Argentina legaliza el aborto en una votación histórica en el Senado

 

La interrupción involuntaria del embarazo fue aprobada con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención

Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Congreso argentino convirtió en ley la despenalización del aborto. La agotadora sesión en el Senado fue seguida por una multitud en las calles, a pesar de la pandemia y las altas temperaturas. Esta vez, a diferencia de 2018, se impuso el color verde que simboliza las luchas históricas en favor de un proyecto favorable a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El resultado provocó una verdadera explosión de alegría en las inmediaciones de la legislatura.

Dos años atrás, una iniciativa similar había obtenido la luz verde en la cámara de Diputados, pero no pudo pasar la prueba del Senado por siete votos. Las condiciones políticas se modificaron con la llegada al Gobierno del peronismo. El presidente Alberto Fernández la incluyó en su programa electoral. «Soy católico, pero tengo que gobernar para todos«, ha dicho al promover la llamada «Ley Nacional e Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia». La normativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputados a mitad de diciembre, contempla la despenalización del aborto hasta la semana 14 del embarazo. Después de esa franja de tiempo, la interrupción solo será autorizada según lo que se contempla en la actualidad: casos de violación o riesgo de salud. Además de la despenalización, la ley se complementa con un «Plan de Mil días» que, en palabras de Fernández, busca “bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida”.

De acuerdo con cifras extraoficiales, en Argentina se realizan unos 447.000 abortos ilegales por año. El Ministerio de Salud de Nación ha contabilizado solo entre 2010 y 2017 un total de 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos. Según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el aborto clandestino le cuesta al sistema de salud pública hasta 21 veces más que si se realizara de manera legal, segura y gratuita. El aborto en lugares clandestinos es una de las primeras causas de muerte materna en Argentina.

Las discusiones

Las discusiones parlamentarias no estuvieron exentas de opiniones encontradas. «Hoy es un día de esperanza«, dijo la legisladora oficialista, Norma Durango, al abrir el debate. «No cambie mis creencias personas ni mi modo de pensar sobre el aborto. Lo que cambié fue el enfoque desde el que se debe abordar. No se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa que mata, lastima y escribe historias muy tristes de este país. Historias que muchos se niegan a ver», señaló por su parte la senadora Lucía Crexell. «Pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización», dijo Gladys González, quien pertenece a la coalición de derechas Junto por el Cambio que lidera el ex presidente Mauricio Macri. González volvió a respaldar el IVE. Silvia Elías de Pérez dijo que integrantes de su espacio cambiaron sus votos por presiones. «La batalla por la vida no se pierde«, dijo y anunció que muy pronto se iniciará una campaña de recursos de amparo contra le ley.

«Vengo a representar a mi conciencia. La ley actual protege la desigualdad», la corrigió Luis Petcoff Naidenoff, del mismo partido, la Unión Cívica Radical (UCR), favorable a la iniciativa. «Si España e Italia pusieron el problema sobre la mesa, ¿por qué nosotros no? Si mi voto ayuda a salvar a una mujer que puede perder la vida en una clínica clandestina, voto afirmativamente», dijo el peronista Sergio Leavy. «Las mujeres estamos conquistando el poder de decidir. Lo logramos porque otras caminaron antes que nosotras», dijo la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Historia de luchas y presiones

El camino que desembocó este miércoles en la aprobación de la ley es fruto de años de perseverancia de los colectivos feministas que cobró forma masiva especialmente en las últimas dos décadas. “Creo que estamos donde estamos, porque hubo un trabajo de miles de mujeres que, en distintos momentos, comenzamos a deconstruir el patriarcado», dijo a sus 91 años la abogada Nelly Minyersky, una de las referentes del movimiento.

En las vísperas del debate las iglesias católica y evangélica redoblaron sus prédicas de rechazo a la ley. Incluso el papa Francisco público un sugestivo tweet: «el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura».

El debate se siguió en las inmediaciones del Parlamento por los defensores y detractores del IVE. «Sigue la vida, aborto no«, no dejaron de corear lo que se identificaron con el color celeste. La «marea verde«, integrada por jóvenes, adolescentes, pero también sus madres y abuelas, acompañó con un tono festivo las discusiones, despreocupados en su mayoría por el uso de la mascarilla a la hora de abrazarse durante el minuto más esperado. La euforia fue creciendo a medida que se tuvo la certeza del voto favorable. «Nos impiden el aborto los curas que abusan menores», gritaron unos. «Aborto legal, en el hospital», cantaron otros.

Un dictamen reparatorio

El Senado votó el mismo día que empezó a aplicarse la vacuna rusa Suputink V. Argentina, donde ya han muerto por covid-19 casi 43.000 personas, ha recibido una primera partida de 300.000 dosis.  La campaña de vacunación proseguirá en enero.

La aprobación de la ley coincidió con otro episodio judicial relevante que no ha sido ajeno a las discusiones parlamentarias. La Cámara Federal confirmó una sentencia dictada en 2018 contra dos policías por las violaciones y el aborto forzado que sufrió Silvia Suppo, una sobreviviente de la última dictadura militar (1976-83), quien fue asesinada en 2010, pocos meses después de haber denunciado ante un tribunal oral sus padecimientos. Suppo había sido secuestrada el 24 de mayo de 1977 mientras trabajaba en un consultorio médico de la provincia de Santa Fe de Rafaela. Sus captores la torturaron y violaron. Tuvo su embarazo en cautiverio y la obligaron a abortar en condiciones aberrantes.

Por Abel Gilbert | 30/12/2020


Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201230/argentina-espera-ansiosa-decision-senado-11427405

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Europa contra los electrónicos y electrodomésticos con muerte programada

El "deerecho a reparar" smartphones, televisores, computadoras y lavarropas 

 

Con la reciente aprobación del "derecho a reparar", el Parlamento europeo pretende darle fin a la obsolescencia programada. Es decir, a la limitación de la vida útil de un dispositivo electrónico voluntariamente para obligar a su reposición y por lo tanto asegurar las ventas de las empresas. La normativa pretende limitar los productos electrónicos de un solo uso, obligar a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto.

Entre las distintas medidas que aborda la iniciativa se encuentra el respaldo a la producción sostenible. Además, demanda un sistema de carga común para reducir los desechos electrónicos, una batalla que actualmente es motivo de debate entre los principales fabricantes. Como primera medida, el Parlamento obligará a establecer un etiquetado que determine la durabilidad de los productos a través de un índice de reparación del dispositivo: una información "clara y precisa" que deberá ser ofrecida al usuario antes de realizar la compra.

Medio ambiente

La propuesta surge de un reclamo que los ciudadanos europeos realizan hace tiempo. De acuerdo a una encuesta realizada por la Unión Europea en 2014, el 77 por ciento de los europeos repararían sus productos antes que reemplazarlos y el 79 por ciento cree que los fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar la reparación o reemplazar componentes.

Dentro de los principales argumentos que sostiene el parlamento para justificar la votación de la norma se encuentran la defensa a los consumidores que siempre se encuentran en una relación vulnerable frente a las empresas, el cuidado del medio ambiente al evitar la disminución de recursos naturales, necesarios para la producción de nuevos dispositivos y la producción de basura electrónica. También habla del efecto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en el mercado, y de cómo ha demostrado la necesidad de establecer nuevos modelos de negocio más sostenibles.

