Manifestantes encaran a la policía, en Hong Kong. MANAN VATSYAYANA AFP

Las imágenes del fin de semana muestran la mano dura de las fuerzas de seguridad con tácticas encubiertas para practicar detenciones y el uso brutal de pelotas de goma

 

Mucho ha cambiado desde el día en el que la policía de Hong Kong contemplaba impasible cómo un grupo de manifestantes asaltaba el parlamento autónomo, gesto revolucionario por excelencia. Alentadas por Pekín y su apoyo incondicional, las fuerzas de seguridad optaron ayer por aplicar mano dura contra las protestas antigubernamentales. La jornada de mayor violencia tras diez semanas consecutivas de movilizaciones se saldó con 45 personas heridas, dos de ellas de gravedad, y varios detenidos, cuyo número exacto no ha trascendido.

El domingo comenzó con una concentración en el parque Victoria, una de las pocas protestas permitidas por las autoridades. Desde allí los manifestantes se diseminaron por varios distritos de la ciudad, siempre en movimiento, como acostumbran a hacer en las últimas semanas, lo que desembocó en enfrentamientos en los que la policía se empleó con agresividad.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los antidisturbios disparando pelotas de goma a menos de dos metros de distancia y apuntando a la cabeza, una práctica censurada por las directrices de armamento no letal elaboradas por la Academia de Ginebra de Derecho Humanitario, ya que “puede resultar letal”. Uno de esos proyectiles golpeó en el rostro a una chica, quien tuvo que ser llevaba de emergencia al hospital. El parte médico indica que “quedará ciega de ese ojo de manera permanente” y su pronóstico es reservado mientras se estudia si el impacto causó una fractura craneal.

La policía también disparó bombas de gases lacrimógenos en el interior de la estación de metro de Kwai Fung, pese a la presencia de ciudadanos sin protección y ajenos a las protestas. Las instrucciones del fabricante, además, advierten de manera explícita que no debe ser empleado en espacios cerrados.

Policías vestidos de negro se infiltraron entre la multitud y practicaron arrestos, sirviéndose en algunos casos de un evidente exceso de fuerza, como prueba el vídeo en el que se ve a un chico sangrando copiosamente, cuya cabeza aprietan contra al asfalto pese a no ofrecer resistencia. Estos agentes se negaron a identificarse cuando fueron cuestionados por los periodistas presentes en el lugar de los hechos. Otras grabaciones muestran a antidisturbios introduciendo armas en las mochilas de los detenidos, presumiblemente para plantear contra ellos acusaciones más graves.

Ya existían rumores acerca de la infiltración de miembros de la policía en las protestas, aprovechándose de la apertura de un movimiento popular amorfo, en particular desde que el 27 de junio un agente de paisano fuera identificado en la movilización que rodeó la comisaría de Wanchai. En un comunicado posterior en Facebook, el cuerpo policial desmintió cualquier tipo de participación, asegurando que “el oficial no estaba disfrazado ni había realizado ninguna provocación” y criticando “la propagación de rumores falsos”.

Los manifestantes, por su parte, recurrieron por primera vez desde que empezaron las protestas al lanzamiento de un par de cócteles molotov: uno en Wanchai y otro frente a la comisaría de Tsim Sha Tsui. Este segundo provocó quemaduras en las piernas de un agente.

Este nuevo recrudecimiento de la violencia está en línea con las directrices dictadas desde Pekín. En su segunda rueda de prensa en ocho días tras 22 años de silencio, la más alta institución política china para la gestión de cuestiones relacionadas con la excolonia, la Oficina para Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, invitó al gobierno de Hong Kong a redoblar la política de arrestos y enjuiciamientos. Existe la idea de que esta nueva táctica, sumada al comienzo del curso escolar, puede logra el objetivo de apagar la mecha de las protestas sociales.

La prioridad para el Partido Comunista chino es haber solucionado las movilizaciones antes del 1 de octubre, día en el que se celebrará el 70 aniversario de la fundación de la República Popular y que se pretende que sea una demostración de fuerza y unidad nacional. Eso explica el nombramiento de Alan Lau, que volvió del retiro para ser desempeñar el cargo de comisionado adjunto con la misión de “fortalecer el orden estratégico y supervisar eventos públicos”. Las fuerzas de seguridad parecen dispuestas a seguir avanzando por esta vía. Hoy, sin ir más lejos, tendrá lugar una demostración de nuevos recursos, como el empleo de cañones de agua, frente a los legisladores pertenecientes a la comisión de seguridad pública.

A pesar de la escalada en los enfrentamientos, los políticos prochinos subrayaron en sus declaraciones que el número de manifestantes está disminuyendo. “Se están convirtiendo en repetitivas, así que algunos manifestantes ya están cansados. La policía, además, está haciendo mejores planes”, apuntó Tam Yiu-chung, miembro del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, el cuerpo legislativo de la República Popular china. Por su parte, el gobierno local publicó un comunicado a medianoche, el gobierno local publicó un comunicado en el que “condenaba rotundamente” la actuación de los manifestantes, añadiendo que estaban “indignados” por sus acciones. La indignación, aunque por motivos opuestos, parece ser lo único que comparte hoy una ciudad más dividida que nunca antes.

Por Jaime Santirso

Pekín 12 AGO 2019 - 03:21 COT

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En riesgo, 50% de las 6.700 lenguas indígenas del mundo, alerta ONU

Con cada lengua que desaparece el mundo pierde un acervo de saber tradicional, advirtió el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, recordó en un mensaje que actualmente hay 370 millones de personas indígenas en el mundo y gran parte de ellas "todavía carecen de derechos básicos y la discriminación y la exclusión sistemáticas siguen amenazando su modo de vida, su cultura e identidad".

El funcionario internacional expuso que "las lenguas son el vehículo que utilizamos para comunicarnos y están íntimamente ligadas a nuestra cultura, nuestra historia e identidad"

Reportó que casi la mitad de las 6 mil 700 lenguas que se calcula que hay en el mundo, en su mayoría indígenas, están en peligro de desaparecer.

Este año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto, se dedicó a los idiomas originarios por ser 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Cooperación, el camino

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, expuso que contrarrestar la amenaza de la desaparición de lenguas indígenas requerirá los esfuerzos de cooperación de las comunidades de hablantes, especialistas en lenguas, organizaciones no gubernamentales y poderes públicos.

En un comunicado, la organización religiosa expuso que sensibilizar sobre la pérdida de lenguas y la diversidad lingüística sólo será eficaz si se consigue dotar de funciones contemporáneas positivas a las lenguas minoritarias desde el punto de vista de las necesidades de la vida moderna, dentro de la comunidad y también en los contextos nacional e internacional.

Al anunciar el 14 Encuentro Nacional de Pastoral de Pueblos Originarios, del 9 al 13 de septiembre, los representantes de la Iglesia católica detallaron que entre esos papeles positivos están el uso de estas lenguas en la vida cotidiana, en el comercio, la educación, las letras, las artes y los medios de comunicación.

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Hiroshima luego del estallido de bomba atómica lanzada por los Etados Unidos

Los crímenes estadunidenses contra la humanidad son un hecho irrefutable que prescinde de argumentación. Basta echar una mirada superficial –y cuanto más profunda más categórica– para comprender el papel de lesa humanidad que Estados Unidos, en tanto Estado-nación, viene ejerciendo prácticamente desde su fundación. Su propia narrativa histórica oficial, impregnada de humanismo y valores democráticos, resulta insostenible a la luz de los hechos.

Esta imposibilidad de sostener su propio mito humanista se profundiza irremediablemente si realizamos una exploración sobre obras y autores capitales que denuncian, detallan e ilustran sobre la variada naturaleza de los crímenes estadunidenses en su política exterior. Y por supuesto, también doméstica.

Preclaros intelectuales de la izquierda estadunidenses como Noam Chomsky, James Cockcroft y Howard Zinn o más recientemente Oliver Stone y Peter Kuznick –que juntos realizaron la muy documentada Historia no oficial de Estado Unidos–, dan cuenta de ello. En su obra de 2005 Abolition Democracy: Beyond Prisons, Torture, and Empire la militante feminista afroamericana Angela David nos habla sobre la ruptura del estado de derecho en Estados Unidos y como aquella democracia que se pretende ejemplar se ha convertido en un engendro posconstitucional de claros perfiles criptofascistas.

Sobre los relatores latinoamericanos que analizaron en profundidad la malversada democracia estadunidense y sus desvaríos imperialistas, no podemos dejar de mencionar a Gregorio Selser y al sociólogo argentino Atilio Borón, quien ha dedicado buena parte de su vida y sus altos estudios a esta inacabable tarea, escribiendo varios volúmenes (uno de ellos en coautoría con Andrea Vlahusic) sobre el problema que significa Estados Unidos para el mundo y en particular para América Latina. Sin olvidar, por supuesto, a las consagradas investigadoras y periodistas Telma Luzzani y Stella Calloni, también autoras de obras capitales y perdurables que contribuyeron a conformar un logos cognitivo de la política exterior estadunidense y sus crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, surge de forma ineludible una pregunta que resulta casi absurda, e incluso surrealista ante la evidencia de los crímenes ¿Por qué el mundo no condena e impugna de manera explícita a un Estado agresor, militarista hasta extremos paroxísticos y claramente genocida en todos los escenarios en que ha actuado en el pasado siglo?

