Reconocer derechos de mujeres, esencial para el desarrollo

Desde principios del siglo XX, marzo ha sido un mes clave para las luchas por los derechos de las mujeres, quienes, a pesar de los persistentes obstáculos, han alcanzado enormes logros en la búsqueda por garantizar su autonomía física, económica y en la toma de decisiones.

En América Latina y el Caribe las mujeres han sido capaces de sobrellevar obstáculos, organizarse y construir una mirada regional, a la vez que han participado activamente en los debates globales. A pesar de todos esos esfuerzos, la desigualdad de género continúa siendo un rasgo estructural de la región.


En nuestros países, la discriminación y la violencia contra las mujeres se mantiene como problemática que se manifiesta en los hogares, en los espacios públicos, en los lugares de estudio y de trabajo y que impacta de manera decisiva en sus posibilidades de generar ingresos propios, emprender, superar la pobreza y desarrollarse profesional y personalmente.
Hoy, en nuestro continente, la pobreza tiene aún rostro de mujer: por cada 100 hombres en esa condición hay 118 mujeres que no logran traspasar la línea de las privaciones. Un tercio de las latinoamericanas (29 por ciento) no logra generar ingresos y es económicamente dependiente. Además, cerca de la mitad no tiene vínculo con el mercado laboral.


No obstante, más allá de los esfuerzos por reducir la brecha salarial en décadas recientes, las mujeres perciben salarios 16.1 por ciento menores a los de los hombres en la misma condición.


Esta brecha se acentúa en las mujeres con mayores años de estudios.


En materia de autonomía física, el fenómeno extremo del feminicidio ha sido imposible de detener en la región y tampoco muestra señales de disminución, a pesar de los importantes avances normativos y de política pública.


Al menos 2 mil 795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de la región, según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal.


La tasa de fecundidad en adolescentes es una de las más altas del mundo, solamente superada en países de África subsahariana. En general, las naciones latinoamericanas y caribeñas poseen una tasa de maternidad en adolescentes que está por encima de 12 por ciento, dato que tiende a ser más expresivo en el grupo de adolescentes de menores ingresos y menor nivel educativo.


En cuanto a la autonomía en la toma de decisiones, algunos procesos electorales en la región han permitido contar con una mayor presencia de mujeres en los parlamentos. No obstante, las mujeres siguen subrepresentadas en los espacios de toma de decisión.


Los datos más recientes muestran que ellas son solamente la cuarta parte entre los ministros de Estado y que su participación en los gabinetes suele concentrarse en carteras de carácter social y cultural, más que en las referidas a la materia económica.


Además, según los indicadores para el seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región cuenta con 29.2 por ciento de concejalas electas en gobiernos a escala local.


En la Cepal tenemos la convicción de que la desigualdad de género, además de ser injusta, es profundamente ineficiente y es un obstáculo que conspira para alcanzar el desarrollo sostenible.


Por ello, en esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, insistimos en la urgencia de reconocer los derechos de las mujeres y la igualdad como elementos centrales y transversales de toda acción del Estado para fortalecer la democracia y para un desarrollo inclusivo y sostenible.

Por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

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HRW denuncia que Colombia promueve a militares bajo sospecha de participar en ejecuciones extrajudiciales

La ONG acusa al Gobierno de Iván Duque de situar en puestos clave a nueve generales investigados directa o indirectamente por el escándalo de los falsos positivos


El Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del Ejército colombiano a al menos nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate —conocido como el escándalo de los falsos positivos—, según ha señalado este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía General de la Nación, la organización de defensa de los derechos humanos sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo directamente investigados. Los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis.


“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.


En diciembre, cuando renovó la cúpula militar, Duque nombró al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército. En ese mismo mes, el Gobierno nombró nuevos comandantes en varias posiciones clave. La ONG asegura haber encontrado pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho de esos generales con el caso de los falsos positivos y con otros abusos. El actual comandante del Ejército fue, entre octubre de 2004 y enero de 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada, según detalla la ONG.


Además de Martínez Espinel, los otros generales promovidos por Duque a comandancias del Ejército que menciona el informe de HRW son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra más graves cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre las más de 2.000 ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. El tercer proceso que asume ese sistema de justicia transicional —surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC— se abrió a mediados del año pasado a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de "falsos positivos" entre 1988 y 2014. Casi la mitad de los casos son jóvenes humildes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador y mentor político de Duque, y es especialmente crítico entre 2006 y 2008.


En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos "están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos", apuntó la JEP en su momento. Al priorizar el caso de los falsos positivos, el tribunal tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también había llamado la atención sobre este fenómeno, una de las peores manchas de un conflicto armado que por más de medio siglo ha involucrado al Estado, guerrillas y grupos paramilitares.


A pesar de que los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército por su papel en las ejecuciones extrajudiciales —en su mayoría soldados rasos, apunta Human Rights Watch—, las autoridades no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes.

Bogotá 27 FEB 2019 - 12:00 COT

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Aislado y espiado, Assange sigue dando pelea

En un escrito judicial, Assange pide que la CIDH requiera a Estados Unidos que blanquee su intención de llevarlo a juicio. También reclama que el gobierno de Lenín Moreno deje de hostigarlo, castigarlo, vigilarlo y amenazarlo.

Solo, enfermo, aislado, espiado y amenazado. Pero todavía dando pelea. Así transita hoy sus días, en la embajada de Ecuador en Londres, el editor que reveló los secretos más devastadores de uno de los imperios más poderosos de la historia.

Eso dice, palabras más, palabras menos, un documento judicial escrito y firmado con los nombres completos, dos días después de Navidad, por Julian Paul Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks.org, y su abogado, el legendario ex juez español Baltasar Garzón Real. Se trata de un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares contra los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador, del cual PáginaI12 obtuvo una copia.


El documento ofrece una cruda descripción de la manera en que la hostilidad del gobierno estadounidense hacia Assange fue creciendo a medida que WikiLeaks publicaba nuevas revelaciones de filtradores anónimos que desnudaban los peores vicios de las instituciones militares, diplomáticas, políticas y de inteligencia de los Estados Unidos. Según la demanda, la persecución empezó en el 2002 cuando WikiLeaks publicó documentos secretos sobre la prisión de Guantánamo. La presión se intensificó después de la publicación de los partes de guerra de Afganistán e Irak. Entre una y otra publicación Assange fue detenido en Gran Bretaña por un pedido de captura sueco en relación a un delito sexual por el que nunca sería acusado. Después llegó el “cablegate” de despachos diplomáticos que sacudió al mundo. Assange se asiló en la embajada ecuatoriana, en un departamento de unos 180 metros cuadrados que debe compartir con la delegación diplomática, sin aire puro ni luz solar desde hace más de seis años y medio.


Estando ya en la embajada, el editor de WikiLeaks publicó en 2016 filtraciones sobre Hillary Clinton y las internas de su partido en plena campaña presidencial, que le valieron a Assange un juicio penal del Partido Demócrata por supuesta interferencia en el proceso electoral estadounidense, a través de un presunto complot con Rusia.


