Cierre inmediato de la Cárcel de Villavicencio

La noticia, tardía, confirma lo que tanto se temía: el pasado 10 de abril el Instituto nacional penitenciario y carcelario (Inpec) confirmó la muerte de un exrecluso que estaba en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio y que había recuperado su libertad el 1 de abril. Con retraso de tres días el Inpec confirmó el deceso, producido en el Hospital Departamental de Villavicencio, donde el exrecluso de 63 años ingresó el mismo día que recibió la boleta de libertad. El centro de salud confirmó el 7 de abril que perdió la vida producto de infección con Covid-19. ¿Cuántos contagiados y muertos necesita el Inpec y el gobierno nacional para clausurar de inmediato este centro de encierro y de muerte? ¿Cuántos presos más habrán muerto por el virus a nivel nacional y la opinión pública aún no está enterada de ello?

En particular en este primer muerto producto del Covid-19, el interno se sintió mal los días finales de marzo y el 31, ante su agravamiento, le autorizaron al amanecer el traslado al Hospital Departamental, donde le brindaron oxígeno para regresarlo a la prisión hacia medio día. Un día después, por coincidencia, le llega la boleta de libertad, la que no pudo disfrutar pues debió internarse de nuevo en el Hospital, del cual salió el 5 de abril pero sin vida

Una realidad de espanto. Normalmente en una cárcel, por la manera como están construidas, no existe espacio suficiente para guardar distancia entre presos, los cuales comparten un patio pequeño para su movilidad y mínimo esparcimiento, así como un comedor estrecho donde un preso se sienta a ingerir el alimento hombro a hombro con sus compañeros de desgracia. Así mismo son las duchas, sin espacio suficiente para guardar distancia entre quienes allí pasan sus días.

Realidad sufrida por miles a lo largo del país y por lo cual semanas atrás la población reclusa levantó su voz de protesta y la exigencia de deshacinar estos centros del horror, así como brindar prisión domiciliaria transitoria para todos los sindicados. La respuesta que recibieron fue el asesinato de 23 prisioneros en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, más de 80 heridos y el posterior traslado –como castigo– de varios reclusos, tanto hombres como mujeres, para alejarlos de sus familias.

Mientras mujeres y hombres confinados tras barrotes demandaban medidas humanitarias y de emergencia, el Inpec declaraba la emergencia carcelaria y el Gobierno entrega un proyecto de decreto para reglamentar la manera en que haría efectiva el traslado a sus sitios de vivienda u otros espacios de vida a las personas presas a las que les abrieran las puertas de las prisiones. Ni uno ni otro han servido para nada, ya que la emergencia solo ha sido utilizada como paraguas para reprimir a quienes protestan, y el borrador de decreto, empantanado en trasladar a otros sitios de detención a sindicados, pero también condenados mayores de edad y enfermos, no ha logrado el consenso del poder.

Un decreto, valga enfatizar, en el cual se siente la ausencia de voluntad política, así como la aceptación y aplicación de la misma legalidad del Estado colombiano, expresada por sus jueces así: “[…] sobra recordar el carácter procesal, excepcional y preventivo que gobierna en el régimen democrático la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, más aún cuando se ordena en un establecimiento de reclusión, teniendo en cuenta su calidad provisoria y no sancionatoria, además que no puede perseguir fines de prevención general ni especial y, mucho menos retributivos o de resocialización” (*)

Jurisprudencia posterior a la Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle C.), en la cual la Corte Constitucional reclamó a los legisladores y a los jueces que: “Las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales” […]. "Como parte de una política criminal y carcelaria respetuosa de un estado social y democrático de derecho, las entidades del Estado, sin importar la rama a la cual pertenezcan, deben tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar un uso indebido o excesivo de las medidas de aseguramiento que impliquen la privación de la libertad de una persona. El Estado tiene que tomar todas las acciones que correspondan para evitar que sea una realidad el adagio popular según el cual ‘la condena es el proceso’. Los abogados expertos en el litigio advierten que las medidas de aseguramiento mal administradas convierten el proceso penal en una manera de imponer una pena privativa de la libertad, hasta que se constate que no se pudo demostrar la culpabilidad de la persona. Bajo el orden constitucional vigente el proceso penal no puede convertirse en una manera de imponer, de facto, una condena arbitraria a una persona".

La cadena toma forma

Si había un infectado, y las condiciones de vida en los penales son tan precarias, deben estar infectados muchos más. En efecto, el sábado 11 de abril a las 2:25 en su cuenta de twitter el Inpec informa de un segundo preso infectado y de su traslado al Hospital Departamental. El diario El Tiempo informa ese mismo día en su página web que un hombre de 78 años fue trasladado de urgencia el 5 de abril al mismo hospital para morir dos días después. Un tercer interno también fue trasladado al centro de salud y allí permanece en tratamiento.

Una información entregada de manera tardía a la opinión pública, y a cuentagotas, reflejo de una administración de justicia que no garantiza los derechos humanos de todas las personas que han caído en prisión, las cuales pierden derechos como locomoción, derechos políticos, pero no el resto de derechos conquistados por la humanidad, en sus luchas contra la opresión.

De manera también tardía, el 10 de abril el Inpec en comunicado de prensa informó que inició el protocolo de emergencia de salud, no lo hizo a nivel nacional, solo para la prisión de Villavicencio, donde ejecutarán las siguientes medidas:

  • “Los adultos mayores y pacientes con patologías previas fueron trasladados a una zona de aislamiento primario especial, donde van a ser monitoreados por personal de la salud para hacer un proceso de búsqueda activa, con el fin de monitorear casos sospechosos.
  • Los demás internos del Establecimiento también se encuentran aislados, bajo el procedimiento de búsqueda activa de cualquier síntoma, con el fin de ser atendido de manera inmediata.
  • El día de mañana se realizará un consejo de seguridad municipal, a fin de establecer otras medidas frente al tema.
  • La Agencia Nacional de Epidemiología realizará el día de mañana un cerco epidemiológico en el Establecimiento para identificar la ruta de contagio de esta persona.
  • Se solicitó apoyo al Instituto Nacional de Salud para realizar la prueba de COVID - 19 a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que trabajan en el Establecimiento y los Privados de la Libertad que tuvieron contacto con la persona contagiada.
  • Se asignaron recursos para comprar de manera inmediata elementos de bioseguridad a todos los funcionarios del Establecimiento”.

Éstas medidas están bien, pero deben aplicarse en todos los presidios, junto con la expedición del decreto que ordene el traslado a sus sitios de vivienda o lugares de paso para las 36.367 personas sometidas a prisión pese a solo estar sindicadas. Una medida que, como complemento, ayudará al deshacinamiento que reina en estos sitios, sobrepoblados en un 52 por ciento.

Unas medidas que mientras cierran este penal, tienen que ir más allá. De inmediato, por ejemplo, deben someter a toda la guardia a la prueba de coronavirus, personal que puede ser el conducto por el cual ingresó el virus al lugar del encierro.

El encierro como castigo no puede prolongarse hasta la muerte. Garantizar los derechos humanos de toda la población reclusa es obligación para el Estado colombiano.

Lea el especial de desdeabajo: Para toda la población carcelaria. Prisión domiciliaria transitoria, Ya!

*Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Acción de Tutela, expediente STP 14283-2019, radicado 104983 de octubre 15 de 2019, Magistrados Patricia Salazar Cuéllar y Luis Antonio Hernández Barbosa.

https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

 

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Publicado enColombia
Tecnología y militarización en tiempos del Covid-19

Todo el mundo, periodistas y analistas especialmente, escribe sobre la crisis del nuevo coronavirus haciendo analogías con la crisis económica de 2008. Pero hay que echar la mirada unos años más atrás para encontrar otro punto de referencia: la época posterio al 11S donde un shock a escala planetaria sirvió como excusa para el mayor recorte a las libertades civiles y políticas nunca antes visto, Patriot Act mediante.

El escenario que tenemos por delante es una combinación de ambos escenarios: la mayor crisis económica de los pasados 70 años combinada con la militarización y retroceso de las libertades en nuestras naciones. Todo ello en un momento en el que el neoliberalismo nos ha dejado sociedades fragmentadas donde prima el individualismo, fomentado cada vez más por los grandes avances tecnológicos.

Una vez inoculado el miedo al virus, nuestras sociedades están transformándose a pasos agigantados. Encerrados en nuestras casas, el mayor miedo ahora es que los mercados inertes se enfermen de coronavirus, un virus que no discrimina por raza, género o clase, pero sí lo hacen nuestras sociedades, discriminación facilitada por una cada vez mayor militarización de las mismas.