Por supuesto la respuesta es sin dudas compleja y escapa a las posibilidades de este artículo. Pero haciendo una aproximación muy general, podemos afirmar que prevalece lo que el sicoanalista y teórico marxista alemán Erich Fromm (1900-1980) denominaba como una sicopatía del conjunto. Es decir, la naturalización de una sociedad enferma (de impulsos necrófilos diría Fromm) que asume su patología como una normalidad y, por tanto, no comprende su pathos.

Sin dudas Estados Unidos, desde 1945, ha conducido a la sociedad global hacia esta patología asumida como una cultura legítima. La hegemonía cultural estadunidense nos ha uniformado en una lógica militarista, en un individualismo lacerante y criminal con el planeta y las sociedades que lo conforman. Y todo ello mientras Washington despliega una praxis política que vulnera indiscriminadamente todo marco jurídico internacional, que toma por la fuerza, destruye, transforma y degrada cuanto le sirve para perpetuar una hegemonía que ya comienza a ser odiosa, incluso para sus aliados europeos, beneficiaros de segundo orden en el reparto criminal de las riquezas periféricas.

No obstante esta saturación que comienza a ser manifiesta en diferentes niveles y que va dando forma a una confrontación mundial ya irremisiblemente planteada, Estados Unidos sigue gozando de una fachada ruinosa –aunque todavía efectiva– de verdadera democracia, de país humanista y de Estado benefactor de los derechos globales. Ningún otro absurdo muestra de mejor manera la sicopatía de la civilización actual de las que nos hablara Fromm.

Y aunque parezca extraño, debemos luchar por hacer visible lo evidente. Incluso demostrar lo que no necesita demostraciones. Intentar que el mundo contemple sin maquillajes ni espejismos las atrocidades, guerras y bloqueos que un país impone unilateralmente al resto de las naciones. El genocidio económico contra Cuba, que ahora se intenta replicar en Venezuela, es apenas una muestra más de un extenso catálogo que también incluye la criminalización de niños inmigrantes y la tortura como instrumento legitimado jurídicamente. Por estas razones, conmemorar de forma colectiva e individual el 9 de agosto, Día Internacional de los Crímenes Estadunidenses contra la Humanidad resulta no sólo un imperativo ético, sino un ejercicio liberador que posee la virtud de abrir caminos fundacionales hacia la comprensión del mundo. Condición elemental para una construcción fraterna entre los hombres y para la liberación de los pueblos.

Por Alejo Brignole, escritor y ensayista, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

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Viernes, 09 Agosto 2019 05:50

La gran batalla de Hong Kong

La gran batalla de Hong Kong

"Quiero advertir a todos los criminales que no juzguen la situación de manera equivocada y confundan contención con debilidad", declaraba este martes Yang Guang, portavoz del Consejo de Estado [Chino] para los Asuntos de Hong Kong y Macao. La huelga general del día anterior tras dos meses de protestas se había cerrado con un saldo de 800 bombas lacrimógenas, 20 granadas esponja, 140 pelotas de goma y 148 arrestos. "Es solo cuestión de tiempo que los manifestantes reciban su castigo", advirtió Guang dramáticamente. "Los que juegan con fuego se quemarán". 

No es el primer aviso. Una portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino advirtió hace semanas que el Ejército de Liberación Popular podría ser llamado para mantener el orden en la región. El jueves de la semana pasada, el ejército distribuyó desde su cuenta oficial en Hong Kong un vídeo épico de tres minutos en el que se ve a las tropas enfrentándose a diferentes retos, incluyendo manifestaciones. Parece el trailer de un videojuego de acción, con un soldado que grita ¡todas las consecuencias bajo tu cuenta y riesgo! La guarnición local del Ejército de Liberación chino tiene entre 6.000 y 10.000 soldados. La cifra oficial de miembros del Ejército de Liberación es de 2.035.000.

Todo empezó en febrero, cuando las autoridades de Hong Kong presentaron una enmienda a la Ordenanza de Delincuentes Fugitivos que autoriza la extradición de cualquier persona, local o extranjera, a cualquier país, incluyendo China. Carrie Lam, la jefa del gobierno autónomo de Hong Kong, argumentó que las enmiendas servirían para "tapar los agujeros" de la legislación e impedir que la región se convirtiera en un "refugio de criminales". Su percha fue un sombrío asesinato que tuvo lugar el año pasado, cuando un ciudadano de Hong Kong de 19 años asesinó a su novia de 20 cuando estaban de vacaciones en Taiwán. El hombre regresó rápidamente a la región y no pudo ser deportado porque Hong Kong no tiene acuerdo de extradición con Taiwán. Las autoridades locales solo pudieron juzgarlo por usar la cuenta corriente de su víctima sin autorización, cuando ya estaba muerta. Lam quiso aprobar la enmienda de forma rápida, pero se encontró con el bloqueo del parlamento. Después, con el del resto de la población.

Hong Kong mantiene ya acuerdos de extradición con una veintena de países y China no está en la lista. En la República Popular China, el poder judicial está subordinado a la autoridad del Partido Comunista y ha sido denunciado numerosas veces por arrancar confesiones con tortura, entre otras cosas. Aceptar la enmienda implicaría entregarse a las idiosincrasias de un régimen no democrático y renunciar a la esperanza de un proceso justo. Los hongkoneses aseguran que la nueva ley servirá para extraditar disidentes políticos, activistas, periodistas y enviarlos a los campos de reeducación que ha implementado el partido, considerados como una reencarnación del Gulag. O para legitimar los secuestros que ya tienen lugar. También temen por la integridad de su economía, que podría quedar supeditada a los intereses de los oligarcas chinos favorecidos por Jinping. Pero, sobre todo, creen que la intromisión de China en su sistema de justicia marcará el final de su precaria independencia, cuyo contrato vigente termina en 2047.

Independencia relativa y temporal

China perdió Hong Kong en la primera Guerra del Opio en 1842, y había sido una colonia británica hasta que, en 1997, Reino Unido la revirtió a China como Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. Lo hizo bajo el extraordinario principio de "un país, dos sistemas", un concepto que se inventó Deng Xiaoping para recuperar la región sin hacer peligrar su condición de gallina de los huevos de oro. Era el centro financiero de Asia. No se podía romper. 

La constitución de la ciudad le dió derecho a mantener su propio sistema judicial -basado en el antiguo derecho común anglosajón-, su propia legislatura, sus canales de inmigración, su economía capitalista y hasta su equipo olímpico con su correspondiente himno. Tienen su propia bandera y su propia divisa, cuya moneda de un dólar lleva todavía la cara de la reina Isabel II. El gobierno chino tiene la defensa, la política exterior y el derecho a elegir al Presidente del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, que sustituye la colonial figura del gobernador de Hong Kong. Ese es el cargo que ocupa Carrie Lam, la impopular instigadora de la polémica enmienda.

Este acuerdo se firmó por 50 años. Caduca en 2047. Es por eso que la protesta inicial ha evolucionado hacia un movimiento civil por la soberanía de la región. Una amenaza que el gobierno chino solo sabe gestionar de una manera. Pero Hong Kong tiene otra cosa que la sociedad china no tiene: derecho a manifestarse, a expresarse y reunirse libremente, a mantener una prensa libre, a rezar a quien les de la gana y a declararse en huelga. Tienen los típicos derechos civiles que caracterizan una democracia, algo completamente nuevo para el régimen de Jinping. Y, por descontado, algo incompatible al modelo Tiananmén de gestión del malestar ciudadano. 

Siete manifestaciones, 500 detenidos

La primera marcha civil contra las enmiendas, el domingo 9 de junio, congregó a más de un millón de personas, en una ciudad de siete millones. Es la mayor protesta registrada desde la "independencia" en 1997 (las autoridades reportaron solo 240.000). Lam asegura que la enmienda no viene del gobierno central y el proceso sigue su curso. Tres días después, un grupo mucho más pequeño de manifestantes se congrega alrededor del parlamento para impedir, físicamente, que la ley sea aprobada. La actuación de la policía fue desproporcionada.

"La respuesta excesiva de la policía está calentando la tensión y es probable que contribuya a empeorar la violencia. Las feas imágenes de la policía tirando gases lacrimógenos y rociando pimienta a los pacíficos manifestantes es una violación del derecho internacional", declaró el director de Amnistía Internacional en Hong Kong, Man-Kei Tam. Esa misma tarde, Lam llamó a los manifestantes niñatos malcriados en televisión. La siguiente manifestación, el 16 de junio, congrega a dos millones de personas. Es casi un tercio de la población. Lam recula y anuncia en una rueda de prensa que "tras repetidas deliberaciones internas en los últimos dos días, el Gobierno ha decidido suspender la tramitación de la enmienda legislativa, empezar de nuevo nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, explicar más y escuchar los distintos puntos de vista de la sociedad". Pero tienen delante el primero de julio. Ya no hay nada que hacer. 

