“¡Los ricos no deben existir!”. Entrevista a Julie Wark

Julie Wark nació en Australia en 1945. Es politóloga y antropóloga y autora de Indonesia: Law, Propaganda and Terror (1983) y de The Human Rights Manifesto (Ediciones Barataria, 2013). Es corresponsal en Europea de la revista CounterPunch y forma parte del consejo editorial de Sin Permiso. Recientemente, junto a Daniel Raventós, ha publicado Contra la caridad. En defensa de la renta básica, también en Icaria. Responde a las preguntas de Sato Díaz para cuartopoder.es.

 

– ¿Por qué se manifiesta «contra la caridad»?

– Por su propia naturaleza, la caridad representa una relación desigual en la que una persona con recursos da tanto o tan poco como quiere, cuando quiere, donde quiere, a quien quiere, y el destinatario, ya entrado en una relación de dependencia sin posibilidad de decidir nada en el asunto, queda deshumanizado, sobretodo porque no puede corresponder. La humillación es inherente a esta relación que viola los tres principios básicos de los derechos humanos: libertad, justicia y dignidad. La caridad no existiría sin la desigualdad y no solo la desigualdad económica sino también de género. Es un fenómeno social dominado por los hombres que se llaman Bill, Mark, Tony, George, Amancio, etcétera y muchos de ellos ejercen un poder no democrático en los ámbitos en los que deciden actuar caritativamente. Basta pensar en la enorme influencia de los caritativos habituales de Davos y sobretodo Bill Gates en la OMS.

Además, muchas organizaciones benéficas se establecen como una forma de evasión fiscal. Como resultado de la evasión fiscal de los ricos, hay menos dinero para los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la vivienda y un aumento concomitante de la pobreza y la desigualdad. Y si los servicios públicos se subcontratan a empresas privadas que excluyen a los más pobres, estamos hablando de un grave problema de derechos humanos, literalmente una cuestión de vida o muerte: las personas de las comunidades pobres tienden a morir diez o veinte años antes que las de las zonas ricas. Y hay otro aspecto del tema de género. Cuando se recortan los servicios públicos, las mujeres y las niñas suelen pagar el precio más alto. A las niñas se las sacan de la escuela cuando no hay dinero para pagar las cuotas, y las mujeres tienen que pasar más horas cuidando a los niños y a los parientes enfermos cuando se les excluye de los sistemas de atención de la salud. De hecho, el trabajo de cuidado no remunerado realizado por las mujeres se estima en 10 billones de dólares (sí, 18 ceros).

– ¿Deben los ricos no colaborar con donaciones destinadas a los pobres?

– ¡Los ricos no deben existir! Me refiero a personas que son tan ricas que unas veinte de ellas controlan tanta riqueza como la mitad del mundo. Este hecho es realmente obsceno cuando cerca de mil millones de personas en el mundo no tienen suficiente comida para llevar una vida activa. Y los ricos y su caridad o filantropía son en parte responsables de esto. Tomemos, por ejemplo, el apoyo de la Fundación Gates a la “revolución verde” en África. Se trata de un paquete tecnológico caro que los pequeños agricultores no pueden permitirse. Los beneficios van a empresas como Monsanto para semillas y agroquímicos y todo el proyecto es una forma de racismo neocolonial porque los agricultores del país no pueden decidir por sí mismos.

Mucha de la caridad de las celebridades ricas es altamente conspicua y les encanta publicitarla con galas enormemente extravagantes donde pueden lucir sus joyas y ropa de alta costura. Dicen que hacen caridad para disminuir la tragedia de la desigualdad y la pobreza pero en realidad están realizando un espectáculo que de alguna manera intenta normalizar o justificar el enorme abismo que existe entre ellos y las personas que se supone que son beneficiarios de su magnanimidad.

Ya en el S.XVIII, Adam Smith no solamente señaló el deterioro moral de la idolatría por estas celebridades, sino que también apuntó directamente al meollo de la economía política. Las celebridades juegan un papel necesario en la creación y mantenimiento de la estratificación social: “[La] propensión a admirar, y casi adorar, a los ricos y a los poderosos, y despreciar o, al menos, ignorar a las personas de condición pobre y sencilla, aunque es necesaria tanto para establecer como para mantener el orden social es, al mismo tiempo, la causa mayor y más universal de corrupción de nuestros sentimientos morales”.

¿Qué es exactamente lo que dan los ricos a los pobres? Dan más pobreza, más daño ambiental y más humillación. Hacen su papel caritativo dentro del marco de neoliberalismo y lo sostienen haciéndolo. Así que, por lo general, mi respuesta a tu pregunta es no: los ricos tan ricos no deben colaborar con donaciones destinadas a los pobres porque no deben existir. Su munificencia es liberticida. La explotación de unos humanos por otros es algo espantoso y aún peor cuando se tapa con las finas ropas de la caridad.

– El empresario Amancio Ortega donando a la sanidad pública para combatir el cáncer. ¿Qué opina sobre esta imagen?

– Lo encuentro horrible. Uno de los hombres más ricos del mundo puede obtener un beneficio fiscal de entre 108 y 123 millones de euros, gracias a la normativa tributaria que permite desgravar en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, respectivamente, el 35% de las aportaciones empresariales y el 40% de las societarias a las fundaciones que realizan donaciones de este tipo. “Una buena parte de ese dinero lo pone la Administración a través del beneficio fiscal,” explica Carlos Cruzado presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Además, los 300 millones que Ortega ha donado a través de su fundación a la sanidad pública representan tan sólo la mitad de los casi 600 millones en impuestos que su empresa Zara ha eludido con ingeniería fiscal, según un informe presentado por Los Verdes en el Parlamento Europeo en 2016. En todo caso, la sanidad pública deber tener presupuesto propio. Una persona ajena del sistema no debe decidir cuánto dinero se invierte y donde (como lo hace Bill Gates con la OMS).

En general, el filantrocapitalismo (un oxímoron) tipo Ortega tiene cinco características inaceptables: 1) Utiliza un enfoque del desarrollo basado en el mercado y hace hincapié en la medición de los resultados y el impacto: algoritmos y no indicadores humanos; 2) Las fundaciones filantrópicas pueden tener una influencia despótica en las agendas políticas; 3) La gobernanza mundial se ve debilitada por la influencia antidemocrática de entidades caritativas que, en su calidad de principales financiadores, toman las decisiones en las asociaciones internacionales, devalúan los órganos públicos e ignoran las necesidades locales; 4) Hay una ausencia general de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas: y 5) El filantrocapitalismo es una relación de poder y los receptores tienen poco o nada que decir sobre cómo deben ser «ayudados», incluso cuando saben que la ayuda es realmente perjudicial para ellos y su forma de vida.

– ¿Cómo valora el sistema fiscal español?

– No soy economista, así que no puedo dar una respuesta técnica. Según un artículo en El País, España sufre una pérdida anual de ingresos fiscales de entre 50.000 y 60.000 millones de euros, que principalmente se debe al fraude y a la elusión fiscal realizadas por las grandes empresas a través de los paraísos fiscales. Hay consecuencias graves. Debilita al Estado y afecta a la calidad de los servicios públicos y sus recursos. Aumenta el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos: el fraude fiscal le cuesta a cada contribuyente español 2.000 euros anuales para tapar el agujero que provocan los defraudadores. Y perjudica los objetivos de redistribución de la riqueza previstos por la legislación.

El fraude fiscal es un problema grave por todas partes y va ligado con el hecho de que hay ricos muy poderosos que actúan con impunidad, a menudo escondiéndose detrás de las organizaciones benéficas. Aquí citaría las declaraciones que hizo el historiador holandés Rutger Bregman en el último Foro de Davos: “La industria debería dejar de hablar de filantropía y comenzar a hablar de impuestos. Eso es: impuestos, impuestos e impuestos. He visto cómo 1.500 personas han viajado a Davos en un jet privado para escuchar a David Attenborough hablar sobre el cambio climático, pero nadie para conversar sobre aumentar el impuesto de los ricos o luchar contra el fraude fiscal”.

– Su apuesta es en favor de una renta básica universal. ¿Se puede financiar hoy en día? ¿Qué ejemplos hay de ello?

– Mi coautor, Daniel Raventós, y sus colegas han realizado estudios detallados que muestran cómo se puede financiar una renta básica universal en España con un modelo de aplicación universal. Citaré algunos de los resultados tal como aparecen en nuestro libro. A partir de una enorme base de datos sobre el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) del Reino de España, se ha demostrado que es posible financiar una renta básica equivalente al umbral de la pobreza para todas las personas que viven en él.

Un tipo impositivo único del 49% puede financiar una renta básica para alrededor de 34,3 millones de personas (casi 28 millones de adultos y más de 6,5 millones de menores), mientras que los niveles preexistentes de ingresos fiscales quedarían garantizados. Además, incluye a los 9,4 millones de personas no detectadas en los datos del IRPF, lo que significa que 43,7 millones de ciudadanos y residentes acreditados en el Reino de España podrían recibir una renta básica. Con una renta básica, la situación del 61,7 % de declarantes mejoraría. Esta cifra asciende al 75%, cuando se incluye a las personas dependientes de los contribuyentes, ya que la renta básica se paga a individuos. Por consiguiente, las cifras para los que pierden son del 38,3 y del 25%, respectivamente.

Es posible financiar una renta básica igual al umbral de pobreza sin tocar ni un solo céntimo de los ingresos fiscales anteriores a la reforma que proponemos, lo que significa que el gasto social actualmente financiado con el IRPF, básicamente sanidad y educación, permanecería intacto. Además, si los ricos declararan sus fortunas como es debido, no cabe duda de que sería aún más fácil financiar la renta básica. Hay proyectos piloto en otras partes del mundo pero, que yo sepa, el estudio de Raventós y sus colegas economistas es el único que se ha llevado a cabo con tanto detalle y, en particular, con vistas a financiar una renta básica universal e incondicional por encima del umbral de la pobreza y a dejar intactos, e incluso mejorados, los servicios públicos.

– Los principales sindicatos no incluyen una renta básica entre sus reivindicaciones cotidianas. ¿Cómo les convencería de que lo hicieran?

