamos era "ir cambiando nuestras vidas" (bit.ly/2k0vvy7). Calificando la "transición democrática" post-89 como una "gloriosa revolución posmoderna en contra de un experimento fallido de la modernidad [el comunismo]", abandonó cualquier esperanza en la emancipación colectiva. No obstante poco antes de la implosión del "socialismo real" junto con otros lukácsianos −de los cuales todos, salvo I. Mésárosz acabaron en posiciones parecidas− escribía "que el mundo necesitaba más socialismo, no menos" (F. Fehér, A. Heller, G. Márkus, Dictatorship over needs, 1983, p. xiii).

II. Tras tener que exiliarse en los setenta –en Melbourne y luego Nueva York, dónde ocupó la misma cátedra que H. Arendt (The New School for Social Research)−, regresó a Hungría. En años recientes fue una de las más feroces y valientes voces críticas de V. Orbán. Según ella, Hungría era el país del ex bloque soviético donde ocurrió "la más radical eliminación de la libertad". En Orbán veía un advenimiento de una "tiranía" (término "populismo" según ella no aportaba nada) −no un tipo de gobierno como democracia o fascismo, sino "una manera de gobernar", "una corrupción del capitalismo" [sic]− y de una "re-feudalización": Orbán decide todo y reparte el botín entre su oligarquía (bit.ly/32j5hY5). Pero incluso en medio de estas críticas, resaltaba su abandono del marxismo: según ella el auge de los "tiranos" (Orbán, Erdoğan, Putin) es posible “porque ya no vivimos en una sociedad de clases – ergo: "éstas ya no existen" [sic]−, sino en una de masas” (nyti.ms/2PLb4PH) y porque "ya no hay conflicto derecha-izquierda" [sic]: "hoy la lucha es entre los que destruyen el estado de derecho y los que quieren restablecerlo" (bit.ly/2lY8dcN).

III. Para Heller, proveniente de una familia judía de clase media, el Holocausto −en el que pereció su padre deportado a Auschwitz junto con otros 450 mil judíos húngaros por un gobierno colaboracionista con Hitler y del que ella se salvó "gracias a pura suerte y sentido común"−, siempre era una latente cuestión filosófica: "¿cómo era posible que ocurriera algo así?", "¿cómo entenderlo?". “Me prometí resolver el secreto sucio del siglo XX, el secreto de varios millones de cuerpos ‘producidos’ por los genocidios en nombre del humanismo e Iluminación” ( A short history of my philosophy, 2010). No obstante esta búsqueda –junto con su paso por el comunismo soviético− sólo la hizo dudar en la humanidad y en la razón.

IV. Fustigando el latente antisemitismo de Orbán (bit.ly/2zDtDzB), sus políticas de odio hacia refugiados y minorías (roma/sinti etcétera) y la perversa instrumentalización de la figura de G. Soros, un empresario húngaro-judío-estadunidense, que según él "financia la llegada de los migrantes musulmanes para aniquilar a la Europa cristiana", Heller, en su preocupación "por la suerte de la civilización occidental" −al abrazar las teorías funcionalistas de la modernidad y acabar prácticamente en posiciones neo-conservadoras− de repente usaba el mismo lenguaje que la propia derecha xenófoba: "el islam es el totalitarismo más extremo" (bit.ly/2NJU4Mi). Criticando el "nacionalismo estúpido" de Orbán (bit.ly/2Zx6FcQ) −y viéndolo en general como una gran amenaza− dejaba de lado su caso más radical: el Israel de Netanyahu, ignorando también similitudes entre ambos políticos y su bizarra alianza en plataforma etnonacionalista y antinmigrante que resulta incluso en el blanqueamiento del papel de Hungría en el Holocausto (bit.ly/2ks4MKZ).

V. A pesar de sus "negaciones", Heller –junto con A. Gorz (1923-2007)− sigue siendo una pionera de la ecología política (bit.ly/2LhpI0w). Su redescubrimiento del concepto de las "necesidades radicales" en Marx –las que no pueden ser satisfechas dentro de la economía del mercado− y su reconceptualización, como buena alumna de Lukács, desde el punto de vista de la alienación que genera toda una serie de necesidades artificiales "irreales desde el punto de vista ecológico", son más actuales que nunca en tiempos en que el actual patrón de consumo es insostenible y suicida. Lo mismo aplica a su premisa que para evitar la trampa de "tener las necesidades dictadas" (véase: Dictatorship...”) hay que movilizarnos y echar a andar "un proceso desde abajo" que de modo democrático identifique las "necesidades racionales" realizando “una comúnmente desarrollada –subrayaba aún en su época de esperanzas− crítica de la vida cotidiana”.

Por Maciek Wisniewski, periodista polaco

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El poder que venció a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda

Todo por la vida. Luego de comprobar que las fuentes de agua de su municipio se estaban secando como consecuencia de la explotación minera, en el municipio de Mercaderes –Cauca-, su población decidió ponerle coto a tan nefasto designio. La Consulta popular fue la vía, el diálogo con la población el método. Acá la historia de un triunfo que sacia la sed de miles.

Año 2013. Luego de comprobar la desaparición de más de 10 cuerpos de agua, producto de exploraciones sísmicas, sufrir las consecuencias de la minería ilegal que mató el rí o Sambingo, y que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Amla) otorga en el curso de pocos años 14 títulos mineros de explotación minera y extracción de hidrocarburos, los habitantes del municipio de Mercaderes decidieron emprender la lucha por la defensa del agua y del territorio utilizando para ello de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política: la Consulta popular

Para ello, 24 organizaciones sociales del municipio, reunidas en la Coordinadora Social Integral Mercadereña, junto con la Alcaldía y el Concejo Municipal iniciaron trámites administrativos para realizar la Consulta popular sorteando cada uno de los trámites legales necesarios. En esa pugna, el punto culmen se presenta en el 2017 cuando el Tribunal Administrativo Contencioso del Cauca dio concepto favorable a la Consulta, que preguntaba a los habitantes, “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. 

Una vez obtenido este aval, se solicitó a la Registraduría Nacional adelantar los procesos necesarios para que se pudiera llevar a cabo la votación. 

Todo debería seguir su curso sin sobresaltos, sin embargo en 2017 y nuevamente en 2018, la Registradora negó el procedimiento, además de restringir el acceso al censo electoral actualizado1, y a los elementos necesarios para el proceso electoral (formularios, urnas, tarjetones etc.), negándose, además, junto con el Ministerio de Hacienda a realizar la consulta aduciendo falta de presupuesto, e invitando a la Alcaldía municipal a suspender de manera indefinida la votación hasta que alguno de los dos entes contara con recursos. 

Maniobras legalista y obstáculos desde el poder central que no lograron quebrar la voluntad popular, de manera que la comunidad y sus autoridades siguieran adelante. El asunto no era solo formal-electoral, de ahí que a finales de 2018 realizaran el recorrido Tras las huellas del agua en Mercaderes, en la que participaron habitantes y organizaciones del municipio, visitando distintos corregimientos para constatar el estado de las fuentes hídricas, para preservarlas y cuidarlas. En ese mismo ejercicio presentaron los mandatos por el agua (ver recuadro).

Ante la negativa de las autoridades responsables de cumplir con su labor, y su decisión de quebrarle el cuello a sus propias normas, la comunidad autónomamente se organizó y decidió llevar a cabo la Consulta popular legítima en Mercaderes, por el agua y el territorio, al igual que la realizada a finales del 2018 en San Lorenzo –Nariño–.

Con esta iniciativa ciudadana se busca proteger “El Cerro de la Campana, donde nace el rio Ato Viejo, principal fuente de agua del municipio, que desemboca en el rio Sambingo, y todas las restantes fuentes de agua”, como nos contó Ulber Castillo, habitante del municipio y perteneciente al Comité de Integración del Macizo colombiano, uno de los promotores de la Consulta popular.

La Consulta se realizó autogestionando los recursos económicos, logísticos, organizativos y presentación de resultados, como decisión de una comunidad que se negó a permitir que la burocracia, falta de garantías políticas, limbos jurídicos y desidia de la administración central les impidieran ejercer su derecho a decidir sobre su territorio, el mismo que día a día recorren, trabajan y cuidan en procura de un mejor porvenir. 

 

No quiero que quiten el agua de mi municipio

 

Hombres, mujeres y niños se avocaron a este ejercicio, todos querían participar, todos querían decir algo para defender las fuentes de agua del municipio. En esto coincide el abogado ambientalista David Uribe, asesor de varios procesos de Consultas populares en Colombia “Si hay un pueblo organizado, un pueblo consciente que valora, que cuida sus fuentes hídricas, sus bosques, su territorio, de alguna manera se le puede hacer frente a las empresas, a las políticas y a las legislaciones lesivas”. 

Para sacar adelante su decisión, los habitantes del municipio, primero, buscaron los recursos económicos, logrando el apoyo de diferentes organizaciones sociales y de la Alcandía municipal; también organizaron una Registraduría Comunitaria, conformada por un equipo de 4 personas designadas por la comunidad, que vigiló y se encargó de dar fiabilidad al procedimiento. De igual manera, desplegaron campañas de información, tales como “Yo defiendo el agua y tú también, apóyanos marcando No en el tarjetón”, “No quiero que en el municipio entren las multinacionales a destrozar lo que nos pertenece”. 

La Registraduría comunitariaorganizó logísticamente los elementos necesarios: jurados y testigos (la MOE, Veedores internacionales, personería, defensoría, testigos y jurados electorales, elementos de votación), buscó el censo electoral, organizó el transporte de testigos y delegados, conteo y posterior entrega de resultados, dándole así sustento legal al proceso social y popular, pese a la desidia y falta de voluntad política de las instituciones encargadas de cumplir con la ley 1757 de 2015 –sobre mecanismos de participación ciudadana–, ley 136 de 1994 –sobre organización y funcionamiento de municipios–, y el artículo 311 de la Constitución Política –sobre la autonomía de organizar el territorio y garantizar la participación ciudadana. 

Los resultados no pudieron ser mejores: se superó el umbral exigido de 4.671 votos. En las 46 mesas habilitadas se registraron un total de 6.489 votos, 17 por el Sí, 6.449 por el No, 8 nulos y 10 no marcados. 