La ofensiva estadounidense contra Assange recrudeció durante el gobierno de Trump después de la publicación del archivo llamado “Vault 7”, la más grande filtración de documentos secretos en la historia de la CIA: “En los referidos paquetes de información se pueden observar los medios de espionaje irregulares desplegados por la CIA en todo el mundo, por ejemplo, a través de los dispositivos móviles ‘Smart phones’ y televisiones de los ciudadanos; o un programa que inyecta troyanos en bases de datos biométricos estatales de países aliados a través del software ‘Cross Match’,”.


La demanda que presentó Assange da cuenta de cómo cada una de esas filtraciones generó incriminaciones y respuestas amenazantes de altos funcionarios de los tres poderes estadounidenses, desde pedidos de aplicación de pena de muerte hasta la descripción de WikiLeaks como “un servicio de inteligencia hostil, no estatal” en el último informe del FBI ante el comité bicameral de inteligencia del Congreso.


A esa situación, el texto de Assange y Garzón le suma el trato recibido por Chelsea Manning, la presunta fuente del “Cablegate”, condenada a 35 años y perdonada después de siete, quien durante su detención recibió un trato “cruel, inhumano y degradante”, equipable con la tortura, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial sobre tortura de la ONU, el argentino Juan Méndez. Dado que Assange ha sido acusado por un Gran Jurado de Alexandría, Virginia, que lo investiga desde el 2010 por su rol en la filtración de Manning, y dado que la acusación del Gran Jurado se mantiene “sellada” o secreta, el escrito judicial de Assange y Garzón concluye que existen serios riesgos de que el fundador de WikiLeaks sea extraditado a Estados Unidos, donde probablemente recibiría el mismo trato inhumano, cruel y degradante al que fue sujeto su presunto informante.


En su parte expeditiva la demanda judicial “solicita” que la Comisión “requiera” a Estados Unidos que le entregue “toda la información” sobre imputaciones y órdenes de captura vigentes contra Assange. “Y todo ello con la finalidad de que la CIDH medie en la posibilidad de una salida del Sr. Assange de la embajada en dirección a un país seguro,” dice la demanda. Además, el texto da cuenta del cambio de actitud del gobierno de Ecuador con respecto Assange después de que Lenín Moreno reemplazara a Rafael Correa en la presidencia de ese país. Del fuerte apoyo a su derecho a la libre expresión y de la adherencia irrestricta a los tratados internacionales en materia de asilo y defensa de los derechos humanos, el gobierno ecuatoriano ha pasado a negociar abiertamente la entrega de Assange con Estados Unidos y Gran Bretaña, a lo que ha sumado un nivel de espionaje, humillación y hostigamiento que hacen una burla de la institución del asilo, dice el documento, citando diversas y reconocidas fuentes periodísticas que darían cuenta de dichas negociaciones.


El documento se detiene en la salud de Assange. Asegura que ésta podría haber sufrido un daño irreparable y que se ha agravado con las restricciones que la embajada le impuso en marzo del año pasado como castigo por haberse manifestado a favor de la independencia catalana a través de las redes sociales. Adjunta un informe de un médico y de un psicólogo y otro del ex Presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Fernando Mariño, “quien no dudó en calificar como tortura el comportamiento de las autoridades suecas y británicas respecto al Sr. Assange.” La demanda también cita un dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condena a Gran Bretaña y Suecia por la detención arbitraria que supone la negativa a entregarle un salvoconducto a Assange para que salga de la embajada sin ser detenido.


Según la demanda ante la CIDH, desde marzo del año pasado el gobierno ecuatoriano cortó todas las comunicaciones del Assange con el mundo exterior. “La embajada instaló cuatro inhibidores, con un total de 22 antenas, que bloquean la cobertura telefónica y la señal de WiFi. Como el Sr. Assange no tiene acceso a la red telefónica de la embajada, la instalación de los inhibidores significó un total bloqueo de acceso telefónico al exterior,” dice la demanda. La embajada también le impuso severas restricciones en su régimen de visitas, incluso con respecto a sus abogados, y en octubre le hizo firmar un protocolo lleno de demandas que van desde la prohibición de hablar en público hasta el cuidado de la higiene de su gato, protocolo que los demandantes consideran absurdo y humillante, escrito con el único fin de preparar el terreno para la expulsión de Assange de la sede diplomática londinense. “El Protocolo desatiende un principio fundamental del asilo, y es que este solo cesa si el riesgo por el que se otorgó termina, no pudiendo cesar arbitraria y unilateralmente por el Estado que brinda la protección, simplemente por la vulneración de irrisorias condiciones dentro de la embajada establecidas en un documento,” escriben Assange y Garzón. “El refugio de Assange en la embajada cada vez se parece más a confinamiento en solitario,” dice la consejera legal de Human Rights Watch, Dinah Pokempner, citada en la demanda.


Al aislamiento total de Assange se suma su pérdida de privacidad, dice el escrito judicial: “El Gobierno de Ecuador habría contratado servicios especializados de seguridad para espiar al Sr. Assange...Además, según afirman los medios internacionales, esta empresa contratada por Ecuador (para espiar a Assange) habría estado reportando a diversas autoridades norteamericanas, concretamente al FBI.” Todo esto pone en grave peligro a la salud física y mental del asilado, afirma la presentación judicial: “también debe señalarse el daño irreparable que puede producirse sobre el estado de salud del Sr. Assange si la situación continúa en este impasse, dada la delicada situación física y psicológica en la que permanece desde hace años, y que se ha visto agravada tras las últimas medidas de aislamiento absoluto tomadas por el gobierno ecuatoriano.”


En concreto, los demandantes le solicitan a la CIDH, además de la medidas cautelares dirigidas a Estados Unidos, que le “indique” al gobierno ecuatoriano que derogue el protocolo, que deje de espiar a Assange y que no proceda con “la entrega del Sr. Assange a cualquier país que no dé garantías de no extradición (nonrefoulement) a Estados Unidos.”


PáginaI12 intentó comunicarse con el Secretario General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Andrés Michelena, para conocer la postura de su gobierno, pero no obtuvo respuestas ayer a mensajes grabados en el contestador de su celular. También se intentó conocer la postura del gobierno estadounidense, canalizando un pedido de comentario de la Casa Blanca o el Departamento de Estado a través de la embajada y al cierre de esta edición se aguardaba la respuesta. Asimismo se contactó a WikiLeaks para conocer su reacción a la publicación de la demanda, pero tampoco se obtuvo una contestación. Fuentes cercanas al caso aseguran que un dictamen de la CIDH sobre el caso Assange se conocerá en los próximos días.


