Martes, 10 Septiembre 2019 04:56

Bachelet critica a Brasil y a Venezuela

Bachelet critica a Brasil y a Venezuela

 La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó el  informe presentado el 4 de julio sobre la situación en Venezuela. Denunció nuevos casos de “posibles ejecuciones extrajudiciales”, alertó sobre la frágil situación económica del país, y condenó el duro bloqueo impuesto por Estados Unidos. Bachelet aprovechó también su discurso para criticar la política ambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En el marco del 42° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, la ex presidenta de Chile aseguró que “la economía atraviesa el episodio hiperinflacionario más agudo en la región”. En materia de seguridad, recomendó disolver las Fuerzas de Operaciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, por "posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus miembros”, señaló. En su informe, Bachelet también condenó el bloqueo del gobierno estadounidense, que contribuye a “agravar la situación humanitaria” del país.

La alta comisionada también cuestionó la política ambiental del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. "Estamos quemando nuestro futuro" con los incendios en la Amazonia, afirmó en un tramo de su discurso. Los focos de incendio resultan especialmente perjudiciales para "las mujeres, los hombres y los niños que viven en esas áreas, entre ellos muchos pueblos indígenas", subrayó.

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Nasrin Sotoudeh, abogada por los derechos humanos

La explotación sexual de la mujer tiene mil caras. El vídeo de una boda celebrada en la provincia de Kohguiluye, en Irán –una de las más discriminadas y empobrecidas del país–, y la presión social ejercida vía redes sociales (pues cualquier manifestación no gubernamental en un espacio físico está prohibida)-, ha conseguido por primera vez que la teocracia islámica iraní se eche para atrás y haya anulado el matrimonio de una niña de 9 años. La edad de él carece absolutamente de importancia: aunque fuese joven y el más guapo del mundo, se trata de una violación de una niña basada en el poder físico, económico e incluso religioso.

La abogada Nasrin Sotudé ha sido condenada a a 38 años de prisión y 148 latigazos por pedir que la República Islámica de Irán cumpla con la Declaración de los Derechos del Niño (1959) e ilegalice este tipo de uniones por atentar gravemente contra los derechos de las niñas. Que Aisha, una de las esposas del profeta del islam, tuviese 6 o 8 años, es el argumento preferido esgrimido por quienes también defienden la Lapidación y la Ley de Talión prehistóricas.

El poderoso movimiento progresista de Irán, que ha tenido a numerosas mujeres entre sus principales líderes (como la profesora Mohtaram Eskandari, fundadora de la Sociedad Patriótica de Mujeres, arrestada en 1922 y su casa incendiada), consiguió, a pesar de las persecuciones, que en 1934 el Código Civil estableciera la edad nupcial femenina en 15 años. Sólo la autorización especial de un juzgado permitía bajarla a 13 años. Un año más tarde, en 1935, gracias también a la presión de Eskandari, se prohibió el velo, bandera de la extremaderecha religiosa, como símbolo del estatus de subgénero de la mujer. Fue entonces cuando millones de niñas pudieron estudiar gratis hasta terminar una carrera universitaria y entrar así en el mercado de trabajo.

Además, en 1964 las mujeres pudieron votar, elegir y ser elegidas; se restringió la poliginia, ampliando los derechos de la esposa en el divorcio y en la custodia de los hijos. La doctora Farrojru Parsa fue designada en 1969 ministra de Educación (fue ejecutada en 1980, por la Revolución Isalámica acusada de «iniciación a la prostitución»). En la judicatura hubo varias juezas, entre las que se encontraba en 1969 la premio nobel de la Paz Shirin Ebadi. Se creó un ministerio para Asuntos de la Mujer en 1970 y cuatro años después la Ley de Familia elevó la edad mínima para casarse a los 18 años.

Tras el secuestro de la revolución iraní de 1978 por la extremaderecha islámica y la G4, y en paralelo a la ilegalización de todas las organizaciones progresistas del país y la detención de decenas de miles de sus simpatizantes, la primera medida de Jomeini no fue repartir la renta del petróleo entre la población «desheredada» del país, sino abolir aquella Ley de Familia y aprobar una nueva «islámica» en la que bajó la edad nupcial de las niñas a los ocho años. Incluso autorizó al padre casar a sus hijas si eran menores de esta edad. La segunda medida tampoco estuvo dirigida a paliar las desigualdades, todo lo contrario: impuso el uso del velo a todas las mujeres y niñas mayores de 7 años. De hecho, el velo judeo-islámico marca la edad fértil de la niña, que se establece en torno a esta edad: ya es una mujer y tendrá las obligaciones de las adultas, que no derechos, como el voto o conducir. Se instaló un sistema de apartheid a la mitad femenina de la sociedad, prohibiendo su acceso a ciertos espacios, trabajos, cargos, recursos, etcétera.

En 2000, la presión social obligó a la Revolución Islámica a incrementar la edad del matrimonio a los 13 años, aunque la legislación mantuvo la facultad del padre para casar a sus hijas incluso antes de cumplir los ocho años: estas bodas no serán registradas, pero serán mashru, o sea legitimas desde un punto de vista religioso. Esa ley prevé dos años de prisión para la mujer aun si teniendo 50 años y en posesión de tres títulos universitarios se casa sin el permiso de su tutor varón. Según la religión, la mujer carece de capacidad mental porque Dios las creó así. En 2017, el parlamento iraní rechazó la petición de unos diputados en establecer los 16 años como la edad nupcial para las menores. En realidad, en esta teocracia no hay ningún límite de edad para el matrimonio.

Motivos de este atentado de adultos contra niñas

Económico. En las religiones semitas, gestadas en las regiones desérticas, dos factores contribuyeron a legitimar esta práctica:

1) La falta de recursos que provocaron guerras y también el imperio de la ley del más fuerte, causando la muerte de las niñas y mujeres. La escasez de ellas –en parte también debida a que muchas fueron amontonadas en los harenes de los ricos–, dio lugar a la costumbre, aún existente, de apalabrar una recién nacida a un hombre del clan para entregarla después de unos años como esposa. Obviamente, un bien escaso tiene un precio, que dependerá del estatus de la familia, la edad de las niñas, su belleza, si es de primera mano o ya ha perdido la virginidad, etcétera. ¿Significa eso una forma de prostituirla?

2) La propia economía comercial, que requería recorrer largos e inseguros caminos para vender los productos, convertía a las mujeres, a ojos de los hombres, en un ser improductivo, en una carga. Las madres que daban luz a niñas eran repudiadas y las bebes perdían su vida en el llamado «infanticidio femenino», que aún hoy se practica a través del feticidio. Esta falta de valor de las niñas se refleja en el relato de Sodoma y Gomorra donde los pecadores son los hombres supuestamente homosexuales y no Lot, un hombre que para proteger a sus invitados masculinos ofrece a aquellos individuos de terribles intenciones llevarse a sus propias hijas vírgenes (y por lo tanto menores dada la época): «Mis hijas serían más puras para vosotros», dice Lot, incitándoles. El matrimonio de niñas es la continuidad del infanticidio y del feticidio frustrado o no realizado.

En las regiones prósperas de Oriente Próximo estas prácticas no existían. De hecho, la edad nupcial en el mazdeísmo iraní, la religión de Zaratustra (XII a.C.) es de 15 años para ambos sexos. En este Irán preislámico, los niños nacidos fuera del matrimonio eran llamados «los hijos del cielo», para así darles legitimidad social y jurídica y salvar la reputación de la familia. Hoy, el asalto del neoliberalismo a las economías familiares es una de las causas modernas de la propagación de este mal social.

Social. Es una solución macabra para las sociedades sexualmente desequilibradas y reprimidas, en las que los chicos difícilmente pueden experimentar el sexo fuera del matrimonio y las chicas deben guardar la virginidad.

La cultura del maldito «honor». El hombre que ha colocado su honor no en su propio cuerpo sino en el de las mujeres de la familia, lo considera manchado si la niña perdiese la virginidad (¡aun cayendo de un árbol!), si es manoseada, violada y se queda embarazada.  Por lo que antes de llegar a la adolescencia, para no tener que sufrir estas preocupaciones, la sacrifica deshaciéndose de ella: la estupidez humana no tiene límite: crea normas y cuando se queda atrapado entre sus redes, elimina la “consecuencia” en vez de cambiar la norma.

Tener una «virgen integral«. Poseer una esposa sumisa e ignorante garantiza el dominio de la nueva familia sobre la pequeña. A corta edad ella no podrá rebelarse, por lo que mejor una de siete años que de 15.

Saldar deudas con otras familias entregándoles una o varias hijas.

Las guerras. Se trata de una estrategia de supervivencia de la familia que ve amenazas del secuestro y violación de su hija en un entorno tan hostil. Dándole en matrimonio le dará la oportunidad de que alguien la cuide, pero ignoran que muchos son falsos maridos y traficantes de niñas que casándose con ellas podrán cruzar las fronteras sin problema, para después venderlas en el mercado de prostitución infantil o del tráfico de órganos.

Los mercaderes de la carne fresca humana con tantas guerras están haciendo su agosto.