El primero de julio es la fiesta nacional de Hong Kong, porque marca el aniversario de su independencia del imperio británico. Pero también es el día que los hongkoneses aprovechan para reivindicar la independencia total del régimen comunista. Esta función doble se inauguró en 2003 con otra impopular enmienda, el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong. El nuevo texto introducía el crimen de "traición, secesión, sedición y subversión" contra el gobierno chino. Aunque nunca llegó a aprobarse y el jefe ejecutivo del momento dimitió, el artículo 23 no murió del todo. De hecho, sirvió como referencia para prohibir la existencia misma del Partido Nacional de Hong Kong, en septiembre de 2018. Así fue que este primero de julio se volvieron a congregar dos millones de personas para exigir la ruptura con China. El recuento oficial fue de 338.000.

Cientos de jóvenes enmascarados tomaron al asalto el Parlamento, una imagen que recuerda poderosamente a otras imágenes icónicas. La policía tardó horas en sacarlos de allí. Días más tarde, Lam declara muerta la enmienda, pero ya da lo mismo. La marcha se ha convertido en un movimiento civil por la soberanía de la región. Las batallas se suceden y se recrudecen. Los himnos proliferan. Unos cantan Sing Hallelujah to the lord para reivindicar la libertad de culto. Otros Do You Hear the People Sing de Los Miserables, que ya había sido popular en las protestas de 2014. Las dos son prohibidas por el gobierno chino para evitar que se contagie a través de las fronteras. Hay paraguas en homenaje a los Umbrella 9, los líderes estudiantiles condenados por organizar la revuelta prodemocracia de 2014. Entonces las protestas paralizaron la ciudad durante 79 días. Un récord a punto de perecer. 

En la manifestación del 21 de julio se recrudecen los encuentros. Aparecen grupos de hombres enmascarados y armados con barras de hierro que atacan a los manifestantes, dejando 45 heridos. Algunos son identificados como miembros de las temidas mafias locales. Las asociaciones acusan al gobierno central de haber reclutado a las mafias para hacer el trabajo sucio. El gobierno acusa a los manifestantes de trabajar para Trump. El 27 de julio hay trincheras en las calles de todos los distritos de la ciudad. 

La huelga general del 3 de agosto ha conseguido paralizar la puerta financiera del continente asiático. El aeropuerto funciona en un 50%. No ha habido una huelga semejante desde los disturbios de 1967, que empezaron en una fábrica de flores artificiales y se saldaron con 51 muertos (15 por atentado con bomba); un millar de heridos, 5.000 arrestados y casi 2.000 condenados. Después de la huelga del pasado lunes, más de 500 personas han sido arrestadas, algunas de ellas con cargos de revuelta, un delito penado con hasta 10 años de cárcel. China estaba usando a Hong Kong para esquivar la guerra arancelaria con los EEUU, gracias a una ley de 1992, la Hong Kong Policy Act. Si pierde la región, pierde la trampa. Si se la queda, también.

La nueva guerrilla antivigilancia

Desde que empezó la protesta, los manifestantes han ido refinando su estrategia con tácticas que marcarán un antes y un después en el manual de la desobediencia civil. Llevan cascos y máscaras de pintura para esquivar las pelotas de goma y van armados con punteros láser para cegar las cámaras de reconocimiento facial de la policía. El gobierno chino presume de haber instalado seis millones de cámaras para vigilar y reeducar a sus ciudadanos, un sistema que ya ha sido calificado como la primera dictadura digital. Todos han desactivado la identificación facial y dactilar en sus móviles. Demasiado fácil de desbloquear si te detienen.

El asedio ha despertado la solidaridad de la ciudadanía. Los viajeros del metro dejan monedas y tickets de viaje para que los manifestantes puedan moverse sin usar sus tarjetas identificativas. En repulsa por la detención de un estudiante por posesión de punteros láser, este miércoles cientos de ciudadanos se han reunido en Tsim Sha Tsui para hacer su propio espectáculo de lásers. Todo mientras esperamos que Jinping mueva ficha: dejar que las protestas se disipen por sí mismas y arriesgarse a que Hong Kong se le escurra entre los dedos o aplastar la revuelta y anexionarse la región como hizo Putin con Crimea en marzo de 2014.

Por Marta Peirano

08/08/2019 - 20:38h

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Venezolanos, las nuevas víctimas de la guerra en Colombia

 Human Rights Watch denuncia que son reclutados como raspachines de coca en la región fronteriza del Catatumbo

 “Estamos aquí porque en Venezuela hay mucha escasez de comida. Yo tengo 14 años y raspo coca. Hay niños de ocho años que también raspan coca”. El testimonio de un adolescente venezolano es parte de la cruda realidad que revela el informe La guerra en el Catatumbo, de Human Rights Watch (HRW), que documenta violaciones de derechos humanos en esa región fronteriza y revela cómo los migrantes venezolanos son carne de cañón de los grupos armados ilegales que los reclutan como ‘raspachines’, como se conoce a los recolectores de hoja de coca en Colombia.

“Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia”, indica el documento, que recogió información en abril de 2019 con cerca de 80 fuentes en Cúcuta, la principal ciudad sobre la línea limítrofe, y otros municipios del Catatumbo.

Como refleja una de las entrevistas que acompaña el informe, los migrantes se someten a labores con cultivos ilegales a cambio de alimentarse. “Vienen a buscar trabajos acá aunque sea por la comida. Estos grupos al margen de la ley los están reclutando con mentiras. Les dicen que les van a dar comida y sueldo”, cuenta una mujer en video. Pero no solo son utilizados en cultivos de coca. “También son víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual”, agrega el documento de HRW. La situación, sin embargo, puede ser aún peor porque los venezolanos evitan denunciar ante las autoridades colombianas por temor a ser deportados. De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Colombia, citadas por HRW, se investigan 47 homicidios de ciudadanos venezolanos cometidos en el Catatumbo desde 2017.

No es claro cuántos venezolanos habitan en El Catatumbo, una subregión del departamento de Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Pero según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), pueden ser al menos 25.000. La ONG le recomienda al gobierno de Iván Duque que evalúe de forma “exhaustiva” la cantidad de venezolanos en esa zona y “asegurar que tengan estatus legal” para que puedan trabajar legalmente y no teman denunciar abusos. Con 1,4 millones de venezolanos en su territorio, Colombia es por mucho el principal destino del éxodo que huye de la crisis política, social y económica del país vecino.

En el Catatumbo convergen todos los problemas del conflicto colombiano: aumento de cultivos ilícitos, presencia de grupos armados e inestabilidad en la frontera, adobado con una pobreza histórica. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) señala que Norte de Santander es, con 33.598 hectáreas que representan el 20 % del total nacional, el segundo departamento con mayor extensión de narcocultivos –después de Nariño– y ha sufrido un incremento sostenido en los últimos años. Solo en 2018 la extensión de los cultivos creció un 19% en Norte de Santander. Allí hacen presencia grupos armados que se disputan el territorio como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como disidencias de las extintas FARC, hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz que sellaron con el Gobierno a finales de 2016.

La situación de violencia es crítica para colombianos y venezolanos. Desde 2017 se han desplazado más 40.000 personas, la mayoría durante el 2018, la mayoría por los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Sin embargo, afirma Human Rights Watch, este año la razón del éxodo son los combates que libran estos grupos y la fuerza pública colombiana. Y algunas familias huyen también debido al temor del reclutamiento infantil. “Los miembros de los grupos armados les ofrecen a los niños y niñas, incluso de apenas 12 años, que se unan a sus filas. Con frecuencia, les ofrecen un pago. A veces, amenazan con matarlos a ellos o a sus familias si se niegan, según familiares de las víctimas, la Defensoría del Pueblo y funcionarios de organizaciones humanitarias que trabajaban en la zona”, asegura el documento.

Por otro lado, los homicidios se duplicaron desde 2015, pasando de 112 en ese año a 231 en 2018, una tasa anual de casi 79 cada 100.000 habitantes, tres veces la tasa nacional. Lo más grave es que la situación afectó particularmente a civiles. Human Rights Watch identificó que en varios casos fueron asesinados tras “acusarlos de cooperar con grupos armados contrarios o con el Ejército, o porque se negaron a cooperar con el grupo o a sumarse a sus filas”, y que esta región ha sido centro de asesinatos a líderes comunitarios. Como si el panorama no fuera de por sí crítico para la población civil, las minas antipersonales, que se pensaban erradicadas en el país, han cobrado vidas. “Cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales en el Catatumbo desde 2017, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos incidentes fueron causados por minas plantadas recientemente o por otras que quedaron de períodos anteriores del conflicto”, denuncia la organización de derechos humanos.

El informe La guerra en el Catatumbo también abordó la violencia sexual, que afectó a 41 personas desde 2017. Y aunque estos hechos se encuentran más relacionados a violencia intrafamiliar, varias voces que consulta HRW afirman que existen casos relacionados con los grupos armados que actúan en la zona y que estos también amenazan a trabajadoras sexuales, “que en al menos tres municipios del Catatumbo son, en su mayoría, venezolanas”.