@santiodonnell

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Las incesantes fábricas del odio, del miedo y la mentira

Cuando el respetado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, renunció al cargo en 2018, la opinión pública mundial fue manipulada para no prestar atención al hecho y mucho menos evaluar su verdadero significado. Su nombramiento para el cargo en 2014 fue un hito en las relaciones internacionales. Era el primer asiático, árabe y musulmán que ocupaba el cargo y lo desempeñó de manera brillante hasta el momento en que decidió dar un portazo por no querer ceder a las presiones que desfiguraban su cargo, desviándolo de su misión de defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos para volverlo cómplice de tales violaciones perpetradas por Estados con peso en el sistema mundial. En su discurso y entrevistas de despedida se mostraba indignado con el modo en que los derechos humanos se venían transformando en parias de las relaciones internacionales, obstaculizados por las estrategias autoritarias y unilaterales de dominio geoestratégico. Reconocía que el ejercicio de su cargo le obligaba a oponerse a la mayoría de los países que habían aprobado su nombramiento bajo pena de traicionar su misión. También llamaba la atención sobre el hecho de que el perfil de la ONU reflejaba fielmente el tipo dominante de relaciones internacionales y que, por ello, tanto podía ser una organización brillante como una organización patética, dando a entender que este último perfil era el que empezaba a regir. Era un grito de alerta sobre los peligros que el mundo corría con el avance de populismos nacionalistas de derecha y de extrema derecha que hace mucho venía señalando. Al denunciar la creciente vulnerabilidad de una buena parte de la población mundial sujeta a graves violaciones de derechos humanos, él mismo se volvió vulnerable y tuvo que abandonar el cargo. El grito de alerta cayó en el silencio de la diplomacia, de los alineamientos y de las conveniencias típicas del internacionalismo patético que había denunciado.

Todo esto ocurrió en el año en que se celebraban los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el que muchos, incluido yo mismo, defendían la necesidad de una nueva declaración, más sólida y más verdaderamente universal. Esta necesidad se mantiene, pero en este momento lo más importante es identificar las fuerzas y los procesos que están bloqueando la declaración actual y la convierten en un documento tan desechable como las poblaciones vulnerables sometidas a las violaciones de los derechos humanos que la declaración pretendía defender. Cabe recordar que esta declaración pretendía mostrar la superioridad moral del capitalismo frente al comunismo. El capitalismo prometía, al igual que el comunismo, el creciente bienestar de poblaciones cada vez mayores, pero lo hacía con respeto a los principios de la Revolución francesa: igualdad, libertad y fraternidad.
Era el único sistema compatible con la democracia y los derechos humanos.


Sin embargo, la ola conservadora y reaccionaria que asola al mundo es totalmente opuesta a la filosofía que presidió la elaboración de la Declaración Universal y constituye una seria amenaza para la democracia. Se basa en la exigencia de una doble disciplina autoritaria y radical que no se puede imponer por procesos democráticos dignos del nombre. Se trata de la disciplina económica y de la disciplina ideológica. La disciplina económica consiste en la imposición de un capitalismo autorregulado, movido exclusivamente por su lógica de incesante acumulación y concentración de la riqueza, libre de restricciones políticas o éticas; en síntesis, el capitalismo que suele designarse como capitalismo salvaje. La disciplina ideológica consiste en la inculcación de una percepción o mentalidad colectiva dominada por la existencia de peligros inminentes e imprevisibles que alcanzan a todos por igual y particularmente a los colectivos más cercanos, ya sean la familia, la comunidad o la nación. Tales peligros crean un miedo inquebrantable del extraño y del futuro, una inseguridad total ante un desconocido avasallador. En tales condiciones, no resta más seguridad que la de regresar al pasado glorioso, el refugio en la abundancia de lo que supuestamente fuimos y tuvimos.

Ambas disciplinas son tan autoritarias que configuran dos guerras no declaradas contra la gran mayoría de la población mundial, las clases populares miserabilizadas y las clases medias empobrecidas. Esta doble guerra exige un vastísimo complejo ideológico-mental propagado por todo el mundo, incluyendo nuestros barrios, nuestras casas y nuestra intimidad. Son tres las fábricas principales de este complejo: la fábrica del odio, la fábrica del miedo y la fábrica de la mentira.

En la fábrica del odio se produce la necesidad de crear enemigos y de producir las armas que los eliminen eficazmente. Los enemigos no son aquellos poderes que el pensamiento crítico izquierdista satanizó: el capitalismo, el colonialismo y el heteropatriarcado. Los verdaderos enemigos son aquellos que hasta ahora se disfrazaron de amigos, todos aquellos que inventaron la idea de opresión y movilizaron a los ingenuos (por desgracia, una buena parte de la población mundial) para la lucha contra esa opresión. Se disfrazaron de demócratas, de defensores de los derechos humanos, del Estado de derecho, de acceso al derecho, de diversidad cultural, de igualdad racial y sexual. Por eso son tan peligrosos. El odio implica el rechazo a discutir con los enemigos. A los enemigos se los elimina.

En la fábrica del miedo se produce la inseguridad y los artefactos ideológico-mentales que producen seguridad, la cual, para ser infalible, necesita de vigilancia permanente y de constante renovación de las tecnologías de la seguridad. El objetivo de la fábrica del miedo es erradicar la esperanza. Busca convertir el actual estado de cosas en el único posible y legítimo, contra el cual solo por locura o utopía disparatada se puede luchar. No se trata de validar todo lo que existe. Se trata de limpiar, de lo que existe, todo lo que impidió la perpetuación del pasado glorioso.

Por su parte, en la fábrica de la mentira se producen los hechos y las ideas alternativas a todo lo que pasó por verdad o búsqueda de verdad, como las ideas de igualdad, de libertad negativa (libertad de coerciones) y positiva (libertad para realizar objetivos propios, no impuestos ni teledirigidos), de Estado social de derecho, de violencia como negación de la democracia, de diálogo yreconocimiento del otro como alternativa a la guerra, de los bienes comunes como el agua, la educación, la salud, el medio ambiente saludable. Esta fábrica es la más estratégica de todas, porque es aquella en la cual los artefactos ideológico-mentales tienen que empaquetarse y disfrazarse de no ideológicos. Su mayor eficacia reside en no decir la verdad respecto a sí misma.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Domingo, 10 Febrero 2019 06:05

¿Por qué Honduras?

¿Por qué Honduras?

La migración hondureña se hace nuevamente presente con el formato de caravana, tres meses después de la de octubre de 2018 que llamó la atención por su masividad, beligerancia, impacto mediático y solidaridad desplegada.

La de 2019 sigue siendo muy numerosa: 11 mil 366 personas registradas el 27 de enero, y es preponderantemente hondureña (73 por ciento), en menor medida salvadoreña (13 por ciento), guatemalteca (11 por ciento) y de algunos otros países (3 por ciento).

No obstante, ya no se presenta de manera beligerante, en buena parte porque hay una nueva política migratoria de acogida al migrante y de ingreso ordenado y legal. Ya no hubo un asalto a la entrada como la escena del puente en octubre, debido a la política anterior de contención. Tampoco hay banderas hondureñas e himnos nacionales. A su vez, la caravana ha recibido menos impacto mediático que la anterior y también menos solidaridad de la población.

En otros artículos sobre el tema, había mencionado que el saldo de la caravana de octubre pasado no era favorable. Si bien no hay estadísticas precisas, sólo un grupo minoritario logró pasar la frontera, otro grupo espera en Tijuana, uno más regresó a su lugar de origen y otro recibieron condición de refugiados o visas humanitarias en México.