Cabe resaltar un ejercicio político que no tiene igual en este tipo de consultas: la comunidad decidió contar con la voz de sus niños, niñas y adolescentes, y dos días antes de las elecciones del 3 de agosto de 2019, organizaron elecciones en 10 instituciones educativas: participaron 2.447 NNA, de los 2.870 que viven en el municipio, 2.416 dijeron No, 31 dijeron Sí, 423 no votaron. Los resultados no podían decir algo diferente a lo que fue posteriormente la elección general.

 

En proceso

 

Una vez surtida la fase de la Consulta popular, la comunicad enfoca su esfuerzo tras tres grandes propósitos. Primero, que lo decidido quede integrado en los acuerdos municipales por el Concejo municipal y posteriormente se integren al Esquema Básico de Ordenamiento Territorial, para así ponerle límite a las exploraciones y explotaciones, delimitando zonas especiales de protección y reserva que impidan la afectación de las fuentes hídricas y la biodiversidad de este territorio, así como definir las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio. 

Segundo, consolidar un tejido social y organizativo que tenga la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la minería ilegal, los proyectos extractivos y mineros, y la desidia del gobierno central –que desconoce las particularidades y necesidades de cada territorio–, factores adversos que, como la Consulta popular, se enfrentan a partir de ejercicios ciudadanos que se apropian no solo desde las posibilidades que brinda la ley, sino también, y en lo fundamental, desde la construcción de nuevas forma de hacer y exigir respeto a gobiernos y políticas que afecten su vida en comunidad. 

Y tercero, enviarle un potente mensaje político a todas las comunidades de nuestro país que se encuentran afectadas por los proyectos o los planes de exploración y explotación minera, para que se organicen y logren, mediante ejercicios colectivos, rigurosos, asumir ellos mismos la dirección y decisión de su destino. Como proyección de ello, llamar a la unión comunitaria para incidir en políticas nacionales que garanticen, de manera real, que sea el pueblo el que decida sobre el territorio. 

Por eso Ulber Castillo agradece “al pueblo mercadereño, a los niños y las niñas, a las organizaciones (recordando) que cuando nos articulamos, que cuando nos unimos, podemos defender nuestro territorio”. La dinámica y acción colectiva continúa. Un mensaje claro dado las decisiones de la Corte Constitucional. 

Este procedimiento dificultó que muchos habitantes del municipio no pudieran ejercer el derecho al voto, dado que no estaban en las listas de votación.

 


Mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua en Mercaderes

 

El pueblo y las comunidades que habitamos, pervivimos y subsistimos en el territorio del municipio de Mercaderes, en ejercicio de nuestra autonomía y búsqueda de la justicia hídrica exigimos y mandatamos:

Que el agua sea concebida como un bien común y elemento que permite la vida de diversos seres de la naturaleza, además de los seres humanos.

Que se garantice el derecho fundamental al agua como un elemento de uso y gestión público-comunitario, con criterios de cantidad y calidad suficiente para la vida digna y prioridad para el consumo humano de acuerdo a la Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, con un control y seguimiento riguroso a todos los actores implicados en el cumplimiento de este derecho.

Que se garanticen escenarios de participación comunitaria con carácter vinculante en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial para la incidencia en la toma de decisiones en torno al agua y los ecosistemas que hacen posible que fluya, y que permita establecer y consolidar a Mercaderes como un municipio con vocación agroalimentaria y ambiental.

Que se respete la autonomía de las organizaciones sociales y comunitarias de autogestión , con inclusión de propuestas y planes y proyectos de vida propios en los planes de desarrollo municipales, EOT y demás planes de ordenamiento territorial y del agua.

Que se respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (2018) y la Sentencia STP 2028 de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre el campesinado como sujeto de especial protección constitucional dada su relación con el agua y el territorio en el marco de la protección.

Que se garantice apoyo y financiación para la protección del agua y del ambiente con metodologías, programas y proyectos participativos y concertados con las comunidades del municipio vinculando al Sistema General de Participaciones.

 


 

Sí pero no. Decisiones ambiguas 

 

En octubre de 2018 la Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificada SU095/18 mediante la cual decidió que las Consultas populares no pueden impedir proyectos extractivos. La decisión no pasó sin pena ni gloria pues generó incertidumbre jurídica entre las comunidades y organizaciones sociales, aquellas que desean otros proyectos productivos en sus territorios, sin que afecten y mucho menos destruyan su entorno y naturaleza. La Sentencia, además, deja limbos jurídicos debido a que diferentes normatividades en materia ambiental, territorial y ciudadano chocan entre sí, lesionando la participación ciudadana, dejando con ello un mal precedente en el país. 

En esta Sentencia, la Corte Constitucional recuerda que el subsuelo al ser propiedad del Estado, y teniendo este la facultad para explotarlo y/o cederlo, no es competencia de los municipios determinar si se puede o no realizar exploración y extracción y, por lo tanto, las Consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir tales actividades. La Sentnecia reconoce, a su vez, la facultad que tienen los municipios y entes territoriales para organizar y decidir los usos que del suelo se puedan hacer. También reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones que afecten el territorio, cuando en él se lleven a cabo actividades que afecten el uso del suelo. 

Por lo tanto, considerando que el Estado es el dueño del subsuelo y que la entidades territoriales tienen la competencia del uso del suelo, y que se necesitan mecanismos de participación ciudadana, en la Sentencia se decidió que sea el Senado, en los próximos dos años, el responsable de crear los mecanismos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan que todos los actores: gobierno central, gobernación, alcaldia, y ciudadanos participen y decidan conjuntamente sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

La decisión de la Corte se produce producto de la tutela presentada por Monsarovar Energy en contra de la Consulta popular realizada en el municipio de Cumaral –Meta– en el año 2017, con su decisión mayoritaria de impedir la exploración sísmica, perforación y producción de hidrocarburos, decisión colectiva que fue tutelada por la empresa, con visto favorable de la Corte.

En esta ocasión la Corte decidió fallar en favor del Estado central, desconociendo la descentralización del mismo, la autonomía de los entes territoriales, la violencia que está asociada a proyectos de extracción y exploración, la protección del medio ambiente, dejando con ello sin mecanismos de participación a los municipios, y de paso favoreciendo a las multinacionales mineras y petroleras. David Uribe, abogado ambientalista, agrega que “Los municipios tienen una función básica que es el ordenamiento del suelo, y que el suelo es inescindible del subsuelo”, por lo que no se comprende la decisión. 

Sin embargo, en la misma Sentencia el magistrado Alberto Rojas Ríos calificó la decisión de “[…] regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad”,algo que compartimos en esta publicación. Por ello, ¿Por qué la Corte, en vez de limitar la participación ciudadana no limita la acción de las mineras y petroleras, en tanto se tramiten los mecanismos de concertación? ¿Por qué tienen que sufrir las comunidades mientras que un órgano ineficiente y pro exploración y explotación –como el Senado– decide legislar? 

En estas circunstancias, y con la experiencia vivida y acumulada por diversidad de comunidades a lo largo y ancho del país en su lucha contra la explotación minera, desvío de ríos, y proyectos similares, es clara la necesidad de reformar la política minera y energética del país, la misma que propicia violencia y pobreza. El reto es generar proyectos económicos acordes con el potencial de las comunidades, en los que la agricultura y la industria primen sobre la exploración y extracción depredadora, pensando en la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, transformar la matriz energética basada en hidrocarburos, explorando nuevas fuentes de energía. A la par, respetar la descentralización del Estado, fomentando la planeación con participación popular y autonomía de los entes territoriales en la organización del suelo. 

Publicado enEdición Nº260
El ejercicio legítimo y comunitario de las Consultas populares

La Consulta popular es un mecanismo que ha permitido visibilizar la inconformidad comunitaria generalizada y contundente que existe frente a la imposición de proyectos minero energéticos en el país. 

A pesar de la medida de la Corte Constitucional octubre de 2018, de no permitir Consultas para estos asuntos, algunos procesos territoriales y organizativos han decidido seguir impulsando la realización de este mecanismo, como una forma legítima y autónoma de expresar su voluntad. 

Hasta el momento se han realizado dos Consultas populares legítimas –San Lorenzo, Nariño, y Mercaderes, Cauca (Ver artículo páginas 2 y 3)– acompañadas y articuladas con organizaciones campesinas, ambientalistas, comités, instituciones garantes, entre otros. 

Estas jornadas se desarrollan en un contexto en el cual el Estado colombiano se niega a reconocer la voluntad de las comunidades, manifiesta en diversas demandas en pro de la protección de sus territorios. 

 

Participación vs. extractivismo

 

Los escenarios participativos vinculantes y directos en la institucionalidad colombiana son cada vez más obstaculizados.  No es casual que así sea, ya que el establecimientos acepta, propicia e impulsa la implementación de diversos proyectos de explotación minera, de hidrocarburos y de megaproyectos energéticos e hidroeléctricos. Esta contradicción sociedad-Estado se transforma hoy en asunto fundamental en la discusión política dada por la expansión de conflictos ambientales que surgen a raíz de su acceso, control y apropiación de buena parte de los bienes naturales. A lo largo del país,  ante esto la sociedad civil ha ejercido estrategias participativas para posicionar sus planes de vida y sus lecturas frente a la forma en que se organiza el territorio. 

La ofensiva institucional se fundamenta en situar las actividades mineras, petroleras, energéticas y de infraestructura como principales determinantes en la definición política, económica y fiscal del país, generando medidas que priorizan y blindan el ejercicio extractivo en el territorio nacional, las cuales por lo general se materializan en flexibilización laboral; desregulación de títulos para la exploración y explotación; debilidad de las instituciones que ejercen control y seguimiento sobre el uso de los bienes comunes; perdida de competencia de las entidades territoriales para ordenar el agua y el suelo; limitación del alcance de mecanismos legales de participación*. 

Las dinámicas de los conflictos que se reportan a nivel nacional tienen diversas manifestaciones, dependiendo de la actividad extractiva, las más frecuentes son las asociadas a la contaminación, a la afectación de los medios de vida, la falta de acceso a los recursos y el conflicto más común que se reporta es la falta de participación en la planificación. Esto ha conducido a que espacios organizativos ambientalistas, campesinos, afros e indígenas planteen escenarios autónomos para proponer orientaciones en la planeación territorial; es así como en algunas regiones se han diseñado Planes de vida Comunitarios y se han realizado Consultas populares gestionadas y organizadas desde instancias comunitarias. 

