Asesinan a otro líder comunitario en Colombia; suman 80 en el año

El líder comunitario y defensor ambiental Alejandro Llinás Suárez fue asesinado el viernes en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El activista había denunciado en semanas recientes la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares.

Llinás Suárez era un defensor ambiental del Parque Tayrona. Según medios locales, varios individuos armados entraron en su finca y acabaron con su vida.

"Con profunda tristeza lamentamos el asesinato del líder de Colombia Humana en Santa Marta, Alejandro Llinás", publicó en su cuenta de Twitter el movimiento político Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.

Hostigamiento paramilitar

Llinás Suárez fue "un defensor de su territorio, del ambiente y los recursos naturaleza. Pedimos justicia para que su asesinato no quede impune!", agregó la organización.

"La violencia política sigue cobrando vidas, triste realidad. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado hoy en Calabazo, Santa Marta, Magdalena", tuiteó por su parte la activista Mariana Risaralda, que ha subrayado que Llinás Suárez "denunció la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares en la zona".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 líderes sociales, de los cuales el 55 por ciento se encuentran ya bajo investigación.

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Domingo, 26 Abril 2020 07:36

Fuerza feminista

Fuerza feminista

Son tiempos agitados en América Latina. Eso ya era verdad antes de la emergencia de la pandemia global.

En octubre, un levantamiento de 11 días paralizó a Ecuador y una protesta estudiantil se convirtió en un estallido social prolongando en Chile. En noviembre la derecha tomó el poder en Bolivia, en diciembre Argentina volvió a ser gobernado por el kirchnerismo. Este año ya, asumieron nuevos presidentes en Guatemala y Uruguay. Y luego, vino la pandemia.

Pero en todo el continente, mientras cambiaban las caras de los gobernantes, ha habido una constante: las mujeres han tomado y han vuelto a tomar las calles de forma masiva, repudiando la deuda, el capital y la violencia. El 8-9 de marzo las mujeres mostraron que tienen una capacidad inmensa de lucha y despliegue de múltiples estrategias feministas en todo el continente.

En México, desde Ciudad Juárez hasta Tapachula, fuimos nosotras las que, de forma masiva, rechazamos la violencia y desafiamos el gobierno de la Cuarta Transformación.

En Santiago de Chile, salieron dos millones de mujeres y hombres a las calles el 8 de marzo en una huelga general, en apoyo a un programa feminista.

En Montevideo, fueron 350 mil mujeres en la calle, casi la mitad de las que viven en la capital uruguaya. Miles también tomaron las vías en la ciudad de Guatemala, denunciando el machismo, rememorando las víctimas de violencia, y clamando contra políticas de despojo.

El 9 de marzo, las mujeres armaron un paro en toda Argentina, con medio millón tan sólo en Buenos Aires. “La deuda es con nosotras y con nosotres, ni con el FMI ni con las iglesias”. Ese fue el lema bajo el cual cientos de miles mujeres se movilizaron allá. Fue el cuarto año de huelga feminista, un día de rebelión en medio de un año repleto de encuentros, asambleas y articulaciones entre mujeres.

En las ciudades más grandes de Bolivia, miles de mujeres se manifestaron el 8 de marzo, a pesar de una coyuntura polarizada y violenta. En Cochabamba, las mujeres salieron a las calles con el eslogan "no tenemos miedo, tenemos fuego".

A pocas semanas de las masivas concentraciones, marchas y juntas del 8-9 de marzo, vino lo que ahora vivimos: órdenes de cuarentena, toques de queda, distanciamiento social y estados de emergencia, a raíz de la llegada al continente de un nuevo virus sumamente contagioso y con efectos complicados y a veces letales en el cuerpo humano.

Las contradicciones, las tensiones y las injusticias se han ahondado en tiempos de pandemia. Hoy día, los temas al centro de la revolución feminista nunca han sido más relevantes.

"Nosotras en general con el movimiento feminista y el movimiento social dijimos no al pago de la deuda directamente, por ser deuda ilegítima por que la toma de deuda no pasó por el parlamento cuando es un requirimiento constitucional", me dijo Verónica Gago en una entrevista por Zoom desde Buenos Aires. La mayor parte de la deuda fue tomada por Maurico Macri durante los pasados cuatro años.

"Al escala global ahora hay una posibilidad de suspender la deuda, y además hay una necesidad acá de derivar fondos para el gasto social y público que hace actualmente imposible pensar a los términos de negociación anterior a la pandemia" dijo Gago, miembro del colectivo Ni Una Menos y autora del libro La potencia feminista.

Mientras que cuerpos envueltos en plástico se pudren en las calles de Guayaquil y los barrios marginados se militarizan, las redes de mujeres en Ecuador se siguen organizando. El Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas ha surgido como resultado de la revuelta de octubre y ahora es un nodo para coordinar mujeres en todo el país.

Las ollas populares, forma de protesta pública que a la vez es estrategia alimenticia, han vuelto a ser parte de la cotidianidad en Argentina y Uruguay, debido a la profunda crisis alimentaria actual.

A principios de la llegada de la pandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou decretó alzas en las tarifas de luz, agua y telefonía. "Después de 15 años de progresismo, regresaron las ollas en 15 días", me comentó Mariana Menendez, feminista uruguaya e integrante del colectivo Minervas en la ciudad de Montevideo.

En Chile, el movimiento feminista ha sido central en el sostenimiento del estallido social.

"Lo que abre la revuelta en Chile desde el 18 de octubre, marca de manera muy radical una idea, que es que la vida en su conjunto es la que estaba en cuestión, la forma en la que se organizaba la vida en Chile" me comentó Javiera Manzi de la Coordinadora Feminista 8m desde Santiago. "Y eso es precisamente lo que nosotras veníamos hablando cuando nos referíamos a la reorganización de la vida".

No queda duda que las ideas sobre el cuidado y la reproducción de la vida se han vuelto todavía más centrales con la pandemia. La historia de la lucha abierta en América Latina durante los pasados años nos deja en claro que serán las mujeres, algunas feministas pero todas movilizadas, las que marquen el paso y las formas de seguir transformando la sociedad y la economía.

Por Dawn Marie Paley, periodista canadiense y autora de Capitalismo antidrogas: Una guerra contra el pueblo (Libertad Bajo Palabra, 2018).

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Cárceles de Colombia en pandemia interna por coronavirus

Con 74 contagiados por covid-19, según Minjusticia, y 89 según la alcaldía de Villavicencio, y dos muertos por igual motivo, la cárcel de Villavicencio se convierte en un potencial foco de muerte, multiplicado por un hacinamiento del 98,7 por ciento: el penal fue construido para encerrar 899 personas y al momento concentra 1.796.

 A un mes del aterrador y cruel asesinato de 22 presos en la cárcel La Modelo en Bogotá y más de 80 heridos, por reclamar a través de protesta directa por sus derechos a la salud y la vida, tiempo que también suma la declaración de emergencia carcelaria por parte de la Minjusticia, y a 10 días de la expedición del decreto 546 con el cual el Gobierno dice proteger la salud y vida de las miles de personas presas, nada de lo pretendido se ha cumplido, la crisis en que vive la cárcel de Villavicencio así lo comprueba, como la tensión que reina al interior de los centros de reclusión donde quienes los padecen ven con alarma como el virus empieza a regarse por esos sitios de venganza y muerte.

Para no llegar a esta situación, decenas de plataformas defensoras de derechos humanos y medios de comunicación alternativos advirtieron que el deshacinamiento tenía que ser una medida inmediata. Pero por falta de voluntad política del gobierno central, desde su cabeza pasando por la Ministra de Justicia, así como por la dirección del Inpec, la situación al interior de los penales pasa de castaño a oscuro. La evidencia es la cárcel de Villavicencio donde a tomado cuerpo una epidemia de covid-19, con datos más que alarmantes: según la Minjusticia, 74 contagiados –20 guardias entre ellos–, cifra que la alcaldía local incrementa incluso hasta 89, además de dos muertos declarados por igual causa. El castigo no puede significar la muerte, ni la zozobra diaria por “qué será de mi vida”; angustia extendida a los familiares de las personas presas. Ante una clara violación de los derechos humanos de todas estas personas, el gobierno nacional no puede negarse a cerrar este centro de muerte por temor a que los “peligrosos delincuentes” allí recluidos pasen a otros sitios para continuar cumpliendo con sus penas, pues acá de lo que se trata es de garantizar la vida de cientos y miles de seres humanos.

Un riesgo de infección y muerte que seguirá en creciente, ya que como informó el medio independiente “El cuarto mosquetero”: “24 de (los infectados se) encargaban de hacer la comida para todos los internos, por lo que se teme que el número de contagiados aumente drásticamente”. Realidad multiplicada por la inacción gubernamental al no aplicar pruebas a todos los internos allí hacinados. Penal que alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786, es decir carga con una sobrepoblación de 887 personas, según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

La negligencia del Estado manejando la pandemia del coronavirus llevó a que decenas de docentes e investigadores en los ámbitos del Derecho Penal, la Criminología y la política criminal, tanto de instituciones internacionales como de diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobretodo, como seres humanos, se manifestaran en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el coronavirus, declarando la actuación del Estado como propiciatoria de un “genocidio carcelario”.

A pesar de que familiares y presos confinados en distintas cárceles hayan realizado huelgas de hambre y protestas pacíficas, como la llevada a cabo el pasado 6 de abril, con cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles, el gobierno ha hecho y sigue haciendo caso omiso ante las demandas de los condenados y sindicados. Protestas que prosiguen: el 22 de abril, en la cárcel La Picota de Bogotá, familiares de internos se reunieron para acompañar la protesta que llevan a cabo los internos desde el 20 de abril, exigiendo una mesa de interlocución con presidencia y excarcelación humanitaria. Igual sucedió en la cárcel de la ciudad de Cúcuta.

Ante la prepotencia oficial, la sociedad civil se ha organizado en pro de los derechos fundamentales de los presos, elaborando formatos de tutelas para que todas las personas condenadas y sindicadas interpongan ante los jueves la solicitud de detención domiciliaria transitoria, al menos mientras dure la pandemia.

Mientras protestas, alegatos jurídicos, derechos de tutela y otros recursos y medios de resistencia prosiguen su curso, la solución política y humanitaria que demanda esta situación es el cierre inmediato de la cárcel de Villavicencio, y el traslado de los allí recluidos a lugares donde puedan vivir una cuarentena en condiciones dignas. Trasladarlos a otros penales es regar la epidemia por todo el país, hasta convertirse en pandemia.