– Aquí citaré un artículo de Daniel Raventós en Sin Permiso que resume las objeciones principales de los sindicatos y responde a ellas. 1) «La renta básica socavaría la capacidad de los sindicatos de acción colectiva porque aumenta el poder de negociación individual de los trabajadores, creando así una situación de supervivencia de los más espabilados»Es cierto que los trabajadores que reciben una renta básica tendrían más margen para decidir como individuos cuando sus condiciones de trabajo son intolerables, pero esto no significa que el poder colectivo del sindicato se debilite. De hecho, una renta básica funcionaría como un fondo de resistencia en huelgas prolongadas, que de otra manera serían muy difíciles de sostener.

2) «La mayor parte de la afiliación sindical, constituida por trabajadores a tiempo completo con contratos estables y bastante bien remunerados, piensan que podrían salir perdiendo económicamente debido a las reformas fiscales necesarias para financiar la Renta Básica». Los contratos estables a tiempo completo ya son una rareza. A diferencia del conservadurismo de unos pocos trabajadores relativamente bien pagados hay un gran número de personas que trabajan en condiciones precarias y que se beneficiarían mucho de una renta básica.

3) «La Renta Básica es un pretexto para desmantelar el estado de bienestar, un mero “cheque” a cambio de la privatización y degradación de lo que antes eran buenos servicios públicos». El reclamo erróneo sobre la destrucción de los servicios de bienestar se ha vuelto tan generalizado que en el Congreso Internacional de la BIEN (Basic Income Earth Network, Seúl 2016), la mayoría de los miembros acordaron apoyar un Ingreso Básico que se opone a la sustitución de los servicios o derechos sociales, si esta sustitución empeora la situación de las personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de bajos ingresos. Una Renta Básica financiada a través de la tributación progresiva mantendría y fortalecería el Estado del bienestar, que sería mucho más ágil sin el engorroso aparato intrusivo que requieren las subvenciones condicionadas.

4) «Los empresarios harían presión para reducir los salarios ya que con la renta básica argumentarían que parte de los salarios estarían cubiertos». Es el mismo argumento que se ha dado por parte de los sindicatos en Italia, por ejemplo, para impedir que se instaure un salario mínimo interprofesional. Opinión que los sindicatos de los Estados en donde existe un salario mínimo interprofesional no solamente no comparten sino que la discrepan fuertemente.

5) «Siendo una propuesta que desvincula la existencia material del empleo y de los derechos a él relacionados, la renta básica se opone a la cultura del empleo y la idea predominante según la cual el trabajo remunerado da dignidad a la gente y lo demás son paliativos». Sin discutir los efectos que la robotización tendrá en el trabajo, se puede afirmar que la renta básica no es incompatible ni se opone al empleo. Aporta una forma flexible de compartirlo. Este argumento ignora completamente el valor del trabajo voluntario y doméstico. El suelo firme que proporciona la renta básica permite un movimiento más fluido entre empleo, formación y familia y el reparto del tiempo de trabajo se vería incentivado porque personas que en algún momento de su vida precisasen de mayor tiempo por distintas razones (cuidado de alguna persona, estudios, descanso…) tendrían mayores posibilidades de elegir.

6) «La renta básica podría adormecer o apaciguar la capacidad de lucha de la clase trabajadora al asegurarle una mínima existencia y ello comportaría que los empresarios puedan hacer y deshacer sus proyectos con mayor tranquilidad». La situación provocada por la crisis económica y las políticas económicas que se han puesto en funcionamiento en consecuencia, ha provocado una situación de miedo a perder el puesto de trabajo y a aceptar cada vez condiciones de trabajo peores. El efecto disciplinador que supone una cantidad muy elevada de trabajadores en paro actúa de forma implacable. Una renta básica destrozaría este efecto disciplinador contra la población trabajadora. Algo que los sindicatos deberían valorar muy seriamente.

– Los partidos políticos de izquierdas, tampoco. ¿A qué cree que es debido?

– No lo sé. Cuesta entenderlo. Una de las razones es que no se entiende bien la renta básica, quizá sobre todo porque lo crean, equivocadamente, una forma de desmantelar los servicios públicos. Luego, varios observadores influyentes de la izquierda lo tildan de estafa de los oligarcas. O puede ser que los partidos lo temen por la reacción que esperan de los poderes fácticos, de los banqueros, de los ciudadanos más ricos y de los medios de comunicación. O incluso quizá porque, en última instancia, al potenciar la base de la sociedad, podría ser una medida altamente democratizadora, especialmente para las mujeres.

Hoy en día, los nuevos estudios están demostrando que sería una medida muy feminista. Pero, históricamente hablando, los partidos políticos de izquierdas, principalmente liderados por hombres, no han sido muy audaces (o de izquierdas) cuando se trata de reformas radicalmente democráticas. O cuando se trata del feminismo.

– En definitiva, ¿es hoy una renta básica una utopía?

– No. Porque no se puede hacer una sociedad perfecta (de humanos muy imperfectos). Tal vez sería más pertinente preguntar: ¿es revolucionario el ingreso básico? No lo es, pero tampoco lo son reformas como los aumentos salariales, más poder para los sindicatos, sistemas generosos de salud pública, educación y vivienda, el gobierno responsable, transparente y ético, los derechos de mujeres y de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales…

El capitalismo es un problema grave para cualquiera que quiera una sociedad decente. Ha causado la extinción de unas 550 especies en los últimos 100 años, y ha llevado a todo el planeta a los terrores de la era antropocena. Necesitamos respuestas muy radicales para llevar a cabo un cambio total. La renta básica es “reformista” en el sentido clásico de la palabra, aunque podría representar un paso revolucionario hacia una sociedad más libre, más justa y más decente, precisamente porque es una medida universal que seguramente reforzaría los derechos humanos universales. Y, en el fondo y políticamente hablando, «universal» es una categoría muy radical. De todas formas, ¿quién tiene ahora mismo una idea mejor para derrotar definitivamente al sistema capitalista, que es un asunto de gran urgencia para todo el planeta?

 

08/07/2019

 

Julie Wark, autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós, recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

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Por qué necesitamos una universidad gratuita para todos, incluso para los ricos

Los centristas afirman que la universidad gratuita es un regalo para los ricos. Pero eso no es más que una cortina de humo tras la cual se esconde su oposición a los programas sociales universales.

"Ahora bien, soy un poco diferente de aquellos que piden universidad gratis para todos", aclaró Hillary Clinton en 2016, apuntando a su oponente en las primarias demócratas, Bernie Sanders. "No estoy a favor de que la universidad sea gratis para los hijos de Donald Trump".

Con esta objeción, Clinton pareció vencer a Sanders, el líder político de la nación en asuntos de desigualdad económica, en su propio terreno. Ella se enfrentaba a los ricos, o eso parecía. Su argumento era que la universidad pública universal y gratuita sería un regalo para los ricos, que no necesitan ninguna ayuda para obtener un título.

En su lugar, Clinton abogaba por aumentar la ayuda financiera pública y ajustar los requisitos de elegibilidad, haciendo que el acceso a la universidad fuera más fácil para un subconjunto de estudiantes de bajos ingresos, pero continuando con la obtención de ingresos por matrícula de quienes no cumplieran criterios específicos. Este enfoque político, conocido como tarifación por renta o tarifación social, es el que apoyan los moderados en el Partido Demócrata. (Por su parte, los republicanos están menos inclinados a los matices y es sabido que asaltan agresivamente los programas sociales siempre que les es posible).

Pero, a pesar de las apariencias, la atracción de los demócratas por la tarifación por renta no está arraigada en un compromiso firme con la igualdad máxima. Dicho claramente, les gusta la tarifación por renta porque los programas sociales selectivos cuestan menos dinero público que los programas sociales universales. La tarifación por renta les permite limitar los impuestos a su base de donantes de clase dominante y, a la vez, apaciguar superficialmente a su base de votantes de clase trabajadora. La tarifación por renta es una expresión de la tímida política centrista del establishment demócrata, y su oposición a la universidad gratuita no es otra cosa.

Ahora, la universidad pública universal y gratuita está de nuevo en el centro de atención, con Sanders postulándose nuevamente para la presidencia y acompañado por Elizabeth Warren, defensora de estas mismas ideas. Y el razonamiento de Clinton también ha regresado, esta vez claramente articulado por el candidato presidencial Pete Buttigieg. Buttigieg ha añadido un giro al argumento: las personas que van a la universidad provienen de familias más ricas, por lo que hacer que la universidad pública sea gratuita sería subvencionar públicamente a los ya privilegiados. Como si los altos precios de matrícula no fueran la causa obvia de este estado de cosas.

Al igual que Clinton, Buttigieg prefiere las ayudas económicas según renta, y expresa su aversión a los programas sociales universales como política consciente de la desigualdad. Pero la supuesta preocupación del centro político por subvencionar a los ricos es un juego de manos. La tarifación por renta no trata de defender a los pobres contra los ricos: es un método tradicional de aplacar a ambos a la vez, en última instancia a expensas de los primeros. La única manera de luchar por los intereses de la mayoría de clase trabajadora contra la minoría adinerada es construir programas sociales universales que puedan resistir ataques durante las próximas décadas.

¿Quién paga realmente?

Hay grandes errores en el pensamiento de los demócratas centristas acerca de la universidad pública gratuita, y merecen un buen descrédito.

Por un lado, la cuenta centrista ignora el hecho de que los planes de Sanders y ahora los de Warren se financian mediante impuestos progresivos. En ambos escenarios, las personas que más pagan por la universidad pública gratuita para todos son los ricos. La diferencia es que el pago toma la forma de impuestos colectivos a lo largo de toda la vida, no de costos de matrícula individuales en el transcurso de algunos años. Si asistiera a una universidad pública, a Barron, al hijo de Donald Trump no se le cobraría la matrícula, pero tampoco estudiaría  exactamente de forma gratuita. Su familia pagaría más, año tras año, por la existencia de un sólido sistema público de enseñanza superior.

Pero Barron Trump probablemente no estudiará en una universidad pública. Los ricos suelen enviar a sus hijos a universidades privadas de élite, como hizo Donald Trump con sus cuatro hijos mayores. Así, pues, en un futuro en el que las universidades públicas no cobren matrícula y estén financiadas por impuestos progresivos, los ricos harán una de estas dos cosas: pagar más impuestos y enviar a sus hijos a las mismas universidades públicas que todos los demás, o pagar más impuestos y además pagar la matrícula de las universidades privadas para mantener a sus hijos en entornos de élite.