Todo este escenario se sintetiza en Estados Unidos, que ya se ha convertido en el país con más contagios y muertos del mundo y donde, sin embargo, y a pesar de la negación primero y de una pésima gestión después, la popularidad de Donald Trump sigue en aumento, y todo parece indicar que será relecto en noviembre frente a un Partido Demócrata sin ideas una vez consumada la retirada de Bernie Sanders, quien tenía las mejores propuestas para hacer frente a una crisis de salud y económica como la que estamos viviendo, y la consolidación de Joe Biden como candidato presidencial para enfrentar a Trump. La elección entre éste y Biden demuestra que el miedo prevalece y que el pueblo estadunidense no está preparado para los cambios que vienen.

Mientras tanto, en Francia, Macron declara: estamos en guerra, y en España se declara el estado de alarma nacional, se saca al ejército a las calles y La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial desarrolla una aplicación que permita geolocalizar mediante teléfono móvil a todos y cada uno de las y los ciudadanos de la nación para verificar dónde se encuentran y si están donde declaran estar. En Italia la app que se está desarrollando busca detectar los casos de contagio y con qué personas se han estado encontrando o reuniendo las y los italianos con la finalidad de aislarlos lo más rápido posible.

Entregar nuestros datos para resolver una crisis de salud no sería tan grave si no fuera porque cuando la pandemia termine, la tecnología al servicio del control social permanecerá.

Pero es en China donde el uso de tecnología y control social se ha perfeccionado mediante la aplicación Suishenban, una especie de semáforo que después de otorgarle todos los permisos para tu geolocalización y control, te ofrece luz verde, amarilla o roja, en función de los lugares que hayas visitado y la gente de la que hayas estado cerca. El código QR que proporciona es ya un pasaporte para entrar a edificios gubernamentales, hospitales e incluso negocios privados. Suishenban utiliza big data y tiene acceso a las bases de datos de la Policía, la Comisión de Sanidad, operadores de telefonía e Internet y aerolíneas. Eso, combinado con el control de la temperatura corporal de la gente en las calles, ha conseguido frenar la pandemia en el territorio de la República Popular China. Si a todo ello le sumamos el sistema de crédito social del gobierno chino, junto a otros como el Zhima Credit de Alibaba, en el que un algoritmo te da una puntuación más o menos alta, según tu buen comportamiento, puntuación que te permite acceder a diferentes servicios, 1984, de Orwell, se queda corto, aunque el episodio Nosedive, de Black Mirror, se aproxima bastante.

También en América Latina y el Caribe se han sacado los militares a las calles en Chile, Colombia o Brasil, y no sólo para realizar las necesarias labores logísticas, como en México, sino para controlar a la población. Una población que según la Cepal es inminente que sea más pobre, pasando de 185 a 220 millones las y los latinoamericanos y caribeños en situación de pobreza y extrema pobreza, un tercio de los 620 millones que habitan nuestra América.

Pero si el coronavirus nos va a dejar una mayor militarización y recorte de libertades como efectos negativos de la crisis económica y de salud, también nos debería dejar elementos positivos para pensar la sociedad que viene, como una apuesta decidida por desmercantilizar la salud y una cada vez menor dependencia del dólar, la moneda de unos Estados Unidos que sólo representan 10 por ciento del comercio y 15 por ciento del PIB mundial.

La era de la biopolítica digital ya está aquí, y en la medida en que se transforma el concepto de soberanía, cerrándose fronteras, pero abriéndose los datos, debemos aprovechar la apuesta por la tecnología y el 5G que Estados Unidos y Europa intentan vetar para no dejar a China convertirse en la primera potencia mundial, y utilizarla a nuestro favor para construir una sociedad más justa que deje atrás el modo de producción capitalista. Con coronavirus, o sin él.

*Politólogo vasco-boliviano

Publicado enSociedad
Viernes, 10 Abril 2020 06:50

El agua se nos escurre entre los dedos

Rebelión

En general, usted lector (a) habitualmente utiliza el agua como un bien que está ahí, a su alcance, parece eterna. La usa para cocinar, aseo personal, regar el jardín o como empleo recreacional en piletas, fuentes y jardines. Para usted es algo común, el agua está ahí.

Sin embargo, en nuestro planeta, este recurso, sin el cual ningún organismo viviente podría sobrevivir, no es tan común para miles de millones de seres humanos. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del año 2019 (1): 2.200 millones de personas –es decir un 30% de la población mundial- no tiene acceso al agua potable, por tanto, con condiciones de salubridad que representan un peligro social. Dos de cada tres personas en el mundo sufren escases de agua, considerado grave, al menos una vez al año. 750 niños menores de cinco años mueren diariamente, ya sea por no tener acceso a saneamiento básico o por beber aguas insalubres. El año 2030, 700 millones de personas en el mundo, se verán desplazadas de sus lugares de origen por la falta de agua. Y, en materia de género, en cuatro de cada cinco hogares son las mujeres las encargadas de recoger el agua para los hogares, en fuentes ubicadas en ocasiones a varios kilómetros.

Los datos objetivos, tanto aquellos manejados por la ONU como por agencias gubernamentales coinciden en que el uso del agua viene aumentando a una tasa del 1% anual, principalmente desde la década de los 80 del siglo XX hasta ahora. Esto, por el aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, que han incrementado ese uso. En ese nuevo contexto, tanto el agua potable como el saneamiento son reconocidos como derechos humanos fundamentales, tanto en el sentido material (sustento de la población) como también subjetivo (la dignidad de los seres humanos). Esto debería obligar a los Estados a proporcionar a su población el acceso al agua potable y saneamiento sin discriminación, donde se priorice a los sectores más necesitados. Conceptos como acceso, equidad y seguridad son esenciales.

En un interesante trabajo titulado “Agua: ¿dónde está y de quién es? se señala, respecto al agua, en el marco descrito anteriormente, que los temas de propiedad, gestión, manejo y disponibilidad de las aguas ha pasado a constituirse en un eje crítico de las decisiones políticas, económicas y sociales, que debemos tener respecto a este recurso. “A los crecientes problemas de acceso y calidad de los recursos hídricos, se agregan las consecuencias de los procesos de liberalización y privatización del agua, que han transformado su definición desde un bien nacional de uso público, hacia un bien económico sujeto a las reglas del mercado”

En el Informe de la ONU señalado, respecto a Latinoamérica y la región del Caribe, se afirma que esta zona del mundo carece, mayoritariamente, de fuentes adecuadas de agua potable. Con insuficiencias en instalaciones seguras y dignas para la eliminación de las heces. Millones de personas, habitantes de las principales metrópolis del continente están sin acceso al líquido elemento, concentrados en lo que se denomina los cinturones de pobreza, donde el suministro de servicios de agua potable y sanitarios es insuficiente y en otros, sencillamente inexistentes, teniendo que recurrir a camiones aljibes, llaves comunitarias, además del uso letrinas y pozos sépticos, que contaminan además las napas subterráneas.

En gran parte de Latinoamérica, el servicio de agua potable, acompañado de procesos de privatización han generado fragmentación de sus estructuras de servicios, con gran número de prestadores “sin posibilidades reales de lograr economías de escala o viabilidad económica y bajo la responsabilidad de gobiernos locales, que carecen de los recursos e incentivos necesarios, para hacer frente con eficacia a la complejidad de los procesos involucrados en la prestación de servicios. Un ejemplo paradigmático de la privatización del agua lo vive Chile, el único país del mundo que mantiene legalmente privatizada el agua, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte en el mundo, donde el Estado no interfiere en ningún aspecto para garantizar el bien público.

A principios de los años 90 del siglo XX, en el país sudamericano, bajo el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se privatizó la administración de la infraestructura y los derechos de agua, que pasaron desde el Estado a las empresas privadas. Privatizando así las principales distribuidoras de agua del país. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos (sucesor de Eduardo Frei) se optó por un modelo distinto. La llamada Transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias, donde a una empresa privada se le entrega la concesión y las inversiones en infraestructura, por un periodo de 30 años al cabo de las cuales definiría su continuidad.

En Latinoamérica, la necesidad de generar inversiones en el tema agua potable y saneamiento sanitaria, debido al aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, generaron la decisión de parte importante de los gobiernos de nuestro continente, marcados por el modelo neoliberal de entregar a empresas extranjeras (donde se destacaron las de origen español) las oportunidades de inversión en infraestructura y saneamiento. “La incapacidad de las autoridades, para brindar una cobertura adecuada a los ciudadanos incitó un aumento de contratos de privatización de servicios de agua entre inversionistas extranjeros y Gobiernos. Hoy en día 10% de los consumidores en todo el mundo reciben agua vía empresas privadas” y en Latinoamérica esa cifra es mayor a medida que las presiones por privatizar los servicios públicos se imponen, sobre todo bajo la égida de gobiernos de corte neoliberal.