 

Desconocimiento de la voluntad ciudadana 

 

Por su parte, en los últimos años las comunidades han empleado diversas medidas que ha desconocido el Estado central. En esa ruta, los constantes pronunciamientos y conceptos emitidos por altas Cortes y entidades gubernamentales han limitado la posibilidad de acudir a elementos institucionales para la defensa de la justicia ambiental y social. Esta discusión ha empezado, precisamente, desde el ejercicio de las Consultas populares y la prohibición de las actividades extractivas por medio de Acuerdos Municipales, a partir de lo cual se cuestionó la competencia de los escenarios territoriales para limitar este tipo de proyectos.

Está limitación empezó con el pronunciamiento de la Sentencia SU 095 de 2018, que estableció, para el caso de una Consulta popular, que las entidades territoriales no tenían la potestad de prohibir actividades que afectaren el subsuelo; interpretación reiterada en la Sentencia C-052 de 2019 que también limitó el ejercicio de las consultas en los casos en los que se cambia del uso del suelo, y la T-342 de 2019 que extiende esta interpretación frente al alcance y legalidad de los Acuerdos Municipales.

Esta línea de interpretación a su vez establece que debe existir coordinación y concertación entre las entidades territoriales y la nación, lo cual genera gran preocupación frente a las garantías para el ejercicio participativo, ya que si bien se reconoce la ausencia de mecanismos certeros y eficaces para la participación en materia ambiental, en correspondencia con ello no se establece otro mecanismo o escenario que permita un verdadero diálogo democrático y participativo.

 

Alternativas desde organizaciones y comunidades 

 

Pese a las diversas formas en las que se ha limitado y flexibilizado el control jurídico, político e institucional, los procesos organizativos y territoriales insisten en generar escenarios que puedan construir y debatir apuestas locales y autónomas adecuadas a cada contexto, y a su vez disputar escenarios para materializarlas. 

Ejemplo de esto son los Planes de vida comunitarios y las Consultas populares legitimas. Por un lado, frente a los Pactos Planes de vida comunitarios se han suscrito acuerdos políticos entre organizaciones sociales y candidatos electorales en los cuales se comprometen a la defensa y cuidado del agua y los bienes naturales. Por otro lado, existe actualmente la convicción para continuar con la realización de Consultas populares como estrategia de visibilización de expresiones colectivas contra los megaproyectos. 

Mecanismos de participación con total vigencia, ya que es fundamental seguir fortaleciendo las formas comunitarias de participación y la articulación y deliberación constante que permita transitar a un modelo minero energético social y ambientalmente justo, que asuma como prioridad y fundamento la protección y defensa del agua, la vida y la biodiversidad.

 

* Los dos últimos han sido transversales en los conflictos ambientales que se visibilizan en los últimos años en el país, ya que determinan la posibilidad de la ciudadanía de incidir sobre la organización del territorio y dicha debilidad genera una ruptura entre las formas comunitarias de ver y planear el territorio y los planes de desarrollo que se implementan por los gobiernos locales y nacionales. 

**Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz

Publicado enEdición Nº260
El poder que venció a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda

Todo por la vida. Luego de comprobar que las fuentes de agua de su municipio se estaban secando como consecuencia de la explotación minera, en el municipio de Mercaderes –Cauca-, su población decidió ponerle coto a tan nefasto designio. La Consulta popular fue la vía, el diálogo con la población el método. Acá la historia de un triunfo que sacia la sed de miles.

Año 2013. Luego de comprobar la desaparición de más de 10 cuerpos de agua, producto de exploraciones sísmicas, sufrir las consecuencias de la minería ilegal que mató el rí o Sambingo, y que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Amla) otorga en el curso de pocos años 14 títulos mineros de explotación minera y extracción de hidrocarburos, los habitantes del municipio de Mercaderes decidieron emprender la lucha por la defensa del agua y del territorio utilizando para ello de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política: la Consulta popular

Para ello, 24 organizaciones sociales del municipio, reunidas en la Coordinadora Social Integral Mercadereña, junto con la Alcaldía y el Concejo Municipal iniciaron trámites administrativos para realizar la Consulta popular sorteando cada uno de los trámites legales necesarios. En esa pugna, el punto culmen se presenta en el 2017 cuando el Tribunal Administrativo Contencioso del Cauca dio concepto favorable a la Consulta, que preguntaba a los habitantes, “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. 

Una vez obtenido este aval, se solicitó a la Registraduría Nacional adelantar los procesos necesarios para que se pudiera llevar a cabo la votación. 

Todo debería seguir su curso sin sobresaltos, sin embargo en 2017 y nuevamente en 2018, la Registradora negó el procedimiento, además de restringir el acceso al censo electoral actualizado1, y a los elementos necesarios para el proceso electoral (formularios, urnas, tarjetones etc.), negándose, además, junto con el Ministerio de Hacienda a realizar la consulta aduciendo falta de presupuesto, e invitando a la Alcaldía municipal a suspender de manera indefinida la votación hasta que alguno de los dos entes contara con recursos. 

Maniobras legalista y obstáculos desde el poder central que no lograron quebrar la voluntad popular, de manera que la comunidad y sus autoridades siguieran adelante. El asunto no era solo formal-electoral, de ahí que a finales de 2018 realizaran el recorrido Tras las huellas del agua en Mercaderes, en la que participaron habitantes y organizaciones del municipio, visitando distintos corregimientos para constatar el estado de las fuentes hídricas, para preservarlas y cuidarlas. En ese mismo ejercicio presentaron los mandatos por el agua (ver recuadro).

Ante la negativa de las autoridades responsables de cumplir con su labor, y su decisión de quebrarle el cuello a sus propias normas, la comunidad autónomamente se organizó y decidió llevar a cabo la Consulta popular legítima en Mercaderes, por el agua y el territorio, al igual que la realizada a finales del 2018 en San Lorenzo –Nariño–.

Con esta iniciativa ciudadana se busca proteger “El Cerro de la Campana, donde nace el rio Ato Viejo, principal fuente de agua del municipio, que desemboca en el rio Sambingo, y todas las restantes fuentes de agua”, como nos contó Ulber Castillo, habitante del municipio y perteneciente al Comité de Integración del Macizo colombiano, uno de los promotores de la Consulta popular.

La Consulta se realizó autogestionando los recursos económicos, logísticos, organizativos y presentación de resultados, como decisión de una comunidad que se negó a permitir que la burocracia, falta de garantías políticas, limbos jurídicos y desidia de la administración central les impidieran ejercer su derecho a decidir sobre su territorio, el mismo que día a día recorren, trabajan y cuidan en procura de un mejor porvenir. 

 

No quiero que quiten el agua de mi municipio

 

Hombres, mujeres y niños se avocaron a este ejercicio, todos querían participar, todos querían decir algo para defender las fuentes de agua del municipio. En esto coincide el abogado ambientalista David Uribe, asesor de varios procesos de Consultas populares en Colombia “Si hay un pueblo organizado, un pueblo consciente que valora, que cuida sus fuentes hídricas, sus bosques, su territorio, de alguna manera se le puede hacer frente a las empresas, a las políticas y a las legislaciones lesivas”. 

Para sacar adelante su decisión, los habitantes del municipio, primero, buscaron los recursos económicos, logrando el apoyo de diferentes organizaciones sociales y de la Alcandía municipal; también organizaron una Registraduría Comunitaria, conformada por un equipo de 4 personas designadas por la comunidad, que vigiló y se encargó de dar fiabilidad al procedimiento. De igual manera, desplegaron campañas de información, tales como “Yo defiendo el agua y tú también, apóyanos marcando No en el tarjetón”, “No quiero que en el municipio entren las multinacionales a destrozar lo que nos pertenece”. 

La Registraduría comunitariaorganizó logísticamente los elementos necesarios: jurados y testigos (la MOE, Veedores internacionales, personería, defensoría, testigos y jurados electorales, elementos de votación), buscó el censo electoral, organizó el transporte de testigos y delegados, conteo y posterior entrega de resultados, dándole así sustento legal al proceso social y popular, pese a la desidia y falta de voluntad política de las instituciones encargadas de cumplir con la ley 1757 de 2015 –sobre mecanismos de participación ciudadana–, ley 136 de 1994 –sobre organización y funcionamiento de municipios–, y el artículo 311 de la Constitución Política –sobre la autonomía de organizar el territorio y garantizar la participación ciudadana. 

Los resultados no pudieron ser mejores: se superó el umbral exigido de 4.671 votos. En las 46 mesas habilitadas se registraron un total de 6.489 votos, 17 por el Sí, 6.449 por el No, 8 nulos y 10 no marcados. 

Cabe resaltar un ejercicio político que no tiene igual en este tipo de consultas: la comunidad decidió contar con la voz de sus niños, niñas y adolescentes, y dos días antes de las elecciones del 3 de agosto de 2019, organizaron elecciones en 10 instituciones educativas: participaron 2.447 NNA, de los 2.870 que viven en el municipio, 2.416 dijeron No, 31 dijeron Sí, 423 no votaron. Los resultados no podían decir algo diferente a lo que fue posteriormente la elección general.

 

En proceso

 

Una vez surtida la fase de la Consulta popular, la comunicad enfoca su esfuerzo tras tres grandes propósitos. Primero, que lo decidido quede integrado en los acuerdos municipales por el Concejo municipal y posteriormente se integren al Esquema Básico de Ordenamiento Territorial, para así ponerle límite a las exploraciones y explotaciones, delimitando zonas especiales de protección y reserva que impidan la afectación de las fuentes hídricas y la biodiversidad de este territorio, así como definir las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio. 

Segundo, consolidar un tejido social y organizativo que tenga la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la minería ilegal, los proyectos extractivos y mineros, y la desidia del gobierno central –que desconoce las particularidades y necesidades de cada territorio–, factores adversos que, como la Consulta popular, se enfrentan a partir de ejercicios ciudadanos que se apropian no solo desde las posibilidades que brinda la ley, sino también, y en lo fundamental, desde la construcción de nuevas forma de hacer y exigir respeto a gobiernos y políticas que afecten su vida en comunidad. 

Y tercero, enviarle un potente mensaje político a todas las comunidades de nuestro país que se encuentran afectadas por los proyectos o los planes de exploración y explotación minera, para que se organicen y logren, mediante ejercicios colectivos, rigurosos, asumir ellos mismos la dirección y decisión de su destino. Como proyección de ello, llamar a la unión comunitaria para incidir en políticas nacionales que garanticen, de manera real, que sea el pueblo el que decida sobre el territorio. 