Deshacinar, entre tanto, también es obligatorio, y debe actuarse por todo el país, para lo cual los sindicados, que son personas acusadas de algún delito pero sin haber sido vencidas en juicio, deben salir de estos centros del horror y ser trasladados a sus sitios de vivienda, perdiendo el derecho a la movilidad pero nada más.

La vida, en dignidad, es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.

Obtenga el formato de todas estás tutelas y el manifiesto anotado en el artículo aquí:

Acción de tutela en favor de todas las personas condenadas

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39416-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-para-personas-condenadas-por-cualquier-delito-que-se-encuentren-privadas-de-la-libertad-con-medida-intramural-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html

Rumbo a un genocidio carcelario

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39422-rumbo-a-un-genocidio-carcelario.html

Acción de tutela a favor de todas las personas sindicadas

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39415-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-formato-para-personas-sindicadas-privadas-de-la-libertad-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html

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Daniel Cabrera, colombiano confinado en Myanmar y uno de los líderes de esa comunidad

A raíz de la poca o nula ayuda por parte de la Cancillería de Colombia en solvencia económica, sanitaria o gestión de vuelos humanitarios que traigan de regreso a los colombianos atrapados por el mundo producto de la cuarentena declarada por diversidad de países, un grupo de colombianos con liderazgo, algunos en Colombia y otros atrapados en el extranjero, crearon la comunidad: Quiero regresar a casa, iniciativa independiente no gubernamental. 

Una iniciativa necesaria, toda vez que el gobierno de Iván Duque y la Cancillería, a cargo de Claudia Blum, no han atendido ni resuelto la situación que sufren miles de colombianos y colombianas que están en el limbo territorial y en situación de vulnerabilidad económica, mental, en salud y otros tópicos. Una realidad que desnuda la ausencia de voluntad política de un gobierno que no reacciona ante la demanda de una parte de sus gobernados, los mismos que ven como su situación llega a extremos inmanejables, situación que de así seguir cada día será peor.

Ante estas circunstancias, como evidencia de la energía que los llena y la esperanza que los motiva, los connacionales atrapados por el mundo crearon una alternativa para poder brindar apoyo a los colombianos que están en su misma situación.

desdeabajo entrevistó a Daniel Cabrera, líder de esta comunidad, confinado en Myanmar, quien contó: “Esta es una iniciativa que nace porque muchos colombianos atrapados por el mundo, y que están buscando ayuda, no encuentran una mano amiga por parte del gobierno. No quiero que esto sea una crítica al gobierno porque nadie se esperaba una pandemia pero ya se salió de control. Lamentablemente la respuesta de las embajadas colombianas no ha sido la mejor. Los colombianos nos sentimos en situación de vulnerabilidad, mientras vemos que ciudadanos de países en Europa o Estados Unidos sí tienen respuesta de sus gobiernos”.

¿Cuáles son los objetivos de esta comunidad?

Queremos hacer realidad tres objetivos, importantes e interdependientes: 1) poder regresar a Colombia, es el más importante y primordial de todos, pero para eso necesitamos de los otros objetivos, 2) Unir a los colombianos en el exterior que sufren de xenofobia, no tienen recursos y muchos no hablan el idioma donde están varados; unirnos con los connacionales que están en Colombia y que pueden apoyarlos mientras logramos volver al país. 3) Concentrar y canalizar las comunicaciones de todos, siendo una sola grande y fuerte voz.

¿Cuál es la estrategia para poder realizar esos objetivos?

La estrategia de unir estos dos mundos es lograr identificar los casos más graves que están sobrellevando muchos compatriotas y para eso nos reunimos varios líderes alrededor del mundo. Por ejemplo, si tú estás en Colombia y estás bien, y nos dices: soy abogado y podría ayudar legalmente, soy psicólogo y podría brindar terapias o dentro de mis posibilidades podría ayudar económicamente, entonces ingreso al portal web de: Quiero Regresar A Casa www.quieroregresaracasa.com para encontrar a todos los colombianos atrapados por el mundo en condición de vulnerabilidad y decido a cuál ayudar. Nosotros hacemos el enlace entre las dos personas, somos el canal de comunicación para conectar estos dos mundos.

¿Qué están realizando ahora?

En esta primera etapa estamos recibiendo los registros de muchos colombianos atrapados alrededor del mundo. No hacemos parte del gobierno, simplemente estamos acá para conectarlos con otras personas que los quieran ayudar. Esto es independiente, somos un equipo de personas que estamos detrás de esto, y por medio de la solidaridad y colaboración podemos lograr ayudar a los connacionales atrapados por el mundo, concluyó Daniel Cabrera.

Aparte de sufrir derechos humanos básicos como a la de salud, vida, igualdad, a no sufrir destierro y, por ello, poder regresar a casa cuando se necesita o quiere, se suma que la mayoría de los colombianos atrapados por el mundo están siendo rechazados por ser extranjeros. Como también hay colombianos en su propio país los rechazan y no quieren que vuelvan al territorio nacional pensando que pueden traer el virus covid-19.

Es el momento de unirnos y agrandar los lazos de solidaridad. Que su voz encuentre oídos prestos. Todas y todos somos país. Únase también a la campaña de desdeabajo Primero el ser humano. Para ver más aquí:

https://desdeabajo.info/sociedad/item/39406-lanzada-la-campana-primeroelserhumano.html

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Miércoles, 22 Abril 2020 09:53

Rumbo a un genocidio carcelario

Rumbo a un genocidio carcelario

Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el Coronavirus.

 (TEXTO DEFINITIVO)

 

Quienes suscribimos esta declaración, en nuestra condición de docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología y la política criminal en diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobre todo, como seres humanos,

 

Manifestamos:

 

PRIMERO: Que es necesario expresar nuestro repudio a la actitud indolente del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector penitenciario del país, hoy gravemente afectados como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 que azota a toda la humanidad.

SEGUNDO: Que nos indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población. Una mirada al Decreto 546 del 2020, a través del cual se prometía resolver la crisis de salud pública que comienza a azotar los centros carcelarios y penitenciarios, demuestra su total inutilidad e ineficacia.

TERCERO: Que el texto referido describe con suficientes razones la gravedad de las circunstancias que determinan la emergencia carcelaria y enumera los derechos humanos que se encuentran amenazados. Además, él detalla las condiciones de reclusión que no pueden ser más alarmantes, cuando advierte que el confinamiento y el hacinamiento “convierten a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa del coronavirus COVID-19, que puede poner en riesgo la salud y la vida de todas las personas que interactúan en dicho entorno”, debido a la absoluta imposibilidad de implantar –en las actuales condiciones– las medidas esenciales para prevención del contagio en la mayoría de los casos.

CUARTO: Que en ese contexto las circunstancias que ameritan la sustitución de la pena y la detención –que es también sustancialmente una pena anticipada– intramurales, por la privación de la libertad en el domicilio, están plenamente justificadas –enfermedades preexistentes, discapacidades, y mujeres en embarazo o de parto reciente–; y, además que el número de las personas recluidas no puede sobrepasar conforme al espacio disponible en donde están privados de la libertad, al número que recomiendan en espacios cerrados las medidas sanitarias, por cuanto corresponden a los casos de riesgo real de muerte en el evento de contraer Coronavirus, según la opinión calificada y reiterada de la Organización Mundial de la Salud, los informes institucionales y los múltiples estudios científicos sobre la pandemia.

QUINTO: Que después de todo este discurso, es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa. Además, todas ellas discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas. De esta forma, se da la apariencia de que el gobierno se ocupó del conflicto, que tuvo sensibilidad respecto del mismo, que salvaguardó los derechos humanos en riesgo y dio una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del Derecho.

SEXTO: Que todas esas barreras impuestas a la medida extramural son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no puedan ser afectados ni puestos en peligro por el Estado, porque ni la pena ni la detención preventiva autorizan su limitación y, mucho menos, su sacrificio. Por tanto, omitir su debida protección es una extralimitación al ejercicio de la privación de la libertad, aniquilando con ello la legalidad, la humanidad y la proporcionalidad, que son sus requisitos constitucionales de legitimidad, máxime si con ello se profundiza el gravísimo estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas ya declarado –en forma reiterada– por la Corte Constitucional.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte. Se produciría, pues, un verdadero genocidio carcelario como lo advirtió estos días el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni; y, también, se confirmaría la admonición del jurista italiano Luigi Ferrajoli, cuando expresa que los castigos, por irrogar dolores excesivos y despóticos, conllevan muchas más injusticias que los delitos cometidos.

Exigimos:

 

PRIMERO: Que, en desarrollo de las precisas facultades constitucionales previstas en el artículo 215 se modifique –a la mayor brevedad– el Decreto 546 de 2020 para derogar todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y segaranticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario.

SEGUNDO: Que, en uso de esas mismas potestades constitucionales, se adopten protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios.

TERCERO: Que toda la sociedad civil y los medios de comunicación social, en especial estamentos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las universidades, las iglesias y todos los organismos nacionales e internacionales encargados de velar por el respeto y la preservación de los derechos humanos, se pronuncien en frente a esta tragedia que embarga a las prisiones colombianas y acompañen nuestros respetuosos pedimentos,

Como consecuencia de lo anterior, nos suscribimos hoy 21 de abril de 2020:

 

Adherentes internacionales

Luigi Ferrajoli

Filósofo del Derecho.

José Hurtado Pozo

Profesor Emérito Universidad de Fribourg, Suiza.

Perfecto Andrés Ibáñez

Magistrado Jubilado, Tribunal Supremo Español.

Eugenio Raúl Zaffaroni

Profesor y tratadista de Derecho Penal.

Boaventura de Sousa Santos

Sociólogo e investigador,

Catedrático Jubilado de la Universidad de Coimbra, Portugal.

 

Miguel Ontiveros Alonso.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Valencia, España.

Andrea Planchadell Gargallo

Catedrática de Derecho Procesal, España.

 

Ana Gabriela Braga

Profa. Universidade Estadual Paulista- UNESP, Brasil.

 

Juan Manuel Alcoceba Gil

Docente Universidad Carlos III de Madrid, España.

 

José R. Agustina

Universidad Internacional de Catalunya, España.

José Luis Guzmán Dalbora

Profesor de Derecho Penal, Chile.

 

Rodolfo Félix Cárdenas

Catedrático de Derecho Procesal Penal, Escuela Libre de Derecho

Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

 

Iván Meini Méndez

Profesor Principal de Derecho Penal de la PUCP, Perú.

