321 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en 2018

Los asesinatos tuvieron lugar en 27 países y el 77% de ellos se perpetraron contra activistas ambientales, según Front Line Defenders. La organización destaca que el uso de la violencia contra defensores de los derechos humanos es generalizado, además de una tendencia hacia legislaciones restrictivas que entorpecen y limitan el trabajo activista

 

La lucha por los derechos humanos, la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas se cobra sus víctimas a punta de pistola. Y no son caso aislados. Nada menos que 321 defensoras de los derechos humanos, en al menos 27 países, fueron asesinadas en 2018, tal como indican los datos recopilados por Front Line Defenders, una organización especializada en la protección de “las personas que trabajan, de forma no violenta, por cualquiera o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.


La cifra real de asesinatos, sin embargo, “casi con certeza, es superior a esta”, como aseguran desde la organización. Y tres de cada cuatro de esos asesinatos han tenido como blanco activistas ambientales, según destaca la federación Ecologistas en Acción.


El último informe de la Front Line Defenders, titulado Basta de Asesinatos, destaca que estos ataques no son hechos aislados, sino que van precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos. En concreto, el 49 % de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte y, tal como destacan desde Ecologistas, “en la mayoría de los casos, las activistas no recibieron ni la protección ni el apoyo necesario por parte de las autoridades estatales”.


Para Front Line Defenders, “el uso de la violencia mortal para silenciar a quienes defienden los derechos de las personas más vulnerables sigue siendo generalizado y endémico en varios países”. De hecho, 2018 es el año en el que la organización ha recopilado un número mayor de asesinatos, nueve más que el pasado año.


La persecución y criminalización de activistas tiene, además, el agravante de género. Activistas y defensoras del medio ambiente “sufren agresiones sexuales por parte de actores estatales y no estatales”, incluso dentro dentro de sus movimientos sociales, destaca el informe. Violaciones, abusos sexuales, hostigamiento y persecución de sus hijos, campañas de desprestigio cuestionando su compromiso con sus familias o su eliminación e imposibilidad de acceder a cargos de alto rango en ONG, estructuras públicas o sindicatos son algunas de las realidades recopiladas en el informe.


UN MUNDO MÁS RESTRICTIVO


Por si no bastaba con todo esto, el análisis global de Front Line Defenders remarca una tendencia hacia “una legislación restrictiva dirigida a limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos”. Como indican desde Ecologistas en Acción, “los gobiernos legislan en torno a las amenazas a la ‘seguridad nacional’ como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales”. Asimismo, “las autoridades utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y electrónica centrándose en activistas ambientales y defensoras LGBTIQ”, añaden.


Serlinda Vigara, portavoz de la federación ecologista, señala que “los asesinatos son solo la cara más visible de un sistema que pretende silenciar a todas aquellas personas que se enfrentan a los intereses corporativos y estatales al defender, día tras día, modos de vida alternativos frente a la crisis social y ecológica que afrontamos”.
Por ello, desde el colectivo muestran su “máxima preocupación” por los datos del informe y exigen “la implicación de gobiernos e instituciones internacionales en la lucha contra estos crímenes y hostigamientos”. En concreto, instan a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

Por REDACCIÓN EL SALTO

PUBLICADO
2019-01-15 11:25:00

 

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ONU pide a Iván Duque que responda a los asesinatos de líderes sociales

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, instó este domingo al presidente de esa nación sudamericana, Iván Duque, a responder con urgencia ante el incremento de asesinatos de líderes sociales.

El politólogo italiano se refirió en esta capital a la escalada de crímenes contra defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierra en regiones como el departamento del Cauca, suroeste colombiano.


En los pocos días de 2019 hay muchos muertos y la mayoría en la región del Cauca, subrayó el representante de Naciones Unidas en alusión a los siete líderes asesinados en la primera semana del año.


Brunori aplaudió la reunión del Gobierno el pasado viernes en la que se evaluó el Plan de Acción Oportuna, estrategia lanzada para contrarrestar la violencia social en Colombia.
Sin embargo, consideró que deben acelerarse las medidas para garantizar un sistema de protección efectiva a los líderes sociales.


Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz hace dos años, han sido asesinados 358 colombianos por su posición política o estar vinculados a tareas de reivindicación social.


Organizaciones de derechos humanos estiman que esa cifra es incluso superior y rebasa las 400 víctimas, cerca de un centenar de ellas excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.


La víspera, además, el fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, reconoció por primera vez que hay un patrón de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia.

13 enero 2019 
(Con información de PL)

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Sábado, 12 Enero 2019 06:39

Estrechando el cerco

Estrechando el cerco

A casi nueve meses de iniciada una rebelión nacional, en Nicaragua las aguas no se han aquietado. Más bien todo lo contrario: una nueva fase de la represión ha comenzado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) maneja una periodización de este conflicto que no tiene visos de solución en el futuro cercano.


