La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

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Martes, 07 Agosto 2018 09:01

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
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Sábado, 28 Julio 2018 08:35

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enEdición Nº248
La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

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La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

Publicado enEdición Nº246
Según los sondeos tras el discurso de Oprah Winfrey, mucha gente la imagina como futura presidenta de Estados Unidos.

 

Los Globos de Oro mostraron el cambio de época

Time’s up, se terminó: la consigna de batalla contra los ultrajes sexuales de los “altos mandos” de la industria se hizo fuerte durante la entrega de premios, con todas las mujeres vestidas de negro como señal de protesta y un discurso impresionante de Oprah Winfrey.

 

Hollywood reacciona. Por una vez, la frase de la noche –de la tarde-noche, si se prefiere– no fue, el domingo pasado en el Hotel Beverly Hilton de Los Angeles, “And the winner is...”, sino “Time’s Up”. Se terminó el tiempo en que para conseguir o no perder su empleo, una chica debía soportar toda clase de ultrajes sexuales de parte de los “dueños de la pelota” de la industria: accionistas, ejecutivos, productores, directores. Time’s Up es la consigna de batalla que sucedió a Me Too desde el momento en que The New York Times dio a conocer las primeras denuncias de acoso sobre el productor Harvey Weinstein, en octubre pasado, que generaron un impresionante efecto bola de nieve que se extendió por el mundo entero. Primero fue Me Too –a mí también me abusaron o quisieron hacerlo– como modo de blanquear la situación. Luego, la consigna superadora, Time’s Up: se terminó, no va más, de ahora en más el que quiera ejercer el derecho de pernada se queda sin trabajo. Que es lo que viene sucediendo en Hollywood desde el derrocamiento de Weinstein, con varios “caídos” por día. Contra eso se levantaron de sus asientos las mujeres presentes en la 75º entrega de los Globos de Oro, y la comunidad hollywoodense en pleno, a la vez que celebraron el fin de esos tiempos. La del domingo fue una ceremonia de protesta y fundación, tal como reflejó el impresionante discurso de Oprah Winfrey (ver Contratapa), equivalente al que Meryl Streep dio el año pasado contra Trump al recibir el mismo premio (el Cecil B. de Mille a la trayectoria) en el mismo escenario.

Se sabía de antemano el tinte que iba a tener la ceremonia organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, incluso en sentido literal. La indicación corrió como reguero de pólvora por Tinseltown y todo el mundo (las damas, en realidad, ya que para los varones no es novedad) concurrió vestido con un único color, el negro. Si se trataba de un funeral, era el del abuso como práctica impune, incluso en manos de los propios pares. Kevin Spacey debió haber estado en el Beverly Hilton y en su lugar estuvo, en la categoría Mejor Actor Secundario, Christopher Plummer, que es quien lo remplazó en la película Todo el dinero del mundo, cuando se hicieron públicas las denuncias que llevaron a los productores a desistir de él. De no haber admitido las acusaciones en su contra, no hubiera sido raro que el humorista y guionista Louis C.K. acompañara a su colega Pamela Adlon, nominada al rubro Mejor Actriz de Comedia por la genial sitcom Better Things, cocreada por ambos. ¿Y la ganadora a Mejor Película Animada no fue acaso Coco, la nueva joyita del sello Pixar? ¿No ha optado acaso John Lasseter, creador de ese estudio, por un oportuno exilio de la industria, debido a ciertos “desaciertos” no especificados en el terreno sexual?

En el monólogo inicial, Seth Meyers, conductor de un talk show de medianoche, no tardó más que un par de minutos en hacer referencia a Weinstein y Spacey. De Weinstein dijo que si en veinte años se lo incluye en un recordatorio fúnebre, va a ser el primero en la historia en ser abucheado. Y el público abucheó. Hubo presencias de alto valor simbólico, como la de Salma Hayek, que se hizo presente para entregar un premio. En diciembre pasado, Hayek publicó en The New York Times una nota en la que contaba detalladamente la persecución a la que la sometió Harvey Weinstein en 2002, cuando produjo Frida, película que la actriz mexicana protagonizó. Estuvo también entre los concurrentes, aunque no en el escenario, Ashley Judd, una de las más notorias denunciantes de Weinstein. Hubo también asociaciones no casuales: quien presentó el premio a Oprah Winfrey fue Reese Witherspoon, que a poco de estallar el escándalo Weinstein confesó haber sufrido “múltiples experiencias de abuso y ataques sexuales” dentro de la industria. Algo más inadvertidas pasaron algunas oportunas “omisiones”, como la de Amy Sherman-Palladino, creadora de The Marvelous Mrs. Maisel, ganadora a la Mejor Comedia en series de televisión, que agradeció a Amazon su apoyo. A quien no agradeció fue al productor Roy Price, obligado a renunciar en octubre tras haber sido acusado de abuso.

 

La mujer es el negro del mundo


Pero el abuso no fue lo único que se denunció en esa improvisada (o no tan improvisada) tribuna en que se convirtió el escenario en la tarde-noche del domingo. “Vamos a anunciar a los nominados, que son todos hombres”, dijo, inmutable, Natalie Portman, una de las presentadoras del rubro Mejor Director de Película Dramática, ganado por Guillermo del Toro, por la maravillosa La forma del agua. “A ver si emparejan los salarios de las mujeres con los de los hombres”, bromearon Susan Sarandon y una reaparecida Geena Davis, cuyo 1.83 m de altura hizo lucir a su compañera, de 1.70, como una enana. ¿Sarandon & Davis? Thelma & Louise, claro. La más famosa pareja de justicieras femeninas no podía faltar en la noche del domingo. Barbra Streisand contó algo asombroso: desde que ella fue premiada con el Globo de Oro a la Mejor Dirección, en 1983 por Yentl, ninguna otra mujer volvió a ganarlo. Van 34 años y sigue el conteo.