Primero Francia

Francia tomó la delantera en la aplicación de la normativa, que comenzará a regir a partir de enero de 2021. Los fabricantes franceses deberán informar al consumidor sobre la posibilidad de reparar un producto. Se implementará como una etiqueta con una puntuación del uno al diez que que represente lo fácil que es reparar el dispositivo, siendo diez el valor máximo. Por el momento se aplicará a lavarropas, notebooks, smartphones, televisores y cortadoras de pasto. El índice francés tiene como objetivo ir incorporando variables y transformarse, para 2024,  en un índice que informe no solo sobre la reparabilidad, también sobre su fiabilidad y solidez.

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¡No hay derecho! Miradas territoriales sobre la interrupción voluntaria del embarazo

Si bien la sentencia C-355 de 2006de la Corte Constitucional ha tenido como objetivo garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE);las realidades estructurales, sociales y particulares a las que nos enfrentamos las mujeres en el territorio colombiano, agudizadas por la penalización de la práctica del aborto en el Código Penal Colombiano, han condicionado la posibilidad de que a través de este fallo se garantice a las mujeres y las niñas de todo el territorio nacional, servicios accesibles que tengan como finalidad el ejercicio del derecho.

Con el ánimo de garantizar la protección del derecho a la IVE -aspecto que no se agota con la interrupción del embarazo per se, sino que vincula la fase diagnóstica y la atención postaborto-, es indispensable que el Estado reconozca la desigualdad en acceso a servicios e información que caracteriza a las regiones y zonas rurales del país. Hablar de IVE desde una perspectiva centralizada, en un país como Colombia, implica acrecentar las brechas existentes entre las mujeres que habitan en las grandes ciudades y las que viven en regiones periféricas, también, esta visión centralizada permite el detrimento del derecho a la igualdad y nodiscriminación. Es necesario escuchar argumentos descentralizados geográficamente, construidos a partir de la experiencia propia y del proceso situado de acompañar o trabajar por la garantía del derecho, en configuraciones territoriales específicas.

Sobre este punto es determinante considerar las condiciones especiales a las que se someten las mujeres habitantes de zonas rurales del país, con escasos recursos, con un sistema de salud deficiente que no permite la atención oportuna de las mujeres y con un sin número de barreras sociales y culturales específicas en cada región, que por su complejidad menoscaban el acceso oportuno a los servicios relacionados con la IVE.

En el caso de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño –territorio en el que habitamos como organizaciones-, existen múltiples barreras a las que las mujeres deben enfrentarse, entre ellas, la carencia de oferta suficiente de los procedimientos de segundo nivel, ya que solo se cuenta con aspiración manual endouterina –AMEU- en tres instituciones en todo el departamento. Así, por ejemplo, para procedimientos que deban aplicarse más allá de la semana veinte de gestación, no existe una institución en el municipio, ni en el departamento que preste el servicio, teniendo que hacerse una referencia a otro lugar del país para realizar el procedimiento, situación que genera un mayor obstáculo en las mujeres que lo requieran, pues no solo deben desplazarse sino además, asumir los costos que ello supone, cuestión que es mucho más complicada atendiendo a sus situaciones particulares.

 

En términos generales, los procesos de acompañamiento y formación en IVE han permitido a las organizaciones identificar una amplia gama de barreras, situaciones u obstáculos sociales, institucionales y estructurales presentes en el territorio, que limitan el acceso al servicio en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad.

Las barreras sociales son todas aquellas actitudes, comportamientos y creencias presentes en los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en general, que censuran la práctica del aborto, desconociendo los derechos de las mujeres en general, y en especial los derechos sexuales y reproductivos. Una de las barreras que identificamos es la falta de conocimiento respecto a la IVE, como un derecho fundamental de las mujeres y niñas; este desconocimiento limita la exigibilidad del derecho y,en el plano institucional, impide la prestación de un servicio de salud que no vulnere los derechos sexuales y reproductivos, e incumple el ordenamiento jurídico nacional respecto a este derecho.

La idealización de la maternidad y la construcción de imaginarios respecto a condiciones “idóneas” para el ejercicio de la misma, se convierte en la negación de la posibilidad de elección; estos imaginarios provenientes de creencias religiosas y conservadoras arraigadas en la cultura nariñense censuran el aborto, el disfrute de la sexualidad y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

La censura social condiciona la aplicación de las causales, a través de las cuales, en la actualidad, se hace efectivo el derecho a la IVE; por ejemplo, cuándo se otorga legitimidad a la causal violencia sexual, pero se reprocha la causal salud mental y se acepta condicionalmente la causal malformación del feto incompatible con la vida extrauterina[1].

A su turno, las barreras institucionales son aquellas prácticas (discursivas o fácticas) que ejercen las y los profesionales de salud, vinculados a la prestación del servicio de IVE, realizados en las EPS e IPS,   que niegan, dificultan o dilatan injustificadamente el acceso al derecho. Estas prácticas irresponsables condicionan la operatividad de la ruta de atención al conocimiento que tienen las mujeres sobre su derecho a la IVE y al acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres.

La objeción de conciencia -el derecho de las y los médicos a no practicar la IVE por razones religiosas o morales-, adquiere la calidad de barrera cuando no atiende las condiciones en las cuales debe presentarse por parte de las y los profesionales de salud, cuándo se utiliza de forma indiscriminada, cuando las instituciones de salud no cuentan con profesionales que no se declaran objetores-as y que puedan prestar el servicio, o cuando se declaran objetoras de conciencia como institución, siendo este un derecho de las personas naturales, no jurídicas.

Por otra parte, las instituciones exigen a las mujeres solicitantes de IVE, requisitos adicionales no previstos en la jurisprudencia, como la obligación de atención psicológica en causales que no la requieren; así mismo, se expiden certificaciones con diagnósticos incompletos que retrasan la prestación del servicio, imponiendo cargas desproporcionadas que vulneran derechos y configurando una violencia institucional, prohibida por la misma Corte Constitucional

En lo que concierne a las barreras estructurales, entendidas como aquellas situaciones que afectan el acceso al derecho, producto de las condiciones de desigualdad social y económica que rodean a las mujeres que pretenden acceder al servicio, se destaca la debilidad en la ejecución de proyectos y estrategias de formación relacionadas con educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres.

Teniendo en cuenta que el departamento de Nariño es un territorio mayoritariamente rural, altamente golpeado por situaciones de violencia social y armada del país, donde su población no cuenta con condiciones socioeconómicas favorables y que en algunos casos las usuarias deben asumir los costos asociados a la práctica de la IVE; la mayoría de mujeres del departamento no logran efectivizar el derecho, de manera que, concluyen con el embarazo o se someten a procedimientos clandestinos poniendo en riesgo su vida.

En concordancia con lo anterior, la existencia del delito de aborto previsto en el Código Penal Colombiano, aun cuando la IVE es underecho fundamental, se convierte en una de las mayores barreras estructurales, en tanto es una figura utilizada por las instituciones de salud para coartar el derecho de acceso a la IVE, generando incertidumbre en las y los profesionales de la salud, sobre su marco de acción legal, pero además, conservando en la sociedad la percepción de delito respecto del derecho que asiste a las mujeres para decidir sobre la maternidad. Esto envía un doble mensaje: por una parte, las instituciones se excusan en la figura jurídica penal para no prestar el servicio de IVE, so pena de incurrir en delito; por otro lado, las mujeres solicitantes sufren en carne propia la estigmatización a que conlleva su práctica, cuestión que se explica además por la falta de información y de educación existente frente al tema y que finalmente incrementa el miedo de las mujeres a la criminalización.