Tras la primera fase de “represión tradicional”, marcada por el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles en abril pasado, vino la “operación limpieza”, por la que el gobierno de Daniel Ortega buscó la eliminación de las barricadas en distintos lugares del país. Se continuó con la “represión burocrática”, que incluyó la persecución, encarcelamiento y procesamiento –sin garantías mínimas del debido proceso– de diversos líderes del movimiento estudiantil y campesino. Y en vísperas de Navidad comenzó una nueva fase, la cuarta, que apunta a acallar por completo las voces que han venido desnudando al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo: la supresión de la personería jurídica de diversas Ong vinculadas a la defensa de los derechos humanos, el ataque decidido a la prensa independiente y la impugnación de los mecanismos de contralor internacional.

El 14 de diciembre el Ministerio de Gobernación de Nicaragua anunciaba la cancelación inmediata de nueve organizaciones no gubernamentales presentes en el país, acusadas de haber incumplido “los requerimientos legales para su funcionamiento”. Esas asociaciones, afirmó, habían “participado activamente durante el fallido intento de Golpe de Estado,promoviendo Terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de Propiedades Públicas y Privadas, de Viviendas, Negocios, y de asalto a la Dignidad Humana de miles de Personas y Familias, a quienes les fue infringido un trato denigrante, humillante, con secuestros, torturas, todo tipo de amenazas a su Vida, en absoluto irrespeto a su Dignidad y a los Derechos Humanos de [email protected] l@s nicaragüenses” (todo sic).


Las Ong alcanzadas por la medida gubernamental son el Centro de Información y Servicios de Asesoría y Salud, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, el Centro de Investigación de la Comunicación, y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.


A algunas de estas organizaciones se les allanaron sus locales y se les incautaron computadoras y documentación. El Ministerio de Gobernación dijo que con los bienes muebles e inmuebles crearía un Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas de Terrorismo.


Según ha expresado el Cenidh, el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional “se han coludido para ejecutar un vergonzoso plan de represión por órdenes directas del gobierno Ortega-Murillo. Estas acciones violentan los procedimientos establecidos en la ley 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se abrió ningún procedimiento administrativo contra las organizaciones civiles y tampoco han tenido el derecho a la defensa”.

LA PRENSA EN LA MIRA

La misma noche del 14 de diciembre la policía allanó la redacción del periódico digital Confidencial y de los programas periodísticos de televisión Esta semana y Esta noche. El director de estos medios es el periodista Carlos Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y fundador y director del diario Barricada, órgano oficial del Fsln durante el decenio de la revolución sandinista.


No existe ninguna causa legal contra Chamorro ni sus empresas. Mientras se tramita un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la redacción y trasmisión de los programas se realiza desde lugares clandestinos.


Una semana más tarde la policía llegó a las instalaciones del canal de televisión abierta 100 por 100 Noticias, destruyendo equipamientos y llevándose detenidos a sus directores Miguel Mora y Verónica Chávez –liberada horas después– y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, además de otros funcionarios del medio. Luego de la intervención policial, el canal dejó de operar en Internet y por cable. Antes había cesado su trasmisión satelital. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau continúan detenidos.


Paralelamente ha comenzado a circular una “lista negra” de profesionales de la comunicación considerados “golpistas” y “enemigos de la revolución”. Esto hizo que junto a la pérdida de las fuentes de trabajo varios periodistas salieran del país para asegurar su vida o su libertad.


Uno de ellos es Gerall Chávez, de 28 años, que trabajaba hasta hace un par de semanas en el canal 14 Vos TV cubriendo la actualidad política.


En diálogo con Brecha desde su exilio, Chávez aseguró que el gobierno ha desarrollado diversos “mecanismos para intimidar, asediando a la prensa independiente, buscando la manera de que no se difunda la realidad”.


En agosto pasado, tras llegar de su trabajo, Chávez encontró en la fachada de la casa donde vivía, en el departamento de Carazo, la pintada “Plomo Fsln. No olvidamos”. Estas marcas, realizadas por simpatizantes del oficialismo, son frecuentes. “Son expresiones que ellos acostumbran utilizar como intimidación”, dice Chávez.


“La campaña se intensificó cuando comenzaron a difundir información falsa y difamatoria de mi persona, y a decir que era un periodista mentiroso y golpista”, relata.


Tras la detención de Mora y Pineda “hicieron circular fotografías mías y pidieron mi detención. Como no hay en este momento una organización legal que ampare el desarrollo libre del trabajo periodístico, renuncié a mi trabajo y salí del país a través de un punto ciego, indocumentado”.

PRESIÓN INTERNACIONAL.


El 19 de diciembre el gobierno de Nicaragua expulsó del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Cidh, que habían sido creados en acuerdo con Daniel Ortega.


El Giei, cuyo cometido era coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, presentó finalmente el 27 de diciembre en Washington un informe de 485 páginas que recoge más de tres millones de twits y 10 mil videos generados por ciudadanos.


El voluminoso documento concluye que se cometieron por parte del gobierno “crímenes de lesa humanidad”, entendidos como “ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil”, la definición recogida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.


En diálogo con Brecha, la historiadora Dora María Téllez, conocida por su participación en la revolución sandinista como jefa del Estado Mayor que liberó la ciudad de León en 1979 y que fuera posteriormente ministra de Salud, reconoce que Nicaragua vive “la crisis de derechos humanos más violenta a la que se ha enfrentado algún país de América Latina en las últimas décadas”.