 

Juana del Carpio Delgado.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

 

Eduardo Demetrio Crespo

Catedrático de Derecho Penal

Universidad de Castilla-La Mancha, España.

 

Javier Llobet Rodríguez

Profesor Jubilado Universidad de Costa Rica.

 

Mario Ramírez Orozco

Profesor universitario, Noruega.

 

Vincenzo Militello

Profesor Ordinario de Diritto Penale, Università di Palermo, Italia.

 

Fernando Miró Llinares

Catedrático de Derecho penal y Director de CRIMINA de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Fernando A. Fernandes

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Brasil.

Iñaki Esparza Leibar

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de San Sebastián España.

Héctor Claudio Silveira Gorski

Profesor de la Universidad de Barcelona, España.

Pastora García Álvarez.

Profesora titular de Derecho penal, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

María del Valle Sierra López.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Víctor M. Macías Caro

Profesor Ayudante, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Rosmari Moreno Acevedo.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Alejandro Rodolfo Cilleruelo

Doctor en Derecho Penal.

Director Especialización en Derecho Penal, Universidad del Salvador, Argentina.

Nahuel Alberto Felicetti

Docente investigador en el Instituto de Investigación de la Universidad del Salvador, Argentina.

Agustín López Resano

Investigador del Instituto de Investigaciones de la USAL (Argentina).

Gabriel Raúl Bustos

Secretario de Juzgado Penal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Raúl García

Investigador Penalista y Periodista.

Director de la Revista MATICES y Consultor Despacho Valores Jurídicos., México.

 

José Martín Ostos

Catedrático de Derecho Procesal, España.

David Sánchez Rubio

Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla, España.

Manuel Vidaurri Aréchiga

Miembro Academia Mexicana de Ciencias Penales, México.

Martín Alexander Martínez Osorio

La Universidad del Salvador, Argentina.

Alejandro de Pablo Serrano

Profesor ayudante doctor. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Germán Venegas Díaz.

Profesor de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España.

Viviana Caruso Fontán.

Profesora contratada doctora. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Amalia Calderón Lozano.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Carmen López Peregrín

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Laura Zúñiga Rodríguez.

Catedrática derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Julio Ballesteros Sánchez

Doctor e investigador en derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Ignacio González Sánchez.

Profesor de la Universitat de Girona, España.

Ezequiel María Ercole

Abogado penalista e investigador, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Salvador (Argentina).

Miguel Díaz y García Conlledo

Catedrático de Derecho penal, Universidad de León, España.

 

Esther Pomares Cintas

Profesora titular de Derecho penal, España.

Inés Olaizola Nogales.

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

Guillermo Portilla Contreras

Catedrático Universidad de Jaén, España.

John Vervaele

Profesor de la Universidad de Utrecht, Holanda.

José Luis Díez Ripollés

Catedrático de la Universidad de Málaga, España.

Juan Luis Gómez Colomer

Investigador jurídico.

Iñaki Rivera Beiras

Director OSPDH, Barcelona, España.

José Manuel Paredes Castañón

Catedrático de la Universidad de Oviedo, España.

Massimo Donini

Profesor de Derecho penal, Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia.

Pilar Martin Rios

Profesora titular, Universidad de Sevilla, España.

Paz Francés Lecumberri

Universidad Pública de Navarra, España.

 

Adherentes nacionales 

 

Jaime Sandoval Fernández

Profesor Universidad del Norte.

Ricardo Molina López

Profesor Universidad de los Andes.

Ricardo Posada Maya

Profesor Universidad de los Andes.

Armando Luis Calle Calderón

Profesor Universidad de Antioquia.

Diego Araque Moreno

Profesor Universidad de Medellín.

Luis Eduardo Agudelo Suárez

Profesor Unaula.

Juan Carlos Álvarez Álvarez

Universidad Eafit.

Bladimir Ramírez Valencia

Universidad de Antioquia.

Cesar Alejandro Osorio

Penalista y criminólogo.

Jesús Antonio Muñoz Gómez

Criminólogo.

Emiro Cáceres González

Doctorando (Universidad de Salamanca).

Yennesit Palacios Valencia

Docente en derechos humanos.

Julio Darío Vélez López

Profesor de Derecho penal, Universidad Pontificia Bolivariana.

Carlos Jaime Taborda Tamayo

Juez 15 Penal del Circuito de Medellín.

Juan Ignacio Palacio Naranjo

Abogado penalista.

César Augusto Otálvaro Sánchez

Abogado penalista.

 

Luis Fernando Vélez Gutiérrez

Abogado penalista.

Plinio Posada Echavarría

Abogado penalista.

Alfonso Cadavid Quintero

Profesor Universidad Eafit.

Francisco Javier Tamayo Patiño

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Fernando Velásquez Velásquez

Abogado penalista/columnista.

 

Juan Oberto Sotomayor Acosta

Profesor Universidad Eafit.

C. Estanislao Escalante Barreto

Profesor Universidad Nacional de Colombia.

Bryan Benavides Herrera

Universidad Tecnológica de Bolívar.

Yani Vallejo Duque

Universidad San Buenaventura.

 

Alfonso Insuasty Rodríguez

Universidad San Buenaventura.

 

Juan Fernando Gutiérrez Márquez

Universidad de Antioquia.

 

Juan Carlos Cantillo Arcón

Investigador (Universidad De León).

 

John E. Zuluaga Taborda

Investigador en Derecho penal y justicia transicional.

 

Ricardo Echavarría Ramírez

Universidad Eafit.

Adriana Villegas Arango

Abogada penalista y profesora universitaria.

Einarco Morales Carpio

Profesor universitario y abogado penalista.

Guillermo Arismendy Díaz

Abogado penalista.

José Fernando Botero Bernal

Profesor de Derecho Penal.

 

Edilberto Vanegas Holguín

Académico y abogado penalista.

Guillermo José Ospina López

Profesor UAC-Popayán.

 

Albeiro Pulgarín Cardona

Constitucionalista.

           

Rubén Darío Triana S.

Abogado litigante.

Alejandro Decastro González

Abogado penalista.

 Mario Nicolás Cadavid

Profesor de Derecho penal.

 Darío Encinales Arana

Abogado penalista.

Sandra Urrea Orlas

Abogada penalista.

Ligia María Vargas Mendoza.

Profesora Universidad de Los Andes.

 Luis Bernardo Ruiz Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 Gabriel Fernando Roldán Restrepo.

Juez Penal del Circuito, Medellín.

Andrés Botero Bernal

Profesor Universidad UIS

 Rubén Darío Acosta Ortiz

Director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL

Oscar Augusto Rincón Martínez

Abogado penalista U. de A.


 Geovana Andrea Vallejo Jiménez

Profesora Unaula.

Diana Patricia Arias Holguín

Profesora Universidad de Antioquia.

Karyn Lenis Sanín

Doctora en Derecho penal

Universidad de Sevilla (España).

 Blanca Inés Uribe Mesa

Traductora e intérprete judicial (Países Bajos).

William Fredy Pérez Toro

Profesor Universidad de Antioquia.

Gloria Liliana Pérez Gaitán

Abogada penalista.

 Oscar Manuel Bernal Guarín.

Abogado penalista y docente universitario.

 Nicolás Ortega Tamayo.

Abogado penalista y profesor.

 Gloria Patricia Lopera Mesa

PhD en Derecho, estudiante doctorado en historia, Florida International University

 David Enrique Valencia Mesa

Profesor Universidad de Antioquia

Marcela Gutiérrez Quevedo

Universidad Externado de Colombia.

 Esteban Vásquez Ortiz

Profesor Politécnico de Antioquia.

 Diana Paola Herrera Arroyave

Profesora Universidad de Antioquia.

Hernando Londoño Berrío

Profesor Universidad de Antioquia.

Juan Esteban Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Carlos Hernán Ocampo G.

Docente y abogado penalista.

Susana Escobar Vélez

Universidad Eafit.

Orlando Mendoza Galeano

Abogado penalista.

Nicolás Süssmann Herrán

Abogado e investigador en el área penal.

Juan Carlos Trujillo Cabrera.

Penalista, investigador visitante Instituto Max Planck de Derecho Penal, Freiburg i. Br.

Roby Andrés Melo Arias

Profesor de Derecho Penal, Universidad del Tolima.

César Augusto López Londoño

Académico y abogado penalista en ejercicio.

Miguel Lamadrid Luengas

Profesor de Derecho penal; investigador

Germán Pabón Gómez

Profesor e investigador de Derecho Penal.

Ingrid Lorena Parrado Leal

Abogada penalista.

Walter Rivera

Abogado penalista.

 Diana Restrepo Rodríguez

Universidad San Buenaventura (Cali).

Juan Gonzalo Escobar Marulanda

Director Cátedra Unesco de Desarrollo Humano sostenible

Mauricio Martínez Sánchez

Profesor de Derecho penal y constitucional-criminólogo de la Universidad Nacional.

Julián Andrés Muñoz Tejada

Profesor Universidad de Antioquia.

Julio Alberto González Zapata

Profesor Universidad de Antioquia.

Álvaro Frías Cruz

Abogado penalista.

Gloria María Gallego García

Profesora de Filosofía del Derecho, Eafit.

Mario Andrés Vásquez Arredondo

Docente universitario y abogado litigante.

 

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Doctorando en derecho, Universidad Sergio Arboleda.

Gabriel Ignacio Gómez

Profesor Universidad de Antioquia.

Julián Camilo Giraldo Naranjo

Profesor Universidad de Antioquia.

Estefanía Osorio Hernández

Universidad la Gran Colombia, Sede Armenia.

Luis Fernando Tocora López

Coordinador para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

 

 

 

 

Publicado enColombia
¿Es eficaz las estrategia de Suecia contra el coronavirus de no imponer una cuarentena obligatoria?

El país mantiene abiertos gimnasios y cafeterías, pero pide a los ciudadanos actuar con responsabilidad y mantener el distanciamiento social.

A pesar de la propagación del coronavirus por el continente europeo, Suecia no impuso una cuarentena en el país, como lo hicieron otros Estados de la región, y dejó que permanecieran abiertos los gimnasios, cafeterías y otros lugares públicos. Sin embargo, pidió a la población que actuara con responsabilidad y mantuviera el distanciamiento social. 

¿Cómo esta decisión afecta al número de infecciones en el país y qué escenario económico espera al país en futuro cercano? 