El documento será entregado este jueves al presidente Iván Duque por parte del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, y contiene una serie de recomendaciones para atender la crítica situación de derechos humanos que vive esta región.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 8 AGO 2019 - 01:00 COT

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Fotografías: Luis Gutiérrez, Medellín, 26 de julio de 2019.

El pasado viernes 26 de julio el país volvió a presenciar multitudinarias movilizaciones en defensa de la vida y en rechazo del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, las que en lo corrido del año suman más de 80 y desde la firma del Acuerdo con las Farc en 2016 ascienden a más de 600.

Esta jornada fue como un espejo en donde se reflejaba la jornada de “Velatón Nacional” escenificada el 6 de julio de 2018, pues al igual que en esa ocasión fueron miles de miles las personas que salieron a las plazas de las principales ciudades, pueblos y regiones de Colombia, como también de distintas ciudades de otros países, todas las cuales manifestaron su rechazo ante una realidad que no se detiene y desangra día a día los activos de los movimientos sociales, a la par que apaga voces críticas del establecimiento.

 

 

Una movilización que parece un viaje en el tiempo

A la jornada convocada por el movimiento “Defendamos la paz” –en el que coinciden múltiples sectores políticos del país, que defienden el cumplimiento e implementación del Acuerdo firmado con las Farc– y apoyada por los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos del poder, asistieron miles de activistas, estudiantes, artistas, personajes públicos como actores y actrices de televisión, intelectuales, movimientos sociales, defensores de derechos humanos y múltiples sectores democráticos del país. Con una paradoja, la convocatoria no logró tocar a las gentes del común que representan a las mayorías nacionales. Todo un cerco de población al que ni teniendo como aliado a los medios oficiosos se logra acceder.

En Bogotá el rito se cumplió. Cada una de las personas que se movilizaron llegaron a la Plaza de Bolívar y se quedaron unos minutos; algunos encendieron velas, otros cantaron algunas arengas, entre conocidos se cruzaron saludos, y luego de esto se retiraron del lugar para darle paso a los otros miles que llegaban a la Plaza. Después de esto, todo volvía a la normalidad, cada quien regresó a su vida cotidiana y el tema del asesinato de los liderazgos sociales continua, sin contención, sin despertar otro tipo de acciones que no sean las movilizaciones, las protestas masivas, unas más que otras, que pese a ello simulan un viaje en la máquina del tiempo: así es porque siempre se realizan de las mismas formas, con las mismas actividades, llegando a los mismos lugares y encontrándose con las mismas personas. Lo más preocupante: sin lograr su cometido.

 

 

El cinismo del Gobierno campea sobre Colombia

En la ciudad de Cartagena, con rosto compungido, el presidente Iván Duque decidió sumarse a la movilización por la vida de los líderes y lideresas sociales. Su “solidaridad” con los centenares de familias en duelo, con los movimientos sociales golpeados por la perdida de sus hermanos, hermanas, y por las amenazas que pesan sobre muchos de ellos, tuvo un adelanto en su discurso del 20 de Julio ante un Congreso integrado por una mayoría que está en contra de las luchas y propósitos de las víctimas del status quo. La simulación pesa más que la verdad: todos estaban afectados por los efectos de la violencia en curso.

Tanto en el discurso de marras, como en el ensayado rostro, el Presidente insiste en trasmitir el mensaje que los culpables de las muertes de los distintos liderazgos del país no tienen nada que ver con las instituciones estatales y que, por lo tanto, los autores parecen ser de otro mundo. Pese a esto el recibimiento que le dieron los cartageneros fue contundente y en medio de abucheadas y gritos de rabia tuvo que salir corriendo del lugar.

Es increíble el cinismo de un Gobierno que detrás de sus actos de supuesta preocupación por el asesinato de voces críticas, lo que hace es lavarse las manos. No hay duda, mientras así sucedía en Buenaventura atentaban contra la vida de Carlos Alberto Tovar, uno de los líderes del Comité del Paro Cívico. Aún sin silenciarse el eco de los 6 disparos que impactaron la humanidad de Carlos, un día después de la movilización, fue asesinada en Caquetá Yissela Trujillo, victima de desplazamiento forzado, despojo de tierras y amenazada, quien sería ultimada junto a su esposo. Pasado otro día, el domingo 28 de julio, le arrebataban la vida en el Chocó al indígena Emilio Vitucay.

 

Una situación preocupante

Es innegable la fuerza que tiene cada movilización que aglutina a tantas personas indignadas, es increíble la fuerza que se siente cuando una parte activa de la sociedad sale a rechazar la política de muerte que se instauró en Colombia, pero también es innegable que hace falta más imaginación, constancia, organización y propuestas para realmente cambiar esta realidad que padecemos en el país.

Seguramente muchos y muchas dirán que vamos avanzando, que únicamente falta ganar las próximas jornadas electorales para que cambie esta realidad, que lo único que hay que hacer es pedagogía para que la gente vote bien. A lo mejor así es, pero a lo mejor el problema es más complejo y tiene que ver con una sociedad que padece las consecuencias de una historia de muerte y miseria, que aunque le dicen que vive en la democracia más antigua del continente, lo que padece es una dictadura civil, en donde la democracia simplemente es un formalismo, una sociedad donde el poder realmente imperante se niega al menor de los cambios y, por tanto, en la que nunca ha sido factible construir con las voces de las mayorías, con sus sueños y anhelos. Sociedad marcada con el signo de violencia homicida, dirigida contra toda aquella persona y proceso social que pretenda un giro para darle espacio a una democracia real, incluyente, participativa, radical, dejando atrás la concentración de la riqueza y del poder. Y en los días que corren, que pretenda un medio ambiente y una naturaleza en general para la vida, protegiéndolo ante las pretensiones de los empresarios de mineras de todo tipo, así como de los negociantes de la madera y similares.

¿Será posible lograr un cambio real en la cotidianidad que estamos padeciendo? ¿Qué tal si lo intentamos? ¿Qué tal si empezamos a protegernos de manera colectiva, reivindicando vocerías a varias voces, dejando de dar declaraciones a una sola voz, aislando al establecimiento en todo territorio donde lo alterno levante banderas, cuestionando el formalismo electoral, y poniendo en marcha formas alternas de gobierno, dándole cuerpo a otra economía posible? Tal vez así, por fin, logremos superar las movilizaciones que parecen viajes en la maquina del tiempo. Tal vez así nuestro grito de protesta supere la formalidad, sembrándose como vida que emerge de la muerte de los miles con que intentan atemorizar a toda la sociedad colombiana.

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"Un sector del poder económico bloquea la paz en Colombia"  

Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como "Timochenko", considera que una parte del poder económico en su país se opone a los acuerdos de paz. 

 

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como "Timochenko", considera que un sector del poder económico en Colombia bloquea la paz a la que él condujo a la guerrilla, ahora convertido en un partido político bajo la misma sigla.

Tres años después de la firma del acuerdo de paz, Londoño destaca de ese periodo, en una entrevista con EFE, que fue un "error político" presentarse a las elecciones legislativas de 2018, en las que su partido, la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC), cosechó apenas 55.000 votos. También lamenta que Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez" y Seuxis Pausias Hernández, alias "Jesús Santrich", quedaran fuera "de la construcción de la paz" y se encuentren en paradero desconocido.

--En la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 usted dijo: "Que la palabra sea la única arma de los colombianos" ¿Qué balance hace del cambio de las botas por los votos?

--El balance es bien complejo, porque tiene su parte positiva, logramos terminar un conflicto que llevaba más de 50 años; desafortunadamente, no logramos la paz completa; y desafortunadamente, todavía queda un sector de la clase dirigente de este país que quiere impedir que la palabra se escuche, que hace oídos sordos a la palabra y que todavía quiere usar la violencia como la forma de dirimir conflictos, y la violencia como un instrumento de la política en Colombia.

--¿Qué cree que mueve a ese sector que está en contra el proceso de paz?

--El poder económico.

--¿El poder económico no quiere la paz de Colombia?

--No todo, un sector porque no es todo el sector, toda la clase económica y dirigente del país. Gracias a que un sector de la clase dirigente abrió las compuertas, abrió ese espacio para llegar al acuerdo que llegamos. Hicimos varios intentos y fue en el de (el expresidente Juan Manuel) Santos en que lo logramos.  Antes no, porque ese sector nunca había abierto la compuerta. Esta vez la abrieron pero quedó un pequeño sector que no quiso, que se quiere mantener ahí porque los acuerdos son la letra pero también el espíritu. Hay que entender el espíritu que acompaña a esa letra y que ese sector no ha querido asimilar. La pregunta que me hago es: ¿el presidente (Iván) Duque y su partido habrán estudiado estos acuerdos, los habrán estudiado en su letra y en su espíritu? Porque a estos acuerdos los acompañó un espíritu. Fue un pulso muy duro con ese sector de la clase dirigente que asumió y que dio esa apertura, esa posibilidad.

--El acuerdo se hizo con el ex presidente Santos. Hoy hay un presidente de un signo muy distinto, ¿confía en el presidente Duque para llevar adelante la paz?