Lo primero, aunque es poco probable que suceda al principio, sin duda mejoraría la calidad de la educación que se brinda en las universidades públicas, ya que los ricos de repente descubrirían que les importaba. Pero de cualquier manera, estarían invirtiendo mucho más dinero que sus compatriotas con bajos ingresos. Si los moderados realmente se opusieran a dejar que los ricos se salgan de rositas, no deberían tener reparos con los planes de Sanders y Warren, que obtienen de los ricos para financiar la universidad para todos.

Con el objetivo de reducir la brecha de riqueza, cobrar a los ricos es bueno por derecho propio. Pero no es la única razón por la que los progresistas y los socialistas quieren eliminar la matrícula en las universidades públicas. Nuestra visión no es solo de dónde proviene el dinero, sino a qué se dirige: la libertad de todas las personas para continuar su educación si lo desean, independientemente de las circunstancias de su nacimiento.

La gente no debería tener que ir a la universidad para poder alcanzar un nivel de vida decente. La búsqueda de la educación superior debería ser una elección personal, y los salarios y beneficios deberían ser lo suficientemente altos como para que alguien que elige no asistir a la universidad pueda llegar a fin de mes y más. Pero en este momento, los altos precios de matrícula y la deuda consiguiente son factores importantes que limitan la movilidad social y las opciones de vida para innumerables personas que pueden tener deseos de educación continua. Para la clase trabajadora, la situación está condenada tanto si estudian como si no: o renunciar a la universidad y así limitar las opciones de empleo, o adquirir una deuda importante para obtener un título. Esta es una situación insostenible, y debemos tomar medidas decisivas para ponerle fin.

Eliminar las barreras económicas para estudiar en la universidad es una de esas medidas. El plan de Sanders se extiende también a las escuelas de comercio; no se trata de glorificar un itinerario en particular o implicar que una educación universitaria debe ser necesaria, sino de ofrecer a todos la oportunidad de prepararse para el futuro como les parezca, sin provocar un daño económico importante a si mismos y a sus familias en el proceso.

Si la universidad fuera gratuita, veríamos cómo la demografía del cuerpo estudiantil cambiaría dramáticamente. Es cierto que las personas que estudian en la universidad hoy en día provienen de familias más bien estantes, pero eso no es necesariamente una realidad permanente; de hecho, es así en gran parte porque la universidad es muy cara. Eliminar los precios de matrícula sería un gran paso para hacer de la enseñanza superior y de las opciones de vida ampliada una posibilidad para las personas de clase trabajadora. Nuestro trabajo contra la desigualdad económica no terminaría allí, pero esa no es razón para no implementar una reforma completamente alcanzable que abra nuevos horizontes para millones de personas. En palabras de Sanders:

No eres realmente libre cuando te gradúas de la universidad con cientos de miles de dólares en deuda estudiantil. No eres realmente libre cuando no puedes cumplir tu sueño de convertirte en maestro, ambientalista, periodista o enfermero porque no puedes ganar suficiente dinero para cubrir los pagos mensuales de tu préstamo estudiantil. Y no eres realmente libre cuando la gran mayoría de los empleos bien remunerados requieren un título cuya obtención te condena a decenas o cientos de miles de dólares de deuda.

Montañas de burocracia

Pero, ¿por qué no podemos simplemente diseñar un sistema de ayuda financiera pública que identifique exactamente la cantidad de ayuda que cada persona necesita y la otorgue, en lugar de hacer que todo se financie con fondos públicos? Este es el ideal sostenido en voz alta por los proponentes de la tarificación por renta. El problema de esta propuesta es doble: es una pesadilla de ejecutar, y el resultado final es políticamente vulnerable. Dadas las confusas externalidades de la tarifación por renta, sería mejor gastar nuestras energías y recursos en la construcción de programas sociales universales que puedan superar la prueba del tiempo.

Los programas de tarifación por renta están diseñados para diferenciar, seleccionar y excluir, lo que significa que están protegidos por montañas de burocracia. El proceso de inscripción se vuelve laborioso, los criterios son estrictos y complicados, y los umbrales son arbitrarios, lo que significa que las personas entran y salen de la elegibilidad fácilmente, sin cambios drásticos en su nivel real de necesidad. Con frecuencia, las personas se retiran de los programas sin previo aviso, lo que les obliga a cambiar drásticamente el rumbo de sus vidas personales. Y los beneficios rara vez son completos: la mayoría de los beneficiarios de la ayuda federal para estudiantes solicitan préstamos, al igual que muchos beneficiarios de la asistencia social recurren a prestamistas para poder pagar sus facturas.

El precio de las universidades públicas aumentó un 34 por ciento entre 2006 y 2016, mientras que los salarios bajaron. Mucha gente no tiene suficiente dinero, pero un título universitario es cada vez más importante para las perspectivas de empleo. A veces, cuando alguien necesita una ayuda para la cual no es técnicamente elegible, toma decisiones extremas con el objetivo de obtenerla. En línea puede encontrarse quine aconseja que los estudiantes de último año de secundaria se casen para así excluir los ingresos de sus padres en el momento de solicitar ayuda financiera para estudiar en la universidad. También pueden encontrarse parejas bien avenidas considerando la posibilidad de divorciarse para poder recibir más ayuda financiera para la educación universitaria de sus hijos.

Semejantes decisiones son una consecuencia natural de un sistema confuso, arbitrario e impreciso, diseñado para excluir a las personas. La mayoría de los tramposos no son ricos; los verdaderos ricos pueden permitirse simplemente pagar la matrícula y seguir adelante, no necesitan matrimonios ni divorcios. Las personas que hacen esfuerzos extremos para obtener beneficios sujetos a una selección por renta probablemente se ubican justo por encima del punto de corte y tratan de evitar pedir préstamos que pueden hacerlos zozobrar.

En cualquier caso, los estafadores son extremos atípicos. La gran mayoría de las personas de la clase trabajadora que de otro modo podrían considerar ir a la universidad están simplemente demasiado intimidadas y desmoralizadas por el proceso de adquisición de ayuda financiera para siquiera intentarlo. En 2017, no fueron reclamados 2,3 mil millones de dólares en ayuda federal para estudiantes. Mientras tanto, la razón principal esgrimida por las personas por la que no estudian en la universidad es que ésta se percibe como económicamente inasequible. El programa de ayudas no está llegando a las personas a las que está destinado.

Esto es en realidad parte del atractivo de la tarifación por renta para los políticos centristas que han hecho promesas a la vez a los ricos y al resto, y necesitan técnicas para que parezca que defienden a ambos simultáneamente. Cuanto más difícil es para las personas demostrar que merecen ayuda, menos personas lo intentarán y tendrán éxito. Esto significa menos afiliados al programa, lo que ahorra dinero y  permite a los políticos reducir de impuestos a los ricos, equilibrar los presupuestos y continuar prometiendo a la clase trabajadora que velan por sus intereses. Es un win-win-win (ganar-ganar-ganar) para los políticos centristas, y una victoria para los ricos. Pero la clase trabajadora, frustrada, desconcertada e intimidada, pierde.

Los programas de selección por renta se presentan como una evidencia de que un político o partido se está tomando en serio un problema social en particular, como los increíbles precios de matrícula y la sobrecogedora  deuda estudiantil. Pero con demasiada frecuencia, y para demasiadas personas, estos programas en realidad no brindan el alivio que prometen en la escala que afirman. Ese fracaso está realmente integrado en el modelo, con consecuencias políticas inevitables.

Pobres que (no) lo merecen

Además de ser una pesadilla administrativa, los programas de selección por renta son políticamente endebles. Desde el cuidado de la salud hasta la vivienda y la educación, quienes tienen problemas pero no cumplen los requisitos para recibir ayuda se resienten rápidamente contra los que sí lo consiguen, y este resentimiento es fácil de explotar por los políticos cuando tratan de erosionar y eliminar beneficios sociales.

Al establecer parámetros estrictos sobre quién tiene derecho a una ayuda, se está invitando a los elementos conservadores a que ataquen los parámetros, es una baza lanzada a su favor. Cualquier programa diseñado para los "pobres que lo merecen" puede ser socavado directamente al evocar el espectro de los "pobres que no lo merecen". Por ejemplo, Medicaid está diseñado específicamente para personas con bajos ingresos. En esencia, es un regalo caritativo que los miembros más privilegiados de la sociedad brindan a los más vulnerables. Los conservadores aprovechan la oportunidad para renegociar los términos del regalo, razón por la cual asistimos a fenómenos como la introducción de requisitos de empleo como condición para obtener Medicaid.

El propósito declarado de añadir requisitos de empleo para obtener Medicaid es inducir a las personas perezosas a conseguir trabajo (en realidad, la gran mayoría de los beneficiarios de Medicaid ya tienen trabajo), pero el verdadero propósito es frustrar el proceso de inscripción y reducir el número de beneficiarios, para hacer hueco en el presupuesto estatal para más beneficios corporativos. Mientras tanto, la retórica que usan los políticos para justificar su asalto a los programas sociales basados en selección por renta está cargada de resentimiento y culpa. Estigmatiza a los destinatarios, aviva las llamas del prejuicio y siembra desconfianza. Las luchas políticas sobre los parámetros de estos programas son una receta para una mayor hostilidad y erosión de la solidaridad en la cultura más amplia.

Las personas que podrían superar los requisitos para recibir ayuda se desaniman fácilmente por los quebraderos de cabeza que provoca la burocracia entre la que deben navegar para conseguirla. Las personas que no pueden aspirar a las ayudas son fáciles de convencer de que los destinatarios de las ayudas no son merecedores de éstas y están malgastando recursos. Todo esto hace que los programas sujetos a selección por renta generalmente sean impopulares y políticamente frágiles. Por eso los socialistas señalan que los programas sociales con selección por renta son objetivos fáciles. O como dijo Wilbur Cohen, un arquitecto de programas sociales universales populares y duraderos -entre ellos la Seguridad Social y Medicare[1]-, "Los programas para los pobres se convierten en programas pobres".

Al describir el plan de Bernie Sanders para eliminar toda la deuda estudiantil sin excepción, como corolario de su propuesta de universidad gratuita, su secretaria de prensa nacional, Briahna Joy Gray, presentó un claro argumento político en este sentido:

La universalidad es la forma más demostrada a lo largo del tiempo de evitar que una cuestión se convierta en una pelea entre la clase media y los pobres, que es realmente lo que el uno por ciento desea. Basta con mirar a la Seguridad Social y Medicare. Dos de los programas más populares en este país cubren a todos, sin importar los ingresos. Y esa es exactamente la razón por la que esos programas han resistido el asalto de los republicanos y los demócratas moderados durante décadas, mientras que programas como el de cupones para alimentos, viviendas de la Sección 8[2], asistencia social, e incluso la ACA[3] han sido atacados. Todas nuestras abuelas se benefician del Seguro Social, por lo que es difícil considerarlo como un programa para los "pobres que no lo merecen".