Rasgos del síndrome niña-esposa

  1. Desconocer el significado de la infancia: en vez de hacer travesuras, bailar y jugar, las niñas serán la esclava sexual de un hombre, criarán a los hijos de éste, y serán su criada hasta que la muerte les separe.
  2. Ignorar lo que se siente al resolver una ecuación de álgebra, ni la lectura de una poesía. Incluso, si el marido les deja estudiar, en la mayoría de los países musulmanes es el Estado (siempre machista) quien impide el ingreso de las niñas casadas en las escuelas, temiendo que ellas cuenten a sus compañeras los secretos del cuerpo masculino y las induzcan a la perversidad.
  3. No poder vivir la pasión de enamorarse y construir una vida basada en la libertad.
  4. No poder pactar las prácticas sexuales, ni las medidas de protección y estará desprotegida ante el riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
  5. La posibilidad de morir la misma noche de bodas, por la hemorragia de la violación y la violencia que sufren al patalear aterrorizadas. Si consiguen sobrevivir a las continuas agresiones sexuales, podrán morir en el parto, de hecho es fue la principal causa de la muerte de 70.000 niñas entre los 15 y 19 años en 2017.
  6. Perder sus bebés por el aborto espontáneo, o en el momento de extraerlos de su pequeño cuerpo de madre al mundo. Superando esta fase, sus hijos tienen un 60% más de probabilidades de morir en el primer año de vida que los nacidos de madres adultas.
  7. Padecer lesiones como la fístula obstétrica, que les provocará incontinencia urinaria y/o fecal, y por consiguiente ser repudiada por el esposo y la familia.
  8. Tener el alma destrozada, sufriendo trastornos psíquicos y emocionales.

Alrededor de 650 millones de mujeres fueron casadas de niñas: el matrimonio infantil siempre es forzado y concertado. 15 millones de ellas viven en la India. En Estados Unidos, cada año alrededor de 13.000 son casadas, algunas incluso de 10 años, denuncia La Organización Unchained at last (Desencadenado al fin). Las niñas-esposa nepalíes, que suelen ser casadas con hombres mayores con un pie en la tumba, al quedarse viudas son marginadas por «ser portadoras de mala suerte».

Ya ven, no se trata de culturas y tradiciones a las que «hay que respetar»: despolitizar las desigualdades no las legitima ni las hace desaparecer. Los derechos de la infancia son universales y deben estar por encima de cualquier consideración, credo y sistema político.

Por Nazanín Armanian

7 septiembre 2019

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Martes, 03 Septiembre 2019 05:47

El negacionismo frente a las víctimas

El negacionismo frente a las víctimas

“No hay desaparecidos en el Palacio de Justicia”, informó el titular de prensa que reprodujo las declaraciones brindadas por el fiscal Jorge Sarmiento, a cargo de la investigación para encontrar los restos de los desaparecidos de tan luctuoso suceso. Al día siguiente, lo matizó diciendo “No es cierto, es una falacia por generalización apresurada concluir eso”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 14 de noviembre de 2014, le ordenó al Estado efectuar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las once víctimas desaparecidas del Palacio, a la mayor brevedad posible.

En cumplimiento de ese mandato, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad investigativa, integrada por cuatro fiscales, entre ellos Sarmiento,quien recientemente afirmó en los medios de comunicación que al encontrarse los cuerpos de seis personas que figuraban como desaparecidas, ya no existe la desaparición forzada respecto a estas víctimas.

Se refería el investigador al hallazgo de los cuerpos, en distintos momentos y lugares del país, de Ana Rosa Castiblanco (2001) y Lucy Amparo Oviedo (2015) en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá;de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela León (2015);y de Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández (2017) en cementerios privados de Bogotá, Barranquilla y Manizales.

La Corte IDH dijo que “la forma en que se trataron los cuerpos de las personas fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos que facilitan la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de entrega de los cuerpos a sus familiares puede constituir un trato denigrante, en perjuicio de la persona fallecida así como de sus familiares”.Advirtió además que “el hecho que aparezcan los cuerpos en esa fosa común, no quiere decir que las personas no hayan podido salir con vida del Palacio”, como efectivamente se comprobó en noviembre de 2015, cuatro años después de la sentencia, que Ana Rosa Castiblanco salió viva del Palacio.

El que aparezcan seis cuerpos no borra la desaparición forzada.Una verdad no borra otra verdad.La Corte IDH ha dicho que los elementos concurrentes y constitutivos de éste crimen son: (a) la privación de la libertad; (b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y (c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. La jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias cortes constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.

Faltan por encontrar los cuerpos de cinco personas. Según el fiscal, son los únicos desaparecidos forzados: Carlos Rodríguez Vera y David Suspes Celis –con prueba de video que salieron con vida del Palacio–, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola Figueroa e Irma Franco Pineda, a quien más de 60 testigos la vieron en la Casa del Florero.

El investigador, al referirse a la situación del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por las desapariciones forzadas del Palacio,dijo que será la Corte Suprema de Justicia la que reverse la sentencia de desaparición forzada y la cambie por homicidio. Es de notorio conocimiento público que la Corte ya se pronunció al respecto y mantuvo la desaparición forzada. ¿Ignorancia, mala fe o ambas cosas?

Las justicia colombiana ya emitió su veredicto sobre los desaparecidos del Palacio mediante sentencias del Consejo de Estado que condenó a la Nación por las desapariciones forzadas, y con las dos sentencias de juezas penales y del Tribunal Superior de Bogotá, que condenaron a los militares Arias Cabrales y Plazas Vega por estas desapariciones forzadas. La Corte Suprema de Justicia, que después absolvió al coronel Plazas, dejó en firme que hay desapariciones forzadas. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, integrada por tres exmagistrados de la Corte Suprema, en su informe final determinó también la existencia de la desaparición forzada de personas. Decisiones de notorio conocimiento público, ¿cómo es posible que no lo sepa el fiscal?

La Corte IDH soportó su sentencia en estas decisiones y fue más allá cuando hizo notar que: “los hechos del presente caso se enmarcan en un contexto de sucesos graves, complejos y mayores a aquellos sometidos a juzgamiento, en los cuales fueron víctimas centenares de personas adicionales a las presuntas víctimas del presente caso”.

No se equivocó la Corte. Los cuerpos que se presumían que eran de los magistrados Andrade y Echeverry –y que fueron entregados a sus familiares recién ocurridos los hechos. Treinta y dos años después resultaron ser los de Héctor Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. Los dos magistrados están desaparecidos y sus familiares los buscan.

El investigador parece operar bajo una hipótesis del negacionismo investigativo, lo cual va a contrapelo de las decisiones de la justicia colombiana e internacional. Igual que el fiscal Sarmiento piensa el doctor Rafael Nieto Loaiza,exagente del Estado colombiano ante la Corte IDH que dijo que no hay desapariciones forzadas, ni torturas, ni ejecuciones extrajudiciales en el Palacioy,el coronel Plazas Vega, quien reiteradamente afirma que no hay desaparecidos en el Palacio, que por el contrario, están muertos y no los han buscado bien, que la única desaparecida es Irma Franco. Plazas sabe lo que dice porque mandó a matar a “esos h.p.”. Llamativo: el fiscal Sarmiento y el coronel Plazas piensan igual.

La evidencia probatoria en que se basaron los jueces domésticos y el tribunal internacional sostiene lo contrario. Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán se les ve salir con vida de la edificación en los videos.(El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar y ediciones desde abajo, 2017).

La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Adriana García, en agosto de 2019justificó los errores técnicos cometidos en la época de los hechos por no contar con las herramientas adecuadas con las que se cuenta hoy para identificar los cadáveres, ampliando así de manera indirecta las afirmaciones negacionistas del fiscal.El doctor Ego Lutenberguer, director del Instituto de Medicina Legal en 1985, le dijo a la fiscal Ángela Buitrago Ruíz durante la investigación del coronel Plazas Vega que el trabajo realizado por su institución fue perfecto. Sin embargo el doctor Carlos Valdés,a quien se atribuye el éxito de los recientes hallazgos, dijo en noviembre de 2018 que en 1985 los militares se tomaron el Instituto de Medicina Legal.¡Baíleme ese trompo en la uña! Nos preguntamos: ¿quién dice la verdad? ¿a quién le creemos?

Refiriéndose a las afirmaciones del fiscal Sarmiento, la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, dijo que el negacionismo no le ayuda a la paz dado que toda la población colombiana se dio cuenta que salieron personas vivas del Palacio y sus familiares siguen reclamando a sus seres queridos. Por su parte, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se mostró sorprendido por el pronunciamiento del fiscal y se comprometió a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El negacionismo hacia las víctimas también se emplea para desconocer la existencia del conflicto armado interno en Colombia. Esa es la posición del expresidente Álvaro Uribe, apoyado por su partido el Centro Democrático y el fiscal investigador.

Además de negar la existencia de estos desaparecidos, el fiscal Jorge Sarmiento matizó que lo existente son “malas entregas y cuerpos mezclados”. Este asunto ya lo decidió la Corte cuando afirmó, que “los hechos del presente caso impactaron a más personas de las que están actualmente representadas ante la Corte, como efectivamente sucedió con los casos de los magistrados Andrade y Echeverry. Sobre cuerpos mezclados, está el del magistrado Pedro Elias Serrano Abadía y la visitante Norma Constanza Esguerra. La Corte le reprochó al Estado que no se haya exhumado el cuerpo del magistrado, situación que sigue sin esclarecerse hasta la fecha. Increíblemente, el fiscal Sarmiento invoca a su favor los propios errores cometidos por el Estado –lo cual viola los principios generales del derecho–, como la variación de la escena del crimen: apilar los cadáveres en el primer piso, lavar los cuerpos, mezclar prendas personales, inhumar los cuerpos en fosa común, errores que aceptó el Estado ante la Corte.