--El problema con el presidente Duque es que está representando un partido que ha levantado las banderas de ese sector que se opone a los acuerdos, que se opone a la reconciliación sobre la base de lo que acordamos en La Habana: sobre la verdad, la justicia la reparación y la no repetición. A eso le tiene mucho miedo. Desde el principio he dicho que es el presidente de los colombianos, él ya no puede ser el presidente de un partido político, él tiene que recoger el sentir de los colombianos y espero que reflexione y no siga en ese camino al que lo están conduciendo los sectores más poderosos de ese partido.

--Dicho de otro modo, espera que el presidente Duque haga un cambio de 180 grados con respecto a la paz.

--Que recoja el clamor de la gente, que asuma un acuerdo que hizo un grupo insurgente como las FARC con el Estado colombiano. Un acuerdo que ya no es de las FARC, que la mayoría de los colombianos han asumido como suyo. La reflexión que debería hacer él es que en ese acuerdo están las bases mínimas para que comencemos a construir la Colombia que cada uno piensa, pero en paz, sin la violencia.

--¿Cómo ha observado la respuesta de la ciudadanía frente a sus propuestas en la política legal, esperaban más apoyo? Por ejemplo, en las elecciones al Senado obtuvieron unos 55.000 votos.

--Lo primero, fue un error nuestro político habernos lanzado a la campaña electoral de la forma en que nos lanzamos y en unas condiciones sumamente complejas. Estamos recién nacidos a la política abierta, estamos aprendiendo, pero además lo estamos haciendo sin haber cambiado las normas de juego que está en los acuerdos; aquí, salvo el punto sobre la reforma política, prácticamente no se ha cumplido ninguno. Estaba el estatuto de oposición que la Constitución del 91 lo había ordenado y es gracias al acuerdo de paz que se logra establecer. Del resto, las reglas de juego siguen siendo las mismas, que impiden a cualquier sector alternativo llegar a posiciones de poder.

Para mí fue un error gravísimo y me parece que el resultado no refleja (la situación actual). Estábamos comenzando a insurgir en la vida política legal del país y yo creo que ahora que hemos ido avanzando y hemos ido a más sectores explicando a la gente nuestro proyecto mucha gente ha cambiado de forma de llegar.

--Pero sigue habiendo, y se ve en las encuestas, un rechazo no hacia la paz sino hacia las propuestas del partido FARC.

-Creo que venimos haciendo una experiencia interesante en el Congreso, se viene haciendo un trabajo. No teníamos ningún conocimiento de cómo funciona (el Congreso) que es una maquinaria política para poder estar inmersa en ella. Creo que este primer año ha permitido conocerla, pero también llegar a muchos sectores con propuestas políticas, hemos hecho varios debates de control muy importante, se han planteado iniciativas importantes y ahora comienza una nueva legislatura que nos va a traer mayores beneficios políticos.

--Ustedes han tenido este año diez congresistas.

-Nueve (Por el encarcelamiento de "Jesús Santrich").

--Nueve, pero en este primer año apenas han presentado propuestas de ley, ¿a qué obedece eso, están aprendiendo o tomando el pulso?

-Tengo entendido que se han presentado algunas, pero no tengo aquí bien claro (el caso). Por ejemplo, Sandra (Ramírez) viene trabajando el tema de rutas terciarias (rurales), es un tema muy interesante para el campo colombiano.

Un elemento muy interesante en este escenario político es que no somos ya los nueve compañeros nuestros allá representándonos, sino que somos 40 y pico senadores que más o menos coincidimos con el objetivo de consolidar la paz en Colombia.

--¿Ustedes aspiran a conformar un bloque o a hacer parte de un bloque alternativo en que haya fuerzas de izquierda, de centro-izquierda o verdes?

--Estamos trabajando en eso y no ha sido fácil.

-En aquel 24 de noviembre, tras usted estaba Jesús Santrich y a su lado Iván Márquez, dos personas que están en paradero desconocido y fundamentales en el proceso de paz, uno de ellos el jefe negociador de paz, ¿usted sabe dónde están ellos?

-Ni idea de donde están.

-¿De algún modo responden ante usted como líder del partido?

-Ellos se marginaron del partido alegando, por lo menos Iván Márquez, inicialmente problemas de seguridad, alegando temores, pero al partido no dijo absolutamente nada, desapareció del panorama.

Conocemos las cartas que todo el mundo conoce que ha publicado y de Santrich sé lo que saben todos, el proceso (judicial por un presunto caso de narcotráfico) que pasó, lo acompañamos, fuimos solidarios con él, hicimos toda una pelea para que se le respetaran sus derechos. Lo liberaron y la reacción fue la que todo el mundo conoce (desaparecer y no responder ante la justicia), la cual nosotros no compartimos, la cual condenamos, y de ahí para adelante no sé en qué andan ni qué están haciendo.

--¿Está decepcionado?

-Da mucha tristeza, da mucha tristeza, da pesar porque gente con la que uno compartió, con la que trabajó, este proceso, a veces se especula y si algo me da seguridad y fortaleza es saber que esto lo construimos entre todos, es una construcción colectiva.

Santrich es un hombre que en toda esta letra (del acuerdo de paz) tiene que ver. Aquí está la mano de Santrich. Todo eso a uno le duele, pero 50 años de confrontación lo tienen a uno preparado para afrontar una situación de este tipo.

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El futuro del mundo explicado por el hombre que dirige la mayor agencia de desarrollo

 Achim Steiner, administrador del PNUD, advierte de que el cambio climático es cruel porque castiga a quienes menos han contribuido a él. Pero, asegura, ni los ricos van a poder comprarse un escenario distinto

 

La trayectoria de Achim Steiner en el sistema de Naciones Unidas ha estado casi siempre ligada a la preservación del planeta. Dirigió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente durante una década (2006-2016), y también ha sido director general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y secretario general de la Comisión Mundial sobre Represas. Y esto se nota en sus preocupaciones actuales como administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cargo que ostenta desde junio de 2017.

Desde el pasado enero, el PNUD ya no es el encargado de coordinar al resto de agencias, fondos y programas, una función que venía ejerciendo desde hacía un cuarto de siglo. Preguntado por este cambio en su despacho de Nueva York, con el Río Este de fondo, Steiner se limita a mencionar las razones que han llevado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a crear una nueva institución de coordinación en el marco de la reforma del sistema de Naciones Unidas. En resumen, para lograr una mayor eficiencia. "Algunos podrían incluso decir que así será más fácil que nos concentremos en el trabajo de desarrollo", zanja sobre cómo afecta al PNUD esta medida.

Con todo, Steiner pilota una de las agencias más grandes de la ONU con enorme peso en el impulso de Agenda 2030, la hoja de ruta internacional para lograr un mundo más justo, pacífico y un planeta todavía habitable para esa fecha. Pero cuatro años después de su aprobación, cuando tenía que despegar y empezar a mostrar resultados, la ONU advierte que no ha sido así. No se hace lo suficiente ni se avanza al ritmo que requieren los retos de la humanidad recogidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la igualdad de género, garantizar educación de calidad para todos y sanidad universal.

Pregunta. El informe de seguimiento de los ODS dice que, al ritmo actual de progreso, no se logrará ningún objetivo en 2030. ¿Cuál es su análisis?

Respuesta. Creo que estos son objetivos realizables, nadie debería sentarse ahora y decir: "Oh, nunca lo lograremos". En algunos países estarán mucho mejor y eso debería ser un estímulo para los demás. En solo 30 años hemos logrado reducir la pobreza extrema del 36% al 8%, teniendo en cuenta que la población casi se ha duplicado en ese tiempo, es un ejemplo de que, en realidad, las políticas y los programas funcionan.

P. El documento alerta de que el cambio climático es una amenaza para los ODS y no se está haciendo suficiente contra este mal. ¿Está de acuerdo?

R.. Estamos lejos de hacer lo suficiente. Pero seamos claros, Europa se ha comprometido a una reducción de emisiones del 40% y tengo mucha confianza en que cumplirá. Igualmente, hace 10 años, el mundo siempre señalaba a China e India como países que estaban frenando el progreso en la acción climática global. Hoy es diferente. China está trabajando activamente en la diversificación de su matriz energética para reducir las emisiones. Como estos, puedo dar muchos ejemplos. El problema es que hemos construido este sistema durante 200 años y ahora estamos perdiendo un tiempo que no tenemos para hacer un cambio en nuestros sistemas energéticos, de transporte, agrícolas... Nos dirigimos hacia una situación de emergencia, la ventana se está cerrando y no estamos actuando lo suficientemente rápido, que es distinto a decir que no se está haciendo nada.

P. Entonces, ¿qué hace falta para salvar el planeta?

R. La verdad amarga es que quienes son lo suficientemente ricos comprarán su salida. Comprarán tierras más altas; aquellos que sean lo suficientemente ricos se mudarán de las naciones isleñas que desaparecerán por la subida de los océanos, podrán pagar el doble de primas para asegurar sus propiedades contra inundaciones y poner más aires acondicionados en sus casas. Algunos comienzan a usar la ruta del norte y celebran el hecho de que el hielo del Ártico se esté derritiendo, lo que facilita el transporte de combustibles fósiles. Es la ironía de principios del siglo XXI: el cambio climático es un fenómeno muy cruel porque ha comenzado a castigar a quienes menos han contribuido a él. Pero en algún momento, incluso con todo el dinero del mundo, no vas a comprarte un futuro diferente.