“La solución es bastante sencilla: hay que reconocer la grave crisis política que tiene el país y el total déficit de legitimidad del régimen Ortega-Murillo”, dice. La salida, agrega, debe ser “constitucional y política, por la vía pacífica”, con una “convocatoria a nuevas elecciones nacionales y generales anticipadas, y con el apoyo de la comunidad internacional. Tenemos expectativas de que pueda hacerse mdiante la aplicación de la carta democrática de la Oea, como ya ocurrió en 1979 contra el régimen de Somoza”.
Téllez sostiene que desde julio pasado Ortega “ha decidido cerrar toda puerta de diálogo”. Sólo entiende “el lenguaje de las sanciones” que “le signifiquen un costo”, afirma la ex militante del Fsln. Y concluye: “No puede haber borrón y cuenta nueva, sino verdad y justicia, reparación a las víctimas y mecanismos para que no vuelvan a ocurrir cosas similares”, concluye Téllez.

Por Alejandro Ferrari
11 enero, 2019

 

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Campos hacinados, sucios y sin medicamentos

De a diez en un contenedor, casi sin agua corriente ni sanidad, con chicos solos y sobrevivientes de la tortura sin atención, la situación en los campos genera enfermedades, desesperación y violencia entre las víctimas.

Cientos de mujeres embarazadas, niños no acompañados y sobrevivientes de tortura están “abandonados” en los campos de refugiados en Grecia, dijo Oxfam. El informe de la organización caritativa descubrió que varias madres habían regresado del hospital a vivir en tiendas de campaña cuatro días después de dar a luz por cesárea, y sobrevivientes de violencia sexual y otras experiencias traumáticas se habían agrupado junto con otros refugiados en Moria, un campamento en Lesbos donde las peleas estallan regularmente y alrededor de dos tercios de los residentes dicen que nunca se sienten seguros.

Los refugiados vulnerables “se enfrentan con mayor frecuencia a un hacinamiento severo”, dijo Renata Rendón, jefa de misión de Oxfam en Grecia al diario británico The Independent. “Durante gran parte del año, Moria y otros centros de la Unión Europea en las islas griegas duplicaron su capacidad. Muy a menudo, las personas vulnerables se amontonan en un contenedor si tienen suerte, una tienda improvisada si no, con un máximo de nueve o diez o aun más personas”.


Rendón dijo que los que están en los campamentos “a menudo carecen de suficiente acceso al agua, sanitarios e higiene”, y muchos informan sentirse inseguros. “La gente está en estos campamentos durante largos períodos de tiempo, carecen de información, de intérpretes, por lo que a menudo se sienten muy frustrados, lo que puede llevar a la violencia dentro del campamento”.


Los refugiados también carecen de acceso a la atención médica, lo que según Rendón es “uno de los grandes problemas que surge cuando estamos hablando de la identificación de personas vulnerables en particular”. Los refugiados no tiene acceso a atención médica, lo que, según Rendón, es “uno de los grandes problemas que surgen cuando estamos hablando de la identificación de personas vulnerables en particular”.


El informe atribuyó la falta crónica de personal y los procesos de selección defectuosos por la falla del sistema destinado a identificar y proteger a los solicitantes de asilo más vulnerables. Como resultado, cientos de los refugiados más vulnerables han sido expulsados y obligados a vivir en Moria, el campamento de la Unión Europea utilizado para registrar y procesar nuevas solicitudes de asilo, que está a casi el doble de su capacidad. “Las condiciones a menudo son peligrosamente superpobladas, escuálidas, antihigiénicas e inseguras para las personas que ya están sufriendo experiencias muy traumáticas, a veces enfermedades de salud mental, a veces discapacidades físicas”, dijo Rendón.


Solo hubo un médico del campamento designado por el gobierno en Lesbos responsable de examinar a aproximadamente 2000 recién llegados cada mes durante gran parte de 2018, señaló el informe, y las evaluaciones médicas se detuvieron en noviembre cuando el médico renunció. El informe encontró una tendencia “particularmente preocupante” de que los adolescentes y sobrevivientes de torturas fueran detenidos después de que las autoridades no los reconocieran como vulnerables.


“Hay personas de 28 nacionalidades diferentes que a menudo son detenidas inmediatamente después de su llegada, esencialmente debido a su nacionalidad”, dijo Rendón. “Estas personas son detenidas antes de tener la oportunidad de tramitar su solicitud de asilo, antes de que se revise su solicitud de asilo, y el gran problema aquí es que una vez que se son detenidas es mucho más difícil acceder a servicios que ya son difíciles de acceder para personas que no están detenidas”.


Los detenidos son “a menudo retenidos en espacios pequeños con muchos otros jóvenes en condiciones de hacinamiento”, agregó. “Sabemos que la experiencia de la detención puede ser muy traumática, especialmente para las personas que son vulnerables y no han sido identificadas como tales”.