Afirmó el investigador que el trabajo de identificación de los cuerpos “de verdad debe ser orgullo patrio” –al igual que el coronel Plazas Vega quien piensa que “defendió la democracia” en la retoma del Palacio con el exceso de uso de la fuerza, al emplear tanques de guerra de manera indiscriminada contra la edificación.

Negacionismo, rueda suelta y Fiscalía General de la Nación

El negacionismo revictimiza a las víctimas por el sufrimiento adicional que a los familiares les genera, faltando a su deber de investigar el delito, instruir las diligencias para el esclarecimiento de lo ocurrido y asegurar el soporte médico legal para identificar los cuerpos.

La postura tanto del fiscal, como del Instituto de Medicina Legal –que debería guardar independencia frente a la Fiscalía General de la Nación– es un ataque al Acuerdo de Paz, concretamente a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que hace parte junto con la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento y la Justicia Especial para la Paz, del Sistema Integral de Verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas de desaparición forzada cometidas por el ejército y por paramilitares en connivencia con éstos, ¿pierden el carácter de desaparecidos forzados al encontrarse sus restos?

Nos preguntamos también si el fiscal Sarmiento actúo como rueda suelta o si, por el contrario, su postura negacionista hace parte de un política institucional de la Fiscalía General de la Nación. La sociedad colombiana y la comunidad internacional merecen una respuesta a estos interrogantes.

La Corte IDH le ordenó al Estado colombiano llevar a cabo, en un plazo razonable, investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos, y determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

Sobre establecer la causa de la muerte de las personas, dijo el fiscal que va a ser muy difícil aclararlo, porque los restos que han encontrados han sido mínimos, son muy pequeños, están carbonizados, lo que no les permite a los investigadores dar cuenta de cómo murieron la personas y las circunstancias de esas muertes. Añade que en los informes de Medicina Legal se afirma que la causa de la muerte de los nuevos hallazgos es el homicidio, pero para saber la verdad de cómo murieron “nunca lo vamos a poder saber”. Es decir, no habrá ni verdad ni justicia en las desapariciones forzadas y las ejecuciones extra judiciales del Palacio. La Fiscalía no busca ni la verdad ni la justicia, sino la impunidad total.

Por último,el investigador se refirió públicamente a la audiencia de seguimiento de sentencia con carácter privado del caso Palacio de Justicia, que va a realizar la Corte IDH el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, anunciando que le van a decir a la Corte que han hecho un trabajo brillante, porque hasta la fecha han encontrado a estas personas y seguirán en la búsqueda de los que faltan. ¿Qué se pretende con ésta estrategia mediática? ¿Quiere incidir y convencer a los jueces y a la opinión pública que la Fiscalía cumplió la sentencia?

La respuesta a estos interrogantes la debe dar la Corte cuando emita la resolución de cumplimiento de sentencia del caso bajo examen. A la vez, ¿no debería el Tribunal repensar su práctica implementada hace tres años, de otorgar audiencias privadas de casos en países de donde el Estado es parte? Con la experiencia de la audiencia privada del Palacio de Justicia que se avecina, se corre el riesgo que se ventilen asuntos privados de manera pública. ¿No sería mejor adelantar este tipo de audiencias en la sede de la Corte en San José de Costa Rica o en otro país distinto al concernido con el caso?

Ojalá que se encuentren los cuerpos de las cinco víctimas restantes y los de las demás víctimas del Palacio que hoy figuran como desaparecidas, así como los demás desaparecidos en Colombia, porque las familias tienen derecho a cerrar su duelo, a recibir los restos en forma digna y a darle sepultura a sus seres queridos. Al igual, la sociedad colombiana y la comunidad internacional tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido.

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La deuda de los estudiantes estadounidenses se torna en una losa: deben más de 1,5 billones de dólares

La morosidad asociada a la petición de préstamos para superar etapas académicas en EEUU, un sistema ampliamente asentado en la mayor economía del planeta, crece como la espuma: la deuda estudiantil rebasa el PIB español y condiciona el acceso a la vivienda de los 'millennials'. Bernie Sanders propone un impuesto a Wall Street para corregir esta lápida financiera.

 

 Estados Unidos es una economía altamente endeudada. No supera los niveles de deuda de naciones como Japón o Bélgica, con cotas históricas muy por encima del valor de sus economías, ni los de Italia o Grecia, que han aumentado notablemente sus compromisos de pago durante el largo decenio posterior a la crisis, pero ya supera holgadamente el 100% de su PIB. Y lo peor es que continúa in crescendo una vez rebasados los 22 billones de dólares.

Pero, en paralelo a este deterioro de las finanzas federales, hay otros casos de alarma financiera, la contraída por los estudiantes que realizan sus estudios en centros académicos de Estados Unidos y donde impera el sistema de solicitud de créditos para sufragar los procesos docentes, y que generalmente se focalizan durante el periplo universitario. Los licenciados, americanos o no, que cursan sus estudios en Estados Unidos han contraído una deuda astronómica, de 1,5 billones de dólares. Casi el montante del endeudamiento español que también oscila ligeramente por encima del tamaño de su economía.

Ben Miller, vicepresidente de Educación post-secundaria del Center for American Progress, think tank próximo al partido demócrata, expone en un extenso artículo, el enorme peso con el que los recién licenciados deben empezar a operar en el mercado laboral, además de los escollos de, por ejemplo, acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad. Y que afectan a varias decenas de miles de personas, con una deuda acumulada, a nivel federal, de 1,5 billones de dólares. A los que hay que añadir -recalca- otros 119.000 millones más contraídos en el ámbito educativo privado. “Un sistema de financiación en el que están inmersos 43 millones de estadounidenses, uno de cada seis ciudadanos del país” y que afecta, además, a uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años, que tienen en la actualidad un préstamo de estudios. Miller pone otro dato encima de la mesa, para revelar la gravedad de la situación. El 45% de ellos están sometidos a una tasa de morosidad que supera en más de tres veces el promedio de los créditos otorgados. A pesar de que su deuda acumulada esté situada en el rango medio-bajo de las devoluciones -9,625,7 dólares-, incluidas las de uno de cada tres estudiantes que solicitan ayuda financiera por encima de los 40.000 dólares, cantidad a la que acceden uno de cada tres estudiantes.

Reformas legislativas agresivas

Desde el Center for American Progress se plantean varias soluciones para acometer este cuello de botella de endeudamiento, que reduce considerablemente el poder adquisitivo y elevan el riesgo de quiebra financiera en los primeros años de la vida laboral de los jóvenes americanos y que, al unísono, supone el 92% de la deuda pendiente de cobro del sistema federal de créditos estudiantiles. En concreto, seis: la revisión de las condiciones financieras de los préstamos, crear la opción de que no se nominen necesariamente en dólares, con el propósito de que se evite así el encarecimiento gradual de la deuda por la evolución del mercado cambiario, una reforma de las leyes de reparación financiera que combata el crecimiento excesivo de los intereses y provea cauces de saldo del principal de la deuda, cambios regulatorios más benévolos para el acceso a este tipo de contratación y normas permisivas con la reestructuración paulatina, en plazos y en cantidades, de estos préstamos. Esta batería de medidas debe, además, realizarse con criterios de equidad, simplicidad y de análisis de impacto reales por parte del legislativo. Porque EEUU no puede permitirse el lujo de seguir engordando la deuda de sus estudiantes y porque una gran parte de ella, nada menos que el 27%, se traslada al ámbito familiar; los padres de los alumnos han acaparado ya esa porción de la morosidad con el Estado federal.

En un reciente reportaje en Business Insider, Powell, una millennial de 33 años y residente en el área metropolitana de Pittsburgh, la primera chica de nueve nietas en su familia que ha acabado una licenciatura, en Derecho, se declara impaciente por independizarse y tener piso propio, pero solo ha conseguido un préstamo de 40.000 dólares menos que los 180.000 que necesita para lograr un apartamento próximo al que tiene alquilado. “¿El problema? Que todavía mantengo una deuda de 178.000 dólares de mi etapa universitaria”. Difícil engranaje financiero, a pesar de que está contratada a tiempo parcial, como letrada de una compañía energética, que le reporta casi 100.000 dólares anuales. Su deuda le impide cumplir su sueño. La Reserva Federal también atribuye, en más de un 20%, el descenso de adquisición de viviendas en propiedad entre jóvenes estadounidenses entre 2005 y 2014 a la devolución de préstamos estudiantiles. Una tendencia que ha continuado con posterioridad, porque entre 2016 y 2018 las tasas de compra de vivienda se han seguido deprimiendo. Y a lo que ha repercutido, sin duda, la escalada de precios en casi todas las grandes capitales del país, que lideran los rankings internacionales, que les han colgado el cartel urbes sometidas a burbujas inmobiliarias. San Francisco, Nueva York o Los Ángeles son varias de ellas.