P. ¿Qué hace el PNUD en este sentido?

Respuesta. El PNUD se ha convertido en uno de los principales socios de los países en desarrollo para abordar la adaptación al cambio climático. Esto se consigue con estrategias nacionales para introducir energías renovables, así como sistemas de transporte más eficientes energéticamente. Hoy tenemos más de 800 proyectos en los 140 países a los que apoyamos, y cerca de dos tercios de ellos están directamente relacionados con el cambio climático.

P. El otro problema que frena el progreso del mundo es, según la ONU, la desigualdad. ¿Qué se debe hacer contra este problema?

R. La desigualdad afecta a todas nuestras sociedades, tanto en las llamadas naciones desarrolladas como las que están en vías de desarrollo. Las tensiones políticas y la polarización han surgido de un aumento en el nivel de desigualdad. El problema es que hemos seguido un paradigma económico que básicamente pone el crecimiento económico por encima de todo lo demás. Nos dijimos: "Mira, la destrucción del medio ambiente y la creciente desigualdad social son en realidad el precio que pagas por un desarrollo acelerado". La gente ya no está dispuesta a aceptar esto.

P. ¿La solución es un cambio del sistema económico?

R. A lo que nos enfrentamos ahora es a cómo abordamos el desarrollo sin, digamos, una disrupción económica. Porque los ricos a los que les ha ido bien con este sistema económico no quieren cambiarlo ni debatir sobre los impuestos, subsidios, sobre cómo se sostiene el sistema de bienestar social o cuánto invierte el Estado en la gente que de otra manera no se las arreglaría, ya sea en las niñas para acceder a la educación, las personas con discapacidad o las comunidades rurales. No se trata de hacer que todos sean iguales, lo que es una contra teoría ingenua; se trata de la equidad en el acceso a las oportunidades. La gente ya no aceptará que, por el hecho de haber nacido en una parte de la ciudad, no se tenga el mismo acceso a la educación que alguien en el otro lado. Pero, ¿significa que todos terminarán con el mismo título universitario? Obviamente, no.

P. ¿Se puede evitar el debate sobre impuestos, acumulación de riqueza y paraísos fiscales en la lucha contra la desigualdad?

R. Puedes culpar a las personas ricas, pero creo que es, francamente hablando, una idea limitada. La riqueza extrema es producto de un marco regulatorio que la permite, tolera y promueve. Me sorprendió, hace unas semanas, que varios multimillonarios en Estados Unidos decían que están listos para pagar más impuestos, porque la sociedad en la que quieren vivir no es una en la que su riqueza pueda crecer sin cesar. Ya sabes, las personas no están seguras mientras otras tantas viven en la miseria y cuyos hijos están en condiciones de extrema pobreza. Las discusiones que queremos apoyar son: ¿cuál es el nivel correcto de impuestos? ¿Cómo deben invertirse los ingresos fiscales? ¿Cuál debe ser la proporción de fondos para zonas urbanas y rurales? ¿Y entre educación y defensa? Estas son elecciones que las sociedades tienen que hacer, pero nuestro papel como Naciones Unidas no es decirles cuál debe ser su elección.

P. ¿Cuál es su papel?

R. Mostrarle a los países cuáles son sus opciones. Y, con la experiencia de ver el ingenio de los seres humanos por todo el mundo, poder enseñarles buenos ejemplos. Si quieren eliminar gradualmente los combustibles fósiles, indicarles la forma en que algunas sociedades lo han hecho con éxito, que no es simplemente anunciando el lunes por la mañana que el precio de la gasolina aumentará en un 20%, lo que hará que todos se enfaden. Con el tema de los impuestos, ¿quién está a favor? Nadie. Pero a todo el mundo le gustaría tener sanidad, un sistema de seguridad social, carreteras, policía en la calle... Así que pagamos impuestos y, en muchos países, no nos oponemos a ello. Lo que no nos gusta es pagarlos y no ver lo que deberíamos obtener a cambio.

P. Se habla mucho de acelerar las medidas para conseguir los ODS en 2030. Pero ¿por qué no se habla de dejar de hacer lo que no funciona, causa daño o impide el progreso, como la venta de armas o los paraísos fiscales?

R. Algo, claramente, no está funcionando muy bien. En 2019 tenemos más conflictos armados dentro y entre países de los hemos tenido en los últimos 30 años. Hay 70 millones de personas que se han visto obligadas a dejar el lugar que llaman hogar. Estos son

P. ¿Qué falla?

R. Si recuerdo bien, entre las grandes potencias se gastan fácilmente un billón de dólares en Defensa. Mientras que la financiación total de la Cooperación para el Desarrollo es de alrededor de 150.000 millones. Es una proporción de nueve a uno. Esta ratio de inversión ya dice mucho. Dirijo hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el más grande en la familia de las Naciones Unidas. Funciona en 170 países. Pero su capacidad para invertir en el desarrollo es una fracción de lo que puede hacer un ministro de Defensa nacional al comprar la próxima ronda de tanques o aviones. Creo que sería interesante que en el futuro, el conflicto no sea la solución, sino que la cooperación sea el camino a seguir. Habrá quienes dirán que esto es solo un sueño. Pero no. Hay argumentos sobre qué funciona mejor, si las inversiones militares o para el desarrollo. Hay una cierta ironía en el hecho de que, entre las cinco potencias del Consejo de Seguridad con derecho a veto, cuatro son las mayores exportadoras de armas del mundo. No es una buena estadística.

P. Siempre se mencionan los casos de China e India como buenos ejemplos de desarrollo. Pero África subsahariana, según los informes, no avanza. ¿Se está el mundo olvidando de esta región?

R. No debemos subestimar el tamaño de África y la cantidad de países que tiene, más de 50. En este continente hay historias muy diferentes que contar. Algunas de las economías de más rápido crecimiento en la última década son africanas. Senegal es un buen ejemplo. Pero lo que el mundo oye y ve de África son los conflictos y las guerras civiles como la que hay en República Centroafricana. Creo que existe la clara necesidad de mejorar la gobernanza y la creación de instituciones, porque los países en los que los Gobiernos no funcionan tarde o temprano se desmoronan. En segundo lugar, la comunidad internacional tiene que invertir en África, creo que los rendimientos serán enormes. Es la región económica con mayor y más rápido crecimiento en el mundo. Pocos se dan cuenta de que, en solo 30 o 40 años, en el continente habrá 2.000 millones de ciudadanos, es un mercado global. Creo que su futuro está lleno de esperanza

Por Alejandra Agudo

Nueva York 30 JUL 2019 - 17:01 COT

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Lunes, 22 Julio 2019 05:38

¿Heil Trump?

¿Heil Trump?

Después de la semana pasada, es imposible no preguntar si el presidente de Estados Unidos es un fascista. Lo único que lo salva, tal vez, de ganarse esa etiqueta es que el autoproclamado genio muy estable no tiene la capacidad o disciplina intelectual como para formular una ideología, ni un plan estratégico para implementarla, comparable al de las figuras históricas más reconocidas que por lo menos sabían a qué se refería ese termino: Hitler, Mussolini, Franco, y sus herederos en tiempos más recientes. Por lo tanto, algunos sugieren que quizá se le podría llamar proto-fascista o un “fascista wannabe”.

 

En los últimos días, el jefe del régimen estadunidense acusó, al atacar a cuatro representantes federales progresistas y feroces críticas de su gobierno, que si no están de acuerdo con él y su visión de este país, odian a Estados Unidos, deberían de regresarse de donde vinieron (aún si son ciudadanas), y afirmó que nadie debería criticar a Estados Unidos bajo su mandato: no puedes hablar así de nuestro país, no mientras sea presidente.

 

Esta misma semana, frente a un mitin de campaña de relección en Carolina del Norte, sus fanáticos corearon que las regresen, que las regresen cuando mencionó el nombre de las legisladoras (tres de ellas nacidas aquí, otra llegó de niña como refugiada, ninguna blanca). Con todo esto no sólo resucitó la disputa histórica sobre quién es, o no, estadunidense y quién lo decide, sino también continuó convocando a las fuerzas supremacistas nacionales y/o fascistas siempre presentes en este país.

 

Ante todo esto, algunos expertos y comentaristas, junto con víctimas de regímenes fascistas de otros países y tiempos, están haciendo sonar las alarmas.

 

Jason Stanley, profesor de filosofía en la Universidad de Yale, autor del libro Cómo funciona el fascismo e hijo de sobrevivientes de la persecución nazi en Alemania, comentó en reacción al mitin de Trump cuando se coreó que las regresen, que “estamos enfrentando una emergencia… ésta es la cara del mal, conozco al fascismo cuando lo veo”. Explicó que todo esto forma parte de esa ideología que vincula ciudadanía a una esencia étnica o nacional mítica, y demanda una lealtad incuestionable a su líder y sus símbolos. Se llama fascismo.