Un solicitante de asilo de 28 años de Camerún fue encerrado durante cinco meses por su nacionalidad a pesar de sus graves problemas de salud mental. El informe dice que nadie verificó su salud física y mental antes de que lo detuvieran, y que no vio a un psicólogo durante un mes. “Teníamos solo dos horas al día cuando se nos permitía salir del contenedor”, dijo. “El resto del tiempo uno está sentado en un espacio pequeño con otros 15 hombres que tienen sus propios problemas”.


Las condiciones en el campamento han disminuido a medida que el invierno trajo fuertes lluvias a Lesbos. Se pronostica que la temperatura durante la próxima semana descenderá y podría nevar. Oxfam está pidiendo al gobierno griego y a los estados miembros de la Unión que desplieguen más médicos y psicólogos y corrijan el sistema de detección “para que las personas vulnerables no caigan por las grietas”, dijo Rendón. La organización benéfica dijo que más personas que buscan asilo deberían ser transferidas a la Grecia continental de manera regular, especialmente a aquellos que son vulnerables.


“Estas circunstancias continuarán hasta que haya un esquema de responsabilidad compartida más justo”, agregó Rendón, “por lo que estamos pidiendo a los estados miembros de la Unión que compartan la responsabilidad de recibir a los solicitantes de asilo”.


Samuel Osborne. De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Las derechas gritan y las izquierdas se hacen las distraídas

La situación que atraviesa Venezuela es dramática y sin salida aparente. La economía está fuera de control y todos los planes para orientarla en alguna dirección han fracasado. Formalmente, Venezuela es una democracia. Hay elecciones, funciona un parlamento y una asamblea constituyente, existen medios de comunicación no alineados con el gobierno y se pueden formular críticas en público. La situación de los derechos humanos no es muy diferente a la que rige en otros países de la región.

Maduro fue reelegido con el 67 por ciento de los votos porque la mayor parte de la oposición decidió no acudir a las urnas, por lo que su partido controla 20 de las 24 gobernaciones, 310 de las 335 alcaldías y la totalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, pero es minoritario en el parlamento.


Si las elecciones y la libertad de prensa son los parámetros centrales para medir una democracia, se puede decir que Venezuela está en el límite inferior. Es un régimen en el borde de la legalidad, pero su forma de actuar es completamente ilegítima. Comparada con China y Arabia Saudita (por poner dos dictaduras que nadie cuestiona), es una joya democrática. Incluso si se la compara con Honduras y Guatemala, sale bien parada.


Recordemos que el presidente Jimmy Morales ordenó esta misma semana la salida del país de los funcionarios de las Naciones Unidas y dar por finalizada la misión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En Honduras hubo un evidente fraude electoral; en las elecciones de noviembre de 2017, y durante las protestas, las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos 33 manifestantes, según el informe de 50 organizaciones de derechos humanos.


Ni que hablar de México, con más de 200 mil asesinados y 40 mil desaparecidos en una década, con activa participación de las fuerzas armadas. Crímenes como los de Ayotzinapa nunca fueron aclarados, pero sus autores siguen siendo protegidos por el Estado.


Nicaragua es otra cosa. El régimen orteguista, acosado por su propio pueblo, está en las últimas y su caída es cuestión de tiempo. Un pueblo que echó al dictador Anastasio Somoza, poniendo el cuerpo a las balas, no se va a dejar dominar por un violador y una delirante, ambos enamorados del poder.


Lo que indigna es el doble rasero. En carta al papa Francisco, 20 ex presidentes rechazaron el llamado a la concordia del prelado en Venezuela. Algunos de los que firmaron ese mensaje no tienen la menor autoridad moral para sentenciar al régimen venezolano. Los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox estamparon sus rúbricas debajo de un texto que denuncia que el pueblo venezolano sufre “la opresión por una narco-dictadura militarizada, que no tiene reparos en conculcar de manera sistemática los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal”. Viniendo de gobernantes mexicanos, una canallada.


Algo similar puede decirse del colombiano Álvaro Uribe, que presidió un narco-gobierno y acuñó la figura de los “falsos positivos”, con la que las fuerzas armadas justificaron el asesinato de inocentes que hicieron pasar por guerrilleros.


La derecha tiene un problema que la torna poco creíble. Rechaza la pantomima de Nicolás Maduro, pero no aplica el mismo rasero a otras realidades. Tiene razón el periodista venezolano Ociel López cuando se pregunta, ante el movimiento de fichas de las potencias mundiales sobre Venezuela, si “le importa al mundo la legitimidad de Maduro o priman otros intereses”. O apostamos por la soberanía nacional o por la injerencia. Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil, acaba de proponer una invasión “humanitaria” para derrocar a Maduro.


La izquierda regional no entra en el debate, pero respalda la represión de Daniel Ortega. Un gobierno disparando sobre su pueblo es una línea roja que nadie, en ninguna circunstancia, debe traspasar. La izquierda está procediendo a un suicidio ético, mucho más grave que la peor desviación política, porque lo hace en aras del poder.