Propuestas desde el cónclave demócrata

El asunto es de tal dimensión que ha saltado a la arena política. Un año antes de las elecciones a la presidencia de 2020. Candidatos demócratas como Elizabeth Warren ha propuesto suprimir las deudas individuales superiores a los 50.000 dólares. Porque la Fed anticipa que este año se reducirá, entre un 1% y un 2%, la capacidad de compra de inmuebles entre los jóvenes por cada 1.000 dólares de su deuda estudiantil. David Bergeron, analista del Center for American Progress y antiguo cargo del Departamento de Educación de Barack Obama estima que, por el contrario, la adquisición de viviendas entre los jóvenes que saldan sus deudas de estudios crece en un 30%.

Pero, quizás, el planteamiento más arriesgado y rupturista es el del aspirante Bernie Sanders. El rival de Hillary Clinton en las últimas primarias demócratas ha propuesto sufragar la montaña de endeudamiento estudiantil con un impuesto a Wall Street. El senador de Vermont ha puesto incluso gravámenes: del 0,5% sobre las transacciones bursátiles; el 0,1% a la comercialización de bonos y el 0,005% sobre las operaciones con productos derivados. Según sus cálculos, dotará a los estados de 48.000 millones de dólares anuales. Dirigidos a eliminar los gastos de matrículas en cursos de grado y de tasas en colegios y universidades públicas. Nuevo intento de construir un estado de bienestar al estilo europeo. El propio Sanders calificó de “revolucionario” su plan; entre otras razones, porque contribuirá -dice- a sanear las deudas estudiantiles y a impulsar las tasas de consumo con economías libres de trabas para las generaciones más jóvenes que podrán destinar parte de sus retribuciones a la adquisición de bienes y servicios. “Esta iniciativa acabará con la deuda estudiantil en el país y lapidará la absurda sentencia contra una generación entera, la de los millennials, que tienen que dedicar una parte substancial de su vida laboral a pagar por un crimen que no han cometido, a una condena que no tienen derecho a cumplir”, aseguró hace unas fechas a la agencia Bloomberg. Si bien se topa con la reticencia de algunos economistas y banqueros que lo tachan de amenaza al crecimiento económico del país.

Aunque la incesante subida de las matriculaciones universitarias y los recortes presupuestarios en materia educativa hayan triplicado, con creces, la deuda adquirida por estudiantes a través de créditos para pagar sus estudios desde 2007. Hasta el punto de significar el segundo motivo de endeudamiento con el sistema financiero, solo por detrás de las hipotecas, y por delante de los préstamos de compra de vehículos o los pagos pendientes a través de tarjetas de crédito. Y pese a que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal o Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan hayan mostrado su preocupación por el excesivo endeudamiento de los jóvenes estadounidenses que, estando en posesión de títulos académicos, no pueden acceder a una vivienda en propiedad, tienen dificultades por mantener alquileres estables y perjudican el ritmo de actividad de este sector y del conjunto de la economía. Una crisis que empieza a tener tintes globales.

02/09/2019 08:12 Actualizado: 02/09/2019 08:12

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Fotografía: Luis Gutiérrez, "Que pensar"

Un porcentaje mayoritario de análisis y evaluación del primer año del gobierno de Iván Duque lo rajan. En materia de derechos humanos no es distinto: asesinatos, desplazamientos, amenazas, prácticas atemorizantes por parte de actores oficiales, incumplimiento de lo acordado con la insurgencia. El país parece regresar por escenarios vividos y no deseados.

 

El desarrollo del proceso de negociaciones de paz con las Farc desde el año 2012, y de diálogos con el Eln, tuvo efectos positivos en la situación de los derechos humanos, que repercurtieron en un nuevo ascenso de la movilización social, el resurgimiento de acciones de protesta que habían permanecido ahogadas durante los años del terror oficial del régimen de la Seguridad Democrática, y sobre todo, de la conformación de un vigoroso movimiento de víctimas que fue esencial para el desarrollo de los Acuerdos de Paz con las Farc. 

Los logros de estos procesos de diálogo, dieron frutos tempranos para la sociedad colombiana. Entre 2012 y 2017 el país tuvo una reducción continua en los índices de violencia general, expresado entre otros indicadores en una reducción persistente en la tasa de homicidios, que llevó a que Colombia experimentara en el 2017 la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, según datos de la Fiscalía General de la Nación (El Espectador, 21 de enero de 2018). En el primer semestre de 2018, el país tuvo las jornadas electorales más pacíficas en muchas décadas, alcanzando una participación electoral histórica superior al 53 por ciento (El Tiempo, 27 mayo 2018), en tanto el aumento en la confianza económica generada por el proceso propició que la inversión extranjera aumentara de manera continua entre 2012 y 2017 en más de un 100 por ciento y que la tasa de desempleo descendiera cerca de 3 puntos en 2017 con relación al nivel en que se encontraba en el año 2010 (Portafolio, 2 mayo 2018).

 

Inmovilismo de la paz y reinstalación de la guerra

 

Ha bastado un solo año del gobierno de Duque para que estos logros comiencen a derrumbarse. El mandato de los líderes de su grupo político de “hacer trizas los acuerdos”, a pesar de los esfuerzos por concretarlos desde el Gobierno, sectores del Congreso, el empeño del exfiscal general de la Nación N.H. Martínez, y los sectores de la extrema derecha tanto legal como ilegal, han llevado al inmovilismo el proceso de implementación de los acuerdos, aunque no han podido llevar, como ha sido su propósito, a descarrilar completamente algunos de los elementos esenciales acordados como los referidos a la independencia e integridad de los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de justicia transicional, y la participación en la vida política de cerca de 13.000 desmovilizados que dejaron la armas, conformaron un nuevo movimiento político y siguen desarrollando valiosas iniciativas económicas, sociales y comunitarias en vastas regiones del país. 

Sin embargo, ante las presiones sociales, de algunos sectores del Congreso y de distintas vertientes de la comunidad internacional, el Gobierno Duque ha adoptado una actitud de simulación con el cumplimiento de los compromisos con la paz, fingiendo respetar unos Acuerdos por los que no se esmera en obstaculizar y a los que el grupo político que representa pugna por llevar a la involución para retrotraer al país a la guerra, escenario en el que mejor pueden desarrollarse proyectos autoritarios de desarrollado basados en economías extractivas, connivencia no siempre bien disimulada con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, convivencia con el paramilitarismo y un vasto proyecto de control militar de los territorios basado en las denominadas Zonas Estratégicas Integrales de Intervención –Zeii–, las cuales al ser repudiadas masivamente como una burda reedición de las denominadas Zonas de Consolidación y Rehabilitación impuestas por Uribe en el 2002 y declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en virtud de las facultades excesivas a las fuerzas militares y restricción de libertades a los civiles, han pasado ahora a ser rebautizadas como “Zonas Futuro”1

Estas zonas terminan por subordinar y desestimar los procesos de concertación para implementar la transformación de los territorios más afectados por el conflicto, y que se concretaron tanto en los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, como aquellos donde se llevarían las estrategias del Plan Nacional de Intervención y Substitución Pnis. La estrategia ahora es militarizar los territorios, subordinar a las autoridades civiles y organizaciones sociales al poder militar, conceder facultades extraordinarias a la Fuerza Pública y otorgarles a los militares la coordinación de los planes de intervención determinados por el Consejo de Seguridad para implementar el “imperio de la ley” y la “estabilización” de un orden de privilegios y exclusión, todo lo contrario a los programas de transformación de los territorios acordados en los Pdet, los Pnis y los programas de Reforma Rural, que debían ser jalonados directamente por la participación de las comunidades.

 

La militarización y los abusos sin control 

 

La militarización intensa de los territorios se ha llevado a cabo principalmente a través de la activación de diferentes Fuerzas de Tarea Conjunta y el despliegue de las nuevas Fudras (Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido), como la creada recientemente en el Catatumbo. Las intenciones del Gobierno Duque de reinstalar prácticas represivas cuestionadas en el pasada, se previeron a partir de sus decisiones de postular para ascensos a mandos militares implicadas de manera directa o indirecta con casos de ejecuciones extrajudiciales en el pasado, y lo mismo cuando decidió conformar la nueva cúpula militar con otros 9 mandos cuestionados por este tipo de prácticas, hechos denunciados por algunas bancadas en el congreso y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Las consecuencias no se hicieron esperar. El asesinato del desmovilizado y líder social Dimar Torres en Convención (Catatumbo) por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el 22 de abril, puso de presente la reiteración de prácticas de “falsos positivos” y de desaparición forzada aun persistentes en las fuerzas militares. Después de ser objeto de seguimiento por varios días, detenido y torturado, lo asesinaron, pretendiendo desaparecer su cadáver, pues solo fue posible descubrirlo cuando la comunidad de la vereda Carrizal reunió a todos sus miembros para ingresar a la fuerza a una área militar donde les impedían el acceso, después de negarles que lo habían detenido, descubriendo que su cadáver recién asesinado estaba junto a una fosa en tierra en donde iba a ser enterrado y desaparecido. 

Otros casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las tropas en el Bajo Cauca, Tame o Tumaco han puesto de presente la continuidad de estos delitos. Las revelaciones de directivas secretas por parte del New York Times, en las que promueven bajas en operaciones militares, logradas a cualquier costo, incluso mediante alianzas con grupos paramilitares y con relajamiento de los niveles de certeza sobre si los civiles pueden ser los blancos de las operaciones militares, llevaron al Gobierno a negar la existencia de este tipo de órdenes y de prácticas, creando para ello una “Comisión de Excelencia Militar”, que se encargó de certificar, contra toda evidencia, que no ha habido bajo el nuevo gobierno nuevos casos de falsos positivos y que todas las normas sobre operaciones militares respetan plenamente los derechos humanos.