Socios en la prosperidad

Los programas sociales universales operan con una lógica totalmente diferente a la los programas con selección por renta. Se materializan cuando una sociedad decide que quiere consolidar una determinada oportunidad como derecho social.

Tenemos escuelas públicas de K-12[4] en este país porque decidimos que la educación de los adolescentes era un derecho básico que todos deberían disfrutar, porque la sociedad es mejor así. Tenemos un sistema postal universal porque decidimos que todos deberíamos poder enviar y recibir correo -incluso aquellos que viven en áreas remotas y rurales-, y acordamos pagar impuestos basados en los ingresos para hacerlo posible. Tenemos Seguridad Social y Medicare porque llegamos a la conclusión de que todas las personas -nosotros, nuestros amigos, nuestros enemigos- deberían poder vivir sus últimos años con dignidad. Aún no tenemos un sistema público de salud, pero cada vez más la ciudadanía estadounidense se está dando cuenta de que la atención médica debe ser una de esas cosas que todos pagan y que todos reciben, porque la alternativa es bárbara y deshumanizadora.

Si los programas con selección por renta son motores de división caóticos y políticamente delicados, mientras que los programas sociales universales son motores elegantes y políticamente sólidos de solidaridad. A pleno rendimiento, generan en las personas un sentido de inversión colectiva y causa común. Cada cual aporta lo que puede y todos disfrutan de los frutos de sus contribuciones. Los programas son accesibles, comprensibles y visibles para todos. Los programas sociales universales no se perciben como una caridad envidiada sino como un esfuerzo mutuo, del cual todos somos responsables y de los cuales todos nos beneficiamos. La sociedad se eleva claramente por la participación y colaboración de masas.

Con la excepción de los ricos, a la mayoría de los cuales siempre les molesta tener que pagar impuestos altos por cosas que personalmente pueden pagar por su cuenta, las personas que viven en sociedades con derechos sociales garantizados no se ven entre sí como obstáculos para el éxito individual, sino como socios en la prosperidad. Mientras un exiguo modelo de estado de bienestar basado en la selección por renta promueve la alienación y la competencia, un modelo sólido y universal de estado de bienestar genera confianza y cooperación. Estas cualidades son necesarias para desarrollar una base desde la cual lanzar otros proyectos sociales ambiciosos y progresar como sociedad.

Los programas sociales universales no son completamente invulnerables a los ataques: considérese la expansión de las escuelas concertadas en el sistema escolar público existente. Pero sí crean grandes grupos de votantes dispuestos a defenderlas que, de otro modo, no existirían, como cuando maestros, padres y estudiantes se movilizaron recientemente para defender la educación pública en una ola de huelgas de maestros. Cuando los bienes sociales están elevados a la categoría de derechos, no tan fáciles de arrebatar.

En Gran Bretaña, el Servicio Nacional de Salud (NHS) enfrenta asaltos privatizadores neoliberales. Es una perspectiva aterradora, pero el intento de desmantelamiento no es tarea sencilla. Una encuesta reciente encontró que siete de cada diez personas "respaldan el principio básico que subyace tras el NHS: que la atención médica debe financiarse con impuestos generales para todos". (Solo el 4 por ciento dijo creer en un sistema de estilo estadounidense). En 2012, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres ofreció un homenaje al NHS, con bailarines vestidos como pacientes y enfermeras rodeando el estimado acrónimo. El político conservador Nigel Lawson, responsable de una gran privatización bajo el mandato de Margaret Thatcher, dijo una vez que el NHS "es lo más parecido que tienen los ingleses a una religión". Los ataques de la derecha pueden seguir llegando, pero el público no se está dejando convencer.

Los conservadores estadounidenses afirman que la educación superior no debe considerarse un derecho en absoluto y que, ante la amenaza de un fracaso social, las personas deben ser obligadas a levantarse a sí mismas simplemente con sus recursos. Al argumentar esto, los conservadores necesariamente ignoran todos los datos disponibles, concretos y anecdóticos, que demuestran lo imposible que resulta para la gran mayoría de las personas - que subsisten con salarios estancados y se enfrentan a costes de vida en aumento- ahorrar para una educación que cada década se vuelve sustancialmente más cara, pero que es necesaria en muchos casos para sentar las bases de una carrera próspera.

Los liberales, por otro lado, tienden a estar de acuerdo en que las personas deberían poder ir a la universidad si lo desean, y que las altas barreras financieras para el ingreso frenan las oportunidades y exacerban las desigualdades en riqueza. Simplemente prefieren una solución más débil y menos inteligente desde el punto de vista político, porque favorecen el engaño frente a una clara política de izquierdas que haga frente a los ricos y construya el poder y la solidaridad de la clase obrera.

Los socialistas no nos engañamos como los liberales centristas. Sabemos que todos tenemos derecho a una educación y una vida digna, y que la universidad pública gratuita es una reforma alcanzable que nos acerca a esa visión. Y sabemos que la mejor manera de crear programas que puedan resistir los inevitables intentos de desmantelarlos es hacerlos universales, para que se vuelvan populares, queridos y entretejidos en la tela de nuestra cultura.

 

[1] En los Estados Unidos de América, se llama Seguridad Social al programa federal de pensiones para la vejez y las personas supervivientes o incapacitadas, y Medicare al seguro de salud que cubre a todas las personas mayores de 65 años o discapacitadas.

[2] La Sección 8 de la Ley de Vivienda de los Estados Unidos autoriza el pago de ayudas de vivienda en alquiler a propietarios privados en nombre de aproximadamente tres millones de hogares de bajos ingresos. (NdlT)

[3]Adult Children of Alcoholics (ACA) es un programa para hombres y mujeres que crecieron en hogares alcohólicos o disfuncionales. (NdlT)

[4] K-12 (kindergarten to 12th grade) es la expresión estadounidense que indica los cursos de la enseñanza infantil, primaria y secundaria obligatorios y gratuitos en los Estados Unidos d América. (NdlT)

 

Meagan Day

es una activista de California del Norte, miembro de Democratic Socialists of America (DSA). Es escritora de plantilla de Jacobin y publica ocasionalmente en The New York Times y The Guardian, entre otros.

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Caza de pobres: la distracción perfecta

En junio de 2019, el presidente Donald Trump anunció el inicio de redadas para cazar inmigrantes ilegales en las diez mayores ciudades de Estados Unidos a partir del día 14 de julio de este año. El hecho de que se haya elegido a las grandes ciudades y no a las grandes plantaciones que no pueden levantar sus cosechas sin inmigrantes ilegales, se debe, muy probablemente, a un fenómeno que hemos señalado anteriormente: en Estados Unidos, las minorías (negros, latinos, asiáticos) están políticamente subrepresentadas, no sólo porque los inmigrantes ilegales no votan sino porque el voto de los ciudadanos de esos grupos vale varias veces menos que un voto blanco en un estado ultraconservador, lo cual pone en tela de juicio la misma naturaleza democrática de todo el sistema político y electoral, por no hablar del sistema económico y financiero. Por una razón histórica de marginación de la propiedad de la tierra y por las necesidades presentes, las minorías se concentran en las grandes ciudades en el sector de servicios, las cuales están en los estados más poblados, los cuales tienen tantos senadores como cualquier estado despoblado, bastiones de los conservadores desde el siglo XIX: para sumar la misma población que California (40 millones) o Nueva York (20 millones), dos bastiones progresistas y más receptivos a los inmigrantes de todo tipo, es necesario sumar más de diez estados conservadores (la gigante Alaska no llega al millón). No obstante, cada uno de esos grandes estados posee solo dos senadores mientras que una docena de estados conservadores y despoblados poseen veinticuatro. Texas es la excepción inversa, pero no en su dinámica interior.

A esta realidad estructural hay que sumarle que, entre otras características, los gobiernos llamados populistas suelen buscar efectos especiales en decisiones espectaculares y simbólicas cuando podrían hacer lo mismo con más discreción. Los populismos de izquierda suelen jugar esta carta con los antagonistas más poderosos, como lo son los imperios de diferentes colores. Los populismos de derecha suelen jugar la misma carta atacando y demonizando los gobiernos de países pobres, cuando a estos se les ocurre jugar a la independencia, o a los sectores más débiles de una sociedad como los inmigrantes o los trabajadores pobres. Los inmigrantes no solo no votan sino que además su poder económico y mediático es irrelevante.

En el caso del populismo de derecha, expresión de los intereses de los de arriba proyectada en las frustraciones de los de abajo para linchar a los indeseados de más abajo, es por lo menos una cobardía al cuadrado. Por no entrar a considerar que los fanáticos post humanistas (los fanáticos son los de abajo que defienden los intereses de los de arriba contra sus propios intereses, no los de arriba que simplemente defienden sus propios intereses) suelen ondear la diversa y contradictoria bandera de la cruz al tiempo que se rasgan las vestiduras y se golpean el pecho alegando que son los seguidores de aquel hombre que pregonaba amor indiscriminado y se rodeaba de marginados. Aquel a quien el poder imperial de turno y los siempre necesarios colaboracionistas locales crucificaron junto con otros dos criminales.

Diferentes estudios han mostrado que cuanto mayor son las diferencias sociales y económicas que separa a los de arriba de los de abajo mayor espacio mediático se les da a los problemas de la inmigración y la criminalidad. Esto es igual tanto en los países centrales como en los periféricos, en los ricos como en los pobres. Hay que agregar otra característica que se da incluso en las ponencias de los estudiantes universitarios: el debate (o mejor “verbalización social”) es planteado con su axioma y corolario desde el inicio al ser presentado como “el problema de la inmigración” y no como “el desafío” o “la gran oportunidad de la inmigración”.

Aunque el presidente Donald Trump perdió las elecciones en 2016, llegó a la Casa Blanca por un sistema electoral inventado para proteger a los estados esclavistas del sur en el siglo XVIII y con un discurso racista, como en Europa, apenas escondido en la eterna y cobarde excusa de la legalidad que, como ya hemos analizado antes, históricamente se ha promovido y respetado cuando convenía a los grupos en el poder. Con notables y heroicas excepciones, siempre gracias a demonizados luchadores sociales. El racismo no se crea ni se destruye; solo se transforma.