Pero al parecer este balance no ha impactado en la población hondureña que persiste en su afán de llegar a Estados Unidos. Tampoco han impactado las amenazas y exabruptos del inquilino de la Casa Blanca. Y las condiciones en Honduras siguen igual que antes, al presidente en turno tampoco le afectan las denuncias de sus connacionales, ni siquiera que su hermano, apresado en Miami, sea líder de un cártel hondureño. Juan Orlando Hernández cuenta con el apoyo de Estados Unidos, del Congreso y de las fuerzas armadas.

En otros casos, como en México y Colombia, la violencia sistémica suele generar desplazamientos interno más que emigración internacional. Pero en el caso de Honduras, dado el tamaño del país y de la población (nueve millones), no hay dónde ir, por eso se plantea la alternativa internacional. Es también el caso de El Salvador y Guatemala.

Las alternativas de cambio y desarrollo se han cerrado para estos países centroamericanos. La revolución armada fue un baño de sangre, del que escapó Honduras, pero lo vivió de cerca. La democracia, de derecha o de izquierda, no ha podido detener la sangría que huye de la pobreza, la violencia y las carencias institucionales. Los gobiernos corruptos se encadenan y justifican en elecciones democráticas.

La migración hondureña tiene un fuerte componente político, como en el caso de Venezuela. Este se hizo presente a lo largo de todo el trayecto de la caravana de octubre, con las banderas en alto y comunicados a la prensa. El éxodo fue acompañado por líderes políticos y de opinión como el ex diputado Bartolo Fuentes, quien asiste a reuniones de muy alto nivel en México y el comunicador Milton Benítez quien fue el interlocutor designado ante la representación de la ONU, en México, cuando se exigían camiones para el transporte de la caravana. Hay una organización y dirigencia política detrás las caravanas, por más que se afirme que se trata de un éxodo "sin Moisés". Y también hay organizaciones detrás, que "acompañan y asesoran" a los migrantes.

Los últimos datos del Pew Hipanic, para 2015 informan que el contingente de hondureños en Estados Unidos, era de tan sólo 630 mil, mientras que los guatemaltecos sumaban 980 mil y los salvadoreños un millón 420 mil. Los números responden a procesos históricos y de maduración diferente, la migración salvadoreña repunta en 1980, la guatemalteca en 1990 y la hondureña en 1998 con el huracán Mitch. Los hondureños llegaron al final de todos y tienen prisa, por probar las bondades y mezquindades del sueño americano.

Quedan pendientes muchas preguntas. Los tiempos de las caravanas no han podido ser peor escogidos. En las tres ocasiones: abril, octubre y enero le dieron en la yema del gusto a Trump. También han puesto a prueba al gobierno mexicano, el de Peña Nieto libró como pudo y el actual, con un nuevo "paradigma" de visas humanitarias, ha resuelto momentáneamente el tránsito, pero el tiempo dirá si no ha provocado un efecto llamada. A las caravanas siempre se han sumado migrantes de otras nacionalidades: cubanos, haitianos, ecuatorianos, brasileños africanos y rusos.

Por lo pronto la política de contención se da ahora en Estados Unidos, con el muro, pero también con el acuerdo aceptado por México de que EU puede devolver a solicitantes de refugio para que esperen por su proceso legal. El hondureño Carlos Gómez Perdomo de 55 años es el primero de una larga lista que ha sido retornado a México. Esta noticia tampoco parece afectar a la caravana, pero en la práctica es una medida adicional de contención para los migrantes centroamericanos y un problema adicional para México.

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Las pistolas 'flash-ball', símbolo de la brutalidad policial contra los 'chalecos amarillos' en Francia

El uso del arma que dispara con balas de goma para dispersar protestas está prohibido en la mayoría de los países europeos.

Activistas de la ONG francesa Liga para los Derechos Humanos (LDH) enviaron esta semana una apelación al Consejo de Estado en busca de la prohibición del uso por la Policía de las 'flash-ball' (LBD), armas que disparan balas de goma, contra los manifestantes. "La falta de garantías suficientes en la ley francesa socava el derecho constitucional a la vida y el respeto hacia la seguridad física", argumentaron.


Anteriormente, el Consejo de Estado rechazó las peticiones de los defensores de los derechos humanos, dictaminando que las 'flash-ball' son necesarias y "particularmente adecuadas" para contrarrestar la violencia durante las protestas.


Arma urbana


Descritas como "menos letales" o "no letales", estas armas, desarrolladas por la empresa francesa Verney-Carron, pueden causar graves lesiones y están prohibidas para el uso policial durante las protestas en la mayoría de los países europeos. El actual modelo, LBD 40, dispara proyectiles de 40 mm con una velocidad de hasta 100 metros por segundo.


Según un estudio de 2006, pese a que están diseñadas para evitar la penetración en la piel, las 'flash-ball' "incluso pueden causar heridas mayores con graves lesiones asociadas en los órganos internos".


Otro estudio de 2015 se centró en el caso de un hombre de 34 años, a quien le dispararon en la cabeza durante una protesta. El hombre sufrió "graves" lesiones cerebrales y daños en el cráneo, que requirieron dos meses de tratamiento y rehabilitación. Los investigadores describieron la 'flash-ball' como "potencialmente letal" y peligrosa, sobre todo si apunta a la cabeza.


Esta arma "menos letal" fue utilizada durante los disturbios de 2005 en París, y con los años varias personas murieron tras el impacto de sus balas. En 2010 falleció Mustapha Ziani, quien sufrió un paro cardíaco después de que un policía le disparara en el pecho con una 'flash-ball' durante un altercado en su casa en Marsella. El agente recibió una condena suspendida de seis meses por homicidio involuntario.


La sangre de los 'chalecos amarillos'


Desde que en Francia se desataron las masivas protestas antigubernamentales de los 'chalecos amarillos' en noviembre del año pasado, la Policía ha utilizado las 'flash-ball' más de 9.200 veces. Los enfrentamientos se saldaron con numerosos heridos de ambos lados. En las recientes protestas los franceses salieron a las calles para denunciar el uso de estas armas, que se han convertido en el símbolo de la brutalidad policial.


Según el grupo contra la violencia policial Désarmons-les!, al menos 20 personas perdieron la vista por el impacto de las 'flash-ball' o la metralla de granadas. El grupo documentó más de 120 personas que afirman haber sido heridas por las armas "menos letales", en su mayoría por LBD 40 o granadas instantáneas de gas lacrimógeno GLI-F4. Muchas de ellas quedaron con las cara desfigurada.


Una de las 'caras' de la brutalidad policial durante las protestas de los 'chalecos amarillos' es Fiorina L., de 20 años, que perdió su ojo izquierdo tras una explosión de una granada de gas en la avenida parisina de los Campos Elíseos en diciembre.


Otro manifestante, Jérôme Rodrigues, una figura prominente de las protestas que fue herido en el ojo por un proyectil y puede perderlo, comentó a RT que los franceses salen con tres reivindicaciones generales: "poder vivir dignamente" de su salario, "crear una nueva forma de democracia" para poner fin al actual "sistema arcaico en las instituciones francesas" y "poner fin a los privilegios" de la clase gobernante.


"¿Por qué un diputado puede enterrar dignamente a sus familiares y tiene dinero suficiente para eso, mientras que nosotros debemos pedir un crédito, la gente gracias a la que Francia existe y se desarrolla? Y nosotros nos vemos obligados a sufrir para hacer los funerales", comentó Jérôme.