No deja de ser paradójico que las zonas más militarizadas coincidan con aquellas donde se expanden las economías ilegales y la presencia de actores ilegales, representados en el Eln, las llamadas disidencias de Farc y principalmente los grupos paramilitares. En estas regiones, quienes luchan por la implementación de los Acuerdos de Paz, y las salidas negociadas al conflicto armado, están siendo asesinados ante la ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado, la principal de las cuales es la ausencia de voluntad para implementar, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un plan para el desmonte del paramilitarismo, compromiso que denota el principal y notorio incumplimiento del Gobierno al Acuerdo de Paz. 

 

Crisis humanitaria 

 

La crisis humanitaria, y la intensificación de las distintas manifestaciones del conflicto armado se expande y se agudiza en distintas regiones del país, mientras el Gobierno Duque volvió a la tesis básica de la “política de seguridad democrática” de la negación del conflicto armado e imposición de una nueva narrativa de la memoria según la cual un solo actor, la guerrilla, ha vulnerado derechos en el pasado y, es el único actor que lo sigue haciendo hoy. 

 

En medio de esta crisis, durante el primer año de este gobierno se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país2, cuya responsabilidad en la inmensa mayoría de los casos no pudo ser determinada, lo que devela una estrategia de las empresas criminales de estos crímenes sistemáticos por ocultar o desviar hacia otros indeterminados la responsabilidad detrás de estos planes de exterminio, que no se detiene por más que el Gobierno mienta sobre que ha reducido los asesinatos en un 35 por ciento3, o que la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60 por ciento de los casos4. El mismo patrón se repite para el asesinato de desmovilizados de las Farc en el cual, según cifras de Indepaz, 55 de ellos han sido asesinados en el primer año de gobierno Duque, con lo cual ya son 140 los asesinados, más 11 desaparecidos, 17 tentativas de asesinato y 34 familiares asesinados, mientras el Gobierno se jacta de que les está cumpliendo a las bases de las Farc que se mantienen en la legalidad. El exterminio se extiende también a los pueblos indígenas que han padecido el asesinato de 96 de sus integrantes5 bajo el gobierno de la “paz con legalidad”.

 

El Acuerdo de Paz contempla una ruta de compromisos para la superación de la grave situación de derechos humanos y de garantías para la labor de defensa en los territorios, que si hubiera voluntad de cumplirla, debería haber dado cuenta ya por lo menos de la implementación de planes muy avanzados para el sometimiento voluntario y/o el sometimiento forzado de las estructuras paramilitares y la separación del servicio de los integrantes de la Fuerza Pública que no muestran resultados con este compromiso. El incumplimiento de estas obligaciones es la causa principal de la expansión del paramilitarismo, de los atropellos desbordados de la militarización y de la agudización de la crisis humanitaria. 

 

Mientras tanto, la situación de derechos humanos sigue deteriorándose al punto que la tasa de homicidios vuelve a incrementarse: el año pasado, después de 7 años continuos de descensos, las desapariciones forzadas alcanzaron una cifra de una víctima cada 4 días; comunidades indígenas y afro descendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses, sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, el Comité Internacional de la Cruz Roja –en su último informe– denuncia la grave crisis humanitaria y la expansión de 5 nuevos tipos de conflicto armado; el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90 por ciento6, y en cada vez más regiones de nuevo la gente siente miedo7

 

1El Espectador (8 agosto 2018). Gobierno lanza programa Zonas Futuro en las regiones más afectadas por la violencia. En: https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-lanza-programa-zonas-futuro-en-las-regiones-mas-afectadas-por-la-violencia-articulo-875161

2Nodal (7 agosto 2019). En el primer año de gobierno de Duque fueron asesinados 226 líderes sociales. En: https://www.nodal.am/2019/08/mas-de-200-lideres-sociales-asesinados-en-el-primer-ano-de-gobierno-de-duque/

3Uprimny, R. (agosto 2019). “Cifras Mortales”. En: https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/

4 Colombia 2020. (27 julio 2019). “La Fiscalía manipula cifras de crímenes contra líderes”: directora Asociación Minga. En: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fiscalia-manipula-cifras-de-crimenes-contra-lideres-directora-asociacion-minga-articulo-873114

5ONIC (10 agosto 2019). SOS Norte del Cauca: ONIC denuncia y rechaza el vil ataque y asesinato de dos guardias indígena, y cinco heridos. En: https://www.onic.org.co/70-noticias/destacadas/3109-sos-norte-del-cauca-onic-denuncia-y-rechaza-el-vil-ataque-y-asesinato-de-dos-guardias-indigena-y-cinco-heridos

6 CICR. https://twitter.com/CICR_co/status/1105259646544158721

7 Colprensa (28 marzo 2019). “La gente vuelve a tener miedo y el conflicto aumenta”: informe del CICR. En: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-gente-vuelve-a-tener-miedo-y-el-conflicto-aumenta-informe-del-cicr-2844992

*Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos

 

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El flujo migratorio desde Centroamérica hacia EU no se detendrá

A pesar de los operativos mexicanos para detener la migración centroamericana de los países del llamado Triángulo Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala– atendiendo a las instrucciones de la administración Trump, este flujo continuará por razones estructurales que ahí están, y que no se modificarán con esos operativos.

Ninguno de los países involucrados cree que esa es la solución, lo saben perfectamente. Cualquier persona medianamente informada sabe que detener a los migrantes sólo los desvía. Eso no quiere decir que los operativos mexicanos, que deberían avergonzarnos, son anodinos, responden a la dimensión política del proceso y no a la dimensión social y económica que es la que realmente está detrás del mismo. Para su campaña de relección Donald Trump requiere que el tema esté vivo y demostrar que él está deteniendo a los migrantes. México, también en una agenda política que nada tiene que ver con los migrantes, se presta a hacer ese trabajo.

Los migrantes centroamericanos no le importan positivamente a nadie. En las naciones de salida incluso se ve con buenos ojos que cientos de miles de sus jóvenes abandonen el país. Eso aligera tensiones sociales, además de que enviarán dólares. México, en lo general, los usa políticamente; construye una relación con su poderoso vecino, mostrando que los puede detener y algún día derivar en beneficios comerciales.

El gobierno mexicano busca que las cosas no empeoren y, en lo particular, enriquecer la agenda político-personal de los actores involucrados, pues se atraen reflectores cuando se presentan como éxitos la detención de miles de migrantes. La dimensión de derechos humanos, que alguna vez tuvo un papel relevante, ha desaparecido ante lasubordinación frente a Estados Unidos. Muchas organizaciones y liderazgos con activismo en el tema, son ahora cercanos al gobierno mexicano o sus empleados. Estados Unidos, como ya dijimos, sobredimensiona su utilización política.

El flujo migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos no se detendrá, por lo menos durante un tiempo. Las razones son relativamente sencillas y se pueden resumir en cuatro o cinco. Exceso de jóvenes en la región en busca de oportunidades, pobreza extrema, violencia, falta de jóvenes en Estados Unidos y la presencia de redes sociales y familiares en Estados Unidos que funcionan como facilitadores de la migración.

Los datos abundan y me parece increíble que quienes de una u otra manera están involucrados en la gestión del proceso, los ignoren. Me parece además perverso, por decir lo menos, que con toda esa información alguien crea que la Guardia Nacional mexicana deteniendo migrantes resolverá el problema de fondo.

El grupo de edad de 15 a 24 años en el que se concentra la migración, representa para los países involucrados alrededor de 21 por ciento de la población (en México andamos en 18 por ciento). En Estados Unidos, ese grupo poblacional es apenas 13 por ciento. Esta nación sabe que necesita jóvenes para realizar los trabajos rudos y de baja calificación y en un futuro no muy lejano, para pagar las pensiones de los estadunidenses que se retirarán y dejarán de producir. De la violencia y pobreza extrema en América Central no hay ni siquiera necesidad de aportar información, y en cuanto a las redes sociales y familiares que ya están en Estados Unidos sólo aportaré un dato: uno de cada cinco salvadoreños vive en Estados Unidos. Para ellos la migración es un proceso de reunificación familiar y social.

En esta lógica, la idea de inyectar recursos en la región es buena, pero no nos engañemos, no está ocurriendo, y no ocurrirá mientras en Estados Unidos el discurso antimigrante siga siendo rentable políticamente. Estados Unidos no va a poner un dólar para el desarrollo de la región. Lo que México y los países centroamericanos plantean suena bien, pero es poco realista y finalmente, como ocurrió en México, la salida de centroamericanos la detendrá la demografía. ¿O de verdad alguien cree que la salida de mexicanos se detuvo por mejores oportunidades de desarrollo?

¿No se puede hacer nada entonces? ¿Habrá que esperar tranquilamente 10 o 15 años para que haya menos jóvenes en la región?

Por supuesto que no. Quienes están involucrados en la gestión del tema o no les interesa la comunidad migrante, y varios presidentes mexicanos me lo han dicho explícitamente o usan el tema políticamente en su agenda personal. Sólo los migrantes verán por ellos mismos y para ello se requiere que se organicen, que pesen políticamente como grupo, en México y en Estados Unidos, que voten en las elecciones de ambas naciones, que quienes pueden se hagan ciudadanos en Estados Unidos y participen electoralmente. Son, como dice una colega, una especie de tigre dormido. Es el momento de despertar.