La fecha del 14 de julio de 2019 como inicio de las redadas contra los inmigrantes ilegales es arbitraria pero consistente con la psicología fascista que ama las decisiones intempestivas y simbólicas (fácil de mediatizar) contra algún grupo específico de los de abajo demonizados como “el otro”: judíos de a pie, musulmanes de a pie, inmigrantes de a pie. Claro, no cualquier inmigrante ilegal sino los más pobres, desesperados y con la piel más oscura. Los otros inmigrantes ilegales, si son blancos, pasan desapercibidos o, si son blancas, hasta se convierten en Primera Dama, sin importar que sus padres fuesen (por voluntad propia y por la misma vocación de alpinistas) miembros del partido comunista en algún país de Europa. Otra prueba de que los inmigrantes hacen el trabajo que los ciudadanos no quieren hacer.

El tribalismo, la horda fascista, racista, misógina y el asco por los iguales derechos ajenos pasará. No sabemos cuándo, pero estoy convencido que es una reacción global a todo lo poco o mucho que se ha logrado en ese sentido en los últimos siglos y una previsible máscara a un conflicto agravado entre los cada vez menos que cada vez tienen más y los cada vez más que sienten pero no entienden que están siendo marginados, en el mejor de los casos convertidos a mansas bestias de consumo. Un proceso histórico que no puede perpetuarse, que explotará en una catástrofe descontrolada que nadie querrá, ni siquiera los de arriba, tan acostumbrados a expandir sus feudos en cada crisis controlada, como la que vendrá en el 2020.

Los poderosos ancianos que gobiernan el mundo llevan una ventaja existencial: no verán los frutos de su odio y de su codicia. Por eso no les importa nada a largo plazo, aunque repitan lo contrario. Sobre todo si creen haber comprado un pent-house en el reino del Señor a fuerza de limosnas y de rezar cinco minutos por día con caras compungidas. Para ellos y para los de abajo “el tiempo es oro”, un mito que se desmonta solo considerando que ninguna montaña de oro puede comprarles tiempo. Como no pueden acumular tiempo acumulan oro, destrozando la vida de los más débiles y desesperados, de los más jóvenes que son, por lejos, quienes tienen más tiempo que oro. Algo que no se les perdona.

Jorge Majfud es profesor uruguayo-estadounidense.

 

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Parcial y manipulado, responde Venezuela a informe de Bachelet   

 

El presidente bolivariano, Nicolás Maduro, acusó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de ceder a las presiones de Estados Unidos, al convertir su informe sobre la situación política y económica en Venezuela en "un peligroso eslabón para la intervención" en el país.

 

El canciller Jorge Arreaza publicó ayer una misiva que responde al informe que la alta comisionada difundió el 5 de julio sobre Venezuela, en el que acusa al gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir la obligación del Estado de garantizar los derechos a la alimentación y a la salud.

 

En la misiva, fechada el 11 de julio, Maduro señala que el informe es “profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación de los derechos humanos en Venezuela: Lamentablemente, salta a la vista que no escuchó a Venezuela.

 

"Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Wa-shington al repetir el guion acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria, justificadora de una intervención para quienes anhelan hacerse rapazmente con nuestros inmensos recursos naturales", criticó.

 

El mandatario rebatió que el país sufra una crisis humanitaria y reiteró que Estados Unidos "ha despojado a Venezuela de más de 30 mil millones de dólares de sus activos petroleros en el extranjero". Denunció que Washington también "ha bloqueado y confiscado más de 7 mil millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas", y prohibió negociar la deuda venezolana.

 

Para Maduro el informe está "plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes", y sostuvo que se trata de "un reporte carente de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado, que presenta un panorama distorsionado de la situación de derechos humanos".

 

En Nueva York, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, acusó a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de intentar sabotear el diálogo entre el gobierno de Maduro con la oposición, llevados a cabo en Noruega y Barbados los cuales, aseguró "están funcionando. Ambos países impulsan diferentes acciones de desestabilización y así lo hicieron también en el pasado, bajo el pretexto de una supuesta ayuda humanitaria, mientras apoyaban un intento de golpe de Estado", subrayó Moncada en conferencia de prensa.

 

También rechazó las críticas del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, quienes pidieron en ese foro mayor presión y agresión contra Venezuela.

 

En entrevista con la agencia de noticias Sputnik, Abrams dijo que actualmente no está en los planes de su país hablar con Rusia sobre Venezuela.

 

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Viernes, 12 Julio 2019 06:08

Un conocido tufillo estalinista

Un conocido tufillo estalinista

La ex presidenta de Chile nunca había sido cuestionada por las izquierdas y los progresismos hegemónicos a causa de sus políticas hacia el pueblo mapuche o por su alineamiento con empresarios neoliberales. Bajo sus dos mandatos presidenciales, sí fue severamente cuestionada, en cambio, por relatores especiales de derechos indígenas y órganos de las Naciones Unidas por la aplicación de la ley antiterrorista en el conflicto entre el Estado chileno y la nación mapuche.

 

Ahora aparece una catarata de críticas contra Bachelet emitidas por “intelectuales” afines al progresismo, porque en su calidad de alta comisionada de la Onu para los Derechos Humanos denuncia con datos creíbles, y confirmados desde Venezuela, la violencia sistemática del régimen, que se cobra, en promedio, alrededor de 400 asesinatos extrajudiciales cada mes a manos de los aparatos de seguridad del Estado (y de grupos informales apoyados por ellos). Denuncia torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes opositores.

Buena parte de los críticos de la ex presidenta chilena –por la que no siento la menor simpatía política– callaron cuando se reprimía a los pueblos, pero ahora corren, presurosos, a defender a un Estado y a sus aparatos represivos. Lo hacen por razones geopolíticas, porque en sus cálculos mezquinos Venezuela es una pieza en la lucha contra la hegemonía estadounidense en la región y el mundo.

En rigor, no desmienten ninguna de las afirmaciones del informe presentado por Bachelet, sino que se limitan a desacreditar a la persona que lo rubrica. Si colocar al Estado por delante y por encima de la gente común organizada en movimientos es ya de por sí grave, denigrar al acusador sin responder las acusaciones remite a una historia bien conocida por las izquierdas del mundo. Es la política que utilizó José Stalin, hasta la paranoia, contra sus adversarios políticos. Miles de comunistas y millones de soviéticos cayeron en sus garras, con el silencio cómplice de la inmensa mayoría de los comunistas del resto del mundo.

Se dirá que quienes apelamos a la ética como argamasa de la política somos ingenuos incorregibles, destinados a caer bajo las balas del realismo de los enemigos. Los que eso dicen olvidan, sin embargo, que las mejores tradiciones del campo rebelde, y algunas de sus mayores creaciones, fueron devoradas por un pragmatismo ramplón que convirtió a las fuerzas del cambio en opresoras, que desacreditaron todo intento por hacer del mundo un lugar mejor.

Los desastres del estalinismo (desde la revolución española hasta Sendero Luminoso, pasando por los crímenes de Roque Dalton y la comandante Ana María en El Salvador) nunca fueron analizados a fondo por las plumas mercenarias. Todavía hay quienes defienden a un violador y genocida de nombre Daniel Ortega, siempre con la excusa del imperialismo y otras estupideces.

Estamos ante un doble recodo de la historia que habrá de cambiar el mundo para siempre. Uno, marcado a fuego por el conflicto entre naciones imperialistas (Estados Unidos, China, Rusia) para hacerse con la hegemonía mundial. Otro, transitado por las feministas y los pueblos originarios, que, con su empeño antipatriarcal y anticolonial, abren grietas profundas en la dominación.

No se puede estar con un pie en cada lado. Los que eligieron el poder estatal y la acción desde arriba serán o bien relegados por los movimientos de abajo, o bien se convertirán, como en Nicaragua y Venezuela, en sus verdugos.

 

Por Raúl Zibechi

12 julio, 2019

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En el mundo, mil 300 millones de personas enfrentan pobreza multidimensional: PNUD

Mil 300 millones de personas en todo el mundo son "multidimensionalmente pobres", señaló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Índice de pobreza multidimensional global 2019.

 

El PNUD estudió a 101 países, 31 de bajos ingresos, 68 de ingresos medios y dos de altos ingresos, para establecer su índice de pobreza multidimensional, lo que significa que la pobreza está definida no sólo por el ingreso, sino por varios indicadores, incluyendo mala salud, mala calidad laboral y la amenaza de la violencia. Existen enormes desigualdades entre países y entre los segmentos más pobres de las sociedades, indicó el PNUD.

 

"La acción contra la pobreza es necesaria en todas las regiones en desarrollo", añadió, y destacó que África subsahariana y el sur de Asia son las zonas con la mayor proporción de pobres, con cerca de 84.5 por ciento. En estas regiones, el nivel de desigualdad es descrito como "inmenso". En África subsahariana va de 6.3 por ciento en Sudáfrica hasta 91.9 por ciento en Sudán del Sur. La disparidad en el sur de Asia va de 0.8 por ciento en las Maldivas hasta 55.9 por ciento en Afganistán.

 

Muchos de los países estudiados en el informe muestran "amplios" niveles internos de desigualdad. En Uganda, por ejemplo, la incidencia de la pobreza multidimensional en las diferentes provincias va de 6 por ciento en Kampala a 96.3 por ciento en Karamoja.

 

Más de la mitad de los mil 300 millones de personas identificadas como pobres, o cerca de 663 millones, son menores de 18 años y alrededor de un tercio, o 428 millones, tienen menos de 10 años de edad.

 

La enorme mayoría de estos niños, cerca de 85 por ciento, viven en el sur de Asia y en África subsahariana, divididos casi en partes iguales entre las dos regiones.

 

Una sección del informe evalúa el avance logrado en cuanto al Objetivo Uno de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible: poner fin a la pobreza "en todas sus formas y en todas partes".

 

El informe identificó 10 países, con una población combinada de cerca de 2 mil millones de personas, para ilustrar el nivel de reducción de la pobreza, y todos mostraron un avance significativo en términos estadísticos en cuanto al avance hacia el Objetivo Uno. Las reducciones más aceleradas se vieron en India, Camboya y Bangladesh.