 Un líder de los 'chalecos amarillos' enumera las tres reivindicaciones clave del movimiento 

Una de las prominentes figuras de los 'chalecos amarillos' Jérôme Rodrigues, que hace dos semanas fue hospitalizado tras recibir en un ojo el impacto de un proyectil supuestamente lanzado por agentes antidisturbios, ha explicado a RT cuáles son las tres principales reivindicaciones del movimiento.

Lo que buscan los manifestantes, según Rodrigues, es "vivir dignamente" de su salario en Francia; tener una nueva forma de democracia —pues el sistema actual es "arcaico"—, y también poner fin "a los privilegios", bajo los cuales un diputado puede "vivir dignamente" con su sueldo, mientras que el pueblo, los jóvenes que "hacen crecer al país", tienen que pedir créditos y pagar los intereses bancarios.


A estos reclamos se suma el de prohibir el uso por las fuerzas de seguridad de armas que lanzan proyectiles de goma (LBD) y poner fin a "esta negación de la democracia que está creando Emmanuel Macron", asevera el Rodrigues, que prometió "seguir marchando" hasta que se les escuche.


• Los manifestantes y la Policía han protagonizado choques este sábado en la 13.ª semana de protestas del movimiento 'chalecos amarillos'.


• Los agentes han utilizado gas lacrimógeno para dispersar a la multitud antes de que estallaran los primeros enfrentamientos, en los que uno de los manifestantes ha perdido la mano por el estallido de una granada de gas.

Publicado: 9 feb 2019 23:19 GMT | Última actualización: 9 feb 2019 23:24 GMT

 

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Un informe reservado de la UE denuncia ‘apartheid’ legal en Cisjordania

Los representantes europeos sostienen que Israel somete a los palestinos a “discriminación sistemática”

La adolescente Ahed Tamimi, icono de la resistencia palestina, fue condenada a ocho meses de cárcel por abofetear en 2017 a un militar israelí en su casa de Nabi Saleh, al norte de Ramala, capital administrativa de Cisjordania. El soldado Elor Azaria permaneció entre rejas durante 14 meses tras ser condenado en un consejo de guerra por rematar a un atacante palestino que yacía malherido en la ciudad de Hebrón (sur) en 2016. Tras medio siglo de ocupación, los representantes diplomáticos de los 28 países de la UE constatan la “sistemática discriminación legal” que sufren los palestinos en Cisjordania. En un informe confidencial dirigido a los responsables del Servicio Exterior en Bruselas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los embajadores en Jerusalén Este y Ramala reclaman que Israel reforme la justicia militar para “garantizar un proceso y juicio justos de acuerdo a la ley internacional”.

Los diplomáticos que suscriben el documento representan a Gobiernos que en ocasiones divergen abiertamente sobre el conflicto israelo-palestino, pero que se han puesto de acuerdo en describir el ejercicio efectivo de la ocupación israelí en Cisjordania como “un régimen dual”. Aunque no figura en el texto la expresión apartheid legal, su contenido da cuenta de una justicia segregada. "El informe es una cartografía de la situación de los derechos en la denominada Área C, de mandato exclusivo israelí y que cubre el 60% del territorio ocupado, con un conjunto de recomendaciones dirigidas a Bruselas endosadas por todos los jefes de misión", precisa una fuente europea en Jerusalén.


A los palestinos se les aplica la ley marcial y los reglamentos dictados por un departamento del Ministerio de Defensa, y están sometidos a los tribunales castrenses de “Judea y Samaria”, denominación bíblica acuñada en Israel para el territorio cisjordano. Estos órganos ejecutivos y judiciales se rigen también por normas heredadas de anteriores poderes coloniales o administradores. Hay leyes otomanas aún en vigor (por ejemplo, para confiscar tierras palestinas aparentemente no cultivadas), británicas (para practicar detenciones administrativas, sin presentar cargos e indefinidas, que afectan ahora a unos 440 prisioneros) e incluso jordanas, las de la Administración presente hasta 1967, cuando Israel ocupó los territorios palestinos tras la guerra de los Seis Días. Los palestinos sometidos a procesos penales bajo la ocupación tienen un índice de condenas del 99,74%, según la memoria anual de los tribunales militares israelíes de 2011, la última disponible.


Documento confidencial


Este documento reservado de la UE, fechado el pasado 31 de julio y pendiente todavía de ser estudiado en Bruselas, examina “la realidad de una cuasipermanente ocupación”. En Cisjordania, más de 2,5 millones de palestinos se ven “privados de sus derechos civiles básicos” y afrontan “numerosas restricciones a su libertad de movimientos”. La economía palestina está sometida, además, a un “sustancial subdesarrollo” desde hace cinco décadas.


Los representantes diplomáticos europeos coinciden en defender la solución de los dos Estados como el mejor camino hacia la paz regional. De común acuerdo admiten también que el esfuerzo de la UE en “el proceso de creación de instituciones estatales y de desarrollo de una economía palestina sostenible”, como prevén los Acuerdos de Oslo de 1993, se está viendo comprometido por las limitaciones legales expuestas en el informe, que también tiene como destinatarios a los Gobiernos de los 28 Estados miembros.


Los 400.000 colonos judíos asentados en Cisjordania solo están sometidos a la ley israelí, de acuerdo con un estatuto personal y extraterritorial. Los 300.000 palestinos residentes en el Área C tienen que responder ante una legislación penal mucho más estricta. Un colono debe comparecer ante el juez civil israelí en un plazo de 24 horas, mientras que un palestino puede ser presentado ante la jurisdicción militar hasta 96 horas más tarde.


En materia de libertades civiles, como libertad de expresión y reunión, o de derechos urbanísticos de construcción, los palestinos también se ven discriminados. Las reuniones de más de 10 personas precisan del permiso del comandante militar, que rara vez se concede. La pena por violar la prohibición se eleva a 10 años de cárcel. "La reunificación familiar, en particular cuando uno de los miembros de la familia tiene doble nacionalidad palestina y de un país europeo, también se ve dificultada por las autoridades israelíes", destaca la fuente europea consultada.


Solo el 1,5% de las solicitudes de licencia de obras presentadas por los palestinos en el Área C de Cisjordania fueron otorgadas entre 2010 y 2014. En consecuencia, más de 12.000 construcciones fueron demolidas al ser tachadas de ilegales por los administradores militares de la ocupación. La UE ha financiado directamente 126 planes urbanísticos palestinos en el Área C, de los que solo cinco han sido aprobados por Israel.


“Los palestinos de Cisjordania están sujetos a unos mecanismos [legales] sobre los que no cuentan con ningún derecho de representación”, puntualiza el documento confidencial europeo, “ya que los militares israelíes son una entidad exterior que solo responde ante un Gobierno extranjero”. En junio del año pasado, cerca de 6.000 palestinos (de los que 350 eran menores de edad, como Ahed Tamimi), se encontraban internados en cárceles situadas en territorio israelí como “prisioneros de seguridad”, así llamados por tratarse de casos de “violencia de origen nacionalista”.