Por eso Ulber Castillo agradece “al pueblo mercadereño, a los niños y las niñas, a las organizaciones (recordando) que cuando nos articulamos, que cuando nos unimos, podemos defender nuestro territorio”. La dinámica y acción colectiva continúa. Un mensaje claro dado las decisiones de la Corte Constitucional. 

Este procedimiento dificultó que muchos habitantes del municipio no pudieran ejercer el derecho al voto, dado que no estaban en las listas de votación.

 


Mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua en Mercaderes

 

El pueblo y las comunidades que habitamos, pervivimos y subsistimos en el territorio del municipio de Mercaderes, en ejercicio de nuestra autonomía y búsqueda de la justicia hídrica exigimos y mandatamos:

Que el agua sea concebida como un bien común y elemento que permite la vida de diversos seres de la naturaleza, además de los seres humanos.

Que se garantice el derecho fundamental al agua como un elemento de uso y gestión público-comunitario, con criterios de cantidad y calidad suficiente para la vida digna y prioridad para el consumo humano de acuerdo a la Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, con un control y seguimiento riguroso a todos los actores implicados en el cumplimiento de este derecho.

Que se garanticen escenarios de participación comunitaria con carácter vinculante en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial para la incidencia en la toma de decisiones en torno al agua y los ecosistemas que hacen posible que fluya, y que permita establecer y consolidar a Mercaderes como un municipio con vocación agroalimentaria y ambiental.

Que se respete la autonomía de las organizaciones sociales y comunitarias de autogestión , con inclusión de propuestas y planes y proyectos de vida propios en los planes de desarrollo municipales, EOT y demás planes de ordenamiento territorial y del agua.

Que se respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (2018) y la Sentencia STP 2028 de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre el campesinado como sujeto de especial protección constitucional dada su relación con el agua y el territorio en el marco de la protección.

Que se garantice apoyo y financiación para la protección del agua y del ambiente con metodologías, programas y proyectos participativos y concertados con las comunidades del municipio vinculando al Sistema General de Participaciones.

 


 

Sí pero no. Decisiones ambiguas 

 

En octubre de 2018 la Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificada SU095/18 mediante la cual decidió que las Consultas populares no pueden impedir proyectos extractivos. La decisión no pasó sin pena ni gloria pues generó incertidumbre jurídica entre las comunidades y organizaciones sociales, aquellas que desean otros proyectos productivos en sus territorios, sin que afecten y mucho menos destruyan su entorno y naturaleza. La Sentencia, además, deja limbos jurídicos debido a que diferentes normatividades en materia ambiental, territorial y ciudadano chocan entre sí, lesionando la participación ciudadana, dejando con ello un mal precedente en el país. 

En esta Sentencia, la Corte Constitucional recuerda que el subsuelo al ser propiedad del Estado, y teniendo este la facultad para explotarlo y/o cederlo, no es competencia de los municipios determinar si se puede o no realizar exploración y extracción y, por lo tanto, las Consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir tales actividades. La Sentnecia reconoce, a su vez, la facultad que tienen los municipios y entes territoriales para organizar y decidir los usos que del suelo se puedan hacer. También reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones que afecten el territorio, cuando en él se lleven a cabo actividades que afecten el uso del suelo. 

Por lo tanto, considerando que el Estado es el dueño del subsuelo y que la entidades territoriales tienen la competencia del uso del suelo, y que se necesitan mecanismos de participación ciudadana, en la Sentencia se decidió que sea el Senado, en los próximos dos años, el responsable de crear los mecanismos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan que todos los actores: gobierno central, gobernación, alcaldia, y ciudadanos participen y decidan conjuntamente sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

La decisión de la Corte se produce producto de la tutela presentada por Monsarovar Energy en contra de la Consulta popular realizada en el municipio de Cumaral –Meta– en el año 2017, con su decisión mayoritaria de impedir la exploración sísmica, perforación y producción de hidrocarburos, decisión colectiva que fue tutelada por la empresa, con visto favorable de la Corte.

En esta ocasión la Corte decidió fallar en favor del Estado central, desconociendo la descentralización del mismo, la autonomía de los entes territoriales, la violencia que está asociada a proyectos de extracción y exploración, la protección del medio ambiente, dejando con ello sin mecanismos de participación a los municipios, y de paso favoreciendo a las multinacionales mineras y petroleras. David Uribe, abogado ambientalista, agrega que “Los municipios tienen una función básica que es el ordenamiento del suelo, y que el suelo es inescindible del subsuelo”, por lo que no se comprende la decisión. 

Sin embargo, en la misma Sentencia el magistrado Alberto Rojas Ríos calificó la decisión de “[…] regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad”,algo que compartimos en esta publicación. Por ello, ¿Por qué la Corte, en vez de limitar la participación ciudadana no limita la acción de las mineras y petroleras, en tanto se tramiten los mecanismos de concertación? ¿Por qué tienen que sufrir las comunidades mientras que un órgano ineficiente y pro exploración y explotación –como el Senado– decide legislar? 

En estas circunstancias, y con la experiencia vivida y acumulada por diversidad de comunidades a lo largo y ancho del país en su lucha contra la explotación minera, desvío de ríos, y proyectos similares, es clara la necesidad de reformar la política minera y energética del país, la misma que propicia violencia y pobreza. El reto es generar proyectos económicos acordes con el potencial de las comunidades, en los que la agricultura y la industria primen sobre la exploración y extracción depredadora, pensando en la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, transformar la matriz energética basada en hidrocarburos, explorando nuevas fuentes de energía. A la par, respetar la descentralización del Estado, fomentando la planeación con participación popular y autonomía de los entes territoriales en la organización del suelo. 

Publicado enColombia
Germán Ardila, Cristóforo, óleo sobre tela, 115 x 100 cm. (Cortesía del autor)

Tres grises y una actitud resaltan en la lectura del informe presentado por el presidente Iván Duque acerca del primer año de gestión, que presentó el pasado 20 de julio en el Congreso de la República. No es algo menor advertir la actitud negativa que el discurso expresa.


En efecto, parece no percatarse de que ya fue elegido, y que por tanto debiera proceder como Presidente y no como candidato en campaña. Su tono y su énfasis lo delatan: “Desde uno de los escaños de este Parlamento defendí las mismas ideas y la visión de país que hoy desarrollamos desde el Gobierno. Ideas que son mandato. Mandato que es orgullo y servicio, compromiso y sacrificio, trabajo duro y diálogo social transformador. Nuestro Gobierno, apreciados congresistas, escucha, actúa y cumple” (Cursivas y negrillas del original). ¿Así será cuando sea presidente?


El interrogante tiene todo su sentido, ya que una de las críticas más reiteradas de los movimientos sociales a este gobierno –también a los anteriores– es que. para intentar que escuche hay que decretar un paro, y para que cumpla hay que hacer uno o varios más. El prolongado paro de los indígenas nasa, en unión con campesinos y comunidades afrodescendientes, en el primer semestre del año en curso, no deja dudas al respecto.


Ese es el tono a lo largo del discurso, que no deja de estar presente, incluso hasta en su final, al asegurar: “Apreciados congresistas, ¡aquí estamos y para adelante vamos! Nuestro rumbo es el Crecimiento con Equidad. Colombia no va a parar de crecer”. (Cursivas, negrillas y subrayado en el original). Iván Duque sigue en campaña.


El tono y la forma como el Presidente le habla al país tienen en realidad un destinatario específico: la porción de población de la cual espera fidelidad con su voto. Sus palabras son pronunciadas pensando en el 2022, en la continuidad de un gobierno que promete configurar un nuevo Frente Nacional. Esta vez, entre la derecha más recalcitrante (Centro Democrático) y el ala más ‘liberal’ de la misma: el partido conservador y las fracciones políticas que entre elecciones cambian de nombre partidario o se reacomodan de acuerdo “al sol que mejor alumbre”.


Se trata de un objetivo y un foco precisos, reafirmados cuando alude de manera formal a la supuesta ‘unidad nacional’, al comienzo de su discurso: “Ese futuro que queremos, ese futuro que añoramos, es un futuro de todos” no es la preocupación principal que domina hoy en la Casa de Nariño. Esa preocupación es la de conservar y, de ser posible, acrecentar los 10’365.450 votos con los cuales fue elegido para gobernar a Colombia. Y, para eso, marca los énfasis que resaltan a lo largo de su discurso. Este gobierno logró sacar adelante o mejorar: “[…] aumentamos en 45 por ciento los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE); […] Fortalecimos los hospitales públicos […] con el Programa de Acción Inmediata, que ya ha invertido cerca de $187 mil millones en infraestructura. […] Acabamos de sancionar la ley que otorga incentivos para el uso de vehículos eléctricos. […] lanzamos la política Ruta Futuro, para enfrentar el problema de las drogas. […] nunca más los traficantes de droga y los secuestradores podrán enmascarar sus actividades criminales bajo ropajes ideológicos (aprobamos la) Ley del Abigeato (y la) Ley del Veterano. (Impulsaremos) la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad (los niños, NN) […]”.


Estas y otras acciones resaltadas en su discurso son similares a las destacadas por quienes le antecedieron como presidente, en el afán de mostrar que sí hacen y cumplen con sus promesas de campaña, que son eficientes, y que gobiernan a favor de los excluidos. La pregunta que sobresale es: ¿Si todos han actuado así, y si el actual gobierno va por igual ruta, por qué la desigualdad social campea, por qué es precaria la prestación de los diversos servicios públicos, y están sin respuesta los reclamos de las mayorías que debieran resumirse en justicia, bienestar social y felicidad? ¿Propaganda? ¿Demagogia? ¿Exageración? ¿Apariencia?
Los grises


La actitud y la prioridad de su gobierno/partido les dan paso a los grises de su discurso, los mismos que lo desnudan en su carácter y su proyecto: 1. Como toda expresión del poder, su incapacidad de corregir. 2. Su talento para desinformar y manipular la realidad, 3. Bicentenario y el temor de proyectar el país de los próximos 200 años, o al menos el de las próximas décadas, para hacerle honor al bicentenario de la Independencia.