* Presidente de Mexa Institute

www.mexainstitute.org

Twitter: @mexainstitute

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Jueves, 29 Agosto 2019 06:20

Contra el silencio y el olvido

Contra el silencio y el olvido

Después de más de un año de la rebelión cívica en Nicaragua, y de la despiadada ola represiva que dejó centenares de muertos, heridos, encarcelados y exiliados, el régimen se encierra en sí mismo para negar toda posibilidad democrática. Su aspiración parece ser la de prolongarse en una "normalidad" forzada, que haga a la comunidad internacional acostumbrarse a convivir con una dictadura más en América Latina, de las muchas a lo largo de la historia.

El férreo control único, policía, fiscales, tribunales, diputados, magistrados electorales, apunta a ganar tiempo y silencio para llegar a las elecciones del año 2021, y bajo las mismas reglas fraudulentas del sistema electoral viciado, y quizás apenas retocado, conseguir de nuevo la relección de Ortega, que empezaría su quinto periodo acercándose a los ochenta años de edad.

Un país convertido en el reino del olvido, sujeto a la mediocridad cotidiana, del que nadie se acuerde, como el Paraguay del doctor Francia, en la primera mitad del siglo XIX, que describe en colores tan sombríos Augusto Roa Bastos en Yo el Supremo.

Si los niveles de deterioro siguen progresando, las condiciones económicas habrían devuelto a Nicaragua en ese año de 2021 al Producto Interno Bruto que tenía a comienzos de los años sesenta del siglo pasado. Un país situado en la cola del desarrollo, ese territorio de allá atrás desde donde los ruidos llegan confusos y amortiguados.

Y más exiliados, jóvenes sobre todo. Ya hay centenares de miles en Costa Rica, en el resto de Centroamérica, en Estados Unidos. El primer producto de exportación de Nicaragua son los nicaragüenses: las remesas de los emigrantes se colocan ya muy por encima del café, o de la carne, o del oro.

De acuerdo a esa visión arcaica, los aliados internacionales de Ortega son ahora casi todos lejanos y fantasmagóricos: Abjasia y Osetia del Sur, los dos territorios del Cáucaso que Putin arrancó a Georgia; Sudán del Sur, sometido a la guerra civil y las hambrunas, con el que Ortega ha establecido recientemente relaciones diplomáticas; Irán, cuyo canciller, Mohamad Javad Zarif, estuvo hace algunas semanas de visita oficial en Managua; y, hasta cuando dure, la agónica Venezuela de Nicolás Maduro.

Pero Nicaragua es, por el contrario, un país vital y abierto, que resistirá el aislamiento y la parálisis, y que no dejará nunca de demandar libertad y democracia, como lo ha hecho a lo largo de su historia. Y que pugnará siempre para que no se olvide que por debajo de la losa de silencio que se trata de imponer, y por encima de la arbitrariedad cotidiana, está latente la rebeldía, que es la que al fin y al cabo se impondrá.

Las arbitrariedades llegan a volverse cómicas, pese a la cauda trágica que arrastran. Este es el único país del mundo donde los colores de la bandera nacional, azul y blanco, convertidos en símbolos de resistencia por la gente, están prohibidos, y exhibirlos o desplegarlos es penado con golpizas y prisión: como en una novela de Jorge Ibargüengoitia, a un ciudadano que pintaba las paredes de su casa de azul y blanco la policía le decomisó la brocha y los botes de pintura, y luego, manu militari, fue vuelta a pintar de verde y amarillo, colores que la autoridad estimó que la casa de este ciudadano debería tener: los gustos y colores están confiscados.

Que no se olvide, fuera de nuestras fronteras, que la empresa de televisión 100% Noticias sigue silenciada, sus oficinas y estudios ocupados por fuerzas policiales, y su director, Miguel Mora, pasó preso medio año en una celda de aislamiento.

Las instalaciones de la empresa de comunicaciones que publica el semanario Confidencial y emite los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, también se encuentran ocupadas, y su director, Carlos Fernando Chamorro, fue forzado al exilio en Costa Rica, igual que otros periodistas de esos medios.

Los únicos dos diarios de Managua, La Prensa y El Nuevo Diario, están siendo estrangulados por la retención arbitraria de papel y tinta en la aduana lo que los obliga a salir con un reducido número de páginas, y hace inminente el cese de su publicación.

Un país donde los jóvenes, con inmensa sabiduría y madurez, han renunciado a la lucha violenta y buscan una salida democrática sin más derramamiento de sangre, merece ser escuchado, y no ser sometido al silencio y al olvido que la dictadura pretende, convirtiendo en normal lo anormal.

Lo que la gente quiere, y se impondrá al fin y al cabo, es un país con alternabilidad democrática, sin posibilidad de relección, ni de sucesión familiar; donde los votos sean contados limpiamente, donde impere la separación de poderes, donde los jueces fallen de manera independiente, donde la política no sea el refugio de los mediocres, los actos de corrupción deban ser castigados, y todos puedan expresarse libremente; un país libre de la mentira oficial.

Y es lo que Nicaragua conseguirá.

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Fotografía: Luis Gutiérrez, "Que pensar"

Un porcentaje mayoritario de análisis y evaluación del primer año del gobierno de Iván Duque lo rajan. En materia de derechos humanos no es distinto: asesinatos, desplazamientos, amenazas, prácticas atemorizantes por parte de actores oficiales, incumplimiento de lo acordado con la insurgencia. El país parece regresar por escenarios vividos y no deseados.

 

El desarrollo del proceso de negociaciones de paz con las Farc desde el año 2012, y de diálogos con el Eln, tuvo efectos positivos en la situación de los derechos humanos, que repercurtieron en un nuevo ascenso de la movilización social, el resurgimiento de acciones de protesta que habían permanecido ahogadas durante los años del terror oficial del régimen de la Seguridad Democrática, y sobre todo, de la conformación de un vigoroso movimiento de víctimas que fue esencial para el desarrollo de los Acuerdos de Paz con las Farc. 

Los logros de estos procesos de diálogo, dieron frutos tempranos para la sociedad colombiana. Entre 2012 y 2017 el país tuvo una reducción continua en los índices de violencia general, expresado entre otros indicadores en una reducción persistente en la tasa de homicidios, que llevó a que Colombia experimentara en el 2017 la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, según datos de la Fiscalía General de la Nación (El Espectador, 21 de enero de 2018). En el primer semestre de 2018, el país tuvo las jornadas electorales más pacíficas en muchas décadas, alcanzando una participación electoral histórica superior al 53 por ciento (El Tiempo, 27 mayo 2018), en tanto el aumento en la confianza económica generada por el proceso propició que la inversión extranjera aumentara de manera continua entre 2012 y 2017 en más de un 100 por ciento y que la tasa de desempleo descendiera cerca de 3 puntos en 2017 con relación al nivel en que se encontraba en el año 2010 (Portafolio, 2 mayo 2018).

 

Inmovilismo de la paz y reinstalación de la guerra

 

Ha bastado un solo año del gobierno de Duque para que estos logros comiencen a derrumbarse. El mandato de los líderes de su grupo político de “hacer trizas los acuerdos”, a pesar de los esfuerzos por concretarlos desde el Gobierno, sectores del Congreso, el empeño del exfiscal general de la Nación N.H. Martínez, y los sectores de la extrema derecha tanto legal como ilegal, han llevado al inmovilismo el proceso de implementación de los acuerdos, aunque no han podido llevar, como ha sido su propósito, a descarrilar completamente algunos de los elementos esenciales acordados como los referidos a la independencia e integridad de los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de justicia transicional, y la participación en la vida política de cerca de 13.000 desmovilizados que dejaron la armas, conformaron un nuevo movimiento político y siguen desarrollando valiosas iniciativas económicas, sociales y comunitarias en vastas regiones del país. 

Sin embargo, ante las presiones sociales, de algunos sectores del Congreso y de distintas vertientes de la comunidad internacional, el Gobierno Duque ha adoptado una actitud de simulación con el cumplimiento de los compromisos con la paz, fingiendo respetar unos Acuerdos por los que no se esmera en obstaculizar y a los que el grupo político que representa pugna por llevar a la involución para retrotraer al país a la guerra, escenario en el que mejor pueden desarrollarse proyectos autoritarios de desarrollado basados en economías extractivas, connivencia no siempre bien disimulada con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, convivencia con el paramilitarismo y un vasto proyecto de control militar de los territorios basado en las denominadas Zonas Estratégicas Integrales de Intervención –Zeii–, las cuales al ser repudiadas masivamente como una burda reedición de las denominadas Zonas de Consolidación y Rehabilitación impuestas por Uribe en el 2002 y declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en virtud de las facultades excesivas a las fuerzas militares y restricción de libertades a los civiles, han pasado ahora a ser rebautizadas como “Zonas Futuro”1

Estas zonas terminan por subordinar y desestimar los procesos de concertación para implementar la transformación de los territorios más afectados por el conflicto, y que se concretaron tanto en los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, como aquellos donde se llevarían las estrategias del Plan Nacional de Intervención y Substitución Pnis. La estrategia ahora es militarizar los territorios, subordinar a las autoridades civiles y organizaciones sociales al poder militar, conceder facultades extraordinarias a la Fuerza Pública y otorgarles a los militares la coordinación de los planes de intervención determinados por el Consejo de Seguridad para implementar el “imperio de la ley” y la “estabilización” de un orden de privilegios y exclusión, todo lo contrario a los programas de transformación de los territorios acordados en los Pdet, los Pnis y los programas de Reforma Rural, que debían ser jalonados directamente por la participación de las comunidades.