Diplomáticos en Jerusalén y Ramala


El informe de los diplomáticos de la UE en Jerusalén y Ramala considera que Israel viola la legislación internacional al desplazar a los presos y detenidos fuera de Cisjordania, al tiempo que dificulta el derecho de visita de sus familiares.


Para delitos idénticos cometidos en un mismo territorio existen dos raseros legales distintos. Las investigaciones de la policía israelí del “distrito de Judea y Samaria” solo desembocan en acusaciones formales contra colonos judíos en un 8% de los casos de ataques contra palestinos o daños a sus propiedades.


El número de “delitos nacionalistas” cometidos por habitantes de los asentamientos contra palestinos en Cisjordania se multiplicó por tres el año pasado, cuando se registraron 482 incidentes de este tipo, respecto a 2017, en el que se contabilizaron 140 casos, según el diario Haaretz. En los dos años anteriores se había producido una reducción de estos ataques tras el impacto que produjo en 2015 la muerte de un niño de 18 meses, quemado vivo, y de sus padres a consecuencia de un ataque en Duma, localidad situada al noreste de Ramala. Dos jóvenes colonos siguen pendientes de juicio por este atentado incendiario.

 

Por JUAN CARLOS SANZ
Jerusalén 1 FEB 2019 - 12:22 COT

 

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El “Choque de Civilizaciones”: coartada de la extrema derecha de Oriente y Occidente

No paran de enjaularnos con muros visibles construidos de ladrillo, alambre con concertinas, cercos electrificados, y/o hechos de miedo y odio hacia “el otro”. Nuestros mandatarios supremacistas así pretenden controlar a los “súbditos” evitando una ciudadanía universal y libre, bajo el pretexto de mantener la pureza de su “tribu” que siempre tiene valores superiores a otras: ¿Podrán acabar con las migraciones, uno de los principales factores del progreso del ser humano como especie?

Angela Merkel, presionada por el avance de la ultraderecha, afirma que el modelo alemán de integración de millones de los “no germanos” ha fracasado. Nadie les pidió portarse como un alemán cuando en la posguerra reconstruían una Alemania hecha escombros. ¿A dónde regresarían los kurdos de Turquía –por ejemplo– cuyos hogares han sido demolidos por los tanques Leopard “Made in Germany” conducidos por el régimen fascista de Erdogan? ¿O los afganos que deporta Europa mientras la OTAN participa en la masacre y saqueo de este pueblo? El presidente de la República Alemana, Horst Köhler tuvo que dimitir en 2010 (hecho inaudito en este país) al confesar que las tropas alemanas estaban en Afganistán por intereses económicos: ¡ni para liberar a sus mujeres del burka ni luchar contra Al Qaeda!


Nula autoridad moral les queda a quienes acusan a los inmigrantes de no respetar “los valores fundamentales” del occidente: ellos mismos los han arrastrado por las mazmorras de Abu Ghraib y de Guantánamo. No hay ni hay rastro de luces ni humanismo en el “trabajo” de miles de mercenarios occidentales y orientales, sin papeles y armados hasta los dientes, “emigrados” a otras tierras para saquearlas.


Las tres claves de una doctrina bélica

“Dios me ha dicho, George, ve y lucha contra los terroristas en Afganistán. Y yo lo hice. Y Dios me dijo, George, pon fin a la tiranía en Irak”, había justificado un iluminado George Bush la matanza de ambas naciones, quien tocado por la gracia divina iniciaba sus jornadas arrodillándose para rezar, y abría las reuniones de su gabinete con una plegaria. Pero, la realidad era otra.

1. La OTAN había perdido su razón de ser con la disolución del Pacto de Varsovia y el fin de la Unión Soviética, y el mundo exigía la canalización de sus ingentes presupuestos militares hacia la eliminación de la vergonzosa pobreza que azota a la mitad de la humanidad en el Primero, Segundo y Tercer mundo. Sin embargo, la minoría del 6% de la población mundial que posee el 59% de la riqueza total del planeta (y que en su 98% vive en el Norte), y quien en los tres mundos controla las armas, la banca y la política no iban a renunciar a su estatus: fabricó otros enemigos: los “musulmanes bárbaros” y el “Occidente corrupto”. “No es momento para poner en peligro la capacidad que tiene Norteamérica de proteger sus intereses vitales», advirtió George H. W. Bush al Congreso. “Que los recortes presupuestarios amenacen nuestro margen de maniobra es algo que no aceptaré nunca”.


2. Los nuevos enemigos serán más temibles que “los rojos”: el “terrorismo islámico” o el “colonialismo occidental” resultaban geográficamente ilocalizables como los fantasmas: el negocio de aparatos de seguridad florece paralelo a los exorcismos hechos en decenas de Guantánamos o directamente decapitando a los poseídos por la contaminante ideología de la modernidad. El nexo de estas élites fue revelado tanto por el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski quien confesó que habia sido él el artífice del terrorismo “islámico”, como por los dirigentes del partido ultraderechista español VOX al reconocer que había sido fundado con el dinero de una secta religiosa paramilitar terrorista.


3. La seudo doctrina del “Choque de Civilizaciones”, promovida por el “orientalista” británico Bernard Lewis y perfeccionada por Samuel Huntington, administrador de la Casa de la Libertad (“Freedom House”), una asociación dirigida por el ex-director de la CIA, James Woolsey, cuenta que:


• Tras el fin de la URSS y el triunfo del capitalismo como el “único” sistema político viable, el principal conflicto del mundo lo protagonizan las ocho civilizaciones -la hindú, budista, confuciana, musulmana, africana, latinoamericana, ortodoxa y occidental-, confundiendo lugares geográficos con las religiones (sistemas de ideas fantásticas y sobrenaturales acerca de la creación), y a estas con las civilizaciones.
• El principal problema del mundo no son las injusticias sociales, sino los conflictos entre culturales diferencias (para que el banquero y sus inquilinos desahuciados recen al mismo dios y se enfrenten a los pobres de otras naciones).
• La religión sustituye a las identidades complejas, y será el principal actor político-social en los países “musulmanes” que en su mayoría estaban siendo gobernados en los años 70 por régimenes semilaicos: Irán, Turquía, Afganistán, Libia, Siria, Irak, son algunos ejemplos.
• La civilización “judeo-cristiano” será encabezada por EEUU. Se incluye a los judíos para que Israel, a pesar de ser una teocracia belicistas ubicada en Oriente Próximo, a parezca en el bando “civilizado”.
• La civilización occidental, encabezada exclusivamente por EEUU, se enfrentará a una alianza formada por la civilización ortodoxa rusa, la confuciana china y la islámica. Da igual que el islam no reconozca el confucionismo como religión y sus fundamentalistas persigan a los budistas, o que los1200 millones de personas nominalmente “musulmanas” (donde los árabes son sólo una pequeña minoría), hablan cientos de lenguas diferentes y pertenecen a cientos de etnias, culturas, historias diferentes y muchas veces contradictorias. Un paquistaní musulmán culturalmente es más cercano a un indio hinduista que a un marroquí mahometano. ¿Cuánto tienen que ver un mejicano, ruso o un copto egipcio cristiano con sus correligionarios en Suecia o en Francia? Y ¿cómo de aliados están los 54 países musulmanes que han sido incapaces de recuperar sus sagrados territorios, ocupados por unos 5 millones de judíos? En realidad, cuando se habla del “mundo islámico” no se piensa en Indonesia o Malasia, sino en Oriente Próximo, que “por casualidad” alberga cerca del 65% de las reservas del petróleo y gas del mundo: es allí a donde se dirigen las tropas civilizadoras de la OTAN. Tampoco se explica cómo el 65% de los latinoamericanos “cristianos” que viven bajo la línea de la pobreza deben aliarse con el 2% de sus compatriotas adoradores de Jesús que concentra el 80% de la riqueza de sus países? ¿Por qué un Donal Trump cristiano persigue a los inmigrantes desheredados de esta misma fe procedentes de América Latina? Esto se llama aporofobia y cualquier otro nombre servirá solo para ocultar esta realidad.