Medidas aprobadas

Las autoridades suecas decidieron abstenerse de medidas estrictas, como la cuarentena obligatoria. No obstante, dieron una serie de pasos destinados a reducir el contacto entre las personas, entre ellos la prohibición de reunirse más de 50 personas. Asimismo, cerraron escuelas secundarias y universidades, pero permitieron que las escuelas para alumnos menores siguieran funcionando.

La mayoría de los negocios, entre ellos cafeterías, restaurantes y gimnasios, tampoco cerraron sus puertas, pero sus propietarios se vieron obligados a garantizar una distancia entre los clientes.

Al mismo tiempo, se aconsejó a la gente evitar viajes no necesarios, trabajar desde casa y no salir a las calles a las personas mayores de 70 años o enfermos.

"La diferencia entre el enfoque en Suecia y otros países no es muy grande. Es principalmente el tono en el que lo tratamos", declaró el pasado viernes Johan Carlson, director de la Agencia de Salud Pública del país.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, destacó que es "un mito" que la pandemia no cambió la vida en el país. "Suecia comparte los mismos objetivos respecto al brote de covid-19 como todos otros países: salvar las vidas y proteger la salud pública. Trabajamos con los mismos desafíos que otros países —la escala y velocidad del virus, la presión sobre el sistema nacional de salud— y usamos las mismas herramientas que la mayoría de los países", precisó.

Número de contagiados y muertos

De acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, el país europeo registró hasta este 21 de abril 14.777 casos de infección con coronavirus, mientras que 1.580 personas fallecieron a causa de covid-19. La cifra es mayor que en otros países escandinavos, como Dinamarca (7.891 contagios y 364 muertes), Noruega (7.156 y 181) y Finlandia (4.014 y 98), pero mucho menor que en Italia, España o Reino Unido.

El epidemiólogo jefe del país afirmó la semana pasada que la estrategia adoptada por Suecia para combatir la pandemia de covid-19 sin recurrir al confinamiento domiciliario estaría empezando a dar frutos.

"Empezamos a ver a tantas personas inmunes en la población de Estocolmo, que está comenzando a tener un efecto en la propagación de la infección", declaró Anders Tegnell, epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública sueca y figura clave en la respuesta nacional al coronavirus. Según el especialista, el número de infectados y de fallecidos por coronavirus se está empezando a estabilizar y Estocolmo, epicentro del brote en el país, podría lograr la "inmunidad colectiva" en mayo.

"La tendencia que hemos visto en los últimos días, con una curva más plana —donde tenemos muchos casos nuevos, pero no tenemos un aumento diario— es estabilizante", señaló el pasado 17 de abril Karin Tegmark Wisell, jefa del departamento de microbiología de la Agencia de la Salud Pública de Suecia, añadiendo que se observa también "la misma situación para pacientes en cuidados intensivos".

Cabe destacar, que la gran parte de las personas infectadas viven en residencias de ancianos, mientras que medios locales señalaron que los establecimientos de este tipo en al menos 90 municipios del país tienen casos de infección. "Es nuestra gran área problemática", admitió en ese contexto Tegnell.

Escenario económico

Todavía no se puede decir si las medidas más suaves pueden ayudar a evitar una profunda crisis tras la pandemia. Las autoridades suecas presentaron a mediados de abril tres posibles escenarios de la situación económica del país y, de acuerdo con el peor de ellos, su PIB caerá en un 10%, mientras que el desempleo alcanzará el 13,5%.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estimó en un informe que en 2020 el PIB de Suecia sufrirá una caída más grave que la de varios otros países europeos (como Suiza y Reino Unido) que impusieron medidas más estrictas.

Por su parte, el economista James Pomeroy, de HSBC Global Research, opinó que la estrategia de Suecia puede resultar "imprudente", pero indicó que "si la curva de infección se aplana pronto, la economía podría estar en mejores condiciones de recuperarse", informa Bloomberg.

Publicado: 21 abr 2020 22:03 GMT

Publicado enInternacional
Para hacer realidad un derecho. Acción de tutela en favor de todas las personas sindicadas.
 

Formato de acción de tutela para solicitar casa por cárcel. Formato para personas sindicadas privadas de la libertad por cualquier delito que no entre en los requisitos del decreto expedido por el Gobierno

El pasado viernes 14 de abril el gobierno nacional expidió el decreto 546 por medio del cual adoptó “[…] medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en el marco del Estado de Emergencia Económica, social y ecológica”.

El decreto, como lo anotan los especialistas, es totalmente insuficiente frente al peligro real que enfrentan los presos de perder su vida producto de una infección y/o contagio generalizado que suceda en los sitios de castigo y, por tanto, de necesaria excarcelación de quienes por uno u otro motivo han perdido su libertad.

Luchar por la excarcelación y traslado a sus sitios de vivienda de sindicados y condenados es urgente, medida por reclamar, para que continúen allí el proceso judicial mientras sea superada la situación de emergencia en salud que ha llevado a recluir en cuarentena a 50 millones de colombianos y colombianas.

Para facilitar el proceso de demanda ante los jueces de la medida de excarcelación, el Semillero de estudios dogmáticos y Sistema penal de la Facultad de Derecho y Ciencia política de la Universidad de Antioquia y el Colectivo Abolicionista contra el castigo, elaboraron el siguiente formato:

Formato para personas sindicadas privadas de la libertad por cualquier delito QUE NO ENTRE EN LOS REQUISITOS DEL DECRETO EXPEDIDO POR EL GOBIERNO:

Si usted cuenta con posibilidad de imprimir y va a entregarlo físicamente, antes de hacerlo complete con sus datos los espacios y borre todo lo que está en rojo. Esta tutela se puede poner por correo electrónico, en las siguientes direcciones:

  • AMAZONAS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ANTIOQUIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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______________(su ciudad)_____, abril ______ (día)de 2020.

Señores

Magistrados del Tribunal Superior de _____________ (colocar el nombre de la ciudad)

Referencia:ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL DE CARÁCTER URGENTE

 

Accionante:

(También desde afuera de prisión puede presentar esta tutela un familiar, por correo electrónico a los correos que se indican al principio; en ese caso debe decir el nombre, apellidos y cédula de la persona que presenta la tutela, así como dirección y teléfono, y luego poner que se presenta a nombre de la persona privada de la libertad con todos los datos aquí indicados)

(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela) __________________________________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. ______________________, TD No. ______________, detenido(a) en _________________________________ (prisión o centro de detención donde se encuentra)

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, __________________________________________________(si te encuentras en una estación de policía incluir POLICIA NACIONAL), (Si te encuentras en un establecimiento carcelario, incluir el Director del establecimiento carcelario), GOBERNACIÓN DE ____________, ALCALDÍA MUNICIPAL DE _____________________

___________________________________________________,(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela - pueden ser varias que estén en la misma situación o presentar cada persona su propia tutela) identificado (a) con cédula de ciudadanía No. __________________, haciendo uso de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1983 de 2017, respetuosamente me permito presentar la precitada acción constitucional en contra de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, __________________________________________________(si te encuentras en una estación de policía incluir POLICIA NACIONAL), (Si te encuentras en un establecimiento carcelario, incluir el Director del establecimiento carcelario), LA GOBERNACIÓN DE ______________, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE _____________________, con el propósito de que sean tutelados mis derechos fundamentales a la salud y la vida, además de los que usted estime que han sido vulnerados y/o amenazados a la luz del bloque de constitucionalidad.

  1. HECHOS

PRIMERO: El Covid-19, según los informes de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), es un virus que surgió en la ciudad de WUHAN, CHINA y tiene como principales síntomas la fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si el paciente cuenta con un sistema inmunológico débil, puede ocasionar la muerte.

SEGUNDO: Debido a su naturaleza, el virus cuenta con características de rápida propagación, logrando ser catalogado como una pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

TERCERO: Para el 06 de marzo de 2020, Colombia confirmó su primer caso de infección. A la fecha de elaboración del presente escrito, la cifra ha aumentado a más de 4.000 casos confirmados y 180 muertes, siendo este uno de los países con el índice de propagación más elevado.

CUARTO: Gracias a la rápida expansión del virus, desde la semana pasada algunos presos y presas hemos manifestado nuestra preocupación por la propagación de éste, pues al ser parte de una población vulnerable, en vista de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde el año 2013, nos sentimos indefensos y temerosos frente al COVID-19, pues no disponemos de medicamentos ni acompañamiento médico para afrontarlo ante un contagio masivo de la pandemia y nos encontramos en lugares con tasas de hacinamiento que superan ampliamente la capacidad de habitabilidad para vivir libre de humillaciones.

QUINTO: En razón a lo anterior le hemos exigido al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para que garantice nuestros derechos fundamentales, pero hasta el momento nuestras palabras no han tenido efecto alguno.

SEXTO: El 21 de marzo de la presente anualidad, las cárceles de Colombia fueron protagonistas de varios enfrentamientos entre el personal del INPEC y los reclusos, toda vez que exigimos y seguimos exigiendo detención domiciliaria para afrontar esta crisis en nuestras casas. La situación logró controlarse, con costos humanos irreparables. Sin embargo, por el temor a ser contagiados en estas condiciones de indignidad, tememos que sea una cuestión de días hasta que el Estado pierda el control en los centros de reclusión, situación que aumentaría el peligro para nuestra vida y salud.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta el estado de cosas Inconstitucional (ECI) que presentan los centros de reclusión, la llegada del COVID-19 a cualquiera de estos representa un peligro inminente, no solo para el personal del INPEC y sus familias, sino también para la población carcelaria, que ronda las 123.451 personas.

OCTAVO: Aproximadamente el 4,3 % de la población carcelaria tienen 60 años o más. Según informes de la OMS, estas personas tienen un rango mayor de fatalidad al adquirir el virus junto con todo aquel que presente una condición médica que debilite el sistema inmunológico, que dadas las condiciones precarias de alimentación y salubridad que han sido bien descritas para los Centros de Reclusión Transitoria del país, en el seguimiento que la Corte Constitucional le está haciendo al ECI en materia carcelaria del país. Esto se puede ver especial en el Auto 110 de 2019.

NOVENO: El 22 de marzo, el Director General del INPEC, declaró el “Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria” en los establecimientos de reclusión del orden nacional, a través de la resolución 001144, donde sustenta que frente a lo acontecido los últimos días, existían situaciones de orden que no pueden ser controladas ni abordadas por los medios ordinarios, evitando que se pueda garantizar la prestación de servicios esenciales y afectando de forma directa nuestros derechos fundamentales hasta el punto de poner en riesgo nuestras vidas.