 

La militarización y los abusos sin control 

 

La militarización intensa de los territorios se ha llevado a cabo principalmente a través de la activación de diferentes Fuerzas de Tarea Conjunta y el despliegue de las nuevas Fudras (Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido), como la creada recientemente en el Catatumbo. Las intenciones del Gobierno Duque de reinstalar prácticas represivas cuestionadas en el pasada, se previeron a partir de sus decisiones de postular para ascensos a mandos militares implicadas de manera directa o indirecta con casos de ejecuciones extrajudiciales en el pasado, y lo mismo cuando decidió conformar la nueva cúpula militar con otros 9 mandos cuestionados por este tipo de prácticas, hechos denunciados por algunas bancadas en el congreso y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Las consecuencias no se hicieron esperar. El asesinato del desmovilizado y líder social Dimar Torres en Convención (Catatumbo) por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el 22 de abril, puso de presente la reiteración de prácticas de “falsos positivos” y de desaparición forzada aun persistentes en las fuerzas militares. Después de ser objeto de seguimiento por varios días, detenido y torturado, lo asesinaron, pretendiendo desaparecer su cadáver, pues solo fue posible descubrirlo cuando la comunidad de la vereda Carrizal reunió a todos sus miembros para ingresar a la fuerza a una área militar donde les impedían el acceso, después de negarles que lo habían detenido, descubriendo que su cadáver recién asesinado estaba junto a una fosa en tierra en donde iba a ser enterrado y desaparecido. 

Otros casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las tropas en el Bajo Cauca, Tame o Tumaco han puesto de presente la continuidad de estos delitos. Las revelaciones de directivas secretas por parte del New York Times, en las que promueven bajas en operaciones militares, logradas a cualquier costo, incluso mediante alianzas con grupos paramilitares y con relajamiento de los niveles de certeza sobre si los civiles pueden ser los blancos de las operaciones militares, llevaron al Gobierno a negar la existencia de este tipo de órdenes y de prácticas, creando para ello una “Comisión de Excelencia Militar”, que se encargó de certificar, contra toda evidencia, que no ha habido bajo el nuevo gobierno nuevos casos de falsos positivos y que todas las normas sobre operaciones militares respetan plenamente los derechos humanos.

No deja de ser paradójico que las zonas más militarizadas coincidan con aquellas donde se expanden las economías ilegales y la presencia de actores ilegales, representados en el Eln, las llamadas disidencias de Farc y principalmente los grupos paramilitares. En estas regiones, quienes luchan por la implementación de los Acuerdos de Paz, y las salidas negociadas al conflicto armado, están siendo asesinados ante la ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado, la principal de las cuales es la ausencia de voluntad para implementar, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un plan para el desmonte del paramilitarismo, compromiso que denota el principal y notorio incumplimiento del Gobierno al Acuerdo de Paz. 

 

Crisis humanitaria 

 

La crisis humanitaria, y la intensificación de las distintas manifestaciones del conflicto armado se expande y se agudiza en distintas regiones del país, mientras el Gobierno Duque volvió a la tesis básica de la “política de seguridad democrática” de la negación del conflicto armado e imposición de una nueva narrativa de la memoria según la cual un solo actor, la guerrilla, ha vulnerado derechos en el pasado y, es el único actor que lo sigue haciendo hoy. 

 

En medio de esta crisis, durante el primer año de este gobierno se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país2, cuya responsabilidad en la inmensa mayoría de los casos no pudo ser determinada, lo que devela una estrategia de las empresas criminales de estos crímenes sistemáticos por ocultar o desviar hacia otros indeterminados la responsabilidad detrás de estos planes de exterminio, que no se detiene por más que el Gobierno mienta sobre que ha reducido los asesinatos en un 35 por ciento3, o que la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60 por ciento de los casos4. El mismo patrón se repite para el asesinato de desmovilizados de las Farc en el cual, según cifras de Indepaz, 55 de ellos han sido asesinados en el primer año de gobierno Duque, con lo cual ya son 140 los asesinados, más 11 desaparecidos, 17 tentativas de asesinato y 34 familiares asesinados, mientras el Gobierno se jacta de que les está cumpliendo a las bases de las Farc que se mantienen en la legalidad. El exterminio se extiende también a los pueblos indígenas que han padecido el asesinato de 96 de sus integrantes5 bajo el gobierno de la “paz con legalidad”.

 

El Acuerdo de Paz contempla una ruta de compromisos para la superación de la grave situación de derechos humanos y de garantías para la labor de defensa en los territorios, que si hubiera voluntad de cumplirla, debería haber dado cuenta ya por lo menos de la implementación de planes muy avanzados para el sometimiento voluntario y/o el sometimiento forzado de las estructuras paramilitares y la separación del servicio de los integrantes de la Fuerza Pública que no muestran resultados con este compromiso. El incumplimiento de estas obligaciones es la causa principal de la expansión del paramilitarismo, de los atropellos desbordados de la militarización y de la agudización de la crisis humanitaria. 

 

Mientras tanto, la situación de derechos humanos sigue deteriorándose al punto que la tasa de homicidios vuelve a incrementarse: el año pasado, después de 7 años continuos de descensos, las desapariciones forzadas alcanzaron una cifra de una víctima cada 4 días; comunidades indígenas y afro descendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses, sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, el Comité Internacional de la Cruz Roja –en su último informe– denuncia la grave crisis humanitaria y la expansión de 5 nuevos tipos de conflicto armado; el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90 por ciento6, y en cada vez más regiones de nuevo la gente siente miedo7

 

1El Espectador (8 agosto 2018). Gobierno lanza programa Zonas Futuro en las regiones más afectadas por la violencia. En: https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-lanza-programa-zonas-futuro-en-las-regiones-mas-afectadas-por-la-violencia-articulo-875161

2Nodal (7 agosto 2019). En el primer año de gobierno de Duque fueron asesinados 226 líderes sociales. En: https://www.nodal.am/2019/08/mas-de-200-lideres-sociales-asesinados-en-el-primer-ano-de-gobierno-de-duque/

3Uprimny, R. (agosto 2019). “Cifras Mortales”. En: https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/

4 Colombia 2020. (27 julio 2019). “La Fiscalía manipula cifras de crímenes contra líderes”: directora Asociación Minga. En: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fiscalia-manipula-cifras-de-crimenes-contra-lideres-directora-asociacion-minga-articulo-873114

5ONIC (10 agosto 2019). SOS Norte del Cauca: ONIC denuncia y rechaza el vil ataque y asesinato de dos guardias indígena, y cinco heridos. En: https://www.onic.org.co/70-noticias/destacadas/3109-sos-norte-del-cauca-onic-denuncia-y-rechaza-el-vil-ataque-y-asesinato-de-dos-guardias-indigena-y-cinco-heridos

6 CICR. https://twitter.com/CICR_co/status/1105259646544158721

7 Colprensa (28 marzo 2019). “La gente vuelve a tener miedo y el conflicto aumenta”: informe del CICR. En: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-gente-vuelve-a-tener-miedo-y-el-conflicto-aumenta-informe-del-cicr-2844992

*Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos

 

Publicado enEdición Nº260
Muerte y resistencia en la frontera entre Estados Unidos y México

A lo largo de la extensa frontera entre Estados Unidos y México, las temperaturas en verano alcanzan fácilmente los 40º C. El desierto de Sonora se extiende a ambos lados de la frontera y se erige como una barrera mortal para los miles de migrantes que buscan una vida mejor en el norte. Miles de personas anónimas han muerto en estos desiertos mientras seguían la ruta conocida como “el camino del diablo”. Nunca sabremos cuántos han muerto, ya que el desierto borra la evidencia de los que se desvanecen allí; los buitres, coyotes e insectos rápidamente se abalanzan sobre los cadáveres y dejan solo los huesos blanqueados. Se han hallado restos de más de 3.000 personas, pero los expertos estiman que más de 10.000 han muerto al intentar cruzar el desierto. Varios grupos de voluntarios han estado deambulando durante años por las arenas ardientes del Sonora, dejando comida, agua y medicamentos a lo largo de los senderos conocidos de los migrantes y haciendo todo lo posible para reducir la letalidad del desierto.

En enero de 2018, Scott Warren, del grupo de ayuda humanitaria No más muertes, fue arrestado y acusado de albergar a “extranjeros” y de conspiración, delitos federales por los que enfrentó la posibilidad de recibir una condena de 20 años en prisión. En el primer juicio, el jurado no pudo determinar un veredicto, que debe ser unánime, pero ocho de los 12 miembros votaron por la absolución. Los fiscales federales retiraron la acusación de conspiración y van a proceder con el nuevo juicio, programado para noviembre. Warren todavía enfrenta una posible sentencia de 10 años de prisión.