Como podemos observar, las condiciones para la garantía del derecho fundamental a la IVE dependen de los contextos regionales, de ahí que es preciso la implementación de un enfoque territorial que reconozca las múltiples barreras que deben afrontar las mujeres en Colombia para acceder al servicio que efectiviza el derecho, las cuales se ven agudizadas en los territorios que enfrentan condiciones de exclusión histórica, en las zonas rurales y en regiones de exacerbación del conflicto armado interno, como es el caso del departamento deNariño.

Estamos seguras que avanzar en la protección al goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como deber del Estado social y democrático de derecho, desde la perspectiva territorial antes mencionada, implica el análisis comprometido respecto a la eliminación de barreras estructurales existentes para el acceso al derecho de IVE y en este sentido, la reflexión respecto a la pertinencia de la despenalización del aborto, como condición indispensable para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La experiencia en Colombia nos ha mostrado que la penalización del aborto no disminuye su práctica, sólo condena su realización a la clandestinidad.Es un hecho que la despenalización no implica incremento de abortos, sino la atención segura, oportuna y con dignidad de quienes han decidido interrumpir su embarazo. De ahí que, la penalización se traduce en muertes de mujeres por la falta de condiciones para la práctica del aborto, costos para el sistema de salud que debe atender los casos de las mujeres con complicaciones por abortos inseguros, costos en el sistema judicial derivados del proceso de investigación y sanción del delito, y construcción y legitimación de dinámicas de sanción social, ejecutadas en su mayoría por grupos antiderechos, tanto contralas mujeres que acceden a la IVE, como contra  los y las profesionales e instituciones prestadoras del servicio.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de la vida, exigimos al Estado la despenalización total del aborto, así como la construcción de espacios de control, vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las instituciones en la garantía del derecho a la IVE, a no retroceder en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por el contrario, reforzar el avance en el reconocimiento y garantía de la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Mientras esto no se haga efectivo ¡No hay derecho!

 

Coautoras: Surprise City, Asmupaz y Corporación Violeta en Movimiento.

 

*Surprise City: Fundación que desde el arte y la cultura para jóvenes, acompaña y fortalece los procesos de formación en educación sexual y reproductiva, esencialmente la interrupción voluntaria del embarazo.

*Asmupaz: Asociación legalmente constituida por mujeres trabajadoras sexuales, que desde el año 2015 viene trabajando por la defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales, Reproductivos y Laborales de las Mujeres Trabajadoras Sexuales; y que desde el año 2016 viene desarrollando procesos de acompañamiento en IVE en el municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, así como también procesos de formación en Derechos Sexuales y Reproductivos, y campañas de promoción del derecho.

* Corporación Violeta: Expresión organizativa en construcción, cuyo objeto es la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos en la región desde una perspectiva feminista. Comprometida, en ese sentido, con la promoción de justicia con enfoque de género y de diversidad; el fortalecimiento de procesos institucionales, sociales y organizativos alrededor de la implementación y construcción del enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género; el desarrollo de escenarios de construcción de conocimientos respecto a las dinámicas territoriales en materia de derechos humanos, prevención de VBG y violencias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y no binarias, que permitan la reflexión, discusión y recomendación de acciones para la protección de los derechos.

 

[1]En mayo de 2006, la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-355, a través de la cual se despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, en reconocimiento del derecho que asiste a toda mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo cuando (i) la vida o la salud física o mental de la mujer gestante se encuentren en riesgo; (ii) el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que por su gravedad hacen que el feto sea inviable y, (iii) cuando la gestación sea producto de violación o incesto (Corte Constitucional, 2006).

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Sábado, 10 Agosto 2019 05:43

El robo del álbum de la historia mundial

Comunidad zapatista La Garrucha, Chiapas. Foto Mario Olarte

UN CRIMEN DE CUELLO BLANCO DEL EMPORIO GETTY

El botín del robo cibernético más cuantioso del planeta está depositado en los bancos de Mark Getty y los sótanos secretos de Wall Street. Y no se trata de una película de ciencia ficción por estrenar, sino del silencioso, pero criminal jaqueo de lesa humanidad diseñado para convertir las imágenes y audiovisuales pertenecientes al dominio público del patrimonio de la historia mundial en propiedad privada para luego ser comercializadas en el imperio monopólico más tóxico del mundo corporativo en perjuicio de más de siete mil millones de seres humanos.

Y es que el álbum de la historia con millones de imágenes, diseños gráficos, ilustraciones y documentos históricos pertenecientes a emblemáticas colecciones o archivos culturales, artísticos y religiosos que se han producido a nivel mundial a lo largo de varios siglos, fueron robadas y sustraídas de sus archivos mediante la complicidad de Google, Facebook y las redes sociales. Se trata de imágenes de la historia mundial pertenecientes, principalmente, al dominio público, que ahora fueron monopolizadas y convertidas ilegalmente en propiedad privada para ser comercializada por la familia del billonario Mark Getty por medio de sus corporaciones dedicadas a la piratería terrorista digital de imágenes que son comercializadas fraudulentamente: Getty Images, Inc, Getty Images (US) “Getty US” y License Compliance Services, Inc (LCS).

Así, estas corporaciones ladronas de imágenes, literalmente se han apropiado digitalmente de la historia mundial y consumado con ello, el robo más escandaloso del patrimonio histórico, cultural y artístico del planeta del que se tenga memoria. Aquí́ se encuentran atrapadas las imágenes adquiridas en los principales archivos militares, revolucionarios, de movimientos políticos y sociales, de la Librería del Congreso de EU, universidades y bibliotecas. Las colecciones y álbumes sustraídos al patrimonio de la humanidad y en especial a cada país, son incalculables e invaluables en toda su magnitud. Pero ahí podemos observar cómo se lucra con las obras de Diego Rivera, Siqueiros, Orozco o todo sobre las culturas indígenas. También destacan el Holocausto, la Revolución Mexicana, la Revolución de Cuba o imágenes de Pancho Villa, Emiliano Zapata, Gandhi, Abraham Lincoln, Martin Luther King y miles de personajes de la historia iconográfica de cada país que ahora son comercializadas como mercancías que son exhibidas en el internet, universidades y centros culturales como parte del monopólico imperio del mundo de las imágenes robadas y agregadas a la fortuna de Getty.

Ante estas flagrantes violaciones a los derechos de los ciudadanos y pueblos del mundo a conservar sus imágenes dentro del dominio público y respetar las leyes de propiedad intelectual, la firma de abogados de CixxFive en base a el Acta de Protección del Consumidor de Washington, (Washington Consumer Protection Act) ha presentado una demanda legal colectiva en la United States District Court Western District, Washington, con el fin de frenar las acciones monopólicas fraudulentas en contra de millones de personas a nivel mundial, al despojarlos de imágenes del dominio público que forman parte de la historia universal y de su propia identidad nacional. Además del dinero pagado a Getty. Este poderoso imperio pirata audiovisual, incluye también obras musicales, caricaturas, material robado de libros antiguos o modernos, donde aparecen personajes con obras como las de Darwin, Einstein, Shakespeare, Miguel Ángel, Marx, Ho-Chi-Min, Dickens, Lenin, Buda, Che Guevara, García Márquez Galeano y miles más, pertenecientes al mundo del arte y la cultura universal. Además de imágenes religiosas de todos los tiempos.