 

Por Raúl Zibechi
11 enero, 2019

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La CIDH exige a EU investigar la muerte de dos niños migrantes



 El organismo señala que las autoridades deben brindar asistencia médica, agua y comida a los indocumentados detenidos


Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este lunes a Estados Unidos que investigue la muerte de los niños guatemaltecos Jakelin Caal Maquin y Felipe Gómez Alonzo, mientras estaban bajo el cuidado de la Patrulla Fronteriza tras ser detenidos con otros migrantes al cruzar sin documentos a territorio estadunidense por la frontera con México.

“La CIDH apremia al gobierno de Estados Unidos a investigar las circunstancias que llevaron a estas muertes y le pide adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, la integridad y la salud de las personas migrantes que se encuentran bajo su jurisdicción”, precisó el organismo en un comunicado.

Jakelin Caal, de siete años, falleció el 8 de diciembre pasado en un hospital de El Paso, Texas, tras enfermar la víspera en un centro de detención de migrantes. Los servicios de emergencia estadunidenses la atendieron horas después de sentirse mal en el autobús que la trasladó desde donde fue arrestada hasta el centro de detención.

Unas dos semanas después, Gómez Alonzo, de ocho años, murió luego de que médicos de un hospital estadunidense le diagnosticaron gripe y lo dieron de alta tras detenerlo junto a su padre en El Paso, Texas. Luego de la muerte de ambos menores, la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, solicitó al Departamento de Defensa el envío de más personal médico a la frontera sur del país para atender un lugar en donde existe “una crisis humanitaria”.

La CIDH agregó que las autoridades estadunidendese deben brindar asistencia médica inmediata, así como agua, alimentación y abrigo a los migrantes cuando se les detiene. Apuntó que el gobierno no puede privar de libertad a niños como medida preventiva del proceso inmigratorio y que deberían disponer de alternativas menos lesivas.

En tanto, miembros del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos criticaron la decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de insistir en que un muro en la frontera con México ayudará a reducir la crisis migratoria y reforzará la seguridad.

Durante una visita al sur de Nuevo México, el presidente del caucus, el representante demócrata por el estado de Texas, Joaquín Castro, argumentó que las políticas del gobierno agravan lo que se ha descrito como una crisis humanitaria, y resaltó los casos de los niños guatemaltecos fallecidos.

Xochitl Torres Small, representante demócrata por Nuevo México, comentó durante el recorrido que desde que murieron los dos menores se han hecho algunas mejoras en las estaciones de la Patrulla Fronteriza en esa región, pero se requieren más cambios.

“Aún necesitamos tener equipo médico en todas nuestras instalaciones en las zonas más rurales de la frontera, para asegurarnos de contar con una Patrulla Fronteriza que responda a las circunstancias cambiantes que seguimos observando”, dijo Torres.

El contingente, compuesto exclusivamente de legisladores demócratas, viajó a Alamogordo, comunidad ubicada unos 145 kilómetros al norte de la frontera con México, para ver el lugar en que Felipe Gómez Alonzo y su padre fueron retenidos.

En ese contexto, el presidente Donald Trump anunció en Twitter que dará un mensaje al país este martes a las nueve de la noche (hora local) sobre lo que llamó la crisis de seguridad nacional y humanitaria en nuestra frontera sur.

Horas antes, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció que el presidente viajará el jueves a la frontera con México “para reunirse con quienes se encuentran en la primera línea de la crisis” descrita por el mandatario. El destino exacto no fue divulgado.

 

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Lunes, 17 Diciembre 2018 06:20

Angelitos

Claudia Maquín, madre de Jakelin, la niña guatemalteca de siete años que murió estando bajo custodia del gobierno estadunidense.Foto Ap

“Ya se murió el angelito/ Y no quisiera llorar…”

Jakelin tenía siete años cuando murió, mientras ella, su padre y decenas de otros migrantes estaban bajo la custodia de las autoridades de protección fronteriza. Nos enteramos hasta el pasado jueves –porque unos periodistas del Washington Post preguntaron– aunque murió casi una semana antes y nadie dijo nada. Aún no se saben exactamente las causas; el informe preliminar era que se deshidrató y no había comido en días, algo que ahora disputa su familia. Pero el hecho es que murió en manos del régimen de Trump.

Las autoridades se lavaron las manos y le echaron la culpa a su familia y a todos los migrantes. La secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, declaró: "este es sólo un ejemplo muy triste de los peligros de este viaje. La familia optó por ingresar ilegalmente".

Mientras tanto, aproximadamente 14 mil 700 menores de edad que migraron no acompañados a este país siguen detenidos en la red de más de 100 albergues administrados por el gobierno estadunidense. Entre ellos, permanecen por lo menos 100 (y tal vez el doble) de los miles que fueron separados de su padres y enjaulados a lo largo de más de un año por órdenes de Trump. "Es un campo de niños prisioneros", denunció el senador Jeff Merkley este fin de semana al intentar visitar un centro de detención provisional en Tornillo, Texas.

A finales de noviembre, cerca de Tijuana, niños –algunos en pañales– se estaban asfixiando con el gas lacrimógeno que lanzaron agentes fronterizos estadunidenses al lado mexicano.