Recientemente participamos de una de las travesías para dejar agua y comida junto a Warren y otras dos voluntarias de No más muertes, Geena Jackson y Paige Corich-Kleim. Salimos de la nueva oficina de ayuda humanitaria que la organización comparte con grupos aliados en Ajo, Arizona, y viajamos por un rústico camino de ripio hasta el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, declarado reserva de la biosfera por la Unesco. Todavía era temprano en la mañana, pero la temperatura ya excedía los 38º C. La reserva se extiende desde las cercanías de Ajo hasta la frontera con México. Al oeste del monumento nacional se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, el mayor refugio de los 48 estados meridionales del país. Scott Warren nos explicó: “En este momento no puedo poner pie en el refugio debido a los cargos de delitos menores que enfrento por haber brindado ayuda humanitaria”.

El aumento de la militarización en ciudades fronterizas como Nogales, en Arizona, obliga a los inmigrantes a internarse en el desierto. En una parada frente a la base de operaciones avanzadas de la Patrulla Fronteriza en el desértico Growler Valley, Scott Warren nos dijo: “Los migrantes se han visto forzados a incursionar en estas áreas remotas y difíciles desde hace décadas, como resultado de la política de prevención mediante la disuasión”. Growler Valley es un vasto y desolado valle azotado por el sol y salpicado de cactus, que se extiende desde la frontera hacia el norte. Abarca Cabeza Prieta y Organ Pipe y más adelante el campo de entrenamiento militar de la Fuerza Aérea Barry Goldwater, que los migrantes deben cruzar para poder alcanzar la ruta Interestatal 8 y su esperada nueva vida más allá. En el campo de entrenamiento militar Goldwater se han descubierto en los últimos años varios restos óseos humanos.

El escritor Luis Alberto Urrea describió elocuentemente la muerte de 14 migrantes en este valle en su libro finalista del premio Pulitzer de 2004, “The Devil’s Highway” (“El camino del diablo”, en español). Urrea describe en seis etapas la cercanía de la muerte: “El aire del desierto, como tú, tiene sed. Te absorbe el sudor tan rápido como tú lo produces, tan rápido que ni siquiera te das cuenta de que estás sudando… el aire te toca los labios para quitarte el agua. Cada respiración te deja la nariz reseca, así como los senos paranasales, la boca, la garganta… La desolación primero te bebe de a pequeños sorbos, luego en tragos profundos”. Urrea agrega: “Si lloras, estarás haciendo una inversión infinitesimal a favor de tu propia muerte”.

Debido a sus juicios pendientes, Warren acompañó la expedición para dejar agua y comida, pero no participó en la actividad personalmente. Geena Jackson manifestó a Democracy Now! mientras ultimaba los preparativos para dejar en el desierto los bidones de agua: “La ayuda humanitaria nunca es un delito. Es un imperativo humanitario tratar de aliviar la muerte y el sufrimiento en esta área. A pesar del accionar de las agencias gubernamentales, que intentan criminalizar a los trabajadores de ayuda humanitaria, nosotras sostenemos que la ayuda humanitaria nunca es un delito”. Geena Jackson y Paige Corich-Kleim dejaron mensajes en cada uno de los bidones de agua que dejaron a la sombra de un árbol, junto a un sendero creado a lo largo de los años por las personas que realizan este peligroso viaje.

Paige Corich-Kleim nos contó: “Generalmente escribo mensajes de tono religioso, como ‘Vayan con la fuerza de Dios’ o ‘Que Dios bendiga su camino’”. Esto es para que los viajeros sepan que el agua fue dejada por personas amistosas y que es seguro beberla. También dejan latas de frijoles para brindarles las calorías y sales necesarias para la subsistencia, que las personas van perdiendo a medida que se adentran en el abrasador calor del desierto.

Mientras observaba el trabajo de sus colegas, Warren expresó: “Estoy notando la energía de este momento y creo que es, tal vez, porque todos nosotros estamos aquí, y por escuchar a mis amigas describir los mensajes que están escribiendo en las botellas. Esto se volvió tan rutinario para nosotros que incluso yo olvido lo importante y lo hermoso y lo prácticamente sagrado que es”.

© 2019 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Viernes, 23 Agosto 2019 06:37

Refugiados, capitalismo e ideología

Refugiados, capitalismo e ideología

¿Refugiados, migrantes, desplazados, inmigrantes ilegales (bit.ly/2z8ca1P), “ sin papeles”, aliens? ¿Cómo llamar las masas de centroamericanos, mexicanos y gente de otras nacionalidades desesperados para cruzar el río Bravo/Amarillo? Que tal simplemente "seres humanos". Si bien Hannah Arendt en su clásico ensayo sobre el tema ( We refugees, 1944) al final prefería la palabra "migrante" –su condición de por sí era muy particular− al final estas masas −"el proletariado nómada" (A. Badiou dixit)− sí están buscando refugio: de las guerras, de la violencia del narco coludido con el Estado, de la violencia estructural de un sistema económico altamente desregulado "arriba" y –dialécticamente− sobrerregulado "abajo" que busca apretarles la tuerca.

1. Sintomático que Trump en su recrudecimiento de las políticas migratorias –"la crueldad es el objetivo" (bit.ly/2yckRqV): más muertes en la frontera, más campos de concentración para los migrantes/refugiados− emplee las herramientas "sistémicas" para imponer sus objetivos. La "buena conducta" de México fue impuesta con un chantaje respecto a los aranceles; la de Guatemala con lo mismo respecto a un impuesto extra a las remesas (bit.ly/2ZfJdjk).

2. Anthony Loewenstein en Disaster Capitalism: making a killing out of catastrophe (Verso 2015) estudiando las consecuencias de las dos interconectadas crisis −financiera y migratoria− disecciona los mecanismos del "capitalismo del desastre" (N. Klein dixit) demostrando cómo las masas de los más desfavorecidos se vuelven hoy "la más preciada mercancía en el mundo". Emerge la imagen de un sistema que “incapaz de sostenerse ‘vendiendo sueños’, se alimenta de las pesadillas” (bit.ly/2NjEZAM), extrayendo las ganancias del “manejo de catástrofes, las guerras y en el encarcelamiento o "procesamiento" de los refugiados/migrantes en busca de asilo. Mediante los interconectados circuitos de la gran minería y la seguridad privada militarizada −una vez expulsada la población recluida luego en centros de detención a miles de kilómetros de su origen el blanco son sus recursos− se lucra de la miseria de otros (bit.ly/33IvBwd).

3. La violenta guerra en contra de migrantes/refugiados −a lo largo del mundo hay más de 2 mil campos de concentración para ellos y más de 70 muros fronterizos− es una gran oportunidad de negocios (véase: Loewenstein). En Estados Unidos toda una serie de incentivos para compañías privadas que manejan centros de detención o están encargadas de control y vigilancia, no sólo corren por los robustos "circuitos oficiales" del megasistema carcelario estadunidense (bit.ly/2XCNo8U), sino también alimentan el negocio multimillonario de grupos delictivos encargados del tráfico de personas.

4. Si ayer en la era del "capitalismo sólido" (Z. Bauman dixit) los campos a menudo se establecían en antiguas fábricas –Dachau, el primer campo de concentración nazi fue localizado en una antigua fábrica de municiones− hoy en la era "líquida" del capitalismo tardío, donde el consumo es la gran palanca de acumulación, este papel retoman centros comerciales (bit.ly/2NlY1Xi): en Brownswille, Texas un ex Walmart fue "acondicionado" como campo para menores migrantes (así no extraña tampoco que recientemente un supremacista blanco escogiese otro Walmart –en El Paso, Texas− como un "lugar de martirio" para los mexicanos que "invaden a su país").

5. La edificación de "un sistema global de fronteras" para controlar, vigilar, arrestar y detener a las masas desposeídas que están en movimiento a lo largo del planeta –un sistema en que Estados Unidos es el "centro" (véase: Todd Miller, Empire of borders. The expansión of US border around the world, Verso 2019)− viene de la necesidad de proteger a los de "arriba": la rica y privilegiada élite trasnacional. Los robber barons neoliberales para los que no existen fronteras y cuyos intereses −el extractivismo, etcétera− desplazaron a muchos en contra de los que hoy se edifican muros y para los que hoy se erigen campos.

6. Estados Unidos es hoy el centro de "la guerra contra los migrantes", y a la vez el centro de la resistencia, pero –como bien apunta William I. Robinson− ésta debe ir más allá de la "indignación moral" y tomar en cuenta las fuerzas estructurales detrás del problema: a) dada la crisis capitalista y la movilización fascista que la acompaña la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial en la lucha contra el fascismo del siglo XXI"; b) dado que la división entre "ciudadanos" e "inmigrantes" −racialización, militarización de fronteras, etcétera− es el nuevo eje de la desigualdad y la super-explotación, la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial para la lucha de la clase trabajadora en su conjunto"; c) dado que los migrantes/refugiados son productos de la falla del capitalismo global, ponerlos en el centro expone raíces de la crisis en curso; d) defender los migrantes y refugiados "es defender los intereses de la mayoría de la humanidad"; e) dado que "acumulación militarizada o por represión" es hoy la principal herramienta del sistema para salir de la crisis de sobre acumulación y que la guerra "securocrática" es una importante fuente de ganancias (centros de detención, vallas, diferentes servicios, etcétera) la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial en la lucha contra la perversa economía política global" (bit.ly/2MtNHwr).

Por Maciek Wisniewski, eriodista polaco

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