DÉCIMO: El día ____ de _______ de ______, (colocar fecha en que se realizó la audiencia de medida de aseguramiento) un Juez de Control de Garantías me impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Me encuentro siendo procesado por el delito de ________________________________ y actualmente recluido(a) en _________________________________________________________________________

DÉCIMO PRIMERO: Toda vez que me encuentro en un centro de reclusión que no tiene el personal humano ni los implementos necesarios para afrontar un muy alto probable contagio de COVID - 19 en sus instalaciones, mis derechos fundamentales a la salud y la vida se encuentran amenazados de forma inminente, por lo que es necesario de forma impostergable que se me sustituya la medida de aseguramiento actual por la domiciliaria, ya que de esta forma podría seguir todos los protocolos establecidos por el GOBIERNO NACIONAL para afrontar la actual pandemia.

DÉCIMO SEGUNDO: El día 14 de abril, el GOBIERNO NACIONAL promulgó el Decreto Legislativo No. 546 de 2020, teniendo este como objetivo:

“Por medio del cual se conceden los beneficios de la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID- 19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación”

DÉCIMO TERCERO: Aunque el objetivo del Decreto Legislativo es disminuir el hacinamiento carcelario (el cual se encuentra por encima del 50%) y mitigar el riesgo de propagación en los diferentes centros de reclusión, es menester recordar que en estos momentos hay 123.451 personas privadas de la libertad, de las cuales 38.052 son imputadas o acusadas.

DÉCIMO CUARTO: en una cifra muy optimista, por las exclusiones que se incorporan en el Decreto 546/2020, se estima que saldrían de los centros de reclusión un aproximado de no más 2000 presos, lo cual no sería siquiera el 2% de la población reclusa en nuestro país, generando que el hacinamiento continúe latente.

DÉCIMO QUINTO: La poca cantidad de personas que saldrán de prisión, se debe a que en el Decreto mantiene la prohibición de beneficios de subrogados penales contenida en el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000 para una inmensa cantidad de delitos, además de la prohibición que establece en el parágrafo del artículo 314, el cual se encuentra en la Ley 906 de 2004 y en el cual se prohíbe de forma expresa la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria. Asimismo, se incrementa la lista de delitos excluidos

DÉCIMO SEXTO: Debido a que el GOBIERNO NACIONAL incrementó la lista de delitos respecto a los cuales existía la prohibición de beneficios contenidos en las disposiciones precitadas con anterioridad, no fui cobijado por el decreto legislativo en mención, toda vez que el delito por el cual me encuentro siendo procesado hace parte de estas prohibiciones.

DÉCIMO SÉPTIMO: Lo anterior atenta gravemente contra mi derecho fundamental a la salud y pone en peligro inminente mi vida, toda vez que el virus está propagándose muy rápidamente y la probabilidad de que llegue al lugar donde me encuentro es casi que absoluta; en el evento de que ello suceda, necesariamente me contagiaría del virus, toda vez que el estado de hacinamiento en el que nos encontramos haría nugatoria cualquier medida que se tome en este lugar.

  1. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Con relación a los hechos narrados, considero que las instituciones accionadas en este escrito, se encuentran vulnerando mi derecho fundamental a la salud y ello a su vez pone en peligro inminente el derecho fundamental a mi vida.

  1. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y se erige como la coraza protectora de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentren dentro del Estado Colombiano.

Precisamente, en concordancia con los hechos anteriormente señalados, en el presente escrito se evidenciará que me está siendo vulnerado el derecho fundamental a la salud y puesto en peligro inminente mi derecho fundamental a la vida, toda vez que no ha existido una orden judicial o administrativa que les ordene a las autoridades competentes hacer mi traslado hasta mi lugar de domicilio.

El derecho fundamental a la salud ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial por parte del máximo tribunal constitucional e incluso se encuentra desarrollado por el legislador en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Tal como lo ha preceptuado la Corte Constitucional en la sentencia T- 171 de 2018, este derecho consiste en:

            “ (...) la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente y universal de un servicio público de salud que permita a todas las personas preservar, recuperar o mejorar su salud física y mental, como la posibilidad de hacer exigible por vía de tutela tales prestaciones para garantizar el desarrollo pleno y digno del proyecto de vida de cada persona”(negrillas originales).

Resulta claro que el derecho fundamental a la salud no solamente se restringe al acceso que tenga una persona sobre los diferentes servicios para tratar una determinada enfermedad, sino que además el Estado se encuentra en la obligación de prevenir cualquier tipo de suceso o riesgo que pueda ocasionar un daño a la integridad física y mental de cada una de las personas que residan en él.

En declaración del 9 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó: “Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.

Con relación a lo anterior y en el caso concreto, es indiscutible que el COVID-19 es una enfermedad y actualmente una pandemia que se propaga de forma fácil y rápida. La información anterior se respalda en el hecho de que el primer caso que se identificó en nuestro país fue el día 06 de marzo de 2020, siendo positiva una ciudadana que procedía de Milán - Italia y hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela se registran más de 1000 casos confirmados, sin contar con aquellos que aún no han sido detectados y según los expertos, pueden superar con creces los oficiales.

La situación en los centros de reclusión se torna más crítica en razón al COVID-19, ya que este virus tiene una gran capacidad de expansión y contagio, sin tener en cuenta que en los diversos centros de reclusión contamos con una penosa cifra de hacinamiento, aunado a que las condiciones de higiene, saneamiento de agua potable y demás satisfactores de necesidades básicas son pésimas, haciendo que la pandemia se expande fácilmente dado que no tenemos de los espacios necesarios para realizar un aislamiento preventivo.

Las órdenes emitidas por el GOBIERNO NACIONAL son claras y la principal de ellas es la medida de aislamiento, pero dada la situación actual de las cárceles en Colombia no las podemos cumplir, no contamos con tapabocas ni gel antibacterial para que los parámetros establecidos sobre cuidado ante la pandemia sean efectivos, por ende, basta con que llegue un solo caso para la propagación masiva del virus, siendo la comunidad vulnerable la más afectada.

Es menester precisar que la acción de tutela no solo es idónea para evitar que continúe la vulneración de los derechos fundamentales, sino también para salvaguardarlos cuando exista una amenaza inminente de estos. Conforme a la premisa sostenida con anterioridad, no cabe duda que la vida es un derecho fundamental y que una pandemia como el COVID-19 la pone en alto riesgo de que ésta cese; basta con ver las cifras de países como Italia, España o China.

Esta pandemia ha cercenado millares de vidas a nivel mundial, enseñándose especialmente con las personas que tienen el sistema inmune deteriorado, como, por ejemplo, los adultos mayores, quienes también son sujetos de especial protección constitucional, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en múltiples sentencias.

Para ilustrar un poco más la situación que padecemos los reclusos, según informes del INPEC, en Colombia hay 1.301 hombres privados de la libertad con 70 años o más, de los cuales 1.000 están condenados y los otros 301 imputados o procesados; todos permanecen presos. También hay 41 mujeres con esta misma edad, de las cuales 33 están condenadas y 08 imputadas o procesadas; todas presas. Igualmente, hay 74 mujeres con detención preventiva en centros de reclusión y la cuales tienen edades que oscilan entre los 65 y 69 años. De estas, 26 están imputadas o acusadas y las otras 48 se encuentran condenadas. Finalmente, hay 1.503 hombres con edades entre los 65 y 69 años, de los cuales 1.107 ya cumplen condena y 394 están en calidad de imputados o procesados.

Es importante denotar que es de suma urgencia, tomar cartas en el asunto y proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables respetando los parámetros constitucionales y recordando que es obligación del Estado velar por el bienestar de los internos, tal como lo expone la Sentencia T-836 de 13, emitida por el máximo tribunal constitucional:

“El Estado, en su función de garante, debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia, específicamente en lo que tiene que ver con el deber de brindar condiciones de salud adecuadas que reflejen un trato digno inherente a la naturaleza del ser humano”.

Si bien el GOBIERNO NACIONAL ha emitido un Decreto Legislativo en el cual ha prohibido el beneficio de la detención domiciliaria para el delito por el cual me encuentro siendo procesado, ustedes señores Magistrados deben inaplicar la disposición en las cual se encuentra dicha prohibición con el objetivo de salvaguardar derechos fundamentales de mayor raigambre constitucional.

Lo anterior señores Magistrados, porque resulta inconcebible que, pese a este momento histórico, en el que se exige que el Gobierno actué en favor de los más desprotegidos, haciendo parte de este grupo nosotros los reclusos, el ejecutivo emita un Decreto Legislativo que nos excluya, obligándolos a permanecer en un sitio que favorece el contagio de un virus mortal y, por tanto, contrariando la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecida en el artículo 12 de la Constitución Política colombiana.

El GOBIERNO NACIONAL de forma desproporcionada estipula que no se podrá otorgar la detención domiciliaria a una amplia cantidad de delitos, produciendo que no salgan de los centros de reclusión carcelarios o transitorios siquiera el 10% de los reclusos y generando con ello que el estado de cosas inconstitucional se mantenga vigente, siendo este un perfecto aperitivo para que el COVID-19 se ciña sobre nosotros, los más vulnerables.   Además, dicha exclusión es contraproducente con la finalidad de evitar que un contagio masivo implique que el personal médico tenga que decidir sobre la vida y la muerte de personas, que de ser debidamente atendidas, que podrían ser salvadas.

Señores Magistrados, el Decreto Legislativo emitido por el Gobierno Nacional afirma que vale más tener a un procesado por un delito de poca gravedad (véase por ejemplo la prohibición para el delito de hurto calificado) en un centro de reclusión a una persona que goza de su presunción de inocencia, que no ha sido vencida en juicio, con el objetivo de que tal vez no comparezca al proceso, no resulte un peligro para la sociedad o la víctima u obstruya la justicia y en contravía de sus más preciados derechos fundamentales como la locomoción, presunción de inocencia, dignidad humana, unificación familiar, la salud, la vida, etc…

Señores Magistrados, ustedes son llamados a velar por los derechos fundamentales de las personas y por ende puede emitir las órdenes que considere necesarias para que no continúe la vulneración de estos o en caso de estar en peligro inminente para evitar que sean vulnerados. Ustedes pueden ejercer el control difuso contemplado en el artículo 4 de nuestra Carta Política y consecuencia de ello, inaplicar la prohibición del delito para mi caso concreto contemplada en el Decreto Legislativo por resultar desproporcionada con relación a los derechos fundamentales que me están siendo vulnerados y me serán vulnerados si continuo en el centro de reclusión que me encuentro.