Podría decirse que el domingo Greta Gerwig le pasó raspando a ese premio vacante. No lo ganó ella pero sí su elogiadísima ópera prima indie Lady Bird (tiene estreno asegurado en la Argentina), en el rubro Mejor Comedia. Actriz habitualmente contenida, Gerwig estaba totalmente desbordada, dando la sensación de que no se esperaba el premio. Tal vez le apostaba a The Disaster Artist, por la cual ganó James Franco como Mejor Actor. Muy divertido el gag (involuntario) que protagonizaron Franco y Tommy Wiseau, el actor y director malísimo de The Room, la película en la que The Disaster Artist se inspira. Franco había llevado a Wiseau, aunque éste estaba sentado por otro lado. Cuando anunciaron el premio, Franco tomó de la mano a su hermano Dave, que actúa en la película, para subir juntos al escenario. Detrás de ellos fue Wiseau, a quien la cámara tomó de espaldas, con su característica melena, como imitando su primera aparición en The Disaster Artist. Franco agradece, Wiseau se acerca, Franco lo saluda, Wiseau se acerca al micrófono y Franco le cruza la mano, como diciendo “Vos no hablás”. Y no habló.

En tren de ausencias asombrosas, se saldó una no menor a la de Mejor Directora. El actor afroamericano Sterling K. Brown, ganador del Globo al Mejor Actor en Serie Dramática por This Is Us, es, lisa y llanamente, el primero en la historia en ganarlo. Brown, que el año pasado se había destacado como abogado defensor en la miniserie The People vs O.J. Simpson, le agradeció al creador de This Is Us, Dan Fogelman, que haya escrito un personaje negro. “Creaste un papel de hombre negro que sólo podía ser interpretado por un hombre negro”, dijo Brown desde el escenario.

 

La otra Oprah


Las reivindicaciones que se hacían oír desde el escenario parecían volver como un búmeran desde varias de las películas o series premiadas. La película más galardonada, Tres avisos por un crimen, Missouri (se estrenará en la Argentina el jueves 18 de enero) trata sobre la batalla que da una madre (Frances McDormand) para hacer justicia con su hija violada y asesinada, en un pueblito sureño que parecería reacio a toda ley... y a que sean las mujeres las que quieran hacerlas cumplir. Dirigida por Michael McDonagh, la película ganó los Globos correspondientes a Mejor Película Dramática, Mejor Guión, Mejor Actriz y Mejor Actor Secundario. A su turno, las series favoritas resultaron Big Little Lies y The Handmaid’s Tale. La primera de ellas, que emite HBO y protagonizan Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Laura Dern, trata sobre tres madres de chicos de primer grado, que se hacen amigas.

The Handmaid’s Tale, basada en la novela homónima de Margaret Atwood, ya se sabe, es una fábula sobre una sociedad del futuro que se sostiene sobre la esclavización de la mujer. Big Little Lies ganó Mejor Actriz de Miniserie (Kidman), Actriz de Reparto (Dern) y Actor de Reparto (Alexander Skarsgard). The Handmaid’s Tale, Mejor Serie Dramática y Mejor Actriz de Serie Dramática (Elizabeth Moss). Cuando todo el equipo de esta última subió al escenario a recoger el premio, el productor hizo un llamamiento para que la sociedad del futuro no sea como la que la serie imagina.

Pero, como quedó dicho, el bombazo de la noche fue el discurso de Oprah Winfrey, que es toda una institución en Hollywood. Institución que se diversifica en un montón de ventanillas. Winfrey empezó como conductora de talk shows y eventualmente actriz (El color púrpura), pero su popularidad fue creciendo de tal manera que además de terminar siendo dueña de una cadena de televisión pasó también a la producción de cine (produjo Selma), no se ahorra sus opiniones políticas (fue una de las más notorias sostenedoras de Obama dentro de la comunidad hollywoodense) y es la mujer afroamericana más rica de los Estados Unidos. Según los sondeos que arrojan los tweets y opiniones emitidas por las redes tras su discurso del domingo, podría arrancar con buen pie una nueva actividad: la de Presidenta de los Estados Unidos. ¿Alguien está queriendo lanzarla? Vaya a saber.

Lo cierto es que su discurso estuvo espléndidamente articulado, puntualizando con claridad que éste es un momento en que la industria del entretenimiento debe mirar hacia afuera, hacia el mundo. De ese afuera, Oprah trajo la historia de una mujer llamada Recy Taylor, que en tiempos de Segunda Guerra fue violada por seis hombres armados, no logró que se hiciera justicia y murió hace apenas un par de semanas, a los 98 años. Así como llegó desde su infancia hasta esa noche a través de una cadena precisa de vinculaciones, Winfrey hizo algo parecido con la historia de esta mujer, llegando hasta el presente. “Ella vivió, como todos nosotros, demasiados años en una cultura destrozada por hombres poderosos y brutales”, dijo. “Pero su tiempo terminó. Su tiempo terminó. Su tiempo terminó.” No hizo falta que los presentes se levantaran a aplaudirla: estaban de pie prácticamente desde el comienzo de su discurso.

 

 

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