Al otro lado del mundo, en Yemen, se estima que han muerto de hambre más de 85 mil niños menores de cinco años de edad en el peor desastre humanitario en el mundo hoy día; eso, sin contar a los más de mil 200 de niños que han muerto por bombas Made in USA y balas de una guerra encabezada por Arabia Saudita con el apoyo de Washington.

A la vez, al otro lado del Atlántico, otra menor de edad, la sueca Greta Thunberg, de 15 años, tomó el micrófono ante los representantes de casi 200 países en la conferencia mundial sobre cambio climático en Polonia –incluyendo los de Estados Unidos que oficialmente ha rechazado el consenso científico sobre el cambio climático y promueve mayor producción de hidrocarburos– y declaró: "ustedes dicen que aman a sus hijos más que todo, y aun así les están robando su futuro ante sus propios ojos" por no hacer lo necesario para frenar el cambio climático. "Nos han ignorado en el pasado, nos ignorarán otra vez", pronosticó. Y concluyó que los representantes del mundo reunidos ahí sólo repiten "las mismas ideas malas que nos llevaron a este desastre", y los acusó: "ustedes no son suficientemente maduros como para decir las cosas tal como son".

¿Quién tiene la culpa, quiénes son los responsables por Jakelin, por tolerar ver a niños en jaulas, por los niños sin nombre de Yemen, por los niños que todos los días reciben noticias de que tal vez se aproxima el fin del mundo por la falta de respuesta de los adultos a la crisis ecológica tan documentada?

Un gran músico sirio, el clarinetista Kinan Azmeh, quien trabaja con Yo Yo Ma en su proyecto de la Ruta de la Seda, comentó en el bellísimo documental Música para extranjeros que por momentos le parece absurdo hacer música, ya que eso no puede frenar las balas y las bombas que han destruido a su país, ni resuelve el problema de los refugiados. Igual, algunos periodistas a quienes nos toca reportar sobre todo esto, o escribir una columna como ésta, nos preguntamos lo mismo, ¿para qué?, ya que las palabras, las fotos y los análisis no logran salvar a una niña guatemalteca, a sus compañeros en jaulas en lugar de aulas, a los que soñaban ser doctores o poetas muertos por una bomba en Yemen, o casi todos los niños a quienes les hemos anunciado que tal vez serán los testigos del fin del mundo.

Pero tampoco es opción el silencio.

“Ya se nos fue este angelito/ ¿Quizá cuántos más se irán?… Ya se murió el angelito/ Y no quisiera llorar…” (El angelito, versión de Óscar Chávez).

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La Colombia que continúa bajo el yugo de la violencia

Human Rights Watch denuncia la indefensión de la población de Tumaco, clave en el tráfico de droga, frente a las disidencias de las FARC

La violencia que aún golpea a Colombia tiene una cara visible y se llama Tumaco. Lo que sufre este municipio de la costa del Pacífico, próximo a la frontera con Ecuador, es un reflejo de las carencias de la aplicación de los acuerdos con las FARC firmados hace dos años por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una población azotada por el conflicto armado, rodeada de hectáreas de cultivos de hojas de coca, que ha asistido a un recrudecimiento de los abusos. Una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en junio y agosto de este año deja claro que allí la paz es todavía un espejismo.


"Concluimos que las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla. Estos grupos han seguido cometiendo atrocidades similares a las que se atribuyeron a las FARC durante el conflicto. La proliferación del tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Y los niveles de abusos graves nuevamente están aumentando en Tumaco", denuncia el informe de la organización, presentado este jueves en Bogotá.


Estas columnas armadas aterrorizan barrios y veredas, "matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse". A ellas se suman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una banda que se formó tras la desmovilización paramilitar de principios de la pasada década que también cometió "graves abusos en Tumaco en 2016 y 2017, durante un intento mayormente infructuoso de tomar el control de partes de ese municipio".


“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Ese territorio encarna los peores males de Colombia, empezando por la violencia y los asesinatos. "Aunque no todos los homicidios en el municipio son atribuibles a grupos disidentes de las FARC, han aumentado los índices: en 2017, la tasa era cuatro veces mayor a la tasa nacional, y los datos hasta septiembre indican que en 2018 los asesinatos se incrementaron casi un 50%", continúa el informe. Es decir, el doble que una metrópoli como Cali.


Las víctimas incluyen a líderes comunitarios y golpean especialmente a las franjas más vulnerables de la población. En ningún otro lugar de Colombia, además, es tan extendida la violencia sexual perpetrada por grupos armados. Entre enero de 2017 y finales de septiembre de 2018, "74 personas en Tumaco fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual -que incluyen la violación y otros delitos sexuales- relacionados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia". Human Rights Watch relata el horror sufrido por una niña de 14 años, violada en una zona rural del municipio en octubre de 2017. "Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las once de la noche y dijeron a sus padres que el jefe del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La niña contó a sus padres que varios hombres la habían violado".