También archivos periodísticos e impresos culturales de publicaciones aparecidas en la información mundial desde que se inventó la imprenta han sido asaltados y robados mediante sus conexiones con agencias de noticias y despachos de prensa convertidos en mercancía para satisfacer la avaricia y voracidad de las corporaciones del barón cibernético, Mark Getty.

Tribunal Internacional contra la propiedad privada ilegal. Inexplicablemente, a pesar de las contundentes e inapelables evidencias de estas violaciones cometidas por los ladrones de imágenes, encabezadas por las corporaciones de Getty en contubernio con los gigantes del Internet, casi nadie los ha denunciado legalmente, a pesar de que son millones de víctimas a nivel mundial que han sido dañadas por los crímenes cometidos contra el patrimonio de la humanidad. Ni gobiernos, organizaciones, universidades, iglesias o individuos han alzado la voz para frenar esta práctica que les obliga a pagar a las mafias de estas corporaciones por los derechos de propiedad intelectual que en verdad corresponden al dominio público.

Sin embargo, en 2016, Getty fue demandado por la agencia de noticias independiente Zuma Press, por apropiarse de más de 47 mil imágenes que fueron utilizadas sin su autorización con fines lucrativos. El juicio sigue su curso legal. Contradictoriamente, a pesar de las múltiples violaciones cometidas por las corporaciones de Getty, éste tiene un ejército de abogados para demandar a los que caigan en sus trampas digitales. Ellos se dieron el lujo de amenazar con demandar a la fotoperiodista Carol Highsmith por utilizar una de sus propias fotos en su sitio digital, ignorando que Highsmith en julio de 2016 había demandado a sus patrones por mil millones de dólares por explotar, sin su autorización, una licencia para utilizar su colección adquirida en donación por la Librería del Congreso de Estados Unidos. En la larga lista de agravios y violaciones cometidas por las corporación de Getty existen resistencias y demandas como la del fotoperiodista Daniel Morel por 1.2 millones de dólares por apropiarse de imágenes sobre el terremoto de Haití en 2010. Ello con el contubernio de la agencia de noticias France Press, una empresa socia del magnate.

Estos referentes son sólo una pequeña evidencia de la reacción contra la apropiación transformadora criminal del dominio público convertida en propiedad privada en beneficio de un imperio que ha crecido silenciosamente. Falta mucho para hacer justicia y obligar a Getty a devolver las riquezas que pertenecen al dominio público de la humanidad, así como los millones de dólares que su corporación ha recibido de quienes han sido sus víctimas: la comunidad internacional y todos los países que han sido engañados por el magnate.

Con la demanda en su contra se tiene la oportunidad de revalorar lo perdido en base de una defensa organizada para llevar a los tribunales todas las querellas necesarias para defender a sus pueblos y ciudadanos afectados. Esto, independientemente de los delitos ocultos y secretos en evasión de impuestos, lavado de dinero, construcción fraudulenta de filiales y todo lo concerniente al monopolio establecido para apuntalar la riqueza de la familia Getty desde su central de Inglaterra conectada con los principales bancos del mundo y su conexión especulativa con Wall Street.

Se trata de una gran telaraña de actividades de alta tecnología criminal en asociación para enriquecerse con el trabajo creativo y productivo de la comunidad mundial del arte y la cultura, en beneficio de la ambición más egoísta e insana del planeta en materia del patrimonio de la humanidad.

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Carlos U. Vigueras dirige el Laboratorio de Nuestro Futuro México-EU. Este escrito fue editado por el Museo Casasola y enviado a Ojarasca por el autor.

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Más de 500 marchas en EU contra ofensiva para anular el derecho al aborto

Más de 500 manifestaciones se realizaron en decenas de ciudades a lo largo del país en protesta contra la ofensiva conservadora para anular el derecho al aborto impulsada por el régimen de Donald Trump y sectores derechistas, calificada de "guerra contra las mujeres" por defensores de derechos civiles.

Las acciones responden a una serie de nuevas leyes promulgadas por fuerzas conservadoras en varios estados para limitar severamente e incluso prohibir la suspensión del embarazo con el objetivo final de provocar una disputa legal en la Suprema Corte para anular el fallo que legalizó el aborto a escala nacional hace cuatro décadas.

El estado de Alabama promulgó este mes la ley más severa del país, que en los hechos prohíbe el aborto aun en casos de embarazo por violación sexual o incesto y establece penas hasta de 99 años de cárcel para doctores que se atrevan a incumplir esta norma. Otras leyes estatales recién aprobadas (no todas han sido promulgadas todavía) en por lo menos ocho estados prohíben el aborto después de que se detecta un latido de corazón en el feto, aproximadamente seis semanas, plazo en el cual muchas mujeres ni están enteradas de que están encintas.

El propósito detrás de este impulso a restricciones más extremas contra el aborto en décadas, es que activistas "pro vida", sobre todo de la derecha cristiana y la Iglesia católica, están confiados en que ahora podrán lograr su sueño después de que Trump instaló a dos jueces antiaborto en la Suprema Corte. Con ello, ahora existe una mayoría conservadora de cinco contra cuatro en el máximo tribunal, y se supone que con ello se podrá revertir el fallo histórico de 1973 conocido como Roe v Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos.

El propio Trump, en esta coyuntura, ha reiterado su posición "pro vida" al invitar a esta disputa.

Ante esto, ayer se realizaron protestas a lo largo del país, incluida una frente a la Suprema Corte, en Washington, y los tribunales federales en Nueva York, donde en cada lugar cientos de activistas pro aborto y pro derechos de la mujer y políticos, incluyendo algunos de los precandidatos presidenciales demócratas, expresaron su repudio a las nuevas leyes.

Las protestas fueron convocadas por una gama de organizaciones que han estado al frente de la defensa del derecho de la mujer al aborto, entre ellas NARAL, Planned Parenthood, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Women’s March.

"Este es el inicio de la guerra del presidente Trump contra las mujeres", declaró la senadora demócrata y precandidata presidencial Kirsten Gillibrand ante los manifestantes en Washington. Advirtió que "si él quiere esta guerra la tendrá y va a perder". Otros políticos y activistas hicieron eco de estas posiciones.

Algunos activistas indican que la ofensiva contra el aborto es sólo parte de una guerra más amplia contra las mujeres en este país. La ACLU tuiteó, por ejemplo, que aunque las mujeres en Estados Unidos representan sólo 4 por ciento de la población femenina mundial, son 33 por ciento de las encarceladas en el mundo y 80 por ciento de éstas son madres.

Otros señalan la hipocresía de líderes políticos y religiosos pretendiendo defender la "vida sagrada" de los aún no nacidos en lugares como Alabama, estado con la tasa más alta de mortalidad infantil en el país, con el mayor nivel de pobreza de los menores de edad y que ocupa el lugar 46, de 50, en educación, reporta la periodista de Los Angeles Times Jackie Calmes.

Señalando que muchas de estas leyes fueron aprobadas por el género masculino en las legislaturas (la de Alabama, por ejemplo, por 25 hombres blancos en el Senado estatal), la comediante Samantha Bee concluyó: "supongo que los hombres no aman nada más que ser policías de los cuerpos de las mujeres", pero "lo que todas estos proyectos de ley tienen en común es que demuestran que quienes los están formulando no tienen ni puta idea de cómo funciona el sistema reproductivo" y, por lo tanto, dedicó su programa Full Frontal a "ofrecer educación sexual a los senadores".