Para José Esteban Castro en su trabajo: La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina “esas políticas de privatización implementadas desde la década de 1990, para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina, han tenido poca relación con los problemas específicos de esos servicios. Se presentó la privatización como la solución a la crisis de este sector, caracterizada por: falta de cobertura, calidad inadecuada de la prestación, corrupción y falta de inversión pública en la expansión y renovación de la infraestructura. Sin embargo, la razón principal no fue la búsqueda de soluciones a estos problemas, sino la aceptación acrítica de una política fundada en los principios y argumentos característicos de la ideología pro-privatización, que resurgió en los años 80. La crisis real de los servicios fue utilizada y hasta provocada, para promover las privatizaciones.

La privatización del agua es un negocio multimillonario. Se calcula, que para el año 2025, el gasto anual de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en infraestructura relacionada, superará el billón de dólares. Las nuevas tecnologías y la necesidad de inversión adicional en infraestructura aumentarán la demanda en el mercado, lo que potencialmente generaría valoraciones de miles de millones de dólares. Dichas oportunidades y promesas económicas explican en gran medida, por qué los servicios de agua se han ganado el apodo de “oro azul”

En Latinoamérica las cifras respecto al agua dulce la presentan como un botín muy apreciado, un bien económico y no un derecho social. El 26% del agua dulce del planeta está en América Latina, en forma de acuíferos, campos de hielo, ríos, lagos. Sólo Brasil contiene el 5% de toda el agua dulce del mundo. Los 22.100 metros cúbicos de agua per cápita representa el triple del promedio mundial. Entre los 10 principales ríos del mundo, cinco son latinoamericanos: Orinoco, Amazonas (que representa la quinta parte del caudal fluvial del mundo), Rio Negro, Paraná y Madeira. El Acuífero Guaraní es la tercera reserva mundial de agua dulce y se extiende bajo la superficie de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Sus reservas podrían dar agua a todos los habitantes del planeta durante 200 años, de ahí la importancia geopolítica que este acuífero posee, poniéndolo en el radar de los intereses hegemónicos estadounidense.

Pero se da la paradoja, igualmente, que esta Latinoamérica, dotada de recursos hídricos envidiables, 100 millones de sus habitantes carecen de total acceso a ella, surtiéndose de fuentes ocasionales. El 25% de la población latinoamericana (de un total de 629 millones de habitantes) no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento. República Dominicana Haití, Nicaragua, Perú, Ecuador son, dentro de Latinoamérica, los países con menores capacidades de acceso a esas fuentes de agua potable y saneamiento Sólo el 20% de las aguas residuales de este subcontinente reciben tratamiento. Las represas hidroeléctricas Itaipú y Simón Bolívar, son la segunda y la cuarta más grandes del mundo respectivamente.

Las cifras mencionadas respecto a este oro azul han traído a América Latina a numerosas empresas sanitarias, hidroeléctricas, de distribución de agua entre otras, que representan una tajada importante de ingresos para multinacionales como Endesa, Iberdrola, empresas chinas, entre otras. Según datos entregados por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF – (4) en el Foro Mundial del agua del año 2018, Latinoamérica necesita invertir 12.500 millones de dólares, para alcanzar las metas trazadas por la ONU en los llamados “objetivos de desarrollo sustentable) que entrega datos desalentadores en el plano de agua y saneamiento (2) si no se trabaja por lo signan como el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos (3) que la ONU volcó en la agenda 2030. Como también en los objetivos planteados en la meta de “No dejar a nadie atrás” según el Informe de Mundial de las Naciones Unidas Sobre el desarrollo de los recursos Hídricos presentado el año 2019.

La dicotomía se da respecto al papel que deben desempeñar los Estados y la iniciativa privada, cuestión de áspero debate en momentos que la propia esencia del neoliberalismo está siendo cuestionada en virtud de la pandemia global del Covid-19, que ha sacado a relucir la importancia de concretar Estados poderoso, capaces de garantizar, salud, educación, bienestar y servicios básicos a su población como derechos irrenunciables, entre ellos el agua potable y el acceso a servicios sanitarios. Para el mundo privado, las empresas de lobby, los gobiernos neoliberales y las multinacionales en Latinoamérica existe un déficit de infraestructura, de capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad, que son las que llevan a situaciones de escasez. Una región apetitosa, donde pueden invertir y tener retornos multimillonarios al cabo de pocos años.

Chile sigue siendo el ejemplo de la presencia de capitales extranjeros, que suelen replicar posteriormente sus inversiones en Latinoamérica, en materia de suministro de agua potable y servicios sanitarios. En el caso chileno, su participación en el mercado alcanza el 93%. Grupo europeo Agbar-Suez, controladora de Aguas Andinas (con ganancias en el país que superaron los 150 millones de dólares el año 2019 y más de 2.300 millones en sus subsidiarias en el mundo), Essal y Aguas Cordillera, que abastece a cuatro de cada diez chilenos. Empresa que a su vez deriva labores hacia el sector de aguas servidas incrementando notablemente sus ingresos. La sanitaria canadiense ligada al mundo docente en Canadá -Ontario Teachers Pension Plan, OTPP – que suman el 36% del mercado con plantas de distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas.

Por su parte, las sanitarias propiedad de la japonesa Marubeni en alianza con la empresa del mismo país Innovation Network Corporation of Japan, con un 9%. Incluso hay presencia de inversiones colombianas, a través de la llamada Empresa Pública de Medellín (EPM), que compró Aguas de Antofagasta al grupo Luksic en US$ 967 millones. La empresa de Singapur Sembcorp, por su parte, vendió a la española Sacyr y sus cuatro empresas de agua, que serán gestionadas por la filial agua Sacyr en servicios de captación de agua bruta, distribución de agua potable, recogida y depuración de aguas residuales.

Una fragmentación que da luces de lo interesante y atractivo que resulta, para estas empresas, invertir en un negocio considerado estable, de rentabilidades seguras, que atrae a inversionistas de largo plazo. Es un negocio redondo ¡claro! pero para el que lo pueda pagar pues el resto deberá seguir en sus mismas condiciones de carestía, sujeto a los vaivenes del mercado, mirando como ciertos cultivos, la minería, los proyectos hidroeléctricos, como también la ineficacia de sus gobiernos e intereses económicos marcados por la corrupción, junto a la invisibilización de los derechos sociales, entre otros le impiden el pleno acceso al agua potable, al saneamiento y en definitiva a su plena dignidad como persona. Que el agua se nos escurra entre los dedos (pero lo mínimo) sólo cuando nuestra sed y nuestra necesidad de higiene esté satisfecha.

Notas:

  1. Extraído de https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf. Publicado en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia. © UNESCO 2019. Este informe es publicado por la UNESCO en nombre de la ONU-Agua. La lista de miembros y socios de la ONU-Agua se puede encontrar en el siguiente sitio web www.unwater.org.
  2. Datos relevantes. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire libre. Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente. Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas. Más del 80% de las aguas residuales por actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, provocando su contaminación. Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales.
  3. Objetivos 2030. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

Por Pablo Jofré Leal | 10/04/2020

Cedido por www.segundopaso.es

Publicado enMedio Ambiente
Ineficaz emergencia carcelaria contra coronavirus en Colombia

A pesar de la protesta pacífica llevada a cabo por la población carcelaria a nivel nacional el pasado 6 de abril, reclamando sus derechos a la salud y a la vida, el gobierno nacional no agiliza el decreto para deshacinar prisiones y así evitar un alarmante riesgo de contagio en estos centros del oprobio. Por el contrario el director general del Inpec, general Norberto Mujica, autorizó que personas con “alto perfil delincuencial” que están en Uri (Unidades de reacción inmediata) y estaciones de policía sean enviadas a las cárceles.

La población carcelaria continúa exigiendo sus derechos frente a la pandemia del coronavirus. No temen volver a protestar, a pesar de la masacre sufrida el pasado 23 marzo que dejó 23 reclusos muertos a manos del Inpec y más de 80 lesionados. Y a pesar de la intimidación y castigo a que han sido sometidos, con traslados a cárceles lejos de sus familiares, y con requisas cada vez más frecuentes y la intimidación que se padece en medio de ellas.