¿Dónde está este choque entre el presidente presbiteriano, la familia islamista de al Saud y un fanático judío como Benjamín Netanyahu, si se han unido contra un Irán islámico?


• EEUU, que representa el progreso humano, arbitrará el conflicto. O sea, que la ONU ya puede echar el cierre. Curiosamente, este “árbitro” es el mismo que no sólo posee unas 10.000 armas nucleares tácticas, sino también es el único país que las ha usado matando a unas 250.000 personas. Llamar a sus intervenciones como “misiones humanitarias” sólo engaña a los indoctos.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, cometidos por Arabia Saudí y ejecutados en el suelo de EEUU, serán la primera manifestación del «choque de civilizaciones», o mejor dicho la prueba que EEUU necesitaba para refrendar su planteamiento maniqueo sobre el Bien Absoluto y el Mal Absoluto.


La islamofobia, promovida por la extrema derecha europea, identifica a millones de fieles con la derecha oscurantista islámica, minoría antimoderna, misógina, antiextranjera disfrazada de antiimperialista que pide la unión entre los ricos y los pobres para enfrentarse al intruso, al infiel, y tacha de “ambición de prostituirse” al feminismo. También la occidentofobia es la pieza imprescindible en la aplicación del “choque de civilizaciones”.


El “Proyecto para un Nuevo Siglo Americano” proclama la supremacía de una hiperpotencia que busca dominar el mundo en todas las dimensiones del poder: económico, político, tecnológico, militar, y cultural.


“Diálogo de Civilizaciones” la otra cara de la misma moneda

Lanzado en 2005 por el ex presidente de la teocracia iraní, el ayatolá Mohammad Jatami como el antídoto del Choque de Civilizaciones, fue promocionada por la ONU en 2007 y encabezada por España y Turquía, dos miembros de la OTAN, que proponen una unión entre el Occidente y el mundo musulmán para combatir el terrorismo vía no militar salvando a las instituciones religiosas de ambas partes.

La reunión de los cardenales, obispos, rabinos, muftíes y ayatolás, para discutir sobre el Arca de Noé, mientras disfrutan de unas vacaciones “divinas” pagadas por los contribuyentes en los hoteles de cinco estrellas, dándose besos y abrazos, no sólo no palía esta situación, sino que confirma lo siguiente: que “La guerra es una masacre entre gente que no se conoce, en beneficio de gente que sí se conoce, pero no se masacra” (Paúl Valery).

Que unos 170 millones de niñas y niños –de todas las creencias y religiones- pasan hambre, 140 millones de ellos viven en la calle, 104 millones no van a la escuela, 10 millones son víctimas de la industria sexual y decenas de miles de ellos y ellas mueren cada día de hambre, a estos señores no les quita el sueño: “pagan el pecado de sus padres” dirían.

Estas inútiles y costosas iniciativas, además, mantienen el protagonismo a los amos de turbantes, kipás y birretes, siguen subrayando la fe religiosa de los ciudadanos, en perjuicio de sus reivindicaciones y derechos terrenales.


La barbarie es el patrimonio de toda la humanidad al igual que la sabiduría, la bondad, el progreso y la generosidad. Uno de los principales pasos para construir un mundo decente sería separar la espiritualidad de los creyentes de las instituciones religiosas con el fin de acabar con el poder de los autoproclamados “representantes de los dioses en la Tierra”.

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Dos hombres rescatados en las últimas horas; 170 personas desaparecieron en el mar.

Tres sobrevivientes contaron a los intérpretes que preferían “morir en el mar antes que quedarse en Libia”. Pasaron al menos 11 horas en la barcaza hasta que empezó a filtrarse el agua y por lo menos tres horas en el agua helada.


El 2019 comenzó con una nueva tragedia en el Mediterráneo. Unas 170 personas desaparecieron en el mar en los últimos días de la semana pasada, según lo contado por los únicos cuatro sobrevivientes. Hay quien acusa ya al gobierno italiano de “genocidio” por sus medidas anti-inmigrantes y amenaza con hacer un nuevo “juicio de Nuremberg” contra el derechista ministro del Interior, Matteo Salvini, donde los nazis fueron procesados por las matanzas de judíos, comunistas y gitanos, entre otros, en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.


Y si en pleno invierno europeo se llegó a este número de muertos en el mar, muchos temen que en los meses venideros y sobre todo cuando se acerque el verano, las cosas puedan agravarse y superar la cifra de 2.262 desaparecidos en el Mediterráneo en 2018, según datos difundidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
De los 170 desaparecidos la semana pasada -las cifras pueden no ser exactas porque las únicas fuentes son los sobrevivientes-, 53 murieron en el Mar de Alborán, entre España y Marruecos, y los otros 117 frente a las costas de Libia desde donde habían partido. El único sobreviviente del primer grupo luchó 24 horas contra el agitado mar del invierno europeo y fue rescatado por un pescador que lo llevó a Marruecos donde está siendo curado. Las naves de socorro marroquíes- y españolas, se informó, realizaron repetidas búsquedas pero no encontraron ningún otro sobreviviente.


Los otros tres sobrevivientes fueron rescatados por una nave de la Marina italiana y llevados a la isla de Lampedusa- la isla más famosa de Italia, no sólo por ser el territorio italiano más cercano a Libia sino por su solidaridad y atención a los naufragados- para ser atendidos. En realidad la barcaza donde estaban los migrantes en un primer momento había sido detectada por un barco de la Guardia Costera de Libia, que teóricamente era la que debía intervenir porque estaba en sus aguas territoriales. Pero, sin hacer el rescate, la autoridad de la nave dijo que tuvo que cambiar ruta y volver al puerto por una avería. Entonces intervino la Marina italiana que con un helicóptero rescató a los tres sobrevivientes. Ellos - uno de Gambia y dos de Ghana- contaron a los intérpretes, según relató la prensa italiana, que preferían “morir en el mar que quedarse en Libia” donde muy posiblemente sufrieron todo tipo de abusos, malos tratos y violaciones como se sabe que ocurre. Contaron que pasaron al menos 11 horas en la barcaza hasta que empezó a filtrarse el agua y al menos tres horas en el agua helada. Muchos de los integrantes del grupo eran de Sudán, un país africano en una difícil situacion política y económica. Viajaban tambien unas 10 mujeres, una de ellas embarazada, y un bebé de unos dos meses. Y la mayoría no llevaba salvavidas, sólo algunos se lo pueden comprar antes de partir porque los traficantes no los dan. “Y fueron muriendo todos ante nuestros ojos a medida que el agua entraba en la barcaza”, dijo uno de sobrevivientes.