En los episodios de violencia de las disidencias de las FARC hay un nombre recurrente. Se trata de alias Guacho. cabecilla del llamado Frente Oliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio. Los dos informadores y su conductor desaparecieron a finales de marzo en la frontera y sus cuerpos fueron encontrados a mediados de junio en los alrededores de Tumaco. El presidente colombiano, Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, fijó como prioridad la captura de ese criminal, aunque según HRW las actuaciones de las autoridades deben ir más allá.


“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho”, mantuvo Vivanco. “Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de Guacho para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”. La organización recomienda al Gobierno, además, que los desplazados en Tumaco reciban rápidamente la asistencia humanitaria que les corresponde, que las fuerzas de seguridad pongan en marcha un plan de protección de los residentes y que redoble los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en el municipio. Al mismo tiempo, solicita a la Fiscalía que aumente en Tumaco el número de investigadores y fiscales encargados de casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito y otros graves abusos.

Por F. MANETTO
Bogotá 14 DIC 2018 - 08:28 COT

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Viernes, 14 Diciembre 2018 05:46

Quedarse para sobrevivir, migrar para vivir

Quedarse para sobrevivir, migrar para vivir

“No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible”. Eduardo Galeano

En una de sus reflexiones, uno de los grandes literatos de América Latina, compara con tristeza la libre naturaleza para migrar que tienen otros seres vivos en este planeta con las dificultades que enfrentan los seres humanos que deciden abandonar el lugar donde viven. Las ciencias sociales han buscado respuestas a este fenómeno y cada región tiene sus propias explicaciones sociales, económicas y políticas. En Guatemala, donde la cantidad de nacionales que migran a Estados Unidos ha aumentado en el último año según reportes de prensa con base en estadísticas recopiladas en agencias de migración regionales,[1] recientemente hemos sido testigos de una caravana poco usual que refleja una realidad de la cual no estamos tan lejos y tiene una explicación de la cual muchos aún son indiferentes.


¿Por qué migramos? ¿Qué hace que un ser humano decida abandonar el lugar donde creció, el campo donde se escapaba y la tienda donde compraba su refacción? En el último Índice de Desarrollo Humano, publicado por el Programa de Naciones Unidas, El Salvador ocupaba el puesto 121, Guatemala el 127 y Honduras el puesto 133 de 189 países. Este índice mide la esperanza de vida, el acceso a la educación, el servicio de salud, ingresos y desarrollo de los países donde, a nivel latinoamericano, ocupamos los últimos puestos. El fenómeno de la migración, evidente pero a la vez silencioso, ocupo portadas de periódico y comentarios en redes sociales en las últimas semanas desnudando una realidad de la región que nos negamos a enfrentar: las personas están migrando porque sus Estados son incapaces de proveer condiciones y herramientas mínimas para su desarrollo integral con un proyecto de vida digno en sus propios territorios. Una verdad conocida que la sociedad y clase política pareciera dejar a un lado por el individualismo e intereses personales que no corresponden a una visión de país incluyente y participativo.


Las reacciones de rancio nacionalismo, uso de la fuerza e incomprensión no se hicieron esperar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su publicación sobre “Movilidad Humana: Estándares Interamericanos” establece que el ingreso y la estancia irregular de una persona en un Estado no son delitos penales sino faltas administrativas, estamos ante una persona en situación irregular que debe normalizarse en respeto a su dignidad humana. El término de “ilegal” solo refuerza la criminalización de la persona que ejerce su derecho a migrar. Ninguna persona es ilegal ni criminal por buscar oportunidades para el desarrollo de su persona y familia. Aunado a lo anterior, el “Convenio Centroamericano de libre movilidad” establece que para transitar entre nuestros países únicamente es necesario el documento personal de identificación, desbaratando la falacia de que son migrantes “ilegales o indocumentados” y el rechazo a los mismos.


Pareciera que el derecho humano a migrar en la historia de la humanidad solo es válido en épocas de colonización ò invasión y no es así. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos y todas tenemos derecho a transitar libremente dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en cada legislación. Al hablar de las grandes injusticias sociales pareciera que se repite lo obvio, pero aún es necesario visibilizar y recordar lo evidente para humanizar nuestro diario vivir. Es de valientes tomar la decisión de abandonar sus raíces, desplazarse a otro lugar para tener la esperanza de vivir con dignidad. ¿Y sus sueños? ¿Sus metas? ¿Es feliz? ¿Es sencillo? No, migrar no lo es. Algunos deciden renunciar a ello para que su familia los cumpla, otros los ha sustituido con esperanza de un futuro mejor y otros, aun añoran conocer la vida que nos contaban los libros y series de televisión. Por el valor, un abrazo a la distancia.

Por Mario Castillo
13 diciembre 2018


[1] Agencia EFE. El número de inmigrantes del Triángulo Norte creció un 25 % entre 2007 y 2015 https://www.efe.com/efe/america/portada/el-numero-de-inmigrantes-del-triangulo-norte-crecio-un-25-entre-2007-y-2015/20000064-3461269

Publicado enInternacional
Miércoles, 12 Diciembre 2018 07:14

Los que no pactan y expresan xenofobia

Los que no pactan y expresan xenofobia

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue aprobado por más de 150 países en Marruecos. Los que se opusieron adujeron que el acuerdo afecta la soberanía, pero son los que más aplican medidas anti-inmigración.