En el caso concreto señores Magistrados, para evitar que se sigan vulnerando mis derechos fundamentales o llegue a perderse mi vida, de forma respetuosa le solicito ordene a las autoridades competentes, realizar mi traslado hasta el lugar de domicilio, con el objetivo de poder tomar todas las medidas necesarias para salvaguardarlos.

  1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es de carácter subsidiario, por lo que no resulta procedente cuando existen otras acciones jurídicas que salvaguarden los derechos fundamentales objeto de amparo, salvo en el evento de que exista un perjuicio irremediable y tenga como objetivo protegerlos de forma transitoria.

Con relación al caso particular, el problema jurídico que subyace es determinar si dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe una acción jurídica idónea para buscar la sustitución de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a detención domiciliaria y en el evento de que se hallare, si en el transcurso de dicho procedimiento no se originaría un perjuicio irremediable al imputado o procesado, teniendo en cuenta para ello el contexto actual.

La respuesta al primer interrogante es clara: en nuestro ordenamiento jurídico existe un instrumento procesal y disposición sustancial que permite realizar la sustitución de la medida de aseguramiento, tal como lo preceptúa el artículo 318 de la Ley 906 de 2004:

“ARTÍCULO 318. SOLICITUD DE REVOCATORIA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, por una sola vez y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo308.”

Dicha solicitud de sustitución debe realizarse ante el centro de servicios judiciales, quien programará audiencia que será presidida por un Juez de Control de Garantías y a la que deberán asistir el ente acusador, la defensa, y el imputado o procesado. Desde el momento de la solicitud hasta la realización de la audiencia, pueden pasar varios días e incluso semanas, con el agravante de que en la situación actual la falta de recursos materiales y humanos pueden aumentar el tiempo de forma considerable.

Aunque existe un instrumento idóneo para solicitar el cambio de medida de aseguramiento, en el presente caso este se tornaría ineficaz por la alta probabilidad de la ocurrencia de un perjuicio irremediable de los derechos fundamentales objeto de la presente acción. El máximo tribunal constitucional en la Sentencia T- 318 de 2017 ha definido los elementos del perjuicio irremediable:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

En el presente caso se observa que se cumplen con los cuatro requisitos establecidos por la Corte Constitucional para acreditar el perjuicio irremediable. En primer lugar, porque la probabilidad de contagio del COVID-19 en un centro de reclusión carcelario o transitorio es muy alta, toda vez que sólo bastaría con que uno de los reclusos sea contagiado para que se genere un crecimiento exponencial del virus, máxime cuando existe un alto hacinamiento carcelario.

En segundo lugar, existiría un daño real en mi salud como recluso, además de que mi vida se encontraría en riesgo, ello porque este virus tiene una alta letalidad. En tercer lugar, resulta necesario y urgente que las cárceles y demás centros de reclusión transitorios disminuyan por completo su hacinamiento, toda vez que como se argumentó, ello es lo que incrementa el riesgo de contagio y como en la actualidad no ha sucedido, la medida que se debe tomar es ordenar mi traslado a un domicilio, con el objetivo de que allí pueda aislarme preventivamente como el resto de personas que se encuentran en el territorio nacional.

En último lugar, el aislamiento en un domicilio resulta impostergable, toda vez que en el evento de que no se realice, puede existir un grave deterioro a mi salud, además de que mi vida se encontraría en alto riesgo, ello por la alta probabilidad de que el virus ingrese a los diversos centros de reclusión y la poca atención medica que podría recibir allí, esto teniendo en cuenta el poco personal médico existente y los pocos implementos médicos que existen en estos.

Al encontrarse acreditado el perjuicio irremediable que sufriría si no se me envía de forma inmediata a mi domicilio con el objetivo de que pueda cumplir con las medidas establecidas para prevenir un contagio del COVID-19 y teniendo en cuenta que para la eventual fecha de realización de la respectiva audiencia ante un Juez de Control de Garantías mis derechos fundamentales ya habrían sido vulnerados, la presente acción de tutela se torna procedente.

  1. PRETENSIONES

 

Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas, respetuosamente le solicito señor Juez, concederme como accionante las siguientes pretensiones:

  1. TUTELAR los derechos fundamentales invocados.
  2. Consecuencia de lo anterior, CONCEDER la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria, que para ello es en __________________________________ (colocar la dirección en la cual el procesado estaría en detención domiciliaria) del municipio de ________________, con el fin de prevenir un contagio masivo del COVID-19 al interior del centro de reclusión en el que me encuentro, evitando de esta forma un perjuicio irremediable de mis derechos fundamentales.
  3. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 30B de la Ley 65 de 1993, ORDENAR que el traslado se realice garantizando mis derechos fundamentales a la vida, integridad personal y dignidad humana.

(En caso de que la persona privada de la libertad pueda correr con los gastos de transporte desde donde está recluido(a) hasta donde cumplirá la domiciliaria, indicarlo aquí, para que no pongan como excusa que no tienen con qué, y poner en este punto que se permita el traslado hasta el domicilio)

  1. ORDENAR al INPEC aplicar la Directiva transitoria 000009 relativa a la detención, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, expedida en el marco de la declaración de la emergencia carcelaria.
  2. TUTELAR los demás derechos fundamentales que estime pertinentes, además de emitir las órdenes que considere pueda ayudar a salvaguardarlos.
  1. MEDIDA PROVISIONAL

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 7, prevé las medidas provisionales con la finalidad de salvaguardar prontamente los derechos fundamentales amenazados, y evitar así, un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en la sentencia T-103 de 2018 esgrimió frente a la medida provisional que aquella:

           “está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito)”

En el mismo sentido, el máximo tribunal constitucional en la Sentencia SU- 695 de 2015, caracteriza las medidas provisionales como aquellas que:

       “buscan evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa y las mismas pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que “únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida.

          Esta Corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o amenazador de un derecho fundamental “tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto”.

Teniendo en cuenta esto, son procedentes las medidas señaladas en los incisos A2, B1, B2, B5 del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, atendiendo a la emergencia carcelaria y la imposibilidad que esto representa para cumplir con plena eficiencia lo determinado en el decreto 457 de 2020, toda vez que la limitación de espacio, la falta de medidas adecuadas de saneamiento, la insuficiencia de la prestación de servicios de salud y demás deficiencias evidencias a través de la declaratoria del ECI convierten los establecimientos carcelarios en focos de propagación de crecimiento exponencial del COVID-19 por lo cual acudir a estas medidas sustitutivas pueden evitar mayores perjuicios como el colapso del sistema de salud y una cadena de vulneración a los derechos fundamentales, se hace URGENTE en la medida en que diariamente aumentan los contagiados por el virus y las condiciones actuales a las cuales se encuentran expuestas las personas privadas de la libertad facilitan la propagación del mismo.

  1. COMPETENCIA

En concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el artículo 1° numeral 3 del Decreto 1983 de 2017, es competente el Tribunal Superior del Distrito Judicial o el Tribunal Administrativo para conocer del asunto, debido a que la vulneración de los derechos fundamentales invocados, de los cuales se solicita su amparo se encuentran siendo amenazados y vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, entre otras autoridades públicas.

El artículo 50 de la ley 1709 de 2014, dispone que la orden de excarcelación debe darse por autoridad judicial competente y ustedes señores magistrados son competentes para ello por ser jueces constitucionales.

En caso de que no avoquen competencia, les solicito de manera respetuosa que remitan la acción a quien consideren competente.

  1. JURAMENTO

Señores Magistrados, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad.

  1. PRUEBAS
  2. Copia de mi cédula de ciudadanía.

- Si es una mujer y le faltan menos de dos (2) meses para el parto deberá mencionar como prueba la historia clínica y en el caso de que su hijo haya nacido y no tenga más de seis (06) meses, también deberá mencionar como prueba la historia clínica y el Registro Civil de Nacimiento o en su defecto el Certificado de Nacido Vivo.

-Si padece alguna enfermedad deberá mencionar la historia clínica y en el evento de que le hayan realizado un examen médico por Medicina Legal o profesional particular, también deberá mencionarlo.

- Si tienes un hijo con algún tipo de discapacidad Y ERES MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA, deberás mencionar su historia clínica y demás documentos que tengas en tu poder que puedan acreditar dicha condición. Además, puedes probar que eres padre o madre cabeza de familia mencionando el proceso de alimentos en caso de que exista o un acta de conciliación.

- Si es mayor de 60 años, indíquelo y adjunte copia de cédula o registro civil si lo tiene.

- Si ya cumplió el 40% de la condena, indíquelo también.

1O. ANEXOS

  1. Documentos aducidos como prueba

A LA ACCIÓN DE TUTELA DEBERÁS ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE MENCIONASTE COMO PRUEBAS

NOTIFICACIONES

Accionante: (colocar correo electrónico y teléfono de algún familiar o ser querido de confianza y muy cercano al procesado)

Respetuosamente,

(Aquí deberá firmar el procesado)

_________________________________  

(aquí deberá colocar el nombre del procesado)

C.C No. (número de cédula del procesado)                          

(Si va a enviar esto directamente desde prisión, puede hacer el envío por la oficina jurídica donde pondrán un sello y enviarán al juez: lleve este documento igual dos veces, para que entregue uno a la oficina jurídica y le entreguen otro donde conste con sello o firma y fecha que usted presentó esta tutela).

Publicado enColombia
Cancillería de Colombia discrimina colombianos atrapados por el mundo

Continúan retornando al país, en vuelos especialmente fletados, connacionales que, contrario a su voluntad, quedaron confinados en variedad de países. Una alegría inmediata para ellos/ellas y sus familias, así como para quienes estamos comprometidos con la causa del retorno de la totalidad de quienes están viviendo esta circunstancia ajena a su voluntad. Pero son más los que no encuentras eco para su demanda de regreso pronto a su terruño, sobrellevando estos días en claras condiciones de vulnerabilidad y riesgo.

El 15 de abril llegaron 45 colombianos repatriados desde República Dominicana, según confirmó Migración Colombia, regresaron en un vuelo humanitario. Al aterrizar fueron sometidos a chequeos médicos para descartar cualquier síntoma relacionado con el Covid-19.

Ese mismo día también aterrizaron 114 colombianos procedentes desde Fort Lauderdale, en un vuelo comercial que entró por excepcionales de carácter humanitario. El pasado 11 de abril volvieron 112 connacionales en vuelo fletado por peruanos que estaban bloqueados en Colombia, avión aprovechado para regresar por los compatriotas que, a su vez, permanecían en el país inca, y para lo cual cada uno de ellos canceló 320 dólares por pasaje. ¿Dónde quedan las medidas igualitarias con todos los que desean volver? ¿Por qué la cancillería gestiona unos vuelos humanitarios y otros no?