Y ayer, otra barcaza con unos 100 migrantes fue avistada cerca de las costas de Libia y estaría en peligro. Pero la Guardia Costera de Libia, que ha recibido millones de euros de ayuda de la Unión Europea para este trabajo y también barcos italianos, y que debería ocuparse, ni siquiera responde al teléfono de la gente que pide ayuda, según denunció ayer la ONG Sea Watch que el sábado, salvó otras 47 personas en el Mediterráneo.


La situación de los miles de migrantes y refugiados que tratan de llegar a Europa, sobre todo de Africa, ya fue grave en 2018. Y no sólo porque el gobierno italiano, controlado por el derechista ministro Salvini, impuso el cierre de los puertos a los barcos con migrantes diciendo que Europa se tenía que hacer cargo, sino además porque varios de los barcos de rescate de las ONG que navegaban hasta hace algunos meses en el Mediterráneo, como el de Médicos Sin Fronteras, decidieron retirarse a causa de los repetidos obstáculos puestos por Salvini que, entre otras cosas, las acusa de ser cómplices de los traficantes.


El ministro se elogia a sí mismo porque el número de migrantes llegados a Italia bajó (de 119.247 en 2017 a 23.371 en 2018), pero nunca habla de los muertos. Con las cifras a la mano, Acnur llegó a la conclusión de que en 2018 murieron en el mar uno de cada 18 migrantes que realmente llegaron a Italia. En Grecia en cambio, el año pasado se produjo un muerto cada 165 llegadas y en España un muerto cada 73 llegadas.


Para Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, “no podemos cerrar los ojos frente al alto número de muertos en el Mediterráneo. Ningún esfuerzo debe ser limitado cuando se trata de salvar vidas que están en peligro en el mar”. La organización de Naciones Unidas hizo además un llamamiento a los estados para que sean revocadas todas las medidas que impiden el accionar en el mar de las ONG y pide a Europa que abra vías legales para los que piden asilo, que escapan de guerras o persecusiones, y así limitar el tráfico de seres humanos.


Curiosamente, la ministra de Defensa italiana, Elisabetta Trenta, manifestó su dolor frente al caso. “El más profundo dolor por el naufragio en el que han perdido la vida más de 100 personas en el Mediterráneo. Europa no puede seguir sólo mirando”, escribió su Twitter. El gobierno italiano, y particularmente Salvini, acusan a Europa precisamente de lavarse las manos frente a los migrantes que llegan principalmente a Italia, Grecia y España. Pero Grecia y sobre todo España, no han cerrado sus puertos como en cambio decidió Salvini.
Mientras en Milán (norte de Italia) el sábado se dieron cita y desfilaron por las calles los militantes de la ultraderechista Forza Nuova que pedía devolver los migrantes a sus países de origen y “casa y trabajo sólo para los italianos”, en Sicilia, el alcalde progresista de Palermo, Leoluca Orlando, habló de un genocidio. “Continúa el genocidio y digo al ministro Salvini: se hará un segundo proceso de Nuremberg y él no podrá decir que no lo sabía”, como argumentaron en aquel momento muchos nazis cuando se los acusaba por los campos de concentración y las matanzas.


Contra Salvini y la política migratoria del gobierno se levantaron en estos días numerosos diputados y senadores progresistas, entre ellos la ex presidenta de la Cámara de Diputados con una larga experiencia precedente en Acnur, diputada Laura Boldrini. “Estamos en una situación de emergencia a nivel de seguridad en varias ciudades italianas, pero el ministro Salvini tiene sólo una cosa en su cabeza: los migrantes. Porque ellos son la ‘gallina de los huevos de oro’ para él. Sin este argumento, Salvini no sería ministro”, dijo.

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321 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en 2018

Los asesinatos tuvieron lugar en 27 países y el 77% de ellos se perpetraron contra activistas ambientales, según Front Line Defenders. La organización destaca que el uso de la violencia contra defensores de los derechos humanos es generalizado, además de una tendencia hacia legislaciones restrictivas que entorpecen y limitan el trabajo activista

 

La lucha por los derechos humanos, la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas se cobra sus víctimas a punta de pistola. Y no son caso aislados. Nada menos que 321 defensoras de los derechos humanos, en al menos 27 países, fueron asesinadas en 2018, tal como indican los datos recopilados por Front Line Defenders, una organización especializada en la protección de “las personas que trabajan, de forma no violenta, por cualquiera o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.


La cifra real de asesinatos, sin embargo, “casi con certeza, es superior a esta”, como aseguran desde la organización. Y tres de cada cuatro de esos asesinatos han tenido como blanco activistas ambientales, según destaca la federación Ecologistas en Acción.


El último informe de la Front Line Defenders, titulado Basta de Asesinatos, destaca que estos ataques no son hechos aislados, sino que van precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos. En concreto, el 49 % de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte y, tal como destacan desde Ecologistas, “en la mayoría de los casos, las activistas no recibieron ni la protección ni el apoyo necesario por parte de las autoridades estatales”.


Para Front Line Defenders, “el uso de la violencia mortal para silenciar a quienes defienden los derechos de las personas más vulnerables sigue siendo generalizado y endémico en varios países”. De hecho, 2018 es el año en el que la organización ha recopilado un número mayor de asesinatos, nueve más que el pasado año.


La persecución y criminalización de activistas tiene, además, el agravante de género. Activistas y defensoras del medio ambiente “sufren agresiones sexuales por parte de actores estatales y no estatales”, incluso dentro dentro de sus movimientos sociales, destaca el informe. Violaciones, abusos sexuales, hostigamiento y persecución de sus hijos, campañas de desprestigio cuestionando su compromiso con sus familias o su eliminación e imposibilidad de acceder a cargos de alto rango en ONG, estructuras públicas o sindicatos son algunas de las realidades recopiladas en el informe.


UN MUNDO MÁS RESTRICTIVO


Por si no bastaba con todo esto, el análisis global de Front Line Defenders remarca una tendencia hacia “una legislación restrictiva dirigida a limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos”. Como indican desde Ecologistas en Acción, “los gobiernos legislan en torno a las amenazas a la ‘seguridad nacional’ como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales”. Asimismo, “las autoridades utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y electrónica centrándose en activistas ambientales y defensoras LGBTIQ”, añaden.


Serlinda Vigara, portavoz de la federación ecologista, señala que “los asesinatos son solo la cara más visible de un sistema que pretende silenciar a todas aquellas personas que se enfrentan a los intereses corporativos y estatales al defender, día tras día, modos de vida alternativos frente a la crisis social y ecológica que afrontamos”.
Por ello, desde el colectivo muestran su “máxima preocupación” por los datos del informe y exigen “la implicación de gobiernos e instituciones internacionales en la lucha contra estos crímenes y hostigamientos”. En concreto, instan a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

Por REDACCIÓN EL SALTO

PUBLICADO
2019-01-15 11:25:00

 

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