 

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Lo que los mayores medios de información no están contando sobre EEUU

Se están produciendo grandes cambios en EEUU que apenas han sido dados a conocer en España por parte de los mayores medios de información que, en su intento de informar a los españoles sobre la situación política en aquel país, se centran en presentar (y predominantemente ridiculizar) la figura del presidente Trump, comentando sus extravagancias y falsedades. Tal atención a la figura de Trump crea una percepción errónea de que el mayor problema que tiene EEUU es su presidente, ignorando que el problema real, apenas citado por los medios, es que la mayoría de la clase trabajadora de raza blanca (que es la mayoría de la clase trabajadora en EEUU) vota a Trump y, muy probablemente, continuará votándolo en el futuro (es interesante señalar, por las razones que citaré más adelante, que parece haber un redescubrimiento en aquel país de la clase trabajadora, a la que se había dado por desaparecida u olvidada, siendo sustituida por las clases medias.) Y es también interesante señalar que, aun cuando Trump ha sido votado por amplios sectores de la burguesía y la clase media, el hecho es que, sin el apoyo de la clase trabajadora de raza blanca, no habría sido elegido presidente de EEUU. En realidad, es incluso probable que sea reelegido de nuevo en 2020, y ello a pesar de que la mayoría de ciudadanos desaprueban su gestión. El sistema electoral de EEUU (que favorece a las fuerzas conservadoras), la enorme lealtad de sus votantes (el 82% de aquellos que lo votaron, volverían a hacerlo), y el desánimo y el rechazo de la clase trabajadora y de amplios sectores de las clases medias hacia el Partido Demócrata (que en su día se llamaba el Partido del Pueblo -the People’s Party­-, considerado, con una enorme generosidad, como el partido de izquierdas frente al partido de derechas, el Partido Republicano) son factores a favor de su reelección.

¿Por qué la clase trabajadora está votando a la ultraderecha? Por la misma razón que en Europa también lo hace

Tal como también ha ocurrido en Europa, el movimiento hacia la ultraderecha de votantes de la clase trabajadora se debe, en gran parte, al abandono por parte de los partidos de centroizquierda o izquierda de las políticas “labor friendly”, es decir, de las políticas públicas redistributivas que los habían caracterizado (y que habían favorecido al mundo del trabajo). Tal abandono ha ido acompañado de la adopción de políticas públicas de sensibilidad neoliberal que han incluido medidas que han debilitado mucho el mundo del trabajo, tales como las reformas laborales regresivas que han causado un gran aumento de las desigualdades (alcanzando niveles que nunca se habían conocido en los últimos cuarenta años y que han causado un claro deterioro de la calidad de vida y el bienestar de la clase trabajadora y demás componentes de las clases populares). Tales políticas neoliberales fueron iniciadas por el presidente Reagan en EEUU y por la Sra. Thatcher en el Reino Unido, habiendo sido continuadas más tarde incluso por partidos gobernantes que se definían de centroizquierda o izquierda, como en los gobiernos de Clinton y Obama en EEUU, y Blair, Schröder y Zapatero en Europa.

De estas observaciones se deduce que el foco principal de la atención mediática debería ser el comportamiento de estos partidos gobernantes, intentando entender por qué sus bases electorales los han abandonado. Si hicieran esto, verían que los datos muestran claramente que fueron estas políticas neoliberales las que crearon una enorme crisis social que ha afectado sobre todo a las clases populares. Y es esta realidad la que el establishment político-mediático en EEUU ignora, enfatizando en su lugar las excelencias del modelo económico liberal de aquel país, mostrando su continuo crecimiento económico como mejor prueba de ello. Otros indicadores que también utilizan para mostrar la excelencia del modelo liberal estadounidense es la evolución de los indicadores tradicionales de eficiencia económica, tales como la tasa de desempleo, sin tener en cuenta que la gran mayoría de empleo nuevo es precario y temporal.

La falsedad del éxito del modelo económico neoliberal en EEUU

La tasa de desempleo en EEUU más divulgada en los mayores medios de información es, en teoría, muy baja (3,6% en mayo de 2019), y es la que el presidente Trump utiliza constantemente. También es la que los grandes medios de información españoles reproducen. Pero esta cifra es de escaso valor para conocer el estado del mercado de trabajo estadounidense. Una tasa más realista es la publicada por la Agencia de Estadísticas Laborales (US Bureau of Labor Statistics, cuadro A-15, en “The employment situation – May 2019”) del gobierno federal, que utiliza la cifra de 7,1%, siendo mucho mayor para las personas con una educación inferior a la secundaria (que incluye la mayoría de la clase trabajadora no cualificada) y que es del 16% entre blancos y del 28% entre afroamericanos. Pero, además de la elevada tasa de desempleo, hay también una muy alta precariedad en el empleo, así como un proceso de uberización del mismo (es decir, la externalización de la relación laboral, pasando de ser empleado de una empresa a un autónomo, perdiendo así el trabajador toda capacidad de negociar los salarios y derechos laborales). Como consecuencia de estos hechos, ha habido un descenso de los salarios durante el período definido como “exitoso”. Para los trabajadores no cualificados, el salario por hora ha descendido desde 1973 un 17%.

Las consecuencias de estos cambios en unas cifras vitales para la población se muestran con toda claridad. Lo que los medios de información no dicen es que han aumentado de una manera muy notable las enfermedades y muertes por desesperación (“diseases of despair”) entre estos trabajadores no cualificados, incluyendo epidemias de consumo de opiáceos (habiendo crecido 17 veces el número de muertes por adicción a las drogas), epidemias de alcoholismo (causando tantos muertos en un año como el número de soldados muertos en las guerras de Corea y Vietnam), y así un largo etcétera.

El deterioro de la calidad de vida de las clases populares

Este deterioro, sin ser tan acentuado ahora como a principios del siglo XX, en los años 30 (durante la Gran Depresión), ha creado una enorme crisis de legitimidad del sistema liberal económico y de su establishment político-mediático. Y es esta crisis la que no se está analizando en los grandes medios y sobre la que no se está informando, lo cual es grave, porque sin entenderlo no se puede explicar el auge de la ultraderecha –representada por Trump– (que ha aparecido también en Europa por causas semejantes). Esta ultraderecha tiene características comunes con el fascismo, tales como un nacionalismo extremo y autoritario, una demonización y represión de las minorías y de los inmigrantes, una homofobia y machismo muy extremos, una narrativa antiestablishment que considera que el Estado está captado por las minorías raciales, un desprecio por el sistema parlamentario y por las instituciones representativas, un deseo de control de los medios de comunicación con intolerancia a la crítica, unas promesas de recuperar un pasado idealizado con eslóganes que contienen enormes promesas de imposible ejecución, un culto al líder al que se considera dotado de cualidades sobrehumanas, así como un canto a la fuerza, al orden y a la seguridad, con un ejercicio de la fuerza y la violencia sin frenos. Su gran agresividad, sin embargo, no aparece en forma de intervenciones militares (ya que son conscientes de los desastres que supusieron intervenciones previas de este tipo), sino en forma de bloqueos económicos como han sido los casos de Irán y Venezuela (que han provocado más muertos que los que hubiera habido en caso de conflicto armado). No hay duda de que el desarrollo y continuidad de tales políticas podrían llevar a un desastre.

Existe una diferencia, sin embargo, entre la ultraderecha gobernante en EEUU y el fascismo europeo en cuanto a sus políticas económicas. El fascismo conocido en Europa (y que era la defensa de la estructura del poder capitalista frente a la amenaza del socialismo y del comunismo) no era anti-Estado. Tenía un barniz social, con el cual intentaba llegar a la clase trabajadora. Así, el nacionalsocialismo era un intento de derivar a la derecha el enfado popular hacia el sistema capitalista. No así la ultraderecha actual en EEUU, que es profundamente anti-Estado, teniendo características del libertarismo. Vox ejemplifica en España el trumpismo, a diferencia de la ultraderecha francesa, por ejemplo, liderada por el partido de Le Pen.

Las limitaciones políticas de carácter identitario de lo “políticamente correcto”

Frente a esta amenaza, la estrategia de la izquierda estadounidense, a través del Partido Demócrata, fue enfatizar las políticas antidiscriminatorias de género y de raza, encaminadas a la integración de las mujeres y minorías en el establishment político-mediático del país. Se seguía una estrategia basada en lo “políticamente correcto”, es decir, con unas prácticas y un lenguaje antidiscriminatorio focalizados en políticas públicas de afirmación identitaria (repito, fundamentadas en el género y la raza).

Tales intervenciones, sin embargo, aunque importantes, han sido insuficientes. Su falta de atención hacia la discriminación de clase (es decir, hacia la discriminación contra las clases populares) ha sido su gran punto flaco. El fracaso de esta estrategia, en el caso del mayor movimiento feminista en EEUU (NOW), se ve claramente en que la mayoría de mujeres de clase trabajadora (la mayoría de mujeres) no votaron a la candidata feminista, Hillary Clinton, sino a Trump. El supuesto de que el movimiento feminista estaba hablando en nombre y en defensa de todas las mujeres no convenció a muchas mujeres, incluyendo la mayoría de mujeres de la clase trabajadora, que no votaron por la candidata de NOW, sino por Trump, que se presentó como el candidato antiestablishment neoliberal, centrado –según él- en el Estado federal.

La discriminación olvidada: la discriminación de clase

Las mujeres, como los hombres, pertenecen a distintas clases sociales, cada una de las cuales sufre distintas formas de discriminación, sosteniendo intereses distintos e incluso opuestos. Y la realidad es que parte de las dirigentes del movimiento feminista son mujeres de clase media alta ilustrada (es decir, con titulación universitaria) cuyas propuestas y cuyo discurso no atrae a las mujeres de clase trabajadora, o no las atrae con suficiente fuerza para superar su identidad de clase. Como cualquier ser humano, las mujeres tienen varias identidades, una de ellas la de ser mujer. Pero tiene también otras identidades, como la de la clase social a la cual pertenecen. Y esta última define también cómo se expresa la identidad como mujer. La mujer liberal burguesa (de clase alta) por ejemplo, tiene una visión de “ser mujer” distinta a la visión de la mujer trabajadora. Y esta realidad queda ocultada, sin embargo, cuando las primeras se presentan como representantes de todas las mujeres. Lo que ha ocurrido en las últimas elecciones presidenciales en EEUU es un claro ejemplo de ello.