Es así como durante la semana que inició el 6 de abril, llevaron a cabo cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles. Siguen exigiendo al gobierno nacional y al Ministerio de Justicia medidas inmediatas para reducir el 52 por ciento de hacinamiento que reina en las cárceles del país, precisamente uno de los factores de riesgo para contraer el letal virus Covid-19, sumado a lo cual está el precario servicio de agua con que abastecen muchas prisiones del país, asi como sus antihigiénicas instlaciones, la mala calidad del servicio médico ofrecido a su interior, para solo relacionar algunos de los factores que agobian la vida de quienes pasan sus días a la sombra y que facilitarían la rápida reproducción del virus.

Sobre esta situación, Gavino Silva, encargado del área carcelaria del Equipo Jurídico Pueblos, comentó que los reclusos exigen medidas inmediatas frente a la pandemia porque “Los presos ven con bastante preocupación cómo se está expandiendo el virus en el país. Sienten que muy pronto les va a llegar. Los guardias del Inpec están entrando sin tapabocas y sus medidas de seguridad sanitaria son bajas. Ellos pueden estar ingresando el virus a las cárceles. Comentan (los presos) que el gobierno decretó una emergencia carcelaria, después de la masacre de los 23 presos, que para lo único que ha servido es para reprimirlos y empezar a trasladarlos”.

El director general del Inpec, Norberto Mujica, y la ministra de justicia Margarita Cabello, decidieron decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público, pero lo único realizado a gran escala es evitar las visitas a los presos y realizar jornadas de aseo en las cárceles. Esto no quita de raíz el alto riesgo de propagación del virus, ya que las medidas impuestas o recomendadas a lo largo del país para evitar la propagación del virus en los lugares de encierro no es posible implementarlas: guardar distancia entre personas –dos o tres metros–, asearse las manos con frecuencia no superior a las tres horas, usar gel y desifectantes, evitar contacto directo con metales, usar mascarillas y de ser posible guantes.

Pero el decreto de la emergencia carcelaria proyectado desde hace algunas semanas para reglamentar la excarcelación y deshacinar prisiones, para evitar un contagio masivo, no ha pasado de su borrador, sigue engavetado en discusiones entre entes gubernamentales. La pandemia no da espera y una crisis de salud pública en cárceles está en riesgo de estallar. La última discusión sobre el borrador del decreto corrió por cuenta de las objeciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación a cargo de Francisco Barbosa, quien dijo que la adopción de medidas de deshacinamiento serían innecesarias porque no reducen el riesgo de propagación del SARS-Cov-2, así como llevar a los reclusos a sus sitios de vivienda sería trasladarle una pesada responsabilidad a su familia.

Ante estas objeciones, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013* se manifestó en un carta abierta. Sobre ello Gloria Silva, integrante de esta Comisión, en entrevista con desdeabajo contó: “La fiscalía plantea que la ley ordinaria ya tiene una serie de medidas para poder acceder a estas excarcelaciones, lo que plantea la Comisión es que esas medidas no cumplen con el propósito de deshacinar de manera rápida las cárceles en frente del corona virus. Si fuera así no estuviéramos con este problema de hacinamiento”.

Una evidente falta de voluntad política por parte del gobierno nacional para resolver esta problemática, como también queda manifiesta en las objeciones interpuestas por la Fiscalía para utilizar las medidas de sustitución existentes en el ordenamiento legal (la reclusión domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, bien sean sindicadas o condenadas), lo que nos lleva a preguntarle a Gloria, ¿qué pasa entonces con los sindicados que son casi 38.000?

“Prisión domiciliaria se le puede aplicar a sindicados y condenados pero existe un régimen de exclusiones que impide la salida de muchos. El decreto se vuelve más restrictivo que hasta la misma ley ordinaria, por ejemplo, el delito de rebelión está excluido cuando en la ley ordinaria no. La ley plantea la detención domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, pero lamentablemente existen aún muchas personas con este tipo de patologías privadas de la libertad. Pero también hay un régimen de exclusiones que se mantiene en el borrador del decreto, que es bastante restrictivo y complicado” contestó la abogada.

¿Qué tipo de exclusiones hay en el decreto?

“Hay un trato discriminatorio. Por ejemplo, están excluidos delitos como hurto calificado y agravado. ¡Y la mayor parte de la población carcelaria está por hurto! Está excluido el delito de robo de ganado: el abigeato ¿Cuántas personas habrán condenadas por abigeato?, o también delitos como porte o tráfico de estupefacientes, donde muchas de quienes permanecen presas son personas pobres que hacen parte de la primera línea de producción y procesamiento de las drogas”, explicó la abogada Gloria Silva que hace parte de esta Comisión reconocida por la Corte Constitucional y cuyas recomendaciones son tomadas en cuenta por la misma para contrastar información.

La más reciente jornada de protesta pacífica realizada por los presos no tuvo mucha cobertura en medios, ni tampoco despertó el interés del gobierno para agilizar el decreto para una inmediata solución a la población carcelaria. Tal vez esto signiica que, como ya es norma en Colombia, solo los sucesos con sangre merecen la atención del poder, así como de los medios oficiosos de comunicación. Ojalá no estén esperando que las circunstancias lleven a otra masacre, para así darle vía libre al decreto, o que el virus desate una emergencia de salud y muerte entre barrotes para ahí sí tratar de remediar lo que ya no tendría solución.

El problema del deshacinamiento de las cárceles del país, uno de las circunstancias estructurales que la misma Corte Constitucional ha declarado como parte de la violación sistemática de derechos humanos de la población reclusa, no es asiumido por parte del gobierno nacional como una prioridad por superar. Un gobierno indolente, violento, que en el caso de la pandemia en curso incurre en evidentes contradicciones con sus medidas de cuarentena. Es así como el número de contagiados día tras día aumenta y más tarde que temprano llegará a las cárceles. El momento oportuno para evitar la propagación del virus es ahora.

*Recordemos que con esta Sentencia la Corte Constitucional declaró por segunda vez el estado de inconstitucionalidad en las cárceles del país e identificó que allí existe una violación sistemática de los derechos humanos.

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Foto de un patio de prisión en Colombia. El hacinamiento viola todos los derechos humanos

La ley lo permite, la Constitución y los Tratados Internacionales lo reivindican, además la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo reclaman todos los días. 

La detención de los preventivos en la cárcel y en estaciones de policía, no puede olvidarse, es absolutamente excepcional y solo procede cuando de superen unos estrictos requisitos, que ante la amenaza que significa el Covid-19, no se logran satisfacer. 

La detención domiciliaria, para quien es capturado, es una realidad hoy aceptada en muchos casos por los jueces de garantía. competentes para definir si ordenan su reclusión en la cárcel. Además, la instrucción de la Fiscalía General de la Nación a sus funcionarios, en los casos nuevos, es no solicitar detención en cárcel, sino en domicilio. Y en la práctica, se suspendieron las órdenes de captura que estaban vigentes, y que aún no se habían materializado. 

Así las cosas, es legal, pertinente y absolutamente acorde con la situación de salud que amenaza a toda la población, modificar las medidas de aseguramiento intra murales por la domiciliaria, para los detenidos preventivamente. Esto además logra  des hacinar las cárceles porque el 38 por ciento del total de los detenidos pasarían a cumplir la detención en su domicilio. Son detenidos sin condena y el Estado de Inocencia que los protege obliga a actuar de esta manera. 

Una realidad en legalidad, además de procedente ante la precariedad que caracteriza al presidio colombiano, cárceles y centros de detención transitoria que son un polvorín que pone en peligro no solo a las personas que allí se encuentran privadas de la libertad, sino también a toda la población colombiana.

Una realidad que no da espera. Las medidas para descongestionar estos centros de detención se deben tomar a tiempo y deben ser drásticas. El presidente aún no expide el anunciado decreto en esta materia, pero además el proyecto en revisión del alto gobierno no resuelve el problema.

Un polvorín que no es casual. Las cárceles superan un hacinamiento del 53 por ciento y las estaciones de policía se encuentran sobre-abarrotadas, superiores al 200 por ciento, y sin ninguna posibilidad de implementar normas sanitarias para disminuir los riesgos de contagio del Coronavirus.

Por ello, es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía, en las que se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, de las cuales el 38 por ciento aún no ha sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia (ver recuadro).

Hoy, más que ayer, está es una prioridad. El Coronavirus recorre por el territorio colombiano sin nexo epidemiológico, es decir circula ampliamente entre la comunidad y la amenaza de salud pública es más latente.

Y para lograr la descongestión de las cárceles no es necesario un decreto de emergencia, basta aplicar la Ley y la Constitución.