Mientras, el régimen de Trump ha llevado su guerra contra las mujeres a escala mundial, al suspender todo financiamiento de organizaciones internacionales de salud y de servicios de apoyo a familias que ofrecen servicios de aborto o incluso si sólo educa a la gente sobre esa opción.

 

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Viernes, 03 Mayo 2019 06:13

Assange resiste la extradición

Assange resiste la extradición

“No deseo entregarme para ser extraditado a EE.UU. por haber hecho un periodismo que ha protegido a muchas personas”, dijo el ciberactivista.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó ayer ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos. El australiano de 46 años compareció mediante videoconferencia ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se inició el proceso sobre su entrega a Washington, luego de haber sido condenado por otro tribunal británico a 50 semanas de cárcel. “No deseo entregarme para ser extraditado a Estados Unidos por haber hecho un periodismo que ha ganado muchos reconocimientos y ha protegido a muchas personas”, afirmó el activista y periodista en su declaración. Luego de su videoconferencia de ayer, el juez Michael Snow decidió que Assange deberá comparecer nuevamente en el tribunal el próximo día 30. Al mismo tiempo varias decenas de partidarios del activista australiano se congregaron frente a la corte con carteles que decían “Liberen a Assange” y “No a la extradición”.


“La batalla comienza realmente hoy”, declaró en tanto el actual director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, que calificó la sentencia como “un escándalo” y aseguró que el experto informático está muy afectado por la posibilidad de ser encarcelado por un año, luego de los 2.488 días que pasó recluido en la embajada ecuatoriana en Londres. “La extradición está basada en una ofensa menor que puede ser castigada con cinco años de cárcel”, advirtió en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. “Básicamente, lo consideramos como una estrategia para poder presentar luego más cargos contra él. Todo parece indicar que podría ser acusado de violar la Ley de Espionaje de 1970, que prevé incluso la pena de muerte”, afirmó.


Assange está recluido en la prisión de Belmarsh, un centro de alta seguridad en el suroeste de Londres. Allí permanece desde el 11 de abril cuando fue detenido por la policía británica en la legación ecuatoriana después de que este país le retirase el asilo diplomático concedido casi siete años antes. Assange se había refugiado en Londres en junio de 2012 para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual. Pero cuando años después estas fueron archivadas, permaneció afirmando temer que lo entregasen a la justicia estadounidense.


Su plataforma online se hizo famosa en 2010 cuando difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos que pusieron a Estados Unidos en un fuerte aprieto a nivel nacional e internacional. Washington, por su parte, afirma querer juzgarlo solo por piratería informática. Estados Unidos sostiene que el periodista conspiró con la analista de inteligencia Chelsea Manning para poder interceptar un ordenador del Pentágono. En la misma línea, la fiscalía mantiene que Assange ayudó a Manning a decodificar una clave secreta para que ella pudiera filtrar cables clasificados a través de WikiLeaks. Ben Brandon, un representante de la justicia estadounidense, confirmó ayer que este cargo es pasible de un máximo de cinco años de cárcel. Pero los defensores de Assange temen que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corra el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.


Al anunciar hace tres semanas la expulsión del australiano de la embajada, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró haber recibido la garantía de Reino Unido para que Assange no sea entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. Ese mismo día, la abogada británica del experto informático, Jennifer Robinson, anunciaba que lucharía hasta el final para impedir su entrega a Estados Unidos, afirmando que la detención de Assange crea un peligroso precedente para los órganos de prensa y para los periodistas en el mundo.


Mientras tanto, los políticos británicos están divididos respecto a Assange. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, se opone a su extradición afirmando que el australiano “expuso pruebas de las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán”. Pero por otro lado el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, aseguró que Assange no es “ningún héroe”. La primera ministra Theresa May declaró en sintonía con Hunt al afirmar que “nadie está por encima de la ley”.

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Assange resiste a su detención al interior de la embajada de Ecuador en Londres

Los tribunales británicos ordenaron la detención de Assange el 29 de junio de 2012, pero él vivía desde entonces refugiado en la embajada de Ecuador en Reino Unido
"La policía tenía el deber de ejecutar la orden y fue invitada a la embajada por el embajador después de que el Gobierno le retirase el asilo", indica Scotland Yard

La policía británica ha detenido este jueves a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, según ha informado Scotland Yard.
"Ha sido trasladado a la comisaría de Londres, donde estará hasta que se presente ante el Tribunal de Magistrados de Westminster lo antes posible", señala la Policía Metropolitana de Londres en el comunicado.


Los tribunales británicos ordenaron la detención de Assange el 29 de junio de 2012, pero él vivía desde entonces refugiado en la embajada de Ecuador en Reino Unido. "La policía tenía el deber de ejecutar la orden y fue invitada a la embajada por el embajador después de que el Gobierno le retirase el asilo", indica Scotland Yard.


Horas antes de la detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, había anunciado en Twitter la retirada del asilo diplomático al fundador de Wikileaks. "El conceder o retirar el asilo es facultad soberana del Estado. Hoy anuncio que la conducta agresiva e irrespetuosa del señor Assange; las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador; y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en el que el asilo del señor Assange es insostenible", había afirmado Moreno.


"Ecuador da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por seis años y diez meses el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en nuestras instalaciones de la embajada en Londres", indicó Moreno. "El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático. Violó particularmente la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros estados", añadió.
El presidente de Ecuador ha asegurado que ha solicitado a Reino Unido la garantía de que Assange no será extraditado a un país en el que pueda ser torturado o condenado a muerte. "El Gobierno británico lo ha confirmado por escrito"

eldiario.es
11/04/2019 - 11:43h

 

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https://youtu.be/WP2Nu0NY5DE

 

 


 La cárcel de Assange

Por Santiago O’Donnell

 

Imaginárselo ya es difícil, pero olvidarlo mucho más. Un hombre, un encierro en cuatro o cinco cuartos, día tras día durante dos, tres, siete años, ventanas hostiles en la mira de cámaras espías y potenciales francotiradores, aire insípido, luz artificial, día tras día hasta que uno pierde noción del tiempo, pierde noción de luz y sombra, pierde capacidad de olfato y sensación de tacto, y uno empieza a jugar con su mente a ser un hombre libre mientras ve la vida pasar desde su agujero. “A veces me siento como en una película viendo cómo las cosas pasan delante de mí, de este cuarto, de esta mesa, como si fuera un espectador de un show continuado que nunca termina”, me dijo Julian Assange, en su cuarto año de encierro en la embajada de Ecuador en Londres, la última vez que nos vimos. Todavía faltaban dos años más de encierro hasta que su asilo se convirtiera en cárcel, en marzo del año pasado, cuando le cortaron la internet y las visitas y le hicieron firmar un protocolo de conducta que reiteraba en cada cláusula que cualquier violación podría derivar en expulsión.


Del encierro a la cárcel y de ahí a la antesala a lo desconocido. Esta semana la cancillería ecuatoriana emitió un comunicado que parece abrir el camino para una eventual expulsión de Assange de la embajada por presuntas faltas de conducta. “El asilo es una facultad soberana del Ecuador, que tiene por tanto el derecho de otorgarlo o terminarlo cuando lo estime justificado y sin consultar a terceros”, dice el comunicado. La cancillería afirma que continúa respetando el asilo de Assange, pero no deja dudas acerca de la antipatía hacia él. “Al emitir informaciones que falsean la verdad, el asilado y sus asociados expresan una vez más ingratitud e irrespeto hacia el Ecuador, en lugar de mostrar agradecimiento al país que lo ha acogido por casi siete años”, añade el texto. “Ecuador ha efectuado importantes gastos para costear su estadía en la Embajada (en Londres), que ha soportado sus groserías.”