Los derechos políticos y sociales están muy determinados por los derechos económicos

El discurso identitario se ha centrado en EEUU principalmente en los derechos políticos y sociales (como por ejemplo los derechos de representación, puestos de poder ocupados por las personas discriminadas, sean estas mujeres o minorías), pero muy poco en los derechos económicos.

Más concretamente, el discurso identitario en EEUU se ha centrado en corregir la discriminación de las minorías y de las mujeres, con propuestas para facilitar la integración de dichas personas discriminadas en la estructura del poder actual, asumiendo que tal integración ayudaría a todas las mujeres o miembros de las minorías. En este sentido, la estrategia feminista se ha centrado en los temas identitarios, facilitando la integración político-social de los sectores discriminados, con un énfasis en el desarrollo de los derechos políticos y sociales de representatividad, tanto en la esfera pública como en la privada. Sin embargo, ha ofrecido una atención muy limitada a los derechos económicos (los derechos que centran la atención de las clases populares -mujeres y hombres- tales como el trabajo y los salarios dignos, el acceso a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la jubilación digna, etc.). Al centrarse en combatir las discriminaciones por raza o género, han olvidado la discriminación por clase, facilitando así la imagen de que el objetivo de la estrategia del Partido Demócrata era la supuesta captura del Estado federal por parte de las minorías y las mujeres. Y así lo han percibido las clases discriminadas. El Partido Demócrata, por ejemplo, ha dejado de estar liderado por hombres blancos, siendo estos sustituidos ahora por mujeres y afroamericanos (la mayoría de clase media ilustrada, es decir, con formación académica), que continúan imponiendo políticas neoliberales como por ejemplo el estímulo de la movilidad de capitales e inversiones -la odiada globalización- que ha dañado a las clases populares. La Sra. Clinton, líder feminista, era la mejor promotora, como ministra de Asuntos Exteriores del gobierno Obama, de la globalización del capital estadounidense, lo que facilitó la desindustrialización de EEUU y dañó a la clase trabajadora industrial, eje del apoyo a Trump.

El socialismo como ideología transversal

Esta orientación exclusivamente identitaria evitó la transversalidad que ofrecía el concepto de clase social, lo cual habría permitido relacionar los distintos movimientos identitarios, mostrando su relación e interdependencia. De ahí la novedad y atractivo del socialismo: un proyecto basado en la universalización de los derechos sociales y de los derechos económicos, que mejore la calidad de vida de las clases populares (en su distinta y variada composición de género y raza) a través de un proyecto de empoderamiento y emancipación que una las distintas luchas para disminuir y erradicar la explotación con un hilo conductor, utilizando las instituciones representativas y las movilizaciones sociales para alcanzar su objetivo.

Y este es el proyecto que Bernie Sanders anunció en la presentación de su candidatura en Washington D.C. Habló del socialismo democrático como la continuación del New Deal iniciado por el presidente más popular que haya tenido EEUU, el presidente Franklin D. Roosevelt. Fue este el que habló de la necesidad de que el Estado federal garantizara, junto a los derechos sociales y políticos (la libertad de expresión, de asamblea y de religión, de participación en el proceso electoral, de acceso a la información y de organización, entre otros) los derechos económicos y sociales (como el derecho al trabajo digno y bien remunerado, a los servicios sanitarios, a la salud, a la educación -desde escuelas de infancia a la universidad-, a la vivienda digna y confortable, a un medioambiente de calidad y a la jubilación -también digna y satisfactoria-, entre otros).

La materialización de tales derechos exigía un cambio sustancial de las políticas públicas que, como había denunciado el presidente Roosevelt antes y Martin Luther King más tarde, habían sido favorables a ofrecer todo tipo de ayudas públicas a las rentas del capital y de las clases pudientes (el “socialismo para los ricos y para el mundo empresarial”, corporate socialism). España se podría haber añadido el socialismo bancario (por haber recibido la banca la ayuda pública más importante que el Estado haya hecho, con 60.000 millones de euros).

El socialismo para los ricos y el mundo empresarial

Lo que era necesario (según había apuntado Roosevelt) era un cambio de 180º en el tipo de socialismo. El socialismo democrático popular tenía que sustituir al “socialismo de las élites financieras y económicas”, socialismo este último que había sido un desastre y estaba (está) llevando a EEUU a la “barbarie”, forzando, como bien predijo Karl Marx, a tener que escoger entre “barbarie o socialismo”. Y la realidad lo está demostrando hoy también. Actualmente existe un gran rechazo hacia el capitalismo salvaje (el socialismo de los ricos) que Trump representa. La gran mayoría de los jóvenes y de las mujeres (los dos grupos con peores condiciones económicas) preferirían vivir en un socialismo democrático que no el capitalismo actual. En un país donde el 1% de la población estadounidense posee el 92% de todas las acciones bancarias y en el que el director ejecutivo de la compañía comercial más grande, Walmart (que tenía a la Sra. Clinton en su dirección), gana más de mil veces más que uno de sus empleados medios, no es sorprendente que las clases populares estén enfadadas. Y todo esto queda ocultado con el énfasis en Trump. Lo que es prácticamente nuevo en EEUU es que grupos que han sido víctimas del sistema, intenten romper con la monopolización de su victimismo para coordinarse e incluso unirse en un proyecto común que favorezca a todos los amplios sectores de la población que están explotados y discriminados. Para entender el elemento de transversalidad en su estrategia unitaria, hay que recuperar el concepto de poder de clase y el significado del socialismo. Este hecho, que es lo más importante en EEUU, es lo que el establishment político-mediático español quiere ocultar.

 

Por Vicenç Navarro

julio 11, 2019

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University

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Migrantes requisados y detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense en Los Ebanos, Texas. Imagen: AFP

El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado las condiciones “indignas” y “dañinas” en que se encuentran los migrantes y refugiados recluidos en la frontera de los Estados Unidos, pidiendo que los niños nunca sean puestos en detención migratoria o separados de sus familias.

Michelle Bachelet dijo que estaba horrorizada por los campamentos y dijo que varios organismos de derechos humanos de la ONU habían descubierto que la detención de niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, que está prohibido por el derecho internacional.

Ella habló pocos días después de que un informe interno del gobierno de los Estados Unidos advirtiera sobre un hacinamiento peligroso en muchos de los centros de detención. El informe del gobierno reveló que algunos inmigrantes fueron retenidos en celdas con una capacidad cinco veces menor, y más de la mitad quedaban afuera debido a la falta de espacio.

Según NBC News, solo había cuatro duchas para 756 detenidos. Una celda, diseñada para albergar a 35 personas, se llenó con 155. Y The New York Times describió que una estación de la Patrulla Fronteriza en Texas estaba llena de cientos de niños que vestían ropa sucia y estaban envueltos en celdas llenas de enfermedades, en base a entrevistas con el personal y los abogados quienes habían visitado el sitio.
Donald Trump calificó la historia como un engaño. "Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de estado, estoy profundamente sorprendida de que los niños se vean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a atención médica o alimentos adecuados y con malas condiciones de saneamiento", dijo. Bachelet, ex presidenta de Chile, dijo.

"Detener a un niño, incluso por períodos cortos en buenas condiciones, puede tener un impacto grave en su salud y desarrollo. Considere el daño que se está haciendo todos los días al permitir que esta situación alarmante continúe".

Los centros de detención albergan a miles de migrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia y la pobreza en América Central. Bachelet instó a las autoridades a encontrar alternativas sin custodia para niños y adultos. "Cualquier privación de libertad de los migrantes adultos y refugiados debe ser una medida de último recurso", dijo. “En la mayoría de estos casos, los migrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre.
“Cuando finalmente creen que están a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte”.

Los equipos de la oficina de derechos humanos de la ONU en México y América Central han documentado numerosas violaciones de derechos y abusos contra los migrantes en movimiento, incluido el uso excesivo de la fuerza y la separación familiar. Las políticas introducidas a fines del año pasado requieren que la Patrulla Fronteriza realice controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y la custodia de Aduanas y Protección de Fronteras, con especial atención a los niños menores de 10 años.

Bachelet también condenó las acciones contra personas y organizaciones que brindan a los migrantes agua, alimentos, atención médica y refugio. "La provisión de asistencia para salvar vidas es un imperativo de derechos humanos que debe respetarse en todo momento y para todas las personas necesitadas; es inconcebible que aquellos que buscan brindar dicho apoyo corran el riesgo de enfrentar cargos penales", dijo.

Scott Warren, de 36 años y residente de Arizona, quien brindó ayuda a los migrantes, será procesado nuevamente después de que un jurado el mes pasado no pudo llegar a un veredicto, y enfrenta hasta 20 años de prisión por "proteger" a los hombres de las autoridades estadounidenses.

Por Jane Dalton*

*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Pagina/12
Traducción: Celita Doyhambéhère

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Médicos y maestros plantan cara al Gobierno de Hernández en Honduras

Tres meses de protestas han dejado seis muertos y más de 80 heridos por la represión contra las manifestaciones

 

Carlos Salinas Maldonado

México 8 JUL 2019 - 17:36 COT

La dermatóloga Ligia Ramos y sus colegas de la Plataforma Por la Defensa de la Salud y Educación en Honduras hacían el domingo una pausa en las protestas contra el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para analizar los datos de la epidemia de dengue que afecta al país centroamericano. Los médicos culpan al Ejecutivo por la negligencia en el manejo de la emergencia, que ha dejado decenas de muertos, la mayoría niños. Desde hace tres meses el sector de la salud y los maestros se han tomado las calles de Tegucigalpa y otras ciudades importantes del país en contra de un proceso de reformas impulsadas por Hernández que, dicen, pretenden privatizar los servicios públicos. La pausa por la peste de dengue sirve, también, para analizar los pasos a seguir en unas protestas que reclaman la renuncia del mandatario, que fue reelecto en 2017 en unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición. “Continuamos en movilización, pero con más precaución, porque no queremos más muertos y heridos”, afirma Ramos.

La médica hace referencia a las seis víctimas mortales y los más de 80 heridos por la represión que el Gobierno desató contra los manifestantes. Un informe de Amnistía Internacional publicado el viernes denuncia que el Ejecutivo de Hernández hizo uso de “la fuerza excesiva” para reventar las protestas, incluso ordenó el despliegue del Ejército, alegando motivos de seguridad. Los militares ingresaron a la Universidad Nacional violentando su autonomía y dispararon contra estudiantes. Hernández cuenta con la lealtad de las fuerzas militares y la élite económica que prefiere apostar por una estabilidad garantizada por la deriva autoritaria del mandatario. Las protestas, sin embargo, han continuado y analistas consultados en Tegucigalpa temen que el régimen aumente la represión.