Ya lo dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al exigir que los países de América Latina permitan el regreso de todos sus ciudadanos.

Michellet actúa según lo manda la normativa colombiana, fiel al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado en Colombia mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”, el cual destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12, numeral 4) Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país. 

La Canciller colombiana Claudia Blum comentó, en entrevista con Blu Radio, que “Hemos comenzado a girar recursos y solicitamos un presupuesto de $ 14.570 millones al Minhacienda para que los consulados y embajadas puedan brindar una asistencia temporal para subsistencia mientras se hace posible su regreso. Esperamos esos recursos a la mayor brevedad”. ¿Dónde está esa plata?, se preguntó Esteban Jiménez, en diálogo con desdeabajo(1), él estuvo atrapado en Perú y volvió hace unos días y pagó los 320 dólares por su regreso. Contó, indignado, que siguen alrededor de 120 colombianos en Perú y no han recibido ayudas del consulado, en medio de una cuarentena con militares exentos de castigo alguno si matan o hieren personas que incumplan la cuarentena.

Carolina Tafur, quien lleva las banderas del grupo “Colombianos atrapados en Australia”, comentó en entrevista con desdeabajo(2) que no han recibido ayudas los cerca de 270 colombianos que siguen atrapados en ese país, de los cuales 110 tomaron la iniciativa de interponer tutelas exigiendo su regreso a su país. A su vez Alex Betancourt, atrapado en la India junto con otros 80 colombianos, contó a desdeabajo (3) que tuvo que interponer una tutela reclamando por su derecho a regresar a su país. La situación en India es de las más complicadas que viven los colombianos atrapados en diversidad de países, en medio de una acelerada xenofobia y crisis religiosa que pone en peligro sus vidas.

La Cancillería de Colombia no está tomando medidas igualitarias, en algunos casos gestionan vuelos y en otros no. Así los connacionales ofrezcan pagar sus pasajes de regreso, no dan vía libre a su retorno. Además, como lo evidencian sus relatos, tampoco están entregando las ayudas prometidas mientras pasan la cuarentena en difíciles circunstancias. La Cancillería, contrario a su deber, en vez de procurar proteger los derechos de los colombianos los está vulnerando. Ahora los connacionales, además de reclamar sus derechos a la vida, la salud y la repatriación, deben sumarle al reclamo su derecho a la igualdad.

 

Artículos relacionados

 

Mirar artículo 1: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39361-vuelven-colombianos-varados-en-peru-pero-quedan-los-mas-vulnerables.html

Mirar artículo 2: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39312-embajada-de-colombia-en-australia-deja-a-270-colombianos-a-su-suerte.html

Mirar artículo 3: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39294-pandemia-xenofobia-y-guerra-religiosa-viven-80-colombianos-en-india.html

Publicado enColombia
Un recurso urgente en favor del ser humano: Los jueces en época de crisis.

El 14 de abril fue presentada en Medellín una Acción de Habeas Corpus colectiva a favor de los presos sindicados, en este caso en la capital antioqueña. Se invita a todas las personas interesadas y/o preocupadas por la situación que padecen los presos de nuestro país, en riesgo de ser diezmados por el Covid-19, en particular de quienes a pesar de solo estar sindicados permanecen tras barrotes, a revisar y particularizar el documento adjunto a este escrito, para que lo radiquen en la instancia pertinente en su ciudad.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín negó el 15 de abril, en primera instancia la acción, entonces ahora será la Corte Suprema de Justicia la responsable de reconocer el derecho que les asiste a los detenidos a preservar su salud y vida.

Pero además, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene en sus manos la posibilidad de evitar que un contagio masivo en las cárceles produzca una catástrofe social y sanitaria. Un contagio que pondría en jaque el sistema de salud de todos los colombianos.

Un fallo indispensable, toda vez que el gobierno nacional no escucha las recomendaciones de los expertos de las principales agencia internacionales en materia de salud. La aglomeración de las personas es fatal en estos casos, realidad que no se quiebra con el decreto 546 del 14 de abril –supuestamente para descongestionar cárceles– pero que solo es un saludo a la bandera; un decreto, como puede deducirse de su lectura (y de ello son conscientes quienes lo suscriben, empezando por el Ministro de Justicia) que en el mejor pronóstico solo permtirá que salgan de prisión hacia sus casas, y en casos hacia centros de salud, 2.000 personas, lo cual es obvio que no permite atender la grave situación de hacinamiento ni el riesgo a ella asociado. Un decreto, por su pequeñez, que solo servirá para levantar el ánimo de las protestas carcelarias.

Como lo estamos viviendo por todo el país, producto de la cuarentena ordenada, quienes no estamos presos no podemos salir de la casa, y si lo queremos hacer debemos guardar distancia y utilizar toda la indumentaria para evitar contagio. Al mismo tiempo, en las cárceles y centros transitorios de detención, el hacinamiento hace parte del paisaje, nada de lo mandado por el decreto presidencial procede allí, ¿acaso al aludir a las cárceles estamos tratando de otro país?

En estas condiciones, con un poder indolente, en épocas de excepción, sí que hacen falta los jueces, aquellos que alejados del poder entienden que su función es controlarlo, en favor de las minorías y del ser humano. Controlar a un gobierno irresponsable. Y en este caso, además, para evitar una catástrofe social.

Un proceder necesario, urgente, ante la conocida realida realidad de sobrepoblación carcelaria, así como las condiciones degradantes y dantescas que padecen las personas detenidas preventivamente en los centros de reclusión y los centros de detención transitoria con que cuenta Colombia.

Una realidad que viene desde años atrás, no resuelta a pesar de las Sentencias de los jueces, a la que hoy se suma la grave situación de salud pública que afecta al país, como a la mayoría de sociedades alrededor del mundo, una situación inédita generada por la expansión y riesgo de contagio del virus Sars-CoV-2 y, por lo tanto de la epidemia por la enfermedad Covid-19, que amenaza de forma inminente y grave la vida de los seres humanos, y que puede multiplicarse en estos centros de detención, declarados en Estado de Emergencia mediante la resolución 001144 del 22 de marzo de 2020.

Se trata de una situación sobreviniente, que requiere medidas extraordinarias. Un verdadero estado de necesidad, que impone un momento decisivo de inflexión en la tradicional discusión jurídica sobre la cuestión de la detención y la libertad.

Con soporte legal

La Constitución y la ley contemplan acciones que permiten reivindicar las garantías de los seres humanos en estas épocas de emergencia, y sobre todo para aquellos que están privados de la libertad. Hablamos de la acción de Hábeas Corpus mediante la cual se pretende la protección de la libertad personal, porque la detención preventiva, es decir la privación de la libertad en los establecimientos carcelarios y los centros de detención transitoria ha devenido contraria a las garantías constitucionales o legales, lo cual obliga a formular esta acción como colectiva, en aplicación del principio pro homine.

Como lo enseña la Corte Suprema de Justicia, en el Auto 110 de 2019, emitido por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) “[…] el juez constitucional es competente para usar diferentes remedios jurídicos con el fin de cesar el riesgo inminente de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, en situaciones concretas que son puestas en su conocimiento”.

Por tanto, es posible acudir a esta acción de Habeas Corpus Colectivo por la imperiosa necesidad de actuar de manera pronta ante una verdadera “guerra” que se vive en todo el territorio colombiano y mundial, por el brote del Covid-19.

En ese marco, esta acción propone un ejercicio integrador de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, así como de las prácticas institucionales en otros lugares del mundo que hoy liberan a sus presos por la amenaza del Covid-19, y los extremos jurisprudenciales interamericanos (tanto de la Comisión como de la CIDH), así como los estándares mínimos convencionales en la aplicación de la prisión preventiva que de no satisfacerse la convierten en ilegal.

Se trata, en esta grave crisis, de un control judicial efectivo y oportuno para subsanar la ilegalidad de la privación de la libertad y una manera especialísima de interpretar esta acción y el derecho constitucional, con soporte convencional, en el estado de emergencia que se vive.

La legislación internacional brinda luces sobre el particular, Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 8, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9 numeral 4, la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 7 numeral 6, 25 numeral 1, 27 numeral 2; y la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo XXV inciso 3, se garantiza que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) tienen la posibilidad de ejercer acciones, de recurrir ante jueces con el fin de garantizar su derecho humano a la libertad cuando lo vean vulnerado durante el tiempo de privación del mismo. Así mismo se reconoce en la Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela).

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del Covid-19, urge enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población, asegurando las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

Conforme con lo establecido en sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la CIDH recuerda que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades. Estamos obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia.

Además, las convenciones desarrollan una serie de directrices que buscan la protección de los derechos humanos en esta situación, y Colombia las suscribió, pero además la Constitución de 1991, en el artículo 30, desarrolla la acción conocida como Habeas Corpus, estableciendo que las personas privadas de la libertad que creyeren estarlo ilegalmente, pueden acudir ante un Juez interponiendo esta acción.

Si bien el artículo 30 superior no contempla de forma taxativa la aplicación del Habeas Corpus de forma colectiva, tampoco lo prohíbe, y hoy resulta ser la vía constitucional que permita restablecer la libertad de quienes se encuentran privados de forma ilegal. Consideramos, en estas condiciones, que no es consecuente tomar una postura que niega esta posibilidad, de cara a la realidad social y los fines ontológicos propuestos en el preámbulo de la Constitución y en el artículo 2, es decir resulta un imperativo para los jueces de Habeas Corpus, verdaderos jueces constitucionales, interpretar de manera integradora el tenor literal de la ley con el fin de garantizar un acceso efectivo de la justicia para los detenidos preventivamente.

Aunque el derecho a la libertad personal ocupa un lugar importante en la normativa nacional e internacional, y por ello el Habeas Corpus se orienta en principio a su garantía, es evidente que con frecuencia la privación de la libertad se convierte en un medio para atentar contra otros derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, el cometido esencial del Habeas Corpus no se puede entender restringido solo a la protección del derecho a la libertad sino que ha de dársele una proyección mucho más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal, y que por esta circunstancia se encuentran en latente y permanente amenaza.

La privación arbitraria o ilegal de la libertad de una persona, puede constituir una modalidad o medio para la violación de otros de sus derechos y libertades, los que se han colocado en condiciones precarias o, incluso, pueden llegar a ser anulados en ciertos casos extremos. En estas circunstancias, el Habeas Corpus hoy se convierte en el instrumento máximo de garantía de la libertad individual ante la amenaza del coronavirus, que no es diferente a una amenaza a la vida y la integridad personal.