1. Incapacidad para corregir, característica de toda expresión de poder


Con excepción de la frase “Falta mucho por hacer, mucho” (que hace en alusión al asesinato de líderes sociales y su reducción, de acuerdo a las cifras del Gobierno), a lo largo del discurso de marras no hay alusión alguna que evidencie faltantes o errores o incapacidad o aprendizaje. Ello refleja una deformación del poder, en el caso del actual gobernante colombiano y en los de quienes llegan a acumular poder en alguna instancia: no miran hacia los lados, poco escuchan, menos reconocen. En el caso de los gobernantes, según sus expresiones públicas, ejercen funciones a favor de las mayorías –aunque la realidad indique todo lo contrario. Cada uno de ellos dice que es “demócrata”, dialoga, escucha, hace lo que sus gobernantes le demandan y esperan de él. Nada más lejano de la realidad.


Cada gobernante se debe al poder real que domina en sus sociedades, para nuestro tiempo y caso: es el capital financiero, en primera instancia, con los terratenientes a su par, y en segundo lugar los industriales y los comerciantes, así como los militares, los religiosos de las iglesias cristianas y católicas.


Entre todos ellos, o en medio de ellos, obran poderosos terratenientes, industriales, comerciantes, militares, no siempre ligados a la política, la economía y la administración local y regional de manera legal o pacífica. Concentrados en acrecentar sus dominios y su influencia social, con todos los resortes del aparato estatal y gubernamental a su favor, facilitados por el marco institucional –o la fuerza y la instrumentalización de narcotraficantes. Se benefician, entre otros, de presupuestos, contrataciones de grandes obras, administración de una numerosa burocracia; con relación y mando sobre un número de charreteras, de oficiales y suboficiales sin honor, vinculados con estructuras criminales de poder y corrupción.


De esta manera, en muchos casos a través de un ahondado presidencialismo, el gobernante termina por olvidar el mandato recibido, dejando a la entrada de su oficina, y en la placa y las palabras talladas, aquello de la función y el deber democráticos. No es para menos: el poder, como si fuera miel, empalaga; y, como si fuera alcohol o psicoactivo, emborracha y alucina: hace ver lo que no es (donde hay exclusión, simula inclusión; donde hay pobreza, aparenta igualdad y justicia). Es muy claro que de esta constante del poder tradicional no está exento Duque. Con su proceder, prolonga una característica del poder hasta ahora conocido, y sólo con escasas excepciones, y por cortos períodos de tiempo, superado en momentos muy particulares de la humanidad: su concentración en una o muy pocas personas, y, con esto, su carácter nada democrático. Precisamente, el reto en los tiempos que vivimos es conseguir que el poder cumpla con una acción más colectiva, desconcentrada, y con acogimiento de las regiones y las diferencias. Es éste un imposible de ver en los regímenes dominados por el capital y su modelo neoliberal, y de propiedad terrateniente, como el nuestro.


Regímenes en los cuales se ha llegado, según diversas organizaciones internacionales, a la paradoja del 1-99 por ciento, o lo que es igual, a la concentración demencial de riqueza, la cual va asociada al control del poder político. Y de este modo, al control de los Estados y gobiernos, así como del aparato militar. Es decir, el actual ejercicio del poder, cuando atañe a la cosa pública, es la síntesis de la antidemocracia más aberrante.


2. Desinformar y manipular la realidad


Como una constante, quienes ejercen el poder, gobernando o no, siempre desinforman y manipulan la opinión pública. En realidad engañan, depositando sobre sus intereses la legalidad y la legitimidad con fundamento en sus propiedades y su riqueza en general, y en las decisiones que toman y las leyes que aprueban; desinformación y manipulación reafirmadas en época de fakenews, como la que hoy vivimos.


Iván Duque no escapa de estas características del poder. En su informe, acomoda la realidad histórica: “[…] en este año del Bicentenario debemos tener en cuenta que se nos brinda una oportunidad de revivir tanto el sentir de unión de país, el sentir nacional, como el orgullo patrio que marcó ese momento histórico”. ¿De dónde saca esa supuesta ‘unión de país’? ¿La de centralistas y federalistas? ¿La que llevó al sometimiento –por parte de terratenientes y comerciantes– de pobres, indígenas y negros –esclavos–, negados todos ellos del derecho a la libertad plena y al usufructo de la tierra? ¿La que propició el intento de asesinato de Bolívar?


Pero no es sólo esto. En su informe resalta que “propusimos un pacto que ponga primero a los pobres […]” (negrilla y cursiva en el original). Enfatizando en otro aparte de su discurso, “[…] le propusimos a Colombia que todos nuestros esfuerzos y nuestras iniciativas estarían orientados a la equidad”. Nada más lejano de la realidad. Más allá de destinar unos millones para concretar algún proyecto social en educación, salud y otros áreas, lo los prioritario para este gobierno son los ricos de siempre. Y no es un cliché. Veamos.


En la pasada reforma fiscal o Ley de financiamiento (2018), se ampliaron las exenciones concedidas a las personas jurídicas, tan variadas y numerosas que en realidad terminan por reducir a tal tamaño la Tarifa Impositiva Nominal de las Empresas (1,3 por ciento), que al final de sumas y restas, y en proporción a sus ingresos, las personas naturales pagan más impuesto (5 por ciento) que las grandes empresas. Exenciones tan amplias, con diferencias por sector industrial y comercial, sumadas, les ahorran a los ricos 20 mil millones de pesos-año, es decir, cerca de tres veces el dinero recaudado por esa misma reforma.(1).


Como también lo difundieron los gobiernos anteriores, se procede así “con el propósito de estimular la inversión privada nacional y extranjera” (según el Presidente, reducir “[…] la carga de impuestos que estaba asfixiando a las empresas”), lo que procuraría mayor y mejor empleo (al decir de Duque, reducir la “[…] carga tributaria de los generadores de empleo”). Como es conocido por la experiencia, el desempleo no decae, el empleo no mejora en calidad, las empresas sí multiplican las ganancias y la llamada clase media sigue esquilmada en sus ingresos, por el pago del impuesto de Renta y del IVA, en lo cual la acompaña los sectores populares.


De este modo, más allá de las palabras de Iván Duque, los ricos serán más ricos, y los trabajadores en particular, así como los sectores populares en general, verán más menguados sus ingresos diarios. Así lo reafirma el Presidente: “[…] como resultado de la Ley de Financiamiento y Reactivación Económica, logramos aumentar el recaudo neto en 11 billones de pesos”, cifra que oculta, en un juego de apariencias y desinformación, que este no es el resultado de cobrarle más a quien más tiene, como ejercicio simple de justicia, sino el fruto de una argucia elemental: bajar el monto de ingresos totales por los cuales el trabajador está obligado a declarar renta.


Esa política tributaria de estímulos para las grandes personas jurídicas procede en vía contraria a lo aconsejado por la política clásica en materia tributaria, de no otorgar tratamientos diferenciales y efectivos en esta materia, para no propiciar ineficiencias en la asignación de recursos y en la distribución de ingresos. “Aparte de la generación de condiciones propiciatorias de ineficiencias y distorsiones en la administración tributaria en diferentes ámbitos como la evasión y elusión”. (2. Garay). Además, es una política tributaria que resulta contraria a un propósito que debe ser nacional: reducir la honda desigualdad reinante en Colombia, “[…] uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y entre los dos más desiguales en América Latina, incluso el más desigual según algunos especialistas, cuando se observa no sólo el índice de Gini sino también las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales en el país y la baja calidad en el acceso a trabajos de buena calidad” (3).


En estas condiciones, ¿puede creer alguien que “[…] el objetivo central del crecimiento de nuestra economía es la construcción de Equidad”? ¿Y asimismo que “[…] estamos trabajando para crear las condiciones que permitan a las empresas multiplicar la creación de puestos de trabajo estables y formales”? Da risa. Solamente cuando los derechos de los trabajadores sean quebrados hasta lo inimaginable, reduciendo salarios, incrementando su porcentaje para el aporte pensional, eliminando pagos por despidos injustos, etcétera, aceptarán los empleadores formalizar en mayor número sus plantas de trabajadores.


Pero en este juego de palabras y simulaciones, el Presidente anuncia que “Colombia tiene que pensar en grande […]”. (negrilla y cursiva en el original). ¿Podrá ajustarse a la realidad este necesario propósito cuando no se aplican las requeridas políticas para dejar de ser el nuestro uno de los países más desiguales del mundo? ¿Podrá esto dejar de ser simple palabrería cuando prolongamos nuestra existencia como uno de los pocos países en el mundo que mantienen viva la problemática de la tierra, negándose a concretar una reforma agraria que en efecto entregue la tierra –con asesoría en todos los campos necesarios–, así como a una efectiva soberanía alimentaria que propicie suministros sanos para toda la población, al igual que una política ambiental a la altura de nuestras características naturales y la defensa de la vida misma?


¿Podrá ajustarse a la realidad este propósito cuando nuestros gobernantes persisten en defender y prolongar, por ejemplo, la guerra contra las drogas? ¿Podrá ser esto realidad cuando persiste en su negativa a impulsar por todos los medios posibles una política de integración regional y, por esa vía, la renuncia en un plazo no mayor a tres o cuatro décadas al Estado-nación?


En el reino de la manipulación, queda una frase para esculpir: “¡En la Colombia que estamos construyendo, nadie puede sentir temor de expresar sus ideas y de proteger los intereses de su comunidad”, una clara expresión de mal gusto, pues da cuenta del desconocimiento de la Colombia profunda, que no queda no sólo en lo conocido como su periferia rural sino que también está presente, y cada vez más, en las barriadas de las grandes ciudades donde el común denominador son las “fronteras invisibles” o la ley del fusil –el revólver es juego de niños. Es ésta una manipulación que pretende ocultar el reacomodo del régimen, extendiendo sombras sobre la matriz paramilitar, a la par que sobre su efectiva prolongación uribista, para lo cual es fundamental la disputa de la memoria en que anda enfrascado este gobierno.


3. El año del Bicentenario


Sin sentido histórico ni visión futura, retoma en su discurso esta realidad, pero no se atreve, como representante de una clase, a dibujar el país de los próximos dos siglos, tal como debiera ser, en honor a quien en la Carta de Jamaica previó no un país pequeño –con banqueros afanados de más lucro ni terratenientes y otros mezquinos disputándose el control del país y su aislamiento global– sino todo un amplio territorio y una región integrada para el beneficio y la felicidad de sus habitantes, atento al riesgo proveniente del Norte.