La Conferencia Episcopal de Honduras ha afirmado en un comunicado publicado el sábado, que el Estado ha manejado de “forma incorrecta” la crisis, a la vez que acusó al Gobierno de violar la Constitución “cuantas veces convenga”. También señaló a los poderes del Estado de falta de independencia, con un Congreso “que se ha convertido en un teatro de pésimos actores, dándole la espalda al pueblo”. Los obispos exigen a las autoridades hallar una solución a través del diálogo. Este, sin embargo, se mantiene en la incertidumbre luego que médicos, maestros y estudiantes denunciaran el incumplimiento de nueve puntos que exigieron al Gobierno para sentarse a negociar, entre los que están el regreso de los militares a sus cuarteles, el cese de la represión, juicios justos y apegados a derechos para los detenidos en el marco de las protestas y la presencia de interlocutores extranjeros en la mesa de negociación.

“No hay disposición de negociar”, afirma Ramos. “Hernández impulsa un proyecto de privatización, pero ha encontrado una resistencia muy fuerte del sector salud y del magisterio. Este movimiento comenzó hace dos meses, la lucha ha sido fuerte y ahora la población, que esta en hartazgo porque no tiene garantías mínimas de sus derechos básicos, se ha unido. Por eso el movimiento ha agarrado mayor fuerza y pide la salida de Juan Orlando Hernández”.

Aunque el movimiento de médicos y maestros se ha montado sobre los hombros de los sindicatos organizados, observadores independientes ven difícil la supervivencia de la movilización social que se les unió para exigir la dimisión de Hernández, dada la falta de organización y liderazgo. “No ves un poder acompañando las protestas, como en el caso de Nicaragua, donde una parte de los empresarios y la Iglesia apoyan a los estudiantes que protestaron contra Ortega. La élite lo tiene muy a su favor todavía. Y más cuando cuentan con Estados Unidos como un aliado”, explica Eugenio Soza, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. “El ciclo ya va a bajar, pero en el futuro puede haber nuevas olas de protestas por el rechazo a Hernández, un enorme malestar que está listo a que se encienda la llama de nuevo”, asegura en conversación telefónica con EL PAÍS.

Al analista le preocupa la demostración de fuerza del Ejecutivo de Hernández frente a las manifestaciones. Asegura que desde 2009, cuando fue derrocado en un golpe de Estado el expresidente Manuel Zelaya, "las manifestaciones cada vez son más radicales", pero también la respuesta del régimen “ha sido más agresiva”. Antes, dice, no se disparaba abiertamente a quienes protestaban, pero desde el golpe han muerto 117 personas en el marco de la violencia contra las movilizaciones. “Eso demuestra que el régimen está más dispuesto a reprimir”. En su informe del viernes Amnistía Internacional —que documentó las muertes en el marco de la represión a las últimas protestas— afirma que “el uso de las fuerzas militares para controlar las manifestaciones en todo el país ha dejado un saldo profundamente preocupante para los derechos humanos”, con el uso de “armas de fuego y armas menos letales, como gases lacrimógenos o balas de goma, provocando lesiones en decenas de personas. En total, seis personas han perdido la vida en este contexto desde el mes de abril, cuatro de ellas por arma de fuego a manos de las fuerzas de seguridad”.

El Gobierno de Hernández, afirma el analista Soza, “se sostiene porque tiene un excesivo control de las instituciones, las fuerzas armadas y la Policía, pero además cuenta con el poder mediático, empresarial y el apoyo de Estados Unidos, porque Honduras es de los países donde las élites están más subordinados a la embajada estadounidense, que ha permitido que Hernández llegue hasta donde está”. A pesar de ese contexto difícil, la médica Ramos asegura que continuarán con la presión en la calle. “La Plataforma es un proyecto para largo plazo, porque el objetivo es luchar por la calidad de la educación y salud pública en Honduras”.

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 En vídeo, el ciberespionaje a Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. EPV

Julian Assange fue espiado las 24 horas del día durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres en la que permaneció refugiado durante los últimos siete años. Documentos, vídeos y audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que la empresa de defensa y seguridad privada española Undercover Global S. L., encargada de proteger la legación diplomática en el Reino Unido entre 2012 y 2018, dedicó a sus hombres a captar toda la información posible del ciberactivista, en especial de sus abogados y colaboradores.

Varias cámaras de vídeo grabaron, con audio desde diciembre de 2017 a marzo de 2018, decenas de entrevistas del fundador de Wikileaks con sus letrados y visitantes en las que se trató de su estrategia de defensa. Los dispositivos recogieron varios planes secretos para sacarlo de la embajada y llevarlo a Rusia o Cuba, proyectos secretos que finalmente no se ejecutaron por la negativa del activista australiano que los consideraba “una derrota”.

La actividad febril y obsesiva de los vigilantes de UC Global S. L. sobre “el huésped”, como le denominan en sus notas, se intensificó durante el Gobierno de Lenín Moreno que recientemente entregó al activista a las autoridades británicas. Su antecesor, Rafael Correa fue quien dio refugio a Assange y lo acogió durante siete años en la legación diplomática.

Monitorizar todos los movimientos del activista, grabar sus conversaciones y recoger su estado de ánimo era la tarea diaria y cotidiana de los empleados de seguridad en la embajada. Pero la obsesión por conocer los secretos más íntimos de su objetivo llevó al equipo realizar a sus espaldas una prueba grafológica, plasmada en un informe de seis páginas, y a tomar una muestra de las heces de un bebé en un pañal para comprobar si era hijo de Assange y de una de sus más fieles colaboradoras. Labores de inteligencia que nada tenían que ver con la pretendida protección del invitado y refugiado en la embajada.

El equipo de seguridad de la empresa española, con sede en Puerto Real, (Cádiz) redactaba cada día un parte confidencial que se remitía a su propietario David Morales, un exmilitar formado en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina. Los detalles que se recogían en estos informes son una muestra del interés de esta empresa por acumular toda la información posible sobre el hombre que se enfrenta a 18 cargos por revelar miles de cables secretos del Departamento de Estado de EE UU, así como información secreta sobre las guerras de Irak y Afganistán.

“Muchísima exaltación y nerviosismo en el huésped tras la comunicación de indulto a Manning (la soldado acusada de filtrar a Wikileaks documentos secretos)”, recoge el informe del 17 de enero de 2017; “Julian está aportando mucha información. El invitado no para de apuntar en su agenda. Se nota tensión en la sala. El invitado tapa en todo momento su agenda con las manos. Stella se asoma por la puerta de la sala pensando que pudiera haber alguien escuchando”, escribe el vigilante sobre la visita de Walaman Adan Robert el 12 de enero de 2017;

El parte del  21 de enero de 2017 arranca así: "15: 30-18: 28.Pamela Anderson. Se pasan información por notas. Se hacen fotos dentro de la sala de reuniones. En todo momento está el distorsionador (de voz) encendido” ; “Aproximadamente desde las 21:00, tanto el huésped como Stella, están trasladando cosas del dormitorio (ropa, colchón, maletas etc) a la habitación de la entrada. Son las 23:35 y siguen”, señala el informe del 5 de febrero del mismo año.

Una de las personas que más interés despertó a los vigilantes de la empresa española fue Andy Müller-Maguhn, un conocido hacker alemán, al que en una de sus visitas se fotografió el interior de su bolsa de viaje y en especial los números de sus teléfonos móviles.

Si los vigilantes estaban obsesionados con captar cualquier detalle sobre el “huésped” que se produjera en el “hotel” (la embajada), el fundador de Wikileaks también lo estaba por no ser espiado. Cada vez que se reunía con sus abogados y visitas el encuentro no comenzaba sin que Assange encendiera el distorsionador de voz oculto en una lámpara. Pero este no impedía que los audios instalados en la cámara lo grabaran todo. En algunos vídeos se aprecia como el ciberactivista apuntaba sus notas en una carpeta levantando su tapa para que no se captara su escritura.

La paranoia de Assange con ser espiado le llevó a citar a alguno sus visitantes en el cuarto de baño de señoras, un lugar que consideraba seguro. Un informe firmado por el vigilante José Antonio el 15 de enero de 2017 lo recoge así: “11:18 Aitor Martínez (abogado español) porta maletín, un teléfono y un portátil. 11:20 huésped, Stella y Aitor Martínez se dirigen al aseo de señoras donde hacen la reunión. 13: 00 salida de aseo de señoras”. Unos días antes, el día nueve otro vigilante informa de la reunión del activista con sus abogados Melynda Taylor, Jennifer Robinson, Aitor Martínez y Baltasar Garzón.

David Morales, propietario y director de UC Global S.L.  declina responder si su empresa espió a Assange. "Toda la información es confidencial y pertenece el Gobierno ecuatoriano. Nuestra empresa fue subcontratada por el Gobierno de Ecuador. Nos limitamos a realizar un trabajo. No puedo comentar nada de lo que hicimos allí, no puedo dar ningún detalle", afirma en conversación telefónica.  ¿Espiaron ustedes al señor Assange? "Tenemos nuestras normas éticas y morales y no se vulneró ninguna de ellas", asegura.

El interés de las reuniones de Assange con sus letrados no decayó cuando el Gobierno de Lenín Moreno canceló el contrato con UC Global S. L. que se mantuvo desde 2012 hasta la primavera de 2018 y delegó la seguridad de su embajada en la empresa ecuatoriana Promsecurity. Las cámaras de vídeo siguieron grabando todas las reuniones y, al menos, en una ocasión personal de la embajada o del nuevo equipo de seguridad fotografiaron la carpeta del abogado Aitor Martínez en un receso de su entrevista con el activista australiano.

Con esas fotografías, así como con decenas de vídeos y audios grabados en la legación diplomática durante esta nueva etapa se intentó extorsionar desde Alicante al fundador de Wikileaks si no pagaba tres millones de euros. La Audiencia nacional investiga el caso y dos de los presuntos extorsionadores fueron detenidos.

El Reino Unido acaba de aprobar la entrega a EE UU del ciberactivista. Las autoridades norteamericanas esgrimen contra él 18 cargos por difusión de material clasificado.

Madrid 9 JUL 2019 - 03:29 COT

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