Una acción necesaria, en tanto el actual Estado de Emergencia generado por el brote de Coronavirus (Covid-19) exige replantear la forma en la que se accede a la justicia, y siendo el Hábeas Corpus la acción por excelencia para la verificación del cumplimiento de la libertad, como garantía constitucional de quienes están privados de ella, estamos conminados a realizar un análisis extensivo de la aplicación de dicha acción para que de esa forma pueda aceptarse su existencia como acción Colectiva, herramienta legal y constitucional para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, hoy ilegalmente porque están amenazados en su salud y en su vida por los posibles brotes de coronavirus dentro de los centros de reclusión transitoria, estaciones de policía, cárceles y penitenciarías.

Esta acción impactará de forma positiva y permitirá de forma oportuna atender la situación dramática que hoy se vive, igual garantizará el principio de acceso a una pronta administración de justicia, toda vez que para los efectos de esta acción de Habeas Corpus todos los detenidos preventivos se encuentran en la misma situación, y de esta manera se sientan las bases para el ejercicio de derechos con incidencia colectiva frente a los intereses individuales homogéneos de un conjunto de personas, lo que hace pertinente y conveniente su realización en un único trámite.

Se trata de la protección de seres humanos que se encuentran en un estado de absoluta vulnerabilidad, sujetos de especial protección, privados de la libertad en condiciones ileg0ales, en cuyo caso el Juez Constitucional debe actuar como garante de este derecho.

Es inminente y grave la situación en las cárceles y centros de detención. El 10 de abril se dieron a conocer brotes de infección en la cárcel de Villavicencio. Dos detenidos murieron por Covid-19, y se confirmó la enfermedad en más de 15 internos, muchos otros con síntomas respiratorios se encuentran esperando los resultados del examen. 

Y en la cárcel Distrital en Bogotá, un comandante de guardia reporta síntomas y 13 guardias esperan los resultados. Todos tuvieron contacto con los presos. El protocolo o guía del instituto nacional de salud ordena aislarlos, pero es imposible por la alta población y porque no se cuenta con instalaciones para esto.

Un contagio masivo en las cárceles colapsará el sistema de salud y de nada habría servido la cuarentena a la que estamos sometidos todos en el país, que además tiene como propósito relentizar la epidemia mientras dotamos y adecuamos el sistema de salud. Entonces, hoy los jueces deben velar por toda la sociedad en riesgo. Tenemos un sistema de salud muy frágil.  

Los derechos a la vida y a la integridad personal no sólo implican que el Estado los debe respetar (obligación negativa), sino que además requiere que se adopten todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.

En este caso y frente a la pandemia del coronavirus la manera de hacerlo como lo ordena la Organización Mundial de la Salud (OMS), y lo dispuso el Gobierno, es con distancia social, aislamiento y salubridad, pero ni en la cárcel ni en las estaciones de policía, esto es factible. No existen condiciones para facilitarlas. Y así es porque el hacinamiento que hoy se vive en estos lugares hace imposible que se guarde distancia entre los detenidos para evitar el contagio. Además, estas instalaciones no cuentan con la dotación mínima necesaria para garantizar el servicio de agua y aseo personal.

Además las medidas sanitarias adoptadas para evitar la propagación del virus requieren, como lo sabemos, de un espacio mínimo necesario entre las personas (2 metros), situación que es imposible, absolutamente imposible, cumplir en estos centros de detención, dada la estructura física de las instalaciones y el hacinamiento.

Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que teme la brutalidad con la que la Covid-19 podría llegar a los lugares de detención. La población carcelaria es particularmente vulnerable a las enfermedades infecciosas. El agua potable es un lujo en muchas cárceles, y es probable que no haya jabón, desinfectantes a base de cloro y otros elementos esenciales. Las cárceles son mucho menos inmunes a las epidemias que el resto de la sociedad, por lo que cualquier virus puede entrar y salir de estos lugares con mucha mayor facilidad. 

Un reto que obliga, aún más, que todos los poderes públicos del Estado colombiano cumplan con su especial posición de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Esto implica el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la privación de libertad no exceda el nivel de sufrimiento inherente a la detención.

Así las cosas, para que la detención no devenga ilegal debe cumplir con los estándares mínimos internacionales en esta área, sin agredir la dignidad del ser humano. (Caso Vera y Vera y Otros Vs Ecuador, sentencia del 19 de mayo de 2011).

Es que lo establecimientos de reclusión transitoria y los centros carcelarios son verdaderos antros en los que minuto a minuto se infringe un trato indigno al ser humano. Además, han terminado infringiendo un castigo anticipado al detenido preventivo, y son un absoluto peligro para la vida y la salud de las personas recluidas, por la contingencia sanitaria.

Y la integridad personal de los detenidos preventivos hoy está gravemente amenazada y de esta manera la privación de la libertad deviene ilegal. El detenido preventivo no está obligado a soportar semejante castigo, carga y riesgo para su salud, su integridad y su vida.

Pero, además, debemos recordar que el incumplimiento del término máximo de 36 horas que una persona puede permanecer en uno de los centros transitorios o inspecciones de policía que hoy se destinan para alojar a los detenidos, torna la detención en ilegal, razón adicional para reclamar la libertad, tal como lo reiteró la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Acción de Tutela instaurada por los detenidos en los centros transitorios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, expediente STP 14283-2019, radicado 104983 de octubre 15 de 2019, Magistrados Patricia Salazar Cuéllar y Luis Antonio Hernández Barbosa.

Entonces, los jueces constitucionales como garantes de derechos fundamentales hoy son los llamados a velar por la protección de los detenidos, por la vía del Habeas Corpus Colectivo, porque la privación de la libertad se tornó ilegal al poner en entredicho la inviolabilidad del derecho a la salud y la vida amenazadas en forma grave y cierta por la pandemia del Coronavirus.

 

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Vuelven colombianos varados en Perú,pero quedan los más vulnerables

Los vuelos para retornar al país por parte de quienes quedaron bloqueados en distintos países por motivo de la cuarentena decretada por decenas de países sí es posible, lo único que falta para ello es voluntad política, precisamente lo que no caracteriza al gobierno de Iván Duque.

Es una necesidad latente entre colombianos regados y confinados en variedad de países tales como India, Argentina, El Salvador, Australia, Perú, cerca de 4.000 luego de los regresados durante los últimos días.

Precisamente desde el último de los países relacionado el sábado 11 de los corrientes arribaron al país 112 connacionales, los que aprovecharon un vuelo fletado por peruanos que a su vez estaban bloqueados en Colombia por igual motivo: las cuarentenas decretadas por variedad de gobiernos a lo largo del globo como estrategia para contener el coranavirus. En el caso de los incas, el gobierno de su país, a través de su consulado en Colombia, les brindó una mano para finiquitar el acuerdo con la empresa de aviación que los transportó, aunque no les aportó nada en capital ya que cada uno de los viajeros debió cancelar 380 dólares para permitir su embarque.

Lo propio les correspondió hacer a los connacionales, cada uno de los cuales debió cancelar 320 dólares.

La oportunidad

“Yo me enteré por facebook dos días antes de partir, por una comunicación de la embajada de Perú en Colombia. La embajada peruana contactó y difundió que los peruanos varados en Colombia que pudieran pagar el vuelo comercial escribieran” comentó Esteban Jiménez, colombiano que regresó después de quedar confinado en el país vecino, bloqueado por el inicio de la cuarentena.

¿Y entonces llamó a la embajada de Colombia en Perú? “Yo les escribí, contesta Esteban, a la embajada de Perú en Colombia que me ayudaran a volver pero dijeron que lo sentían mucho pero quien tenía que gestionar eso era el gobierno colombiano. Lo que me hace pensar que el gobierno colombiano no había hecho la gestión”.

Entonces, ¿qué hizo?  “Comenzamos hacer la gestión los colombianos atrapados en Perú y que tenemos un grupo de whastapp. Yo hablé con dos funcionarios del consulado de Colombia en Perú y me dijeron que no tenían conocimiento de ningún vuelo. Que por cierto no fue vuelo humanitario, fue vuelo comercial, pues a cada uno de los peruanos le cobraron 380 por el viaje, contestó Esteban que ya llevaba 3 semanas atrapado en Lima”.

¿Qué les dijo el consulado colombiano en Perú? “Entonces los funcionarios colombianos establecieron contacto con el vuelo peruano que partía desde Colombia y empezaron a hacer la gestión del listado de la gente que se iba. Las características eran 1. Que tuvieran el dinero para pagar el vuelo y 2. Que vivieran en Bogotá o tuvieran un lugar para quedarse en Bogotá (con el fin, me imagino, de no entrar en gastos hospedando personas o pagando vuelos para otras ciudades)”, contó indignado el colombiano.

¿Y qué pasó entonces con los demás colombianos que no tuvieron dinero para pagar el vuelo? Esteban, contesta con tono serio, “hasta el día de ayer (viernes 10) el consulado no dio ningún tipo de ayuda humanitaria a los colombianos varados en Perú. Ni mercados”.

Al llegar al aeropuerto internacional El Dorado a los colombianos les tomaron la temperatura, les dieron guantes y mascaras, y una charla sobre la pandemia y la importancia de estar en cuarentena. Pero no les hicieron prueba de coronavirus. ¿Dónde están las 250.000 pruebas de coronavirus que anunció la alcaldesa Claudia López en semanas pasadas?

Una buena noticia la que hayan regresado 112 colombianos de los confinados en Perú, pero lograron volver por tener los 320 dólares que les cobraron por pasaje. Pero otros permanecen allí confinados, sin recursos o con escases de recursos para sobrellevar su estadía, pasando los días en condiciones difíciles, y con necesidad cada vez más imperiosa de regresar a sus hogares.

Quienes están por fuera de su tierra, en contra de su voluntad, reclaman, tanto en Perú como en los otros países donde aguardan con impaciencia un vuelo de rescate, que el gobierno nacional cumpla con sus funciones, que no los destierre, que gestione los vuelos que sean necesarios y que permita su ingreso al país.

No es un lamento, es una exigencia como parte integrante de una sociedad regida por un Estado de derecho. Su exigencia, que se escucha por varios países es una sola: Repatriación humanitaria ya para los colombianos atrapados alrededor del mundo.

Vea acá el especial de desdeabajo: Repatriación Ya https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39323-repatriacion-ya.html

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