Es éste el gran reto para una clase enfrascada en la defensa de sus pequeñeces; preocupada por despojar de sus tierras a los vecinos, pequeños propietarios, o por acrecentar la riqueza mediante la transformación de las normas, legislando a su favor, o desmontando empresas y concentrando en la especulación comercial; un proceder en que lo universal, como debiera ser el sentir y pensar de cualquier político en cualquier país de nuestro tiempo, debiera resaltar en cada una de sus acciones, pero para nuestro caso lo universal puede ser el nombre de una finca, de un banco o de una agencia comercial. Es por eso que en el informe de marras sobresale la ausencia de proyección estratégica para el país, visionando como máximo “Año Dos”, y de ahí poco más.


Como es de conocimiento general, proceder bajo el influjo de la futurología en un país demanda, por un lado, espíritu abierto y desprevenido, sentido humanitario; por otro, lectura geopolítica y estratégica. Pero, a la vez, capacidad de sueño, apuesta por el futuro y pensamientos grandes, algo que ni este gobierno ni los anteriores han tenido.


4. Año dos


Termina Duque su discurso con una visión pegada a las paredes, proyectando las acciones por acometer durante el segundo año de su gobierno. Más allá de lo enunciado, en que destaca acciones simples de imagen y opinión pública, como la de apoyar con el trámite de la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños, es necesario reparar en el ocultamiento de varias medidas que sí son del interés de la administración de turno, entre ellas las reformas pensional, laboral (una más) y tributaria, la venta de diversidad de bienes públicos, así como la anhelada por el capital nacional e internacional: la enajenación de acciones de Ecopetrol autorizada desde 2006.


De concretarse estos pretendidos, con mayor énfasis las reformas a pensiones y al mundo del trabajo, es claro que quedaremos mucho más lejos de reducir la desigualdad y de atacar la inequidad, reafirmando lo ya conocido desde mucho antes del 7 de agosto de 2018: Iván Duque encabeza “un gobierno de los ricos y para los ricos” (4), aunque diga y aparente lo contrario. 

 

1. “Aquí reside precisamente una razón determinante de por qué, a pesar de regir formalmente unas tarifas nominales elevadas, incluso internacionalmente, en Colombia son relativamente bajas las tarifas efectivas impositivas para el conjunto de personas jurídicas –aunque con sustanciales diferencias entre empresas por sectores. Y también por qué la carga tributaria efectiva en Colombia –respecto al PIB– es relativamente baja aún en el contexto latinoamericano, y por qué son tan elevados los niveles de evasión y elusión tributarias. Con el agravante de que los cambios introducidos en el Estatuto Tributario por la Ley de financiamiento, aprobada en diciembre pasado (Ley 1943 de 2018), no sólo profundizarán inequidades horizontales y verticales sino que además aumentarán el gasto tributario, agravando la regresividad y las ineficiencias del sistema impositivo en el caso de personas jurídicas”. En, Garay Salamanca, Luis Jorge, y Espitia Zamora, Jorge Enrique. Dinámica de las desigualdades en Colombia (en impresión, Ediciones Desde Abajo).
2. Garay Salamanca, Jorge, op. cit.
3. Íd.
4. Sarmiento Anzola, Libardo, “Un gobierno de los ricos y para los ricos”, Le Monde diplomatique, número 181, septiembre 2018.

 


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Publicado enColombia
Germán Ardila, Cristóforo, óleo sobre tela, 115 x 100 cm. (Cortesía del autor)

Tres grises y una actitud resaltan en la lectura del informe presentado por el presidente Iván Duque acerca del primer año de gestión, que presentó el pasado 20 de julio en el Congreso de la República. No es algo menor advertir la actitud negativa que el discurso expresa.


En efecto, parece no percatarse de que ya fue elegido, y que por tanto debiera proceder como Presidente y no como candidato en campaña. Su tono y su énfasis lo delatan: “Desde uno de los escaños de este Parlamento defendí las mismas ideas y la visión de país que hoy desarrollamos desde el Gobierno. Ideas que son mandato. Mandato que es orgullo y servicio, compromiso y sacrificio, trabajo duro y diálogo social transformador. Nuestro Gobierno, apreciados congresistas, escucha, actúa y cumple” (Cursivas y negrillas del original). ¿Así será cuando sea presidente?


El interrogante tiene todo su sentido, ya que una de las críticas más reiteradas de los movimientos sociales a este gobierno –también a los anteriores– es que. para intentar que escuche hay que decretar un paro, y para que cumpla hay que hacer uno o varios más. El prolongado paro de los indígenas nasa, en unión con campesinos y comunidades afrodescendientes, en el primer semestre del año en curso, no deja dudas al respecto.


Ese es el tono a lo largo del discurso, que no deja de estar presente, incluso hasta en su final, al asegurar: “Apreciados congresistas, ¡aquí estamos y para adelante vamos! Nuestro rumbo es el Crecimiento con Equidad. Colombia no va a parar de crecer”. (Cursivas, negrillas y subrayado en el original). Iván Duque sigue en campaña.


El tono y la forma como el Presidente le habla al país tienen en realidad un destinatario específico: la porción de población de la cual espera fidelidad con su voto. Sus palabras son pronunciadas pensando en el 2022, en la continuidad de un gobierno que promete configurar un nuevo Frente Nacional. Esta vez, entre la derecha más recalcitrante (Centro Democrático) y el ala más ‘liberal’ de la misma: el partido conservador y las fracciones políticas que entre elecciones cambian de nombre partidario o se reacomodan de acuerdo “al sol que mejor alumbre”.


Se trata de un objetivo y un foco precisos, reafirmados cuando alude de manera formal a la supuesta ‘unidad nacional’, al comienzo de su discurso: “Ese futuro que queremos, ese futuro que añoramos, es un futuro de todos” no es la preocupación principal que domina hoy en la Casa de Nariño. Esa preocupación es la de conservar y, de ser posible, acrecentar los 10’365.450 votos con los cuales fue elegido para gobernar a Colombia. Y, para eso, marca los énfasis que resaltan a lo largo de su discurso. Este gobierno logró sacar adelante o mejorar: “[…] aumentamos en 45 por ciento los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE); […] Fortalecimos los hospitales públicos […] con el Programa de Acción Inmediata, que ya ha invertido cerca de $187 mil millones en infraestructura. […] Acabamos de sancionar la ley que otorga incentivos para el uso de vehículos eléctricos. […] lanzamos la política Ruta Futuro, para enfrentar el problema de las drogas. […] nunca más los traficantes de droga y los secuestradores podrán enmascarar sus actividades criminales bajo ropajes ideológicos (aprobamos la) Ley del Abigeato (y la) Ley del Veterano. (Impulsaremos) la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad (los niños, NN) […]”.


Estas y otras acciones resaltadas en su discurso son similares a las destacadas por quienes le antecedieron como presidente, en el afán de mostrar que sí hacen y cumplen con sus promesas de campaña, que son eficientes, y que gobiernan a favor de los excluidos. La pregunta que sobresale es: ¿Si todos han actuado así, y si el actual gobierno va por igual ruta, por qué la desigualdad social campea, por qué es precaria la prestación de los diversos servicios públicos, y están sin respuesta los reclamos de las mayorías que debieran resumirse en justicia, bienestar social y felicidad? ¿Propaganda? ¿Demagogia? ¿Exageración? ¿Apariencia?
Los grises


La actitud y la prioridad de su gobierno/partido les dan paso a los grises de su discurso, los mismos que lo desnudan en su carácter y su proyecto: 1. Como toda expresión del poder, su incapacidad de corregir. 2. Su talento para desinformar y manipular la realidad, 3. Bicentenario y el temor de proyectar el país de los próximos 200 años, o al menos el de las próximas décadas, para hacerle honor al bicentenario de la Independencia.


1. Incapacidad para corregir, característica de toda expresión de poder


Con excepción de la frase “Falta mucho por hacer, mucho” (que hace en alusión al asesinato de líderes sociales y su reducción, de acuerdo a las cifras del Gobierno), a lo largo del discurso de marras no hay alusión alguna que evidencie faltantes o errores o incapacidad o aprendizaje. Ello refleja una deformación del poder, en el caso del actual gobernante colombiano y en los de quienes llegan a acumular poder en alguna instancia: no miran hacia los lados, poco escuchan, menos reconocen. En el caso de los gobernantes, según sus expresiones públicas, ejercen funciones a favor de las mayorías –aunque la realidad indique todo lo contrario. Cada uno de ellos dice que es “demócrata”, dialoga, escucha, hace lo que sus gobernantes le demandan y esperan de él. Nada más lejano de la realidad.


Cada gobernante se debe al poder real que domina en sus sociedades, para nuestro tiempo y caso: es el capital financiero, en primera instancia, con los terratenientes a su par, y en segundo lugar los industriales y los comerciantes, así como los militares, los religiosos de las iglesias cristianas y católicas.


Entre todos ellos, o en medio de ellos, obran poderosos terratenientes, industriales, comerciantes, militares, no siempre ligados a la política, la economía y la administración local y regional de manera legal o pacífica. Concentrados en acrecentar sus dominios y su influencia social, con todos los resortes del aparato estatal y gubernamental a su favor, facilitados por el marco institucional –o la fuerza y la instrumentalización de narcotraficantes. Se benefician, entre otros, de presupuestos, contrataciones de grandes obras, administración de una numerosa burocracia; con relación y mando sobre un número de charreteras, de oficiales y suboficiales sin honor, vinculados con estructuras criminales de poder y corrupción.


De esta manera, en muchos casos a través de un ahondado presidencialismo, el gobernante termina por olvidar el mandato recibido, dejando a la entrada de su oficina, y en la placa y las palabras talladas, aquello de la función y el deber democráticos. No es para menos: el poder, como si fuera miel, empalaga; y, como si fuera alcohol o psicoactivo, emborracha y alucina: hace ver lo que no es (donde hay exclusión, simula inclusión; donde hay pobreza, aparenta igualdad y justicia). Es muy claro que de esta constante del poder tradicional no está exento Duque. Con su proceder, prolonga una característica del poder hasta ahora conocido, y sólo con escasas excepciones, y por cortos períodos de tiempo, superado en momentos muy particulares de la humanidad: su concentración en una o muy pocas personas, y, con esto, su carácter nada democrático. Precisamente, el reto en los tiempos que vivimos es conseguir que el poder cumpla con una acción más colectiva, desconcentrada, y con acogimiento de las regiones y las diferencias. Es éste un imposible de ver en los regímenes dominados por el capital y su modelo neoliberal, y de propiedad terrateniente, como el nuestro.