 

El presidente de la ONG nacional de defensa del consumidor Public Citizen, Robert Weissman, circuló una carta alertando de que Trump está fomentando un movimiento fascista en este país.

 

Un experto en políticas migratorias señala que el uso del sufrimiento impuesto contra inocentes como la deshumanización sistemática burocratizada contra inmigrantes en Estados Unidos es comparable a tácticas de los nazis contra judíos y otras minorías en Europa.

 

Hasta la mandataria alemana Angela Merkel –líder de un país que sabe algo de esto– condenó los ataques racistas de Trump y expresó su solidaridad con las diputadas estadunidenses. Vale recordar que en 2017, la revista nacional alemana Stern puso en su portada a un Trump envuelto en la bandera estadunidense haciendo un saludo nazi (https://bit.ly/30IwaDO).

 

La lista de medidas, maniobras y tácticas que nutren el argumento de que el señor es un proto-fascista incluyen: la demonización de migrantes como invasores y colocar sus niños en jaulas, establecer campos de concentración para familias migrantes, el constante autoelogio del líder, su obsesión con desfiles militares (a pesar de que evadió su servicio militar), su cariño por otros líderes con tendencias autoritarias, sus medias bromas de que debería de ser presidente vitalicio, su constante ataque contra las medios de comunicación como enemigos del pueblo, sus amenazas de encarcelar a opositores, su acusación (reiterada en los días recientes) de que sus críticos liberales buscan la destrucción de Estados Unidos, y, resucitando ese viejo espectro: renovamos nuestra decisión de que Estados Unidos jamás será un país socialista, repitió otra vez la semana pasada en el mitin.

 

“Esto ya se trata de defender la idea de que Estados Unidos debería ser un país para todo su pueblo… Lo que harán ahora los estadunidenses frente a esto nos definirá para siempre”, advirtió Adam Serwer del The Atlantic.

 

Pero la respuesta de otros pueblos y gobiernos ante esto también definirá quiénes somos todos ante esta amenaza a escala mundial.

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“¡Los ricos no deben existir!”. Entrevista a Julie Wark

Julie Wark nació en Australia en 1945. Es politóloga y antropóloga y autora de Indonesia: Law, Propaganda and Terror (1983) y de The Human Rights Manifesto (Ediciones Barataria, 2013). Es corresponsal en Europea de la revista CounterPunch y forma parte del consejo editorial de Sin Permiso. Recientemente, junto a Daniel Raventós, ha publicado Contra la caridad. En defensa de la renta básica, también en Icaria. Responde a las preguntas de Sato Díaz para cuartopoder.es.

 

– ¿Por qué se manifiesta «contra la caridad»?

– Por su propia naturaleza, la caridad representa una relación desigual en la que una persona con recursos da tanto o tan poco como quiere, cuando quiere, donde quiere, a quien quiere, y el destinatario, ya entrado en una relación de dependencia sin posibilidad de decidir nada en el asunto, queda deshumanizado, sobretodo porque no puede corresponder. La humillación es inherente a esta relación que viola los tres principios básicos de los derechos humanos: libertad, justicia y dignidad. La caridad no existiría sin la desigualdad y no solo la desigualdad económica sino también de género. Es un fenómeno social dominado por los hombres que se llaman Bill, Mark, Tony, George, Amancio, etcétera y muchos de ellos ejercen un poder no democrático en los ámbitos en los que deciden actuar caritativamente. Basta pensar en la enorme influencia de los caritativos habituales de Davos y sobretodo Bill Gates en la OMS.

Además, muchas organizaciones benéficas se establecen como una forma de evasión fiscal. Como resultado de la evasión fiscal de los ricos, hay menos dinero para los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la vivienda y un aumento concomitante de la pobreza y la desigualdad. Y si los servicios públicos se subcontratan a empresas privadas que excluyen a los más pobres, estamos hablando de un grave problema de derechos humanos, literalmente una cuestión de vida o muerte: las personas de las comunidades pobres tienden a morir diez o veinte años antes que las de las zonas ricas. Y hay otro aspecto del tema de género. Cuando se recortan los servicios públicos, las mujeres y las niñas suelen pagar el precio más alto. A las niñas se las sacan de la escuela cuando no hay dinero para pagar las cuotas, y las mujeres tienen que pasar más horas cuidando a los niños y a los parientes enfermos cuando se les excluye de los sistemas de atención de la salud. De hecho, el trabajo de cuidado no remunerado realizado por las mujeres se estima en 10 billones de dólares (sí, 18 ceros).

– ¿Deben los ricos no colaborar con donaciones destinadas a los pobres?

– ¡Los ricos no deben existir! Me refiero a personas que son tan ricas que unas veinte de ellas controlan tanta riqueza como la mitad del mundo. Este hecho es realmente obsceno cuando cerca de mil millones de personas en el mundo no tienen suficiente comida para llevar una vida activa. Y los ricos y su caridad o filantropía son en parte responsables de esto. Tomemos, por ejemplo, el apoyo de la Fundación Gates a la “revolución verde” en África. Se trata de un paquete tecnológico caro que los pequeños agricultores no pueden permitirse. Los beneficios van a empresas como Monsanto para semillas y agroquímicos y todo el proyecto es una forma de racismo neocolonial porque los agricultores del país no pueden decidir por sí mismos.

Mucha de la caridad de las celebridades ricas es altamente conspicua y les encanta publicitarla con galas enormemente extravagantes donde pueden lucir sus joyas y ropa de alta costura. Dicen que hacen caridad para disminuir la tragedia de la desigualdad y la pobreza pero en realidad están realizando un espectáculo que de alguna manera intenta normalizar o justificar el enorme abismo que existe entre ellos y las personas que se supone que son beneficiarios de su magnanimidad.

Ya en el S.XVIII, Adam Smith no solamente señaló el deterioro moral de la idolatría por estas celebridades, sino que también apuntó directamente al meollo de la economía política. Las celebridades juegan un papel necesario en la creación y mantenimiento de la estratificación social: “[La] propensión a admirar, y casi adorar, a los ricos y a los poderosos, y despreciar o, al menos, ignorar a las personas de condición pobre y sencilla, aunque es necesaria tanto para establecer como para mantener el orden social es, al mismo tiempo, la causa mayor y más universal de corrupción de nuestros sentimientos morales”.

¿Qué es exactamente lo que dan los ricos a los pobres? Dan más pobreza, más daño ambiental y más humillación. Hacen su papel caritativo dentro del marco de neoliberalismo y lo sostienen haciéndolo. Así que, por lo general, mi respuesta a tu pregunta es no: los ricos tan ricos no deben colaborar con donaciones destinadas a los pobres porque no deben existir. Su munificencia es liberticida. La explotación de unos humanos por otros es algo espantoso y aún peor cuando se tapa con las finas ropas de la caridad.

– El empresario Amancio Ortega donando a la sanidad pública para combatir el cáncer. ¿Qué opina sobre esta imagen?

– Lo encuentro horrible. Uno de los hombres más ricos del mundo puede obtener un beneficio fiscal de entre 108 y 123 millones de euros, gracias a la normativa tributaria que permite desgravar en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, respectivamente, el 35% de las aportaciones empresariales y el 40% de las societarias a las fundaciones que realizan donaciones de este tipo. “Una buena parte de ese dinero lo pone la Administración a través del beneficio fiscal,” explica Carlos Cruzado presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Además, los 300 millones que Ortega ha donado a través de su fundación a la sanidad pública representan tan sólo la mitad de los casi 600 millones en impuestos que su empresa Zara ha eludido con ingeniería fiscal, según un informe presentado por Los Verdes en el Parlamento Europeo en 2016. En todo caso, la sanidad pública deber tener presupuesto propio. Una persona ajena del sistema no debe decidir cuánto dinero se invierte y donde (como lo hace Bill Gates con la OMS).

En general, el filantrocapitalismo (un oxímoron) tipo Ortega tiene cinco características inaceptables: 1) Utiliza un enfoque del desarrollo basado en el mercado y hace hincapié en la medición de los resultados y el impacto: algoritmos y no indicadores humanos; 2) Las fundaciones filantrópicas pueden tener una influencia despótica en las agendas políticas; 3) La gobernanza mundial se ve debilitada por la influencia antidemocrática de entidades caritativas que, en su calidad de principales financiadores, toman las decisiones en las asociaciones internacionales, devalúan los órganos públicos e ignoran las necesidades locales; 4) Hay una ausencia general de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas: y 5) El filantrocapitalismo es una relación de poder y los receptores tienen poco o nada que decir sobre cómo deben ser «ayudados», incluso cuando saben que la ayuda es realmente perjudicial para ellos y su forma de vida.

– ¿Cómo valora el sistema fiscal español?

– No soy economista, así que no puedo dar una respuesta técnica. Según un artículo en El País, España sufre una pérdida anual de ingresos fiscales de entre 50.000 y 60.000 millones de euros, que principalmente se debe al fraude y a la elusión fiscal realizadas por las grandes empresas a través de los paraísos fiscales. Hay consecuencias graves. Debilita al Estado y afecta a la calidad de los servicios públicos y sus recursos. Aumenta el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos: el fraude fiscal le cuesta a cada contribuyente español 2.000 euros anuales para tapar el agujero que provocan los defraudadores. Y perjudica los objetivos de redistribución de la riqueza previstos por la legislación.