O sea, un invitado indeseable que ha agotado su bienvenida. Pero no lo van a expulsar porque se acabó la amenaza a su libertad de expresión ni la persecución política que sufre a causa de su trabajo como editor y publicador de documentos secretos. De hecho nunca estuvo tan amenazado. La CIA de Trump y Pompeo han calificado a WikiLeaks como “servicio de inteligencia hostil, no estatal” cuando para el gobierno estadounidense anterior WikiLeaks era una publicación protegida por la primera enmienda de la constitución, no muy diferente que el New York Times. Además, hace tres meses un error procesal expuso la existencia de una acusación “sellada” o secreta de un Gran Jurado de Alexandría, Virgina, en contra de Assange, supuestamente por haberse complotado con Chélsea Manning para que ésta se robara y luego le transfiriera los cables diplomáticos clasificados que WikiLeaks publicara en el 2010 en una megafiltración conocida como “Cablegate”.


Si Assange quedó al borde de la expulsión de la embajada es porque el gobierno de Lenín Moreno no ve con simpatía al ex hacker australiano devenido en icono mundial de la libertad de expresión. Con su actitud desafiante e insumisa y su olfato para ocupar el centro de la escena mediática mundial, Assange fue un personaje central de la política exterior ecuatoriana de los últimos años y hoy es el principal escollo para el objetivo primordial de Moreno de acercarse a Estados Unidos y despegarse del discurso antiimperialista de su antecesor Rafael Correa. Por cierto, fue Correa quien le ofreciera y luego le concediera el asilo a Assange. Al principio Moreno trató de sacarse el problema de encima con una pirueta diplomática. Siguendo un plan de su entonces canciller Rosario Espinoza, le concedió a Assange la ciudadanía ecuatoriana y le inventó un puesto diplomático en Moscú. Pero los ingleses no compraron el paquete e hicieron saber que seguía vigente la orden de captura de Assange ni bien saliera de la embajada y volviera a pisar territorio británico. Entonces Moreno cambió de táctica y empezó a presionar a Assange para que se calle y se vaya de una vez por todas.


Ahora Assange corre una carrera contra el tiempo. Mientras la embajada parece preparar su expulsión, él se ilusiona

con que antes caiga el gobierno conservador de Theresa May a causa del laberíntico problema que le ha generado la falta de una Brexit consensuado con la Unión Europea. Si cae May y asume el líder del laborismo, Jeremy Corbyn, el más izquierdista que el partido ha tenido en décadas, Assange tendría prácticamente acordado un salvoconducto para irse del país sin ser detenido.


Hablamos con Fidel Narváez, cónsul general de Ecuador en Londres desde el 2010 hasta el 2018. Es la primera vez que habla con un medio argentino. Dice estar muy preocupado, pero se ilusiona con que un cambio de gobierno en Gran Bretaña destrabe la situación. Dice que el gobierno ecuatoriano, el gobierno de su país, está echando por la borda la doctrina, los logros y la reputación ganada en los últimos años por defender lo que Assange representa. Dice que el gobierno de Moreno está tomando todos los pasos necesarios para expulsarlo y que incluso está considerando quitarle la ciudadanía ecuatoriana para facilitar su entrega a las autoridades británicas y así dejarlo a tiro de una extradición a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje y traición.


“La situación de Julián es crítica”, advierte. “Un ser humano no resistiría todo lo que ha tenido que resistir, pero él no es una persona normal.”
“¿Sabes una cosa? No lo van a quebrar. Lo han intentado de mil maneras pero nunca pudieron quebrarlo. Tiene una fuerza de voluntad inmensa. Por eso nunca lo van a quebrar.”
@santiodonnell

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¿En la era del perdón o de la agresión?

Las reclamaciones de disculpa y de indemnización por atrocidades cometidas en las relaciones entre pueblos o países fueron frecuentes a lo largo del siglo XX. Son ejemplo de ello las iniciativas de Alemania en el caso del holocausto y de Estados Unidos en el caso de los japoneses estadounidenses presos durante la Segunda Guerra Mundial. El siglo XXI ha sido particularmente insistente en la exigencia (no siempre atendida) de reclamaciones de disculpa por crímenes, atrocidades y violencias cometidas en el pasado más o menos lejano en el contexto del colonialismo europeo.

En ocasiones, las reclamaciones de disculpa se acompañan de la solicitud de reparaciones o indemnizaciones. He aquí algunos ejemplos. En 2004, el Gobierno alemán reconoció la atrocidad cometida contra el pueblo de Namibia, el genocidio de 65.000 personas de etnia herero que se habían rebelado contra el colonizador en 1904. En 2018, el gobierno de Namibia exigía la solicitud formal de disculpas y la reparación financiera por el mal cometido, lo que fue rechazado por el gobierno alemán. En 2008, en visita a Libia, el por entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pidió formalmente disculpas al pueblo libio por las "profundas heridas" causadas por los treinta años de la colonización italiana y prometió una inversión de 5000 millones de dólares como compensación. Poco tiempo después, Libia era invadida y destruida por las "fuerzas aliadas" de las que Italia formaba parte. En 2014, la Comunidad del Caribe aprobó una propuesta de la Comisión de Reparaciones a fin de impartir justicia a las víctimas del genocidio, la esclavitud, el tráfico de esclavos y el apartheid racial considerados por la Comisión como crímenes contra la humanidad. La propuesta estaba dirigida a los principales países esclavistas en la región (Holanda, Reino Unido y Francia), pero abarcaba potencialmente a otros países. Se trataba de una propuesta muy amplia que incorporaba un plan de acción con las siguientes dimensiones: perdón formal, repatriación, programa de desarrollo de los pueblos nativos, instituciones culturales, salud pública, erradicación del analfabetismo,programa de promoción de los conocimientos africanos, rehabilitación psicológica, transferencia de tecnología. En 2015, en visita a Jamaica, David Cameron, entonces primer ministro de Reino Unido, excluyó cualquier posibilidad de reparación. Dos años antes, el mismo David Cameron, en visita a la India, reconocía que la masacre en 1919 de 1000 indios desarmados que protestaban contra el colonialismo británico había sido "profundamente vergonzosa", pero no pidió formalmente disculpas ni accedió a pagar indemnizaciones. Presionado por una acción judicial, en 2013 Reino Unido accedió a pagar 2600 libras a cada uno de los 5.000 kenianos, integrantes del movimiento Mau Mau, presos y torturados en la década de 1950 por su resistencia contra el colonialismo británico y a "lamentar sinceramente” lo sucedido. Sin embargo, cerca de 44.000 kenianos vienen exigiendo la misma indemnización por los malos tratos recibidos en el periodo colonial. En 2017, Emmanuel Macron, entonces candidato a la presidencia de la república de Francia, reconoció que la colonización de Argelia había sido un crimen contra la humanidad.


Más recientemente, al señalar los quinientos años de la colonización de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey de España y al papa que pidieran formalmente disculpas por las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas durante el periodo colonial, comprometiéndose a hacer lo mismo como descendiente de los colonizadores. La petición fue terminantemente rechazada por el Estado español, pero el Gobierno de Cataluña se apresuró a reconocer los abusos, las muertes de millones de personas y la destrucción de culturas enteras cometidas por el colonialismo español. Más recientemente aún, el pasado 4 de abril, el Gobierno belga pidió disculpas a los "mestizos belgas", miles de niños hijos de padre belga y madre congoleña, nacidos al final de la colonización belga (entre 1940 y 1950), que fueron sustraídos a las familias e internados compulsivamente en orfanatos y a veces enviados a Bélgica.