El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU fue aprobado en Marrakech (Marruecos) con el rechazo de 11 países. Estados Unidos, Brasil, Chile y Polonia, entre otros, fueron algunos de los que se negaron a firmarlo argumentando que atenta contra sus soberanías. Mientras que Bulgaria, Estonia, Eslovenia y Suiza pidieron más tiempo antes de tomar una decisión. El pacto fue aprobado la noche del lunes por más de 150 países.


“El pacto es incompatible con la soberanía de nuestro país y con la política migratoria que esta llevado adelante el presidente Donald Trump”, afirmó Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU. Washington, que negó a sumarse a la iniciativa en diciembre de 2017, fue el principal ausente en los dos días de debate. “Las decisiones sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más importantes que puede tomar un país”, afirma el comunicado estadounidense leído ante la ONU. El futuro canciller brasileño, Ernesto Araújo, compartió su postura con Estados Unidos y afirmó que Brasil se retirará del pacto luego de la asunción del presidente electo, Jair Bolsonaro, el 1 de enero. “El gobierno de Bolsonaro se desasociará del Pacto Mundial de Migraciones que está siendo lanzado en Marrakech, porque es un instrumento inadecuado para lidiar con el problema”, planteó Araújo. “La inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país”, agregó el futuro jefe del Palacio Itamaraty. La posición del futuro canciller no coincide con la del actual Ministerio de Relaciones Exteriores que participó ayer en la cumbre. La salida de Brasil del pacto sería una nueva señal de acercamiento a la diplomacia de Trump. Tanto Bolsonaro como Araújo ya habían expresado su admiración por el mandatario estadounidense y su deseo de alinearse con él en materia de política exterior. Además, Bolsonaro anunció su intención de trasladar la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, tal como lo hizo Estados Unidos, aunque luego esa medida que molestó a sectores exportadores a los países árabes quedó sin confirmar. Una de sus últimas muestras de simpatía con EE.UU. fue su intención de desinvolucrarse del acuerdo de París contra el cambio climático. Araújo concluyó sus mensajes afirmado que acogerán a los venezolanos que “escapan del régimen de Maduro”. De inmediato Bolsonaro recibió felicitaciones del viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, otro desertor del acuerdo. “Felicitaciones al nuevo gobierno y al nuevo presidente brasileño. Bien la decisión del gobierno (de Jair) Bolsonaro y el anuncio del futuro ministro de Exteriores Ernesto Araujo de disociarse del Pacto Mundial sobre migración de la ONU. Comparto el espíritu y las motivaciones”, celebró el funcionario italiano que en los últimos meses endureció sus medidas contra la inmigración. En su participación en Marrakech, Salvini afirmó que no suscribirá al acuerdo justificando que la decisión no puede ser tomada sólo por el gobierno sino que debe discutirse en el Parlamento.


En América latina, países como Chile y República Dominicana también se apartaron del pacto. El gobierno de Chile, por su parte, defendió su decisión argumentando que cada país es soberano para fijar sus propias reglas sobre el asunto. “Los migrantes tienen derechos, pero cada país es soberano para fijar sus propias reglas de migración”, precisó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.

Además agregó que la migración no es un derecho humano. Una declaración que provocó una ola de críticas. La ex presidenta chilena y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, lamentó la decisión del gobierno y afirmó que suscribirse al pacto puede ser muy positivo. “Yo lo lamento, pero es una decisión del gobierno actual, y yo no puedo menos que señalar que espero que algún día Chile se sume al pacto global, que creo que puede ser muy positivo”, dijo Bachelet en una conferencia en Madrid. Además recordó que ella misma es bisnieta de una familia francesa que fue acogida por Chile. “La antigua migración fue europea, luego de los países cercanos, Bolivia y Perú, y en los últimos años haitianos, venezolanos, dominicanos y refugiados colombianos”, explicó la ex presidenta que consideró que la migración no es un problema sino un hecho histórico.


El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es un documento acordado en julio pasado por los Estados miembros de la ONU en pos de favorecer la cooperación entre los países firmantes. Sin embargo, deberá ser sometido todavía a una última votación de ratificación el 19 de diciembre en la asamblea general de la ONU. Las sesión estuvo dirigida por Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien frente al rechazo de varios países envió un mensaje conciliador. “El texto garantiza el derecho soberano de los Estados a determinar sus política de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho internacional. El texto no es jurídicamente vinculante”, expresó. Destacando los esfuerzos hechos para llegar a este pacto Guterres, exhortó a no sucumbir al miedo a la migración.


Por su parte, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, reiteró que el documento es un instrumento flexible que se adapta a las necesidades nacionales de los Estados. “Es un momento histórico porque damos un rostro humano a la emigración”, precisó Espinosa, antes de añadir que los Estados por más poderosos que sean, no pueden afrontar el reto migratorio solos. La mayoría de los oradores que tomaron la palabra a favor del pacto, insistieron en que la soberanía de los estados no se verá afectada.

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