La detención preventiva en los centros carcelarios, que es un medida cautelar por medio de la cual a una persona imputada de un delito, pero no condenada, se le priva provisionalmente de la libertad mientras se tramita el proceso, es una medida que hoy no tiene soporte legal ni constitucional, y mucho menos convencional. Por esta razón es perentorio que la Corte Constitucional, y en concreto la sala de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales carcelarias, así lo disponga, dando vía libre para que todos los detenidos preventivos sean trasladados a su residencia donde continuarán privados de la libertad.

Se trata de un cambio de lugar para cumplir la medida de aseguramiento, no se trata de concederles libertad. Las personas que hoy están detenidas, así se mantendrán pero en el domicilio.

Una medida por tomar para la totalidad de las personas sindicadas. Así hay que demandarlo ya que el Gobierno en el decreto que pretende expedir para darle curso a esta situación solo considera una parte de tal población, medida que no permitiría la desocupación ni siquiera del 10 por ciento de los centros carcelarios, es decir, es una medida que no logra disminuir los riesgos de multiplicación por contagio del virus.

No se puede olvidar que en Colombia tenemos un 99 por ciento de impunidad, así lo reconoció y sustentó el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, cuando asumió su cargo en el año 2016. ¿Qué ha cambiado desde aquel momento? Nada. Poco pasará entonces, en materia de seguridad, si se aplica esta medida. Pero si no se aplica y el virus llega a las cárceles, será imposible contenerlo, permitiremos como sociedad que cobre la vida de numerosos connacionales, desconociendo sus derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, perderemos el esfuerzo de la cuarentena y el aislamiento preventivo, y todos estaremos en riesgo.

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326 colombianos en riesgo de morir por cuarentena en Perú

Cerca de 326 colombianos y colombianas están atrapados en Perú, y en alto riesgo de perder su vida. Sobreviviendo en dificiles circunstancias, no cuentan con óptimas condiciones para protegerse del Covid-19. Además, y como resultado de las medidas de control social ordenadas allí para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, y que eximen de responsabilidad penal a los militares que maten o hieran a quienes no cumplan con el encierro en casa.

“Yo tengo un trabajo regular en Colombia. Me dieron 3 meses de vacaciones y decidí viajar para alejarme de la cotidianidad. Tomé la motocicleta y empecé a viajar, destino: la Patagonía. No alcancé a llegar hasta mi destino y desde Chile empecé a retornar a Colombia. Subiendo por el Cusco, me sorprendió la medida de cuarentena y cierre de fronteras. Rápidamente, una noche, manejé durante 2 días en toque de queda y llegué a una población cerca a Cañete, por la costa peruana, porque el virus tiene una probabilidad de supervivencia menor en climas cálidos. Y además la costa me servía para estar alejado de la gente. Pero luego, cuando aumentaron la cuarentena en Perú, arranqué para Lima para mejorar el abastecimiento y poder contactarme con el consulado colombiano para cualquier oportunidad de repatriación, oportunidad que ya considero improbable”.

Así empezó el relato Esteban Jiménez, colombiano, atrapado a partir del 16 de marzo en Perú, cuando empezó la medida de cuarentena. Una noche alarmado, porque no podría estar con su madre de 68 años y su hija de 6 años, tuvo una crisis, y en la alcoba de su cuarto, su mente a mil buscando soluciones, pensó en coger la moto y manejar rumbo directo hacía Colombia rompiendo cualquier bloqueo fronterizo para poder ver a su familia. “Hay días de días” me cuenta Esteban, pero yo estoy bien, podré aguantar hasta el 13 de abril. Pero sé que hay otros colombianos que la están pasando muy mal, por ejemplo, los que están en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez en Lima, o los que estaban hospedados en hoteles en ciudades del sur, y como cerraron los hoteles: “pa’ fuera”, dice el viajero que nunca pensó que una cuarentena lo tomara por sorpresa en otro país.

Al llegar a Lima y lograr abastecerse de comida, Esteban empezó a contactarse con el consulado de Colombia en Lima, también con la embajada de Perú en Colombia, y con la Cancillería y Procuraduría colombiana pidiéndoles mecanismos de repatriación. Como eran tantos los connacionales haciendo lo mismo, decidieron hacer un censo por iniciativa propia. Y la suma dio alrededor de 326 colombianos en Perú, que no han recibido ningún apoyo estatal colombiano. Y son “alrededor” porque el mismo Esteban afirma que “[…] puede existir colombianos que por distintos motivos no estén en el censo, tal vez por no tener internet y por ello no poder ingresar al grupo de WhatsApp que tenemos todos acá, o contactarse con el consulado”.

¿Pero cómo así que el gobierno nacional no les ha ayudado?, le pregunto a Esteban quien me envía un audio por WhatsApp y dice lo siguiente con indignación: “Les estamos hablando de un vuelo que nos lleve de vuelta a Colombia. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que el gobierno nacional, a través de la Cancillería y el consulado respondan con su obligación, porque por eso mismo pagamos impuestos”.

¿Y qué les respondió oficialmente el consulado colombiano en Perú? “Las primeras respuestas, cuando no habían activado los protocolos de respuesta, fue que no tenían presupuesto ni plan de contingencia. Yo mismo tengo esa respuesta (ver comunicado del consulado), y después empezaron a diligenciar cuatro formularios diferentes para intentar hacer un censo, creo que eso solo lo han hecho para que pase el tiempo y se acabe la cuarentena en Colombia, y así no tener que tomar ninguna medida. Solo están dilatando el asunto”.

 

 

“Es que hombre –prosigue Esteban–, estamos en una situación muy difícil. De un momento a otro 326 colombianos, que estábamos en tránsito en Perú como turistas, haciendo negocios o en escalas, quedamos encerrados. Y ni el gobierno colombiano ni el peruano ofrecieron prórrogas para poder repatriarnos, en silencio nos cerraron las puertas. Y acá, ahora, hay colombianos a la intemperie, al sol y al agua por las calles de Perú, hay adultos mayores, menores de edad, personas enfermas, hay personas en hostales y hoteles, y otras personas en casas de peruanos que de buen corazón los han acogido. Y el problema es que esto no tiene un término definido, ¿y si la cuarentena la extienden?” –se pregunta con preocupación el colombiano que ha sido uno de los líderes en censar a todos los connacionales que quedaron atrapados en el Perú y que han sido abandonados por el estado colombiano–.

Además el peligro es doble para los colombianos y colombianas atrapadas en Perú. Le pregunto a Esteban, ¿Cómo está la situación de la cuarentena y los militares que están eximidos si matan a alguien que la incumpla? “Qué decirle, con zozobra y miedo; siempre el que tiene el arma tiene el poder, y además si esa persona tiene el aval del Estado cualquier cosa puede ocurrir. Acá, en el sector donde estoy, se escuchan sirenas en el día y en la noche donde el ejército peruano dice ‘si no se resguardan en sus casas vamos a tener que tomar medidas’, los militares no estaban diciendo “los que no tengan mercados en sus casas salgan para darles comida” no, estaban amenazando a la población…”, contó quien es uno de los cerca de 326 colombianos que están en peligro de perder su vida efecto de esta medida, como de un virus del que no tienen las condiciones requeridas para protegerse.

Conocedor de esta situación, el gobierno colombiano no ha hecho nada por salvar y rescatar los connacionales. “El consulado colombiano en Perú dijo que nos iba a dar 60 soles –comenta Esteban–, para que cada uno de nosotros pudiera sostenerse hasta el 13 de abril. Eso es un insulto, una bolsa de leche cuesta 5.5 soles, una libra de carne cuesta entre 18 y 26 soles –dependiendo de la carne–, media libra de tomate 6 soles, y un galón de gasolina cuesta unos 11 soles. Me da risa porque al final no lo resultaron haciendo, y es que eran 60 soles para 1 mes. ¡Con eso no se compra nada!

Entonces, Esteban, ¿qué alternativas proponen ustedes? “Nosotros –contesta de manera pausada–, los casi 326 colombianos, porque podemos ser más, proponemos:

1- En el caso de los peruanos que están varados en Colombia, que el gobierno los envíe en un vuelo hacia Perú, y en el de regreso nos devolvamos los colombianos varados acá.
2- Se habiliten mecanismos para envíos terrestres de los vehículos: carros y motos en un conteiner.
3- Podrían enviar un avión militar y haga el trayecto Colombia - Perú ida y regreso”.

Una demanda justa y necesaria de satisfacer, en tanto da cuenta de los derechos humanos así como de compromisos aceptados y refrendado por el Estado colombiano. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; Pactos en los que destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12 numeral 4) “Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país”. 