El fraude fiscal es un problema grave por todas partes y va ligado con el hecho de que hay ricos muy poderosos que actúan con impunidad, a menudo escondiéndose detrás de las organizaciones benéficas. Aquí citaría las declaraciones que hizo el historiador holandés Rutger Bregman en el último Foro de Davos: “La industria debería dejar de hablar de filantropía y comenzar a hablar de impuestos. Eso es: impuestos, impuestos e impuestos. He visto cómo 1.500 personas han viajado a Davos en un jet privado para escuchar a David Attenborough hablar sobre el cambio climático, pero nadie para conversar sobre aumentar el impuesto de los ricos o luchar contra el fraude fiscal”.

– Su apuesta es en favor de una renta básica universal. ¿Se puede financiar hoy en día? ¿Qué ejemplos hay de ello?

– Mi coautor, Daniel Raventós, y sus colegas han realizado estudios detallados que muestran cómo se puede financiar una renta básica universal en España con un modelo de aplicación universal. Citaré algunos de los resultados tal como aparecen en nuestro libro. A partir de una enorme base de datos sobre el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) del Reino de España, se ha demostrado que es posible financiar una renta básica equivalente al umbral de la pobreza para todas las personas que viven en él.

Un tipo impositivo único del 49% puede financiar una renta básica para alrededor de 34,3 millones de personas (casi 28 millones de adultos y más de 6,5 millones de menores), mientras que los niveles preexistentes de ingresos fiscales quedarían garantizados. Además, incluye a los 9,4 millones de personas no detectadas en los datos del IRPF, lo que significa que 43,7 millones de ciudadanos y residentes acreditados en el Reino de España podrían recibir una renta básica. Con una renta básica, la situación del 61,7 % de declarantes mejoraría. Esta cifra asciende al 75%, cuando se incluye a las personas dependientes de los contribuyentes, ya que la renta básica se paga a individuos. Por consiguiente, las cifras para los que pierden son del 38,3 y del 25%, respectivamente.

Es posible financiar una renta básica igual al umbral de pobreza sin tocar ni un solo céntimo de los ingresos fiscales anteriores a la reforma que proponemos, lo que significa que el gasto social actualmente financiado con el IRPF, básicamente sanidad y educación, permanecería intacto. Además, si los ricos declararan sus fortunas como es debido, no cabe duda de que sería aún más fácil financiar la renta básica. Hay proyectos piloto en otras partes del mundo pero, que yo sepa, el estudio de Raventós y sus colegas economistas es el único que se ha llevado a cabo con tanto detalle y, en particular, con vistas a financiar una renta básica universal e incondicional por encima del umbral de la pobreza y a dejar intactos, e incluso mejorados, los servicios públicos.

– Los principales sindicatos no incluyen una renta básica entre sus reivindicaciones cotidianas. ¿Cómo les convencería de que lo hicieran?

– Aquí citaré un artículo de Daniel Raventós en Sin Permiso que resume las objeciones principales de los sindicatos y responde a ellas. 1) «La renta básica socavaría la capacidad de los sindicatos de acción colectiva porque aumenta el poder de negociación individual de los trabajadores, creando así una situación de supervivencia de los más espabilados»Es cierto que los trabajadores que reciben una renta básica tendrían más margen para decidir como individuos cuando sus condiciones de trabajo son intolerables, pero esto no significa que el poder colectivo del sindicato se debilite. De hecho, una renta básica funcionaría como un fondo de resistencia en huelgas prolongadas, que de otra manera serían muy difíciles de sostener.

2) «La mayor parte de la afiliación sindical, constituida por trabajadores a tiempo completo con contratos estables y bastante bien remunerados, piensan que podrían salir perdiendo económicamente debido a las reformas fiscales necesarias para financiar la Renta Básica». Los contratos estables a tiempo completo ya son una rareza. A diferencia del conservadurismo de unos pocos trabajadores relativamente bien pagados hay un gran número de personas que trabajan en condiciones precarias y que se beneficiarían mucho de una renta básica.

3) «La Renta Básica es un pretexto para desmantelar el estado de bienestar, un mero “cheque” a cambio de la privatización y degradación de lo que antes eran buenos servicios públicos». El reclamo erróneo sobre la destrucción de los servicios de bienestar se ha vuelto tan generalizado que en el Congreso Internacional de la BIEN (Basic Income Earth Network, Seúl 2016), la mayoría de los miembros acordaron apoyar un Ingreso Básico que se opone a la sustitución de los servicios o derechos sociales, si esta sustitución empeora la situación de las personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de bajos ingresos. Una Renta Básica financiada a través de la tributación progresiva mantendría y fortalecería el Estado del bienestar, que sería mucho más ágil sin el engorroso aparato intrusivo que requieren las subvenciones condicionadas.

4) «Los empresarios harían presión para reducir los salarios ya que con la renta básica argumentarían que parte de los salarios estarían cubiertos». Es el mismo argumento que se ha dado por parte de los sindicatos en Italia, por ejemplo, para impedir que se instaure un salario mínimo interprofesional. Opinión que los sindicatos de los Estados en donde existe un salario mínimo interprofesional no solamente no comparten sino que la discrepan fuertemente.

5) «Siendo una propuesta que desvincula la existencia material del empleo y de los derechos a él relacionados, la renta básica se opone a la cultura del empleo y la idea predominante según la cual el trabajo remunerado da dignidad a la gente y lo demás son paliativos». Sin discutir los efectos que la robotización tendrá en el trabajo, se puede afirmar que la renta básica no es incompatible ni se opone al empleo. Aporta una forma flexible de compartirlo. Este argumento ignora completamente el valor del trabajo voluntario y doméstico. El suelo firme que proporciona la renta básica permite un movimiento más fluido entre empleo, formación y familia y el reparto del tiempo de trabajo se vería incentivado porque personas que en algún momento de su vida precisasen de mayor tiempo por distintas razones (cuidado de alguna persona, estudios, descanso…) tendrían mayores posibilidades de elegir.

6) «La renta básica podría adormecer o apaciguar la capacidad de lucha de la clase trabajadora al asegurarle una mínima existencia y ello comportaría que los empresarios puedan hacer y deshacer sus proyectos con mayor tranquilidad». La situación provocada por la crisis económica y las políticas económicas que se han puesto en funcionamiento en consecuencia, ha provocado una situación de miedo a perder el puesto de trabajo y a aceptar cada vez condiciones de trabajo peores. El efecto disciplinador que supone una cantidad muy elevada de trabajadores en paro actúa de forma implacable. Una renta básica destrozaría este efecto disciplinador contra la población trabajadora. Algo que los sindicatos deberían valorar muy seriamente.

– Los partidos políticos de izquierdas, tampoco. ¿A qué cree que es debido?

– No lo sé. Cuesta entenderlo. Una de las razones es que no se entiende bien la renta básica, quizá sobre todo porque lo crean, equivocadamente, una forma de desmantelar los servicios públicos. Luego, varios observadores influyentes de la izquierda lo tildan de estafa de los oligarcas. O puede ser que los partidos lo temen por la reacción que esperan de los poderes fácticos, de los banqueros, de los ciudadanos más ricos y de los medios de comunicación. O incluso quizá porque, en última instancia, al potenciar la base de la sociedad, podría ser una medida altamente democratizadora, especialmente para las mujeres.

Hoy en día, los nuevos estudios están demostrando que sería una medida muy feminista. Pero, históricamente hablando, los partidos políticos de izquierdas, principalmente liderados por hombres, no han sido muy audaces (o de izquierdas) cuando se trata de reformas radicalmente democráticas. O cuando se trata del feminismo.

– En definitiva, ¿es hoy una renta básica una utopía?

– No. Porque no se puede hacer una sociedad perfecta (de humanos muy imperfectos). Tal vez sería más pertinente preguntar: ¿es revolucionario el ingreso básico? No lo es, pero tampoco lo son reformas como los aumentos salariales, más poder para los sindicatos, sistemas generosos de salud pública, educación y vivienda, el gobierno responsable, transparente y ético, los derechos de mujeres y de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales…

El capitalismo es un problema grave para cualquiera que quiera una sociedad decente. Ha causado la extinción de unas 550 especies en los últimos 100 años, y ha llevado a todo el planeta a los terrores de la era antropocena. Necesitamos respuestas muy radicales para llevar a cabo un cambio total. La renta básica es “reformista” en el sentido clásico de la palabra, aunque podría representar un paso revolucionario hacia una sociedad más libre, más justa y más decente, precisamente porque es una medida universal que seguramente reforzaría los derechos humanos universales. Y, en el fondo y políticamente hablando, «universal» es una categoría muy radical. De todas formas, ¿quién tiene ahora mismo una idea mejor para derrotar definitivamente al sistema capitalista, que es un asunto de gran urgencia para todo el planeta?

 

08/07/2019

 

Julie Wark, autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós, recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

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