Regímenes en los cuales se ha llegado, según diversas organizaciones internacionales, a la paradoja del 1-99 por ciento, o lo que es igual, a la concentración demencial de riqueza, la cual va asociada al control del poder político. Y de este modo, al control de los Estados y gobiernos, así como del aparato militar. Es decir, el actual ejercicio del poder, cuando atañe a la cosa pública, es la síntesis de la antidemocracia más aberrante.


2. Desinformar y manipular la realidad


Como una constante, quienes ejercen el poder, gobernando o no, siempre desinforman y manipulan la opinión pública. En realidad engañan, depositando sobre sus intereses la legalidad y la legitimidad con fundamento en sus propiedades y su riqueza en general, y en las decisiones que toman y las leyes que aprueban; desinformación y manipulación reafirmadas en época de fakenews, como la que hoy vivimos.


Iván Duque no escapa de estas características del poder. En su informe, acomoda la realidad histórica: “[…] en este año del Bicentenario debemos tener en cuenta que se nos brinda una oportunidad de revivir tanto el sentir de unión de país, el sentir nacional, como el orgullo patrio que marcó ese momento histórico”. ¿De dónde saca esa supuesta ‘unión de país’? ¿La de centralistas y federalistas? ¿La que llevó al sometimiento –por parte de terratenientes y comerciantes– de pobres, indígenas y negros –esclavos–, negados todos ellos del derecho a la libertad plena y al usufructo de la tierra? ¿La que propició el intento de asesinato de Bolívar?


Pero no es sólo esto. En su informe resalta que “propusimos un pacto que ponga primero a los pobres […]” (negrilla y cursiva en el original). Enfatizando en otro aparte de su discurso, “[…] le propusimos a Colombia que todos nuestros esfuerzos y nuestras iniciativas estarían orientados a la equidad”. Nada más lejano de la realidad. Más allá de destinar unos millones para concretar algún proyecto social en educación, salud y otros áreas, lo los prioritario para este gobierno son los ricos de siempre. Y no es un cliché. Veamos.


En la pasada reforma fiscal o Ley de financiamiento (2018), se ampliaron las exenciones concedidas a las personas jurídicas, tan variadas y numerosas que en realidad terminan por reducir a tal tamaño la Tarifa Impositiva Nominal de las Empresas (1,3 por ciento), que al final de sumas y restas, y en proporción a sus ingresos, las personas naturales pagan más impuesto (5 por ciento) que las grandes empresas. Exenciones tan amplias, con diferencias por sector industrial y comercial, sumadas, les ahorran a los ricos 20 mil millones de pesos-año, es decir, cerca de tres veces el dinero recaudado por esa misma reforma.(1).


Como también lo difundieron los gobiernos anteriores, se procede así “con el propósito de estimular la inversión privada nacional y extranjera” (según el Presidente, reducir “[…] la carga de impuestos que estaba asfixiando a las empresas”), lo que procuraría mayor y mejor empleo (al decir de Duque, reducir la “[…] carga tributaria de los generadores de empleo”). Como es conocido por la experiencia, el desempleo no decae, el empleo no mejora en calidad, las empresas sí multiplican las ganancias y la llamada clase media sigue esquilmada en sus ingresos, por el pago del impuesto de Renta y del IVA, en lo cual la acompaña los sectores populares.


De este modo, más allá de las palabras de Iván Duque, los ricos serán más ricos, y los trabajadores en particular, así como los sectores populares en general, verán más menguados sus ingresos diarios. Así lo reafirma el Presidente: “[…] como resultado de la Ley de Financiamiento y Reactivación Económica, logramos aumentar el recaudo neto en 11 billones de pesos”, cifra que oculta, en un juego de apariencias y desinformación, que este no es el resultado de cobrarle más a quien más tiene, como ejercicio simple de justicia, sino el fruto de una argucia elemental: bajar el monto de ingresos totales por los cuales el trabajador está obligado a declarar renta.


Esa política tributaria de estímulos para las grandes personas jurídicas procede en vía contraria a lo aconsejado por la política clásica en materia tributaria, de no otorgar tratamientos diferenciales y efectivos en esta materia, para no propiciar ineficiencias en la asignación de recursos y en la distribución de ingresos. “Aparte de la generación de condiciones propiciatorias de ineficiencias y distorsiones en la administración tributaria en diferentes ámbitos como la evasión y elusión”. (2. Garay). Además, es una política tributaria que resulta contraria a un propósito que debe ser nacional: reducir la honda desigualdad reinante en Colombia, “[…] uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y entre los dos más desiguales en América Latina, incluso el más desigual según algunos especialistas, cuando se observa no sólo el índice de Gini sino también las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales en el país y la baja calidad en el acceso a trabajos de buena calidad” (3).


En estas condiciones, ¿puede creer alguien que “[…] el objetivo central del crecimiento de nuestra economía es la construcción de Equidad”? ¿Y asimismo que “[…] estamos trabajando para crear las condiciones que permitan a las empresas multiplicar la creación de puestos de trabajo estables y formales”? Da risa. Solamente cuando los derechos de los trabajadores sean quebrados hasta lo inimaginable, reduciendo salarios, incrementando su porcentaje para el aporte pensional, eliminando pagos por despidos injustos, etcétera, aceptarán los empleadores formalizar en mayor número sus plantas de trabajadores.


Pero en este juego de palabras y simulaciones, el Presidente anuncia que “Colombia tiene que pensar en grande […]”. (negrilla y cursiva en el original). ¿Podrá ajustarse a la realidad este necesario propósito cuando no se aplican las requeridas políticas para dejar de ser el nuestro uno de los países más desiguales del mundo? ¿Podrá esto dejar de ser simple palabrería cuando prolongamos nuestra existencia como uno de los pocos países en el mundo que mantienen viva la problemática de la tierra, negándose a concretar una reforma agraria que en efecto entregue la tierra –con asesoría en todos los campos necesarios–, así como a una efectiva soberanía alimentaria que propicie suministros sanos para toda la población, al igual que una política ambiental a la altura de nuestras características naturales y la defensa de la vida misma?


¿Podrá ajustarse a la realidad este propósito cuando nuestros gobernantes persisten en defender y prolongar, por ejemplo, la guerra contra las drogas? ¿Podrá ser esto realidad cuando persiste en su negativa a impulsar por todos los medios posibles una política de integración regional y, por esa vía, la renuncia en un plazo no mayor a tres o cuatro décadas al Estado-nación?


En el reino de la manipulación, queda una frase para esculpir: “¡En la Colombia que estamos construyendo, nadie puede sentir temor de expresar sus ideas y de proteger los intereses de su comunidad”, una clara expresión de mal gusto, pues da cuenta del desconocimiento de la Colombia profunda, que no queda no sólo en lo conocido como su periferia rural sino que también está presente, y cada vez más, en las barriadas de las grandes ciudades donde el común denominador son las “fronteras invisibles” o la ley del fusil –el revólver es juego de niños. Es ésta una manipulación que pretende ocultar el reacomodo del régimen, extendiendo sombras sobre la matriz paramilitar, a la par que sobre su efectiva prolongación uribista, para lo cual es fundamental la disputa de la memoria en que anda enfrascado este gobierno.


3. El año del Bicentenario


Sin sentido histórico ni visión futura, retoma en su discurso esta realidad, pero no se atreve, como representante de una clase, a dibujar el país de los próximos dos siglos, tal como debiera ser, en honor a quien en la Carta de Jamaica previó no un país pequeño –con banqueros afanados de más lucro ni terratenientes y otros mezquinos disputándose el control del país y su aislamiento global– sino todo un amplio territorio y una región integrada para el beneficio y la felicidad de sus habitantes, atento al riesgo proveniente del Norte.


Es éste el gran reto para una clase enfrascada en la defensa de sus pequeñeces; preocupada por despojar de sus tierras a los vecinos, pequeños propietarios, o por acrecentar la riqueza mediante la transformación de las normas, legislando a su favor, o desmontando empresas y concentrando en la especulación comercial; un proceder en que lo universal, como debiera ser el sentir y pensar de cualquier político en cualquier país de nuestro tiempo, debiera resaltar en cada una de sus acciones, pero para nuestro caso lo universal puede ser el nombre de una finca, de un banco o de una agencia comercial. Es por eso que en el informe de marras sobresale la ausencia de proyección estratégica para el país, visionando como máximo “Año Dos”, y de ahí poco más.


Como es de conocimiento general, proceder bajo el influjo de la futurología en un país demanda, por un lado, espíritu abierto y desprevenido, sentido humanitario; por otro, lectura geopolítica y estratégica. Pero, a la vez, capacidad de sueño, apuesta por el futuro y pensamientos grandes, algo que ni este gobierno ni los anteriores han tenido.


4. Año dos


Termina Duque su discurso con una visión pegada a las paredes, proyectando las acciones por acometer durante el segundo año de su gobierno. Más allá de lo enunciado, en que destaca acciones simples de imagen y opinión pública, como la de apoyar con el trámite de la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños, es necesario reparar en el ocultamiento de varias medidas que sí son del interés de la administración de turno, entre ellas las reformas pensional, laboral (una más) y tributaria, la venta de diversidad de bienes públicos, así como la anhelada por el capital nacional e internacional: la enajenación de acciones de Ecopetrol autorizada desde 2006.


De concretarse estos pretendidos, con mayor énfasis las reformas a pensiones y al mundo del trabajo, es claro que quedaremos mucho más lejos de reducir la desigualdad y de atacar la inequidad, reafirmando lo ya conocido desde mucho antes del 7 de agosto de 2018: Iván Duque encabeza “un gobierno de los ricos y para los ricos” (4), aunque diga y aparente lo contrario. 