¿Cuál es el significado de este movimiento de justicia histórica que, de hecho, se ha ramificado? En la actualidad incluye la reclamación de la devolución de los objetos de arte traídos (¿con qué derecho?) de las colonias europeas y exhibidos en los museos del Norte global. También incluye la devolución de tierras, por ejemplo, en Zimbabue y más recientemente en Sudáfrica con referencia al periodo del apartheid, una forma específica de colonialismo, y también en Australia. Los argumentos jurídicos o éticos en uno u otro sentido no parecen servir de mucho. Obviamente no se trata de encontrar razones para responsabilizar a las generaciones actuales de los países colonizadores por los crímenes que han cometido. El problema es político y emerge como resultado de un conjunto de factores de los cuales el más importante es la coexistencia de la independencia política con la continuidad de la dependencia colonial. Las luchas de liberación colonial en América Latina (siglo XIX) y en África y Asia (siglo XX) tenían por objetivo luchar por la justicia histórica, devolver los territorios a sus pueblos y permitirles construir un futuro propio.


Lo cierto es que nada de esto sucedió, como quedó patente de la manera más dramática en la primera liberación colonial, la de Haití, en 1804. Las condiciones impuestas a los esclavos liberados para superar el aislamiento internacional al que se vieron sometidos fueron brutales (tan brutales como las condiciones del ajuste estructural que el FMI sigue imponiendo impunemente en el Sur global) y el resultado es bien patente en el Haití de hoy. Kwame Nkrumah, primer presidente de Ghana, denunció brillantemente la continuidad de la dependencia colonial en 1965 al acuñar el término neocolonialismo, una realidad tan vigente entonces como hoy. El pillaje de los recursos naturales que caracterizó al colonialismo continúa hoy, llevado a cabo por empresas multinacionales del Norte global con la complicidad de las élites locales que, en el caso de América Latina, son descendientes de los colonos. La reclamación de la justicia histórica no es más que una forma adicional de legitimar la lucha contra la injusticia y la desigualdad que siguen caracterizando las relaciones entre los países centrales y los países periféricos. Y cuando la respuesta se traduce en meras reclamaciones de disculpa, sean estas aceptadas o no, no pasan de rituales legitimadores de quien los exige o acepta para que todo siga igual. Es decir, el colonialismo no terminó con las independencias políticas. Terminó solo el colonialismo de ocupación territorial por una potencia extranjera. No obstante, continúa hoy bajo otras formas, algunas más brutales que las del colonialismo histórico. Tal y como la esclavitud continúa hoy bajo la forma vergonzosa del "trabajo análogo al trabajo esclavo", para usar la terminología de la ONU, el colonialismo continúa hoy no solo en forma de dependencia económica, sino también en forma de racismo, xenofobia, apartheid racial, brutalidad policial contra la juventud negra, islamofobia, "crisis de los refugiados", "guerra contra el terrorismo", asesinatos de líderes sociales en lucha por la defensa de sus territorios contra la invasión de las empresas mineras, de extracción de madera o de agricultura industrial, desastres ambientales contra poblaciones desechables, viviendo en lugares asumidos como "zonas de sacrificio", etc.


En el caso de América latina, en el que las independencias fueron conquistadas por los descendientes de los colonizadores, la continuidad del colonialismo asumió una forma específica, el colonialismo interno al que fueron sometidos los pueblos indígenas y los pueblos de matriz africana, descendientes de esclavizados. Los "modelos de desarrollo" de los últimos 150 años han ignorado sistemáticamente los intereses, las aspiraciones y las culturas de estos pueblos.


Si López Obrador insiste en cualquier variante de estos modelos no puede sorprenderse si, en lugar de disculpas, los pueblos indígenas le exigen respeto efectivo por sus culturas y territorios, así como el abandono de megaproyectos y de políticas neoextractivistas una vez rechazados por las poblaciones después de ser previamente consultadas de manera informada y de buena fe. Al reclamar disculpas al colonizador y al comprometerse su gobierno en el mismo proceso, López Obrador trae algo nuevo a la polémica sobre la justicia histórica. Asume la estatura de una sinceridad política trágica en el sentido de la tragedia griega. Se mueve en el filo de una navaja que lo puede desequilibrar hacia la caída en el propio movimiento de levantarse. Sabe, quizá mejor que nadie, que presenta hoy el máximo de conciencia social posible de un modelo de desarrollo de vocación antisocial destinado a crear rentabilidades que en gran proporción irán a los bolsillos de intereses capitalistas globales. Sabe que el capitalismo de hoy, dominado por el capital financiero, solo acepta negociar los términos del saqueo si el pillaje no se cuestiona. Sabe que, con una u otra variante, este modelo fracasó en otros países de América Latina en tiempos muy recientes (Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela). Tiene al norte un muro imperial, vergonzoso, demasiado sólido para derretirse con la sangre de quien intenta pasar a través de él. En él está depositada la esperanza que queda en un continente desgarrado por el imperialismo estadounidense y europeo con la complicidad de las élites locales que nunca toleraron que las clases populares, los de abajo, soñaran con el fin del colonialismo. En estas condiciones, quien es responsable de la esperanza lo es también de la frustración. La respuesta del rey de España no fue un buen presagio. Pero también es verdad que de un rey de nada no se puede esperar todo.

Traducción de Antoni Aguiló

 

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De qué se trata realmente la gran marcha del retorno

A un año de la Marcha del Retorno en la Franja de Gaza.

Los objetivos de las protestas de la Gran Marcha del Retorno, que comenzaron en Gaza el 30 de marzo del año pasado, son poner un fin al sofocante cerco israelí e implementar el derecho al retorno de los refugiados palestinos que hace 70 años fueron expulsados de sus hogares y pueblos en la Palestina histórica.


Pero estas protestas encierran mucho más que algunas pocas demandas, especialmente si se tiene en cuenta el alto costo humano asociado con ellas.


De acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, más de 250 personas han sido asesinadas y 6.500 heridas, incluyendo niños, doctores y periodistas.


Más allá de la desproporcionada cobertura mediática sobre “cometas incendiarias” y jóvenes cortando de forma simbólica las alambradas que los han cercado por largos años, la marcha ha sido mayoritariamente no violenta. A pesar de ello, Israel ha asesinado y lisiado manifestantes con impunidad.


Una comisión de investigación de derechos humanos de la Onu descubrió el mes pasado que Israel podría haber cometido crímenes de guerra contra los manifestantes, resultando en la muerte de 189 palestinos en el período que va del 30 de marzo al 31 de diciembre de 2018.


La investigación encontró “motivos razonables para creer que francotiradores israelíes dispararon contra niños, médicos y periodistas, aun cuando eran claramente identificables como tales”, según reportó la Bbc.


Muchos medios de comunicación, sin embargo, todavía no entienden lo que realmente significa para los palestinos la Gran Marcha del Retorno.


Un informe del Washington Post intentó ofrecer una respuesta. El artículo, cínicamente titulado “Gazans have paid in blood for a year of protests. Now many wonder what it was for” (“Los gazatíes han pagado con sangre por un año de protestas. Ahora muchos se preguntan para qué”), cita selectivamente a heridos palestinos que, al parecer, sienten que sus sacrificios fueron en vano.