Un Pacto ahora violado y/o desconocido por el decreto 439 de 2020, ratificado por la cancillería que en comunicado del jueves 27 de marzo expresó: “[…] todos los vuelos de llegada al país están prohibidos”.

Ante la demanda de estos colombianos atrapados contra su voluntad en territorio distinto al de su país, y ante su demanda de regreso, la sociedad en pleno está ante el dilema, ¿silencio e indiferencia o demanda y presión al gobierno nacional para que cumpla con los deberes desprendidos de la Carta Nacional así como de los Pactos internacionales firmados por el Estado que representa.

Ver artículo –“Un vuelo de rescate” –:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39250-un-vuelo-de-rescate.html

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 Indígenas del pueblo nukak se adentran en la selva por temor a la COVID-19Kelly Peña

 

 

La falta de agua potable y la desnutrición hacen más vulnerables a casi dos millones de indígenas. Hay dos casos de Covid-19 en la frontera colombo-venezolana

 En 1988 el pueblo indígena nukak, del sudeste de Colombia, tuvo su primer contacto con foráneos y, como consecuencia, una gripe devastó al menos a la mitad de su población. Para esa época, los sobrevivientes de este pueblo de cazadores y recolectores fueron empujados por colonos y grupos armados que se adueñaron de su selva y los obligaron a huir y asentarse por años en la ciudad de San José del Guaviare. Las noticias de una pandemia inédita que avanzaba rápidamente les trajo reminiscencias de ese pasado trágico y antes de que las autoridades civiles de Colombia cerraran fronteras o decidieran la cuarentena, varios de ellos se adentraron de nuevo en la selva para aislarse temporalmente. “El 18 de marzo, en una decisión autónoma, reunieron a las autoridades del departamento, y notificaron la decisión. Pero no es un retorno a sus territorios ancestrales, sino un aislamiento en sus resguardos que es de unas 980.000 hectáreas”, explicó Sandra Pérez Gómez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, que ha acompañado a estas comunidades. Les dieron algunas herramientas y medicamentos y se adentraron en lo que les queda de bosque.

Esa ha sido solo una de las alternativas de los pueblos indígenas de Colombia ante el temor de contagiarse del coronavirus. Algo que, en palabras de las autoridades indígenas de Colombia, significaría su exterminio. “Nuestros pueblos no tienen agua potable, están subalimentados, con altos niveles de desinformación y dificultades de acceso a centros de salud”, diagnostica Armando Wooriyu Valenzuela, secretario de la Alta Instancia de Pueblos Étnicos para la Paz. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) calcula que el riesgo de la pandemia se cierne sobre 115.000 familias indígenas, cerca de 1.905.000 personas en todo Colombia.

Los riesgos varían dependiendo de la región pero llegan a todos. La primera alerta se dio en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, donde según el Ministerio de Salud hay dos indígenas de la etnia yukpa, que fueron confirmados con Covid-19. Según la autoridad nacional de salud, uno de ellos falleció, pero en la ciudad la información es confusa y se habla de un solo contagiado que sería un colono venezolano que vive entre los indígenas. Aunque la alcaldía se propone controlar la propagación, los yukpas tienen una cultura seminómada, lo que dificulta cualquier cuarentena. Los yukpas (colombianos y venezolanos) se encuentran en estado de indigencia hasta en 15 ciudades de Colombia, pero en el caso de los venezolanos además vienen y van. Y aunque el Gobierno colombiano cerró sus fronteras como parte de sus medidas para frenar la pandemia, abundan los cruces informales conocidos como trochas.

En ciudades capitales como Bogotá o Medellín, está el mayor peligro para los indígenas que viven en la indigencia. Desplazados por el conflicto armado, muchos mendigan o viven de la venta de artesanías. Pero sin clientes en las calles están pasando hambre y durmiendo apiñados en aceras. El miércoles, 500 familias de la comunidad embera fueron desalojados por dueños de hoteles al paso por no tener con qué pagar por una habitación. De acuerdo con la Onic, esto ocurre también en ciudades como Barranquilla o Cali y pueden convertirse en una bomba de tiempo. Las fronteras y la pobreza son otra de las preocupaciones. “Tenemos un caso dramático y es el de los indígenas pairobas en Puerto Carreño (Vichada), frontera con Venezuela, donde unas mil personas de esta comunidad indígena obtiene la comida de los basureros”, dice Wooriyu para señalar que la respuesta del Gobierno tiene que ser desde la seguridad alimentaria además del agua.

Hasta ahora, los indígenas se protegen con barricadas para evitar el ingreso de foráneos que puedan contagiarlos. Lo hace la Guardia Indígena del Cauca, en el suroeste del país, pero también la etnia wayú en La Guajira, norte de Colombia, donde también salen a las carreteras a protestar por la falta de agua potable. En esa región, que ha recibido el impacto de la migración, preocupa el estado de los hospitales. De acuerdo con Valenzuela, hay cinco para atender a toda la población de wayú que es de medio millón de personas, además de los migrantes.

Las peticiones al Gobierno de Iván Duque van desde la toma urgente de muestras de confirmación en comunidades que presentan altos índices de infecciones respiratorias, agua potable y alimentación hasta las labores de prevención en las lenguas de los indígenas. “El Ministerio de Defensa puso a disposición sus emisoras para que podamos dar información de prevención pero necesitamos que el presidente Iván Duque a través del Ministerio de Telecomunicaciones nos ayude a producir piezas en los 90 idiomas de las comunidades”, agregó Wooriyu, que habla en nombre de las más de 100.000 familias indígenas que temen al coronavirus.

Bogotá - 02 abr 2020 - 17:56 COT

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Martes, 31 Marzo 2020 16:34

“Un vuelo de rescate”.

“Un vuelo de rescate”.

Acerca del cierre de fronteras para los colombianos. 

Sometidos al destierro por la negativa del gobierno de Iván Duque de permitir el ingreso de vuelos internacionales, miles de colombianos demandan que pese a las circunstancias en que está sumido el mundo, el Estado colombiano facilite los medios para regresar al país. La polémica está abierta: ¿dónde quedan los derechos humanos en estas circunstancias?

La declaración de confinamiento y cierre de fronteras decretada por diversidad de países los sorprendió allende de su tierra de origen. Son 4.500 colombianos que ahora pasan sus días angustiados, al filo del agotamiento de los recursos que logran apretar día tras días, viviendo al límite en piezas de hoteles o similares.

En su afán por evidenciar las circunstancias que viven y presionar para que el gobierno nacional concrete vuelos de emergencia, se han contactado entre ellos; es así como saben que en Australia suman 200, en la India 70, en Perú 200. En particular el grupo residente en Australia lidera una campaña para lograr su propósito, donde especifican: “[…] somos un grupo de aproximadamente 200 colombianos que nos encontramos "varados" en varias ciudades de Australia debido a la situación mundial que se presenta actualmente” (1). El Gobierno ha dispuesto una página (Migración Colombia) para que todas las personas interesadas en el retorno inmediato se registren y es así como tiene conocimiento detallado del lugar donde pernota cada uno.  

Una exigencia que enfrenta y se golpea contra el decreto 439 de 2020, ratificado por la Cancillería que en comunicado del jueves 27 de marzo expresó: “[…] todos los vuelos de llegada al país están prohibidos”. (2)

Una decisión amparada, según tal instancia gubernamental, “[…] en la Constitución (que) les permite restringir la circulación o ingreso al territorio para ‘garantizar el interés público’”. (3).

Una resolución forzada, y para muchos no solo polémica sino contraria a los derechos humanos, además de inconstitucional.

Derecho pisoteado

Prohibir el ingreso de nacionales al territorio nacional, una medida bárbara. Un destierro. ¿Qué debe primar, el derecho (límite) o la política (necesidad)? ¿Los colombianos tenemos patria? 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado en Colombia mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12 numeral 4) Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país. 

La misma norma, consagra: 1) Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia; y 2) Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

Estos derechos tienen una excepción, la cual se encuentra en el numeral 3, que informa: Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la Ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. Luego, la disposición del numeral 4, no tiene excepción alguna, de suyo, un nacional tiene derecho a ingresar a su país sin restricción ni excepción alguna; cosa diferente respecto de extranjeros. 

Lo anterior no sólo hace parte del Bloque de constitucionalidad, sino que fue, bajo la misma idea, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1972, "por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en donde dispuso en su artículo 22 numeral 5 que: 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

De igual manera y según lo enseña la Corte Interamericana de derechos humanos,  la libertad de circulación: “Es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y consiste, inter alia en el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia” y se manifiesta en tres dimensiones: 1. Derechos a salir de cualquier país. 2. Derecho a salir del propio país. 3. Derecho a regresar al país de origen*.