 

1. “Aquí reside precisamente una razón determinante de por qué, a pesar de regir formalmente unas tarifas nominales elevadas, incluso internacionalmente, en Colombia son relativamente bajas las tarifas efectivas impositivas para el conjunto de personas jurídicas –aunque con sustanciales diferencias entre empresas por sectores. Y también por qué la carga tributaria efectiva en Colombia –respecto al PIB– es relativamente baja aún en el contexto latinoamericano, y por qué son tan elevados los niveles de evasión y elusión tributarias. Con el agravante de que los cambios introducidos en el Estatuto Tributario por la Ley de financiamiento, aprobada en diciembre pasado (Ley 1943 de 2018), no sólo profundizarán inequidades horizontales y verticales sino que además aumentarán el gasto tributario, agravando la regresividad y las ineficiencias del sistema impositivo en el caso de personas jurídicas”. En, Garay Salamanca, Luis Jorge, y Espitia Zamora, Jorge Enrique. Dinámica de las desigualdades en Colombia (en impresión, Ediciones Desde Abajo).
2. Garay Salamanca, Jorge, op. cit.
3. Íd.
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Cosmología y vida cotidiana

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Los talibanes de San Francisco

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El presidente Trump redefine el concepto de “Casa Blanca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado un nuevo significado a la “Casa Blanca”. Desde su sillón ubicado en el número 1600 de la avenida Pennsylvania, en Washington, D.C. lanza epítetos racistas por Twitter mientras da órdenes a los agentes armados de que aterroricen a los inmigrantes en la frontera y en las comunidades de todo el país.

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, lo sintetizó de una manera muy clara en sus comentarios de la semana pasada sobre los intentos de Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo nacional, incluso luego de que la medida fuera rechazada por la Corte Suprema. Parafraseando el slogan de campaña de Trump, Pelosi lo acusó de intentar “hacer que Estados Unidos sea blanco otra vez”.

Es un hecho conocido que Trump es un voraz consumidor de la cadena de noticias Fox. El domingo por la mañana, apenas 20 minutos después de que el programa “Fox & Friends” emitiera un segmento en el que se atacaba a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, Trump tuiteó:

“Qué interesante ver a las congresistas demócratas ‘progresistas’, que provienen de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe… diciéndole a Estados Unidos a los gritos y de forma agresiva… cómo se debería ejercer nuestro gobierno. ¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar esos lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?”.

¿Volver al lugar de donde vinieron? Tres de las congresistas a las que atacó nacieron en Estados Unidos: Ocasio-Cortez, oriunda del Bronx, es la mujer más joven en ser electa para el Congreso; Pressley, nacida en Cincinnati, es la primera congresista afroestadounidense en representar el estado de Massachusetts. Tlaib, de Detroit, es palestino-estadounidense; junto con Ilhan Omar, son las primeras mujeres musulmanas en ocupar escaños del Congreso.

Omar también es la primera congresista en usar hiyab. Nacida en Somalia, llegó a Estados Unidos cuando era niña como refugiada política. Como indica un video que se volvió viral, Omar es ciudadana estadounidense desde hace más tiempo que la tercera esposa de Trump, la primera dama Melania Trump, nativa de Eslovenia.

Los tuits racistas de Trump unieron al fracturado Partido Demócrata y activaron rápidamente una demostración de apoyo hacia las cuatro flamantes congresistas, ahora llamadas colectivamente “el escuadrón”.

Para el martes, se estaba debatiendo en la Cámara de Representantes la resolución número 489, caratulada “En condena a los comentarios racistas del presidente Trump dirigidos a miembros del Congreso”. Los republicanos lograron obstruir temporalmente el debate al invocar un ítem poco claro presente en las reglas del Congreso que dice: “Las referencias a la discriminación racial o de otro tipo por parte del presidente no corresponden”. El libro de normas original que prohibía el uso de la palabra “racista” estaba escrito por Thomas Jefferson, que fue él mismo dueño de esclavos, pero la ironía del hecho no fue percibida por los republicanos. La resolución finalmente fue aprobada, con cuatro republicanos que se sumaron a la mayoría demócrata. Si bien fue la primera reprimenda formal de la Cámara de Representantes hacia un presidente en ejercicio en más de un siglo, Pelosi bloqueó una moción más seria que procuraba censurar a Trump.

Trump redobló sus ataques verbales contra las cuatro congresistas al acusarlas de socialistas y comunistas. El uso de ataques típicos de la era del macartismo por parte de Trump no debería sorprender a nadie, ya que su primer mentor fue Roy Cohn, quien se desempeñó como el principal abogado del senador Joseph McCarthy en la década de 1950, época en la que destruyó miles de vidas con su política de persecución anticomunista.

El presidente Trump viajó el miércoles a Carolina del Norte para participar de un acto de campaña. Una vez más, apuntó contra sus víctimas favoritas: mujeres y personas de color, revelando lo que probablemente sea una de sus estrategias de campaña, la de usar retórica racista para encender a su base electoral blanca. En medio de su larga diatriba dirigida contra Ilhan Omar, la multitud comenzó a corear: “¡Envíenla de regreso! ¡Envíenla de regreso!”.

En su libro “Historia negra de la Casa Blanca”, el profesor de la American University Clarence Lusane narra la historia de la mansión presidencial, desde los tiempos de su construcción, realizada con trabajo forzado de esclavos negros, hasta la primera familia presidencial afroestadounidense, los Obama.

Lusane escribió: “Para muchos afroestadounidenses, el ‘blanco’ de la Casa Blanca ha implicado mucho más que el color de la mansión; ha simbolizado la tonalidad y la fuente de la crueldad deshumanizadora, la dominación y la exclusión que han definido la larga narrativa de las relaciones de los blancos con las personas de color en Estados Unidos”.

El lunes, las cuatro congresistas que tan claramente amenazan a Trump dieron una conferencia de prensa, donde denunciaron el racismo que experimentan ellas y la gente de color en general, señalaron las políticas del presidente sobre la detención de inmigrantes, la separación familiar y las amenazantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin mencionar a Trump por su nombre, la integrante del congreso Ayanna Pressley dejó en claro de quién es este país:

“A pesar de los intentos del ocupante de la Casa Blanca de marginarnos y silenciarnos, sepan que somos más de cuatro personas. Seguimos el mandato de defender y representar a aquellos ignorados, excluidos y abandonados. Nuestro escuadrón es grande. Nuestro escuadrón incluye a cualquier persona que se comprometa a construir un mundo más equitativo y justo. Ese es el trabajo al que queremos volver. Dado el tamaño de este escuadrón y de esta gran nación, nadie nos podrá silenciar”.

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español,

Publicado enInternacional
Lunes, 15 Julio 2019 08:43

La Bastilla

Las legisladoras federales demócratas Alexandra Ocasio-Cortez, de ascendencia puertorriqueña, e Ilhan Omar, de Minnesota nacida en Somalia, fueron señaladas por Donald Trump, quien les dijo que deberían regresar a sus países y ayudar a reparar esos lugares, cuando en realidad ellas son estadunidenses y electas por estadunidenses.Foto Afp

En este Día de la Bastilla, con un líder con tintes fascistas que gusta burlarse de libertades civiles y otros supuestos componentes de una democracia en la Casa Blanca poniendo en riesgo a todo el mundo (por la mala suerte de que Estados Unidos sigue como la última superpotencia mundial), algunos ven con una nostalgia triste el aniversario que marcó el inicio de una revolución por la igualdad, libertad y fraternidad.

 

Emitiendo ordenes para realizar redadas de familias migrantes indocumentadas alrededor del país, provocando con gran gusto terror entre los más vulnerables de este país, mientras se fue a jugar golf, quien juega con ser presidente vitalicio está dejando de usar máscaras o disfraces para aparentar que respeta los principios de la democracia.

 

Este domingo Trump se atrevió a comentar en referencia a cuatro legisladoras federales demócratas que han sido críticas feroces de su gobierno y todas, como dicen aquí, "de color", que “es interesante ver a representantes demócratas ‘progresistas’, quienes originalmente vienen de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos en cualquier parte del mundo (si es que tienen gobiernos funcionales de algún tipo), ahora ruidosa y viciosamente decirle al pueblo de Estados Unidos, la nación más grandiosa y poderosa sobre la tierra, cómo debería gobernarse”.

 

Agregó: "¿Por qué no regresan y ayudan a reparar los lugares totalmente rotos e infestados de crimen de donde vienen? Después que regresen y nos enseñen cómo se hace. Esos lugares necesitan su ayuda y mucho, no se pueden ir demasiado pronto".

 

El presidente, en esta ocasión, tiene toda la razón. Esas legisladores son de un país con un gobierno "catastrófico", "corrupto" e "inepto". Se llama Estados Unidos. Todas, las cuatro, son ciudadanas, legisladores federales (o sea, fueron electas por ciudadanos estadunidenses para representarlos en Washington) y tres de las cuatro nacieron en este país.

 

La corrupción, el manejo inepto, y las catástrofes de este gobierno son tema de las casi 30 investigaciones en curso sobre diversos aspectos y comportamiento del presidente, su familia y su circulo. También queda claro en las expulsiones y éxodos de personal de su gobierno que ha alcanzado niveles sin precedente. La Institución Brookings registra una tasa de cambio de 74 por ciento entre los principales integrantes del ejecutivo (excluyendo secretarios de gabinete); nueve de los ocupantes de los 21 puestos principales de gabinete y Casa Blanca han cambiado. Las razones por este cambio constante de personal tiene que ver con casos de corrupción, mentiras y actos posiblemente ilegales, muchos de los cuales están bajo investigación.

 

Al mismo tiempo, el ataque contra todo crítico, incluso con todo reportero ("enemigos del pueblo") sigue siendo efectivo, sobre todo usando técnicas macartistas al calificarlos de "antiestadunidenses", o sea, "otros". Con ello, el enemigo de la patria son los opositores del comandante en jefe.

 

Una de las cuatro representante –las cuales incluyen a Alexandra Ocasio-Cortez, de ascendencia puertorriqueña; Ilhan Omar, de Minnesota nacida en Somalia; la afroestadunidense Ayanna Pressley, y Rashida Tlaib, de Michigan, hija de inmigrantes palestinos nacida aquí–, respondió a Trump este domingo alertando, una vez más, que "él es la crisis, su ideología peligrosa es la crisis. Necesita ser destituido".

 

No tranquiliza cuando él comenta, como hizo el jueves, que no entendía cómo alguien podría votar por un demócrata ante "lo que tienen ahora, tan guapo, tan inteligente, un verdadero genio estable". Poco después habló de cómo las redes sociales son claves para evadir al filtro de los medios y difundir sus propias noticias con sólo tocar un botón y con ello crear "una explosión".

 

Nada de esto sorprende ya. Y eso, en sí, es tal vez el problema más grave de todos. Pero aún se pueden escuchar gritos y susurros, en diferentes barrios y barricadas (y hasta a veces en francés), expresando la urgente necesidad de retomar la bastilla estadunidense a nombre de la libertad, igualdad y fraternidad.

 

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