Aparte de brindar una plataforma a las tropas israelíes para culpar a Hamas por la marcha, de un año de duración, el largo informe termina con estas dos citas:


La Marcha del Retorno “no consiguió nada”, de acuerdo a uno de los palestinos lesionados.


“Lo único que puedo sacar en limpio es que hizo que alguna gente prestara atención”, dijo otro.


Si el Washington Post prestara atención, se habría dado cuenta de que el clima entre los palestinos no es de cinismo ni desesperanza.


El Post debería preguntarse: si la marcha “no consiguió nada”, ¿por qué todavía protestan los gazatíes? ¿por qué no ha sido puesta en cuestión la naturaleza popular e inclusiva de la marcha?


“El derecho al retorno es más que una posición política”, dijo Sabreen al-Najjar, la madre de la joven médica palestina Razan al-Najjar, quien, el 1 de junio de 2018, fue asesinada por un disparo del ejército israelí mientras intentaba ayudar a manifestantes palestinos heridos. Es “más que un principio: envuelta en él, y reflejada en la literatura y el arte y la música, está la esencia de lo que significa ser palestino. Está en nuestra sangre”.


En efecto, ¿qué es la Gran Marcha del Retorno sino un pueblo tratando de recuperar su papel, ser reconocido y escuchado en la lucha por la liberación de Palestina?
Lo que está ausente de la discusión sobre Gaza es la psicología colectiva detrás de este tipo de movilización y el por qué es esencial para cientos de miles de personas sitiadas redescubrir su poder y entender su verdadera posición, no como víctimas sin esperanza, sino como agentes de cambio en su sociedad.
La lectura superficial o la tergiversación de la Marcha del Retorno hablan mucho sobre la subestimación general del rol del pueblo palestino en su lucha por libertad, justicia y liberación nacional, que ya lleva un siglo.


La historia de Palestina es la historia del pueblo palestino, porque ellos son las víctimas de la opresión y el principal canal de resistencia, comenzado por la Nakba –la creación de Israel sobre las ruinas de pueblos y aldeas palestinas en 1948–. Si los palestinos no hubieran resistido, su historia habría concluido en ese entonces, y también ellos habrían desaparecido.
Quienes increpan a la resistencia palestina, o quienes, como el Post, no logran entender el valor subyacente detrás de un movimiento popular y sus sacrificios tienen poco entendimiento sobre las ramificaciones psicológicas de la resistencia –el sentido de empoderamiento colectivo y esperanza que se extiende entre la gente–. En su introducción a Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, Jean Paul Sartre describe la resistencia, como fue apasionadamente defendida por Fanon, como un proceso a través del cual “un hombre se re-crea a sí mismo”.
Durante 70 años, los palestinos se han embarcado en un viaje de re-creación de su ser. Han resistido, y su resistencia, en todas sus formas, ha moldeado un sentido de unidad colectiva, a pesar de las numerosas divisiones que han sido levantadas entre la gente.


La Marcha del Retorno es la última manifestación de la continua resistencia palestina.


Es obvio que las interpretaciones elitistas sobre Palestina han fallado –los Acuerdos de Oslo se han revelado como un vano ejercicio de clichés vacíos, destinado a mantener el dominio político estadounidense en Palestina, así como en el resto de Oriente Medio.


Pero la firma de esos acuerdos en 1993 rompió la relativa cohesión del discurso palestino, debilitando y dividiendo así al pueblo palestino.


En la narrativa sionista israelí, los palestinos son descritos como lunáticos a la deriva, como un inconveniente que dificulta el camino del progreso –una descripción que regularmente define la relación entre todo poder colonial occidental y los nativos colonizados que se resisten.


Dentro de algunos círculos políticos y académicos israelíes, los palestinos sólo “existen” para ser “depurados”, para hacer lugar para un pueblo diferente, más merecedor. Desde la perspectiva sionista, la “existencia” de los nativos es meramente temporal. “Debemos expulsar a los árabes y tomar su lugar”, escribió el padre fundador de Israel, David Ben Gurión.
La asignación al pueblo palestino de los roles de dislocado, desheredado y nómade, sin considerar las implicaciones éticas y políticas de esa percepción, ha presentado erróneamente a los palestinos como un colectivo dócil y sumiso.


Por ello, es imperativo que desarrollemos un entendimiento claro de los significados detrás de la Gran Marcha del Retorno. Cientos de miles de palestinos en Gaza no arriesgaron sus vidas durante el último año simplemente porque requieren provisiones médicas y alimenticias urgentes.


Los palestinos lo hicieron porque entienden la centralidad de su lucha. Sus protestas son una declaración colectiva, un grito de justicia, un último reclamo para recuperar su narrativa como pueblo –todavía resistente, todavía poderoso y todavía esperanzado después de 70 años de Nakba, 50 años de ocupación militar y 12 años de sitio implacable.
* Periodista, escritor, editor de Palestine Chronicle y doctor en estudios palestinos por la Universidad de Exeter. El título original de esta columna es “‘The Essence of Being Palestinian’: What the Great March of Return is Really About”. Traducción y título de Brecha.

Por Ramzy Baroud
5 abril, 2019

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Cuando un gesto de amor dinamita la parafernalia

A veces, la mejor declaración de amor hacia la vida es concluirla.


Dejaron pasar las cámaras en un momento íntimo porque lo que tenía que ser solo un acto de humanidad, de amor, se convirtió en un acto político. Él le abrió la puerta que ella tanto había anhelado transitar, las manos de ella no podían ya abrir nada, la vida estaba cerrada y el tiempo no era ya suyo.


A veces la mejor declaración de amor hacia la vida, es concluirla, despedirla porque se la quiere plena. Porque la vida no es solo un derecho, es sentido, dignidad, es todo lo que tenemos en el fondo, despojados de retóricas y parafernalia.


Parafernalia, nos acosa y nos inunda la parafernalia, parafernalia electoral, parafernalia mediática, una inflación de lo superfluo que no deja ver lo importante. Entonces una se aturde en el correr de tuits en el serpenteo de declaraciones que no llevan a ninguna parte, le asfixia el hedor de las cloacas del régimen, los valores bursátiles, los hombres que se sienten importantes y disfrazan de vehemencia discursos vacíos.


Forman como una muralla de sentido que flota sobre la vida sin tocarla, la vida de tu amiga que no duerme contando los meses que faltan para que acabe el contrato de alquiler y le echen de su casa. La vida de tu vecina de arriba y sus dos hijos, y su nómina en la que no caben la hipoteca, la electricidad y el gas, el dinero del comedor, o unas ocasionales vacaciones. La vida de tu padre que envejece al que no sabes cómo cuidarás. La vida de las mujeres que cuidan a los padres y madres de otros, mil horas de trabajo a cambio de un poco de oxígeno. Las vidas todas devoradas por un mar que hemos convertido en asesino.


A penas hay señales de vida en las tertulias y las grandes proclamas, exhibición de oratoria prefabricada, de lenguajes inertes. Entonces desde las entrañas de lo concreto, lo que palpita, lo incontestable, la vida que desobedece a los discursos inánimes, toma forma en el gesto valiente de un hombre que mira a su compañera y por ella, con ella, dinamita toda la parafernalia.

 

Por Sarah Babiker
2019-04-05 11:18:00

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