Si se considera que es posible excepcionar tal derecho, debe tenerse en cuenta que la restricción aparte de estar contemplada en la ley, debe ser clara y no genere ambigüedades, dudas que permitan interpretaciones para actuar con arbitrariedad; es decir, que satisfaga los principios de legalidad y necesidad, los que a todas luces se violan con la decisión tomada en el decreto 439/20, y las declaraciones posteriores del gobierno nacional, en tanto atentan contra los derechos humanos, de suyo, fundamentales en nuestro bloque de constitucionalidad.  

De acuerdo con estos antecedentes legales, no puede pretender el estado colombiano que sus ciudadanos no puedan regresar al país, independientemente de la razón que se alegue, pues incluso, se vería afectado no sólo su derecho a la circulación y de ingreso a su propio país, sino que con ello se desconoce el vínculo jurídico político que los une, de suyo, la nacionalidad y la ciudadanía.** 

Lo anterior se agrava cuando se ve en el contexto de derechos fundamentales que se pueden violar con tal determinación, pues no sólo se trata de derechos como los mencionados -libre circulación, ingreso al país de donde se es nacional o la ciudadanía– también se ven amenazados los de la vida y la salud, pues un connacional en el exterior no puede acceder al sistema de seguridad social en salud, aunado a las premuras que supone la demanda de una pandemia como la que actualmente se vive. Es decir, un ciudadano colombiano en el exterior no cuenta con las garantías y prerrogativas del sistema de seguridad social en salud, viéndose afectado en su derecho a la vida por tal razón. 

Es preciso recordar que el Estado colombiano tiene, además, la obligación respecto de sus ciudadano de asistirlos, brindar acompañamiento y repatriarlos de ser necesario al territorio colombiano cuando las condiciones así lo ameriten, luego, el decreto  439 de 2020, que cierra fronteras a los nacionales es, sin duda, contradictorio de tal obligación constitucional. 

EL Estado colombiano, para proteger el interés general y la salud de los connacionales, no puede sacrificar, negando los derechos antes mencionados, en cambio, debe proporcionar no sólo la asistencia, sino abrir las fronteras para permitir el ingreso de sus ciudadanos al país, por supuesto, siguiendo las medidas sanitarias que sean necesarias para satisfacer no sólo el derecho humano de las personas de regresar a su país, sino, el de los demás conciudadanos de mantener niveles básicos de salubridad. 

Además, no debemos olvidar que en lo  relativo a la prohibición de destierro, nuestro país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual dispone, en el artículo 12, que "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país" y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra en el artículo 5º que "nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo". Por tanto, es claro que el concepto de destierro está delimitado a la expulsión o prohibición de entrada al territorio nacional.

El trompo en la uña

En este punto del debate, la resolución del pulso entre el gobierno nacional y estos miles de connacionales, ahora depende: 1. De la (in)voluntad política en el seno del Gobierno, 2. De la interpretación de las normas –en lo cual todo puede ser posible de acuerdo a los intereses en juego–, 3. De la presión que ejerzan familiares y amistades de quienes ahora están confinados o dejados a su suerte en otros países, 4. De la sociedad en su conjunto, que debe levantar la exigencia de retorno de todos aquellos que están por fuera –cualquiera sea la circunstancia que los llevó a quedar atrapados en otras tierras–, guardando, claro está, las normas de salubridad requeridas y sometidos a cuarentena una vez ingresados al país.

“¡Queremos regresar!”, claman los colombianos en Australia, y como este grupo de connacionales seguramente así lo imploran los otros más de 4 mil paisanos que sufren en la lejanía los efectos del Covid-19. Qué la sociedad haga sentir su voz y peso, para que el gobierno cumpla con una de sus funciones constitucionales.

No podemos cerrar las puertas del territorio. Es hora de la solidaridad.

Notas

  1. “Presidencia de la República de Colombia: COLOMBIANOS VARADOS EN AUSTRAILIA !QUEREMOS REGRESAR¡”, http://chng.it/wRWcDp4k7D
  2. Oquendo, Catalina, “El drama de los 4.500 colombianos varados en el mundo”, https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html
  3. Id

Referencias

*David Guerra Restrepo. Los requisitos de entrada, permanencia y salida del territorio nacional, aplicables a los inmigrantes y emigrantes en Colombia y su marco normativo.

**Sentencia T-421-17: En Colombia, la nacionalidad se constituye como derecho fundamental reconocido en el artículo 96 de la Constitución Política, precitado. Sobre este asunto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones. En las sentencias C-893 de 2009, C-622 de 2013 y C-451 de 2015, se recordó que la nacionalidad es el vínculo legal, o político-jurídico, que une al Estado con un individuo y se erige como un verdadero derecho fundamental, en tres dimensiones: i) el derecho a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado de ella; y iii) el derecho a cambiarla. En tal sentido la SU-696 de 2015, concluyó que “el hecho de ser reconocido como nacional permite, además, que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política”.

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html

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La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.

Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos años.

En la misma fecha fueron asesinados dos concejales en otras dos regiones del país: Ángel Ovidio Quintero, concejal del municipio de San Francisco (Antioquia) e Ivo Humberto Bracamonte, concejal del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander). La característica común de estos 3 asesinatos es el perfil destacado de cada uno de ellos. En el caso de Marco Rivadeneira, es la primera vez que las estructuras criminales que están detrás del plan de asesinatos sistemáticos de personas que defienden los derechos humanos en Colombia, asesinan a un vocero y dirigente de la más importante y numerosa red de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Esta situación ha suscitado el temor de que la atención por la emergencia en salud provocada por la pandemia, no solo invisibilice el exterminio de líderes y lideresas sociales, sino que facilite ataques contra dirigentes que hasta ahora no se habían atrevido a tocar, por el costo político que ello podría significar. La CCEEU se pronunció haciendo responsable de este asesinato “al Gobierno presidido por Iván Duque y la facción política hoy en el poder del Estado, y a la Ministra Alicia Arango, quien hace un mes y justo en la tierra de Marco, dijo que morían menos defensores de derechos humanos que por robo de celulares”. Este homicidio hace patente la inclemente racha de asesinatos emprendida por el paramilitarismo y las disidencias que el Gobierno permite y se niega a desmantelar, incrementada desde la firma del Acuerdo Final de Paz, lo cual muestra una clara sintonía con el propósito declarado de hacer trizas la paz y mientras el Gobierno simula su cumplimiento. Según la CCEEU, “este asesinato corrobora una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno Colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”[i].

Estos temores se han venido acrecentando con las nuevas acciones criminales en contra de los líderes y lideresas sociales durante la crisis provocada por el coronavirus, tal y como denunciaron varios líderes sociales al periódico TheGuardian[ii]. En una nota publicada el pasado 23 de marzo, el periódico británico alertó que los líderes sociales en Colombia temen que la cuarentena nacional –que inició oficialmente este miércoles– los ponga en peligro, ya que “quedarse en un solo lugar los convierte en objetivos fáciles” para los grupos armados. Otros líderes y lideresas expresaron que durante el confinamiento “Están jugando con nuestras vidas porque saben que nuestros guardaespaldas, la Policía y el sistema de justicia serán aún menos efectivos de lo que suelen ser”[iii].

El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ha sido aprovechado para facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así también lo denunciaron las organizaciones indígenas por el asesinato de dos de sus dirigentes en el departamento del Valle. El 24 de marzo fueron asesinados ÓmarGuasirumaNacabera y Samper Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera, quienes fueron sacados y asesinados en las afueras de su vivienda mientras estaban recluidos por la cuarentena obligatoria, mientras que otros dos indígenas resultaron heridos (José y Víctor Guasiruma)[iv].

En otro hecho que confirma estas preocupaciones, el 24 de marzo fue asesinada Carlota Salinas, lideresa social vinculada a la Organización Femenina Popular, histórica organización de derechos de las mujeres en la región del Magdalena Medio. Sicarios ingresaron a la vivienda de la lideresa en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar) y la asesinaron de varios disparos a la salida de la vivienda[v].

Por último, la noche del 25 de marzo, hombres armados intentaron asesinar a Jhon Restrepo, reconocido líder LGBTI de Medellín y director de la Corporación Casa Diversa de la Comuna 8. Durante varios años, Jhon lideró la Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín hasta 2011, cuando la Mesa se desintegró por los continuos ataques de grupos armados que rechazaban la visibilización de las personas LGBTI de la Comuna. Recientemente, el grupo fue reconocido como el primer sujeto LGBTI de reparación colectiva en el país y reanudó sus actividades como Corporación Casa Diversa. Sin embargo, comenzaron a recibir nuevas amenazas y la noche del 25 de marzo, después de que Jhon terminara de entregar mercados a vecinos del barrio para que tuvieran suministros básicos durante la cuarentena nacional, tres hombres armados llegaron a su casa y lo atacaron con arma blanca, apuñalándolo cinco veces[vi]. El caso del líder LGBTI de Medellín hace pensar que atacar a los líderes durante esta época afecta también a las comunidades porque ellos y las organizaciones están gestionando apoyos a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena.

El riesgo social agravado por la pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente a excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este es el caso de Albeiro Antonio Gallego Mesa en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de La Macarena, en el departamento del Meta[vii]. Tres días antes se había denunciado el asesinato de otros dos firmantes de la paz en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal[viii].

Las preocupaciones que se evidencian de estos crímenes ponen de presente que los riesgos se incrementen para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria originada por la expansión del COVID-19 y, que estas circunstancias sean utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Estos hechos son una alerta sobre la necesidad de que la opinión pública y la comunidad internacional eleven el nivel de exigencias a las autoridades colombianas para la contención de los planes de exterminio que desde el inicio del proceso de paz se han puesto en práctica en contra de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las pautas de estos ataques registrados durante la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo, al igual que de otros ataques perpetrados por los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, evidencian intensos seguimientos previos, en los que los líderes y lideresas son ubicados en sus viviendas, lugares de trabajo y redes sociales, actuaciones que, según diversas fuentes, estarían implicando a organismos de inteligencia estatal que se encargan de amenazar a los líderes[ix], en tanto los asesinatos ocurren casi siempre a manos “civiles armados”, “sujetos desconocidos”, “encapuchados” o “autores indeterminados”[x]. Esto podría agravarse durante la aplicación de la cuarentena nacional, debido al aislamiento de los líderes y lideresas en un mismo lugar durante varios días.

Por estos motivos, la CCEEU concluyó su comunicado frente al asesinato de su vocero Marco Rivadeneira haciendo “un llamado a la comunidad internacional a acompañar las demandas al Gobierno de Iván Duque para que cumpla sus obligaciones, contenidas en compromisos internacionales de derechos humanos y reforzadas en virtud del Acuerdo de Paz, de brindar garantías plenas para la labor de las personas que defienden los derechos humanos, e impida y contenga a las fuerzas enemigas de la paz para que la situación de emergencia en que hoy se encuentra el país y el mundo no sea aprovechada para continuar el exterminio de los liderazgos sociales en los territorios y de las personas y comunidades que reclaman y defienden los derechos humanos[xi].

Bogotá, marzo 27 de 2020

 

[i] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, rechaza el asesinato de su dirigente en el Putumayo Marco Rivadeneira.  En: https://coeuropa.org.co/lacoordinacioncolombiaeuropaestadosunidosrechazaelasesinatodesudirigenteenelputumayomarcorivadeneira/

[ii]Colombiandeathsquadsexploiting coronavirus lockdown to killactivists. En: TheGuardian. 24 march 2020. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombiangroupsexploitingcoronaviruslockdowntokillactivists

[iii]Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a líderes sociales: TheGuardian. Pulzo. 24 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/mundo/gruposarmadosaprovechancuarentenaparamatarlideressocialestheguardianPP867787

[iv]“Asesinan a dos líderes indígenas cuando cumplían aislamiento por COVID-19”. En: Caracol Radio. 25 de marzo de 2020. https://noticias.caracoltv.com/coronaviruscovid19/asesinandoslideresindigenascuandocumplianaislamientoporcovid19ie214

[v]“Asesinan a la lideresa Carlota Salinas Pérez en Bolívar antes de la cuarentena”. En: El Heraldo. 25 marzo 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinanlalideresacarlotasalinasperezenbolivarantesdelacuarentena712263

[vi]Denuncia pública de la Corporación Casa Diversa, 26 de marzo de 2020.

[vii]“Asesinan a excombatiente de las Farc en Meta.” En Radio Nacional de Colombia. 22 de marzo de 2020.https://www.radionacional.co/noticias/asesinatoexcombatientemeta

[viii]Dos ex combatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia. Notas. 19 de marzo de 2020. En: https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/03/19/dosexcombatientesfarcasesinadoscolombia/

[ix]«Las ‘Águilas Negras’ son una corporación por fuera de la ley, compuesta por funcionarios armados del Estado». Debate sobre el Paramilitarismo en el Senado de la República. 5 de junio de 2029. Senador Gustavo Petro. En: https://twitter.com/Alonrop/status/1136352534728237056

[x]CINEP. “Violencia Camuflada. La Base Social en Riesgo. Informe Anual de DD.HH en Colombia 2018”. 2019. En: https://www.business-humanrights.org/en/node/188302

[xi]CCEEU. Ibídem.

Publicado enColombia
Lunes, 23 Marzo 2020 10:08

La masacre del aislamiento

La masacre del aislamiento

Tras conocerse la masacre de 23 reclusos, o tal vez más, y 85 o más heridos, los alrededores de la cárcel Nacional Modelo, con ubicación en Bogotá, quedaron ocupados por familiares de quienes allí purgan condena. Eran alrededor de 300 familiares los que en horas de la tarde del domingo 22 de marzo, destrozadas por la angustía, por la falta de información precisa sobre los hechos en curso y los nombres de quienes perdieron su vida o fueron heridos por la arremida de la guardia, reforzada por su cuerpo especial represivo, el Cores – Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad–, presionaban a la guardia y al Esmad para llegar hasta las puertas del presidio.

 

 

Jorge Villamizar llegó en taxi hacia las 8:40 de la noche del 21 de marzo, junto con su padre, avisados vía whatsapp de lo ocurrido al interior de La Modelo. Preocupados esperaron hasta las 2:30 de la madrugada después de que el Esmad disparó aturdidoras y gases varias veces a las familias que fueron llegando al penal para buscar respuesta sobre lo sucedido con sus familiares. Los disparos cesaron cuando llegaron –muchos hombres con camuflados– dice Jorge.

 

 

Vecinos del sector contaron que desde la madrugada empezaron a salir furgonetas con cuerpos, y mientras realizábamos este cubrimiento pudimos comprobar, a lo largo de dos horas, el ingreso y salida del penal de alrededor de 7 ambulancias. La mayoría de los presos del bloque 4 -5, supuestamente los más peligrosos del penal, murieron en el potrero y el rancho. Los mismos que se ven en ese vídeo que circula en redes sociales, donde una persona, tal vez un guarda del Inpec, empieza a contar los cuerpos. En el vídeo se observa un muchacho vestido con camisa a cuadros y aparentemente un tiro en un ojo, se trata de Jhon Ortiz Ardila de 24 años. Su hermana, Johana Ardila, de 38 años, llegó a la cárcel desde las 10 de la mañana, y todavía no le han dicho si está muerto o herido. “Lo más probable es que a mi hermano lo dejaron morir ahí”, contó Johana con los ojos llorosos.

Al preguntarle a los familiares sobre la cantidad muertos, unos indicaban que 50, otros que 70, y a lo lejos se vía una tela denunciaba que son más de 30. Aparentemente la cifra brindada por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, no es cierta. En todo caso, la falta de información crea zozobra pero también especulación. Es normal, y por ello es indispensable que el gobierno publique la lista de los muertos y de los heridos, además de la condición de estos.

 

 

En su presión por tener información precisa, impedidos por vallas protegidas por guardia del Inpec y en segundo plano por el Esmad, los familiares gritaban: “que nos den repuestas, que nos den respuestas”.

 

 

Los presos convocaron a un cacerolazo por la ausencia de medidas por parte del gobierno después de denunciar varias veces las condiciones de salud paupérrimas a que están sometidos, y luego de conocerse de la cuarentena y aislamiento obligatorio decretado para todo el país. Los presos, ya asilados, ahora sufren un doble aislamiento pues no podrán recibir visita de sus familiares, temen y denuncian el alto riesgo de contagio del Covid-19 al que están expuestos por la falta de implementos sanitarios para la guardia, además de no implementarse medidas sanitarios con ellos –arreglo de baños, ampliación de espacios para superar el hacinamiento en que viven, garantía de agua a toda hora–.

 

 

Paradojas de la vida. Los 23 o más asesinados en la madrugada del 22 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, murieron en su lucha por evitar que el coronavirus los matara, así como exigiendo que muchos de ellos pudieran salir a domiciliara, y así salvarse de la pandemia que agobia al mundo.

Publicado enFotorreportajes